NUEVO ENCUENTRO PETRO-URIBE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las reformas laboral, pensional y a la salud son apuestas políticas y sociales que el presidente Petro no abandonará fácilmente, a pesar de las evidentes acciones de sabotaje emprendidas por congresistas de la Oposición, de la mano de otros que se hicieron elegir con las banderas del cambio o hicieron parte, en un principio, del Pacto Histórico. Me refiero puntualmente a congresistas del Partido Verde.

La anunciada reunión con el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y el jefe del Estado para abordar el tema de la reforma al sistema de salud constituye un hecho político que, en lugar de resultar benéfico para la imagen del gobierno, podría afectarla aún más.  El encuentro será este 22 de noviembre.

Valentina Parada, analista de EL ESPECTADOR, considera que la reunión se explica y da cuenta del “reencauche” de Uribe Vélez, en medio de viejos-nuevos señalamientos que hizo recién Salvatore Mancuso contra el expresidente por sus relaciones con los grupos paramilitares y en particular, con la masacre del Aro, de la que, según el confeso jefe de las AUC, el entonces gobernador de Antioquia sabía que se iba a perpetrar.

La reunión Petro-Uribe se programa en medio de un tenso ambiente político provocado en buena medida por la apuesta moralizante que mantiene el gobierno de Petro, ayudado por filtraciones, procesos penales vigentes e investigaciones periodísticas que comprometen a miembros del clan Char con el cartel de Sinaloa y corrupción electoral. De igual manera, hay miedos dentro del establecimiento colombiano ante la posibilidad de que la nueva fiscal general de la Nación termine por desarchivar procesos contra el banquero Sarmiento Angulo, que el ladino fiscal Francisco Barbosa ordenó maliciosamente cerrar. Huelga recordar que los hechos corrupción en la Ruta del Sol 2, cometidos por miembros de la familia Sarmiento Angulo, fueron confesados a las autoridades americanas.

Alfredo Saade, cercano al presidente Petro, le mandó el siguiente recado, a través de su cuenta de X: “presidente Gustavo Petro la ultraderecha recalcitrante no merece su mano extendida. En nombre del pueblo que lo Eligio LE PIDO QUE NO SE VUELVA A REUNIR CON ÁLVARO URIBE. Le aseguro que nos vamos a sentir humillados, mucho más de lo que humillaron a su hija hoy en el metropolitano de Barranquilla. Ya basta. Es hora de la mano dura n contra de los corruptos. Ellos no saben de decencia”.

Escuchar a los detractores e incluso, a quienes se auto definen como “enemigos” del presidente y de la izquierda, siempre será importante para la tarea de construir consensos que le beneficien al país. En el caso del encuentro Petro-Uribe aparecen consideraciones jurídicas, ético-políticas y morales que invalidan la pertinencia de dicha reunión. La condición sub júdice que arrastra de tiempo atrás el caballista y latifundista antioqueño debe asumirse como un obstáculo para que nuevamente Petro se reúna con el expresidiario y expresidente. Recordemos que por lo menos van dos encuentros a puerta cerrada entre Petro y Uribe.

La vigencia política o el “reencauche” de Uribe podría leerse como una especie de “perdón político” en las instancias judiciales en las que reposan cientos de expedientes en los que aparece Uribe Vélez en calidad de señalado de haber tenido relaciones con estructuras paramilitares y responsabilidad en la comisión de masacres como la del Aro y La Granja. Así como el crimen del defensor de DDHH, Jesús María Valle Jaramillo. La misma lectura podría darse en diversos grupos de la sociedad y en la propia élite que usó a Uribe como punta de lanza para beneficiarse económicamente de la implementación de la Seguridad Democrática.

De igual manera, a nivel internacional este nuevo encuentro entre los dos políticos podría mandar un negativo mensaje y construir una narrativa contraria a la que el presidente de la República venía posicionando en torno a combatir la corrupción y las perniciosas relaciones entre políticos, empresarios y militares con las estructuras paramilitares. Petro, como quizás nadie, tiene muy claro el mapa de relaciones mafiosas y criminales que diversos grupos de poder establecieron con las AUC. Sus debates en el Congreso, en sus tiempos de congresista, dan cuenta de ello.

Qué bueno sería que la Corte Suprema de Justicia, ante lo expresado por Mancuso Gómez, desempolvara el expediente de las masacres del Aro y La Granja, en los que se menciona al expresidente Álvaro Uribe. Ya es tiempo de procesar y ojalá condenar al expresidente Uribe Vélez. La sociedad colombiana, que deviene confundida moral y éticamente, necesita de decisiones judiciales ejemplarizantes que proscriban de una vez por todas la narrativa que confluye en la expresión “la justicia es para los de ruana”.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM 

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ Y SU RELATIVISMO MORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

Iván Duque Márquez y Martha Lucía Ramírez, así como el comandante de la Policía, el general Jorge Luis Vargas,  no aceptaron el calificativo de masacre que la ONU dio al informe que entregó a Colombia, a propósito de los hechos acaecidos en Bogotá los días 9 y 10 de septiembre de 2020.

Después de la poco creíble solicitud de perdón que hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, las críticas desde otros sectores políticos no se hicieron esperar, en relación con la conclusión a la que llega la ONU en su informe.

