DESPUÉS DE LAS MOVILIZACIONES, PETRO DEBE DIRIGIRSE AL PAÍS QUE MARCHÓ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Terminada la jornada de protestas en las principales ciudades del país, ¿qué debería de hacer o responder el gobierno? Sugiero al equipo de asesores, a RTVC y al propio presidente de la República elaborar con aplomo y consistencia argumentativa una respuesta a través de una alocución presidencial con la que el jefe del Estado desmienta a aquellos marchantes que justificaron su presencia en las masivas movilizaciones, basados en mentiras o interpretaciones erróneas en torno a los objetivos e impactos de las reformas a los sistemas de salud y pensión. Hay que decir que las incertidumbres de cientos de miles de los que salieron a marchar son el fruto del trabajo desinformativo y la “mala leche” de periodistas y opinadores de medios como El Tiempo, Semana, El Colombiano, La W, La FM y Blu Radio, que acordaron de tiempo atrás deslegitimar al gobierno de Petro.

Temas como el alto costo de la gasolina, el desempleo y la narrativa aquella que dice que “Colombia va muy mal, que va por el despeñadero del comunismo”, ameritan una respuesta contundente del gobierno. Una mentira repetida mil veces, y con la ayuda de los señalados medios de información, se convierte en verdad.

En torno a los políticos que lideraron las marchas, el presidente, en la misma alocución, debe confrontarlos para desnudar sus incoherencias y en especial, sus responsabilidades políticas frente al silencio que guardaron frente a la debacle de las EPS, la corrupción en el manejo de billonarios recursos. Para el caso de las pensiones, ponen en evidencia a aquellos que salieron a caminar las calles por la defensa del sistema privado de pensiones, a pesar de que cotizan o ya tienen pensiones altas fruto del ahorro en Colpensiones, entidad demonizada por personajes como Francisco Santos y David Luna. Sería interesante analizar el caso de la pensión de “Pacho” Santos y saber si Luna, de Cambio Radical, cotiza a un fondo privado o en Colpensiones.

Podría el presidente de la República hacer referencia a casos puntuales para consolidar sus argumentos y las razones por las que el país necesita modificar el inequitativo y deshonroso modelo pensional. Se me ocurre que coja el caso del e exsenador Ernesto Macías quien públicamente dijo que los fondos privados de pensiones lo engañaron, razón que lo llevó a pasarse, en tiempo récord por ser congresista, a Colpensiones. En la alocución, Petro puede exhibir los titulares con los que la prensa registró ese hecho: “Los fondos de pensiones me engañaron: Ernesto Macías” (La W). “Ernesto Macías explica su traslado de fondo de pensiones. "cuando a mí me vendieron el fondo privado lo hicieron a través de una cantidad de engaño y quienes no conocemos bien el 'modus operandi' de esto se cae en engaños" (El Tiempo).

Frente a los cientos que salieron a mojarse por el solo hecho de que odian a Petro por haber pertenecido al M-19, el presidente debe enviarles un saludo de reconciliación, explicando brevemente las razones objetivas, reconocidas así por el entonces presidente Belisario Betancur Cuartas, para haberse levantado en armas. Y dejarles claro que no participó de la toma del Palacio de Justicia. También sería pertinente volver a pedirle perdón al país por la toma del recinto de la justicia por un piquete del M-19.

Y no está demás que el propio presidente de la República, en la misma alocución, le haga una invitación formal a los medios aquí señalados, para que informen respetando el mandato constitucional de hacerlo con veracidad y responsabilidad social.

Adenda: no está bien que el presidente Petro le dé retuit a un video en el que Jaime Garzón, representando al exministro neoliberal, Rudolf Hommes, alude a la clase dominante.

Imagen tomada de Noticias Visión del Tolima

MARCHAS DEL 21 A Y EL LUGAR DEL CENTRO POLÍTICO

 

Por Germán Ayala Osorio

Con las marchas adelantadas por la oposición en contra del gobierno progresista de Gustavo Petro, algunos comentaristas se preguntaron por cuál sería o debería de ser la reacción de quienes se ubican en el medroso centro político. Para infortunio de quienes insisten en ubicarse en esa instancia política e ideológica, figuras públicas como Sergio Fajardo, auto proclamadas como de centro, informaron que participarían de las marchas del 21 de abril, gritando a voz en cuello, “fuera Petro”, “abajo la dictadura” y en defensa de los agentes privados que dominan las pensiones y la salud en Colombia.

Por supuesto que Fajardo no podría ubicarse como alternativa política a las polarizantes sectores de la izquierda y la derecha. El ex gobernador de Antioquia es y será siempre de derecha, así algunos medios masivos, líderes de opinión y el propio profesor insistan en ubicarlo en el espectral sector político.

En un país históricamente dominado por una derecha mafiosa y criminal la respuesta natural a esos procesos ignominiosos que lideraron sus más connotados miembros que terminaron en la captura del Estado, sobrevino de una izquierda mal representada por unas guerrillas que jamás entendieron qué era eso de hacer la “revolución” y mucho menos de ser y comportarse como revolucionarios.

Mientras la derecha se consolidaba como única opción de poder, la izquierda, originalmente fragmentada por el dilema de apoyar o no la lucha armada liderada por los grupos subversivos levantados en armas en los años 60, apenas si lograba ganar un lugar en una sociedad derechizada, goda y poco leída gracias a la manipulación de los hechos por parte de la gran prensa del establecimiento.

La presencia otoñal de esas guerrillas jamás puso en riesgo la hegemonía de esa derecha, pero le sirvió a la élite dominante recrear la narrativa de un riesgo inminente de que llegara al país el “comunismo” en sus versiones modernas: el castrochavismo o ahora, el petrismo. De allí, entonces, que dispusieron llevar a la Casa de Nariño al más cruel y despiadado político que sirviera a sus propósitos económicos y políticos, ajustados a las tesis del neoliberalismo: Álvaro Uribe Vélez.

Bajo esas circunstancias, el centro político jamás sirvió como alternativa al enfrentamiento ideológico en el que ha vivido Colombia en los últimos 60 años. Quienes de manera temprana quisieron ubicarse en ese sector ideológico y político, asociado a los planteamientos de la Tercera Vía, no tuvieron el arrojo y la sagacidad para construir un ideario visible y creíble alrededor de qué es eso de ser de centro. La verdad es que en Colombia no emergieron líderes de centro capaces de tomar distancia ética de los errores y delitos cometidos por quienes siempre estuvieron y están aún atornillados a una derecha inmoral porque su proyecto de país y de desarrollo económico es socio ambiental y ecológicamente insostenible. En estos tiempos de crisis climáticas y civilizatorias a decir de Enrique Leff, el centro y la izquierda deberían de confluir en el propósito de ahondar el proyecto progresista que hoy medianamente manda en Colombia.  Pero no. Aquellos que se auto proclaman de centro o en la centro derecha e incluso, en la centro izquierda, exhiben miedo de perder los privilegios alcanzados o de simplemente ser señalados como traidores por unos, y de tibios, por otros.

La presencia del centro político ha sido más bien espectral por la incapacidad de quienes se auto proclaman militantes de ese espectro ideológico, de consolidar una narrativa diferenciada de las apuestas de la derecha y por esa vía un ideario sólido y creíble. Han sido tibios en sus posturas y han evitado confrontar con firmeza a quienes, desde esa derecha corrupta, criminal y privilegiada, convirtieron a Colombia en un país feudal, desigual, violento y pobre, en medio de una exuberante riqueza ambiental.  

