AUTORIDADES AMERICANAS DESCLASIFICAN ARCHIVOS DE INTELIGENCIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hace pocas horas se conoció que los Estados Unidos desclasificó informes de inteligencia del gobierno de Jimmy Carter, con las anotaciones del entonces presidente de la Unión Americana, en los que se registran relaciones de políticos y militares colombianos de la época de los años 70, con el narcotráfico. En la lista aparece Julio César Turbay Ayala, expresidente y abuelo del congresista Miguel Uribe Turbay, uno de los “tigrillos” que viene siendo amaestrado en El Ubérrimo para gobernar a Colombia.

Dice EL ESPECTADOR que “dentro de los nombres mencionados en los documentos están los de del exministro de Defensa, el general Abraham Varón Valencia; el exministro de Trabajo, Óscar Montoya Montoya; y el coronel Humberto Cardona Orozco, entonces jefe de la Industria Militar Colombiana (INDUMIL). Además, dentro de los presuntos personajes relacionados con el narcotráfico aparece el nombre del expresidente Julio César Turbay”. El personaje más influyente reseñado en los papeles de la inteligencia estadounidense fue Julio César Turbay, quien posteriormente ganaría las elecciones presidenciales y fue mandatario entre 1978 y 1982. Sobre él, los papeles dicen que, a través de su sobrino Aníbal Turbay Bernal, habrían tenido vínculos con narcos que tenían el poder para “elegir a los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Colombia si Julio César Turbay asumía la Presidencia”.

Los 70 y 80 fueron los años en los que las mafias de contrabandistas dieron el paso para involucrarse de lleno en el negocio del narcotráfico. La Guajira se convirtió en el territorio preferido para sacar avionetas fletadas de marihuana, monocultivo que le fue ganando terreno a las selvas del país, con todo y los negativos efectos ecológicos, paisajísticos y socio ambientales que suelen dejar los monocultivos, sean estos legales o ilegales.

Durante el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) se consolidó la narrativa que daba cuenta del contubernio de todo tipo de autoridades con la exportación de la entonces apetecida maracachafa colombiana hacia los Estados Unidos. La bonanza marimbera duró hasta que los gringos lograron cultivar la matica en sus pisos térmicos. Mientras lo lograron, las relaciones entre mafiosos y políticos se naturalizó de tal manera, que Colombia ya era visto como un narco Estado. Quizás pase lo mismo cuando logren cultivar la coca en los Estados en los que es legal la venta de la marihuana.

Para hacerse una idea del poder económico de las mafias marimberas del norte del país, se me viene a la memoria el siguiente hecho. Recuerdo un incidente en el Batallón de Caballería Juan José Rondón, en La Guajira, cuando prestaba el servicio militar por allá en 1983 (4to contingente). A la madrugada se escucharon unos tiros de fusil. Resulta que un camión, fletado de marihuana, fue interceptado por soldados apostados a las afueras de la instalación militar. Dentro del vehículo se encontró instalado un radio Yaesu que, para la época, de acuerdo con el relato del Oficial del Servicio (OS), el Ejército de Colombia no tenía dentro de sus equipos de comunicaciones.

Si los gringos tomaran la decisión de desclasificar todos los archivos de inteligencia que acumulan de todos los gobiernos colombianos, entonces se confirmaría lo que sabemos de tiempo atrás: que Colombia siempre fue y será un Estado mafioso, manejado por una élite igualmente mafiosa y criminal; en cuanto a la sociedad, los mismos gringos saben que somos tolerantes con la corrupción público-privada, con el contrabando y el narcotráfico.

Así las cosas, un listado más que solo sirve para darle sentido de verosimilitud a los imaginarios colectivos y a las narrativas que de tiempo atrás hacen referencia de lo que hemos construido, por acción o por omisión.

Imagen tomada de Guajira Gráfica

LA IMPÚDICA PROPUESTA DEL PERDÓN PRESIDENCIAL A LOS CORRUPTOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Colombia es el país de los leguleyos, las leguleyadas y uno de los más corruptos del mundo. Es en ese marco cultural en el que hay que entender la propuesta, insólita y cínica de Luis Fernando Rosas, exsecretario de cultura y condenado por corrupción, consistente en darle poderes especiales al presidente de la República para que otorgue “perdón judicial” a políticos sancionados por corrupción y a aquellos agentes que participaron en las dinámicas del conflicto armado interno y que no estén compareciendo a las jurisdicciones especiales como Justicia y Paz y la JEP.

Lo que se busca con la propuesta que ya está en manos de congresistas que se encargarían de darle forma jurídica es devolverle los derechos políticos a los sancionados por haber cometido delitos contra la administración pública. Es decir, corruptos como el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias resultarían beneficiados con el “perdón presidencial”, lo que significa que podría volver a ocupar cargos públicos. La propuesta se hace, según Rosas, con el objetivo de “reconciliar al país y unirlo”.

De inmediato, el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez salió a respaldar la iniciativa de Rosas. El político antioqueño aprovechó para recordar que amigos suyos y exfuncionarios de su administración que no se robaron un peso, perdieron sus derechos a ser elegidos por las sanciones penales recibidas. Ese mismo falaz argumento lo esgrimen Uribe y otros políticos del Centro Democrático para el caso de Arias, alias “Uribito”. Es posible que Arias no se haya enriquecido con los dineros de la política pública, Agro Ingreso Seguro, como lo asegura Uribe Vélez, pero, de acuerdo con la condena proferida por la Corte Suprema de Justicia, Arias fue procesado y condenado por la “celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”. Con esa política pública, el gobierno de Uribe le devolvió favores a los empresarios que aportaron millonarias sumas de dinero a su campaña reeleccionista.

A son de qué habla el señor Rosas de reconciliación en una sociedad como la colombiana que deviene clasista y racista. El plebiscito por la paz de 2016 claramente demostró que, a políticos del Centro Democrático, al propio Uribe y a varios medios de comunicación los movió el genuino interés de fracturar aún más a la sociedad, señalando que esa paz entre el Estado y las entonces Farc-Ep serviría para que se instalara en el país el comunismo o el castrochavismo. ¿Qué le hace pensar a Rosas que correrán ríos de miel y leche y que nos abrazaremos como hermanitos al otro día de que Petro perdone a los corruptos?

La iniciativa de Rosas resulta grotesca, impúdica, desfachatada, inconveniente e insultante. Hablar de segundas oportunidades a quienes robaron, malversaron millonarios recursos o diseñaron pliegos tipo sastre constituye una burla a los jueces y a los colombianos que rechazan el ethos mafioso que los políticos condenados naturalizaron en sus prácticas.

Dice Rosas que el presidente Petro ya sabe de su cínica proposición. Ojalá el jefe del Estado haga caso omiso y no respalde políticamente semejante esperpento social, jurídico y político. No merecen segundas oportunidades quienes cometieron delitos a sabiendas de que los estaban cometiendo y, sobre todo, que usaron sus investiduras para diseñar empresas criminales. Por el contrario, lo que hay que proponerle al Congreso es que legisle para aumentar las penas a los funcionarios corruptos. Debemos unirnos para proscribir el ethos mafioso que en su momento guiaron las actuaciones y decisiones que tomaron Juan Fernando Rosas y Andrés Felipe Arias. Justamente, la propuesta del “perdón presidencial a los corruptos” va en el sentido de dividirnos más entre quienes minimizan la corrupción y aquellos que creemos que como sociedad estamos llamados a proscribir las prácticas mafiosas.

Imagen tomada de la red X

RACIONAMIENTO DE AGUA, CRISIS CLIMÁTICA Y CONCIENCIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los escenarios apocalípticos que la industria del cine ha recreado, poco a poco se tornan reales en un mundo que cada vez más confunde e intenta borrar los límites entre lo real y lo irreal: ataques con drones, la llegada de robot, la irrupción de la IA y por supuesto, la escasez de agua y las guerras por el preciado líquido, todo enmarcado en una crisis civilizatoria que solo deja espacio para la barbarie.