La reacción de Iván Duque, en el marco de un evento oficial frente a la tropa, en relación con el epíteto de <<gobierno asesino>> que lanzó Gustavo Petro en referencia a la masacre policial del 9 y 19 de septiembre,  el huésped de la Casa de Nariño dijo lo siguiente:

“quienes asesinaron policías, quienes secuestraron, quienes pretendieron tomarse la sede de la justicia de nuestro país y que dejaron un macabro recuerdo no pueden venir a hablar de honor frente a quienes siempre han obrado del lado de la legalidad…he sido y seré un demócrata y nunca he empuñado un arma para justificar ninguna causa y nunca lo haré. Uno de los grandes errores que se han cometido en Colombia, históricamente, es el relativismo moral que se ha tenido con quienes han tratado de justificar asesinatos, secuestros y reclutamiento, minas antipersonales con ribetes y aromas políticos. Esas conductas son criminales e ilegales. Y no pretendemos ahora modificar la historia, pero que no pretendan también los beneficiarios de la impunidad que nunca respondieron por esos crímenes tratar de sacar un dedo inquisidor cuando se han surtido los debidos procesos sobre todo, frente a quienes protegen a toda la ciudadanía del país”

Sin duda, Duque exhibió su molestia frente a lo dicho por Petro, insistiendo en una parte del relato oficial que señala que el hoy candidato de la Colombia Humana participó de la toma del Palacio de Justicia, cuando no fue así. Lo dicho por Iván Duque amerita un rápido análisis. En varias columnas he hecho referencia a  que Iván Duque Márquez es, además de obsecuente con su Patrón, un político fatuo y retador. A esas características hay que sumarle que es un defensor de oficio de la institucionalidad castrense y policial, ancorada esa defensa en una ciega confianza en  la legalidad de las acciones adelantadas por policías y militares. Lo que más preocupa de Duque es que moralmente descalifica a quienes se levantaron en armas contra el Estado, al tiempo que justifica y minimiza los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, por el simple hecho de estar del lado de la institucionalidad estatal.

Considera Iván Duque que haberse levantado en armas es un acto inmoral y criminal que no tiene ninguna justificación. Hay que recordarle que fue el mismo presidente Belisario Betancur quien reconoció que había unas <<causas objetivas>> que explicarían y legitimarían el levantamiento de las guerrillas en los años 60. Además, el marco contextual de la época de alguna manera abocó a que el malestar social y político impulsara a un grupo de ciudadanos a levantarse en armas contra el Estado. Intenta fortalecer su argumento moral, señalando que él jamás empuñó un arma y que jamás lo haría. Esa opción de vida es respetable y millones de colombianos la hemos adoptado, pero no por ello estamos dispuestos a  justificar y aceptar las acciones oprobiosas, criminales y mezquinas de quienes son miembros de la élite que está detrás del actual régimen de poder.

Que Duque Márquez haya tomado distancia de lo que su padre, Iván Duque Escobar pensaba alrededor de Álvaro Uribe cuando fungía como director de la Aerocivil, e incluso, haya reversado lo que de joven pensaba del mismo que años después sería su mentor, confirma su pusilánime carácter, el mismo con el que hoy defiende a dentelladas la institucionalidad estatal, así esta venga manchada de sangre.

Habla de relativismo moral, pero Duque cae justamente en la trampa en la que, según él, cayó el país. No se trata  de justificar y mucho menos de olvidar los crímenes cometidos por las guerrillas, de lo que se trata es de aceptar que todos los actores armados, incluidos los miembros de la fuerza pública, violaron los derechos humanos y el DIH. Al ubicarse como un terco defensor del establecimiento, Duque Márquez cae en el craso error de creer a pie juntillas en la legalidad, solo por el hecho de que esta viene de una fuente oficial dominante.

Y de contera, Duque, nuevamente, deja ver su molestia con los procesos de paz e incluso, con la decisión política de la que en su momento participó Uribe Vélez, al plantear una política de perdón y olvido para el M-19. Olvida el señor Duque que a la amnistía e indulto que benefició a Petro y a otros guerrilleros, incluidos los que hoy militan en el Centro Democrático, fue ofrecida a los militares que participaron de la retoma del Palacio de Justicia. Que  no hayan querido participar o hacer parte, aduciendo cuestiones de honor, no invalida la decisión de pasar esa página de nuestra violenta historia política.

La historia de este país está manchada de sangre, señor Duque. Su postura moral y política no lo hace mejor ciudadano, pues el haber sido congresista y nominalmente presidente de la República, lo hacen responsable de los crímenes y vejámenes que en nombre de la patria vienen cometiendo los hombres en armas que hoy están bajo su mando.

Lo sucedido en Bogotá fue una masacre y así quedará registrado en la historia política de Colombia. Y por más que desconozca ese informe, el país sabe que sobre su espalda recaen responsabilidades políticas. Su lealtad a la institucionalidad castrense y policial no lo convierte en demócrata. Usted está lejos de serlo. Los crímenes de Estado cometidos entre el 2018 y el 2022 son y serán la prueba de su talante fatuo, retador, inmoral, pero sobre todo, de ser un aprendiz de sátrapa.

Imagen tomada de Colombia.com

ANTONELLA PETRO, MEDIOS MASIVOS Y LA QUIMÉRICA IDEA DEL CAMBIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los insultos y el hostigamiento que sufrió Antonella Petro, la hija menor del presidente de la República, están enmarcados en un ambiente político y económico maliciosamente ideologizado, cuyas responsabilidades las comparten los medios masivos que unieron esfuerzos para deslegitimar a diario las acciones presidenciales y la lenta respuesta del Estado para solucionar los problemas históricos y el malestar social que dejaron la pandemia del covid19 y la nefasta administración del presidente-títere, Iván Duque Márquez. Se suman otras circunstancias: la incultura política, incluida, por supuesto, la ciudadana, de los hinchas de la Selección de fútbol y todos aquellos que creen a pie juntillas en lo que dicen los medios masivos que hacen oposición a Petro y, por supuesto, los cientos de miles que podrían sentirse descontentos con el actual presidente. Y finalmente, las posturas asumidas por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Banco de la República.

