TRANSFUGUISMO, CRISIS DE LOS PARTIDOS Y HOMÚNCULOS CONGRESISTAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El proyecto de ley con el que se validaría el transfuguismo al interior del Congreso confirma la crisis programática, estatutaria e ideológica de los partidos políticos, convertidos en vulgares cazadores de puestos en la burocracia oficial y de curules, que terminan sirviendo exclusivamente a los mezquinos intereses de quienes las poseen; de igual manera, ratifica que la irrupción de figuras jóvenes como Jota P Hernández y Miguel Abraham Polo Polo, entre otros, le hace un enorme daño a la política, al Congreso y a la democracia misma, en tanto la presencia en el Legislativo de estos dos homúnculos obedece a que engañaron a sus votantes y a los sectores sociales que dicen representar. Ya en el pasado hubo figuras parecidas como el senador alias “Manguito” y el recordado Anatolio (Anatolio, vota sí).

Jota P Hernández se hizo elegir con las banderas de la Alianza Verde. Este vulgar influencer se dio a conocer en las complejas circunstancias del estallido social. Vendió humo y logró una curul. Hoy en día defiende las ideas del uribismo y las de la extrema derecha, lo que confirma su nula formación política, su doble militancia y una actuación propia de timadores, porque terminó engañando a los electores que confiaron que él iba a defender en el Congreso ideas progresistas en beneficio de sectores populares históricamente vulnerables y excluidos.

El caso de Polo Polo es similar. Se hizo elegir como defensor de los pueblos afrocolombianos, pero sus actuaciones y discursos lo acercan más a los intereses de los viejos esclavistas. El inefable Miguel Polo Polo actúa como estafeta del uribismo. Algunos lo descalifican diciendo que es la “mascota” preferida de María Fernanda Cabal.

Lo curioso es que sea la bancada del Pacto Histórico la que impulse la iniciativa que, así sea por una única vez, valida y naturaliza el transfuguismo, lo que termina premiando la incoherencia, la nula seriedad, la escasa formación política y académica y la traición a sus electorales de congresistas como Polo Polo y Jota P Hernández, entre otros, a los que solo les interesa enriquecerse y hacer oposición sin discutir los proyectos del gobierno.

El transfuguismo es una práctica política que está ancorada en las crisis internas de los partidos políticos, en particular aquellos liderados por directores mañosos que manejan esas colectividades como si se tratara de un granero o en el mejor de los casos, como casas de apuestas o de lenocinio. El partido Liberal, por ejemplo, acosa una evidente crisis programática, estatutaria e ideológica provocadas en buena medida por César Gaviria Trujillo, su jefe único, quien alejó la colectividad de las ideas liberales, para acercar sus bases y propósitos electorales a la doctrina neoliberal que niega derechos, para asegurar o extender en el tiempo los privilegios de una clase históricamente privilegiada por la operación privada del Estado. Gaviria logró desaparecer el ala izquierda del partido Liberal.

Es cierto que hay congresistas que por sus discursos parecen no sentirse cómodos en sus colectividades. Si se mira la situación con detenimiento, ese sentimiento tiene una responsabilidad compartida entre los senadores o representantes que solicitaron el aval de los partidos en los que, una vez elegidos, dejaron de encajar y la dirigencia que los avaló.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR

ESMAD, MUJERES, 8 DE MARZO Y VIDRIOS ROTOS

 

 

Por Germán Ayala Osorio

La incursión violenta del Esmad en las marchas a propósito del Día de la Mujer volvió a poner de presente la valoración material vs el valor de la vida de los seres humanos. Cada que un vándalo o vándala raya una pared de un bien público o quiebra un vidrio de uno privado, vuelven los defensores a ultranza del ornato y de la propiedad, a justificar la violencia estatal, que puede terminar con la mutilación de los ojos o su desaparición.

Aunque en las marchas del 8M en Bogotá y otras ciudades no hubo mujeres mutiladas o asesinadas, lo ocurrido en la oscura Plaza de Bolívar con la violenta acción del grupo antidisturbios de la Policía no solo expuso el viejo y perverso dilema, sino al discurso del alcalde, Carlos Fernando Galán, quien en su posesión dijo que trabajaría para que las mujeres pudieran caminar tranquilas, sin miedo a ser robadas, manoseadas, asesinadas o violadas.  Pues bien, parece ser que en la administración de Galán tampoco estarán seguras las mujeres que salen a protestar o, como ayer, a conmemorar, pacíficamente, el Día Internacional de la Mujer.

Frente a las mujeres captadas vandalizando estaciones de Transmilenio, vuelven las mismas dudas que aparecen en las marchas masculinas: ¿se trataría acaso de infiltradas? Entonces, recordé que el 11 de abril de 2022 escribí una columna a la que titulé Vidrios violados, Mujeres rotas.

“La violación de Hilary Castro en una estación de Transmilenio en Bogotá y las protestas de un grupo de mujeres por lo sucedido con esta menor de edad, son el corolario de una sociedad machista en la que deambulan, al acecho, machos y depredadores sexuales, protegidos por la cultura dominante y la institucionalidad estatal.

Esos mismos machos, de la mano de una parte importante de la sociedad, naturalizaron la idea de que el cuerpo femenino es un territorio de conquista y de disputa, sometido a la lógica del «acceso libre» con la que siguen operando los violadores y el propio sistema de justicia.

Todo juega en contra de las mujeres en Bogotá y en Colombia. Los jueces las revictimizan al emitir juicios y recoger los hechos punibles. Las URI, en vez de ser espacios para acoger a las víctimas, son lugares en donde los funcionarios que, allí atienden, se convierten en los nuevos victimarios, por su indolencia y falta de profesionalismo: «Aquí no se reciben esas denuncias; usted es menor de edad y quien la violó es mayor de edad. Vuelva más tarde, ya cerramos». Así, a Hilary le falló el Estado y le fallamos como sociedad.

Las protestas de anoche derivaron en desmanes y afectaciones a buses y vidrios de las estaciones de Transmilenio. Una infraestructura que cuenta con seguros que cubren esos daños. Pero escandaliza más unos vidrios rotos y buses rayados, que la violación misma de Hilary. Y aparecen en escena periodistas, en particular hombres, a fustigar a las manifestantes por quebrar unos vidrios. A los periodistas que defienden por encima de la vida, lo material, solo les faltó titular: «Anoche en Bogotá, encapuchadas violan vidrios de estaciones de Transmilenio». Quizás lo pensaron, porque para ellos y, otros cientos de miles de ciudadanos, la violación de mujeres se les volvió paisaje, es decir, es algo ya normalizado.

Al final de la jornada, se escucharon las disculpas de la alcaldesa y el mea culpa de los funcionarios de las URI. Mientras sus vacíos e insustanciales discursos circularon en los medios masivos, en un rincón de su casa, Hilary Castro trata de superar la violación de la que fue víctima. Castro deambula destrozada, rota y rasgada por cuenta de una sociedad y un Estado que por décadas validaron la cultura patriarcal y su más infame expresión: la violación de mujeres”.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.com

DÍA DE LA MUJER EN UN MUNDO MASCULINO Y MASCULINIZANTE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Una conmemoración más del Día Internacional de la Mujer, en un país machista, misógino, clasista y violento como Colombia y en mundo masculino y masculinizante que se resiste a que las lógicas femeninas copen instancias y espacios de poder históricamente manejados por hombres.

Lo primero que como hombres debemos hacer cada 8M es pedir perdón por el discurso y las prácticas machistas que durante décadas y por generaciones nos sirvieron para someterlas, a través de un sistema cultural ancorado exclusivamente en las necesidades del Hombre. Un sistema cultural eficaz, eficiente, pero sobre todo fácil de reproducir porque operó de la mano de las ideas conservadoras (godas), de los miedos a pensar y actuar con libertad que les generó a millones de mujeres y por supuesto, del ejercicio doctrinario de la Iglesia Católica que redujo el rol femenino a garantizar la reproducción humana en los tiempos dispuestos por el hombre y sin darles a las mujeres la oportunidad de decir si estaban o no de acuerdo con ser madres. Y ni para qué hablamos de la posibilidad de abortar o de decir no, cuando el macho quería sexo.

