GUSTAVO PETRO, IVÁN MORDISCO Y LA PAZ TOTAL EN VILO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El cruce de mensajes entre el presidente de la República, Gustavo Petro y el “traqueto vestido de revolucionario”, alias Iván Mordisco, puede terminar en una ruptura definitiva del diálogo de paz que se adelanta entre el Estado y las disidencias de las Farc, también conocidas como estado mayor central (EMC).

Un levantamiento de la mesa de paz significaría el fracaso de la idea maximalista de la Paz Total planteada por el presidente Petro. De igual manera, serviría para confirmar que ninguna de las partes estuvo realmente comprometida con el proceso de paz. Mientras que las disidencias usaron el cese bilateral al fuego para reclutar menores indígenas y consolidarse militarmente, el presidente Petro estuvo más interesado en deslegitimarlos políticamente, al tiempo que atacaba con decisión sus economías ilegales.

Por el lado del gobierno, el presidente Petro lanzó su idea de la Paz Total con el loable deseo de proteger a la población civil, poniéndola en el centro de la discusión política de las mesas instaladas con el ELN y las disidencias de Iván Mordisco. Eso sí, de manera paralela y en diferentes escenarios, Gustavo Petro, fungiendo más como analista político, que, como jefe de Estado, deslegitimó la lucha armada. En una ocasión, en reunión con el generalato, Petro ancló la lucha subversiva en una etapa en la que el factor económico se puso por encima del factor político, pensado este como factor original y motivacional para alcanzar el poder y lograr las transformaciones que el país reclama de tiempo atrás. Incluso, en el mismo escenario de instrucción histórica con la cúpula militar, Petro puso en duda la legitimidad de los viejos comandantes del ELN, preguntándose si los “guerrilleros” más jóvenes realmente obedecían a sus otoñales líderes.

En por lo menos dos ocasiones el presidente Petro emparentó, con toda razón, la operación armada y los proyectos políticos de las disidencias de las Farc y al ELN, con las economías ilegales de las que obtienen enormes ganancias, lo que claramente, para el jefe de Estado, constituye una contradicción ideológica y política que hace que pierdan legitimidad social y política. Es decir, Gustavo Petro instaló unas mesas de diálogo más para enrostrarles a la nueva “guerrillerada” lo que significa realmente ser revolucionario: aceptar que militarmente no se podrán tomar el poder, dejar las armas, firmar la paz y luchar, sometiéndose a las reglas de la democracia. Esto explica el calificativo que usó en contra de Iván Mordisco: “traqueto vestido de revolucionario”.

Al haber militado en el M-19, guerrilla urbana diferente a los perfiles históricamente exhibidos por las Farc y el ELN, Gustavo Petro creyó posible hacer la paz con quienes tiene irreconciliables diferencias ideológicas y políticas, las mismas que le permitieron jugar el doble rol de presidente interesado en hacer la paz, y de analista político, proclive a quitarles legitimidad a la lucha armada que sostienen aún esas agrupaciones. Al final, y gracias al propio carácter confrontador del presidente, el rol que terminó por imponerse fue el de analista político.

Entre tanto, por el lado de las disidencias dirigidas por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, “le cogieron la caña” a Petro de hablar de paz, a sabiendas de que tendrían que soportar las lecturas “desobligantes” del analista político, Gustavo Petro y las decisiones militares del presidente de la República de golpear las economías ilegales que alimentan la operación militar de todas las “guerrillas”. Así entonces, siempre hubo ruidos y mutuas desconfianzas, asociadas estas al doble rol que jugó Gustavo Petro.

En los tiempos del proceso de paz de La Habana, el entonces presidente Santos conformó un equipo plenipotenciario de gran altura académica y dejó que fueran los voceros militares los que libraran la eterna “confrontación discursiva” cada que ocurría un hecho de guerra. Hay que reconocer que para la época casi todos los frentes de las Farc-Ep llegaron convencidos de que era el momento de parar la guerra y firmar el armisticio. Por el lado del Estado, pero sobre todo del Establecimiento colombiano, hubo la decisión casi unánime de apostarle a la paz.

Se pudo pensar que al venir de la lucha armada el presidente, iba a hacer más fácil negociar con los grupos armados ilegales que aún operan en el país. Pero no. Todo lo contrario, el M-19 siempre fue la guerrilla diferente. El largo tiempo que ha pasado Petro jugando con las reglas de la democracia, su carácter confrontador y su interés en consolidar su perfil académico e incluso, de intelectual, lo alejó de la pragmática política con la que actuó Juan Manuel Santos Calderón, apoyado por gran parte del Establecimiento colombiano, para firmar el Acuerdo Final y poner fin al conflicto armado con las Farc-Ep.

Así las cosas, el fracaso de la Paz Total se podría explicar por la confluencia de todos los elementos arriba expuestos, a los que, por supuesto habría que sumar el interés de agentes de poder político, social y económico del Establecimiento que, al verse afectados por la llegada de Petro al poder, le vienen apostando al fracaso de la Paz Total, por cuanto de llegar a darse ese escenario, la izquierda se volvería una opción electoral atractiva para los millones de colombianos que anhelan la paz, pero que no necesariamente votaron por Petro en el 2022.  

Adenda: la respuesta de Iván Mordisco al señalamiento del presidente Petro confirmaría la confianza que representó la llegada del primer exguerrillero a la Casa de Nariño, pero también podría servir para ratificar que el líder de las disidencias jamás leyó y mucho menos entendió el origen y la lucha del M-19. Esto dijo Néstor Gregorio Vera: “Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos”.

Imagen tomada de Semana.com

DISIDENCIAS DE IVÁN MORDISCO Y SU GUERRA CONTRA LOS NASA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El crimen de Carmelina Yule Paví, lideresa Nasa, a manos de miembros de las disidencias de Iván Mordisco provocó la ruptura del cese al fuego bilateral firmado entre los delegatorios del Gobierno de Gustavo Petro y los de esa estructura armada ilegal.

El presidente Petro debió ir más lejos y ordenar el levantamiento de la mesa de la delegación gubernamental, pues ese grupo “guerrillero” viene usando el cese bilateral del fuego para armarse y reclutar menores de edad, en particular adolescentes indígenas. Justamente, en un intento por recuperar a un menor plagiado, con fines de reclutamiento forzoso, comuneros Nasa y miembros de la Guardia fueron atacados a tiros. Al final, el doloroso balance deja a la señora Yule Paví muerta y herido a Rodrigo UI Musicué. 

En el mal llamado Estado Mayor Central (EMC) hay “guerrilleros” con una nula formación política y académica, si se les compara con los perfiles de Alfonso Cano y Manuel Marulanda Vélez, líderes que en varios procesos de paz sentaron sus tesis bajo las cuales justificaron el levantamiento armado en los años 60. Por el contrario, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, es un personaje violento y poco leído, que representa la decadencia de la lucha armada. El mismo presidente Gustavo Petro llamó a alias Iván Mordisco “traqueto vestido de revolucionario”.

El alias de Iván Mordisco dice mucho del talante de este “subversivo”.  Su perfil se acerca más a la altura moral y política del Mono Jojoy o de alias el Negro Acacio. InSigth Crime dice de Vera Fernández que “es conocido por ser un líder especialmente violento, que desprecia a la población civil. Como comandante del Frente 1 desde 2012, Mordisco estuvo detrás de delitos como la extorsión de comerciantes, agricultores y otros habitantes rurales, así como de la minería ilegal. Las autoridades colombianas también le acusaron de reclutar menores de edad”.  

La decisión valerosa de la Guardia Indígena de salir en la búsqueda de otros menores plagiados por la "Dagoberto Ramos" o la "Jaime Martínez!, con fines de reclutamiento, así como de los cabecillas que asesinaron a Carmelina Yule, los expone aún más a las retaliaciones de un grupo armado ilegal que exhibe un enorme desprecio por la población civil, circunstancia esta que deviene atada a la nula formación política de los auto llamados “revolucionarios”. En esa línea argumentativa, el actuar de los “guerrilleros” está ancorado al espíritu violento de unos “machitos” a los que, internamente, solo les interesa demostrar fiereza y arrojo para descrestar a sus comandantes; en el plano externo, su rabiosa testosterona está dirigida a intimidar mujeres y menores de edad y dado el caso, provocar a hombres indígenas capaces de salirles al ruedo, acompañados solamente de sus bastones de mando.