Lo cierto es que el centro político ha servido más bien como estratagema electoral de políticos y ciudadanos del común que a pesar de sentir algo de vergüenza por los hechos de corrupción en los que han estado involucrados congresistas y presidentes de la República y de corporaciones privadas,  optaron por guardar silencio para evitar confrontar, por ejemplo, a aquellos movimientos y partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical, dos de las colectividades con más miembros investigados, procesados y condenados por corrupción, entre otros delitos.

Imagen tomada de Youtube.com

 

EL HUMOR BURLESCO Y DAÑINO DE DANIEL SAMPER OSPINA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Daniel Samper Ospina padece de la inocultable Petrofobia que describió con toda su patología María Jimena Duzán en columna de marras. (Ver columna). En su espacio semanal NotiDanny explicita su radical animosidad contra el presidente de la República. Es tal el repudio que lo anima, que lo que él considera humor es una simple diatriba ideológica.

En sus reiterativos monólogos Samper Ospina no usa los hechos de la realidad para elaborar un discurso político, acompañado de mofas y comentarios inteligentes, como lo hacía Jaime Garzón. No. Por el contrario, apela a hechos noticiosos para tergiversarlos, para mentir o minimizar los logros del actual gobierno. Entre NotiDanny y RCN o Caracol las únicas diferencias son el set, los dos gatos llamados Nicolás (en razón a los hijos de Petro) y claro, las presentadoras.

Imagino que Samper Ospina, hijo del decano del periodismo en Colombia, Daniel Samper Pizano, cree a pie juntillas que su “noticiero” es chistoso. Pero no es así. Por el contrario, su “humor” se torna aburrido y soso porque no hay sorpresas, es repetitivo. No hay elaboraciones inteligentes. El libreto cada ocho días es el mismo: en el centro está la figura de Petro, o Berto, o el Mesías Humano.

Es tan básico su humor que insiste en burlarse de los enanos, de los mochos, incluido Vargas Lleras; o de los que tienen labio leporino; los alias de los criminales le sirven para dar rienda suelta a lo que parece ser una fijación anal. Entonces, ante el alias ‘Diarrea’ y la imagen de un médico proctólogo pregunta: ¿se le sale el popó? Y aparecen repetidamente en sus emisiones otras “micciones” ideológicas.

Además, parece tener una fijación con el aparato reproductor masculino y con aquel con el que a diario la humanidad se “caga” literalmente en el planeta. No hay emisión en la que no repita imágenes alusivas al trasero del presidente de la República.

En el pasado, cuando fungió como director de la revista SOHO, usó el cuerpo de las mujeres que logró que posaran desnudas, para minimizarlas en una sociedad machista, patriarcal y con inocultables visos de misoginia. En internet circulan pantallazos de correos electrónicos enviados por Samper Ospina en los que se refiere de mala manera a los cuerpos de sus modelos. “Ni se te ocurra, por nada del mundo, decir que te las mostré, pilas que me matan”, escribió para email que envió en 2011 a una persona que reconoce como su “mentor”. También usó frases como: “Están muy buenas”, “de resto hay una marimacha” y finalmente “guárdame la espalda, tú no has visto nada”.

Por todo lo anterior, la apuesta humorística de este refinado payaso no cabe dentro de la categoría de humor político. Lo que hace es otra cosa: en lugar de humor, practica una burla dañina con propósito ofensivo.

Imagen tomada de Facebook

ALCALDE DE CALI Y LA NARRATIVA DE UNA CIUDAD VIOLENTA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, solicitó a los medios morigerar o cambiar la narrativa negativa que brota de los problemas de inseguridad que soportan los caleños de tiempo atrás. A diario vemos en las redes videos de robos, riñas callejeras, persecuciones policiales y asesinatos. El mandatario local dijo lo siguiente: “Tal como lo he pedido a los medios nacionales, por favor cambien la narrativa de lo que es Cali. Eso tiene que cambiar. Cali es una ciudad fuerte y es una ciudad capital que va a salir adelante”.

El reclamo de Eder lo hizo mientras Noticias Caracol le hacía un publirreportaje con el que el noticiero trató de destacar lo positivo de una administración que apenas lleva tres meses. Aquí hay una trampa mediática y política en la que caen todos los mandatarios cuando un medio masivo de información insiste en que es posible evaluar una administración en tan poco tiempo al frente de ciudades que arrastran problemas complejos. El alcalde debió decirle al director del medio que es casi imposible evaluar su gestión en tan poco tiempo. Pero no, optó por naturalizar la trampa planteada por el noticiero.

Caracol Noticias y otros medios insisten en esa trampa por un interés periodístico, pero también económico. De allí que la apuesta informativa es destacar las buenas acciones y deseos de los alcaldes, y minimizar los problemas estructurales de la ciudad de Cali con sondeos y encuestas que de poco o nada sirven para enfrentar las graves problemáticas que afrontan ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.

Insistir en que disminuyeron los homicidios y que “53 personas se salvaron de morir” gracias a esa reducción, no es suficiente para calmar los reclamos de una ciudadanía cansada de la incapacidad del Estado y de la corrupción público-privada que impide, entre otras cosas, atacar la raíz del problema de violencia armada en la capital del Valle del Cauca: la connivencia de agentes estatales con las mafias que permiten la compra, venta y el alquiler de armas en la ciudad. La importación de armas traumáticas amerita controles efectivos, así como su compra y porte. Hay que trabajar más en la inteligencia policial y militar, al tiempo que hay que mejorar en esos mismos sectores, la contra inteligencia.

Eder aprovechó la oportunidad para insistir en frases de campaña como “vamos a recuperar a Cali, a devolverle la dignidad a los caleños y a reconciliarnos”. Esas frases caen en el vacío porque lo que necesita Cali y el país entero es un revolcón del modelo social, económico y político con el que agentes tradicionales de la sociedad orientan los ejercicios del poder.

La idea de reconciliar que plantea Eder está pensada entre grupos sociales enfrentados, resultado de una lucha de clases que emergió con fuerza durante el estallido social de 2021. No. Se equivoca. Aquí el que tiene que reconciliarse con los caleños es el Estado local y las esferas de poder que lo han operado para hacerle miserable la vida a millones de caleños.   Y para lograr esa reconciliación, el alcalde no puede pretender que los medios cambien la narrativa por el solo hecho de que afecta la imagen de la ciudad.

Los problemas de convivencia en las calles de la ciudad, el irrespeto a las autoridades de tránsito y policía, los atracos callejeros y los homicidios son el resultado, justamente, de la ausencia del Estado o de una presencia selectiva que solo favorece a unos sectores privilegiados.

Hay otras formas de violencia que pocos ven. Por ejemplo, la mala atención de los funcionarios públicos al momento de atender a los usuarios ante un trámite y reclamo. También la suciedad en calles y avenidas. El feo ornato en sectores populares y deprimidos da cuenta de una visión clasista del Estado, es un factor generador de malestar social y violencia. Igualmente, transitar por calles rotas y llenas de huecos, y semáforos que duran dañados varios días, van sumando al malestar de la ciudadanía. Así, los problemas no se solucionan con el cambio de narrativa, sino con el cambio de realidades. Y para ello, hay que tener visión de Estado.

Imagen tomada de RCN

¿NOS ODIAMOS?