El racionamiento de agua que recién comenzó a padecer la capital del país debería de suscitar la discusión alrededor de las circunstancias y hechos fácticos que llevaron a vivir a los bogotanos semejante situación. Centrarse en los padecimientos de la gente y en las acciones estatales para mitigarlos constituye un error por cuanto la lupa hay que ponerla en las maneras y formas como nos tenemos que adaptar todos los colombianos a los efectos de una crisis climática que puede resultar inconmensurable.

Los negacionistas del cambio climático normalmente hacen parte de los sectores de poder político y económico que defienden a dentelladas el actual modelo de desarrollo, pero sobre todo, el orden social y cultural basado en el consumismo y en una confianza desmedida en que la ciencia, los técnicos y los científicos ayudarán a encontrar salidas a la escasez del agua: imagino que ya tienen contemplado construir largas tuberías que permitan bombear agua de caudalosos ríos de los departamentos como la Orinoquia, Amazonia, Vaupés y Vichada, y hacerla llegar a Bogotá y otras capitales que en lo consecutivo padezcan el mismo problema de abastecimiento de agua.

El modelo de desarrollo debe morigerarse en asuntos que tienen que ver con el consumo, la restauración y cuidado de los ecosistemas y el urgente auto control de la natalidad. Ponerle límites a la paridera es una medida que en el mediano plazo tendrá el mundo que empezar a discutir. Claro, los amigos del desarrollo capitalista, del capitalismo salvaje y del individualismo posesivo del que habla Macpherson se opondrán porque la mano de obra barata, especialmente de países subdesarrollados, escaseará como escasea hoy el agua en Bogotá y otras zonas del país.

La crisis ambiental, climática y civilizatoria exige cambiar sistemas culturales, que incluyen las valoraciones de la vida y el capital. Hay que descentrar el proyecto humano del valor del dinero. En una anterior columna hice referencia a un factor que puede oponerse a cualquier posibilidad de cambio en las lógicas con las cuales hoy dominamos el planeta, convertidos en una especie depredadora y perversa: hablo de la finitud. Sentirnos finitos nos hace potencialmente individualistas, lo que claramente impide pensar en los intereses y el bienestar colectivo.

¿Será posible repensarnos como especie? Si pienso con el deseo, creo que si lo es. Pero si lo hago examinando lo ocurrido con las guerras y las maneras como hemos poblado el planeta, entonces ya no soy tan optimista. Después de leer la columna de Julio César Londoño, “Desvaríos de un genio rabioso”, quiero cerrar esta columna con las respuestas que Fernando Vallejo le dio a las sabias e inquietantes preguntas del escritor vallecaucano:

¿Cree que la inteligencia de las máquinas superará la del hombre?

FV: No. Ellas jamás entenderán cómo lo material produce lo inmaterial, ni cómo producen gravedad los planetas, ni cómo las neuronas producen el alma, o la conciencia, o la mente, o como se le quiera llamar. Y si algún día lo comprendieran, no podrán comunicárnoslo. Para ellas y para nosotros, estas cosas serán siempre misterios impenetrables. Son bobas, como nosotros.

JCL: ¿Está de acuerdo con la afirmación de que la ciencia fracasó?

FV: La biología no. Ha triunfado al mostrar lo que no pudo adivinar Cristo, porque el alma no le alcanzó: que el hombre es un pobre animal como los otros, y que los otros animales también son nuestro prójimo.

La toma de conciencia sobre el cambio climático exige una gran dosis de desprendimiento de las comodidades y del poder económico y político alcanzado; requiere, igualmente, una evolución cultural significativa para reversar lo que le hemos hecho al planeta, a nosotros mismos y a las otras especies.

Poco a poco los escenarios apocalípticos que el cine sigue recreando terminarán siendo el espejo en el que nos miraremos pronto como una especie estúpidamente inteligente. Y quizás sea así porque no hay manera de cambiar la conciencia o las conciencias, porque esta es, como respondió Vallejo, “un río turbio, entre imaginario y caótico. Sin piedras, pero ruidoso. Caos interno que refleja el caos externo… eso es”. No hay manera de consolidar una conciencia universal limpia y prístina, porque en el fondo somos una especie de luces y sombras.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El Congreso de Colombia opera, históricamente, como una institución enemiga de la construcción de una verdadera República. Sus curules han sido utilizadas como poltronas desde donde se limitan los derechos constitucionales de las grandes mayorías y se dificultan y enrarecen las relaciones con el constituyente primario.

Es el más grande “peaje” de la corrupción público-privada. En ese entramado de corrupción suelen participar los partidos políticos cuyas bancadas están prestas a “liderar” proyectos de inversión en los territorios de donde son oriundos los “padres de la Patria”. Aparecen, entonces, los intereses individuales de los HP (Honorables Parlamentarios), quienes operan, realmente, como lobistas de las empresas, incluidas las EPS, que aportaron millonarias sumas de dinero a sus campañas. Los salarios de estos HP deberían de pagarlos esas mismas empresas, al fin y al cabo, son sus “sirvientes”.  

En la financiación de las campañas de estos HP empieza la corrupción y se confirma la naturalización del ethos mafioso. Quizás, por esa circunstancia política y cultural es que se oponen a que sea el Estado el que financie esas y las campañas presidenciales. No hay manera de cambiar esa realidad que acompaña la operación sinuosa y mafiosa del Congreso de la República, mientras existan empresarios interesados en patrocinar a sus “hijos o amigos”, convertidos en peligrosos lobistas con fuero. Los congresistas que promovieron el hundimiento del proyecto de reforma al sistema de aseguramiento en salud constituyen el mejor ejemplo de lo que significa ser lobista con fuero, al servicio de aquellos que se acostumbraron a usar los billonarios recursos de la salud, para dar rienda suelta a sus veleidades y vanidades.

Al Congreso llegan quienes desean, en su gran mayoría, vivir de la política, que no es otra cosa, que aprovechar el cuarto de hora, estar cuatro periodos para irse a vivir en una isla paradisiaca. No los alienta la idea de servir y cambiar lo que viene funcionando mal en el país. No. Se acomodan en el oscuro recinto a esperar que la clase empresarial o multinacionales les digan qué hacer y sobre qué tema legislar, con el claro propósito de acabar de privatizar el Estado, afectar la vida de los colombianos o la de los ecosistemas naturales.

En esa corporación lo que menos se discute y se construye es una visión de Estado, esto es, de uno moderno, con espíritu republicano y capaz de consolidar un ethos prístino en una ciudadanía que asume a los congresistas como los verdaderos enemigos del pueblo, incluso, superando en perversidad y maldad a los grupos armados ilegales (narco paras y narco disidencias).

El Congreso de Colombia opera como la más grande sala cuna en donde se crían los hijos de una élite parásita, violenta y degenerada.  Los que se salvan son muy pocos. En su gran mayoría, están ahí para enriquecerse y extender en el tiempo los perversos mecanismos institucionales y para institucionales que les permite lograr ese cometido. Y lo que es peor, es que ningún gobierno se atreve a proscribir esas condiciones y mecanismos que para lo único que sirven es para confirmar que hacerse a una curul es el mejor negocio que hay por cuanto la ilegalidad y la trampa quedan legitimadas bajo el fuero congresional y la siempre aparente pulcritud que se asocia a ese eufemismo con el que los y las congresistas se reconocen: Honorable Parlamentario.