El insuceso, ocurrido en Toribío (Cauca), puede inscribirse en la tesis planteada por Daniel Pécaut, “Guerra contra la sociedad”. El autor francés propuso esa denominación a los múltiples fenómenos de violencia, incluida la guerrillera, lo que confirmaría la desaparición de tensiones sociales. La llegada de un exmiembro del M-19 al Solio de Bolívar debió asumirse por las disidencias de las Farc y el propio ELN como una oportunidad histórica para facilitarle las cosas al primer gobierno de izquierda. Insistir en la violencia armada confirma su anacronismo y el interés de mantener una lucha armada, más por las ganancias que les entregan la economía ilegal (narcotráfico y minería), que por el loable propósito de luchar por asegurar los cambios que el país necesita.   

Para el caso que nos ocupa en esta columna, lo que estaría sucediendo en los resguardos del Cauca es una “guerra contra los Nasa”, declarada por Iván Mordisco. Lo curioso es que dentro de las filas de ese grupo armado ilegal que obedece a Néstor Gregorio Vera hay mestizos e incluso, hombres con aspecto indígena a los que les queda muy fácil “mimetizarse” entre los comuneros y la población que vive en los alrededores de los resguardos indígenas del Cauca.

El Estado colombiano tiene la obligación de proteger a las comunidades indígenas. Los sistemáticos ataques de la "Dagoberto Ramos" y la "Jaime Martínez" a los Nasa del Cauca le restan legitimidad a la mesa de diálogo. Tanto los Nasa, como las autoridades, deben prepararse para enfrentar de manera conjunta el desafío social, militar y político que el EMC viene consolidando en el departamento del Cauca. El gobierno debe levantarse de la mesa de diálogo, así ello signifique pasar del anhelo maximalista de la Paz Total, al retorno a una vieja condición que loa colombianos ya conocen: la Guerra Total. No hay tiempo para tibiezas.  

 

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SOSTENIBILIDAD, CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La consulta que los gobiernos de Chile y Colombia acaban de hacerle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en materia de crisis climática y derechos humanos, abre el camino para que el alto tribunal y otras instancias internacionales de justicia tomen nota de los efectos psico sociales, económicos, culturales y ambientales  que viene dejando la crisis climática. La idea es que los examinen en perspectiva de derechos humanos, lo que implica ampliarlos, más allá del derecho a tener un ambiente sano.

Establecer esa relación jurídico-política entre los efectos que deja el modelo de desarrollo agro extractivo a nivel mundial y los derechos humanos complejiza el actuar de los Estados, y pone de presente que el discurso de la sostenibilidad debe superar los reduccionismos en los que viene cayendo por culpa de quienes lo promueven desde las perspectivas empresariales y/o corporativas, atadas exclusivamente a los ámbitos económicos. Esto es, una sostenibilidad más pensada desde la viabilidad de los negocios y del capitalismo, dejando por fuera la mirada sistémica con la que deben observarse los efectos del cambio climático. Se requiere, por el contrario, hablar de una sostenibilidad más centrada en una ética ecológica y en un biocentrismo. 

Los cancilleres de Colombia y Chile enviaron un documento al tribunal de justicia en el que sobresalen seis puntos, a saber: “1. Deberes de prevención y garantía en derechos humanos vinculadas frente a la emergencia climática. 2. Preservación del derecho a la vida y la sobrevivencia frente a la emergencia climática a la luz de lo establecido por la ciencia y los derechos humanos. 3. Obligaciones diferenciales de los Estados con respecto a los derechos de los/as niños/as y las nuevas generaciones frente a la emergencia climática. 4. Procedimientos de consulta y judiciales dada la emergencia climática. 5. Protección y prevención a las personas defensoras del ambiente y del territorio, así como las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en el marco de la emergencia climática. 6. Responsabilidades compartidas y diferenciadas en derechos de los Estados frente a la emergencia climática”.

Si la consulta de los cancilleres la asume la CIDH como esperan los gobiernos de Chile y Colombia, estaremos ante la juridización de la crisis climática que es no es otra cosa que la revisión del papel Estado en materia económica, lo que debería, en un futuro cercano, legitimar intervenciones públicas alejadas de las lógicas del capitalismo, para llegar, finalmente, a la construcción de Estados ecológica y humanamente comprometidos en la mitigación de los efectos del cambio climático a través de un reordenamiento territorial que atienda circunstancias étnico-territoriales, pero también, que promueva la recuperación de especies claves (plantas y animales) para recuperar ecosistemas valiosos; igualmente, los Estados de América Latina deberán emprender, bajo una celosa vigilancia de la CIDH, ajustes al modelo económico y a la transformación de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza.

Si el tribunal de justicia tramita la consulta elevada por Chile y Colombia y redacta una declaración o incluso, determina acciones vinculantes para los Estados que están bajo su jurisdicción, las luchas políticas e ideológicas estarán en lo consecutivo atadas a la sostenibilidad, asumida esta como una apuesta educativa y de cambio cultural de los pueblos comprometidos en esta parte del hemisferio, así como de los políticos y de los líderes. Al final, humanizar la política y con esta la operación de los Estados serán las consecuencias que dejará el cambio climático, siempre y cuando este se asuma con la seriedad y la responsabilidad que acompañan la consulta de los cancilleres de Colombia, Álvaro Leyva y de Chile, Antonia Urrejola. Los próximos pronunciamientos y fallos que emita la Corte muy seguramente se podrán leer en clave de ecología política.

Ojalá la respuesta de la CIDH vaya encaminada, también, a contrarrestar la naturalización del posthumanismo y de la postnaturaleza, discursos estos que no solo miran de soslayo la crisis climática, sino que validan la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA), dispositivo con el que se cree que se superan los asuntos morales y éticos que confluyen en la crisis climática generada en y durante el Antropoceno.

CIDH VUELVE A CONDENAR AL ESTADO COLOMBIANO

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó, hoy 18 de marzo de 2024, al Estado colombiano por la persecución política, institucional e ideológica que efectivos del DAS realizaron en contra del Colectivo de Abogados Jorge Alvear Restrepo (Cajar).

En el fallo se lee que el Estado “vulneró, en perjuicio de las víctimas, los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, los derechos de la niñez y el derecho a defender los derechos humanos”.

Los delitos estatales se cometieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la aplicación a rajatabla de la tenebrosa política de seguridad democrática, implementada entre el 2002 y el 2010, con el objetivo de socavar la legitimidad de los defensores de derechos humanos, considerados por agentes públicos como “amigos del terrorismo y de la guerrilla”. Esa fue la narrativa a la que apeló el entonces jefe del Estado para estigmatizar y perseguir a los miembros del colectivo Cajar.

Con esta nuevo fallo, el Estado colombiano acumula ya 13 condenas, proferidas por la CIDH, asunto que lo confirma como un orden social y político asesino y violador de los DDHH. Ahora, más allá del fallo condenatorio y de las acciones simbólicas que deberá adelantar para pedir perdón y reparar a las víctimas, lo que resulta de enorme valor ético-político es empezar a exigir que la Corte Penal Internacional (CPI) y la CIDH construyan el discurso  jurídico suficiente que permita hacer click entre las responsabilidades políticas y morales que se espera que asuma el Estado colombiano en su conjunto por los delitos cometidos, y las responsabilidades individuales (políticas y penales) de los presidentes de la República en cuyos mandatos se produjeron las violaciones a los derechos humanos; bien a través de masacres, desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y persecución política como el caso ejemplarizante del Colectivo de Abogados.

Urge que la CIDH y la CPI trabajen en la armonización de sentencias, buscando que las condenas morales a los Estados que reconocen sus jurisdicciones, en este caso al colombiano, sobrepasen esos límites y condiciones simbólicas, para llegar a establecer responsabilidades penales y políticas.