Cuando se habla de procesos de sometimiento de la naturaleza y de las mujeres, hay que reconocer que los dos se dieron al tiempo. No se puede señalar que primero se dio la entrega del conjunto de los ecosistemas naturales-históricos a las lógicas economicistas y luego se dio la claudicación de la Mujer. Justamente, por darse juntos los dos procesos, el desarrollo extractivo y con este la acción de abrir trochas y hacer “mejoras” en ecosistemas selváticos con nulo valor comercial, se aportó a la consolidación de la idea de que el país y el mundo necesitó de la fuerza bruta de los Hombres, el arrojo y la valentía para asegurar el soñado desarrollo económico.

Cambiar ese sistema cultural masculino resulta una tarea titánica, casi una utopía. Proscribirlo es un imposible porque gran parte de todas las formas de violencia (simbólica, cultural y estructural de Galtung) y las guerras están fundadas en las luchas entre Hombres a los que les urge demostrar y confrontar su virilidad para ganarse la admiración de las Mujeres. Asociada a este imaginario, tomó fuerza la idea de que a las “mujeres hay que conquistarlas”, lo que implicó elevar sus cuerpos a la condición de “trofeos”.

Esa frase de cajón le ha servido al comercio, al cine y al sistema cultural para restarle fuerza a los movimientos feministas y por supuesto, al sentido histórico y reivindicativo de la lucha por la igualdad de derechos (salarial, derechos políticos) en aquel 8 de marzo de 1857 en los Estados Unidos. Hoy se entregaron rosas, ositos de peluche, chocolates y se hicieron invitaciones a almorzar, pero poco se habló de las brechas salariales, del acoso sexual y laboral que sufren a diario las mujeres.

Así entonces, de la misma manera como se conquista un territorio, a través de las guerras o de procesos de intervención antropocéntrica asociados al desarrollo económico (extractivo y de transformación de los ecosistemas naturales), se conquista a las Mujeres. Claro, vendrían entonces los matices y el melifluo discurso del “amor y la caballerosidad” para ocultar el carácter violento del sistema cultural creado en función de las necesidades del Hombre.

Quizás la lucha planteada por los movimientos feministas que pretenden la emancipación de las mujeres y el correspondiente rechazo de ese sistema cultural esté olvidando que detrás de la construcción social del género masculino y femenino está la condición aviesa del ser humano.

 

Adenda: la movilización de cientos de mujeres en Bogotá, a propósito de la conmemoración del 8M, terminó con la violenta intervención del ESMAD (compuesto por hombres). El alcalde Galán prometió en su campaña por la Alcaldía brindar seguridad a las mujeres. ¿Quién dio la orden de tirarles el Esmad a las marchantes?

Imagen tomada de IMER.

NÉSTOR MORALES Y LUIS CARLOS VÉLEZ ESTÁN "PETROFICADOS"

 Por Germán Ayala Osorio

 

Las agendas informativas de varios medios masivos se Petrificaron o se Petroficaron. Es decir, rondan casi que exclusivamente alrededor de lo que hace, dice, deja de hacer, tuitea o repostea en la red X el presidente de la República, Gustavo Petro.  

Blu radio, orientada en las mañanas por el tendencioso periodista-estafeta, Néstor Morales, es uno de esos medios con agenda Petrificada. Todos los días se despachan en contra del gobierno, pero en particular, contra la figura presidencial, de la que no pueden ocultar su desprecio.

El sesgo de Morales es tan evidente, que su versión de los hechos se impone sobre los matices o lecturas más responsable que Héctor Riveros intenta presentar. Este último, junto a Álvaro Forero, mantienen la cordura, lo que les permite hacer juicios más elaborados, que los de sus compañeros de cabina. Los demás asienten y aceptan sin chistar las interpretaciones particulares de Morales, convertido de tiempo atrás en el nuevo punisher del periodismo Petrificado o anti-Petro. Su antipetrismo, un tanto enfermizo, le resta credibilidad a Morales y a sus compañeros, al tiempo que los expone ante una audiencia que, a pesar de las manipulaciones periodísticas, cada vez más acude a informarse de otras fuentes que les ofrezcan menos sesgos y tratamientos tendenciosos como los que a diario entrega Blu radio. Por andar Petrificados, dejaron de hacer periodismo, para dedicarse al activismo político.

Junto a Semana, El Colombiano, El País, El Heraldo y El Tiempo, Blu radio y La FM consolidan el grupo de periodistas y empresas mediáticas que todos los días, muchas veces sin contrastar con las versiones del gobierno, entregan a sus audiencias una información contaminada de un inocultable clasismo y de una lectura amañada de los hechos políticos, asociada a los intereses de los propietarios de dichas empresas y los de los agentes que pautan en esos espacios. Valdría la pena que en los Observatorios de Medios de varias universidades se diseñen investigaciones académicas para corroborar lo que digo en esta columna. La hipótesis está servida.

Si la vigilancia y la crítica despiadada que hoy ejercen sobre el gobierno progresista hubiera sido aplicada al nefasto gobierno de Iván Duque Márquez e incluso, sobre las acciones y decisiones tomadas en los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez, entonces sería muy difícil verles el sesgo y en ocasiones, la perversa intención de tergiversar los hechos.  

Bajos esas circunstancias, dichos medios y periodistas son responsables en gran medida de la crisis de credibilidad que los acosa y la estampida de miembros de sus audiencias, cansados de ver y oír todos los días la misma narrativa antipetrista. Y lo peor de todo es que no hay auto crítica y mucho menos tienen la figura de un press ombudsman que defienda a las audiencias que a diario se exponen a la ojeriza con la que examinan al actual gobierno.

A Blu radio le vendría bien dar más visibilidad a Riveros y a Forero. Para el caso de La FM, valdría la pena que invitaran a hacer parte de la mesa de trabajo a un periodista, abogado, economista o filósofo, que contraste y confronte los tratamientos tendenciosos de Luis Carlos Vélez. Este joven locutor, en un ataque ideológico y al aire, le sugirió al entonces candidato Joe Biden, “tener un acto de caballerosidad y conceder en que gane Donald Trump”. De ese talante suelen ser sus “análisis”.

Adenda: imagino que Morales y Vélez no echan gasolina a sus vehículos en estaciones de Petrobas.

Imagen tomada de la red X

EL REGRESO DE VARGAS LLERAS: ETERNO CANDIDATO PRESIDENCIAL DE LA DERECHA

Por Germán Ayala Osorio

 

Noticias Caracol acompañó a Germán Vargas Lleras, político y propietario de la empresa electoral, Cambio Radical, en su participación en la reciente marcha del 6 de marzo. El noticiero privado le abrió los micrófonos al decaído “delfín” para que este se despachara en contra de las reformas a la salud y al sistema pensional que propuso el actual gobierno. Desde su tribuna en EL TIEMPO, periódico de Sarmiento Angulo, Vargas Lleras viene despotricando y proponiendo soluciones a los problemas del país, las mismas que jamás implementó durante su rol como vicepresidente de la República durante la administración de Juan Manuel Santos.

Algunos asumieron la nota periodística de Caracol como el “relanzamiento” de Vargas Lleras en su obsesión, o más bien, “derecho” de ser presidente de la República por ser nieto del expresidente, Carlos Lleras Restrepo. Igualmente, es visto como el vocero más visible de la Oposición, incluso remplazando al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez.