De manera articulada, medios como EL TIEMPO, SEMANA, El Colombiano, La W, La FM y Blu Radio, entre otros, a diario atacan al gobierno y sus ejecutorias, las que jamás pasaron por el compas de espera que esas mismas empresas mediáticas sí le dieron al gobierno de Iván Duque. ¿Recuerdan la portada de SEMANA, Iván Duque, un año de aprendizaje?

No hay día en el que locutores como Néstor Morales, de Blu radio y Luis Carlos Vélez, de la FM, ataquen al gobierno y en particular al presidente de la República. Se trata de una labor sistemática que inocula y alienta odios, miedos e incertidumbres en la opinión pública. Aunque las redes sociales le vienen haciendo contrapeso al poder hegemónico de los media, todavía hay un porcentaje importante de colombianos que consumen desprevenidamente lo que a diario dicen e informan (y desinforman), las señaladas empresas mediáticas.

En cuanto a las responsabilidades del gobierno hay que decir que el origen de toda la violencia discursiva que se viene expresando en calles y estadios y que sufrió Antonella Petro, está en haber vendido de manera maximalista la idea del cambio. Quizás como jamás sucedió con otras campañas y eslóganes, millones de colombianos creyeron, con la fe del carbonero, que era posible cambiar en Colombia lo que viene mal desde hace más de 50 años. Así, agitar las banderas del cambio, en lugar de animar a la población, terminó por impacientar a cientos de miles de compatriotas que no ven el cambio por ninguna parte. Ya la vicepresidenta, Francia Márquez, dejó ver su preocupación por los lentos procesos de transformación que están asociados a la idea del cambio.

También hay que indicar que desde el propio Estado hay resistencias a transformar lo que viene operando mal en el país. Lo han demostrado las bancadas en el Congreso y en particular aquellos congresistas-lobistas que trabajan en pro de defender, exclusivamente, los intereses de los grandes cacaos y de los administradores de las EPS. La decisión que acaba de tomar la Corte Constitucional, con la que tumba el artículo de la reforma tributaria que impedía a las empresas extractivas deducir de las regalías el impuesto de renta, constituye un golpe económico a los programas asistencialistas propuestos por el actual gobierno.  El exministro de Hacienda de Petro, José Antonio Ocampo, espetó que “…no comparto la decisión de la Corte Constitucional de permitir la deducibilidad de las regalías en el impuesto de renta. Las regalías no son un costo de producción sino la participación del Estado en las utilidades que se generan al explotar un recurso natural. Es decir, son equivalentes a un dividendo, que no es deducible como costo en el impuesto de renta”. Una vez el presidente de la República conoció la decisión del alto tribunal, de inmediato conminó al Ministerio de Hacienda a recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público.

Los fallos del Consejo de Estado con los que quitaron la investidura a tres congresistas del Pacto Histórico sin duda alguna contribuyen a la crispación política. Los autos de este tribunal de lo contencioso administrativo se asumen desde el gobierno y el petrismo como parte de una persecución política. Y, por último, la insistencia del Banco de la República de mantener las altas tasas de interés aporta al estancamiento de la economía, agravando así el malestar social evidente, pero alimentado por los medios masivos.

Termino con el asunto de la incultura política y ciudadana. El odio que expresaron varios hinchas del fútbol a la hija menor de Petro está atado, inexorablemente, a un problema real de incultura política y ciudadana de millones de colombianos. Mientras sigamos asumiendo la Otredad como eventual enemigo, no habrá forma de construir empatía, respeto y tolerancia. No podemos olvidar que a los estadios de fútbol sus hinchas asisten para sacar todo el veneno y las frustraciones acumuladas. Curioso que quienes insultaron a Antonella Petro, guardaron silencio frente a los miembros del clan Char presentes en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y la exministra Karen Abudinen, señalados de corrupción. Al parecer, es mejor defender clanes políticos, responsables en buena medida de los problemas históricos que arrastra el país, y rechazar propuestas de cambio, así resulten o se asuman como quiméricas.

Imagen tomada de Colombia.com

QUEMAR A PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El video en el que Mauricio Martínez Triana quema un muñeco alusivo a Petro, cuya cabeza está envuelta en la bandera del M-19, y profiere amenazas de muerte contra el jefe del Estado, sirve de ejemplo para entender que su conducta violenta hace parte de las circunstancias culturales e históricas que por largos años nos han permitido odiarnos y matarnos entre diferentes.

Baste con recordar los odios ideológicos que llevaron a cientos de miles de conservadores y liberales, alentados por los jefes de los dos partidos e incluso, por curas que convirtieron los púlpitos en violentas tribunas políticas, para entender que las expresiones de odio en contra del presidente de la República no surgen de la actual coyuntura política, aunque sí se han exacerbado por su llegada a la Casa de Nariño como el primer mandatario de izquierda.   

Así entonces, dichas expresiones están inexorablemente atadas a narrativas en las que lo que más se desprecia es el argumento del otro, porque ese otro se asume de antemano como el enemigo y no como un contradictor con el que es posible entablar una discusión o un diálogo sobre la base del respeto y su reconocimiento como un interlocutor válido.

La irrupción de Petro y de la izquierda como una opción de poder real tomó por sorpresa a una parte importante de la sociedad que, acostumbrada a las maneras y sobre todo al ethos que la derecha consolidó y naturalizó en su larga hegemonía manejando los asuntos del Estado, hoy se siente incómoda, amenazada, inestable y retada por las propuestas de cambio. Expresiones como “nos vamos a volver como Venezuela” o el “castrochavismo” hacen parte de los miedos que la derecha, con el concurso de los medios masivos, lograron inocular con motivo del plebiscito por la paz de octubre de 2016.