Hay que recordar que Uribe Vélez usó al DAS como su policía política para estigmatizar y perseguir a sus críticos y detractores, a los que señaló varias veces como “amigos de los terroristas”. Cajar, en su momento, recordó los violentos y desobligantes epítetos que usó Uribe para desprestigiar a los defensores de los DDHH: “Hablantinosos”, “voceros del terrorismo”, “traficantes de derechos humanos”, “compinches”, “áulicos”, “politiqueros” y hasta “chismosos” han sido los adjetivos más recurrentes del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, para atacar durante sus siete años de gobierno a los defensores de derechos humanos. En discursos, declaraciones a la prensa nacional e internacional, intervenciones televisadas y en consejos comunales de gobierno, el presidente Uribe ha arremetido contra personas y organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos en el país, así como en tareas de denuncia contra las acciones perpetradas por organismo de seguridad del Estado violatorias de derechos fundamentales de la ciudadanía”.

Insisto en la necesidad de que los dos tribunales internacionales construyan puentes jurídicos que conduzcan, ojalá, a juicios penales y políticos a los jefes de Estado que de manera directa e indirecta auparon, azuzaron, permitieron o cohabitaron con la violación sistemática de los derechos humanos. Las peticiones de perdón y los actos simbólicos son importantes para las víctimas y el registro noticioso de los fallos condenatorios, pero poco o nada sirven para evitar que jefes de Estado usen el aparato represivo para dar rienda suelta al odio que profesan hacia los defensores de los DDHH.  En juego está la legitimidad del Estado. Para el caso colombiano y por su carácter criminal, el Estado arrastra una histórica ilegitimidad que supera las 13 condenas que lleva a cuestas. 

EL COLOMBIANO QUE LE LAVA LA IMAGEN AL EXPRESIDENTE URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El editorial del periódico El Colombiano, titulado Mancuso, el cínico, es una oda silenciosa al expresidente antioqueño, Álvaro Uribe Vélez. De manera soterrada, apelando a la fuerza de lo no dicho, el diario que representa a la godarria paisa defiende la “honorabilidad” del exmandatario, dejando de lado una realidad insoslayable: que está imputado de graves delitos, los mismos que llevaron a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a librarle orden captura. Aunque estuvo detenido en su hacienda y no en una cárcel, sobre su espalda pesa el haber sido reseñado por el Inpec bajo el número 1087985. Al final, logró enfrentar en libertad el proceso penal por fraude procesal y manipulación de testigos, lo que lo convierte en un expresidiario.  La Fiscalía, de manera cínica, ha solicitado en tres ocasiones la preclusión de ese proceso penal. Ahora sí, vamos al texto.

La férrea defensa del político antioqueño se da en medio de la lapidación pública que El Colombiano hace del confeso criminal, Salvatore Mancuso. Veamos algunos apartes del mencionado editorial, para dar cuenta de la intención del diario conservador de sacar incólume al nefasto político.

Dice el editorial: “Durante diez años, entre 1996 y 2006, Mancuso convirtió con sus bandas a Colombia en un triste y aterrador cementerio. Es investigado por crímenes de la mayor gravedad, entre ellos 12.315 homicidios en persona protegida, 2.050 desapariciones forzadas, 13.951 desplazamientos forzados, 880 crímenes de violencia basada en género y 4.997 crímenes de guerra y una larga lista de hechos delictivos que se pueden consultar en su expediente de Justicia y Paz”.

Lo que oculta o deja de señalar El Colombiano es que entre 2002 y 2006, Uribe Vélez fue presidente de la República. En el corte sincrónico que hace el editorialista olvida ese dato que resulta clave para comprender los hechos a los que hace referencia. Justamente, las declaraciones de Mancuso ante Justicia y Paz y luego ante la JEP, en las que involucra a Uribe con la operación de las estructuras paramilitares, se expone ese periodo de 4 años en el que se habrían dado los apoyos estatales a las AUC. Mancuso actuó como un general de facto, patrullando con tropas paramilitares, que las hacía pasar como Ejército nacional, con la anuencia de los altos mandos militares, en el marco de la política de seguridad democrática.

El editorialista pega un brinco en su proceso narrativo, para decir, a renglón seguido que “ahora viene a señalar con su dedo acusador al expresidente Álvaro Uribe con el argumento de que está involucrado en un proceso judicial de presunta manipulación de testigos. Dice Mancuso: “Nunca he llamado a nadie para orientar versiones ni testimonios, de hecho, no soy yo quien está involucrado en procesos judiciales por ese motivo, no soy yo el que tiene esas prácticas de enviar a terceros a inducir falsos testimonios”. De manera sinuosa, el responsable de este editorial pone en duda la existencia del proceso judicial del que hace parte el expresidiario y expresidente en calidad de imputado. No se puede negar que Uribe Vélez es agente procesal en ese tormentoso y mediático caso.

En otro párrafo, vuelve El Colombiano a ocultar información contextual relevante: “Lo cierto es que Salvatore Mancuso no había aterrizado en Colombia deportado desde Estados Unidos y ya estaba levantando una polvareda. El hombre, que hace 20 años entró al Congreso y pronunció un discurso que alentaba a pensar que en el país era posible la rendición de estas estructuras criminales en el marco de Justicia y Paz, regresó con el propósito de buscar beneficios en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que fue admitido el año pasado, y de paso cumplir una misión que le encomendó el presidente Gustavo Petro: ser gestor de paz”.

El diario les niega a sus lectores un dato clave: Mancuso llegó al Congreso gracias a dos congresistas uribistas, amigas de Uribe Vélez: Eleonora Pineda y Rocío Arias, ambas señaladas por Mancuso de ser cercanas a los paramilitares.

Este editorial constituye un buen ejemplo para entender cómo operan las funciones de informar (lo dicho) y ocultar lo que no conviene o pueda resultar inapropiado (lo no dicho). En esos dobleces del lenguaje, El Colombiano intenta lavar la imagen de un expresidente sobre el que pesan graves señalamientos y procesos penales en diferentes instancias: por ejemplo, en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, por los casos de las masacres de La Granja y El Aro y el crimen del defensor de derechos humanos, José María Valle. El mismo Mancuso declaró ante la JEP que Uribe “siempre estuvo al tanto de la masacre de El Aro”.

Está muy bien que El Colombiano califique a Mancuso de cínico, pero lo que no está bien es que intente librar al expresidente y expresidiario de responsabilidades penales y políticas por el solo hecho de ser paisa.

 

Imagen tomada de Canal 1

PUEBLO, INSTITUCIONALIDAD Y DEMOCRACIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay un grupo de categorías o conceptos que a diario resultan manoseados para propósitos político-electorales y defender intereses de clase: pueblo, institucionalidad y democracia. Después del zafarrancho político-mediático que desató Petro con aquello de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es preciso detenerse a pensar alrededor de esos tres conceptos que de inmediato emergieron en la discusión sobre la viabilidad, pertinencia y necesidad de llevar el país hacia una ANC.

El primero de estos es la categoría Pueblo. En innumerables oportunidades el presidente de la República usó el término Pueblo para anclar en este, a pesar de su indeterminación y de su no presencia totalizante, su proyecto político y las reformas sociales que el Congreso no quiere aprobar.

Nadie puede negar que hay una parte importante del pueblo colombiano que acompaña al presidente Petro. A Puerto Resistencia, lugar desde donde Petro sacudió a los momios del Establecimiento, llegaron más de 10 mil personas que representan al pueblo al que el presidente de la República le habló y le dijo que él estaba dispuesto a llegar hasta donde ellos, el pueblo, le dijera. ¿Si 11 millones de colombianos votaron por Petro, ese es el pueblo colombiano al que el jefe del Estado le habla? En el mismo sentido de ese interrogante, hay que preguntarse por los más 10 millones que votaron por el entonces candidato presidencial, Rodolfo Hernández, recién condenado por corrupción. ¿Esa cantidad de compatriotas que votaron por un corrupto (estaba ya imputado), a qué pueblo pertenece? En estricto sentido, habría “dos pueblos”: uno derechizado, uribizado, cómodo, tranquilo y dispuesto a defender a dentelladas su bienestar, asociados a clanes y sectores privilegiados; y el otro, izquierdoso, progresista, insatisfecho y proclive a defender sus derechos y los de los demás, históricamente vulnerados.

