REVISTA SEMANA Y LA EVENTUAL CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE VICKY DÁVILA

 

Por Germán Ayala Osorio

La familia Gilinski compró la revista Semana y la convirtió en una trinchera ideológica y política desde donde ataca con mentiras, medias verdades, titulares engañosos e interpretaciones amañadas, al gobierno con el que hace negocios. Es posible además que la use como plataforma y laboratorio electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2026.

Al haber sepultado la historia periodística de la otrora revista de análisis, los Gilinski dejaron ver con preocupante claridad su desprecio por el oficio “más bello del mundo”, según Gabo. Ahora parece que le están apostando a impulsar la candidatura presidencial de su directora, la señora Victoria Eugenia Dávila, lo que confirma que efectivamente tienen una mirada utilitarista del periodismo. Esa apuesta de los Gilinski, muy seguramente con el apoyo económico y político del clan Gnecco, puede representar una división aparente al interior de la derecha colombiana, en particular, significaría una toma de distancia con lo que se conoce como el uribismo.

Parece que los Gilinski comprendieron que, si las fuerzas uribistas fueron capaces de poner en la Casa de Nariño al petimetre e incapaz del Iván Duque Márquez, por qué ellos, junto con los Gnecco, no pueden sentar en el Solio de Bolívar a la lenguaraz periodista Vicky Dávila. Ella cumple con el mismo perfil que la élite económica y política diseñó para Duque: es obediente, sumisa, joven, le gusta el poder y el dinero; le encanta que la adulen, es vengativa y sabe odiar a quienes osan retarla y confrontarla. Su animadversión hacia Petro y su admiración incondicional hacia Uribe constatan que ella es una periodista y mujer de amores y odios.

Vicky Dávila comparte con Iván Duque que desconoce los más mínimos elementos conceptuales y prácticos de la economía; su discurso político es básico, lo que es fruto de su poca lectura. Además, no tiene claro el funcionamiento del Estado, aunque sí sabe de las maneras como este ha sido capturado por sus familiares del clan Gnecco. Duque supo ocultar su debilidad oratoria y discursiva, hablando un inglés igualmente básico. Su referencia a los 7 enanitos, en una conferencia mundial, da cuenta de su talante infantil y de su nula comprensión sistémica del mundo de la vida, como diría Habermas.

Dávila está en todo su derecho de aspirar a ese cargo, así como los colombianos también el derecho a decidir si vuelven a equivocarse como lo hicieron quienes respaldaron con sus votos al fatuo de Iván Duque Márquez. Votar por Dávila daría cuenta del desprecio total hacia el país de quienes así lo hagan e incluso, se entendería como una forma de violencia política similar a la que ejercieron quienes votaron por “el gordo marica” del Iván Duque, llamado así  por su copartidaria María Fernanda Cabal.

Con la candidatura de Dávila, los Gilinski y los Gnecco tomarían distancia del llamado uribismo, por varias razones: la primera, por los líos judiciales que enfrenta el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, lo que provocaría una estampida al interior del Centro Democrático; la segunda, por arrebatarle el protagonismo a la Antioquia y a la Medellín uribista que aún respalda al latifundista que enfrenta desde ayer un juicio en calidad de imputado por 3 graves delitos, para trasladar ese protagonismo a la ciudad de Cali; además, los Gilinski no comulgan con los perfiles de eventuales competidoras de Dávila, como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.

Parece haber una decisión política y coyuntural, tanto del bloque Gilinski-Gnecco, como del uribismo, de apoyar la candidatura presidencial de una mujer, aprovechando la irrupción del feminismo dentro de la política y la conquista de las mujeres de espacios tradicionalmente ocupados por hombres. Eso sí, no se trataría de un feminismo que se oponga a la Colombia patriarcal y machista, sino de uno sometido a las ideas y a las lógicas de los viejos “Barones electorales”. Es decir, estaríamos ante un tipo de feminismo hecho a la medida de la política tradicional de la derecha.

Si se confirma la candidatura de la señora Dávila, el mensaje de campaña estará conectado a la idea de que Colombia está lista para ser gobernada por una mujer, aunque detrás de ella estarán hombres de negocios y de la política tradicionalmente contrarios al movimiento feminista, al que consideran inocuo e inconveniente para salvaguardar las características de la sociedad conservadora que añoran: las mujeres en el hogar esperando a sus maridos y alejadas de la toma de decisiones.

Convertida Semana en plataforma y laboratorio electoral, además de trinchera ideológica, no es nada raro que un país como Colombia, una candidatura de Vicky Dávila termine cuajando. La verdad es que después de Duque cualquiera puede ser presidente de la República. Lo único que tiene que hacer quien decida aspirar a ese cargo es obedecer, asentir y de cuando en cuando vociferar y hacer pensar, con la ayuda de revistas como Semana, que está gobernando o por lo menos, aprendiendo. ¿Recuerdan la portada aquella con la cara de Duque y el titular, Un año de aprendizaje? Algo así harían con la primera mujer presidenta del eje Gilinski-Gnecco.

Imagen tomada de la red X.

AL DIRECTOR DE LA MODELO LO DEJÓ SOLO EL ESTADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El asesinato del coronel (retirado) Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo deja tres hechos claros: el primero, que las autoridades de policía, el mismo INPEC y la UNP le sirvieron a alias Pedro Pluma en bandeja la vida del funcionario para que cumpliera la temeraria amenaza que había lanzado días atrás contra el director. Es decir, el Estado dejó solo a Fernández y por eso, está muerto.

El segundo, que es tal el poder criminal de los bandidos que están presos en cárceles como La Modelo y la Picota, entre otras, que se dan el lujo de amenazar, de activar call center y de mandar a matar a guardianes del INPEC y a directores de prisiones que se atrevan a trasladarlos, a ordenar requisas o afectar las estructuras criminales que operan desde varios centros de reclusión. Y el tercero, que la reacción paquidérmica de la UNP y del INPEC facilitó la ejecución del plan sicarial. La misma Policía Nacional es responsable porque como institución está en la obligación moral de preocuparse más por sus hombres que en uso de buen retiro, cumplen funciones de alto riesgo como dirigir cárceles. No es necesario esperar a que las amenazas lleguen para proteger a los oficiales que le sirvieron a la institución.

El poder económico y criminal de las bandas y de sus líderes que operan desde las cárceles estatales les permite sobornar, atemorizar y mandar a matar a quienes se atrevan a tocar sus intereses. Disímiles gobiernos han probado todo tipo de estrategias fallidas para enfrentar ese poder mafioso: los trasladan de penitenciaría, los aíslan y hasta los vigilan las 24 horas. ¿Cuál es la solución?

La más evidente es endurecer las condiciones en las que estos criminales pagan sus condenas. Deben estar aislados y vigilados, evitando al máximo el contacto con guardianes. Bastaría con la amenaza proferida por alias Pedro Pluma, para que, en juicio sumario, sea condenado por el asesinato de Fernández. Las garantías procesales deben perderse ante la peligrosidad de estos criminales. Las condiciones de reclusión deben ser extremas para que el escarmiento lo sientan también sus compinches. Es claro que el miedo a ir preso se perdió porque al interior de las cárceles encuentran las condiciones propicias para continuar delinquiendo. El porte de los celulares, por ejemplo, debe prohibirse. El aislamiento debe ser total y extendido en el tiempo.

La narrativa de los derechos humanos debe empezar a sopesarse con los crímenes ordenados desde las cárceles y  las incertidumbres, la desazón y la rabia que generan en la sociedad hechos como el asesinato del director de La Picota. Insisto en que hay que someterlos a condiciones extremas de aislamiento, lo que implica cero contacto con el mundo exterior por periodos de seis meses continuos.

Dejar avanzar y crecer el poder criminal de bandas y de sus líderes al interior de las cárceles, permitirá que en el 2026 el discurso de Bukele coja tal fuerza, que el o la candidata presidencial que ofrezca mano dura como la que aplicó en su país el presidente centroamericano, muy seguramente recibirá el respaldo de millones de colombianos víctimas de extorsiones por parte de criminales detenidos y de otros tantos que se “mamaron” de la alcahuetería  de la autoridad penitenciaria frente a personajes como el que habría ordenado el asesinato del director de La Modelo.