El pasado guerrillero de Gustavo Petro contribuye en gran medida a que la histórica animadversión social hacia las guerrillas se haga presente hoy en quienes comulgan con el discurso que señala que el único problema que tuvo y tiene aún el país es la operación de las guerrillas. Hay millones de colombianos incapaces de entender y comprender el momento histórico en el que nacieron y se legitimaron las guerrillas en Colombia y en América Latina. Si hubiesen comprendido esa compleja coyuntura, muy seguramente habrían tomado distancia de las narrativas que la derecha construyó para ocultar que la concentración de la tierra y de la riqueza en pocas manos, la corrupción público-privada generada por los miembros de su élite, la captura mafiosa del Estado lograda igualmente por unos pocos, de la mano de los partidos políticos tradicionales y la aplicación a rajatabla de la doctrina neoliberal constituyen los reales y más apremiantes problemas del país.  Problemas que hoy el actual gobierno quiere solucionar, en medio de un ambiente enrarecido y de notables errores cometidos por quienes agitan la bandera del cambio.

La ojeriza contra el presidente Petro también se tiene que explicar por la narrativa periodística que desde el 7 de agosto de 2022 está enfocada en generar miedo en una sociedad que cree a pie juntillas en lo que publican los medios masivos hegemónicos. Las mentiras y los tratamientos noticiosos maliciosos que medios como EL TIEMPO y SEMANA vienen haciendo de las decisiones y actuaciones del actual gobierno son insumos que terminan alimentando la malquerencia hacia el presidente de la República y contra todos aquellos que creyeron y creen aún en el proyecto político progresista.

No podemos olvidar que el estallido social de 2021 fue un claro escenario en el que como sociedad dejamos ver que somos racistas, clasistas y profundamente intolerantes con el que piensa distinto, en particular, con aquel que tiene ideas de izquierda.

En lugar de procesar al joven que desea ver muerto al presidente Petro, propongo que se le conmine a leer varias veces el clásico texto de Estanislao Zuleta, Elogio de la dificultad y otros ensayos. Después de leerlo, quizás entienda que sus violentos deseos lo hacen ver no como un ciudadano políticamente formado para vivir en sociedad, sino como un salvaje con el que jamás será posible discutir y dialogar en torno a unas ideas y argumentos. Si de todas maneras Martínez Triana resulta procesado, ojalá que el juez, en su fallo condenatorio, lo mande a encerrar en una biblioteca pública para que lea la historia de Colombia. Una biblioteca por cárcel, por tres meses, me parece una pena razonable. 

Imagen tomada de EL UNIVERSAL 

GENOCIDIO ISRAELÍ, VENGANZA, BANALIDAD DEL MAL Y LA ESTÉTICA DE LO ATROZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por ser las guerras el escenario propicio en el que la pulsión humana de asesinar se consuma y legitima, los límites que el derecho internacional intenta ponerle a las confrontaciones bélicas suelen ser un bálsamo en medio de la crueldad que guía a la especie humana, la única que “mata más y con mejores técnicas”.

El enfrentamiento armado asimétrico entre las fuerzas irregulares de Hamás y el Ejército de Israel puso en crisis las normas de la guerra, por cuenta del sentimiento de venganza con el que Israel insiste en desconocer lo que está haciendo en Gaza: un genocidio mediatizado y validado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Como en el cine gringo se valida todo el tiempo la venganza, el gobierno de Biden, muy seguramente admirador de las películas que recrearon la guerra de Vietnam o aquellas en las que excombatientes americanos fungen como héroes castigadores, tímidamente le hace “exigencias” a su aliado militar de amainar las prácticas genocidas implementadas en territorio palestino.

Habría que pensar en redactar un protocolo que limite los efectos negativos o “daños colaterales” que genera la venganza política, étnica y militar que al principio gran parte del mundo justificó y reconoció a Israel como derecho a defenderse del ataque artero de Hamás.

Ante la crisis moral y ética del derecho internacional, solo queda recoger dos categorías para darles el lugar que se merecen los guerreros, tanto de Hamás como de Israel, y dejar así que descansen en paz las reglas de la guerra, dado que, en Gaza, el sionismo pulverizó todos los límites del proceso histórico con el que la pulsión de asesinar a los que odiamos o nos estorban, se juridizó. Dichas categorías son: la Banalidad del Mal, de Hannah Arendt y la Estética de lo Atroz, de Édgar Barrero Cuéllar.

Arendt, al referirse a las atrocidades de las que hizo parte Adolf Eichmann durante el Holocausto Nazi, señaló que este dejó de pensar y que, al hacerlo, se convirtió en una ficha, en una tuerca del cruel engranaje administrativo y práctico que los alemanes diseñaron en los campos de concentración para ejecutar judíos.

Y si lográramos universalizar la Estética de lo Atroz y por esa vía conectar su sentido con el sinsentido de la venganza israelí, podríamos decir que las dos guerras mundiales, el mismo Holocausto Nazi, la guerra entre Ucrania y Rusia y cientos de miles de conflictos armados internos, en los que se cuenta el colombiano, constituyen, llanamente, las mejores vitrinas o los asqueantes war dealer en los que los Señores de la Guerra recrean sus pérfidas fantasías y echan a andar su pulsión de asesinar a quienes, por el azar o por la complicidad de la ONU, deben ser perseguidos, estigmatizados, asesinados, masacrados de manera colectiva, a través de la limpieza étnica que está atada a la práctica genocida.