Muy seguramente Vargas Lleras será candidato presidencial en las elecciones de 2026, con el apoyo del Clan Char, el mecenas Sarmiento Angulo y de otros sectores de la derecha que creen necesario tomar distancia del uribismo, por el desprestigio que acumula el expresidente antioqueño, no solo por su condición de imputado por fraude procesal y manipulación de testigos, sino por los escándalos de corrupción de varios congresistas del Centro Democrático (CD), la empresita electoral de Uribe.  Aunque si comparamos a las dos colectividades, las dos arrastran una muy mala fama.

En Las 2 Orillas (2017) se lee lo siguiente: “Cambio Radical tiene 19 congresistas condenados por parapolítica, de 44 investigados; 11 alcaldes de Cambio Radical están siendo investigados por presuntos hechos de corrupción, y los gobernadores no se quedan atrás: la cifra llega a 8 entre investigados y condenados. La cereza del pastel es el “inefable” Gustavo Moreno, el Fiscal Anticorrupción capturado por corrupto, quien llegó al cargo en virtud de su militancia en ese partido. El mismo Germán Vargas Lleras, jefe máximo del partido y actual candidato a la Presidencia de la República, se encuentra salpicado por los dineros de Odebrecht que entraron a la campaña de “Santos presidente”, de la fuera fórmula vicepresidencial”.

Germán Vargas Lleras representa al viejo Establecimiento colombiano. Es godo en términos y asunto socio culturales y un neoliberal en lo económico. Aunque hizo parte del Nuevo Liberalismo, de la mano de Luis Carlos Galán Sarmiento, poco tiempo después huyó de esas toldas porque jamás se sintió cómodo con las ideas liberales. Vargas Lleras es godo y punto.

Es oficial de la reserva del Ejército, militarista y un defensor a ultranza de aquella idea de la “defensa legítima del Estado”. Poco le importa la histórica ilegitimidad del Estado colombiano, porque lo que debe primar es que el régimen de poder que está detrás de la operación del Estado se mantenga en el tiempo.

En diciembre de 2023 apareció “conversando” con niñas y niños sobre política y en particular, sobre el presidente Petro, de quien los menores expresaron los reparos que previamente le habían escuchado a sus padres y madres. Por supuesto que Vargas Lleras asintió y legitimó las opiniones de los menores, que dejaron ver el claro proceso de adoctrinamiento que vivieron dentro de sus núcleos familiares.  Hasta permitió que le preguntaran por sus dedos mochos. El video tuvo la pretensión en ese momento de ir erosionando la tosca imagen que proyecta el exvicepresidente de Santos. En este punto hay que decir que Vargas Lleras no tiene carisma y lleva la pesada fama de corrupto por estar al frente de Cambio Radical, colectividad que tiene en su historia a varios operadores políticos condenados.

Debe ser muy duro para este “delfín” de 62 años no haber podido llegar a ser presidente de la República, porque, de acuerdo con la tradición, tiene todos los méritos para sentarse en el Solio de Bolívar, por ser nieto de expresidente. Creo que ya es tarde para Germán Vargas Lleras.

Si decide lanzarse en el 2026, los especialistas en marketing político que contrate tendrán la titánica tarea de borrar su fama de intolerante, patán y grosero. El episodio del coscorrón no será fácil de olvidar, por cuanto allí dejó plasmado su clasismo y el carácter violento que lo acompaña. Su nulo carisma lo pone en desventaja frente a Miguel Uribe Turbay, nieto del expresidente Turbay Ayala, quien tiene el mismo “derecho” que le asiste a Vargas Lleras para convertirse en jefe del Estado; igualmente, le quedará difícil competir con las “tigresas” de Uribe (Paloma Valencia, Vicky Dávila y María Fernanda Cabal).

Vargas Lleras corre el riesgo de convertirse en el eterno candidato presidencial, tal y como ocurrió con el también godo, Álvaro Gómez Hurtado. Si en el 2026 se quema, lo mejor que puede hacer es retirarse de la política, porque lo que menos necesita el país, es un Cambio Radical.

 

Imagen tomada de Semana.com

MOVILIZACIONES DEL 6 DE MARZO Y EL NACIMIENTO DE TRES CATEGORÍAS DE MARCHANTES

 Por Germán Ayala Osorio

 

Las concurridas manifestaciones del 6 de marzo de 2024, en Cali, Medellín y Bogotá, no pueden desestimarse. Por el contrario, le corresponde al Gobierno y a sus defensores más fervientes, escuchar los reclamos, miedos y las molestias, para responder, inicialmente, con una estrategia de medios que tenga como objetivo erosionar la fuerza discursiva de esas expresiones ciudadanas.

 En general, las marchas en contra del gobierno de Gustavo Petro y de sus propuestas de reforma al sistema de salud, al modelo de pensiones y a las condiciones laborales, sirven para corroborar que no vivimos en una dictadura como gritaban hace poco agentes políticos del uribismo. Todos y todas regresaron a casa, sin haber sido violentados por el temido de Esmad de hace tres años, que terminó sacándole los ojos a más  de 60 jóvenes, torturando a otros tantos y violentando sexualmente a varias mujeres;  también sirven las movilizaciones para confirmar que en el fondo de todas las marchas realizadas, tanto por la izquierda, como por la  derecha, desde que arrancó la administración Petro, hay dos visiones irreconciliables de lo que debería ser el país, una tensión creciente entre clases sociales y una distancia muy grande entre quienes ya validaron el histórico ethos mafioso y aquellos que a toda costa se oponen a que este siga naturalizando la corrupción público-privada.

Más allá de si la derecha logró llenar o no emblemáticas plazas de Bolívar o parques públicos, vale la pena intentar categorizar a quienes recorrieron varios kilómetros en tres ciudades capitales, para expresar sus molestias y preocupaciones en torno a temas sensibles como las señaladas reformas, a lo que se suman los problemas de inseguridad en urbes y en territorios rurales, asunto que desborda la capacidad del actual gobierno, porque, justamente, expone la debilidad del Estado en su conjunto.

Hay que decir que las marchas de hoy expresan en gran medida el pensamiento de sectores de la derecha tradicional colombiana, sacudida por un gobierno progresista para el que jamás se prepararon, lo que sin duda aumenta su desconcierto, rabia y desazón. Pero dentro de ese amplio espectro, es posible encontrar validez en los reclamos, pero también confusión en quienes, con un bajo capital cultural, consumen lo que a diario cuentan los medios masivos que hacen parte de la Oposición.

En esa circunstancia de consumo informativo nace la primera categoría: los Marchantes Mediatizados (en adelante los MM), que son aquellos que consumen, sin contrastación alguna, lo que a diario informan y comentan medios hegemónicos como los noticieros de televisión Caracol y RCN; los programas radiales, La FM, La W y Blu Radio; y los diarios El Colombiano, Semana, El Tiempo, El Heraldo y El País. De esos MM se suelen escuchar versiones que indican que con la reforma a la salud vamos a regresar a los perversos tiempos del Seguro Social (ISS), que no habrá más atención y que los usuarios morirán por falta de atención en clínicas y hospitales. También se les puede escuchar decir que, con la reforma pensional, los ahorros se perderán. Con esas narrativas se lanzan a las calles sin reconocer que con la plata de los cotizantes a fondos privados se apalancaron negocios privados de los hijos del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y se construyeron vías y puentes, en beneficio del conglomerado de Sarmiento Angulo.

Luego vienen los Marchantes Politizados (en adelante, los MP) de los que hacen parte congresistas, expresidentes, exmilitares, voceros de partidos políticos tradicionales y operadores políticos, concejales y diputados. Llama la atención que quienes hacen parte de los MP, suelen presentarse como demócratas y defensores de las libertades ciudadanas, pero gritan “fuera Petro” y amenazan con evitar que el presidente de la República termine su periodo de gobierno. Los miembros de la Reserva Policial y Militar aducen que su presencia se debe porque están “dispuestos a defender las libertades y al país, porque vamos hacia el abismo”. Es decir, invocan circunstancias inexistentes, para justificar su propia confusión política e ideológica por tantos años de obediencia debida o simplemente, para ocultar que extrañan la operación de unas fuerzas armadas, convertidas por el uribismo en “armas letales que entran a disparar, para luego preguntar”.