El Estado está en mora de construir guarniciones para que en estas vivan los guardianes, directores y subdirectores del INPEC. De esa manera se minimizan los riesgos y se enfrenta el poder criminal de bandas y de bandidos de “renombre” como alias Pedro Pluma. La sempiterna corrupción de los guardianes que han cedido a las presiones de los criminales se acaba ofreciéndoles mejores condiciones de vida y eso incluye el alojamiento. Es una actividad de alto riesgo que debe ser acogida dentro de las condiciones laborales.

Está en mora el gobierno de Petro de endurecer su mano para afrontar el problema carcelario. Ojalá no se queden sus funcionarios lamentando el crimen de Fernández. El coronel Fernández murió abandonado y solo. Ya muerto, irá hasta su última morada acompañado por una enorme caravana de funcionarios que pudieron haber hecho más para proteger su vida. Paz en su tumba a quien alcanzó a molestar a los bandidos y en particular a quien finalmente firmó su sentencia de muerte con una pluma ensangrentada.  

 

Imagen tomada de Youtube.com

PETRO Y UN ESTADO QUE NO LE CUMPLE A LA PAZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hace bien el presidente de la República en advertirle al país y al Consejo de Seguridad de la ONU que al Estado colombiano “le quedó grande” cumplir con lo acordado en el tratado de paz firmado con las entonces Farc-Ep. Exactamente esto dijo el jefe del Estado: “Esta vez va a ir el presidente de la república y va a tener que decir: definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Yo no puedo decir mentiras”.

El anuncio presidencial generó todo tipo de reacciones en particular en quienes no entienden cómo el propio jefe del Estado anuncia que le reconocerá a la ONU y a los países garantes y acompañantes del proceso de paz de La Habana que el Estado fue inferior al compromiso que asumió con la paz. Aunque puede sonar “raro” que el propio presidente de la República haga ese tipo de reconocimientos, lo que hace Petro es poner de presente que las otras dos ramas del poder público son responsables, junto al Ejecutivo, de los incumplimientos a lo que se acordó en Cuba entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc-Ep.

Los incumplimientos a lo firmado en el teatro Colón de Bogotá ponen de presente responsabilidades políticas que deberán asumir funcionarios y los gobiernos de Santos, Duque y Petro. De igual manera, las que tienen que arrogarse agencias estatales que operan bajo las viejas dinámicas de un Estado desordenado, paquidérmico, ineficiente e incapaz, administrativamente hablando, de ejecutar el mandato legal en el que está soportado el acuerdo de paz de La Habana. Siete años después de la firma del armisticio entre el Estado y las entonces Farc-Ep, el Congreso aprobó la jurisdicción agraria. Esto dijo la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica: “la jurisdicción agraria va a permitir que la paz llegue al campo con una vía judicial por la cual se puedan tramitar todas las diferencias que tenemos sobre los derechos a la tierra, a los baldíos y los bienes de uso público”.

A pesar de ese tardío avance, la reforma agraria sigue siendo el problema central en los incumplimientos porque ni se ha logrado cumplir con la entrega de los 3 millones de hectáreas de tierra, como tampoco consolidar el Fondo de Tierras acordado para tal efecto. Reducir la reforma agraria a la entrega de tierras es un error en el que incurrieron dos de las tres administraciones arriba señaladas (Santos y Duque). Se debió diseñar, una vez firmado la paz, un plan de industrialización del campo con todos los latifundistas del país, esto es, con aquellas personas naturales y jurídicas que acaparan grandes extensiones de tierra dedicadas a ganadería de baja producción, a la especulación del precio de la tierra y a la siembra de monocultivos de caña de azúcar y palma africana.

Al no haberse diseñado ese plan de industrialización, los PDET se hicieron inaplicables por cuanto no solo no se tocó la propiedad concentrada de la tierra, sino que su deseada distribución no está pensada, por ejemplo, para que el minifundio y el latifundio puedan convivir bajo un modelo agrario moderno que convierta al país en una despensa agrícola para el mundo. Poco interés hay en dejar de ser un simple exportador de café y azúcar, en beneficio de unos cuantos agentes privados, porque históricamente se construyó una azarosa relación con la tierra, ancorada su concentración al poder político y económico que esa condición genera.    

Un punto que poco se advierte al momento de evaluar la etapa de implementación de los acuerdos de paz de La Habana en la que estamos, tiene que ver con la noción de Estado. Pocos son los funcionarios, magistrados, empresarios del campo, jueces, ministros, e incluso, presidentes de la República, entre otros, que tienen una visión de Estado que supere las lógicas y dinámicas políticas asociadas a los tiempos que duran los gobiernos. El ejemplo de Iván Duque Márquez resulta paradigmático. Con el claro objetivo de frenar la implementación del acuerdo de paz, Duque redactó su propia política de paz a la que llamó Paz con Legalidad. Es decir, con una política de gobierno y con todo el poder político y administrativo, el entonces presidente-títere, afectó la política de paz de Estado que emergió cuando se firmó en el teatro Colón de Bogotá la versión final del Acuerdo Final. No se puede olvidar que Duque fue una ficha incondicional de Uribe y de otros agentes del llamado uribismo, que hizo todo para cumplir con el deseo del exministro Fernando Londoño Hoyos y del exprocurador Alejandro Ordóñez de “hacer trizas ese maldito papel que llaman el acuerdo final”.

Estos dos godos recalcitrantes además de oponerse a la negociación política entre el gobierno de Santos y los voceros farianos, son hijos del cortoplacismo. En Colombia se planea el desarrollo para cumplir las metas de un gobierno, esto es, para cuatro años. Por ello los ejercicios de prospectiva que se hacen se abandonan por razones políticas e ideológicas e incluso, por lecturas macartizantes que se hacen sobre los campesinos y los exguerrilleros, incluyendo por supuesto al presidente Petro por haber militado en el M-19. Entran en ese juego ideológico el clasismo y el racismo, elementos que por décadas han impedido un acercamiento entre quienes concentran la tierra y aquellos que quieren trabajarla para aportar a la autonomía y la soberanía alimentarias.

Al final, el llamado que hace el presidente Petro va dirigido a que en todos los estamentos de los tres poderes públicos se revisen los procedimientos y las actuaciones que terminaron consolidando los incumplimientos a lo acordado en La Habana, Cuba. Pero no puede dejar por fuera el jefe del Estado las responsabilidades políticas de los gremios y agentes de poder asociadas a las actividades agrícolas, en particular aquellos que dijeron No al plebiscito por la paz, coyuntura que terminó provocando y legitimando los primeros incumplimientos a lo acordado, en virtud a los ajustes que sufrió el texto final de paz.

No podemos olvidar que mantener las dinámicas del conflicto armado interno en las zonas apartadas del país, favorece directamente a los latifundistas y ganaderos que llegan a esos territorios a acaparar más tierra, bien sea de la mano de estructuras paramilitares o de las condiciones de un mercado de tierras golpeado por la violencia política que abarata el valor de la tierra.

Imagen tomada de Youtube.com

CONMEBOL DICE NO A LA BANDERA DE PALESTINA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El periodista deportivo, César Augusto Londoño dijo en su cuenta de X que el presidente de la República, Gustavo Petro solicitó a la Comisión Distrital que permitiera el ingreso de una bandera gigante de Palestina al partido internacional entre Millonarios y Palestino de Chile. El reportero dice que la Conmebol se negó diciendo que “por reglamento no se admiten manifestaciones políticas en los estadios”.

La razón expuesta por la autoridad del fútbol sudamericano contradice su propia naturaleza, pues en su interior todo el tiempo están tomando decisiones y actuando políticamente. En esa entidad hay relaciones de poder y opera dentro del mundo del fútbol, un deporte espectáculo que además de público, suele servir de válvula de escape a los problemas cotidianos y estructurales de las sociedades en las que se asiste masivamente a los estadios. No existe ninguna disciplina deportiva y actividad humana que se pueda separar de la política y de lo político. Somos “animales políticos”, sentenció Aristóteles.