En el periodo en el que mandó -no gobernó- Álvaro Uribe Vélez se presentó la misma situación: ¿Quienes no votamos por el político antioqueño, porque sabíamos de sus andanzas del pasado, jamás hicimos parte del pueblo colombiano que votó masivamente para elegir y reelegir al padre de la Seguridad Democrática?

Ahora hablemos de la institucionalidad. Varios de los voceros de la derecha que la prensa tradicional entrevistó a propósito del llamado presidencial a una ANC usaron este vocablo para indicar que Petro irrespeta o desconoce que hay una vigorosa institucionalidad y unas sólidas instituciones, lo que les permite invalidar el llamado a una ANC. En particular, defendieron la institucionalidad que brota de las actuaciones y decisiones de un Congreso alejado de los reclamos de unas mayorías que exigen mejores condiciones de vida. Por cierto, estamos ante una institucionalidad funcional a los intereses de los sectores económicos, sociales y políticos que, al no estar dispuestos a perder privilegios, se niegan a discutir con argumentos las reformas presentadas por el gobierno. Habría, entonces, al igual que en el caso del término Pueblo, dos institucionalidades: una, que brota de la idea de Estado social de derecho que tiene el presidente de la República y la otra, que emerge de la idea que tiene la derecha en torno a lo que debe ser el Estado. Para este sector de poder basta con que opere un Estado de derecho (el imperio de la ley) para cumplir con lo prescrito en la Carta Política de 1991.

Y termino con la categoría democracia. De inmediato, los alborotados momios del Establecimiento colombiano hablaron de que Petro los iba a llevar hacia una “dictadura”, antónimo de democracia. De hecho, creen que ya vivimos bajo un régimen dictatorial, tipo El Salvador de Bukele o el que soportan los venezolanos con Nicolás Maduro Moros. Mientras que Petro quiere “profundizar la democracia” en los términos planteados por Chantal Mouffe, la sempiterna godarria insiste en vivir bajo el cerramiento democrático del Frente Nacional. Dados los niveles de crispación ideológica y política que se viven en el país de tiempo atrás, habría por lo menos dos acepciones de democracia.

Aquellos que consideran que Petro busca perpetuarse en el poder y que ya vivimos bajo una dictadura, están dispuestos a defender con todas sus fuerzas la democracia, la misma en la que fueron asesinados 6402 jóvenes (falsos positivos), se persiguió y se chuzó a los entonces magistrados de la Corte Suprema de Justicia; se cooptó a la prensa y se sometió al Congreso a los caprichos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Esa idea de democracia obligó a la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, frenar la segunda reelección de Uribe por considerar que efectivamente se había debilitado el equilibrio de poderes y los pesos y contra pesos de la democracia.

Así las cosas, el problema de fondo que tenemos los colombianos es que cada uno tiene en mente unas ideas diametralmente distintas de democracia, institucionalidad y pueblo. Y lo más grave es que cada construcción conceptual se aleja de los consensos que la academia ha logrado establecer en torno al sentido de cada una de esas categorías.

Imagen tomada de Youtube.com

COLOMBIA EN EL CONCIERTO INTERNACIONAL: UN LABORATORIO DE LA INFAMIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

De los complejos problemas de Colombia son responsables su pueblo, las empresas mediáticas, la élite tradicional, esto es, los clanes políticos que históricamente usan su poder para capturar y privatizar el Estado y agentes sociales, económicos y políticos de la sociedad civil que actúan bajo los principios del ya naturalizado ethos mafioso. Digamos que esa es una verdad de Perogrullo que, además de incontrastable, tiene el grave problema de esconder las responsabilidades que hay que endilgarles a otros agentes. Esos otros, hacen parte de lo que se conoce etéreamente como la comunidad internacional.

Y dentro esa espectral comunidad aparecen los fabricantes de armas y pertrechos militares, a quienes siempre les convino y les conviene aún, la extensión en el tiempo el conflicto armado interno. Se suman a estos señorones de la guerra y las multinacionales mineras y madereras a las que solo les interesa venir a saquear los recursos, en el contexto de una economía de enclave que solo las beneficia a ellas. La operación de estas en buena medida viene coadyuvando a que millones de colombianos vivan en condiciones miserables.

Así, Colombia vive en una eterna esquizofrenia entre la paz y la guerra, alimentada esa condición mental, de un lado, por los señorones de la guerra y sus espejos locales, y por el otro, por quienes de manera equivocada invocaron la revolución armada, para terminar recibiendo 10 curules del régimen, y sin haber logrado modificar las co-relaciones de fuerza al interior del régimen de poder. En este aspecto, logró más el Pacto Histórico y las vario pintas corrientes que lo conforman, en cuatro años y sin echar al aire un solo tiro: 20 escaños en Senado y 25 en Cámara de Representantes.

Justamente, a varios agentes y actores de esa comunidad internacional les conviene que el Estado colombiano siga operando bajo las mismas condiciones de debilidad institucional, incapacidad para copar el territorio, pero sobre todo, que lo haga bajo la égida de gobiernos neoliberales entregados a esta doctrina, y por supuesto, capaces de articularse a las redes de corrupción que van de la mano de lo que se conoce como la cooperación internacional.

No se escucha abogar a estas fuerzas económicas y políticas internacionales para que Colombia se consolide como un Estado moderno, capaz de garantizar una vida digna para todos sus nacionales. No. Por el contrario, entre más dificultades ofrezca el país, sus intereses crecen y también las ganancias de quienes están detrás de las organizaciones internacionales que aportan, por acción u omisión, a las desgracias del país.

A pesar de que la corrupción es ya reconocida como el principal problema del país, no se proponen, desde esas instancias internacionales, estrategias de presión contra las élites locales para que, quizás siguiendo a Turbay Ayala, logren reducir la corrupción a sus justas proporciones. Por el contrario, ese escenario en el que opera el ethos mafioso es el que más les conviene a multinacionales de todo tipo, pues saben que acá todo se logra con el pago de millonarias coimas, “inversión o gasto” que se recupera con las exenciones de impuestos de renta o el irrisorio pago de regalías.

Además, a lo anterior hay que sumar que somos el perfecto laboratorio político, social y económico con el que cuentan las fuerzas internacionales del tráfico de drogas, incluyendo, por supuesto, la banca internacional. Esas mismas fuerzas saben que, para el caso colombiano, de tiempo atrás, los narcotraficantes ponen presidentes para que les hagan el juego a la obtusa lucha contra el narcotráfico; también saben que el sistema bancario nacional está dispuesto para el lavado de activos. Y socialmente, saben que el ethos mafioso, derivado de esa actividad ilícita, permitió y permite aún que la sociedad entera termine validando el ascenso social soportado en las prácticas criminales que se derivan de la lucha contra el tráfico de drogas. Hay que decirlo sin ambages, Colombia y sus problemas constituyen uno de los más grandes laboratorios de la infamia que este moderno orden criminal del mundo creó hasta el momento.

Por todo lo anterior, no basta con proponer cambios al interior del país, cuando lo que hay poner en cuestión son las relaciones con una comunidad internacional igualmente mafiosa y criminal, así como a quienes dentro del país operan como sus espejos de poder. Así las cosas, vuelvo e insisto, Colombia necesita de una revolución cultural y ello implica, ponerle límites a los intereses de una comunidad internacional que sigue viendo a Colombia y a su pueblo, como instrumentos con los que logran saciar las costosas vidas de presidentes de compañías multinacionales. 

Imagen tomada de Cromos

GUSTAVO PETRO Y LA DEMOCRACIA PLEBISCITARIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Si algo saber hacer el presidente Gustavo Petro es incomodar a los momios del Establecimiento. Después de señalar en Cali, en Puerto Resistencia, que Colombia debe ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente, los medios masivos hegemónicos se dieron un banquete periodístico y político con la propuesta presidencial: les abrieron los micrófonos a los agentes políticos que se oponen a las tres reformas planteadas por el gobierno, encaminadas estas a tratar de profundizar la democracia y por ese camino, cumplir con lo que señala la Constitución de 1991: que Colombia es un Estado Social de Derecho.