Las razones que impulsan a estos MP, o “viudos del poder”, se explican porque sienten que están perdiendo privilegios políticos y de clase, asociados a las sempiternas cuotas burocráticas o a la representación en Juntas Directivas de empresas estatales o de entidades privadas que manejan recursos públicos. Además, se sienten maltratados por quien gobierna, porque a este último no le interesa compartir vanidades en perfumados clubes.

Se suman a los dos anteriores grupos de marchantes, los Marchantes Seducidos por un Pago (los MSP). Es fácil descubrir a quienes se movilizan bajo esa categoría porque normalmente no pueden hilar ideas y razones que expliquen su presencia en las movilizaciones. Sus argumentos, deleznables a la primera confrontación, los esgrimen sin asomo alguno de vergüenza y lo que es peor, con el convencimiento de que lo que están diciendo tiene sentido de veracidad y lógica. En muchas ocasiones, los llevan engañados o aceptan participar a cambio de un kit compuesto por almuerzo, gorra, bandera y 50 mil pesos.

En la sumatoria de los miembros de los MM, MP y los MSP vemos a una parte importante del país. Si la derecha que hoy se movilizó recupera el poder en el 2026, con algunos matices y ajustes, estas categorías podrán servir para categorizar a quienes en ese año o en los próximos, decidan protestar por las contrarreformas que de todas maneras harán para revertir los “daños” que les dejará el gobierno de Gustavo Petro.

• Adenda: contrario a lo que muchos pueden pensar, las recurrentes movilizaciones de ambos espectros ideológicos no fortalecen la democracia en términos institucionales. Lo que sí garantizan es el crecimiento de las diferencias políticas y sociales, lo que podría impedir la construcción de consensos y, por esa vía, el respeto a quien piensa diferente.

Imagen tomada de Cambio.

AMNISTÍA POLÍTICA, LEY DE PUNTO FINAL Y OTRO TRIBUNAL DE CIERRE

Por Germán Ayala Osorio

 

El regreso de Salvatore Mancuso Gómez, después de purgar una larga condena en los Estados Unidos, despertó suspicacias en las huestes uribistas que asocian la llegada del criminal paramilitar a un plan del gobierno para atacar política y jurídicamente al expresidente antioqueño, Álvaro Uribe Vélez. Después de publicada la misiva del Centro Democrático (CD) en la que exponen sus miedos por la existencia de dicho plan, el expresidente Uribe propuso que se abra la posibilidad de otorgar una especie de “amnistía política” para aquellos agentes políticos ya condenados por delitos cometidos en el marco de las dinámicas del conflicto armado interno.

Días antes de que se confirmara la deportación al país de Mancuso, el partido Comunes envió una carta al presidente Petro en la que proponen la conformación de un tribunal de cierre, distinto al de la JEP. Consideran los comparecientes de las antiguas Farc-Ep, que el espíritu con el que fue creada la jurisdicción especial de paz se perdió. En concreto, los miembros del partido Comunes exigen que las sanciones morales y políticas que se les aplicará por haber aceptado ser responsables de delitos de lesa humanidad y de guerra, se las impongan cuanto antes; igualmente, solicitan el cierre de todos aquellos procesos penales que siguen abiertos en la Fiscalía que, al ser amnistiables, como el delito de rebelión, daría tranquilidad jurídica a los excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz de La Habana.

Así entonces, la confluencia en el tiempo del regreso de Salvatore Mancuso al país, la propuesta de los comparecientes de las antiguas Farc de crear un tribunal de cierre distinto a la JEP y la propuesta del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez de otorgar una especie de “amnistía política” a los políticos condenados para que recuperen sus derechos políticos, hace pensar que más que un plan macabro del gobierno, lo que se estaría cocinando entre una parte importante del Establecimiento, el actual gobierno e incluso, la misma JEP,  es propiciar un ambiente político y por esa misma vía, un consenso generalizado alrededor de la necesidad de que los sectores sociales y políticos (empresarios, expresidentes de la República, exalcaldes y exgobernadores, entre otros) que quedaron por fuera de la JEP, gracias a que el triunfo del No en el plebiscito por la paz obligó a hacerle ajustes al texto firmado entre el Estado y las Farc en Cuba, comparezcan ante la JEP y asuman responsabilidades políticas, mas no penales. 

A todas luces resulta inconveniente pensar en crear otro tribunal de cierre, por cuanto la JEP fue creada con esa pretensión. Es decir, lo que habría que hacer es ajustar los tiempos del alto tribunal de paz, lo que implica ir cerrando los macro casos y generando las sanciones morales y políticas acordadas para aquellos comparecientes que aportaron verdad, repararon a las víctimas y expresaron su compromiso de volver a delinquir. Darle gusto al partido Comunes es abrir la posibilidad para que sectores de poder, como el uribismo, empiecen a ambientar una “ley de punto final” que beneficie política y jurídicamente al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y a los actores políticos y económicos, cercanos al exmandatario, que patrocinaron el paramilitarismo en Colombia.

Por lo anterior, la llegada de Mancuso Gómez y su aceptación en la JEP como “agente bisagra” por haber actuado como un “General” de facto y mando de tropa constituye un riesgo político y jurídico para Uribe y  los sectores de poder tradicional que el expresidente representa de tiempo atrás. Y es así, por los señalamientos que Mancuso viene haciendo en torno a que el hijo ilustre de Salgar (Antioquia) siempre estuvo al tanto de la ocurrencia de la masacre del Aro. Incluso, por la responsabilidad que según Mancuso y otros, le cabe a Uribe por el crimen de José María Valle. Todo lo anterior, en los tiempos en los que fungió como gobernador de Antioquia.

El gobierno de Petro no puede ambientar la creación de otro tribunal de cierre, por cuanto eso sería ir en contravía de lo acordado en La Habana, documento que no solo hace parte del bloque de constitucionalidad nacional, sino que es reconocido por la ONU como un texto oficial que obliga al Estado a dar cumplimiento al acuerdo de paz firmado en el 2016. De igual manera, tampoco puede prestarse para que en el Congreso se tramite una ley de “amnistía política” en el sentido en el que lo propuso Uribe Vélez.

El jefe del Estado debe esperar a que la Corte Suprema de Justicia elija a la nueva fiscal general, para que sea ella, quien acoja las peticiones del partido Comunes, en el sentido de cerrar todos los procesos penales que aún se mantienen activos en contra de los comparecientes de las Farc-Ep y que sean susceptibles de una amnistía generalizada. De igual manera, la nueva fiscal deberá dar la directriz para que todos los procesos que se llevan en contra del expresidente Uribe Vélez sean desempolvados, para que, si hay lugar a ello, se acuse formalmente al expresidente antioqueño por su aparente complicidad con las actividades criminales desplegadas por las estructuras paramilitares.

No debe permitir el gobierno que sectores de poder y la opinión pública asocien la idea de la Paz Total, con la búsqueda de una “amnistía política” para alcanzar una mayor gobernabilidad, permitiendo el regreso a la política electoral de operadores políticos, en su mayoría uribistas, que cohonestaron con crímenes cometidos por los grupos paramilitares.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.com

LOS MINISTROS O TECNÓCRATAS CORRUPTOS DE AYER

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el engañoso y sofista debate entre tecnócratas y políticos aparece la formación académica como un factor de clase que sirve ideológicamente para descalificar los recientes nombramientos del presidente Petro en el DPS, Planeación Nacional y en la UNGR.