¿Cuántos fanáticos religiosos dejaron de pensar para justificar, de la mano de un Dios o de un texto sagrado, el asesinato de esos otros señalados de ser impíos, seres de la oscuridad o bestias que deben ser eliminadas? Quizás sea tiempo de empezar a ver y describir la estética de lo atroz de las religiones, con sus costosas, oscuras y elegantes iglesias, en las que millones de seres humanos recurren con sus plegarias no para que cesen las hostilidades, sino para pedir la bendición de la deidad y el mejor regalo: ganar la guerra.

 

 

Imagen tomada de la BBC

PETRO "GRADÚA" A EL TIEMPO Y SEMANA COMO ACTORES POLÍTICOS

 

Por Germán Ayala Osorio

Con el comunicado que la Presidencia de la República alojó en su página web, en referencia a la publicación de noticias falsas por parte de varios medios masivos (El TIEMPO y Semana, en particular), las tensas relaciones entre el presidente de la República y la prensa hegemónica y corporativa pasaron de simples controversias en la red X, a un asunto político que le permite a Petro no solo "graduar" a las empresas mediáticas como actores políticos en oposición, sino de elevar su temerario actuar a un asunto de Estado e incluso, de seguridad nacional.

No se trata de un simple llamado de atención a las directivas de los medios masivos comprometidos en la construcción de fake news y a sus periodistas. Por el contrario, se trata de una confrontación directa que pone en evidencia que dichas empresas mediáticas siguen instrucciones de sus propietarios, lo que supone que las reuniones de estos últimos con el presidente de la República de cara a lograr un Acuerdo Nacional no han servido para desactivar la campaña mediática de desprestigio que emprendieron desde el 7 de agosto de 2022.

Nunca hubo en el país una comunión de esfuerzos entre medios masivos con el firme propósito de desestabilizar a un gobierno, como la que podemos ver hoy. El objetivo del golpe de Estado blando lo quieren lograr con base en tratamientos noticiosos amañados y tendenciosos. La manipulación perversa del hecho noticioso relacionado con el incremento del impuesto predial confirmó el interés de EL TIEMPO y de Semana de engañar a sus lectores y confundir al resto de la opinión pública. Insisto: no se trata simplemente de ligeras interpretaciones fruto de una lectura rápida del texto del proyecto de ley, en cuestión. No. En este caso la intención manifiesta era generar malestar social en propietarios urbanos, a pesar de que la iniciativa busca que los grandes terratenientes rurales, que pagan muy poco predial por grandes extensiones de tierra, paguen al fisco lo que deben de pagar de acuerdo con la actualización que deberá hacer el Instituto Agustín Codazzi. Con ese proyecto de ley el gobierno de Petro estaría dando cumplimiento al catastro multipropósito que hizo parte de lo acordado en La Habana entre el Estado y las Farc-Ep.

En varios pasajes del comunicado se puede leer entre líneas lo que en esta columna indico: “Porque los objetivos sociales propios y adelantados en el Gobierno del Cambio son contrarios a los objetivos económicos particulares de los dueños de los medios y a su propia visión de la sociedad colombiana". Al construir el rechazo al Gobierno con la reproducción de la mentira y manipular así a sectores de la población con una indignación mal fundada como pasó con la noticia falsa del predial, por ejemplo, lo que se construye es una senda social para el apoyo de un violento gobierno de extrema derecha”. A lo anterior se suma que las empresas mediáticas estarían violando el artículo 20 de la Constitución Política. 

Por el bien del país, los banqueros Gilinski y Sarmiento Angulo están en la obligación moral y ético-política de desactivar el plan contra Petro, dejando de usar a sus medios Semana y EL TIEMPO como instrumentos políticos y ruedas de transmisión de sus intereses corporativos desestabilizadores. Al parecer, poco les importa que sus empresas mediáticas pierdan credibilidad y exponer a sus periodistas al desprestigio social, con tal de generar una crisis política y social que logre deslegitimar al actuar gobierno.

Convendría a los propietarios de EL TIEMPO y Semana leer al columnista Álvaro Forero, quien, en reciente columna en El Espectador, sostuvo que “un eventual fracaso de Petro no garantiza el triunfo de la derecha, también podría desencadenar una reacción populista contra quienes frenaron el cambio y alentar una propuesta de cambio extremo que incluya asegurar mayorías en el Congreso para garantizar que no les suceda lo mismo que a Petro”.

Imagen tomada de la red X. 

LAS BASES ÉTICAS Y MORALES DE UN ACUERDO NACIONAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de años de la hegemonía ideológica y política de la derecha, la llegada de Gustavo Francisco Petro Urrego al poder político supuso una ruptura ética y moral con el ethos mafioso que la derecha y la ultraderecha, en particular en el último periodo de mando del uribismo (2002-2022), naturalizó de tal manera, que el proceso de captura mafiosa del Estado se consolidó en esos aciagos 20 años.

El quiebre ético y moral del que hablo está ancorado a la efectista narrativa ética y a las contundentes acciones moralizantes emprendidas tanto por el presidente Petro, como por varios medios de información alternativos que a diario publican en redes sociales hechos delictivos en los que están comprometidas familias “prestantes” de la política nacional y regional.

La bandera de la eticidad y las acciones moralizantes en lugar de facilitar el acuerdo nacional que se requiere para que el actual gobierno lidere y logre los cambios sociales propuestos durante la campaña electoral, lo está torpedeando y por esa vía, alejando la posibilidad de que se dé ese pacto político que en el acuerdo de paz de La Habana quedó como una tarea pendiente con miras a lograr la reconciliación nacional.