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Bajo la "amenaza" de una gran marcha desestabilizadora este 21 de abril en contra del gobierno de Gustavo Petro y en medio de una confusa declaratoria presidencial de día cívico dos días antes, es decir, el 19 de abril, bien vale la pena tomarnos un tiempo para pensar de dónde viene tanto repudio entre la izquierda y la derecha, entre colombianos. O de dónde proviene tanto desprecio hacia ese exguerrillero pobre que dejó las armas y que, jugando con las reglas de la democracia institucional, le arrebató el poder a una clase política y económica que por años se acostumbró a poner en la Casa de Nariño a presidentes de su misma estirpe.  

Los niveles de crispación social, ideológica y política agudizados en el país desde el triunfo electoral de Gustavo Petro en 2022 han ido llevando la discusión privada y pública de asuntos públicos, a unos niveles de violencia verbal y física que, además de estar atados a un inocultable clasismo y racismo, son el resultado de una realidad que se ha mantenido oculta: nos odiamos entre los colombianos y aborrecemos el país en el que nos tocó vivir.

Los privilegiados, porque les toca irse de vacaciones a Miami o a Europa, porque acá no pueden ostentar lo que tienen; y los poco favorecidos, porque a pesar de esforzarse, al final saben que la única forma de alcanzar una anhelada vida de lujos y vanidades es “coronando un viaje de droga” o prestarse para otro tipo de torcidos. Y cuando los privilegiados les toca quedarse a vivir, lo hacen construyendo verdaderos búnkeres que sirven de fronteras invisibles entre los que tienen mucho y los que no tienen nada.

Miembros de comunidades pobres o empobrecidas en los últimos años debido a la consolidación del modelo neoliberal sienten una inocultable animadversión hacia todo aquel que exhibe posesiones como un vehículo de media o alta gama, una finca, así sea pequeña, o el uso de joyas o cualquier otra muestra de poder adquisitivo. Del otro lado, el sentimiento es el mismo: “el pobre es pobre porque quiere” o “usted no sabe quién soy yo” suelen ser las frases que con mayor claridad dejan ver los resquemores de aquellos “privilegiados”, frente a aquellos individuos minimizados por un modelo de sociedad fundado en un burdo y violento clasismo.

Una parte de la clase política y empresarial odia a todo aquel que agite banderas reivindicativas en asuntos laborales y más aún, a aquellos interesados en exponer los matutes que suelen consolidar congresistas, alcaldes, presidentes de la República y gobernadores, con empresarios, en particular con los contratistas del Estado. Así entonces, la única salida para superar las diferencias entre unos y otros no pasa por escucharse, sino por dejar de denunciar y exigir mejoras laborales, en un sistema mundo capitalista que tiende cada vez más a la precarización laboral, en particular en actividades económicas soportadas en el modelo de las maquilas. El regreso al viejo régimen de la esclavitud se abre paso en una sociedad clasista y racista como la colombiana.

La perspectiva ambientalista también es un factor de división y generador de odios entre grupos de poder y aquellos que, desde una genuina preocupación por las crisis climáticas que confluyen en lo que se conoce como el Cambio Climático, exigen controles a las empresas que contaminan el aire y los ríos, o ajustes al modelo de la gran plantación sobre el que se sostienen los sempiternos monocultivos de caña de azúcar y palma africana o aceitera; o límites a una ganadería extensiva de baja productividad, usada como mecanismo de especulación inmobiliaria en zonas periféricas con ecosistemas frágiles y valiosos como selvas. También, claro está, como avanzada para que los narcos puedan cultivar la coca y construir sus laboratorios para el procesamiento de la pasta de coca, para finalmente entregarle al mercado la cocaína, fortalecido por el propio sistema financiero.

Creo que llegó el momento de reconocer que nos odiamos. Que odiamos los controles a nuestras pulsiones y deseos, salidos de esa perspectiva de vida moderna llamada por Macpherson individualismo posesivo. Odiamos las reglas cuando estas se oponen a nuestros deseos de acumular más y más o, simplemente, en un ataque de superioridad moral y de clase cuando aquellas me impiden llegar a tiempo a una cita.

No hemos podido construir una nación en la que nos aceptemos todos en las diferencias étnico-culturales que algunos preferirían ocultar o de las que se avergüenza dentro y fuera del país. Y es así, porque nos encanta la uniformidad, fruto de la hegemonía de una clase que se cree blanca, que a pesar de que desdice de sus procesos de mestizaje, no puede ocultar que en el ADN de sus miembros hay genes de gente negra e indígena.   Hablamos, entonces, de que somos un “país de regiones” con ánimo auto comprensivo y la falsa idea de que nos aceptamos en las diferencias regionales, cuando no es así.

Lo que sí hicimos bien fue la tarea de consolidar narrativas que dan cuenta de regiones diferenciadas y que terminan naturalizando formas de dominación o discursos desarrollistas e insostenibles ecológica y socio ambientalmente, porque devienen atados a expresiones heroizantes como “pueblo berraco que venció los obstáculos de una naturaleza hostil”. Entonces, la Antioquia Federal y el discurso que reivindica al arriero y la colonización antioqueña emergen como paradigma para “sacar adelante a Colombia”, a pesar de la pobreza, el clasismo y el racismo que devienen estructurales.

Más allá de la crispación ideológica que soportamos desde el 7 de agosto de 2022, lo que deberíamos de revisar y aceptar es que nos odiamos entre nosotros y nos avergonzamos de nuestros orígenes étnico-culturales.

 

Adenda: Felipe Zuleta Lleras, un opinador privilegiado, llamó “plaga” a la congresista María José Pizarro, hija del asesinado comandante del M-19, Carlos Pizarro León-Gómez.  Las plagas, sean roedores o zancudos, entre otros, suelen eliminarse con dolorosas trampas o mortales venenos. ¿De acuerdo con el apelativo usado por el nieto del expresidente de la República, Alberto Lleras Camargo, la señora Pizarro y toda su familia debe ser exterminada? Resulta apenas lógico el silencio del programa radial y sus directivas frente al claro desprecio, el odio que profesa este opinador, de otro ser humano. ¿Será así, porque nos odiamos?

Imagen tomada de Diario del Sur

LAS MARCHAS DEL 21 DE ABRIL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La verdad es que ya perdí la cuenta de las marchas acaecidas en los últimos dos años en Colombia. Es en lo único que nos parecemos a la Venezuela del descriteriado del Nicolás Maduro Moros. En el hermano país, se han dado innumerables movilizaciones de la Oposición e iguales respuestas del oficialismo.

La derecha uribizada y hay que decir, un grupo de inconformes con la gestión del actual gobierno, anuncian, cuatro días antes, los motivos que los llevará a participar de la movilización. Y lo hacen en las redes sociales, en particular en la red X, la más grande caldera ideológica en la que con mayor frecuencia se sube la temperatura de las disputas y rencillas que terminan en bloqueos, perfilamientos y amenazas de muerte. Ya una tuitera le tocó salir del país porque sus datos personales fueron ventilados, después de que un tuitero famoso ofreciera recompensa económica a quien le entregara esa información privada. Así de grave está la cosa.  

Gritan, a voz en cuello, que saldrán a marchar para que “vuelva la democracia”, para “recuperar la felicidad”, para hacer “respetar la institucionalidad” y claro, para rechazar el “desmonte del mejor sistema de salud del mundo”, y la reforma pensional “que impide que los jóvenes algún día logren pensionarse”. Todas, lecturas amañadas y sesgadas de realidades que ameritan un juicioso análisis, en particular, los hechos históricos y las prácticas institucionales que llevaron a los insostenibles y graves problemas del sistema de aseguramiento en salud, sometido por congresistas, políticos profesionales, juntas directivas y presidentes de EPS al más evidente y burdo saqueo de las finanzas del Estado. Bueno, andan embolatados cerca de 13 billones de pesos.