La propuesta es a todas luces inviable, por una razón fundamental que parece que Petro olvidó: no tiene las mayorías en el Congreso. Mientras la derecha pasa el trago amargo que les hizo pasar la simple propuesta, lo que tendría que hacer el gobierno nacional es avanzar en la reforma agraria, la recuperación de las vías férreas, frenar la deforestación de las selvas; en cuanto a las reformas, debe darle más poder a la Superintendencia de Salud para esta entidad sancione con dureza a las EPS que se nieguen a prestar a entregar a tiempo los medicamentos y autorizar los procedimientos. Igualmente, crear una red de centros de salud en los lugares más apartados del país.

Las resistencias al cambio de los agentes del Establecimiento no son óbice para avanzar en otros asuntos en los que se requiere la atención del Estado y que no necesariamente pasan o tocan los temas de las tres reformas. Mientras tanto, los seguidores del presidente deben entender que hay que prepararse desde ya para las elecciones de 2026. No haber votado masivamente en las elecciones del Congreso le permitió a la derecha conservar sus curules, las mismas que está usando para atravesarse a las reformas.

Hay que comprender que con un exguerrillero como presidente de la República (2022-2026), se resintieron los cimientos conservadores, excluyentes y autoritarios de quienes lideraron el establecimiento colombiano durante más de 50 años de guerra. La figura de Petro presidente genera unas grietas por las que deberán por fin colarse las ideas modernas que la élite feudal dominante jamás acogió, porque estaba cómodamente instalada en la tradición, en el pasado y en la cultura dominante. O quizás, plácidamente moviendo los hilos de un eterno estado de naturaleza. La conquista del poder, por la vía democrática, del primer gobierno nacional de izquierda, abre el camino para que Colombia se vea inmersa en una especial coyuntura política, que muy seguramente irradiará a ámbitos como el económico, el social y en particular, en el de la cultura. La llegada de Gustavo Petro a la jefatura del Estado, después de haberse levantado en armas en su contra, le da un valor innegable a la vida democrática, a pesar del cerramiento que la democracia colombiana exhibió desde los tiempos del Frente Nacional. Pero también, legitima los esfuerzos de paz que desde el Estado se emprendieron en el pasado y los que se ojalá se pongan en marcha para lograr la desmovilización del ELN y la de las disidencias de las extintas Farc-Ep, otoñales grupos armados que se quedaron en el pasado.

Como líder carismático, Gustavo Petro tiene la oportunidad, junto con los cuadros que lo acompañan ideológicamente, de proscribir todos los procesos de estigmatización, persecución y exclusión que la gran prensa aupó, siguiendo las narrativas violentas con las que se logró demonizar a todo lo que oliera a izquierda. Si Petro y su gobierno cumplen con lo más sustancial de lo prometido en campaña, será posible transitar los caminos de una modernidad que lleve a la consolidación de una verdadera democracia, pluralista y respetuosa de las diferencias y al nacimiento de unas nuevas ciudadanías, más acordes con los desafíos que hoy, entre otros fenómenos, nos impone el cambio climático y la crisis humana-ambiental (civilizatoria) que abraza al planeta. Por eso no es conveniente distraerse haciendo propuestas inviables, que solo sirven para molestar a la derecha.

La presencia de público en la Plaza de Bolívar durante la ceremonia de transición de mando debe leerse en clave cultural y política, en la medida en que Petro se reconoce como un líder carismático, circunstancia esta con la que podría instaurar durante su mandato, una democracia plebiscitaria en la perspectiva de Weber, con todo y los riesgos que ello depara. Ello explicaría no solo la presencia masiva y remota  en plazas y parques de centenares de sus seguidores, sino su genuina preocupación, expresada en la frase “no les podemos fallar”. Petro Urrego sabe muy bien que perder el carisma es fácil por cuenta de no satisfacer ampliamente las expectativas y necesidades de un pueblo que tiene hambre y que ha sufrido la exclusión de una élite “blanca” que jamás se conectó con sus aspiraciones de ejercer una combativa ciudadanía política. Por el contrario, esa misma élite construyó una relación de dominación con la que dio vida al más inmoral de los asistencialismos y a la consolidación de un clientelismo que se extendió a todas las esferas de la sociedad.  

Baste con extraer algunas frases de su conmovedor  discurso, para entender la dimensión de lo dicho, los mensajes cifrados que envió y los que están atados a su lucha revolucionaria:

“Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta Plaza Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior que hoy empieza nuestra segunda oportunidad. Nos la hemos ganado. Se la han ganado. Su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del esfero y podemos escribirlo juntos, en paz y en unión”.

Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder. Pero lo logramos. Hicimos posible lo imposible. Con trabajo, recorriendo y escuchando, con ideas, con amor, con esfuerzo. Desde hoy empezamos a trabajar para que más imposibles sean posibles en Colombia. Si pudimos, podremos”.

Estamos ante una ruptura histórica alejada moral, ética y democráticamente del quiebre institucional y cultural que el país vivió durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Entre 2002-2010 emergió un líder carismático como resultado de una invención mediática.  Quizás Uribe pensó en que sus consejos comunales de gobierno lo llevarían a liderar una democracia plebiscitaria o por lo menos, a ejercicios de una democracia directa. Ni lo uno, ni lo otro. El liderazgo del hoy imputado expresidente (1087985) estuvo fundado en el poder los clanes regionales que lo respaldaron y que supieron cobrarle dicho apoyo, por ejemplo, con la política pública Agro Ingreso Seguro (AIS). De la misma manera, Uribe operó un Estado militarista, el mismo que terminó asesinando a su propio pueblo (6402 falsos positivos). Por el contrario, el que encarna Petro Urrego está fundado en el poder de un Estado cuya legitimidad no está anclada exclusivamente  en el poder de las armas y en la persecución de aquellos asumidos como “enemigos de la patria”, sino en el surgimiento de un Estado moralmente superior y obligado a comportarse como un Estado social y democrático de derecho. Entre 2022 y 2026 veremos  a un líder carismático y magnánimo, surgido de las entrañas de la exclusión y de la lucha revolucionaria. Por lo anterior, insisto en que Petro debe dedicarse a gobernar y dejar de soltar globos que el grueso del pueblo no está en capacidad de entender sus alcances.

“Que la guerra contra las drogas ha llevado a los Estados a cometer crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia. ¿Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200.000 los muertos por sobredosis en Estados Unidos cada año? O más bien, cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz”.

Si terminado su mandato, Petro pierde el respaldo popular por haber incumplido las promesas de campaña, el hoy derrotado régimen volverá a sacar el garrote disciplinante para asegurarse que jamás la izquierda vuelva a poner presidente y arrebatarles el poder. Si, por el contrario, logra consolidar una democracia plebiscitaria, dejará que sea el pueblo el que defina su sucesor o la continuidad de su mandato.

 

Imagen tomada de la red X.

LOS RIESGOS DE UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), como camino expedito para lograr las reformas sociales y políticas que las bancadas en oposición del Congreso insisten en no tramitar, deviene peligrosa e inconveniente por varias razones. Antes de exponerlas, hay que recordar que en los tiempos del gobierno de Uribe Vélez se planteó convocar a una Constituyente para discutir reformas alrededor de temas específicos. La propuesta del uribismo estuvo precedida del enfrentamiento que Uribe sostuvo con las altas cortes, en particular con la Corte Suprema de Justicia. Luego, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se hizo la misma propuesta, esta vez para refrendar el acuerdo de paz de La Habana.  En ese momento, fueron las Farc-Ep quienes propusieron esa salida.