Aunque trascendió que el presidente de la República sostuvo reuniones con Santodomingo, Ardilla Lulle y Sarmiento Angulo, el país desconoce detalles y avances de esos primeros encuentros, tan necesarios para construir ese acuerdo nacional. Mientras tanto, las evidentes tensiones éticas y morales que generan hechos noticiosos alejan la posibilidad de ese urgente pacto social y ético-político que necesita el país. Baste con recordar varios hechos que alimentan dichas tensiones:  la presunta conexión mafiosa del clan Char con el cartel de Sinaloa;  los reconocidos actos de corrupción cometidos por Sarmiento Angulo en los Estados Unidos; los que rodean la operación de las EPS (el caso de SaludCoop es emblemático) y la ya sospechosa insistencia de congresistas y gremios asociados de mantener sin control la ejecución de los billonarios recursos que el Estado les gira; los negocios entre generales de la República con miembros de las disidencias farianas;  y el robo de crudo por parte de empresarios colombianos y multinacionales, con la anuencia del ELN, convierten el acuerdo nacional en una necesidad para que la sociedad y sus élites se repiensen en sus prácticas éticas y morales.

El diario EL ESPECTADOR plantea el asunto en estos términos: “en medio de esos escenarios de controversia y reveses, en los que la economía –la inflación y el desempleo se mantienen a la baja durante su mandato– le dan respiro a su gestión, el propio presidente ha subido su tono en varios frentes, lo que desató alertas sobre cómo será el 2024 para un mandatario que tiende a atrincherarse en su ideología y se ve poco dispuesto a tender puentes con quienes se enarbolan como sus contradictores o no le caminan a sus planteamientos”.

Si bien es inaplazable proscribir el ethos mafioso, en particular en la función pública y las relaciones entre los sectores estatal y privado, atrincherarse en la narrativa en pro de proponer un nuevo ethos y en los señalamientos morales, puede terminar de alejar las diferencias políticas entre la derecha hegemónica y la naciente izquierda que lidera Gustavo Petro. Proscribir el ethos mafioso le tomará a la sociedad colombiana por lo menos 20 años, siempre y cuando quienes en adelante lleguen a la Casa de Nariño, mantengan izada la bandera de la nueva eticidad y de una moral colectiva renovada.

Se van a necesitar unos mínimos éticos si de verdad los llamados “cacaos” y Petro quieren avanzar y lograr lo más pronto posible el acuerdo nacional que se necesita, en particular, para disminuir las crecientes incertidumbres sociales que a diario alimentan los medios masivos que le hacen oposición política al gobierno actual, de la mano de dirigentes gremiales que, por razones ideológicas, optaron por alejarse del gobierno. Bruce Mac Master, presidente de la ANDI sostiene que “la economía pasa por un mal momento”, hecho inocultable que hace aún más urgente que se avance en el pacto o en el acuerdo nacional. Sus ataques permanentes al gobierno y al presidente Petro aportan al distanciamiento gremial y corporativo con el jefe del Estado.

Imagen tomada de Youtube

¿GENERALES QUE VENDEN ARMAS A LAS GUERRILLAS?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La extensión en el tiempo del conflicto armado interno y su evidente degradación fue posible gracias a factores propios de una difícil y compleja guerra de guerrillas, a históricos problemas logísticos y de equipamiento de las fuerzas militares, al poder corruptor del narcotráfico y por supuesto a la connivencia de policías y militares con las guerrillas, con las que negociaron en el pasado y en el presente la entrega de armamento y pertrechos, lo que sin duda desdibuja el discurso patriótico propio de políticas como la  Seguridad Democrática  de Uribe o la Paz con Legalidad del presidente-títere, Iván Duque Márquez, así como el sentido de la doctrina del enemigo interno. No puede llamarse “enemigo interno” a las fuerzas irregulares cuando hay militares que hacen negocios con varios de sus miembros. Estaríamos, entonces, ante una realidad simulada en territorios en los que los medios masivos registran combates, desplazamientos y hasta muertos de ambos bandos, cuando esas armas de la República fueron vendidas por las propias tropas.

La “pureza” ideológica y política de los ejércitos enfrentados, legales e ilegales, poco a poco se contamina por los intereses individuales de militares por conseguir dinero y amasar riqueza, mientras ocurren combates y se alimenta el discurso patriótico y anticomunista.

El presidente de la República puso el dedo en la llaga con preguntas y señalamientos que deben ser recogidos por la academia y por aquellos interesados en comprender la evolución o mejor, la involución del conflicto armado colombiano. Lo dicho por Gustavo Petro Urrego, aunque no es nuevo, sí constituye un llamado de atención a las demás instituciones del Estado en la medida en que aporta a la consolidación de una narrativa oficial que le resta aún más legitimidad a los grupos subversivos que mantienen su lucha armada contra el Estado, al tiempo que pone en evidencia la existencia de un ethos mafioso al interior del Ejército y la Policía nacionales.

En un escenario académico, y al referirse a una nueva era del conflicto armado interno, Petro Urrego sostuvo que “en esta fase el capitán del Ejército se alía con el que creían que era el comunista, jefe de la Marquetalia II de la zona, y el capitán de la Policía se alía ya con el de la Estado Mayor Central (EMC), y el de aquí con este, y la EMC con las Autodefensas del Golfo para acabar con el ELN”. ¿Dónde está la inteligencia ahí? ¿Dónde se está averiguando qué generales están en negocios con las disidencias de la Farc para dividirse el negocio en una región cualquiera? ¿Cómo llegaron las disidencias al Cañón del Micay, que se ha vuelto tan famoso y que ordené tomar? ¿A tiros? Pagaron, y el Ejército retrocedió y ellos entraron, en el Gobierno pasado”.

No demora la Oposición en salir a descalificar las insinuaciones del presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas por considerar que afectan la moral de la tropa. Lo cierto es que hay suficientes ejemplos y registros noticiosos de casos de suboficiales y oficiales de mediana y alta graduación, metidos en la venta de armas, municiones y pertrechos a las guerrillas. De esto se habla desde los años 80. Los señalamientos de Petro tocan de manera directa al gobierno de Iván Duque y a la cúpula militar de la época.