La práctica social y política de hacer un uso parcializado y amañado de los conceptos, lleva a cientos de miles de marchantes a decir que “vivimos en una dictadura, que perdieron la libertad y que el comunismo está llevando al país al abismo”. Aunque no se conoce experiencia alguna de comunismo en el mundo, cientos de ciudadanos, orientados por reconocidas modelos uribistas, insisten en que ese sistema económico y político ya funciona en Colombia desde el 7 de agosto de 2022. Lo curioso de todo es que a nadie han expropiado y mucho menos, el Estado se ha desmontado como forma de dominación. Es más, el FMI respalda las medidas macroeconómicas tomadas por el actual gobierno.

Por supuesto que tienen todo el derecho a salir a protestar y a movilizarse. Lo único que mínimamente se les pide es que hagan un uso medianamente correcto de los conceptos, pues las exageraciones y su aplicación amañada a específicas realidades y hechos, para lo único que sirven es para que los defensores del gobierno los conviertan en memes que circulan sin control en la red X. No se presten para que se burlen de su ignorancia, pero, sobre todo, de la expresa manipulación o incomprensión real de los conceptos.

Lo curioso es que ni esta movilización del 21 de abril y mucho menos las anteriores, el gobierno del dictador que ven los uribistas en la Casa de Nariño ha sido declarada ilegal. Es más, los marchantes de las anteriores regresaron a sus casas sanos y salvos. No se reportaron jóvenes afectados en sus ojos con tiros de armas traumáticas disparadas por el Esmad y mucho menos se informó de desaparecidos o torturados. No. No estamos en los tiempos del Estatuto de Seguridad del mafioso gobierno de Julio César Turbay Ayala, cuyas relaciones con mafias desclasificó recientemente el departamento de Estado de los Estados Unidos; o en los de la Seguridad Democrática de Uribe Vélez y sus 6402 falsos positivos y las persecuciones a periodistas, magistrados y académicos; o en los de la “Paz con Legalidad” del único títere al que volvieron presidente de la República: Iván Duque Márquez, quien usó la fuerza letal de las fuerzas estatales para enfrentar el estallido social. Duque violó los derechos humanos, como lo hicieron Uribe y Turbay Ayala. Fueron regímenes violentos, pero no podemos hablar, en estricto sentido, de dictaduras como las que soportaron uruguayos, paraguayos, argentinos y chilenos, países del Cono Sur.

Como imagino que no serán capaces de mirar esos hechos del pasado reciente de su propio país porque los compromete en su (des) juicio electoral y político, entonces por lo menos acérquense a las realidades vividas en países del Cono Sur, con las dictaduras militares que se instauraron en Chile, con el criminal Pinochet Ugarte; o en Argentina, con los asesinos de Videla y Galtieri; o en Paraguay, con Stroessner… Quizás así aprendan qué es eso de vivir en dictadura.

Todas esas “serias motivaciones” se dan en medio de la auto defensa que el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez emprendió en la misma caldera y algunas universidades, con motivo del llamado a juicio por los graves delitos de manipulación de testigos y fraude procesal. Entonces, el político antioqueño habla de “persecución política en su contra” por haber defendido con “amor a la Patria y evitado la llegada del comunismo”.

Imagino que saldrán a marchar sus defensores de oficio, para quienes siempre será el “presidente eterno” y el Gran Colombiano”. Que los miembros del Centro Democrático defiendan al dueño de esa empresa electoral, vaya y venga. Pero que lo hagan ciudadanos asalariados, solo se puede explicar por lo que vengo señalando en esta columna: porque arrastran graves problemas en la comprensión de los conceptos, pero, sobre todo, porque ignoran la historia política del país. Les bastaría con revisar las actuaciones de Uribe cuando fungió como director de la Aerocivil, puesto allí por el entonces presidente, Julio César Turbay Ayala. Esa es quizás la génesis de los problemas judiciales que afronta hoy Uribe y los que como sociedad venimos afrontando con la naturalización del ethos mafioso. Ahora, si van a salir con la disculpa de hacer ejercicio, procuren no contestar preguntas o gritar arengas como “abajo la dictadura, queremos vivir en democracia; por la defensa las instituciones, fuera Petro”.

 Adenda: todas esas movilizaciones terminarán agotando el sentido social y político de la democracia, porque para lo único que sirven es para alimentar el clasismo y el racismo que en Colombia, devienen estructurales. 

Imagen tomada de EL PAÍS. 

 

AUTORIDADES AMERICANAS DESCLASIFICAN ARCHIVOS DE INTELIGENCIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hace pocas horas se conoció que los Estados Unidos desclasificó informes de inteligencia del gobierno de Jimmy Carter, con las anotaciones del entonces presidente de la Unión Americana, en los que se registran relaciones de políticos y militares colombianos de la época de los años 70, con el narcotráfico. En la lista aparece Julio César Turbay Ayala, expresidente y abuelo del congresista Miguel Uribe Turbay, uno de los “tigrillos” que viene siendo amaestrado en El Ubérrimo para gobernar a Colombia.

Dice EL ESPECTADOR que “dentro de los nombres mencionados en los documentos están los de del exministro de Defensa, el general Abraham Varón Valencia; el exministro de Trabajo, Óscar Montoya Montoya; y el coronel Humberto Cardona Orozco, entonces jefe de la Industria Militar Colombiana (INDUMIL). Además, dentro de los presuntos personajes relacionados con el narcotráfico aparece el nombre del expresidente Julio César Turbay”. El personaje más influyente reseñado en los papeles de la inteligencia estadounidense fue Julio César Turbay, quien posteriormente ganaría las elecciones presidenciales y fue mandatario entre 1978 y 1982. Sobre él, los papeles dicen que, a través de su sobrino Aníbal Turbay Bernal, habrían tenido vínculos con narcos que tenían el poder para “elegir a los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Colombia si Julio César Turbay asumía la Presidencia”.

Los 70 y 80 fueron los años en los que las mafias de contrabandistas dieron el paso para involucrarse de lleno en el negocio del narcotráfico. La Guajira se convirtió en el territorio preferido para sacar avionetas fletadas de marihuana, monocultivo que le fue ganando terreno a las selvas del país, con todo y los negativos efectos ecológicos, paisajísticos y socio ambientales que suelen dejar los monocultivos, sean estos legales o ilegales.

Durante el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) se consolidó la narrativa que daba cuenta del contubernio de todo tipo de autoridades con la exportación de la entonces apetecida maracachafa colombiana hacia los Estados Unidos. La bonanza marimbera duró hasta que los gringos lograron cultivar la matica en sus pisos térmicos. Mientras lo lograron, las relaciones entre mafiosos y políticos se naturalizó de tal manera, que Colombia ya era visto como un narco Estado. Quizás pase lo mismo cuando logren cultivar la coca en los Estados en los que es legal la venta de la marihuana.

Para hacerse una idea del poder económico de las mafias marimberas del norte del país, se me viene a la memoria el siguiente hecho. Recuerdo un incidente en el Batallón de Caballería Juan José Rondón, en La Guajira, cuando prestaba el servicio militar por allá en 1983 (4to contingente). A la madrugada se escucharon unos tiros de fusil. Resulta que un camión, fletado de marihuana, fue interceptado por soldados apostados a las afueras de la instalación militar. Dentro del vehículo se encontró instalado un radio Yaesu que, para la época, de acuerdo con el relato del Oficial del Servicio (OS), el Ejército de Colombia no tenía dentro de sus equipos de comunicaciones.