Durante décadas la derecha colombiana, compuesta por tecnócratas y políticos neoliberales, hizo que profesionales de distintas áreas de formación universitaria asumieran ministerios y departamentos administrativos sin tener experiencia alguna, pues bastaba con hacer parte de cofradías políticas y académicas atadas a prestigiosas universidades privadas, como el Externado, Javeriana y los Andes y por supuesto, a los sempiternos partidos políticos convertidos en nidos clientelares y fieros negociadores de cuotas burocráticas en todos los gobiernos.

La entrega de ministerios a cada colectividad se hacía para que los puestos a proveer se entregaran a verdaderas corbatas, esto es, a políticos inescrupulosos, parásitos y corruptos. Eso en la minucia burocrática. Ya en el marco general de las políticas macroeconómicas, todos los gobiernos de derecha le apuntaron a concentrar más la riqueza en pocas manos, así como la tierra; acabar con la agricultura de subsistencia para premiar el modelo de la gran plantación para monocultivos de caña de azúcar y palma africana. Al final, por más de 30 años de gobiernos uribistas, la extrema pobreza y la desigualdad crecieron exponencialmente.

Volvamos al tema de los perfiles de los ministros. Alejandro Gaviria Uribe es ingeniero civil y fue ministro de Salud durante todo el gobierno de Juan Manuel Santos. Además de defender a las EPS y de evitar controlarlas en el manejo de las reservas técnicas, Gaviria es responsable políticamente de los desastres financieros de varias de esas entidades, convertidas en nidos de corrupción.

En ese tiempo la prensa que hoy se sorprende por las designaciones del presidente de la República, jamás se preguntó qué hacía un ingeniero civil en la cartera de salud. Ese hecho, hoy, no cuenta para el grupo de periodistas afectos al “viejo” régimen que critica los nombramientos de Petro, en particular el de Alexander López Maya en Planeación Nacional porque es abogado y no economista. Si fuera egresado de los Andes y de derecha, a lo mejor no generaría tanto rechazo.

Pasar por una universidad privada o pública no es garantía de que sus egresados, una vez metidos en la política electoral, exhiban un ejemplar comportamiento ético y moral. Como tampoco es garantía de que serán excelentes profesionales. Por el contrario, hay abundantes casos de egresados de prestigiosas universidades privadas que resultaron condenados por actos de corrupción. Andrés Felipe Arias es un claro ejemplo: fue condenado a 15 años por el manejo irregular de millonarios recursos del programa Agro Ingreso Seguro es economista egresado de la Universidad de los Andes.

Le cabe razón a El Espectador cuando dice en su editorial que “en últimas, un presidente tiene el derecho de armar sus equipos como considere y es algo que, por cierto, han hecho todos los mandatarios. Que alguien no tenga experiencia en el Estado no implica, de por sí, que no pueda ser un buen ministro o director de entidad pública. Los “técnicos” que llevan mucho tiempo en el poder (y aquí no nos estamos refiriendo puntualmente a los exfuncionarios del gobierno Petro, sino en general) han fallado de muchas maneras, por lo que es engañoso presumir que con una sola palabra se puede desacreditar cada nombramiento”. Llama la atención el cuidado del editorialista al evitar hablar de corrupción en los gobiernos de Uribe, Santos y Duque de la que hicieron parte tecnócratas, por acción u omisión.

Nuevamente la prensa, la Gran Prensa bogotana pone el foco en las maneras, para evitar mirar el fondo. Y el problema de fondo en el país es la corrupción público-privada y el ethos mafioso, el mismo que permitió los sobrecostos en la compra de los carrotanques de parte de la UNGR. Si se examina el asunto, en ese entramado de corrupción hay profesionales universitarios. Ese mismo ethos guió las decisiones de los congresistas que aparecen en la red de corrupción conocida como Las Marionetas. El excongresista Ciro Ramírez, del Centro Democrático, abogado, con estudios de posgrados en prestigiosas universidades privadas, está imputado y en la cárcel por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Lo que hemos visto por décadas en Colombia es presidentes de la República cómplices de la corrupción; animadores del ethos mafioso y defensores de sus ministros y congresistas, a pesar de estar señalados de cometer delitos graves. Recordemos la frase célebre de Álvaro Uribe Vélez, en el marco de la parapolítica: “les voy a pedir a todos los congresistas que mientras no estén en la cárcel, voten los proyectos”. Y la defensa a rabiar que hizo de su pupilo, Andrés Felipe Arias, a quien el expresidente y expresidiario y los del CD lo consideran una víctima de la justicia.

El problema no es de títulos académicos, el asunto de fondo es que el ethos mafioso se naturalizó de tal forma en el país que pasar por una universidad ya no es garantía de profesionalismo, pulcritud, decencia, probidad y capacidad para gerenciar asuntos del Estado. La realidad es que hay una élite mafiosa que se forma en las mejores universidades privadas de Colombia y del mundo, para hacer parte del Estado y dar rienda suelta a sus mezquinos intereses de clase y a sus vanidades.

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

¿ACTIVISTAS O TECNÓCRATAS NEOLIBERALES?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El presidente Gustavo Petro acaba de nombrar en Planeación Nacional, en el DPS y en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre (UNGRD) a tres leales amigos y activistas. En su orden: el congresista del Polo, Alexander López, el exconcejal de Bogotá, Carlos Carrillo y el escritor, Gustavo Bolívar.

Las reacciones de la derecha no se hicieron esperar para descalificar las designaciones por cuanto ninguno reúne los requisitos para asumir dichos cargos, en particular porque esas instituciones deben ser manejadas, según la narrativa, por técnicos o tecnócratas. Es decir, poner políticos profesionales es casi un “crimen” o, por lo menos, una “herejía burocrática o mejor, tecnocrática jamás vista en el país. Haré referencia exclusivamente a la designación de Gustavo Bolívar.

Con el nombramiento del escritor Gustavo Bolívar como director del DPS (Departamento Administrativo para la Prosperidad Social), voceros de la derecha neoliberal salieron a descalificar la elección porque al frente de ese cargo debe estar un “técnico” o preferiblemente un tecnócrata neoliberal, al estilo de los Chicagos Boys en Chile, y no un activista y fiel petrista. Más claro: Petro debió poner, en lugar de Bolívar, a un hijo, nieto, sobrino de expresidente de la República o recomendado político de los jefes de los partidos tradicionales o de aquellas colectividades interesadas en acercarse al gobierno nacional solo para asegurar puestos burocráticos, así reine la corrupción como ocurrió durante la gestión de Pierre García, al frente del DPS, durante el gobierno de Iván Duque Márquez (2018-2022).

Para este caso y de acuerdo con la narrativa de la derecha colombiana, no valen las lealtades ideológicas y políticas y mucho menos la amistad existente entre el presidente Petro y el novelista. Si los anteriores presidentes de la República nombraron en el pasado en ministerios y otras dependencias a eximios tecnócratas o “técnicos”, entonces ¿cómo se explican los altos índices de pobreza, desigualdad y exclusión, si eran tan buenos para ejecutar los presupuestos asignados? Avizoro dos respuestas: 1. Por tratarse de tecnócratas neoliberales, siguieron instrucciones de los gobiernos con el mismo talante: hacer inversiones mínimas, para mantener cautivos electoralmente a millones de pobres. Y 2. Los millonarios recursos se perdieron en entramados de corrupción y en la construcción de elefantes blancos.

 Ante todo, de acuerdo con la misma narrativa, esos cargos deben quedar en manos de gente experta, formada en universidades privadas de élite como la de los Andes, cuyos egresados normalmente hacen parte del círculo cerrado de las castas políticas que por años manejaron departamentos y ministerios con criterios asociados a la doctrina neoliberal y alejados, por supuesto, de cualquier intención de paliar en algo la extrema pobreza, la exclusión y la desigualdad que agobia a millones de colombianos desde hace más de tres décadas.