El profesor Rodrigo Uprimny, el 9 de junio de 2013 hizo referencia a una ANC cerrada: “…Otra posibilidad es una asamblea constituyente, pero no soberana, sino para temas específicos. Y eso es posible pues la Constitución establece que la ciudadanía aprueba la convocación de una constituyente, pero con base en una ley que define su “competencia, período y composición”. Una asamblea con competencia limitada no pondría en riesgo los avances de la Constitución de 1991; y al definirse su composición, podría permitirse una mejor participación de grupos minoritarios, como las víctimas y los grupos étnicos. Es pues una opción a explorar, pero que también tiene peligros, pues una vez convocada podría querer transformarse en una asamblea soberana…Debemos pues empezar a debatir cómo refrendar un eventual acuerdo de paz”.

Si bien el gobierno Petro cuenta con un importante respaldo popular, hay sectores de la población que siguen firmes con la derecha, lo que, en un escenario electoral para elegir a los delegatarios, haría posible que la derecha termine con las mayorías de los constituyentes lo que se traduciría en una derrota política para el petrismo. A lo que se suma el riesgo de que ese sector del espectro ideológico modifique el actual diseño constitucional para regresarnos al modelo de sociedad y Estado de la Constitución de 1886, que es el sueño del uribismo.  

Al no contar con las mayorías en el Congreso, el gobierno Petro le daría a la ultraderecha la enorme posibilidad de cambiarlo todo, para dar rienda suelta a sus ideas conservadoras.  Derogar la Carta Política de 1991, sin haber alcanzado la consolidación del Estado Social de Derecho y la generación de una cultura política y democrática en todos los niveles de la sociedad colombiana y sobre todo sin haber solucionado problemas como el empobrecido capital social de millones de colombianos, es un riesgo que el país no puede correr. Si bien es legítimo que Petro proponga ese camino institucional, las circunstancias económicas, mediáticas y políticas no lo favorecen del todo.

Las circunstancias contextuales que llevaron al gobierno de César Gaviria a convocar la Asamblea Nacional Constituyente en nada se parecen a las que hoy vive el país. Ni tenemos una violencia generalizada y muchos menos una crisis institucional que haga inviable al país. Hay, sí, una férrea oposición en el Congreso frente a las reformas a la salud, al sistema pensional y a las condiciones laborales presentadas por la actual administración, lo que pone en evidencia que la derecha tradicional, representada en los partidos declarados en oposición y en independencia, está dispuesta a defender los privilegios de la élite tradicional que se siente amenazada con las reformas planteadas por el presidente de la República.

Si bien hay sectores del Establecimiento que están con Petro, hay otros igual o más poderosos que le hacen oposición y hacen ingentes esfuerzos para que al país le vaya mal. Aquellos que hoy le sonríen a Petro, al momento de una ANC lo más probable es que le den la espalda. En ese momento, los reformistas, enemigos de la Carta de 1991, se la jugarían por regresarnos al pasado.

Por lo anterior, convocar a una ANC se acercaría más bien a una decisión caprichosa del jefe del Estado, tal y como sucedió cuando el entonces presidente Uribe propuso conformar una constituyente. Petro debe evitar a toda costa ser comparado con el expresidente y expresidiario antioqueño. Lo que debe hacer el petrismo y la izquierda en general, es formar los cuadros suficientes y entregarle las banderas del cambio a un candidato como Luis Gilberto Murillo.

Imagen tomada de Youtube. 

LIGA DE GOBERNANTES CONTRA LA CORRUPCIÓN: LA FACHADA DE RODOLFO HERNÁNDEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La condena por corrupción que un juez acaba de proferir contra el excandidato presidencial, Rodolfo Hernández Suárez expone no solo la inmoralidad del procesado, sino la ética acomodaticia de los políticos y demás ciudadanos que en el 2022 votaron por el ingeniero Hernández, a sabiendas de que para la época ya estaba imputado por el delito de corrupción.

Mientras en las redes sociales fustigan a quienes votaron por Hernández Suárez y se espera un arrepentimiento de políticos como Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán, el alcalde de Cali, Alejandro Eder y Enrique Peñalosa, entre otros más, incluidos periodistas, la condena tendrá un impacto electoral y político sobre la bandera de la lucha contra la corrupción, en las elecciones de 2026.

Sin duda alguna, la campaña del ingeniero y el propio Hernández se burlaron de los colombianos al lanzar el movimiento Liga de Gobernantes contra la Corrupción, fachada que le sirvió para cautivar a millones de incautos que creyeron que Rodolfo Hernández iba a luchar contra el ethos mafioso que se naturalizó en el país, el mismo que guio al político santandereano en la entrega del millonario contrato a la unión temporal Vitalogic para el manejo de las basuras en Bucaramanga.  

El hecho de que Hernández haya agitado la bandera de la lucha contra la corrupción, estando imputado, le quitó credibilidad y hará que en la próxima contienda electoral los candidatos que se lancen en procura de llegar a la Casa de Nariño lo piensen dos veces antes de insistir en acoger esa consigna. Además, la condena contra el exalcalde de Bucaramanga le quitó sentido ético-político y social a esa proclama para aquellos ciudadanos que genuinamente creen que el gran cáncer del país es la corrupción público-privada. Por el contrario, para los más de 10 millones que votaron por Hernández, esa bandera social y política seguirá siendo una simple artimaña electoral, pues de antemano saben que, para que siga operando el régimen de poder, se necesita mantener los históricos niveles de corrupción a los que el país se acostumbró.

Aunque es poco probable que los políticos aquí reseñados salgan a los medios a reconocer que se equivocaron al subirse a la “Rodolfoneta”, la exposición mediática de semejante engaño debe permitir que varios millones de colombianos se arrepientan de haber votado por el mañoso octogenario. Solo así, la bandera de la lucha contra los corruptos recuperará el sentido, la dignidad y la seriedad que Hernández y sus áulicos le quitaron.

Imagen tomada de Minuto 30

CONDENADO RODOLFO HERNÁNDEZ, EXCANDIDATO PRESIDENCIAL DEL URIBISMO

 Por Germán Ayala Osorio

 

Acaba de ser condenado por corrupción, el excandidato presidencial del uribismo, Rodolfo Hernández Suárez, por el caso Vitalogic. La relevancia del hecho judicial y político no está en la figura del ingeniero, sino en lo que él representó para la derecha uribizada que lo puso a competir contra Gustavo Petro por la presidencia de la República en la campaña de 2022, a pesar de su condición sub judice y de la posibilidad de que sería condenado tal y como acaba de ocurrir.

Las empresas mediáticas que se la jugaron periodística y editorialmente por la candidatura presidencial de Hernández hoy registran con tristeza oculta y sin asomo alguno de vergüenza, la condena proferida por un juez de la República. El periódico El Colombiano, por ejemplo, registra así el hecho: “El exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández fue condenado por el caso Vitalogic, un episodio de corrupción que involucra un jugoso contrato por el manejo de basuras en la ciudad que dirigía Hernández”. Nótese que el diario conservador (godo) de Medellín evita recordar que Hernández fue el candidato de la derecha.

Entre tanto, la revista Semana, que le hizo campaña al hoy condenado exalcalde de Bucaramanga también evita decir que el exsenador Hernández fue el candidato de la derecha en la pasada campaña presidencial. Además, en la misma nota periodística, la publicación de los Gilinski no hace referencia a su condición de excandidato presidencial en la bajada o en el lead del texto periodístico. Al cuarto párrafo, se alude al rol que jugó el ingeniero.

El entonces candidato presidencial, Hernández Suárez, fue el instrumento que la derecha usó para dar rienda suelta a la naciente “Petrofobia”. El falso dilema que en ese entonces planteó la revista Semana a la opinión pública lo expresó en la pregunta ¿Exguerrillero o Ingeniero? Sin duda alguna, una oda al cinismo, a la doble moral y a la naturalización del ethos mafioso, pero, sobre todo, al clasismo de una sociedad que sigue sin comprender la naturaleza del conflicto armado interno y el levantamiento armado de las guerrillas. Otra muestra más clara de cinismo es el nombre del partido bajo el que inscribió su campaña presidencial: Liga de Gobernantes contra la Corrupción. Dan risa y pesar. 

