ESTADO Y GOBIERNO

 

Por Germán Ayala Osorio

No se necesitaría hacer una investigación académica para constatar que cientos de miles de colombianos confunden los conceptos de Estado y Gobierno, o para probar que esos mismos connacionales son incapaces de reconocer cuándo una acción administrativa o la implementación de una política pública obedecen a una decisión de Estado o de gobierno. Por supuesto que dentro de esos confundidos colombianos hacen parte miembros de la clase política y empresarial (la élite), militares, y lo más asombroso, expresidentes de la República cuyas actuaciones y decisiones como jefes de Estado se quedaron atadas a intereses de gobierno.

El presidente Gustavo Petro, a través de sus balconazos y de los duros cuestionamientos morales al propio Estado colombiano, viene dejando claro no solo las diferencias entre Estado y gobierno, sino su postura frente a esa forma de dominación u orden político, social, cultural y económico que, según el mandatario, deviene criminal.

No se propone aquí hacer una disquisición a partir de las definiciones tipo diccionario que se encuentran en la red internet. No. Lo que se quiere poner de presente es que la discusión que propone Petro gira en torno a valoraciones de tipo moral, ético-político y en clave civilizatoria.  El presidente de la República asume el Estado moderno como una forma de dominación legítima, guiada por la razón pública y la discusión democrática de los asuntos y de las problemáticas propias de la convivencia humana.

Si nos tomásemos el tiempo suficiente para examinar los actos de habla de Petro, comprenderíamos las diferencias entre Estado y Gobierno, pero sobre todo, haríamos conciencia de la confusión conceptual que acompañó a presidentes como Duque, Santos, Uribe y Pastrana, cuyas administraciones sirvieron para confirmar que efectivamente, como presidentes, fueron incapaces de separar los intereses de sus gobiernos, con los que deben guiar la operación del Estado. Uribe Vélez es quizás el mayor exponente de esa situación por cuanto las decisiones que tomó en sus aciagos ocho años, se sustentaron en una nula comprensión de qué es el Estado. Es más, buscaron anular cualquier concepción de Estado. Los falsos positivos y la operación corporativa de agencias estatales confirman no solo la confusión conceptual del exmandatario, sino su propensión a restarle al Estado cualquier responsabilidad política, judicial y moral.

“Colombia es un Estado criminal” y “nos han gobernado criminales” son dos sentencias que el presidente Petro soltó públicamente y que sirven para dar cuenta de su claridad conceptual en torno a los dos conceptos. Con la primera frase, el presidente de la República responsabiliza a todos y cada uno de las y los colombianos, así como a los tres poderes públicos por los crímenes cometidos, que son responsabilidad del Estado. Con el segundo juicio de valor, Petro separa momentáneamente la responsabilidad de un Gobierno, de las que el conjunto del Estado debe asumir. Que hayan gobernado criminales es responsabilidad de presidentes y de sus ministros, así como de los colombianos que con su voto eligieron en su momento al presidente y al vicepresidente. Sin embargo, las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y Duque terminaron en sentencias condenatorias contra el Estado, por la dimensión simbólica de los hechos acaecidos y las valoraciones de jueces, nacionales y extranjeros (la CIDH condenó al Estado por las masacres de la Granja y El Aro), que creyeron profundamente en que ese orden establecido al que llamamos Estado, tiene unos límites morales y civilizatorios que jamás debieron traspasarse o eliminarse.

Otro presidente en ejercicio que jamás entendió las diferencias entre Estado y gobierno fue el fatuo e infantil de Iván Duque Márquez. Este presidente-títere atacó la política de paz de Estado, que nació fruto del Acuerdo de Paz de La Habana, con su política de gobierno, Paz con Legalidad. Además, en varias ocasiones desconoció los protocolos firmados por el Estado con el ELN y ante países garantes, con los que se daban garantías a los plenipotenciarios de esa agrupación guerrillera. Cuando se rompió la mesa de diálogo, Duque pidió a Cuba la expulsión de los líderes del ELN, asunto que no podía el régimen cubano hacer porque estaba comprometido el Estado cubano y otros países garantes.

Convendría que en colegios, universidades, partidos políticos, en el mismo Congreso y en las campañas electorales se insistiera en la comprensión de las diferencias entre Estado y gobierno, pero sobre todo, a comprender que su aplicación dependerán de las concepciones que sobre uno y otro tienen los políticos que aspiran a ser jefes de Estado y de gobierno, al mismo tiempo.

Imagen tomada de Conexión Capital.