Lo curioso de todo es que la respuesta misma de la Conmebol constituye un acto político, en la medida en que la solicitud del presidente Petro también deviene con ese carácter y porque la decisión tomada se da en el marco de una situación de comunicación atravesada por la política. Es más, a través de la negativa, Conmebol, seguramente sin pensarlo sus voceros, está asumiendo una postura política frente a las prácticas genocidas que el ejército de Israel viene cometiendo en contra del pueblo palestino. Y esa postura bien puede calificarse como “neutral”, “políticamente correcta” o “cobarde”.

Cualquiera sea el calificativo escogido, su negativa hace cómplices a los directivos de la Conmebol de ese genocidio que algunos quieren desconocer por razones morales, religiosas, políticas, pero especialmente, económicas. Atados a lo último están los Señores de la Guerra (fabricantes de armas y pertrechos) y aquellos actores que de manera directa o indirecta se benefician de su existencia, tales como el sistema financiero internacional y las empresas constructoras que entrarán a reconstruir Gaza con criterios de gentrificación, entre otros más.

Muchos son los periodistas deportivos que, por física cobardía, ignorancia, por presiones de sus jefes o simplemente porque aprueban y aplauden las acciones bélicas del ejército sionista, insisten en la narrativa que señala que el fútbol nada tiene que ver con la política. Por favor, señores. Olvidan que el Mundial de Fútbol en Argentina 78 en plena dictadura militar es la mayor prueba de que la política está en el fútbol y en todas las actividades humanas. Insistir en desvincular a ese deporte espectáculo del poder y de la política sencillamente es ridículo. Insisten los mismos reporteros deportivos en negar que ese Mundial fue usado para ocultar la sistemática violación de los derechos humanos de la que fueron responsables los militares de la época.

No olvidemos que César Augusto Londoño fue el presentador de televisión que cerró el noticiero de televisión diciendo “país de mierda” en protesta por el crimen del humorista y crítico político, Jaime Garzón. En esa oportunidad Londoño actuó, sin duda alguna, políticamente. Bien podría, entonces, además de registrar el hecho noticioso, exponer su postura frente a la decisión de la Conmebol. Qué bueno sería que dijera "mundo de mierda" en clara alusión al genocidio que lidera Netanyahu. 

Montaje tomado de Infobae. 

NO ES POSIBLE UN ACUERDO SOBRE LO FUNDAMENTAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En medio de la crispación ideológica y política que afronta el país desde el 7 de agosto de 2022, emergen lecturas y hechos morales que alejan aún más la posibilidad de llegar a un “acuerdo nacional sobre lo fundamental”. Esas lecturas y hechos tienen que ver con tres elementos, a saber: 1. El deseo de una parte del Pacto Histórico de asegurar la reelección de Petro o por lo menos lograr la continuidad del proyecto político del progresismo y la izquierda; 2. La noción de Estado, su operación y las relaciones entre este y la sociedad y 3. El pasado guerrillero del presidente Petro.

En oposición a esos tres elementos la derecha expone el mismo número con salvedades morales y contextuales con las que niegan y demonizan las aspiraciones de la izquierda y el pasado del presidente Gustavo Petro. Para negar y deslegitimar los deseos del progresismo, el uribismo insiste en ocultar los hechos de corrupción que permitieron la reelección de Álvaro Uribe Vélez, al tiempo que insisten en que ese hecho jurídico-político era legítimo porque había unas circunstancias contextuales que exigían la continuidad de un gobierno de mano dura como el que instauró Uribe entre 2002 y 2010. 

Recordemos lo que dijo el profesor Malcolm Deas a propósito de la llegada del exdirector de la Aerocivil a la Casa de Nariño: “Uribe era un presidente que necesitaba Colombia. Después de él hay un antes y un después…sí, yo creo que hay momentos para la guerra y para la paz. En 2002 el momento era para una política como la seguridad democrática, ahora el país vive otro momento”.

Es decir, la reelección de Uribe Vélez fue buena, el país la necesitaba y por ello extendieron su dominio llevando a Juan Manuel Santos al poder y reeligiéndolo, pero la de Petro y del proyecto del progresismo definitivamente no. La consideran inviable y poco recomendable a pesar de que las reformas a los sistemas de aseguramiento en salud y pensión apuntan a cerrar las brechas sociales que 30 años de neoliberalismo provocaron en Colombia.

Ese es quizás el más grande abismo moral que separa a esas dos orillas políticas y hace prácticamente imposible llegar a un “acuerdo nacional sobre lo fundamental” porque, justamente, sobre lo “fundamental” es que subsiste una insondable diferencia entre unos y otros, lo que hace imposible lograr un consenso. Y lo “fundamental” está en la noción de Estado y en dar cumplimiento a lo prescrito en la constitución de 1991. Mientras que la derecha insiste en un Estado mínimo, que opere bajo las recetas neoliberales y al servicio de una élite, Petro y la izquierda que él representa le apuntan a cambiar ese enfoque para hacer que el Estado colombiano opere bajo las condiciones del modelo de un Estado de Bienestar europeo de los 80 y 90, en menoscabo de los intereses y privilegios de la clase política (con clanes incluidos) que lo capturó y privatizó.

La derecha uribizada insiste en extender por selvas y zonas protegidas el modelo de economía de enclave, los monocultivos de palma africana y caña de azúcar y la ganadería extensiva de baja producción, lo que supone la deforestación de valiosos ecosistemas naturales y por esa vía, la colonización por parte de narcotraficantes y empresas nacionales e internacionales dispuestas a sacar toda la riqueza que encuentren en el subsuelo. Por el contrario, el progresismo y la izquierda que representa Petro le apuntan a conservar las selvas y los ríos en función de minimizar los impactos socio ambientales y ecológicos que ya viene dejando el cambio climático; de igual manera, insisten en frenar la deforestación y en industrializar el sector agrícola y mejorar así las condiciones de vida de los campesinos.

Frente al pasado de Petro, la derecha no le perdona el haber militado en el M-19 y mucho menos lo absuelve por haber confrontado ética y políticamente al gran banquero Sarmiento Angulo y por haberles arrebatado el manejo burocrático y financiero de algunas instituciones del Estado que específicos miembros de la élite lograron capturar de tiempo atrás.

Lo curioso de esa tardía lectura moralizante es que hay exguerrilleros del M-19 que son “buenos” porque militan en el Centro Democrático, la secta-partido que orienta ética y moralmente el sub judice ciudadano, Álvaro Uribe Vélez. En pocos días inicia el juicio penal en contra del expresidente antioqueño por los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, condición ético-política que evitan discutir los políticos de la derecha y los del medroso “centro” porque haberse levantado en armas contra el Estado, como lo hizo Petro, es peor que los delitos que la justicia y una parte de la sociedad le endilgan al expresidente y expresidiario nacido en Salgar, Antioquia. Es más, haber sido guerrillero es peor que apoyar a grupos paramilitares, como lo hizo en el pasado la derecha, a pesar de que cometieron execrables masacres a lo largo y ancho del país. Esas masacres también “fueron necesarias, como la llegada de Uribe”.

Maldicen la hora en la que el Estado indultó a Petro, pero guardan un silencio cómplice ante los hechos y procesos judiciales que enredan a Uribe de tiempo atrás y que tienen que ver con los falsos positivos, la promoción de grupos paramilitares y los más recientes, por manipulación de testigos y fraude procesal.

Ese enorme e insondable abismo moral entre la derecha y la izquierda bien podría ser capitalizado por un Centro capaz de aceptar que la izquierda tiene razón en insistir en las reformas y de asumir las responsabilidades de haber apoyado en silencio y activamente las infamias cometidas por la derecha. Pero no, ese Centro no existe en Colombia. Lo que sí existen son timadores y oportunistas como Sergio Fajardo y Claudia López que se auto proclaman de centro, pero realmente siempre fueron títeres de la derecha que les dio de comer. 