Esta frase de Pepe Mujica debería de inspirarlos porque vivió alejado del afán de enriquecerse: “Para mí la política es el arte de extraer sabiduría colectiva poniendo la oreja”. La vida austera del expresidente uruguayo y su coherencia ideológica jamás inspiraron a los ex congresistas de ayer y mucho menos a los que hoy ostentan esa “dignidad”.  Prefieren tener como referentes a compañeros como Catherine Juvinao, quien en privado dejó claro para qué llegó al Congreso, además de defender a las EPS: “Necesito hacer dos Cámaras, dos Senados y luego me voy a una isla a ver el mar”.

“DESURIBIZAR” AL PAÍS: COLOSAL RETO CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Para bien o para mal Álvaro Uribe Vélez es una figura política que genera simpatías y odios, admiración y repudio. Sus defensores hablan de que el exmandatario deja un inigualable un legado; por el contrario, sus contradictores y críticos, de inconmensurables daños culturales, expresados en un ethos mafioso que se habría naturalizado entre 2002 y 2010 y extendido al periodo comprendido entre 2018 y 2022, bajo la administración de su fatuo títere, Iván Duque Márquez.

A ese conjunto de dudosas prácticas ético-políticas se le conoce como “uribismo” (corrupción, tolerancia con los corruptos, actitudes tramposas), lo que hace pensar que dicho vocablo no corresponde necesariamente a la existencia de una doctrina política a través de la cual se le hace homenaje a quien le dio vida. Eso sí, para ser justos, todas las derivaciones de los apellidos de expresidentes de la República o de aspirantes a serlo, responden a ejercicios clientelares y electorales, alejados de cualquier posibilidad de estar asociados a un pensamiento político o a una sólida y ejemplar doctrina política. Santismo, Turbayismo, VargasLlerismo, Gavirismo y Pastranismo son simples nomenclaturas que jamás podrán asociarse a la existencia de un robusto pensamiento político anclado a quienes llevan consigo los apellidos Santos, Turbay, Vargas Lleras, Gaviria y Pastrana.   

Así las cosas, y en el entendido de que una parte importante de la sociedad colombiana haya aceptado la existencia de ese ethos mafioso que se potenció entre el 2002 y 2010 y comprendido los negativos efectos morales y éticos que dejó su operación visible e invisible a lo largo y ancho del país, entonces esa misma sociedad debe dar inicio a un proceso de “desuribización”, que no es otra cosa que proscribir ese ethos malicioso y sinuoso que se hizo visible a través de frases como “proceda doctor Cadena”, “ a los congresistas les pido que mientras los meten a la cárcel, voten los proyectos” o la más burda de todas: “donde lo vea le voy a dar en la cara marica”. Esas expresiones dan cuenta de la temperatura ética y moral de quien las originó y la de aquellos que las contemplaron y asumieron como legítimas, legales y plausibles.

“Desuribizar” a Colombia es el reto cultural más grande que tiene la sociedad, pues no bastará con la desaparición física, por muerte natural, de Uribe Vélez y mucho menos con la posibilidad que se abrió de ser condenado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.  

Eso sí, creo que la sociedad y algunas instituciones estatales ya dieron sus primeros pasos hacia ese gran cometido cultural. Hay que decir que una parte de la institucionalidad estatal está sintonizada con la necesidad cultural de “desuribizar” al país. De un lado, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo Garzón, que acaba de llamarlo a juicio, estaría liderando ese proceso de “desuribización” pues con el escrito de acusación le está diciendo al resto de los colombianos que nadie está por encima de la ley. Recordemos que esa idea perdió consistencia, valor y anclaje a la realidad gracias al hasta hace poco fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, quien protegió al expresidente y expresidiario hasta el último día de su nefasta administración, pues en dos ocasiones pidieron la preclusión del proceso penal al que está vinculado el hijo de Salgar (Antioquia).

La institución estatal que primero dio ese paso fue la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que lo investigó y le imputó los cargos que hoy lo tienen ad-portas de sentarse al frente de una juez para que trate de desvirtuar todo el material probatorio en su contra. La misma Corte Constitucional que validó las pruebas recogidas por la Sala de Instrucción de la CSJ, también aportó su grano de arena al proceso de descontaminación cultural que se asocia al objetivo de “desuribizar” a Colombia.

Quienes en el pasado votaron por Uribe Vélez y creyeron en sus “tesis” y sobre todo, en la pulcritud de sus decisiones, están en la obligación moral y política de aportar al proceso de “desuribización” a través del arrepentimiento individual y grupal, pero sobre todo, de asumir la tarea de convencer a los que aún creen en Uribe Vélez, de que están defendiendo ideas equívocas y quizás replicando un ethos a todas luces dañino.

Por supuesto que sus áulicos compañeros de bancada y miembros del partido-secta, el Centro Democrático (CD) jamás podrán hacer parte del proceso que amerita semejante reto cultural. Por el contrario, insistirán en que el político antioqueño dejó un legado enorme al país. Y para ello, volverán con las manidas ideas de que “pudimos volver a las fincas durante los tiempos de la seguridad democrática” y de “que Uribe fue un berraco que casi acaba con las Farc-Ep”. Ya veremos si como sociedad y Estado seremos capaces de proscribir ese oscuro ethos cultural que se asocia a eso que llamamos “uribismo”.

Imagen tomada de la red X.

EL VERGONZOSO LLAMADO A JUICIO A UN EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Eran de esperarse las reacciones que en defensa de Álvaro Uribe Vélez exhibieron sus áulicos y compañeros de bancada, incluso, las de la exvicepresidenta, Martha Lucía Ramírez y el expresidente y ex títere, Iván Duque Márquez. El llamado a juicio de su líder político y espiritual los tomó por sorpresa por cuanto creyeron que la práctica inmoral y jurídicamente temeraria de solicitar la preclusión del proceso penal al que está vinculado el expresidente y expresidiario iba a continuar con la nueva fiscal general, por tratarse de Álvaro Uribe Vélez, el “Gran Colombiano”, el “eximio Patriota” y el “presidente eterno”.

En la narrativa uribista, el escrito de acusación con el que será llevado a juicio el político antioqueño aparecen conceptos como “honorabilidad”, “retaliación” y “persecución política”. Los tres vocablos, asociados al ámbito de lo personal y alejados de las implicaciones morales, éticas e institucionales ancoradas a una vergonzosa realidad: el llamado a juicio por delitos penales a un expresidente de la República. Este asunto no es menor, por el contrario, es de lo más grave, por todo lo que atañe a esa figura de poder.

Incapaces de separar el ámbito afectivo, emocional y personal, del institucional, el relato de la derecha uribizada apela a las lealtades políticas para descalificar la actuación de la justicia ordinaria, defendida a dentelladas cuando dos operadores judiciales de la Fiscalía de Barbosa y el Tribunal Superior de Bogotá solicitaron la preclusión del proceso penal por manipulación de testigos y fraude procesal. La gravedad de estos delitos aumenta exponencialmente porque se trata de un expresidente de la República, condición esta que no puede soslayarse porque está de por medio la figura política que encarna Uribe Vélez.

Desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, ese sector de poder político ha insistido en que varias de las decisiones adoptadas por el jefe del Estado debilitan las instituciones y la institucionalidad. La opinión pública tiende a creer que se está ante un genuino llamado a respetar las instituciones, la separación de poderes, la democracia y otros conceptos manoseados por una narrativa uribista que reduce el sentido de dichos vocablos, a la imagen “impoluta” del político nacido en Salgar (Antioquia).

No sorprende que varios periodistas uribistas, directores de medios e informativos, se plieguen al sentido de esa narrativa, con el firme propósito de evitar referirse a lo que realmente importa: que un expresidente de la República sea llamado a juicio por delitos penales. Aquí no importa la disruptiva y cuestionada figura de Uribe Vélez, lo que realmente debería de lamentarse es que un exjefe del Estado será juzgado por delitos alejados de su ejercicio político.