Claro que se necesitan los técnicos o los tecnócratas, expertos en el diseño de políticas públicas y en la aplicación de los enrevesados protocolos de un Estado del que siempre hubo quejas por ser paquidérmico e incapaz de dar cuenta de derechos consagrados en la Carta política de 1991, como tener vivienda, salud de calidad y un trabajo digno. ¿Cómo suplir, entonces, la falta de experiencia y el desconocimiento de Gustavo Bolívar? Fácil: como él mismo lo dijo, se rodeará de los que más saben, para liderar que los millonarios recursos lleguen a donde tienen que llegar y no se pierdan en dolosas contrataciones y desvío de dineros, como ocurrió con el caso de corrupción conocido como Las Marionetas, liderado por el excongresista, Mario Castaño, entramado criminal del que haría parte el exdirector del DPS, Pierre García, amigo del entonces presidente, Iván Duque Márquez.

Ojalá los tres nuevos funcionarios lideren con transparencia las dependencias asignadas. Por el reciente escándalo de corrupción en la UNGRD, Carlos Carrillo debe trabajar para evitar que hechos dolosos se vuelvan a presentar. De igual manera deberá proceder Gustavo Bolívar en el DPS, entidad que en el gobierno de Duque se presentaron hechos de corrupción. Y para el caso de López en Planeación Nacional, su obligación principal está en asegurar la ejecución eficiente, eficaz y transparente del Plan Nacional de Desarrollo.

Imagen tomada de EL TIEMPO. com

ÁLVARO URIBE VÉLEZ ESTÁ TEMBLANDO POR EL REGRESO DE MANCUSO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Salvatore Mancuso tiene temblando al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y quizás a otros agentes del Establecimiento señalados por el exjefe paramilitar de haber patrocinado a las AUC y de recibir el apoyo político y electoral de las estructuras paramilitares.

Una vez pisó tierra colombiana Salvatore Mancuso Gómez, el expresidente antioqueño grabó un video en el que de manera apresurada insistió en que jamás se reunió con el entonces comandante paramilitar, versión que contradice lo dicho por el criminal de lesa humanidad. Ahora, su partido, el Centro Democrático (CD) denuncia públicamente que hay un plan en contra de su líder natural, con el que sus derechos estarían en peligro. Y va más allá al pedir medidas cautelares a organismos internacionales, sin precisar uno en particular.

Sugieren en el señalado comunicado que la JEP y el Gobierno de Petro están usando a Mancuso Gómez como instrumento político para atacar a Uribe Vélez a través de los señalamientos que el excomandante paramilitar ha hecho en contra del expresidente, relacionados con su conocimiento sobre la ocurrencia de la masacre del Aro y otros hechos atados a los operativos paramilitares ejecutados durante la seguridad democrática.

El hecho de señalar en el comunicado que Petro, la JEP y Mancuso se aliaron para diseñar un plan político y legal para someter al expresidente Uribe a la justicia, constituye una lectura maliciosa y paranoica con la que el uribismo busca descalificar lo dicho por el criminal paramilitar. A lo mejor, en el fondo, lo que realmente está sucediendo y el propio Uribe Vélez lo intuye, es que una parte del Establecimiento colombiano estaría dispuesto a quitarle el apoyo y por ese camino dejar de protegerlo, quizás a cambio de beneficios jurídicos, económicos y políticos.

Exista o no un plan orquestado desde la presidencia de la República o que agentes poderosos del Establecimiento estén dispuestos a darle la espalda y la estocada final a quien usaron para estirar sus propios límites morales y éticos, lo cierto es que el país necesita procesar a Uribe Vélez, llevarlo a juicio y ojalá, condenarlo.

Nuevamente el CD descalifica a la JEP, al señalar que es un tribunal que fue creado con argucias y diseñado para y por las Farc. Además, cuestiona e invalida la lectura que la JEP hizo de lo expresado por Mancuso ante el alto tribunal de paz, en la que lo reconoce como agente bisagra. Según el CD, esa interpretación de la JEP se explica porque quieren “usarlo contra Uribe”.

Sin duda alguna hay nervios en las huestes uribistas y el propio Uribe Vélez luce descompuesto por el regreso de Mancuso, a quien extraditó, según un documento revelado por la revista Cambio, porque le dio la gana y no porque hubiese pruebas de que estaba delinquiendo desde la prisión en la que estaba recluido cuando Uribe, de manera discrecional, lo extraditó, junto a una docena de paramilitares, hacia los Estados Unidos.

Los nervios de Uribe aumentan ante la posibilidad de que Amelia Pérez Parra sea elegida por la Corte Suprema de Justicia como la nueva fiscal general por un hecho clave: Pérez Parra investigó en el pasado la masacre del Aro y otros hechos relacionados con el paramilitarismo. Es decir, Uribe Vélez tiene razones suficientes para estar asustado pues sus procesos penales en la misma CSJ, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y los que reposan en la Fiscalía no se han movido en años. En particular, durante la administración de Francisco Barbosa, ficha del uribismo, esos expedientes acumularon más y más polvo.

Imagen tomada de Vorágine

POLÍTICOS “VISAJOSOS Y LÁMPARA”: EL ENVILECIMIENTO DE LA POLÍTICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La política, como actividad pública, se sostiene del ejercicio del poder, sea este legítimo y legal, pero también puede soportarse en acciones y decisiones ilegales, pero legítimas. Y a la política llegan toda clase de individuos que, en el marco de la democracia representativa, contradictoriamente, poco o nada aportan a la consolidación del régimen democrático y mucho menos a la dignificación de la política. Han llegado borrachos y patanes al Concejo de Bogotá, como el concejal Lucho Díaz; al Congreso llegan figuras “simpáticas” como Anatolio Hernández, recordado porque le “soplaron” cómo tenía que votar un proyecto; o el recordado “manguito”. Por estos días caminan por el legislativo nacional, personajes como Jota P Hernández y Polo Polo, ignaros de la cosa pública, pero “reconocidos” en las redes sociales por su lenguaje procaz, racista, fascista y violento.

A lo largo de la historia de Colombia hemos escuchado en el Congreso de la República a congresistas con gran oratoria, asociada a una gran capacidad discursiva. Baste con recordar a Jorge Eliécer Gaitán Ayala, Horacio Serpa Uribe y el hoy presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Sus magistrales intervenciones, en términos argumentativos, dignificaron el debate como función y actividad propia de los congresistas. Hoy, quedan muy pocos, porque varios están interesados en desbaratar el quorum para no tener que escuchar a quienes desprecian, pero, sobre todo, lo hacen por miedo a que los terminen convenciendo por la calidad de los argumentos esgrimidos.

Ahora vemos desfilar por concejos y en el mismo Congreso, pistoleros como el concejal Escobar de Cali, “influenciadores” y “youtubers” que, de la nada, se volvieron virales y por arte de birlibirloque, en políticos “visajosos y lámpara” en busca de likes con los que ocultan su precaria formación académica, pero, sobre todo, su bajo capital cultural.

No pasó mucho tiempo para que aquellos llegaran a la política: nacieron más o menos en el 2004 los llamados “youtuber” o “influenciadores”. Por estos días aparecieron en la vergonzante escena pública los concejales Julián Forero, alias Fuchi, y Ángelo Shiavenato. El primero, lo hizo enfrentando a la policía desde la sempiterna expresión “Usted no sabe quién soy”; y  tomados de la mano, los concejales subieron una moto al edificio legislativo para demostrar que son “visajosos” y “lámpara”. Ambos llegaron al Concejo de la capital del país con el apoyo electoral y político de Rodrigo Lara Restrepo. Hay que recordar la escena en la que Lara Restrepo quiso enfrentarse a golpes con un vigilante.