Imagen tomada de Youtube.com

EL MUNDO NECESITA DE GENOCIDAS COMO NETANYAHU

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Criminales como Benjamín Netanyahu son necesarios para la humanidad. Si, suena terrible esta sentencia, pero tiene sentido de realidad. Me explico. Al ser un consumado genocida, sobre Netanyahu recaen algunos agentes moralizantes para recordarle a él, pero sobre todo al resto del mundo, que, a pesar de los terribles crímenes de lesa humanidad cometidos por su obediente ejército sionista, su juzgamiento social, político, mediático y posiblemente por acción de la CPI, se da dentro de un sistema moral universal que suele servir para castigar tardíamente a quienes actúan en contravía de la humanidad.

Ya van casi 40 mil muertos y meses de “guerra” y nadie ha querido detener al genocida en su infernal recorrido dejando dolor, incertidumbre y sembrando la muerte por la franja de Gaza. Al volverse un espectáculo mediático, la transmisión en directo de las acciones criminales del Estado de Israel suele servir para naturalizar las masacres y el genocidio mismo.  El sistema moral universal está diseñado para volver costumbre la violencia.

Ese sistema moral opera casi de la misma manera para Occidente y Oriente porque está fundado en esa condición humana que, al devenir aviesa y profundamente religiosa, desde y con ella se suelen justificar los genocidios, el lanzamiento de bombas atómicas y en general, las guerras internacionales y los conflictos armados internos. Los palestinos “no son seres humanos, son animales, bestias”, mientras que los miembros del ejército sionista son “seres de luz, iluminados por un solo Dios verdadero”. No hay nada más inmoral en la historia de la humanidad que las religiones y las iglesias.

El mundo necesitó de Harry Truman para ver cómo se hacía realidad el “sueño” de muchos de arrojar la bomba atómica sobre civiles. Al final, Hiroshima y Nagasaki fueron los blancos de una decisión político-militar, pero también moral de un puñado de americanos que siempre han querido que aceptemos a los Estados Unidos como un encandilante faro moral de un mundo dominado por sistemas económicos, sociales y políticos inmorales.

Ese mismo mundo había necesitado de Adolf Hitler para validar la posibilidad de odiar a otros pueblos, considerados como impíos, bárbaros, animales o bestias. El genocidio nazi fue inmoral porque la crisis económica del 29 también lo fue.

Ahora una parte del mundo abuchea y rechaza las acciones genocidas emprendidas por Israel contra el pueblo palestino, mientras que otra aplaude en silencio o simplemente aprueba los crímenes de lesa humanidad, obligados por los intereses económicos que atraviesan las relaciones políticas y diplomáticas entre potencias que ven ese sangriento escenario como una oportunidad para mejorar sistemas de defensa y crear armas más letales y eficaces. Lo que viene ocurriendo en Gaza es como un enorme "dealer bélico" en el que los fabricantes de armas se deleitan e imaginan nuevos prototipos de armas para que la violencia se vuelva eterna. Entonces, hablan de muertos, de guerra, pero no de crímenes de lesa humanidad. Los usos particulares de la lengua también se tornan inmorales porque sirven para enmascarar realidades: lo que ocurre en Palestina no es una guerra. Es una práctica genocida.

La subsistencia y legitimidad de los marcos morales universalmente aceptados necesitan de la inmoralidad de las guerras y de las prácticas genocidas porque de inmediato las narrativas humanitarias nos hacen soñar en que es posible vivir en paz y armonía, al tiempo que intentan hacernos pensar que el problema de fondo son personajes como Truman, Hitler y Netanyahu, cuando no es así. El problema de fondo está en la condición humana, de la que se puede esperar lo más sublime, pero también lo más execrable. Somos una especie maldita y una maldita especie. 

Netanyahu, Hitler y Truman, entre otros líderes del mundo representan a una parte importante de la humanidad que profesa un incontenible odio hacia los demás. Y esos otros son los que tienen una cultura diferente, otra lengua o simplemente, por suerte, les tocó sobrellevar la persecución étnica de otros que en algún momento de la vida decidieron ponerse moralmente por encima. Hoy es Netanyahu. Ya vendrán otros genocidas. El mundo los necesita.

 

Imagen tomada de la red. 

PETRO O DUQUE: ¿CUÁL ES EL "TERRORISTA"?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El reciente rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro Urrego y el expresidente Iván Duque Márquez obedece a dos lecturas ideologizadas en torno a dos conceptos: terrorismo y terrorismo de Estado. El jefe del Estado llamó “terrorista” a Iván Duque por cuenta de los crímenes que cometieron agentes estatales que, bajo sus órdenes y mando, violaron los derechos humanos. Las cifras hablan de 60 ciudadanos asesinados, violación de mujeres, torturas y afectaciones en los ojos a otros 60 jóvenes que se movilizaron en el contexto del estallido social.

“Cuando mueren 60 jóvenes asesinados por el Estado, quemados, torturados, la pregunta es quién fue el terrorista y el presidente tiene que decir que el terrorista no fue la juventud, fue el Estado de Colombia y particularmente el Gobierno del entonces presidente. Sí señor Duque, los 60 asesinados en Cali por usted, no fueron terroristas, el terrorista fue usted”, espetó el presidente Petro.

Sin duda alguna, le cabe responsabilidad social y política a Iván Duque porque en calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas permitió los desmanes y la comisión de los crímenes. Pudo ser diferente si hubiese asumido la actitud de dialogar y escuchar a los jóvenes, en lugar de pensar que le iban a dar un golpe de Estado. Bajo esa excusa, acudió a la figura de la “asistencia militar” y la plasmó en el Decreto 575 del 28 de mayo, a todas luces inconstitucional. Las movilizaciones y las violentas protestas que se dieron en el marco del estallido social jamás se convirtieron en un movimiento social y político capaz de provocar semejante quiebre institucional.

Petro califica de esa manera a Duque porque usa ideológicamente la categoría Terrorismo de Estado. Sin duda alguna el Estado colombiano ha operado como un orden criminal, con prácticas y acciones propias de lo que se conoce como terrorismo de Estado. Las ya varias condenas internacionales proferidas por la CIDH contra el Estado colombiano hacen pensar en que, como mínimo, bajo ese orden de dominación se asesinaron a comunidades en contubernio con grupos paramilitares. Baste con recordar la masacre de Trujillo y el genocidio contra la UP para entender el sentido de los calificativos que de tiempo atrás usa Petro para referirse al actuar violento y criminal del Estado.

Durante los gobiernos de Turbay Ayala y Álvaro Uribe, el régimen estatal actuó bajo las condiciones y las características que dan vida a esa nomenclatura de terrorismo de Estado. Lo que sucede es que el Estado terrorista del que habla Petro suelen verlo y sufrir exclusivamente quienes militan en la izquierda o aquellos que tienen una formación política que les permite calificar a un orden establecido como terrorista. El Estado terrorista actúa sobre específicos sectores sociales, torturando, persiguiendo y desapareciendo a cientos de ciudadanos a manos de agentes de inteligencia, policías y militares. El genocidio de la UP es propio de un Estado terrorista porque sucesivos gobiernos jamás aceptaron el pensamiento divergente que representaba ese partido de izquierda y mucho menos la cercanía ideológica y política con las entonces Farc-Ep. Hay que recordar que durante el gobierno de Belisario Betancur se acordó que miembros de la UP llegaran al Congreso, en el marco de un proceso de paz. Ello incluyó la presencia en el Congreso de guerrilleros activos, como Braulio Herrera.

Insisto entonces en que la categoría con la que Petro descalificó a Duque tiene un uso menos universal y por lo tanto, la opinión pública en general no lo tiene presente para examinar a su luz, los hechos a los que Petro hizo referencia. Lo contrario sucede con el vocablo con el que el expresidente-títere usó para responderle el agravio que le lanzó el actual presidente de la República. Esto dijo el fatuo e infantil expresidente de la República: “nunca haber militado en grupos armados ilegales o terroristas”, nunca haber “hecho apología del terrorismo enarbolando banderas de grupos armados ilegales…”.