Un presidente o expresidente de la República procesado por delitos penales, deshonra la figura presidencial, hasta ponerla al mismo nivel de cualquier banda de forajidos que a diario cometen los delitos por los cuales está imputado Uribe y deberá responder en juicio, a partir del mes de mayo. Reducir esa nefasta realidad a los intereses individuales y a la polémica figura del político paisa solo sirve para ver la baja temperatura ética y moral de quienes defienden a quien desde la Casa de Nariño y durante 8 años, hizo todo para reducir la institucionalidad estatal a sus innobles propósitos.

El enjuiciamiento del exjefe del Estado por delitos penales también dice mucho de sus electores, en especial de aquellos que, a sabiendas o no de los cuestionamientos morales y éticos que arrastra Uribe desde su paso por la dirección de la Aerocivil, la gobernación de Antioquia y el Congreso de la República, lo acogieron como un líder a seguir.

El editorial del diario El Espectador confronta la narrativa que defiende a Uribe, la misma que intenta arrasar o horadar la majestad de la justicia, por el solo hecho de que sus decisiones no las comparten por el simple hecho de que no favorecen los intereses de su líder espiritual y político.

“Lo único que hemos solicitado es respeto a las instituciones y coherencia en el actuar de las autoridades. Las pruebas del expediente merecen ser evaluadas en un juicio, sea cual fuere su resultado. Esperamos que eso sea lo que sigue en este caso”, señala el editorial del diario bogotano.

Ojalá su defensa no incurra en mañas y artilugios con el fin de dilatar en el tiempo el juicio, buscando que los delitos prescriban. Del mismo exjefe de Estado se espera una actitud propia de la dignidad que ostenta, es decir, que afronte con gallardía y honor. Los tiempos en los que iba lustrarse los zapatos, antes de afrontar el llamado de los jueces, ya pasó. ¿Será Uribe capaz de comportarse en el ocaso de su cuestionada y azarosa vida, como un verdadero exjefe de Estado? Tengo mis dudas.

Imagen tomada de Youtube. com

¡POR FIN ES LLAMADO A JUICIO ÁLVARO URIBE VÉLEZ!

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El llamado a juicio al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez es, sin duda alguna, el hecho jurídico y político del año. Quien hasta hace unos años fuera un temido e intocable político, ahora afrontará, en la soledad y viudez del poder, un juicio por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. En el ocaso de su azarosa vida, Uribe Vélez terminará enjuiciado y afrontando otros procesos por delitos más graves, como apoyo a grupos paramilitares y responsabilidades en la comisión de las masacres de El Aro y la Granja, que se le endilgan de tiempo atrás.

El fino teflón con el que Uribe Vélez, de la mano de los medios masivos, enmascaró y protegió su “honorabilidad”, se desvanece ante la fuerza del material probatorio con el que finalmente la Fiscalía, como institución, decidió presentar escrito de acusación.

Después de por lo menos tres vergonzosas solicitudes de preclusión ordenadas por el entonces fiscal general, Francisco Barbosa, la Fiscalía, bajo la administración de Luz Adriana Camargo Garzón, un fiscal delegado por fin lo acusa formalmente por los graves delitos bajo los cuales se encuentra en calidad de imputado. La decisión fue tomada por el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gilberto Iván Villareal.

La acusación formal contra el político antioqueño afecta la dignidad presidencial, al tiempo que le devuelve el decoro y la respetabilidad a la justicia ordinaria representada en la fiscalía general, manchada por las vergonzantes solicitudes de preclusión que hicieron anteriores fiscales, quienes seguían órdenes del inefable, Francisco Barbosa. No podemos olvidar que es el primer expresidente, por lo menos en la historia reciente, llevado a juicio por delitos penales y no políticos. 

Lo curioso de la presentación de la acusación es que se da en el día de las víctimas del conflicto armado interno del país. Hay que recordar que Uribe Vélez fue demandando ante la justicia argentina por las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”. Los jóvenes asesinados por miembros del Ejército nacional son considerados víctimas del conflicto armado colombiano.

Así entonces, el 9 de abril de 2024 será una fecha memorable para la justicia por todo lo que implica llevar a juicio al político que más daño le ha hecho al país en los últimos 30 años; incluso, pasando por encima de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el cruel narcotraficante y asesino antioqueño.

En una sociedad confundida moralmente como la colombiana, veremos a los sectores afines a la derecha y a la ultraderecha, cuestionar la decisión y descalificar el llamado a juicio, señalando que se trata de una “persecución política”. Y justo, la acusación formal se produce en el primer gobierno de izquierda, asociación que obviamente harán los áulicos del expresidiario, para deslegitimar la esperada decisión de la Fiscalía. Muy seguramente dirán que la "democracia está en riesgo", que "Petro ternó a la nueva fiscal para que ella diera la orden de acusar formalmente a Uribe"; "que se acabó con el Estado de derecho"; que "enjuiciar a Uribe es una afrenta contra los colombianos". "Llamado a juicio a Uribe es propio de una dictadura". 

Muy difícil la tienen los abogados de Uribe Vélez para desvirtuar en juicio el material probatorio que está en manos de la Fiscalía. Ya veremos qué sucede. Por ahora, la frase “nadie está por encima de la ley” recobra su vigencia y veracidad, pues, por fin es llamado a juicio el expresidente.

Imagen tomada de la red internet

LO PRIVADO ES SINÓNIMO DE PROBIDAD: RELATO QUE MUERE DE LA MANO DE LAS EPS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con la crisis del sistema de salud, la narrativa que señala que lo privado es sinónimo de pulcritud, eficiencia, eficacia y efectividad se hace añicos, se pulveriza, se desvanece. El desvío de 9 billones de pesos durante la pandemia, que habrían hecho varias EPS, de acuerdo con la Contraloría General de la República y el colapso de más de 100 EPS en 30 años de funcionamiento del sistema de aseguramiento en salud, desmienten ese relato con el que políticos neoliberales justificaron la privatización del Estado, por ser este ineficiente, corrupto, paquidérmico e incapaz de prestar servicios sociales y de competir en el mercado.

Claro que no se puede negar que el Estado colombiano es ineficiente, corrupto y paquidérmico. Y es así, porque a las entidades oficiales, capturadas por partidos políticos, políticos clientelistas y gobiernos neoliberales llegaron y llegan malos profesionales, pero también algunos idóneos que terminan aceptando las dinámicas de corrupción o simplemente dejando que sus responsabilidades las asuman las “corbatas” que suelen poner los políticos cuando sus partidos y candidatos ganan las elecciones. Esa dinámica se vive en los ámbitos local, regional y nacional. De ahí la imposibilidad de superar la corrupción público-privada por cuanto “hacerse con el Estado” lo asumen las fuerzas políticas de la misma forma como los narcos celebran cuando envían droga al exterior: “coronamos”.

Las secretarías, los departamentos administrativos, ministerios y cuanta entidad estatal exista o que sea creada, terminan manejadas por congresistas o políticos que le hacen campaña a alcaldes, gobernadores o presidentes de la República. Al final, el Estado funge como un gran empleador, en medio de un débil aparato productivo que se alimenta del narcotráfico y del lavado de activos.

Al volver sobre la crisis del sistema de salud y su inminente colapso hay destacar que dicho modelo de aseguramiento se montó sobre la amarga experiencia del Seguro Social, pero con un objetivo claro: entregarle el negocio de la salud a familias poderosas, a corporaciones locales e internacionales y a congresistas que usufructuaron los billones de pesos girados por el Estado, convertido y asumido por estos agentes económicos y políticos como la “gallina de los huevos de oro”, al servicio de unos pocos.

A esos agentes de poder jamás les interesó consolidar instituciones estatales sólidas y eficientes. Para qué, si la receta neoliberal les indica que las agencias y entidades públicas deben ser vendidas o coadministradas por actores privados, presentados como probos, cuando responden a los mezquinos intereses de unas cuantas familias guiadas por el ethos mafioso.