Si los gringos tomaran la decisión de desclasificar todos los archivos de inteligencia que acumulan de todos los gobiernos colombianos, entonces se confirmaría lo que sabemos de tiempo atrás: que Colombia siempre fue y será un Estado mafioso, manejado por una élite igualmente mafiosa y criminal; en cuanto a la sociedad, los mismos gringos saben que somos tolerantes con la corrupción público-privada, con el contrabando y el narcotráfico.

Así las cosas, un listado más que solo sirve para darle sentido de verosimilitud a los imaginarios colectivos y a las narrativas que de tiempo atrás hacen referencia de lo que hemos construido, por acción o por omisión.

Imagen tomada de Guajira Gráfica

LA IMPÚDICA PROPUESTA DEL PERDÓN PRESIDENCIAL A LOS CORRUPTOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Colombia es el país de los leguleyos, las leguleyadas y uno de los más corruptos del mundo. Es en ese marco cultural en el que hay que entender la propuesta, insólita y cínica de Luis Fernando Rosas, exsecretario de cultura y condenado por corrupción, consistente en darle poderes especiales al presidente de la República para que otorgue “perdón judicial” a políticos sancionados por corrupción y a aquellos agentes que participaron en las dinámicas del conflicto armado interno y que no estén compareciendo a las jurisdicciones especiales como Justicia y Paz y la JEP.

Lo que se busca con la propuesta que ya está en manos de congresistas que se encargarían de darle forma jurídica es devolverle los derechos políticos a los sancionados por haber cometido delitos contra la administración pública. Es decir, corruptos como el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias resultarían beneficiados con el “perdón presidencial”, lo que significa que podría volver a ocupar cargos públicos. La propuesta se hace, según Rosas, con el objetivo de “reconciliar al país y unirlo”.

De inmediato, el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez salió a respaldar la iniciativa de Rosas. El político antioqueño aprovechó para recordar que amigos suyos y exfuncionarios de su administración que no se robaron un peso, perdieron sus derechos a ser elegidos por las sanciones penales recibidas. Ese mismo falaz argumento lo esgrimen Uribe y otros políticos del Centro Democrático para el caso de Arias, alias “Uribito”. Es posible que Arias no se haya enriquecido con los dineros de la política pública, Agro Ingreso Seguro, como lo asegura Uribe Vélez, pero, de acuerdo con la condena proferida por la Corte Suprema de Justicia, Arias fue procesado y condenado por la “celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”. Con esa política pública, el gobierno de Uribe le devolvió favores a los empresarios que aportaron millonarias sumas de dinero a su campaña reeleccionista.

A son de qué habla el señor Rosas de reconciliación en una sociedad como la colombiana que deviene clasista y racista. El plebiscito por la paz de 2016 claramente demostró que, a políticos del Centro Democrático, al propio Uribe y a varios medios de comunicación los movió el genuino interés de fracturar aún más a la sociedad, señalando que esa paz entre el Estado y las entonces Farc-Ep serviría para que se instalara en el país el comunismo o el castrochavismo. ¿Qué le hace pensar a Rosas que correrán ríos de miel y leche y que nos abrazaremos como hermanitos al otro día de que Petro perdone a los corruptos?

La iniciativa de Rosas resulta grotesca, impúdica, desfachatada, inconveniente e insultante. Hablar de segundas oportunidades a quienes robaron, malversaron millonarios recursos o diseñaron pliegos tipo sastre constituye una burla a los jueces y a los colombianos que rechazan el ethos mafioso que los políticos condenados naturalizaron en sus prácticas.

Dice Rosas que el presidente Petro ya sabe de su cínica proposición. Ojalá el jefe del Estado haga caso omiso y no respalde políticamente semejante esperpento social, jurídico y político. No merecen segundas oportunidades quienes cometieron delitos a sabiendas de que los estaban cometiendo y, sobre todo, que usaron sus investiduras para diseñar empresas criminales. Por el contrario, lo que hay que proponerle al Congreso es que legisle para aumentar las penas a los funcionarios corruptos. Debemos unirnos para proscribir el ethos mafioso que en su momento guiaron las actuaciones y decisiones que tomaron Juan Fernando Rosas y Andrés Felipe Arias. Justamente, la propuesta del “perdón presidencial a los corruptos” va en el sentido de dividirnos más entre quienes minimizan la corrupción y aquellos que creemos que como sociedad estamos llamados a proscribir las prácticas mafiosas.

Imagen tomada de la red X

RACIONAMIENTO DE AGUA, CRISIS CLIMÁTICA Y CONCIENCIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los escenarios apocalípticos que la industria del cine ha recreado, poco a poco se tornan reales en un mundo que cada vez más confunde e intenta borrar los límites entre lo real y lo irreal: ataques con drones, la llegada de robot, la irrupción de la IA y por supuesto, la escasez de agua y las guerras por el preciado líquido, todo enmarcado en una crisis civilizatoria que solo deja espacio para la barbarie.

El racionamiento de agua que recién comenzó a padecer la capital del país debería de suscitar la discusión alrededor de las circunstancias y hechos fácticos que llevaron a vivir a los bogotanos semejante situación. Centrarse en los padecimientos de la gente y en las acciones estatales para mitigarlos constituye un error por cuanto la lupa hay que ponerla en las maneras y formas como nos tenemos que adaptar todos los colombianos a los efectos de una crisis climática que puede resultar inconmensurable.

Los negacionistas del cambio climático normalmente hacen parte de los sectores de poder político y económico que defienden a dentelladas el actual modelo de desarrollo, pero sobre todo, el orden social y cultural basado en el consumismo y en una confianza desmedida en que la ciencia, los técnicos y los científicos ayudarán a encontrar salidas a la escasez del agua: imagino que ya tienen contemplado construir largas tuberías que permitan bombear agua de caudalosos ríos de los departamentos como la Orinoquia, Amazonia, Vaupés y Vichada, y hacerla llegar a Bogotá y otras capitales que en lo consecutivo padezcan el mismo problema de abastecimiento de agua.

El modelo de desarrollo debe morigerarse en asuntos que tienen que ver con el consumo, la restauración y cuidado de los ecosistemas y el urgente auto control de la natalidad. Ponerle límites a la paridera es una medida que en el mediano plazo tendrá el mundo que empezar a discutir. Claro, los amigos del desarrollo capitalista, del capitalismo salvaje y del individualismo posesivo del que habla Macpherson se opondrán porque la mano de obra barata, especialmente de países subdesarrollados, escaseará como escasea hoy el agua en Bogotá y otras zonas del país.

La crisis ambiental, climática y civilizatoria exige cambiar sistemas culturales, que incluyen las valoraciones de la vida y el capital. Hay que descentrar el proyecto humano del valor del dinero. En una anterior columna hice referencia a un factor que puede oponerse a cualquier posibilidad de cambio en las lógicas con las cuales hoy dominamos el planeta, convertidos en una especie depredadora y perversa: hablo de la finitud. Sentirnos finitos nos hace potencialmente individualistas, lo que claramente impide pensar en los intereses y el bienestar colectivo.

¿Será posible repensarnos como especie? Si pienso con el deseo, creo que si lo es. Pero si lo hago examinando lo ocurrido con las guerras y las maneras como hemos poblado el planeta, entonces ya no soy tan optimista. Después de leer la columna de Julio César Londoño, “Desvaríos de un genio rabioso”, quiero cerrar esta columna con las respuestas que Fernando Vallejo le dio a las sabias e inquietantes preguntas del escritor vallecaucano:

¿Cree que la inteligencia de las máquinas superará la del hombre?