El político santandereano, en aquel momento electoral, era un personaje burdo, mal hablado, violento, machista, procesado e imputado por delitos asociados a prácticas corruptas que caló en amplios sectores de la población colombiana. Entre los jóvenes, a punta de Tik Tok, logró gran aceptación por la infantilización a la que fue sometida su figura por quienes manejaron su campaña. Al final, 10.580.412 (47,31%) votaron por el cuestionado ingeniero. Es decir, a más de 10 millones de colombianos les importó poco que Rodolfo Hernández estuviera imputado por corrupción y mucho menos, les preocupó su comportamiento violento, su machismo y el ignorar cómo funciona el Estado.

Qué puede esperarse de una sociedad en la que más de 10 millones de sus miembros estuvieron dispuestos a votar por un candidato con esas características, con tal de oponerse a la candidatura de Gustavo Petro, quien a todas luces representaba lo contrario al talante de Hernández Suárez. No faltará quien en ese momento justificara su voto por el vulgar santandereano por miedo a “convertirnos en Venezuela, al castrochavismo y a la expropiación de la propiedad privada”. Otros lo hicieron porque no perdonan que Petro haya militado en la guerrilla del M-19.

Imagino las vergüenzas internacionales y locales que nos hubiese hecho pasar este ignaro ingeniero al momento de hablar de cambio climático en la ONU, transición energética, derechos humanos o de industrialización. El mismo ingeniero que no sabía qué era el Vichada. De la que se salvó el país.

Adenda: ¿Qué sentirán personajes como Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Federico Gutiérrez, Alejandro Eder, alcalde de Cali y Jorge Enrique Robledo, al saber que su candidato presidencial hoy fue condenado por corrupto?

Imagen tomada de EL COLOMBIANO. 

EN UN CONGRESO DE ANIMALES, SE TRATAN DE PERROS RABIOSOS

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después del rifirrafe entre la senadora María José Pizarro y su compañero, Jota P Hernández (o Pulido, no se sabe a ciencia cierta cómo es que llama el sujeto), conviene ubicar lo ocurrido en una situación de comunicación que supere el grotesco espectáculo que protagonizaron los dos congresistas. La hija de Carlos Pizarro León-Gómez comparó a Hernández con un “perro rabioso” por su vulgar comportamiento frente el ministro de la Defensa, quien desmontaba una a una las mentiras expresadas por el ignaro congresista de la Alianza Verde. Todo lo anterior, en el marco de un debate de Moción de Censura contra el jefe de la cartera de Defensa.

La reacción, infantil y violenta del “youtuber-congresista” contra Pizarro, puso en evidencia la complacencia del presidente del Senado, Iván Name, con la violencia discursiva de Hernández, con toda y su carga de misoginia y machismo. Ahora sí, pasemos a poner la bochornosa situación en un marco comunicativo que nos permita entender qué hay detrás.

La práctica social y lingüística de equiparar a los seres humanos con animales, obedece a que seguimos instalados en el paradigma antropocentrista, desde el que pretendemos ponernos por encima de las otras especies de animales con las que compartimos el planeta. Como especie “superior”, estamos convencidos de que somos lo mejor, cuando realmente la especie humana es una plaga aviesa, inteligente, peligrosamente inteligente, turbia, con oscuras pulsiones y dañina, de la que se puede esperar lo más sublime, pero también lo más execrable.

Seguimos instalados en lo que dijo Protágoras hace siglos: “el hombre es la medida de todas las cosas”.  De ahí que, a nuestros detractores, enemigos o a quienes consideramos que guardan un “enorme parecido” con específicos animales, los deshumanizamos llamándolos “perros, ratas y bestias”. Así las cosas, nos queda más fácil despreciar sus vidas por cuanto millones de seres humanos en el mundo odian a las ratas e incluso, a los perros, sean o no rabiosos. Baste con recordar los recientes episodios de seres humanos, esparciendo venenos en parques para eliminar a perros y gatos.

La senadora Pizarro se equivocó en la comparación y le dio pie al senador Jota P de victimizarse para encubrir su misoginia y su incapacidad para dar debates de control político con altura discursiva. Claramente, Jota P no tiene la altura intelectual y mucho menos la formación académica para dar discusiones políticas sobre unas mínimas bases conceptuales. Su reacción, por demás primitiva, se explica también porque desea ganar puntos con los sectores de la derecha que aprueban las prácticas misóginas, el machismo y la corrupción. Esta última termina “justificando” los calificativos de “ratas” que se lanzan desde fuera del Congreso y dentro de la misma corporación legislativa. El patán de marras está “pensando” en las elecciones de 2026.

Nuestro idioma es rico en adjetivos y términos con los que es posible (des)calificar las actuaciones de homúnculos, ignaros, hombrecillos, pelafustanes o bigornios como el sujeto llamado Jota P. ¿Por qué “animalizarlos” y por esa vía, deshumanizarlos?

Sugiero a la senadora Pizarro que abandone el paradigma antropocéntrico y acepte que ella, al igual que Jota P, que sus compañeros del Congreso y el resto de los colombianos, somos animales humanos. Y que los perros, sean o no rabiosos, los gatos, y las demás especies, son animales no humanos. Y que el hecho de tener una lengua, un lenguaje y crear cultura, no nos hace superiores. Por el contrario, con esa capacidad simbólica hemos justificado guerras, genocidios y por supuesto, el machismo y la misoginia que practica el energúmeno o basilisco “youtuber-congresista”. Al vulgar senador, lo único que le puedo recomendar es que vaya al psicólogo, eso sí, después de leer, como mínimo, 20 libros. Como diría la senadora Cabal: "estudie, vago". 

Imagen tomada de EL ESPECTADOR. 

MANCUSO Y URIBE: HIJOS LEGÍTIMOS DE LA COLOMBIA VIOLENTA Y MACHISTA

 

Por Germán Ayala Osorio

En una sociedad moralmente confundida como la colombiana, los extremos ideológicos y políticos suelen servir de trinchera a personajes públicos que el grueso de la población los ve como polos opuestos, lo que significa que es prácticamente imposible hallar puntos en común.

En esta columna expongo los elementos que comparten el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Salvatore Mancuso Gómez, exlíder paramilitar. Aunque por estos días se han cruzado trinos, señalamientos y amenazas de demandas, estos dos personajes se parecen más de lo que se pueda pensar, al verlos trenzados en disputas legales y políticas.

Los dos hicieron parte de las dinámicas del conflicto armado interno. El político antioqueño, en calidad de gobernador de Antioquia y comandante en jefe de las fuerzas armadas, por haber sido jefe de Estado durante 8 años. Aunque no hay condenas judiciales sobre hechos como los falsos positivos y las masacres de La Granja y El Aro, Uribe Vélez tiene abiertas investigaciones en la Fiscalía, la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, en las que se le endilgan responsabilidades políticas y operativas; entre tanto, Mancuso fungió como agente bisagra, lo que le permitió operar como un “General de facto”, con mando de tropas paramilitares, que se hacían pasar por tropas oficiales. Sobre Mancuso recaen varias condenas y señalamientos por la comisión de masacres y otros delitos graves y violaciones al DIH. Sobre Uribe, indicios, sospechas y procesos penales abiertos.

Mancuso y su familia sufrieron la extorsión de las guerrillas, circunstancia que lo obligó a buscar las maneras de salvaguardar su propia vida y de las de sus familiares. Ese episodio lo habría conducido a simpatizar con las estructuras paramilitares de las que llegó a ser comandante, de la mano de los hermanos Carlos y Vicente Castaño. En el caso de Uribe Vélez, el hijo de Salgar ha insistido en la narrativa que señala que su padre fue asesinado por las Farc-Ep. Durante el proceso de paz de La Habana, la dirigencia de esa guerrilla lo desmintió. Con ese discurso, Uribe habría buscado llegar al Estado para vengar la muerte de su padre.  De ser cierta la versión entregada por el exmandatario, a ambos los une la venganza, como valor moral y principio ético.