El sistema de salud de Colombia no se demoró 30 años en colapsar. No. Desde hace varios años viene la crisis de un modelo de aseguramiento en salud fundado sobre la falsa idea de que lo privado es sinónimo de probidad, cuando la corrupción al interior de las EPS, las ya desaparecidas, las intervenidas y las que no demoran en caer, demostró la enorme impudicia con la que pueden llegar a operar y actuar los agentes involucrados en la operación de un sistema que nació torcido, enfermo y sucio. Lo que pasó es que sucesivos gobiernos, con sus ministros de Salud, le siguieron inyectando recursos económicos a sabiendas de que se los iban a robar o a desviar en la compra de clínicas para aumentar las ganancias de presidentes y miembros de juntas directivas y de políticos propietarios de IPS. Funcionó muy bien el "tapen tapen". Hasta hoy, cuando el primer gobierno de izquierda le puso freno al naturalizado y legitimado desangre del erario. Veremos si la entrega de dineros a las IPS, sin la intermediación de las perversas EPS, disminuye la corrupción en el sector y se logra, por fin, que la salud se asuma como un derecho  y no simplemente como un vil y criminal negocio. 

Es tan retorcido el sistema de salud en Colombia, que las EPS que patrocinaron campañas de candidatos al Congreso, convirtieron a esos congresistas en lobistas con fuero, en sus empleados, en sus mandaderos. Muchos de estos se opusieron y votaron el hundimiento del proyecto de reforma.

El problema del país no está en el Estado, sino en el tipo de gente que llega a este, en particular las sucias corbatas que llegan con el único propósito de aceitar y operar con toda eficiencia el sistema de corrupción política que de tiempo atrás montaron los partidos políticos tradicionales y las nuevas agrupaciones políticas dirigidas por políticos neoliberales.  

Imagen tomada de EL COLOMBIANO.COM 

EN PERVERSIDAD, NOTICIAS CARACOL QUIERE SUPERAR A RCN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El noticiero Caracol Noticias está, de tiempo atrás, haciendo ingentes esfuerzos para parecerse y quizás superar a Noticias RCN, un informativo uribista tendencioso y manipulador. Competir bajo esas circunstancias resulta relativamente fácil por cuanto la apuesta es una sola: afectar la imagen del presidente Petro y de su gobierno. Al momento de tener que informar algo positivo, entonces ese hecho debe ser minimizado o para el caso que nos ocupa hoy en esta columna, para confundir a la opinión pública.

Aunque el periodista económico, Víctor Grosso lee de manera correcta el dato con el que se indica oficialmente una baja significativa del índice de inflación, la imagen gráfica que recoge dicho guarismo de 7,36 (del mes de marzo), la pintan de rojo con la firme intención de confundir a su audiencia, pues una cosa es lo que dice Grosso y otra muy distinta es lo que señala la imagen graficada con ese color. Tradicionalmente el rojo se asocia a la idea de peligro y urgencia,  esto es, algo alarmante y negativo, lo que claramente contradice el hecho noticioso originado por el DANE y el propio discurso leído por el periodista económico. En noticias Caracol saben que las audiencias recordarán más fácilmente la imagen graficada, que el texto leído. Y es así porque hay un público poco formado para entender las complejidades de la economía.

Es en este punto en el que la semiótica visual irrumpe para ayudarnos a entender que lo hecho por Caracol Noticias en reciente emisión con el dato entregado por el DANE, con el que nuevamente se muestra el descenso de la inflación, resulta tendencioso, malicioso, sinuoso y propio de un medio interesado más en superar a su competidor, Noticias RCN, que en informar con rigor y veracidad el hecho noticioso que tomaron del informe de la entidad estatal. Pareciera que les molestara el sentido positivo del indicador. Por qué no destacar y aplaudir el manejo macroeconómico del gobierno? Porque es de izquierda, alguien contestará. Sin duda alguna, estamos ante una decisión editorial encaminada a minimizar el impacto positivo que conlleva la rebaja sistemática del índice de inflación en el país, pues ello les implica reconocer el buen manejo macroeconómico del gobierno.

Ese comportamiento editorial debe entenderse en el marco de la confabulación mediática de la que hacen parte varias empresas informativas, entre ellas Caracol Noticias, contra el gobierno de Petro. El resultado de ese complot político-informativo ha sido evidente: titulares tendenciosos, información incompleta, medias verdades y por supuesto, mentiras o por lo menos, interpretaciones erróneas de los hechos noticiosos.

Después de los ocho años de la administración Uribe, en los que las mismas empresas mediáticas y periodistas que hoy atacan al gobierno se hincaron ante el poder intimidante del padre de la Seguridad Democrática, criminal política pública que dejó 6402 civiles asesinados a mansalva por agentes estatales, estos cuatro años de la administración Petro serán recordados como los más nefastos de la reciente historia del periodismo colombiano, por sus sesgos ideológicos, asociados a intereses corporativos nacionales e internacionales.  

Si durante los aciagos 8 años de Uribe Vélez los medios masivos y sus periodistas construyeron forzadamente lo que se llamó en su momento el unanimismo ideológico, correlato del pensamiento único, en los 2 años que lleva el gobierno de Gustavo Petro y los que le restan por cumplir, esos mismos agentes informativos le apostaron a consolidar una narrativa apocalíptica y llena de incertidumbres económicas y sociales, con el firme objetivo de deslegitimar y por ese camino ambientar lo que en su momento se llamó “golpe de Estado blando”. En otras circunstancias, podrían ser investigados por generar "pánico económico". 

Sin duda alguna, lo hecho por Caracol Noticias hace parte de la apuesta (des)informativa ideologizada con la que sus propietarios y editores decidieron asumir el trabajo de cubrir todo lo que hiciera o dejara de hacer el primer gobierno de izquierda en Colombia, con el único objetivo de mentir, tergiversar o minimizar lo positivo. Por el contrario, con los hechos negativos, el propósito es agrandar o sobredimensionar sus efectos. Poco a poco se le van acercando a RCN. Pronto veremos un empate en términos de irresponsabilidad informativa.

Imagen tomada de X, Jorge Jaramillo.

LAS BUENAS MANERAS DISCURSIVAS DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICO-PRIVADA

 

Por Germán Ayala Osorio

La naturalización del ethos mafioso en Colombia necesitó de grandes dosis de cinismo e hipocresía, pero sobre todo de las “buenas maneras discursivas” para llevar a cabo los torcidos, entuertos, matutes o los negociados, bien  para ocultarlos, dilatar la toma de medidas en el tiempo o matizar sus efectos. Y esas “buenas maneras discursivas” tienen que ver con el lenguaje y el encubrimiento de aquellos agentes de poder del Establecimiento que por largo tiempo han liderado los procesos institucionales y para institucionales bajo los cuales la corrupción público-privada se legitimó social y políticamente.

En la confrontación ideológica y política que se ve en la red X, circulan videos y trinos viejos que dejan ver con claridad que hay políticos que cambian de parecer con enorme facilidad. La hipocresía queda allí expuesta. Son veletas que se mueven de acuerdo con los vientos. Catherine Juvinao, el entonces candidato presidencial, Iván Duque Márquez, la exalcaldesa, Claudia López Hernández y Alejandro Gaviria son botones que dan cuenta de cambios de pareceres, o simplemente, del encubrimiento de las anomalías en el sistema de salud (régimen contributivo) a través de las buenas maneras discursivas.

La congresista del anodino partido Alianza Verde criticaba y pedía la intervención de las EPS. En particular, rechazaba que los recursos entregados por el Estado a estas entidades para atender a los enfermos se usaran para patrocinar congresistas y campañas electorales de carácter presidencial. Su discurso era muy parecido al de la inefable López Hernández. Esta última trinó esto en el pasado: “Vamos a eliminar las malas EPS. Eliminaremos los intermediarios que no agregan valor, que retienen los dineros de la salud e impiden de forma sistemática la atención de los ciudadanos, sus afiliados pasan a las instituciones con mejores resultados en calidad #PerspectivasSalud”.