Iván Duque, como era de esperarse, se ubica un plano moral superior cuando se jacta de que jamás militó en un grupo armado ilegal, como si ello le permitiera deslegitimar la lucha armada que decidieron librar quienes creyeron que se podían tomar el poder a tiros.  Duque insiste en demonizar a las guerrillas, en particular al movimiento M-19 del que hizo parte Petro durante su juventud. Mientras que el vocablo terrorismo de Estado se remonta a los años 60 y se entiende bajo las circunstancias propias de esa ebullición política e ideológica de las turbulentas décadas de los 60, 70 y 80, la nomenclatura “terroristas” está atada temporalmente a los hechos del 11S de 2001 en los Estados Unidos. De igual manera, Petro se ubica en otro plano moral superior, porque sigue pensando que la guerrilla del M-19 siempre representó la salida o la solución a los problemas históricos del país, causados por una "oligarquía inmoral, premoderna y corrupta". Petro aún piensa como subversivo, a pesar de que manera temprana dejó las armas. 

Volvamos a Duque. Lo que sucedió con los atentados terroristas contra el World Trade Center en los Estados Unidos que provocaron las caídas de la emblemáticas Torres Gemelas es que le permitió a la derecha americana y a la internacional consolidar el discurso antiterrorista de la mano de la “cruzada contra el terrorismo” representado en la persecución contra Osama Bin Laden, el supuesto responsable de los atentados terroristas. El entonces candidato presidencial y posterior presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez “compró” el discurso del presidente Bush para dar vida a su Política de Seguridad Democrática con la que desconoció el origen político del conflicto armado interno. Entonces, el país empezó a hablar de “amenaza terrorista”, lo que por supuesto hizo posible empezar a (des) calificar a las guerrillas de la época como grupos terroristas. Lo anterior, con la ayuda y el beneplácito de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Eso sí, no se puede desconocer que las Farc-Ep y el ELN incurrieron en prácticas y hechos terroristas, en tanto sus objetivos estaban dirigidos a generar miedo y terror en la población civil. Pero tampoco se puede obviar que las listas de grupos terroristas construidas por los Estados Unidos y la Unión Europea obedecen a cálculos políticos y militares, resultado de las relaciones de dominación Norte-Sur.

Las acciones político-militares del M-19 no podrían calificarse como terroristas por cuanto el uso universal de esa categoría inicia en el 2001 y para ese momento ya ese grupo subversivo había desaparecido pues firmó la paz en 1990 con el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990). Ni siquiera la toma del Palacio de Justicia por parte de una célula del M-19 podría ser calificada como terrorista, por ese elemento temporal. No se pretende ocultar los horrores y las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la toma y la retoma. El país saber que particular durante la retoma del edificio por parte del Ejército nacional se presentaron las mayores y ejemplarizantes violaciones a los derechos humanos. 

En esa misma línea argumental del petimetre de Iván Duque, entonces, podríamos calificar a los Estados Unidos como un orden terrorista y como tal al entonces presidente Harry Truman por las dos bombas atómicas que lanzaron contra Hiroshima y Nagasaki (Japón) con las que se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Para aquella época, ese hecho bélico se entendió como parte de la lógica de la guerra que en ese entonces libraron los Estados Unidos y los aliados para frenar al régimen nazi. 

Así entonces, en el rifirrafe entre Petro y Duque cada uno hace una lectura ideologizada y moralizante que los pone en orillas irreconciliables. Mientras que el presidente de la República reconoce el carácter político de los hechos acaecidos durante el estallido social, Duque jamás aceptó y aceptará las razones y las circunstancias históricas y objetivas con las que se legitimó el levantamiento de las guerrillas en los años 60 y 70.

Convendría que el presidente Petro evitara descalificar a sus detractores y enemigos, en especial a los expresidentes. Su condición y dignidad así se lo exigen. Aunque el gobierno de Duque arrastra una nefasta recordación, sigue representando a esos sectores de poder que siempre estarán dispuestos a ponerse moralmente por encima de los demás a pesar de haber cohonestado con la operación criminal de los grupos paramilitares. Es tal su cinismo, que insisten en el débil argumento de que “jamás hice parte de un grupo armado ilegal”, para sacar pecho y presentarse como los "elegidos" para continuar gobernando a Colombia. 

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

LA INTENCIÓN DE LA DERECHA ES “HACER INVIVIBLE” LA REPÚBLICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El asedio político e institucional contra el gobierno de Gustavo Petro está dejando al descubierto la enorme incapacidad y mezquindad de la derecha uribizada y de la derecha en general, de proponerle al país soluciones a los graves problemas que arrastra de tiempo atrás. Problemas y dificultades que el actual gobierno intenta superar con los proyectos de reformas sociales presentadas a un Congreso hostil y alineado con la instrucción de la dirigencia política de los viejos y “nuevos” partidos de impedir que aquellas se conviertan en leyes de la República. A lo que realmente le están apostando es a “hacer invivible la República”.

Los voceros más visibles de esa derecha uribizada e incapaz de proponer soluciones reales a los problemas del país son los congresistas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y David Luna; Cabal, Valencia y Luna promueven desde el Congreso el odio a todo lo que representa Petro, incluida por supuesto su búsqueda de llevar al país por el camino de las transformaciones propias de   una “revolución en marcha”, esto es, la modernización de la sociedad y del Estado. Esos tres legisladores le están apostando a hacer “invivible la República”, emulando a Laureano Gómez, cuando en su momento se opuso a los cambios sugeridos por López Pumarejo y las medidas liberales de la época de los 40.

A la innoble tarea de Luna, Valencia y Cabal se suman el exministro de Salud, Alejandro Gaviria y el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, entre otros más que a toda costa desean y buscan que el gobierno de Petro fracase, para en el 2026 presentarse como los “salvadores” cuando ellos mismos figuran como los responsables de las graves problemáticas que afronta el país de tiempo atrás. Lo cierto es que Cabal, Valencia, Luna, Gaviria y Vargas Lleras fungen hoy como los neolaureanistas que le están poniendo la vida a cuadritos al presidente Petro, ayudados por agentes políticos apostados en el Consejo de Estado, en la misma Corte Constitucional y por supuesto, en el Consejo Nacional Electoral.

Hasta antes de la llegada de Petro a la Casa de Nariño, la derecha uribizada jamás mostró, por ejemplo, preocupación por resolver la crisis en el sistema de salud. Alejandro Gaviria, en particular, guardó silencio y optó por mirar hacia otro lado para no ver la crisis de las EPS. Gaviria y sucesivos gobiernos no atendieron la evidente corrupción al interior de las EPS, en cuyas juntas directivas siempre estuvieron amigos o familiares de castas políticas. La misma actitud asumieron los miembros más visibles de ese sector de poder, frente a la informalidad laboral y el desempleo estructural. Jamás se les escuchó decir que el país necesita entrar en un nuevo proceso de industrialización, como sí lo hizo el actual gobierno. Esa invitación apenas ha sido copiada por sectores empresariales del cacao, que ven en la industrialización de ese cultivo una oportunidad económica y una manera para aportar a la paz del país.

Por el contrario, a la derecha uribizada tradicional no le interesa pensar en la industrialización porque lo que realmente les interesa es mantener los niveles de captura del Estado y continuar con la economía de enclave que, alineada con su visión premoderna de la sociedad y del Estado, les ha servido de tiempo atrás para enriquecerse y consolidar un pérfido liderazgo a través de clanes políticos corruptos.

Al ver afectados sus intereses de clase por las acciones y decisiones de Petro, a esa élite uribizada no le quedó otro camino que orquestar, de la mano de empresas mediáticas, la asonada política y mediática con la que están logrando hacer “invivible” la República. Lo de ellos no es contribuir al desarrollo armónico de la Nación. No. Lo de ellos es conservar privilegios, continuar con la deforestación, la ganadería extensiva de baja producción, la explotación a discreción del oro y la especulación con el valor de la tierra. Y por supuesto, consolidar la captura mafiosa del Estado, para el servicio de unos pocos, en detrimento del bienestar de las grandes mayorías.