FV: No. Ellas jamás entenderán cómo lo material produce lo inmaterial, ni cómo producen gravedad los planetas, ni cómo las neuronas producen el alma, o la conciencia, o la mente, o como se le quiera llamar. Y si algún día lo comprendieran, no podrán comunicárnoslo. Para ellas y para nosotros, estas cosas serán siempre misterios impenetrables. Son bobas, como nosotros.

JCL: ¿Está de acuerdo con la afirmación de que la ciencia fracasó?

FV: La biología no. Ha triunfado al mostrar lo que no pudo adivinar Cristo, porque el alma no le alcanzó: que el hombre es un pobre animal como los otros, y que los otros animales también son nuestro prójimo.

La toma de conciencia sobre el cambio climático exige una gran dosis de desprendimiento de las comodidades y del poder económico y político alcanzado; requiere, igualmente, una evolución cultural significativa para reversar lo que le hemos hecho al planeta, a nosotros mismos y a las otras especies.

Poco a poco los escenarios apocalípticos que el cine sigue recreando terminarán siendo el espejo en el que nos miraremos pronto como una especie estúpidamente inteligente. Y quizás sea así porque no hay manera de cambiar la conciencia o las conciencias, porque esta es, como respondió Vallejo, “un río turbio, entre imaginario y caótico. Sin piedras, pero ruidoso. Caos interno que refleja el caos externo… eso es”. No hay manera de consolidar una conciencia universal limpia y prístina, porque en el fondo somos una especie de luces y sombras.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El Congreso de Colombia opera, históricamente, como una institución enemiga de la construcción de una verdadera República. Sus curules han sido utilizadas como poltronas desde donde se limitan los derechos constitucionales de las grandes mayorías y se dificultan y enrarecen las relaciones con el constituyente primario.

Es el más grande “peaje” de la corrupción público-privada. En ese entramado de corrupción suelen participar los partidos políticos cuyas bancadas están prestas a “liderar” proyectos de inversión en los territorios de donde son oriundos los “padres de la Patria”. Aparecen, entonces, los intereses individuales de los HP (Honorables Parlamentarios), quienes operan, realmente, como lobistas de las empresas, incluidas las EPS, que aportaron millonarias sumas de dinero a sus campañas. Los salarios de estos HP deberían de pagarlos esas mismas empresas, al fin y al cabo, son sus “sirvientes”.  

En la financiación de las campañas de estos HP empieza la corrupción y se confirma la naturalización del ethos mafioso. Quizás, por esa circunstancia política y cultural es que se oponen a que sea el Estado el que financie esas y las campañas presidenciales. No hay manera de cambiar esa realidad que acompaña la operación sinuosa y mafiosa del Congreso de la República, mientras existan empresarios interesados en patrocinar a sus “hijos o amigos”, convertidos en peligrosos lobistas con fuero. Los congresistas que promovieron el hundimiento del proyecto de reforma al sistema de aseguramiento en salud constituyen el mejor ejemplo de lo que significa ser lobista con fuero, al servicio de aquellos que se acostumbraron a usar los billonarios recursos de la salud, para dar rienda suelta a sus veleidades y vanidades.

Al Congreso llegan quienes desean, en su gran mayoría, vivir de la política, que no es otra cosa, que aprovechar el cuarto de hora, estar cuatro periodos para irse a vivir en una isla paradisiaca. No los alienta la idea de servir y cambiar lo que viene funcionando mal en el país. No. Se acomodan en el oscuro recinto a esperar que la clase empresarial o multinacionales les digan qué hacer y sobre qué tema legislar, con el claro propósito de acabar de privatizar el Estado, afectar la vida de los colombianos o la de los ecosistemas naturales.

En esa corporación lo que menos se discute y se construye es una visión de Estado, esto es, de uno moderno, con espíritu republicano y capaz de consolidar un ethos prístino en una ciudadanía que asume a los congresistas como los verdaderos enemigos del pueblo, incluso, superando en perversidad y maldad a los grupos armados ilegales (narco paras y narco disidencias).

El Congreso de Colombia opera como la más grande sala cuna en donde se crían los hijos de una élite parásita, violenta y degenerada.  Los que se salvan son muy pocos. En su gran mayoría, están ahí para enriquecerse y extender en el tiempo los perversos mecanismos institucionales y para institucionales que les permite lograr ese cometido. Y lo que es peor, es que ningún gobierno se atreve a proscribir esas condiciones y mecanismos que para lo único que sirven es para confirmar que hacerse a una curul es el mejor negocio que hay por cuanto la ilegalidad y la trampa quedan legitimadas bajo el fuero congresional y la siempre aparente pulcritud que se asocia a ese eufemismo con el que los y las congresistas se reconocen: Honorable Parlamentario.

Esta frase de Pepe Mujica debería de inspirarlos porque vivió alejado del afán de enriquecerse: “Para mí la política es el arte de extraer sabiduría colectiva poniendo la oreja”. La vida austera del expresidente uruguayo y su coherencia ideológica jamás inspiraron a los ex congresistas de ayer y mucho menos a los que hoy ostentan esa “dignidad”.  Prefieren tener como referentes a compañeros como Catherine Juvinao, quien en privado dejó claro para qué llegó al Congreso, además de defender a las EPS: “Necesito hacer dos Cámaras, dos Senados y luego me voy a una isla a ver el mar”.

“DESURIBIZAR” AL PAÍS: COLOSAL RETO CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Para bien o para mal Álvaro Uribe Vélez es una figura política que genera simpatías y odios, admiración y repudio. Sus defensores hablan de que el exmandatario deja un inigualable un legado; por el contrario, sus contradictores y críticos, de inconmensurables daños culturales, expresados en un ethos mafioso que se habría naturalizado entre 2002 y 2010 y extendido al periodo comprendido entre 2018 y 2022, bajo la administración de su fatuo títere, Iván Duque Márquez.

A ese conjunto de dudosas prácticas ético-políticas se le conoce como “uribismo” (corrupción, tolerancia con los corruptos, actitudes tramposas), lo que hace pensar que dicho vocablo no corresponde necesariamente a la existencia de una doctrina política a través de la cual se le hace homenaje a quien le dio vida. Eso sí, para ser justos, todas las derivaciones de los apellidos de expresidentes de la República o de aspirantes a serlo, responden a ejercicios clientelares y electorales, alejados de cualquier posibilidad de estar asociados a un pensamiento político o a una sólida y ejemplar doctrina política. Santismo, Turbayismo, VargasLlerismo, Gavirismo y Pastranismo son simples nomenclaturas que jamás podrán asociarse a la existencia de un robusto pensamiento político anclado a quienes llevan consigo los apellidos Santos, Turbay, Vargas Lleras, Gaviria y Pastrana.   

Así las cosas, y en el entendido de que una parte importante de la sociedad colombiana haya aceptado la existencia de ese ethos mafioso que se potenció entre el 2002 y 2010 y comprendido los negativos efectos morales y éticos que dejó su operación visible e invisible a lo largo y ancho del país, entonces esa misma sociedad debe dar inicio a un proceso de “desuribización”, que no es otra cosa que proscribir ese ethos malicioso y sinuoso que se hizo visible a través de frases como “proceda doctor Cadena”, “ a los congresistas les pido que mientras los meten a la cárcel, voten los proyectos” o la más burda de todas: “donde lo vea le voy a dar en la cara marica”. Esas expresiones dan cuenta de la temperatura ética y moral de quien las originó y la de aquellos que las contemplaron y asumieron como legítimas, legales y plausibles.