Entre tanto, el fatuo del Iván Duque afirmaba como candidato presidencial que no toleraría la corrupción de las EPS. Una vez convertido en presidente-títere, liquidó 13 EPS, sin que ello hubiese servido para curar a un sistema de aseguramiento que nació mal porque se priorizó el desfalco sistemático al erario.  ¿Recuerdan el caso Palacino con Saludcoop?

En el ya casi colapsado  sistema de aseguramiento en salud de Colombia, por cuenta en gran medida por la malversación de billonarios recursos públicos manejados por las EPS comprometidas en actos de corrupción- varias de estas ya liquidadas- aparece el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, advirtiendo durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que había corrupción al interior de las EPS. Consideraba el acomodaticio político como suficientes las medidas que según él mismo, adoptaron para mejorar los controles y asegurar la prestación eficiente de los servicios de salud. Al final, aplicaron pañitos de agua tibia a un sistema de salud con "septicemia". 

Gaviria es un académico que habla pausado y no apelaba en ese entonces a un discurso altisonante y mucho menos amenazaba con intervenciones o advertía, como sí lo hizo Petro, del colapso de las EPS en su famoso “chu, chu, chu”.  En el marco de las "buenas maneras discursivas", Gaviria se limitó a ver pasar el tiempo, es decir, se acomodó, guardó silencio. Hoy vocifera por las medidas adoptadas por un gobierno que parece decidido a cortar de raíz la corrupción al interior de las EPS.

Como Petro y los ministros que hoy lo acompañan no son hijos mimados del viejo Establecimiento, y poco apelan a las “buenas maneras discursivas” para elegir caprichosamente qué denunciar o qué callar de lo que sucede con el sinuoso sistema de salud, entonces los sujetos y “sujetas” arriba señalados salen a descalificar la medida de la Supersalud con la que se intervino a la EPS Sanitas. La intervención a la Nueva EPS no cuenta para ellos como una acción preocupante. ¿Será por asuntos de clase o por intereses corporativos?

La élite tradicional, a través de las “buenas maneras discursivas”, logró que la captura del Estado se viera como un asunto normal, casi que un proceso natural asociado a la aplicación de las recetas neoliberales: vender los bienes del Estado, como sucedió con Telecom en el gobierno de Uribe Vélez;  privatizar todo lo que más se pueda y mantener las condiciones de inequidad, exclusión y pobreza estructural. El espíritu corporativo se tomó al Estado por cuenta de sus “buenas maneras discursivas”.

Recordemos los tres mil millones de pesos que recibió el propio presidente Álvaro Uribe Vélez del programa Agro Ingreso Seguro y que fueron invertidos en distritos de riego que beneficiaban propiedades del político antioqueño. “Se trata del distrito de riego Mocarí, un proyecto ubicado también en Córdoba, recibió cuantiosos subsidios no reembolsables por cuenta del Estado entre 2008 y 2010”. En ese entonces, no hubo escándalo político, porque en aquella época decir, ocultar o matizar, eran verbos que se conjugaban muy bien bajo el manto de las “buenas maneras discursivas”.  O cómo olvidar que se apropió indebidamente del baldío El Laguito 2. Al final, por presiones del senador Wilson Arias Castillo, lo devolvió al Estado.

Recientemente, el presidente Petro advirtió sobre una realidad que toca a la policía nacional. Dijo, sin ambages, que “todo policía de barrio sabe en dónde están las ollas” (del microtráfico). Entonces, varios periodistas saltaron para advertir de la peligrosidad de semejante generalización del jefe del Estado, ocultando los innumerables casos de agentes, oficiales y suboficiales de esa institución que han sido investigados y echados de la policía por tener vínculos con estructuras mafiosas y criminales. La misma situación sucedió dentro del Ejército. Esta última institución ha sido sometida a una verdadera purga por los niveles de penetración de mafias de todo pelambre. 

Así entonces, las “buenas maneras discursivas” a las que históricamente apela la derecha colombiana constituyen el mejor ejemplo de combinación de hipocresía, dilatar en el tiempo la toma de medidas de choque por no afectar intereses de clase, cinismo e impudicia de quienes privatizaron el Estado y cohonestaron con la corrupción dentro de las fuerzas armadas y las EPS, entre otros sectores públicos y privados.

Imagen tomada de No más corruptos

HUNDIDA LA REFORMA A LA SALUD: UN ENTIERRO DE SÉPTIMA CATEGORÍA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El hundimiento del proyecto de reforma a la salud, en la Comisión Séptima del Senado, deja varias lecciones y verdades políticas que deberían de servirle a la izquierda y al progresismo para aprender a hacer pedagogía en medio de un escenario mediático hostil, jamás visto en el país con un gobierno elegido democráticamente.

Los límites entre lecciones y verdades políticas son tan borrosos, que lo mejor es leer lo siguiente en un solo conjunto. Aquí voy, entonces. Unas y otras tienen que ver con las maneras de hacer política y de defender los proyectos. El triunfo de la izquierda y del progresismo fue una sorpresa electoral, social y política en un país dominado en los últimos 30 años por la derecha e incluso, por la ultraderecha. Esa sorpresiva victoria hizo emerger un activismo ideológico que, en lugar de abrir las puertas a una negociación política con los sectores dominantes del país, las terminó por cerrar. Al final, se confirmó lo que el propio presidente Petro reconoció: nosotros somos gobierno, pero no tenemos el poder. Entonces, faltó un liderazgo comprometido con cambiar lo que viene funcionando mal en el país de tiempo atrás en varias materias, pero sin la arrogancia de querer pasar por encima de quienes, a pesar de la derrota electoral del 2022, sabían que seguían teniendo un gran poder para imponerse.

En dos años que llevaba el trámite de la reforma a la salud, el gobierno debió, desde el primer día de la posesión, trabajar en la creación de la infraestructura sanitaria y médica en los lugares a los que a las EPS no les interesa llegar porque no son rentables económicamente. A esos territorios en donde sobreviven  por lo menos 15 millones de compatriotas que no cuentan con servicios de salud dignos.

Ante la imposibilidad de negociar una reforma al sistema de salud, las partes interesadas, es decir, gobierno y opositores, dejaron aflorar sus resquemores. Al final, triunfó la derecha corporativa que se ha servido de la Ley 100 del 93 para naturalizar el ethos mafioso que guió la operación de gerentes, juntas directivas de las EPS y políticos que malversaron billonarios recursos de la salud. Ese matute es la confirmación de que los derechos consagrados en la Constitución política siempre estuvieron en un segundo plano, porque lo primero que debía asegurar el sistema de salud era el enriquecimiento de varios “Palacinos”, incluidos los congresistas que son dueños de IPS e hicieron parte de juntas directivas de EPS. Y para lograr ese cometido, debieron contar, como lo hicieron hasta hoy, con la anuencia de las propias entidades del Estado, capturadas por conglomerados económicos y agentes de poder, socios de las EPS.

El activismo de ministros y congresistas del Pacto Histórico coadyuvó a enrarecer aún más el clima político en instancias de poder de la sociedad civil que odian al presidente Petro y a todo lo que huela a izquierda. Las arengas en las redes sociales de los agentes del gobierno fueron capitalizadas por la prensa hegemónica. Al final, convirtieron lo que debía de ser una discusión argumentada del proyecto de reforma, en un tinglado ideologizado al que se subieron poderosos agentes económicos que hicieron lo que estaba programado: que los congresistas, políticos profesionales y los partidos políticos financiados con dineros de las EPS (esto es, recursos del Estado) cerraran filas no para defender los derechos y la calidad del aseguramiento social en salud de  millones de colombianos, sino para mantener un sistema eficiente pensado para saquear al propio Estado. Quizás quienes diseñaron el sistema de salud y le dieron vida jurídica y política a través de la Ley 100 sabían que el real sentido de la sigla EPS era: Entidades Para Saquear… al Estado. Y en eso llevan más 30 años.