El juego de los sectores de poder que representan muy bien a la derecha uribizada tiene como único objetivo generar caos, miedo e incertidumbre en esa opinión pública que aún le cree a los medios masivos tradicionales, convertidos desde antes de posesionarse Petro, en opositores políticos de su administración. De esa manera, ellos mismos confirman lo que la teoría de la comunicación de masas siempre señaló: los medios de comunicación son y fungen como actores políticos.

Medios como RCN, Caracol, El Colombiano, El Tiempo, Semana, La FM, La W y Blu radio están jugando el juego de la derecha: “hacer invivible la República”. Está el país en la más consistente y perjudicial “asonada política y mediática” en contra de la institución presidencial y de un presidente en ejercicio. El objetivo es claro: invisibilizar hechos positivos como la construcción de cientos de miles de kilómetros de vías terciarias y secundarias, de la mano de las Juntas de Acción Comunal; el mejoramiento de la operación del tren, usado ya para llevar café y otros productos a puertos, para su exportación; la depuración al interior de las FFAA, en especial en la policía y el Ejército, instituciones en las que se naturalizó un ethos mafioso y criminal. La construcción de enormes instalaciones de paneles solares que contribuirán a la necesaria transición energética que el país deberá dar. De igual manera, el manejo macroeconómico con el que se viene sosteniendo a la baja el índice de inflación, entre otros asuntos en los que el gobierno Petro viene anotándose puntos positivos.

Acostumbrados los congresistas de la derecha uribizada (incluye a los de la Alianza Verde, Cambio Radical, Colombia Justa y Libres, Partidos Conservador y Liberal)  a meterle miedo a la opinión pública, gritan como loros que llegó “el comunismo, el castrochavismo, que el país va hacia el despeñadero”, cuando los indicadores económicos y sociales del DANE dan cuenta de un mejoramiento, a pesar de la postura conservadora de la junta directiva del Banco de la República de bajar a cuentas gotas y con puntajes mínimos las tasas de interés para reactivar la economía. Esa narrativa catastrofista asusta a los inversionistas, pero, sobre todo, llena de incertidumbre a los ciudadanos de a pie.

Son más los hechos y las acciones positivas de un gobierno que, con errores y desaciertos, puso al país a discutir asuntos públicos que nos interesan a todos, como el cambio climático, la industrialización en la agricultura y el ethos mafioso que se entronizó en las relaciones Estado-Sociedad, desde 2002, siendo los periodos de mayor expresión de las prácticas corruptas 2002-2010 y 2018-2022. 

Quizás la molestia con Petro de los agentes políticos aquí señalados radica en que un exguerrillero del M-19 les está dando cátedra de liberalismo económico, de visión de futuro y sobre todo, de cómo transitar hacia la Modernidad a la que aquellos le han huido por su evidente incapacidad para entender la historia de la humanidad. 

Imagen tomada de Youtube.com

DOS “VAGABUNDOS” DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL QUIEREN “PROCESAR” A PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En tono celebrativo, los medios y periodistas que le hacen oposición política al gobierno de Gustavo Petro informaron de la decisión tomada por dos consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) consistente en presentar ponencia positiva con la que se abriría investigación en contra de la campaña Petro presidente y el propio presidente de la República por la violación de los topes establecidos para recibir aportes a la pasada campaña electoral de 2022. Se trata del político uribista, Álvaro Hernán Prada, reconocido por ser enemigo del presidente Petro y ficha del expresidente Álvaro Uribe Vélez, también declarado enemigo del jefe del Estado. El otro consejero que firma la ponencia es Benjamín Ortiz.

Del CNE hay que señalar que es una entidad eminentemente política y que los consejeros emiten conceptos políticos cargados de lecturas amañadas y no jurídicos, basados en la ley penal. Aunque la ponencia deberá discutirse al interior de la cuestionada entidad, el sentido del fallo molestó al jefe del Estado, a pesar de saber el presidente que el CNE no tiene la competencia legal para investigarlo y mucho menos para solicitar sanciones de tipo penal o administrativo.  

Petro los llamó “vagabundos”, reconociéndoles de alguna manera, competencia para investigarlo e incluso, para sacarlo de la Casa de Nariño, cuando no es así. “El presidente tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos de la politiquería así lo quieren”, dijo el jefe del Estado. De inmediato, el mandatario calificó la decisión de los consejeros como parte del golpe blando que el régimen uribizado le quiere dar desde el 7 de agostos de 2022.

La emoción del hecho político embargó de felicidad a los periodistas que dijeron que la investigación que se ordenaría, de aprobarse dicha ponencia en la plenaria del CNE, era contra el presidente de la República, cuando esa institución, como ya se dijo, no es competente para investigar al jefe del Estado. Para esos menesteres está la inocua Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a donde finalmente deberá ir la cuestionada decisión de los dos consejeros, de llegarse a aprobar.

Más allá de la sinuosa la decisión política es importante visibilizar un hecho jurídico-político, moral y ético que le restaría legitimidad social y política a la decisión y proposición de uno de los consejeros- no son magistrados- el anodino uribista, Álvaro Hernán Prada: el excongresista está en una condición sub júdice, porque está vinculado a un proceso penal por soborno a testigos y el 15 de mayo afrontará la primera sesión del juicio al que lo llamó la Corte Suprema de Justicia. Es decir, antes de que se inicie el juicio, Prada firma una ponencia viciada, impúdica y a todas luces ilegítima por venir de un consejero que, de acuerdo con el material probatorio que circula en las redes y medios de comunicación, participó, junto a Uribe y Cadena, de la comisión de los graves delitos de soborno a testigos. 

Entonces, en este punto salen los defensores a ultranza de la "presunción de inocencia" para intentar quitarle al nombramiento de Prada en el CNE ese carácter burlesco con el cual el uribismo siempre miró a la justicia que los investiga y procesa.  

La condición sub júdice que pesa sobre el excongresista vicia política, moral y éticamente cualquier actuación que en el marco de su ejercicio como consejero pueda tomar. Y en particular cuando el país sabe que Prada es un simple mandadero del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El lío judicial en el que está Prada es el mismo en el que están el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez y el aboganster de este último, Diego Cadena, quien ya está afrontando un juicio por fraude procesal y soborno a testigos. Como el país sabe, el juicio contra el caballista y latifundista antioqueño empezará el 17 de mayo.

En el ejercicio de la democracia y más dentro de un sistema presidencialista como el nuestro, opera un sistema de pesos y contrapesos que, con la máxima legitimidad social y política de sus instituciones, controla al jefe del Estado para que este no termine, con sus decisiones y actuaciones, sometiendo a los otros dos poderes públicos.  Lo curioso es que el CNE viene operando como una perversa entidad de contrapeso al poder político y administrativo de los presidentes de la República, cuando un sector poderoso siente afectados sus intereses clientelistas o reducidas las cuotas burocráticas que solía recibir en el marco de los siempre cuestionados “acuerdos programáticos y políticos” entre quienes ganan las elecciones y los perdedores.

La derecha uribizada sostiene de tiempo atrás que defiende a dentelladas las instituciones y la institucionalidad derivada de la operación diaria de aquellas. Con el caso de Prada convendría tener algo de coherencia política al momento de poner en instituciones como el CNE a excongresistas que han violado la ley y están adportas de enfrentar un juicio. Eso es vergonzoso y le resta legitimidad a la entidad electoral, que no es más que un reducto burocrático con el que se pagan favores políticos. Prada fue premiado por Uribe Vélez entregándole un puesto en el CNE, por haberlo acompañado en las actividades aquellas por las que ambos están llamados a juicio. 

Ahora se entiende qué significa cuando la derecha uribizada dice "defender la institucionalidad". Lo que realmente defienden sus militantes es el derecho a burlarse de los jueces y a reducir la operación de las instituciones a sus siempre mezquinos intereses políticos y económicos. 

Adenda: la reacción del presidente Petro en contra de la decisión de los dos consejeros se comprende por el asedio del que es víctima su gobierno y él mismo como persona, de parte del régimen uribizado. Lo están acorralando para hacerlo aparecer como un déspota que desconoce los pesos y contra pesos de la democracia, así estos devengan contaminados de intereses politiqueros como es el caso de la operación del CNE. El jefe del Estado debe calmarse. De ser acogida la ponencia liderada por el inefable Álvaro Hernán Prada, esta irá a la también cuestionada e inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. 