Con su regreso al país, después de pagar una larga condena en los Estados Unidos, Mancuso ostenta el perfil de exconvicto. Recordemos que fue extraditado por el propio Uribe y de manera discrecional, para que fuera juzgado por narcotráfico, evitando así su juzgamiento en Colombia por delitos de lesa humanidad. Uribe Vélez exhibe la misma condición de expresidiario, porque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió orden de captura en un proceso que se le sigue por fraude procesal y manipulación de testigos. Aunque duró poco tiempo detenido en su hacienda, él mismo publicó el número bajo el cual el INPEC lo reseñó: el 1087985.

Mancuso Gómez y Uribe Vélez comparten ser hijos del machismo y de una sociedad patriarcal. También, comparten la azarosa relación con la tierra y el afán por concentrarla como demostración de poder, montados en briosos caballos, como si hicieran parte de películas del viejo Oeste americano. Del condenado exparamilitar se habla de su frialdad para ordenar crímenes. En una nota de EL TIEMPO, de junio 2021, se lee que "sus amigos (lo) describen como un hombre beligerante, parco, intelectual, pero, sobre todo, rencoroso".

En lo que corresponde a Uribe, varias frases sirven para hacerse una idea de su carácter belicoso y de su lenguaje procaz y de su naturalizada ordinariez, así como de su altura ética: “donde lo vea le voy a dar en la cara marica”, “esta llamada la están escuchando esos hijueputas” y “proceda doctor Cadena”.

Otro elemento que pone a Uribe y a Mancuso en el mismo lado de la moneda es la defensa del Establecimiento. Mientras que Uribe lo hizo desde el Estado, apoyado en la parainstitucionalidad que resultó de la captura de entidades públicas de parte de las AUC, Mancuso lo hizo desde su rol como comandante paramilitar al servicio de ganaderos y latifundistas, actores que patrocinaron a las estructuras paramilitares de las que Mancuso fue su líder máximo.

Así las cosas, Mancuso y Uribe son como hermanos gemelos, así los sistemas judicial, político y el cultural los presenten a través de las sentencias, las narrativas políticas y las prácticas cotidianas, como actores diferentes sin elementos que puedan compartir o que tengan en común. Por el contrario, el exlíder paramilitar y el expresidente son “hijos legítimos” de una sociedad premoderna, violenta, machista e incivilizada de donde brotan políticos violentos, guerrilleros, paracos, narcotraficantes, sicarios y matones de barrio.

Imagen tomada de Semana.com

DESPUÉS DE UN TORTUOSO PROCESO, COLOMBIA TIENE NUEVA FISCAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) por fin eligió a la nueva fiscal general de la Nación. Se trata de Luz Adriana Camargo Garzón. El tortuoso y enrarecido proceso de elección deja varios hechos que dicen mucho de lo que somos como Estado y sociedad.

El primero de esos hechos es que el mecanismo interno de votación de la CSJ es sinuoso y genera suspicacias. Al tratarse de una decisión administrativa, las demoras en el cumplimiento de la orden constitucional de elegir en propiedad al fiscal general de la Nación hacen pensar en que dentro de la corporación judicial hubo togados interesados en afectar el equilibrio de poderes, al dejar en la interinidad a la cuestionada vicefiscal Martha Mancera.  La obligación era y es clara: elegir fiscal en propiedad, lo que implica evitar a toda costa la interinidad, tal y como finalmente no sucedió. Ese juego político en el que cayeron los miembros del alto tribunal confirma que el señalado equilibrio entre los tres poderes públicos no siempre se rompe desde el Ejecutivo. El presidente de la República cumplió con mandar con mucho tiempo de antelación una terna de calidad, para que fuera elegida el remplazo del inefable Francisco Barbosa. Quienes incumplieron la orden constitucional fueron los togados y togadas de la CSJ.

El daño que dejó la interinidad de Mancera, la misma que la CSJ pudo evitar, está representado en la oleada de resoluciones (9 en total) con las que la vicefiscal encargada modificó la estructura operativa del ente acusador. Ya vendrán las demandas en contra de las decisiones tomadas por Martha Mancera. Igualmente, se espera que Luz Adriana Camargo eche para atrás aquellas resoluciones que afectan en materia grave la consistencia y los objetivos institucionales del plan que la entonces ternada presentó ante los magistrados.

También es probable pensar que aquellas magistradas y magistrados que votaron repetidamente en blanco recibieron presiones externas de agentes políticos y económicos preocupados por la altura ética de las tres ternadas y por la posibilidad de que con la llegada de cualquiera de las abogadas a dirigir la Fiscalía, tomaría la decisión de reabrir casos delicados como Odebrecht, el crimen de Jorge Enrique Pizano, así como la advertida captura de la Fiscalía de parte de clanes políticos mafiosos e incluso, de parte del Clan del Golfo.

El segundo hecho tiene que ver con la actitud machista y misógina de periodistas y del exmagistrado Jaime Arrubla quien dijo que las mujeres ternadas eran “tres señoras que conocen el oficio, pero [son] tres personas enseñadas a llevar expedientes”.  Es decir, mandaderas sin criterio penal alguno. Presentado por los medios masivos como una “fuente idónea”, la opinión de Arrubla, cercano al uribismo, se sumó al proceso de desprestigio que desde los medios masivos se alentó para evitar que Amelia Pérez fuera elegida como la nueva fiscal, pues alcanzó en unas de las votaciones, 13 votos.

Su eventual elección debió haber generado preocupación y algo de urticaria en agentes políticos cercanos al paramilitarismo, fenómeno que Pérez investigó a fondo, al igual que su compañero de vida, Gregorio Oviedo. Amelia Pérez fue atacada con fiereza por unos trinos de su esposo, en la red X.

En su carta de renuncia, Pérez explicó que la decisión  “obedece al surgimiento e interferencia de factores extraños a una tranquila y pacífica elección, los cuales han sido atravesados por episodios perturbadores, como, por ejemplo, el cuestionamiento a opiniones ajenas a la suscrita difundidas en las llamadas redes sociales, pero que, absurdamente, han sido a mí atribuidas sin fundamento alguno, en una anormal postura de querer aplicar el inexistente 'delito de opinión' con el agravante de que tales opiniones son elaboración exclusiva, y excluyente, de un tercero, pero que sus consecuencias, increíblemente, deben ser asumidas por persona distinta a quien las emitió”.

Sin duda alguna, el machismo de un sector de la sociedad colombiana permitió dudar de la idoneidad de Amelia Pérez, asumiendo que ella no tomaría decisiones de manera autónoma, sino orientada por las ideas, prejuicios y el criterio del marido.

El tercer hecho alude a lo inconveniente que resultó la presión del jefe del Estado sobre el alto tribunal. Haber convocado a sus simpatizantes frente al edificio del Palacio de Justicia solo sirvió de excusa para que los magistrados dilataran la decisión administrativa, bajo el argumento de que no había garantías para agotar el perverso mecanismo de elección. Eso sí, la presión presidencial puso en evidencia a los sectores de poder social, político y económico a los que no les convenía que una mujer proba y digna asumiera las riendas de la Fiscalía. El apoyo del uribismo a la autonomía de la CSJ y la felicidad de varios de sus miembros más visibles por la interinidad de Mancera deja ver con claridad que les gusta la operación de una Fiscalía capturada por clanes políticos, en particular, prefieren a un fiscal que sea un apéndice del gobierno, tal y como lo fue Francisco Barbosa, cuyo único mérito académico y profesional fue haber sido compañero de pupitre del presidente-títere, Iván Duque Márquez.

Ya veremos qué puede hacer Luz Adriana Camargo para recuperar, para el Estado de derecho y la sociedad, a la Fiscalía. Camargo sabe de antemano que la institucionalidad del ente acusador deviene de tiempo atrás permeada por un ethos mafioso. Me uno a las voces de quienes recomiendan a Camargo que llame a sus dos compañeras de terna para que hagan parte de la Fiscalía.  

En la historia quedará que, en una sesión extraordinaria, y después de un tortuoso proceso de elección al interior de la CSJ, el 12 de marzo de 2024 fue elegida Luz Adriana Camargo como la nueva fiscal general de la Nación.

Imagen tomada de la Red X.