La posibilidad de ver en el Congreso a personajes como Polo Polo y Jota P Hernández dice mucho de la apertura del cerrado régimen democrático, pero también habla de un ascenso social y político que contrario a lo que se pueda pensar, empobrece el ejercicio de la política y en particular, anula la posibilidad de debatir con argumentos, en una sociedad que se acostumbró a que gane el más macho, el más violento, el más patán.

Dice la escritora y columnista, Piedad Bonnet, que “esta es una época que ama lo chirriante y desmesurado. De ahí que un tipo como Trump seduzca a medio mundo a punta de cinismo, grosería, rudeza, y mal gusto –los tennis dorados que acaba de lanzar para recoger fondos han sido perfectamente calculados por sus asesores-. A su público le divierten sus expresiones machistas, xenófobas, racistas, y lo tiene sin cuidado que haya estafado, engañado al fisco o promovido descaradamente el asalto al capitolio”.

En Estados Unidos deben lidiar con los millones de Donald Trump que aman la patanería, la xenofobia, el machismo y el racismo. Por los lados de Colombia la cosa no es muy diferente. A pesar del debilitamiento de la figura de Uribe Vélez, una parte importante de la sociedad sigue pensando que lo que este país necesita es “mano dura, un Padre violento, un Macho cabrío”.

Es cierto que una parte importante de la sociedad americana se siente cercana a las patanerías y al discurso básico de Trump. Ahora, si comparamos este momento histórico por el que atraviesa los Estados Unidos y su particular ejercicio de la política, con lo sucedido en Colombia en el 2002 con la irrupción de Álvaro Uribe Vélez, podríamos pensar que el país del Sagrado Corazón está superando esas formas azarosas, arcaicas, premodernas, desmesuradas y violentas maneras de entender y asumir la política. En su momento de mayor aceptación, la patanería de Uribe Vélez se legitimó de tal manera, que desde varios sectores de poder económico, mediático y político les pareció razonable que gobernara 12 años. Se sumó a la gran aceptación social, mediática y política, el presentarse como “un macho cabrío, capaz de dar en la cara marica” y el único decidido a acabar militarmente a las guerrillas, sin importar los costos y los daños “colaterales” que al final produjo su política de Seguridad Democrática: 6402 falsos positivos, millones de desplazados, cientos de desaparecidos y la degradación misional del Ejército nacional por aceptar en sus filas a unidades paramilitares.

En las elecciones de 2022 quedó probado que una parte de la sociedad colombiana sigue atada a las malas maneras, a la vulgaridad, al mal gusto, pero, sobre todo, a hombres públicos básicos en sus maneras de expresarse. Recordemos que la derecha le apostó a elegir como presidente de la República a Rodolfo Hernández, un “cucho” mal hablado, grosero, básico, parroquial, machista y con una gran dosis de cinismo. Fue, para muchos, nuestro Donald Trump. Por fortuna, fue derrotado.

Imagen tomada de Pulzo.

GENOCIDIO EN GAZA: EL RIESGO DE VIVIR ENTRE SERES HUMANOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de calificar como “carnicería” y genocidio lo que viene haciendo el ejército de Israel en contra el pueblo palestino en la franja de Gaza, se evidencia la crisis de legitimidad de la ONU y se pone de presente la complicidad política de las potencias mundiales, como los Estados Unidos, con el Estado sionista responsable de la execrable escabechina.

Las acciones criminales de Israel y de Hamás exaltan una realidad asociada a la aviesa condición humana: el riesgo de vivir. Hay suficientes evidencias en el pasado que confirman ese carácter avieso de la especie humana: baste con recordar las dos guerras mundiales, varios conflictos armados internos que se degradaron, como el colombiano, y el Holocausto nazi contra el pueblo judío. Este último, en el pasado fue víctima, hoy funge como un victimario, interesado en demostrarle al resto del mundo que “son el pueblo elegido” y que los palestinos no merecen vivir.  

Somos la única especie sobre la Tierra que “mata más y mejor”. La única que todos los días avanza técnica y científicamente para someter, masacrar o desaparecer a un pueblo X, previa elección o decisión de un presidente o de general de una República militarmente preparada para adelantar esos propósitos que ya no tiene mayor sentido descalificarlos desde una perspectiva moralizante.  No.

Quizás sea tiempo de consolidar una narrativa que nos lleve a comprender que los “riesgos de vivir” son connaturales a la condición humana. De esa manera, erosionamos las justificaciones que militares, políticos, presidentes, expresidentes e individuos a lo largo y ancho del mundo expresaron después de que Israel sufriera el cruento ataque de Hamas. Por esa misma vía, marchitamos las ideologías y ponemos en crisis los discursos teológicos con los que se pretenden justificar la pulsión humana de tener o querer asesinar, de manera colectica o individual, a quien se considera enemigo, impío, pecador o simplemente indigno por no hacer parte de la elección caprichosa de una deidad.

Esa narrativa nos debe llevar a evitar aludir a cada Dios presente en las culturas, para justificar masacres, violaciones o genocidios. El problema no está en los dioses: está en nosotros, en nuestra perversidad, estolidez, pues finalmente fueron creados para ese cometido. Las religiones y con estas las figuras deíficas son los sólidos parapetos en los que ocultamos y matizamos la pulsión de asesinar, someter, estigmatizar y masacrar.

También debemos aceptar que no hay forma ni camino alguno que nos lleve a vivir en un paraíso en el que corran ríos de miel y leche, en los que nos sumerjamos para amarnos unos a los otros. No. Ni siquiera en escenarios postnaturaleza o en los asociados al poshumanismo será posible.

A pesar de las multitudinarias marchas en rechazo al genocidio israelí y la consecuente defensa del pueblo palestino, organizadas en ciudades importantes de USA y Europa, la vida continúa, el planeta sigue girando y cada sociedad enfrenta sus propias realidades, las mismas que les impide ocuparse de lo que ocurre en Gaza.

Imagen tomada de The Conversation

LA DICHA DE PALOMA VALENCIA POR ROMPER EL QUORUM

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Ver la dicha de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, por haber roto el quorum de la plenaria en la que se iban a discutir los proyectos de reforma a la salud, pensiones y laboral constituye, sin ambages, una grotesca burla al carácter democrático del Congreso. No creo que se pueda considerar una afrenta a sus electores, porque muy seguramente quienes votaron por su curul piensan y actúan de la misma manera. Y a lo mejor, comparten la misma pobreza discursiva de la senadora caucana.

Firmar la asistencia, abandonar el recinto y evitar que la discusión de las propuestas se dé al interior del Congreso se explica porque la curul de Valencia, como la de los otros congresistas de la derecha, está asociada a los intereses privados de sus patrocinadores y por supuesto, a su pobreza argumentativa que se extiende a compañeros como Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal, que han exhibido una incontrastable pobreza discursiva y argumentativa, solo superada por el excongresista Ernesto Macías, un verdadero homúnculo e ignaro.

Huirle al debate de las ideas políticas y las razones técnicas que rodean la discusión de las reformas presentadas por el gobierno Petro es propio de legisladores pusilánimes, cuya capacidad oratoria es limitada. De esa manera, lo que van consolidando es una clase parásita al interior del Congreso, cuyos miembros ni siquiera son capaces de confrontar, con argumentos sólidos, las apuestas legislativas del Ejecutivo. El camino más fácil es salir corriendo. Prefieren esa vergüenza, a verse derrotados discursivamente.

El congresista vallecaucano, Wilson Arias Castillo criticó con vehemencia la actitud asumida por Paloma Valencia y sus compañeros de bancada. Arias señaló en su cuenta de X: “Ver a los congresistas del @CeDemocratico orgullosos y felices de no cumplir con sus funciones legislativas, ilustra por qué de allí sale tanto corrupto y por qué no debería sorprendernos que los enaltezcan como “héroes”.