MOCKUS Y CLAUDIA LÓPEZ ABANDONAN EL PARTIDO VERDE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las renuncias de Antanas Mockus y Claudia López Hernández al partido Alianza Verde (AV) deben leerse de manera separada, así la decisión tomada comparta el mismo origen: el escándalo de corrupción que salpica a Iván Leonidas Name, presidente del Senado y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, ambos militantes de esa colectividad.

La decisión adoptada por el exalcalde de Bogotá constituye un golpe de dignidad y autoridad que Mockus le da a sus copartidarios, con el que buscaría sacudir las bases de una colectividad que perdió legitimidad por la acción misma de sus militantes y voceros, que lo convirtieron en un partido preocupado más por las cuotas burocráticas, que por construir un mejor país a través de la discusión argumentada de las ideas y la presentación de propuestas legislativas conducentes a mejorar, desde el legislativo, las condiciones de vida de millones de colombianos atropellados y vulnerados tanto por el Congreso, como sucesivos gobiernos de derecha. Lo más probable es que la dimisión de Mockus de poco o de nada sirva para recomponer el camino de un partido maltrecho, pero funcional al establecimiento colombiano.

La Alianza Verde (AV) jamás maduró un discurso ambiental sólido, capaz de poner en la esfera pública asuntos como la crisis climática y el modelo agro extractivo que tanto daño le viene haciendo a Colombia. En eso falló Mockus, un líder político sobredimensionado por los medios masivos y una parte de la opinión pública que ocultó su carácter autoritario cuando fungió como alcalde mayor de Bogotá. Sus ejercicios simbólicos y sus "disquisiciones" filosóficas le sirvieron para ocultar su intransigencia y terquedad.

Como partido, la AV jugó con la imagen del color y el vocablo verde para ganarse un espacio en la opinión pública cercana a causas medio ambientales. Al final, quedó reducido a una “fábrica de avales”, dejando atrás la obligación ético-política de consolidar un centro político capaz de enfrentar a quienes insisten en que el país debe seguir sometido a una economía de enclave y por esa vía, a un desarrollo insostenible desde una perspectiva sistémica.

En lo que corresponde a la renuncia de la exalcaldesa Claudia López, su decisión obedece a un simple cálculo político y electoral, muy propio de su talante. López Hernández sabe jugar con las coyunturas y dar fuertes golpes de opinión que siempre le sirvieron para engañar a los electores que ven en ella una alternativa de poder, alejada de las intrigas, la corrupción y del establecimiento colombiano. Se vende como una mujer de Centro, seria, diligente y capaz, cuando realmente sus actuaciones están más asociadas a la derecha tradicional que le apuesta de tiempo atrás a la ganadería extensiva, al crecimiento urbanístico sin control alguno, a la masificación de los buses articulados como lo hizo su amigo Enrique Peñalosa y negar o aplazar la llegada del Metro como la mejor forma de transporte masivo; de igual manera, le interesa mantener el statu quo y las correlaciones de fuerza de un régimen de poder que en el 2026 intentará llevarla a la Casa de Nariño. Ideológicamente, es una veleta que de acuerdo con la dirección de los vientos, ella se deja llevar.

Claudia López abandona el barco de la Alianza Verde no por el escándalo de corrupción en sí mismo. No. Su retiro hay que leerlo en clave electoral pues claramente será candidata presidencial para el 2026.  Mockus le abrió la puerta y ella aprovechó para abandonar el barco que ella misma ayudó a que se perdiera en las aguas del clientelismo y la corrupción, por acción o por omisión. Lo más probable es que termine fundando una micro empresa electoral de “Centro” para terminar luego haciendo alianzas con el uribismo, en el afán compartido de ambos sectores de poder, de derrotar y sepultar para siempre al naciente petrismo, al que López se acercó con el mismo oportunismo que se le reconoce. Recordemos que fue Peñalosista y en los últimos tiempos, mantiene una relación cercana con el uribismo, que se puede potenciar si para el 2026 el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez evalúa que ninguna de sus tres “tigresas”, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Vicky Dávila, le pueden asegurar volver a la Casa de Nariño en cuerpo ajeno.

Uribe Vélez ve en López Hernández a una líder política que sabe enredar a la opinión pública. Es efectista en lo que dice. Sus arengas y pronunciamientos, siempre coyunturales, resultan mediáticamente efectivos y de fácil recordación. Y es claro que la exalcaldesa no tiene la mala imagen que arrastran a sus tres “tigresas”.

Ya veremos a la camaleónica de Claudia López despotricando de la izquierda, del progresismo y de Petro. Lo hará para conseguir el apoyo del empresariado que jamás aceptó a Petro por su pasado exguerrillero. 

Imagen tomada de EL PAÍS

ETHOS MAFIOSO Y CORRUPCIÓN EN COLOMBIA: NO HAY NADA QUE HACER

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con los más recientes escándalos de corrupción público-privada en la UNGRD se confirma la imposibilidad de lograr un cambio, proscribiendo, por ejemplo, el ethos mafioso. Y es así, por la complejidad que supone la operación integrada de los sistemas judicial, político y sociocultural bajo esa línea ética que, aunque sinuosa, está arraigada en todos los tres sistemas.

Por lo anterior, hoy vemos un ethos mafioso naturalizado y garante de la vigencia de los políticos que, a pesar de haber sido procesados y condenados por diversos delitos asociados a formas de corrupción, una vez que pagan sus irrisorias condenas, continúan haciendo política con el apoyo de partidos políticos, sectores societales que los necesitan porque son generadores de empleo y oportunidades para ejecutar proyectos. Más claro: los tres sistemas necesitan de la corrupción y de la economía del crimen, en cuyo manejo son expertos los funcionarios y los políticos profesionales señalados de ser corruptos. Incluso, abogados condenados por corrupción, y otros a los que les gusta defender bandidos, son apetecidos no solo para reducir las penas de sus clientes, sino para asegurarse que el sistema judicial siga operando ese mismo ethos.

Por ello, pretender proscribir el ethos mafioso y con este las prácticas corruptas en los sectores público y privado resulta imposible en Colombia porque, además, haría colapsar la economía e incrementaría los costos en las transacciones sociales y políticas que a diario se deben hacer para mantener a flote a la sociedad y a las instituciones privadas y estatales.

El sistema judicial de Colombia está permeado por ese mismo ethos corrupto. Esa realidad incontrastable se puso en evidencia con el Cartel de la Toga, episodio que lejos de aportar a la depuración en la rama judicial, lo que hizo fue encarecer las tramoyas y los torcidos para que en adelante queden blindados para evitar filtraciones. Ya estarán sus expertos analizando lo sucedido en la UNGRD, pues si todo quedó bien diseñado, incluidos los acuerdos de responsabilidad, no se entiende por qué está el país hablando de los torcidos en la compra de los carrotanques y la entrega de millonarias coimas a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Algo salió mal y las correcciones las sabrán hacer las cabezas ocultas de ese entramado criminal.

Cuando se encarcela a un político miembro de una casta o de un clan político, se termina afectando las economías regionales, cuyo motor de desarrollo está conectado al ethos mafioso y a las actividades propias de un modelo de enclave, fruto de la visión retardataria, premoderna y feudal de esas mismas familias y de las élites que comulgan con la corrupción. Política y economía, en ese estricto orden, son el eje de un desarrollo económico agro extractivo (ganadería extensiva, minería legal e ilegal, deforestación y monocultivos de caña de azúcar, palma africana y coca) que reproduce la corrupción pues muchos empresarios necesitan del político para acelerar procesos, trámites y evitar controles, entre otros asuntos.  