Lo expresado por el jefe del Estado bien puede terminar por erosionar la confianza de la ONU y de los países garantes y acompañantes en los procesos de diálogo que se adelantan con el ELN y las disidencias de las Farc-Ep, por considerar que estarían validando un conflicto armado interno desprovisto de lo más esencial: razones políticas e ideológicas.

Si bien este gobierno ha hecho varias “purgas” al interior del Ejército, la posibilidad de que haya hoy o lleguen en los próximos gobiernos generales de la República interesados en hacer negociados con los bandidos a los que deben combatir no solo es alta, sino inconveniente y hasta peligrosa para la operación del Estado en el territorio nacional sin vetos asociados a la entrega informal de zonas del país a las estructuras delincuenciales. El cañón del Micay es el ejemplo que pone el presidente Petro, pero sin duda alguna hay otras zonas del país en las que la presencia histórica de las guerrillas bien pudo resultar de “transacciones” entre generales de la República y comandantes de frentes guerrilleros.

Así las cosas, se confirma que la guerra es un lucrativo negocio y que más bien, tanto las guerrillas como policías y militares estarían al servicio de unos Señores de la Guerra (terratenientes, banqueros y narcos), interesados exclusivamente en sacar de los territorios a comunidades afros, campesinas e indígenas, catalogadas como obstáculos para el desarrollo económico anclado en la explotación de los ecosistemas naturales y de la transformación del paisaje natural, para dar vida a lo que muchos llaman “ecosistemas emergentes”. 

¿Tendrá sentido continuar hablando de paz cuando guerrilleros y militares conviven, negocian tierras y armas?

Imagen tomada de EL TIEMPO

LA PAZ, COMO ANHELO SOCIAL, ESTÁ EN CRISIS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El triunfo del No en el plebiscito por la paz y la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las entonces Farc-Ep constituyen hechos políticos que, en perspectiva histórica, generaron dos efectos diferenciados, que terminan confluyendo en un mismo punto: el primero, la derrota del Sí ese 2 de octubre de 2016, deslegitimó toda búsqueda por pacificar el país a través del diálogo, en particular en quienes están matriculados en la derecha y creen a pie juntillas en la posibilidad de que el Estado acabe militarmente con las guerrillas que aún operan en el país. La reciente propuesta del ladino fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, de convocar a un plebiscito con la innoble intención de hacer implosionar la Paz Total es una prueba fehaciente de los efectos psico-sociales que dejó el pírrico triunfo del no.

Y el segundo, la firma de la paz con las Farc-Ep volvió aún más anacrónica la lucha armada del ELN y en mayor medida las de unas disidencias farianas que operan bajo el fantasma de la matriz guerrillera a la que estuvieron atadas en el pasado.

Al conectarse estos dos hechos políticos, de la opinión pública dominante brota el cansancio de una sociedad que rechaza la continuidad de un conflicto armado interno que parece eterno y sin solución a la vista. La sentencia es clara: el país no puede estar conversando y dialogando eternamente de paz, como tampoco puede padecer eternamente las consecuencias de un conflicto armado degradado.

Así las cosas, lo que está en crisis en estos momentos no es la Paz Total como proyecto político de gobierno, sino la Paz como bien y aspiración social, cultural, económica y política, debido al agotamiento de una parte importante de la sociedad colombiana frente a los actuales esfuerzos por pacificar el país por las buenas. Es posible pensar que hay una creciente incredulidad en la llamada comunidad internacional al ver que a pesar del apoyo de países garantes y de la misma ONU y la posible firma de un nuevo armisticio, bien sea con el ELN, o con las disidencias de Iván Mordisco y de Alfonso Cano, mañana aparecerán, como por arte de magia, nuevas disidencias con las que otros gobiernos y los mismos actores internacionales deberán lidiar, bien en el campo de batalla o en una mesa de diálogo.

El manejo lastimero que la prensa hegemónica acaba de hacer del secuestro y liberación Luis Manuel Díaz va, justamente, en la dirección de evidenciar el cansancio del país y de consolidar la narrativa militarista que les sirve a los intereses de la derecha que insiste en la salida armada, esto es, el escalamiento del conflicto armado, sin importar que se pongan en riesgo la vida de los civiles y con un resultado por siempre esperado: acabar militarmente a las guerrillas o mantener su existencia, para explotarla electoralmente cada cuatro años.

Apelar a la responsabilidad histórica de las dirigencias de las señaladas guerrillas es una quimera, un sueño o una ingenuidad. La economía ilegal y su anacrónica lucha revolucionaria las convierte en grupos armados ilegales con una nula lectura de la coyuntura por la que atraviesa el país.

Vaya encrucijada en la que está el gobierno de Gustavo Petro. Ya el propio presidente reconoció que fue prematuro proponer un diálogo con las disidencias Iván Mordisco: “El Cañón del Micay se volvió un fortín de la economía ilícita con un cuerpo armado defendiéndola. Decidimos una operación contra esa fuerza, conquistamos las posiciones dominantes, retiramos de esas posiciones estratégicas al EMC y vino una negociación política, quizás prematura en mi opinión, porque se les propuso en lugar de entrar al poblado disparando, que abandonaran y que entráramos a transformar todo el Cañón del Micay en una economía lícita a través de la acción del Estado Colombiano”.

A las actividades de recuperación de los territorios históricamente en manos de disidencias farianas y del ELN, hay que sumar otras encaminadas a afectar las logísticas que les permiten adquirir armas y municiones y sacar provecho del negocio de la droga. No hay que priorizar la guerra sin cuartel porque sabemos que es la población civil la que sufre. Insisto en que no se está trabajando lo suficiente en inteligencia y en el uso de tecnologías que permitan ahogarlos por la falta de suministros y golpearlos certeramente, minimizando daños colaterales en las comunidades campesinas.