“Desuribizar” a Colombia es el reto cultural más grande que tiene la sociedad, pues no bastará con la desaparición física, por muerte natural, de Uribe Vélez y mucho menos con la posibilidad que se abrió de ser condenado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.  

Eso sí, creo que la sociedad y algunas instituciones estatales ya dieron sus primeros pasos hacia ese gran cometido cultural. Hay que decir que una parte de la institucionalidad estatal está sintonizada con la necesidad cultural de “desuribizar” al país. De un lado, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo Garzón, que acaba de llamarlo a juicio, estaría liderando ese proceso de “desuribización” pues con el escrito de acusación le está diciendo al resto de los colombianos que nadie está por encima de la ley. Recordemos que esa idea perdió consistencia, valor y anclaje a la realidad gracias al hasta hace poco fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, quien protegió al expresidente y expresidiario hasta el último día de su nefasta administración, pues en dos ocasiones pidieron la preclusión del proceso penal al que está vinculado el hijo de Salgar (Antioquia).

La institución estatal que primero dio ese paso fue la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lo investigó y le imputó los cargos que hoy lo tienen ad-portas de sentarse al frente de una juez para que trate de desvirtuar todo el material probatorio en su contra. La misma Corte Constitucional que validó las pruebas recogidas por la Sala de Instrucción de la CSJ, también aportó su grano de arena al proceso de descontaminación cultural que se asocia al objetivo de “desuribizar” a Colombia.

Quienes en el pasado votaron por Uribe Vélez y creyeron en sus “tesis” y sobre todo, en la pulcritud de sus decisiones, están en la obligación moral y política de aportar al proceso de “desuribización” a través del arrepentimiento individual y grupal, pero sobre todo, de asumir la tarea de convencer a los que aún creen en Uribe Vélez, de que están defendiendo ideas equívocas y quizás replicando un ethos a todas luces dañino.

Por supuesto que sus áulicos compañeros de bancada y miembros del partido-secta, el Centro Democrático (CD) jamás podrán hacer parte del proceso que amerita semejante reto cultural. Por el contrario, insistirán en que el político antioqueño dejó un legado enorme al país. Y para ello, volverán con las manidas ideas de que “pudimos volver a las fincas durante los tiempos de la seguridad democrática” y de “que Uribe fue un berraco que casi acaba con las Farc-Ep”. Ya veremos si como sociedad y Estado seremos capaces de proscribir ese oscuro ethos cultural que se asocia a eso que llamamos “uribismo”.

Imagen tomada de la red X.

EL VERGONZOSO LLAMADO A JUICIO A UN EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Eran de esperarse las reacciones que en defensa de Álvaro Uribe Vélez exhibieron sus áulicos y compañeros de bancada, incluso, las de la exvicepresidenta, Martha Lucía Ramírez y el expresidente y ex títere, Iván Duque Márquez. El llamado a juicio de su líder político y espiritual los tomó por sorpresa por cuanto creyeron que la práctica inmoral y jurídicamente temeraria de solicitar la preclusión del proceso penal al que está vinculado el expresidente y expresidiario iba a continuar con la nueva fiscal general, por tratarse de Álvaro Uribe Vélez, el “Gran Colombiano”, el “eximio Patriota” y el “presidente eterno”.

En la narrativa uribista, el escrito de acusación con el que será llevado a juicio el político antioqueño aparecen conceptos como “honorabilidad”, “retaliación” y “persecución política”. Los tres vocablos, asociados al ámbito de lo personal y alejados de las implicaciones morales, éticas e institucionales ancoradas a una vergonzosa realidad: el llamado a juicio por delitos penales a un expresidente de la República. Este asunto no es menor, por el contrario, es de lo más grave, por todo lo que atañe a esa figura de poder.

Incapaces de separar el ámbito afectivo, emocional y personal, del institucional, el relato de la derecha uribizada apela a las lealtades políticas para descalificar la actuación de la justicia ordinaria, defendida a dentelladas cuando dos operadores judiciales de la Fiscalía de Barbosa y el Tribunal Superior de Bogotá solicitaron la preclusión del proceso penal por manipulación de testigos y fraude procesal. La gravedad de estos delitos aumenta exponencialmente porque se trata de un expresidente de la República, condición esta que no puede soslayarse porque está de por medio la figura política que encarna Uribe Vélez.

Desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, ese sector de poder político ha insistido en que varias de las decisiones adoptadas por el jefe del Estado debilitan las instituciones y la institucionalidad. La opinión pública tiende a creer que se está ante un genuino llamado a respetar las instituciones, la separación de poderes, la democracia y otros conceptos manoseados por una narrativa uribista que reduce el sentido de dichos vocablos, a la imagen “impoluta” del político nacido en Salgar (Antioquia).

No sorprende que varios periodistas uribistas, directores de medios e informativos, se plieguen al sentido de esa narrativa, con el firme propósito de evitar referirse a lo que realmente importa: que un expresidente de la República sea llamado a juicio por delitos penales. Aquí no importa la disruptiva y cuestionada figura de Uribe Vélez, lo que realmente debería de lamentarse es que un exjefe del Estado será juzgado por delitos alejados de su ejercicio político.

Un presidente o expresidente de la República procesado por delitos penales, deshonra la figura presidencial, hasta ponerla al mismo nivel de cualquier banda de forajidos que a diario cometen los delitos por los cuales está imputado Uribe y deberá responder en juicio, a partir del mes de mayo. Reducir esa nefasta realidad a los intereses individuales y a la polémica figura del político paisa solo sirve para ver la baja temperatura ética y moral de quienes defienden a quien desde la Casa de Nariño y durante 8 años, hizo todo para reducir la institucionalidad estatal a sus innobles propósitos.

El enjuiciamiento del exjefe del Estado por delitos penales también dice mucho de sus electores, en especial de aquellos que, a sabiendas o no de los cuestionamientos morales y éticos que arrastra Uribe desde su paso por la dirección de la Aerocivil, la gobernación de Antioquia y el Congreso de la República, lo acogieron como un líder a seguir.

El editorial del diario El Espectador confronta la narrativa que defiende a Uribe, la misma que intenta arrasar o horadar la majestad de la justicia, por el solo hecho de que sus decisiones no las comparten por el simple hecho de que no favorecen los intereses de su líder espiritual y político.

“Lo único que hemos solicitado es respeto a las instituciones y coherencia en el actuar de las autoridades. Las pruebas del expediente merecen ser evaluadas en un juicio, sea cual fuere su resultado. Esperamos que eso sea lo que sigue en este caso”, señala el editorial del diario bogotano.

Ojalá su defensa no incurra en mañas y artilugios con el fin de dilatar en el tiempo el juicio, buscando que los delitos prescriban. Del mismo exjefe de Estado se espera una actitud propia de la dignidad que ostenta, es decir, que afronte con gallardía y honor. Los tiempos en los que iba lustrarse los zapatos, antes de afrontar el llamado de los jueces, ya pasó. ¿Será Uribe capaz de comportarse en el ocaso de su cuestionada y azarosa vida, como un verdadero exjefe de Estado? Tengo mis dudas.

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¡POR FIN ES LLAMADO A JUICIO ÁLVARO URIBE VÉLEZ!