 Si se plantea el balance entre “ganadores y perdedores” hay que señalar que con el hundimiento y el funeral de Séptima categoría que le dieron en el senado al proyecto de reforma a la salud, perdimos como sociedad democrática. Construir una República seguirá siendo una tarea pendiente para los agentes económicos y políticos del viejo establecimiento colombiano y para la izquierda que por primera vez gobierna.

Ganaron los conglomerados económicos, los partidos y los congresistas que cohonestaron con la práctica ilegal de ser financiados con dineros de la salud. Es decir, Keralty, el conglomerado económico español que está detrás de la intervenida Sanitas, violó la ley y las normas del país y eso a nadie le preocupó jamás. El silencio de las altas cortes, de los medios masivos y de agentes económicos, sociales y políticos de la sociedad civil terminan por legitimar que no importa que se viole la ley, mientras se garantice un mercado y la recepción de billonarios recursos que no tienen por qué cuidarse porque estos los entrega un “señor” llamado Estado, que debe estar al servicio de unos pocos y no para garantizar bienestar a las grandes mayorías. Esto último es propio de “comunistas y socialistas que lo quieren todo regalado”, gritan desde la derecha que lleva años saqueando el erario.

Imagino que la misma suerte correrán los proyectos de reforma pensional y laboral. De ser así, se confirmará que la existencia de inequidades, injusticias, desigualdades y la pobreza estructural en el país no avergüenzan a la derecha. Por el contrario, asumen esas circunstancias como una oportunidad única para extender en el tiempo sus privilegios de clase, naturalizar el clientelismo y la corrupción. Y es así, porque en el fondo, los empresarios y otros agentes económicos que están detrás de ese entorno de violencia no son realmente capitalistas, sino precapitalistas. Para qué generar riqueza si para ello tenemos al Estado que nos provee billonarios recursos económicos de los que jamás nos pidieron cuentas. Solo hasta hoy, que llegó un gobierno de izquierda a tratar de poner orden. Pero ya es demasiado tarde.

Imagen tomada de Youtube

LA OPOSICIÓN Y EL USO MALICIOSO DE LOS CONCEPTOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con la práctica discursiva y política de usar de manera errónea los conceptos para generar miedo, incertidumbre o confundir a los colombianos que los escuchan, los sectores de la Oposición política al gobierno se “graduaron” como los grandes manipuladores de la opinión pública.

La provocada confusión conceptual acaba de tener su momento estelar con la decisión, legítima por demás, de la Superintendencia de Salud, de intervenir a la EPS Sanitas. Hizo lo mismo con la Nueva EPS, pero a los opositores del gobierno, incluida la gran prensa uribizada, esa intervención resulta irrelevante porque detrás de dicha EPS no está un conglomerado económico español, sino el Estado colombiano.

Empecemos con el concepto de Expropiación. Varios periodistas y políticos califican la decisión de la Supersalud como una decisión propia de un gobierno socialista: expropiar la propiedad privada, tal y como sucedió cuando en Cuba, en 1959, triunfó la revolución al mando de Fidel Castro Ruz. Cuando en gobiernos anteriores, la Supersalud, hizo lo mismo, entonces nadie habló de expropiación. Sin duda alguna, la Oposición juega maliciosamente con los conceptos, para confundir a los colombianos.

Los titulares no se hicieron esperar. Para la muestra, estos tres botones: ¿Hubo intervención o expropiación en Keralty tras toma de Superintendencia?” La República). Forbes Colombia hizo lo propio y tituló así: EPS Sanitas cree que intervención del Gobierno indica una ‘posible expropiación’”. Entre tanto, Infobae recoge la opinión del enterrador de EPS, el expresidente y ex títere, Iván Duque Márquez: Iván Duque sostuvo que intervención de Sanitas “se asemeja a una expropiación”.

Otra cosa es que si los auditores que hacen parte del grupo interventor de la Supersalud encuentran malos manejos financieros (corrupción) de los recursos girados por el Estado, se tomen acciones administrativas conducentes a recuperar esos recursos billonarios (unos 12) que cree el gobierno de Petro que andan embolatados en la operación de Sanitas y otras EPS. 

Seguimos con el vocablo Dictadura. Ha sido recurrente el uso sinuoso de este concepto o categoría de parte de los mismos agentes opositores que, al no tener argumentos sólidos y mucho menos la formación conceptual para discutir las reformas, apelan a generar miedo, haciendo un perverso uso de los términos. Para entender qué es vivir bajo una dictadura, baste con recordar los criminales regímenes dictatoriales que sufrieron Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina entre los años 60 y 80. Allá no había garantía de derechos. Es más, el Estado perseguía y metía presos a todos los que pensaran distinto. Hubo desaparecidos y torturados. Las Madres (Abuelas ya) de la Plaza de Mayo en la tierra de Maradona, son la expresión genuina de lo que es una dictadura.

No faltará quien recuerde la “dictadura” de Rojas Pinilla para el caso colombiano. Si comparamos el gobierno del general Rojas, con lo sucedido en aquellos países del Cono Sur, entonces diremos que fue una “dictablanda”. En cambio, fueron más violentos en materia de violación de los derechos humanos y de restricción a las libertades civiles, los gobiernos de Turbay Ayala y Álvaro Uribe Vélez. Con este último, por lo menos 6402 jóvenes fueron asesinados por militares que presionados por el propio presidente Uribe con la frase “más y mejores resultados operacionales", asesinaron a los muchachos y los pasaron como guerrilleros dados de baja en combates. 

Con el uso erróneo de esos términos, la derecha que defiende el perverso modelo de salud colombiano y los intereses corporativos que allí operan, quiere ambientar el regreso a la arena electoral del 2026 los fantasmas del “castrochavismo” y “nos volveremos como Venezuela”, que se creían superados. Lo hacen, claramente, para asustar los cientos de miles de incautos que siempre aparecen cada cuatro años, porque consumen sin contrastación alguna, las noticias y los “análisis” de periodistas de RCN, Caracol, Blu Radio, La FM, La W, El Colombiano, El País y El Tiempo.

Hace falta que la oficina de comunicaciones de la Presidencia o RTVC diseñen una estrategia para contrarrestar los efectos sociales y políticos que muy seguramente dejarán el uso ladino de unos conceptos sobre los cuales hay universales consensos académicos y políticos que la derecha colombiana, por arte de birlibirloque, quiere romper. Cuidado. La derecha lleva años mintiendo. Saben cómo hacerlo.

Imagen tomada de Youtube. 

INTERVENIDA LA EPS SANITAS: ¿CRISIS DEL SISTEMA DE SALUD O CRISIS ÉTICO-POLÍTICA?

 Por Germán Ayala Osorio

 

En el escándalo mediático y político que desató la decisión de la Superintendencia de Salud de intervenir a la EPS Sanitas hay una evidente crisis ético-política en la que están sumergidos tanto los gerentes de dichas empresas, exministros de Salud, políticos, congresistas y periodistas de derecha.

Vamos uno a uno. En lo que tiene que ver con los gerentes, hay que recordar el emblemático caso de corrupción de SaludCoop, administrada por el condenado Carlos Palacino, quien malversó millonarios recursos girados por el Estado para que esa entidad garantizara el acceso a una salud de calidad de sus afiliados. Y deben sumarse todos los gerentes y propietarios que patrocinaron las campañas políticas de congresistas, convertidos hoy en lobistas con fuero, que, por encima de las evidencias de corrupción público-privada dentro del sistema de salud, optaron por defender los intereses de unas EPS que se niegan a explicar qué pasó con 13 billones de pesos que andan embolatados de las llamadas reservas técnicas.