Ese comportamiento, validado internamente, tiene un contexto y unas circunstancias que lo explican y lo hacen posible. Y tiene que ver con la privatización del Estado y su operación sectorial e interesada.

La captura del Estado empieza a concretarse con la operación del Congreso. La tarea de continuar con ese proceso de cooptación depende en buena medida de los congresistas, en particular aquellos que llegan a dicha corporación legislativa financiados por grupos económicos y empresas que los necesitan para que torpedeen proyectos de ley que los puedan afectar por su carácter colectivista o conducente a paliar problemas graves como la desigualdad, exclusión y la pobreza, o, por el contrario,  para sacar adelante iniciativas legislativas que los beneficien, ampliando así privilegios de clase.

Los proyectos de reforma laboral, pensional y a la salud que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro al Congreso de la República avanzan a paso de tortuga por cuenta del rechazo que generan dichas iniciativas en empresarios y en los propios fondos de pensiones privados (que poco pensionan). El problema está en que el carácter y el sentido de esas reformas terminarán por afectar los mezquinos intereses de aquellos sectores de poder que están cómodos y felices con las condiciones laborales precarias existentes, las mega pensiones subsidiadas por el Estado a un grupo pequeño de privilegiados y la posibilidad de que congresistas y excongresistas pierdan el control del negocio de la salud, porque son dueños de IPS o hacen parte de las juntas directivas de EPS que vienen manejando los billonarios recursos económicos, que les entrega el Estado, sin auditoría alguna, lo que derivado en corrupción y la quiebra de un centenar de EPS.

Así entonces, la euforia de Paloma Valencia sirve para constatar su pobreza discursiva y el terror que le tiene a escuchar a quien podría tener la razón. Valencia le tiene pavor a reconocer que sus posturas están fundadas en equívocos ideologizados, alimentados por su origen de clase. Su llegada al Congreso no estuvo mediada por el ánimo de servir a la ciudadanía, sino para cumplirle con creces a quienes la pusieron en el Congreso, a pesar de su evidente pobreza discursiva.

Imagen tomada de W radio 

RAZONES PARA CUIDAR LA VIDA DE SALVATORE MANCUSO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El robusto, intimidante y espectacular operativo con el que se recibió a Salvatore Mancuso Gómez, deportado de USA y la decisión de disponer de 64 guardias entrenados por los Estados Unidos, y el diseño de 5 anillos de seguridad en torno a la celda en la que quedó recluido el excomandante paramilitar, tiene a más de uno indignado, en particular a quienes, a pesar de las evidencias, siguen defendiendo a los políticos, empresarios y militares que Mancuso vincula de tiempo atrás con sus actividades criminales.

Mientras se define su situación jurídica y se confirma su rol como Gestor de Paz, Mancuso Gómez vivirá en una celda de 12 metros cuadrados, aislado y sin contacto con otros delincuentes. Mucho menos podrá recibir visitas de aquellos políticos, militares y empresarios con quienes en el pasado compartió cocteles e informes de cómo avanzaba el proyecto paramilitar, en sus perspectivas económica, social y política, que lideró el hoy despreciado y abandonado comandante de las AUC.

Salvaguardar la vida de Mancuso constituye una insoslayable responsabilidad estatal por dos razones fundamentales: 1. Como agente bisagra, actuó como si fuera un General de la República, de facto, pero al fin y al cabo General. Con mando de tropa, Mancuso ordenó operativos militares (con tropas de las AUC) que terminaron en masacres de campesinos, en desplazamientos forzados de cientos de comunidades y en la desaparición de un centenar de hombres señalados de ser colaboradores de las guerrillas o líderes sociales incómodos.

Mancuso es la memoria viva de la degradación misional del Ejército y de la captura paramilitar de esta y de otras tantas instituciones públicas, como el Congreso, el antiguo DAS, entre otras tantas. La presencia de Salvatore Mancuso Gómez en la JEP no se da tanto por su condición de paramilitar, pues para ello está el marco jurídico, Justicia y Paz, sino por haber servido de bisagra entre militares y los miembros de las AUC, en las tareas que empresarios y políticos les encomendaron: amedrentar, desplazar, asesinar y desaparecer campesinos incómodos para quitarles sus tierras; y las otras tareas que brotaron de los incentivos monetarios, bacanales, vacaciones y ascensos, entre otros, propios de la seguridad democrática, el decreto Boina y la Directriz 025 de 2009: asesinar jóvenes inermes para ser pasados como guerrilleros muertos en combate.

2. Por ser testigo directo de masacres declaradas como delitos de lesa humanidad, como las del Aro y La Granja, entre otras, Salvatore Mancuso es una fuente creíble para la justicia colombiana, en particular para los modelos de justicia transicional, Justicia y Paz y la JEP, tribunal que aceptó a Mancuso en calidad de compareciente por ser agente bisagra, tal y como lo declaró el alto tribunal de paz. El expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez es señalado por Mancuso y otros actores, incluidos periodistas, de tener conocimiento de la comisión de esa masacre: “Todo el tiempo Uribe- siendo gobernador de Antioquia- estuvo al tanto de la masacre del Aro”, dijo a la JEP el excomandante paramilitar. Así entonces, la declaratoria de las masacres del Aro y de La Granja como delitos de lesa humanidad y la condena de la CIDH proferida contra el Estado, lo obligan  no solo a pedir perdón, sino a hacer ingentes esfuerzos para señalar responsabilidades políticas que escapan a los límites jurídicos de la justicia internacional y nacional.

Las dos razones anteriores son del fuero exclusivamente estatal, pero hay otras que rondan los intereses del actual gobierno. He aquí tres razones ético-políticas que tendría el gobierno de Gustavo Petro para garantizar la vida de Mancuso y contribuir a la construcción de verdad, justicia, reparación y no repetición: 1. En su rol de Senador, fue Petro quien investigó y fustigó a poderosos agentes políticos y económicos por sus relaciones criminales con las AUC y en particular con los jefes Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Por su condición de outsider, Petro siempre quiso exponer y avergonzar a miembros de la clase política y económica que se aliaron con los paramilitares para asesinar campesinos, violar mujeres y adolescentes y desplazar a millones de compatriotas. Es posible que Petro, como presidente de la República, en algo haya matizado ese genuino interés que guió su vida de congresista, en la medida en que, para ganar en gobernanza y gobernabilidad le tocó abrir espacios de diálogo con aquellos en los que en el pasado señaló de ser aliados de los paras.  

2. Al nombrar a Mancuso como Gestor de Paz, el presidente Petro manda un mensaje de reconciliación a esos sectores políticos y económicos que patrocinaron a los grupos paramilitares y qué mejor que invitando a quien fungió como ese actor bisagra entre agentes de la sociedad civil empeñados en “acabar” militarmente con la guerrilla y de militares activos que aceptaron cumplirles los deseos a los reputados civiles, eso sí, dejando la “tarea” sucia de asesinar civiles, a las estructuras paramilitares que en varias ocasiones las hicieron pasar como tropas oficiales.

3. Gustavo Petro respeta profundamente el trabajo que viene adelantando la JEP, como jurisdicción de paz, en la medida en que ese alto tribunal viene coadyuvando a que los deseos ético-políticos del presidente Petro se cumplan. La aceptación de Mancuso como agente bisagra constituye un hecho jurídico, pero también político que termina conectándose con las aspiraciones del jefe del Estado de consolidar la Paz Total no solo sobre la desmovilización del ELN y de los otros grupos armados ilegales, sino sobre una verdad histórica, social, política y jurídica que él cree que el país necesita para pasar las ignominiosas páginas del degradado conflicto armado interno.

Quizás Petro tenga en mente que los aportes de Mancuso a la verdad (histórica, social, económica y política) sirvan para desenmascarar a específicos y poderosos actores políticos y empresariales con los que hoy no tiene las mejores relaciones.

Imagen tomada de Caracol Radio.