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El llamado a juicio al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez es, sin duda alguna, el hecho jurídico y político del año. Quien hasta hace unos años fuera un temido e intocable político, ahora afrontará, en la soledad y viudez del poder, un juicio por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. En el ocaso de su azarosa vida, Uribe Vélez terminará enjuiciado y afrontando otros procesos por delitos más graves, como apoyo a grupos paramilitares y responsabilidades en la comisión de las masacres de El Aro y la Granja, que se le endilgan de tiempo atrás.

El fino teflón con el que Uribe Vélez, de la mano de los medios masivos, enmascaró y protegió su “honorabilidad”, se desvanece ante la fuerza del material probatorio con el que finalmente la Fiscalía, como institución, decidió presentar escrito de acusación.

Después de por lo menos tres vergonzosas solicitudes de preclusión ordenadas por el entonces fiscal general, Francisco Barbosa, la Fiscalía, bajo la administración de Luz Adriana Camargo Garzón, un fiscal delegado por fin lo acusa formalmente por los graves delitos bajo los cuales se encuentra en calidad de imputado. La decisión fue tomada por el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villareal.

La acusación formal contra el político antioqueño afecta la dignidad presidencial, al tiempo que le devuelve el decoro y la respetabilidad a la justicia ordinaria representada en la fiscalía general, manchada por las vergonzantes solicitudes de preclusión que hicieron anteriores fiscales, quienes seguían órdenes del inefable, Francisco Barbosa. No podemos olvidar que es el primer expresidente, por lo menos en la historia reciente, llevado a juicio por delitos penales y no políticos. 

Lo curioso de la presentación de la acusación es que se da en el día de las víctimas del conflicto armado interno del país. Hay que recordar que Uribe Vélez fue demandando ante la justicia argentina por las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. Los jóvenes asesinados por miembros del Ejército nacional son considerados víctimas del conflicto armado colombiano.

Así entonces, el 9 de abril de 2024 será una fecha memorable para la justicia por todo lo que implica llevar a juicio al político que más daño le ha hecho al país en los últimos 30 años; incluso, pasando por encima de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el cruel narcotraficante y asesino antioqueño.

En una sociedad confundida moralmente como la colombiana, veremos a los sectores afines a la derecha y a la ultraderecha, cuestionar la decisión y descalificar el llamado a juicio, señalando que se trata de una “persecución política”. Y justo, la acusación formal se produce en el primer gobierno de izquierda, asociación que obviamente harán los áulicos del expresidiario, para deslegitimar la esperada decisión de la Fiscalía. Muy seguramente dirán que la "democracia está en riesgo", que "Petro ternó a la nueva fiscal para que ella diera la orden de acusar formalmente a Uribe"; "que se acabó con el Estado de derecho"; que "enjuiciar a Uribe es una afrenta contra los colombianos". "Llamado a juicio a Uribe es propio de una dictadura". 

Muy difícil la tienen los abogados de Uribe Vélez para desvirtuar en juicio el material probatorio que está en manos de la Fiscalía. Ya veremos qué sucede. Por ahora, la frase “nadie está por encima de la ley” recobra su vigencia y veracidad, pues, por fin es llamado a juicio el expresidente.

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LO PRIVADO ES SINÓNIMO DE PROBIDAD: RELATO QUE MUERE DE LA MANO DE LAS EPS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con la crisis del sistema de salud, la narrativa que señala que lo privado es sinónimo de pulcritud, eficiencia, eficacia y efectividad se hace añicos, se pulveriza, se desvanece. El desvío de 9 billones de pesos durante la pandemia, que habrían hecho varias EPS, de acuerdo con la Contraloría General de la República y el colapso de más de 100 EPS en 30 años de funcionamiento del sistema de aseguramiento en salud, desmienten ese relato con el que políticos neoliberales justificaron la privatización del Estado, por ser este ineficiente, corrupto, paquidérmico e incapaz de prestar servicios sociales y de competir en el mercado.

Claro que no se puede negar que el Estado colombiano es ineficiente, corrupto y paquidérmico. Y es así, porque a las entidades oficiales, capturadas por partidos políticos, políticos clientelistas y gobiernos neoliberales llegaron y llegan malos profesionales, pero también algunos idóneos que terminan aceptando las dinámicas de corrupción o simplemente dejando que sus responsabilidades las asuman las “corbatas” que suelen poner los políticos cuando sus partidos y candidatos ganan las elecciones. Esa dinámica se vive en los ámbitos local, regional y nacional. De ahí la imposibilidad de superar la corrupción público-privada por cuanto “hacerse con el Estado” lo asumen las fuerzas políticas de la misma forma como los narcos celebran cuando envían droga al exterior: “coronamos”.

Las secretarías, los departamentos administrativos, ministerios y cuanta entidad estatal exista o que sea creada, terminan manejadas por congresistas o políticos que le hacen campaña a alcaldes, gobernadores o presidentes de la República. Al final, el Estado funge como un gran empleador, en medio de un débil aparato productivo que se alimenta del narcotráfico y del lavado de activos.

Al volver sobre la crisis del sistema de salud y su inminente colapso hay destacar que dicho modelo de aseguramiento se montó sobre la amarga experiencia del Seguro Social, pero con un objetivo claro: entregarle el negocio de la salud a familias poderosas, a corporaciones locales e internacionales y a congresistas que usufructuaron los billones de pesos girados por el Estado, convertido y asumido por estos agentes económicos y políticos como la “gallina de los huevos de oro”, al servicio de unos pocos.

A esos agentes de poder jamás les interesó consolidar instituciones estatales sólidas y eficientes. Para qué, si la receta neoliberal les indica que las agencias y entidades públicas deben ser vendidas o coadministradas por actores privados, presentados como probos, cuando responden a los mezquinos intereses de unas cuantas familias guiadas por el ethos mafioso.

El sistema de salud de Colombia no se demoró 30 años en colapsar. No. Desde hace varios años viene la crisis de un modelo de aseguramiento en salud fundado sobre la falsa idea de que lo privado es sinónimo de probidad, cuando la corrupción al interior de las EPS, las ya desaparecidas, las intervenidas y las que no demoran en caer, demostró la enorme impudicia con la que pueden llegar a operar y actuar los agentes involucrados en la operación de un sistema que nació torcido, enfermo y sucio. Lo que pasó es que sucesivos gobiernos, con sus ministros de Salud, le siguieron inyectando recursos económicos a sabiendas de que se los iban a robar o a desviar en la compra de clínicas para aumentar las ganancias de presidentes y miembros de juntas directivas y de políticos propietarios de IPS. Funcionó muy bien el "tapen tapen". Hasta hoy, cuando el primer gobierno de izquierda le puso freno al naturalizado y legitimado desangre del erario. Veremos si la entrega de dineros a las IPS, sin la intermediación de las perversas EPS, disminuye la corrupción en el sector y se logra, por fin, que la salud se asuma como un derecho  y no simplemente como un vil y criminal negocio. 

Es tan retorcido el sistema de salud en Colombia, que las EPS que patrocinaron campañas de candidatos al Congreso, convirtieron a esos congresistas en lobistas con fuero, en sus empleados, en sus mandaderos. Muchos de estos se opusieron y votaron el hundimiento del proyecto de reforma.

El problema del país no está en el Estado, sino en el tipo de gente que llega a este, en particular las sucias corbatas que llegan con el único propósito de aceitar y operar con toda eficiencia el sistema de corrupción política que de tiempo atrás montaron los partidos políticos tradicionales y las nuevas agrupaciones políticas dirigidas por políticos neoliberales.  

Imagen tomada de EL COLOMBIANO.COM