El silencio sepulcral de los legisladores frente al ethos mafioso que se naturalizó en la operación de las EPS obedece a que deben pagar los favores recibidos por sus patrocinadores. Para evitar que la opinión pública entienda y juzgue su defensa del oprobioso sistema de salud, esgrimen la idea de que el gobierno va a acabar con un exitoso modelo de aseguramiento en salud. De esa manera quieren borrar los millones de tutelas y de quejas interpuestas por los afiliados por la negación de medicinas y procedimientos quirúrgicos.

En la sesión de hoy de la Comisión Séptima del Senado, en la que se define el futuro del proyecto de ley con el que se reformaría el sistema de salud, afloraron toda clase impedimentos y se prometieron recusaciones. Los impedimentos éticos de los congresistas, aceptados o no, son el reflejo de la inmoralidad colectiva que pone en evidencia la confusión moral en la que deviene la sociedad colombiana. Todos los límites se borraron: entre lo legal y lo ilegal, entre lo correcto y lo incorrecto. Por eso a nadie le sorprende que Sanitas haya patrocinado campañas políticas de varios congresistas que votaron por el archivo del proyecto de reforma, tal y como lo denunció el congresista, Wilson Arias Castillo. El País de España informó que “el grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, y el grupo Bolívar, propietario de Salud Bolívar EPS, financiaron las campañas al Congreso de los partidos Liberal, Conservador, La U, Alianza Social Independiente, Centro Democrático y Colombia Justa y Libres”. De esa manera, según el portal Ámbito Jurídico, pasaron por encima de la Corte Constitucional que en su momento “respaldó la prohibición impuesta a las EPS del país para financiar campañas políticas, al declarar exequible el artículo 11 de la Ley 1474 del 2011. A su vez, declaró constitucional el artículo 22 de la misma norma, en el entendido que las responsabilidades disciplinarias de representantes legales de IPS y EPS sean imputables por incumplimiento de deberes funcionales propios de sus cargos”.

En lo que respecta a exministros y políticos profesionales, el caso de Alejandro Gaviria Uribe resulta paradigmático. Cuando fungió como ministro de Salud, Gaviria jamás se preocupó y cuestionó los manejos irregulares de billonarios recursos por parte de EPS que luego fueron liquidadas (13 en total) durante el gobierno del presidente-títere, Iván Duque Márquez. Estamos ante un sistema de salud politizado y clientelista que, en los últimos 20 años, permitió que se perdieran billonarios recursos, por los que la Supersalud viene preguntando con insistencia, sin obtener respuestas convincentes de los gerentes de las EPS involucradas.

Y para el caso de las empresas mediáticas y los periodistas que salieron hoy en gavilla a defender a Sanitas, al tiempo que intentaban generar miedo e incertidumbre en la opinión pública, en particular en los millones de afiliados a la intervenida EPS, hay que señalar que no hubo mención alguna a los billonarios recursos de las reservas técnicas que andan embolatados. No, eso no amerita mención y discusión alguna por parte de los colegas periodistas, porque sus sepulcrales silencios son el fruto de la crisis ético-política y de la confusión moral de una sociedad que legitimó de tal forma el ethos mafioso, que convirtió en viveza los actos dolosos y las prácticas corruptas.

De la misma manera como Enrique Leff habla de una crisis civilizatoria en su interés de explicar las crisis climáticas que afronta el planeta y la humanidad entera, hay que señalar que los aprietos y la inviabilidad financiera del sistema de salud de Colombia obedecen a una incontrastable crisis ético-política, enmarcada en una inmoralidad colectiva que a nadie preocupa.

 

Imagen tomada de RCN

NACE OTRO BLOQUE DE LAS DISIDENCIAS DE IVÁN MORDISCO

 

Germán Ayala Osorio

 

En el contexto de la difusa y maximalista idea de la Paz Total, el gobierno de Gustavo Petro modificó la estrategia de confrontación político-militar con la que varias administraciones enfrentaron los desafíos de los grupos armados ilegales, en particular, la confrontación con las Farc-Ep y al ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Después de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, aparecieron en escena las disidencias de Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia, estructuras dedicadas básicamente a las economías ilegales, lo que les implicó el marchitamiento de su proyecto político, ya venido a menos con la entrega de armas de sus compañeros en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Al estar contaminadas por los lucrativos negocios del narcotráfico y la minería ilegal, el cambio propuesto por el gobierno de Petro se expresa en la decisión de golpear las finanzas ilegales de dichas estructuras armadas, con dos propósitos: ahogarlos económicamente y abandonar la práctica recurrente de anteriores gobiernos de criminalizar y perseguir al campesinado que se beneficiaba de la siembra de la coca. Se suma a lo anterior, la narrativa oficial, muy centrada en la voz del presidente de la República, con la que Petro erosiona el carácter político con el que esas agrupaciones insisten en auto validarse. En varias ocasiones puso en duda la credibilidad de los viejos comandantes del ELN y la cohesión interna de esa agrupación armada. Y recientemente, calificó a alias Iván Mordisco como una “traqueto vestido de revolucionario”.

Bajo esas dos estrategias y propósitos, los ceses al fuego pactados entre el Estado y estos grupos ilegales, las fuerzas militares asumieron la tarea de fortalecer la inteligencia, siempre con el objetivo de lograr desconectar la operación criminal de esas estructuras bélicas, con los negocios privados y las conexiones sociales.

Si se hace un balance a pocos meses de cumplir dos años al frente del Estado, el gobierno de Petro logró golpearlos financiera y políticamente. Aunque con el levantamiento del cese bilateral al fuego esas disidencias recibieron golpes contundentes, también es cierto que usaron el escenario de diálogo para fortalecerse militarmente. Lo cierto es que aún se está lejos de alcanzar una victoria militar que los doblegue y los obligue a sentarse a negociar el fin de las hostilidades. El anuncio que hizo Iván Mordisco del nacimiento de un bloque “revolucionario” es la constatación de que usó el tiempo de los diálogos y del cese bilateral al fuego, para crecer militarmente. Esa realidad militar obedece al más grave error político cometido por el gobierno de Petro de querer negociar con grupos al margen de la ley a los que jamás les interesó firmar un acuerdo de paz. Quizás pesó más la narrativa con la que Petro viene deslegitimando su lucha “política y revolucionaria”, que el entusiasmo por dejar las armas que pudieron mostrar al principio de los diálogos de paz.  Ambas jugaron a hacer la paz, mientras cada parte hacía lo que creía conveniente: el gobierno, para deslegitimarlos y golpear sus finanzas; y por el lado de los ilegales, para crecer militarmente.

Por supuesto que la creación de un nuevo bloque es la clara demostración de que las disidencias de Iván Mordisco le están apostando a la salida militar, lo que niega de plano la posibilidad de que se logre la firma de armisticio con el Estado colombiano.

Están muy bien los golpes a las finanzas de esas disidencias farianas y a las propias del ELN, pero se está fallando en un factor clave: no se ha logrado romper las cadenas de suministro de armamento y pertrechos.  La pregunta es: ¿Quiénes, dentro del Estado, hacen ingentes esfuerzos para evitar que se rompa esa cadena de suministros? Ya se han descubierto a oficiales y suboficiales vendiéndoles armas a las “guerrillas”, pero ese abastecimiento de balas para los fusiles debe responder a una estructura superior en la que muy seguramente hay empresarios nacionales e internacionales. Otra pregunta: ¿La Inteligencia Militar sabe de la existencia de esos empresarios?

Así las cosas, habrá “conflicto armado” para rato, lo que claramente beneficia a los Señores de la Guerra y a quienes convirtieron la paz en un matute en el que se reparten contratos o congresistas inescrupulosos usan los recursos de donaciones internacionales y los propios, para pagar favores políticos, es decir, para robárselos.

Imagen tomada de EL TIEMPO.com