En cuanto al sistema político este se reproduce gracias a la corrupción pues quienes quieran entrar en el juego electoral, deben plegarse a las condiciones y circunstancias que les impone el ethos mafioso: compra de votos, guerra sucia en medios, ocultamiento de antecedentes judiciales y el acercamiento a quienes llegarán a los órganos de control, esto es, a la Procuraduría, una institución capturada por mafias políticas y usada para premiar a amigos y castigar a enemigos;  y la Contraloría opera de manera similar. Tanto en lo nacional como en las regiones, estas instituciones devienen capturadas o estarán siempre abiertas a que grupos políticos las capturen. Emilio Tapia, por ejemplo, es un corrupto paradigmático. Antes de que se conocieran los hechos del robo de los 70 mil millones de pesos para el internet en zonas rurales (el caso de Centros Poblados y la Mintic, Karen Abudinen), ya Tapia había sido condenado por el caso del cartel de la contratación en Bogotá. Su vigencia política está atada al sistema político que lo usa para que la corrupción siga y se reproduzca para que el país siga operando económica y políticamente. Los presidentes de la República saben que así funciona el país, lo que los hace cómplices de la operación mafiosa del Estado. Esa realidad es imposible cambiarla: nos tocaría morirnos a todos y que a este territorio llegue otro tipo de gente. Pero con el tiempo, esos nuevos pobladores, crearán sus propias maneras de hacer las cosas, lo que garantizará el renacimiento de la corrupción.

La Fiscalía es otra institución que deviene capturada por mafias de diferentes pelambres: clan del Golfo, clanes políticos y otros grupos de criminales. Fiscales que trabajan para esas estructuras mafiosas hacen imposible que la entidad investigue y solicite a los jueces condenas ejemplares. Los principios de oportunidad aparecen porque la Fiscalía es débil. Los corruptos saben eso y juegan con la economía del crimen o del delito. 

En cuanto al sistema socio cultural, la vigencia de los corruptos está garantizada porque la sociedad y sus estamentos jamás aprendieron qué es eso de la sanción social (moral) a la que hay que someter a los corruptos. Por el contrario, amplios sectores de la sociedad aplauden y admiran a los corruptos. Serlo es sinónimo de viveza e inteligencia. Agentes sociales, económicos y políticos de la sociedad civil guardan silencio ante los casos de robos al erario. La Academia, con su aturdidor silencio, aporta a la naturalización del ethos mafioso; instituciones como Fenalco, Andi, Acopi y otros gremios también hacen lo propio porque nadie quiere tener malas relaciones con la clase política y mucho menos con los miembros de los clanes políticos.

Los ciudadanos del común que cada cuatro años votan saben y aceptan que sus candidatos son corruptos. Y a pesar de ello, los eligen porque esperan algo a cambio. Y los nuevos que se lanzan diciendo que no tolerarán a los corruptos, terminan cooptados porque es tal el poder que se concentra en la operación de esos tres sistemas, que oponerse a su funcionamiento es ganarse enemigos o simplemente, no entrar en el juego político y electoral.  Debemos aceptar que somos una sociedad inmoral, sucia, corrupta. Apreciamos más al político mentiroso, criminal y corrupto, que al pequeño empresario que lucha todos los días para sacar adelante su empresa. Seguiremos siendo el país de mierda que entre todos hemos construido. 

Imagen tomada de Blu radio. 

CORRUPCIÓN EN LA UNGRD: EN RIESGO LA NARRATIVA DEL CAMBIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Desde su nacimiento como República, Colombia arrastra el insuperable problema de la corrupción público-privada, que es consecuencia del enraizado ethos mafioso que guía desde esos tiempos la vida de selectos clanes políticos que operan en regiones y miembros de la clase política y dirigente (empresarial) que, apostada en Bogotá, se asegura de que en el resto del territorio opere el Estado en la misma lógica mafiosa, sucia, indebida y criminal.

El escándalo de corrupción en la UNGRD, primero con la compra de los carrotanques de agua llevados a La Guajira y ahora por las coimas millonarias entregadas a los presidentes de la Cámara de Representantes y Senado salpican al gobierno de Petro y al Congreso de la República.

Lo más doloroso del asunto es que en la compra irregular de los carrotanques participaron funcionarios elegidos por el mismo presidente y en la entrega de los 3 mil millones de pesos a Iván Name, presidente del Senado y mil millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle, altos funcionarios que muy seguramente llegaron a altas consejerías y demás cargos, por cuenta de los sempiternos acuerdos burocráticos. En este caso, los establecidos con la Alianza Verde;

Lo informado a los medios por Sneyder Pinilla, exfuncionario corrupto, constituye una mancha más para el  Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas del país, usada por clanes y políticos profesionales para mantener la captura del Estado y por ese camino,  acceder a billonarios recursos del erario para hacer grandes negociados como los ocurridos, hace muchos años, con la construcción de la hidroeléctrica de El Guavio; también en otros emblemáticos torcidos como Chambacú, la quiebra de Granahorrar con Michelsen Uribe y la construcción de la refinería de Reficar; entre los más recientes están los casos de Las Marionetas y el de Centros Poblados, con este último  se robaron 70 mil millones de pesos que jamás aparecieron. Hay que recordar que el entonces presidente-títere, Iván Duque, “sorprendido” por el escándalo mantuvo a la ministra del Min Tic, Karen Abudinen, a pesar de su responsabilidad política en los hechos; además, Duque dijo públicamente que pediría ayuda al FBI para recuperar la millonaria suma. Sobre lo segundo, el fatuo mintió.

Pero volvamos al caso que ensucia la imagen del gobierno Petro. No basta con pedir la renuncia de los comprometidos en el escándalo que apenas empieza la Fiscalía a tratar de decantar sus alcances y dimensiones. Ya está claro que en términos de “atacar la corrupción” no habrá cambio. Se aplaude la decisión del presidente de pedirles la renuncia a los funcionarios comprometidos en los hechos narrados por Sneyder Pinilla, exfuncionario corrupto que hoy delata a sus superiores jerárquicos porque él mismo lo dijo “no quiere ser el único guevón que caiga” en semejante entramado de corrupción. Insisto: no es suficiente. Lo que tiene que hacer Petro es convocar ya la Comisión Internacional que prometió en campaña, para que, de la mano de la ONU, se sacudan todas las instituciones estatales, incluidas por supuesto, las FFAA, las altas cortes y su propio gobierno.

Está en mora el gobierno del cambio en convocar esa comisión internacional si de verdad quiere contrarrestar los efectos negativos que la prensa opositora está generando en la opinión pública. Incluso, columnistas que votaron por el proyecto político que encarna Petro, ya replican la narrativa que indica que “cambio no hubo” y que este gobierno es tan corrupto como los demás.  Ana Bejarano, en Cambio, sostiene lo siguiente en reciente columna: “Eso es lo más decepcionante del gobierno del cambio: que se ejerce como cualquier otro de los que se hacen elegir para repartirse las arcas del Estado entre amigos y mafiosos. No son casos aislados ni funcionarios desviados: la evidencia que se acumula no puede entenderse por fuera del copamiento y abuso estructural y sistemático de lo público que conocemos a la perfección. Casi que la improvisación y mediocridad en el ejercicio del poder serían pasables si no estuvieran dedicados a llenarse los bolsillos con nuestra plata. Petro lo sabe y se hace el de la vista gorda en franca complicidad con la numerosa cantidad de ladrones a quienes les abrió las puertas de la función pública. La pantomima del cambio para hacer lo de siempre: apoderarse del botín”.

Esos nuevos hechos de corrupción alimentarán la vergonzosa e incompleta lista que aparece en esta columna. Pinilla se adelantó a lo que muy seguramente sucederá: pagarán los más “guevones” porque los sistemas judicial, político y cultural están diseñados para que los corruptos con apellidos de afamados clanes políticos hagan uso de lo que se conoce como la economía del crimen o del delito.

El ethos mafioso está tan naturalizado en estos tres sistemas, que lo que la prensa y los ciudadanos del común llaman corrupción, para la élite política que está detrás de todos los escándalos de pago de coimas y tramoyas simplemente es el “derecho preferente a robar al Estado” porque sin ellos como alimentadores de los tres sistemas, el país colapsaría.

Imagen tomada de Youtube.com