Imagen tomada de EL TIEMPO

¿CONGRESISTAS O LOBISTAS CON FUERO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En una sociedad moderna y educada para defender lo público, la discusión de asuntos de interés general debería de ser una práctica común, cotidiana. Por supuesto que la colombiana no tiene ese talante, en virtud de los altos niveles de ignorancia de su población, fruto de una baja lectura de libros y una nula formación política, pero también como consecuencia del bajo nivel de formación de los congresistas y en general de los políticos, en su gran mayoría corruptos o cómplices de actividades ilegales.

A lo anterior se suma que el clasismo, el arribismo, más al racismo, obstaculizan todo proceso de cambio y ajuste. De igual manera, el "individualismo posesivo" orientado exclusivamente a garantizar la propiedad privada, asumida como derecho natural, facilita la naturalización del egoísmo y la pulsión por acumular riqueza y poder y por tanto, la decisión de afectar las necesidades y deseos de los demás, de las grandes mayorías. Así entonces, la discusión de asuntos públicos se reduce al encuentro de unos cuantos poderosos, que, anclados a su afán por enriquecerse a merced de los demás, lo que asegura la privatización de lo público y el empobrecimiento de la discusión de esos asuntos que deberían de ser comunes a todos.

Quizás el escenario que más da cuenta de la pobre discusión pública de asuntos públicos es el Congreso de la República, convertido de tiempo atrás en un nido clientelar al que llegan no a legislar para sacar adelante el país, sino a favorecer los intereses de poderosos particulares (conglomerados económicos, multinacionales y empresas grandes) que patrocinan las campañas de los congresistas.

Aquellos colombianos y colombianas que llegan al Congreso, patrocinados por empresarios no deberían de llamarse congresistas, sino lobistas con fuero. Resulta vergonzoso ver y escuchar al Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, en debate sobre la reforma a la salud que cursa en el legislativo, reconocer que su labor es “sabotear la discusión y que lo seguirá haciendo”. Forero no actúa como congresista, sino como lobista de las EPS.

La pobreza discursiva y argumentativa de Forero es evidente, lo que confirma que su presencia en el Congreso no está mediada por su interés de servirle a los colombianos, sino de cumplir con las órdenes que muy seguramente recibe de las empresas o sectores de poder que se oponen a que se reforme el sistema de salud. El mismo que está plagado de malas prácticas y de la perversa administración de los billonarios recursos que el Estado les entrega a las EPS.

El listado de congresistas que han demostrado total incapacidad discursiva es enorme, porque a esa corporación no llegan los mejores hombres y mujeres, sino los que estén dispuestos a defender a dentelladas los intereses corporativos de sus patrocinadores. Baste con nombrar a Miguel Polo Polo, un advenedizo sujeto con graves problemas identitarios y una evidente incapacidad propositiva y discursiva. Es básico, un homúnculo. El listado es largo.

Así las cosas, las mismas empresas que “donan” millonarias sumas de dinero a las campañas de congresistas le están restando legitimidad y viabilidad a la democracia, en la medida en que ponen en el legislativo a sus patrocinados, convertidos en vulgares lobistas y no en congresistas que deberían trabajar en pro de un desarrollo económico sostenible desde una perspectiva sistémica.

Aquellos legisladores que están hoy sentados en el Congreso para impedir que se hagan las reformas que el país necesita, incumplen el mandato constitucional que los acredita como congresistas, para convertirse en empleados obsecuentes de sus patrocinadores; en títeres de intereses sectoriales alejados de los de una sociedad con graves problemas de pobreza, inequidad y desempleo estructural.

Sin duda alguna, hay una relación sinuosa entre las grandes empresas y aquellos a los que les patrocinan sus campañas para llegar al Congreso, en la medida en que, por defender los intereses sectoriales, se evita legislar para favorecer a las grandes mayorías. Al final, desde el Congreso de la República, con el patrocinio de empresarios que posan de "ser líderes y de construir país", se generan las condiciones para que Colombia siga siendo lo que es: un país rico, administrado por unos cuantos miserables que se auto asumen como los "elegidos", los "mejores", cuando realmente son despreciables seres humanos.

Imagen tomada de EL TIEMPO 

ELECCIONES 2026: FRANCISCO BARBOSA, PRECANDIDATO PRESIDENCIAL DEL URIBISMO

 

Por Germán Ayala Osorio

La campaña presidencial de 2026 ya arrancó. Diría que el crispado ambiente preelectoral empezó el mismo día de la posesión de Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022. Y de contera, los resultados de los comicios del 29 de octubre terminaron por afianzar la tensión política y el desespero de la derecha uribizada por recuperar lo que la izquierda les arrebató: la Casa de Nariño, con todo y el poder que allí se concentra en nuestro sistema presidencialista.

Es tal la situación, que la derecha ya puso en la palestra a varios de sus precandidatos: María Fernanda Cabal, Claudia López Hernández, Alejandro Gaviria y Francisco Barbosa, quien pronto dejará de ser el fiscal general de la Nación. Cuando llegue el momento, dedicaré columnas para retratar a estos políticos que buscarán en el 2026 la bendición de la élite económica y de los sempiternos clanes para intentar llegar al Solio de Bolívar.

Dedico esta columna al saliente fiscal general, quien en meses pasados calentó el ambiente prelectoral al descalificar al gobierno de Petro en un evento organizado por Fenalco. Barbosa fue aplaudido y casi que ungido por el colectivo empresarial, como el candidato que “le devolverá el rumbo al país”.

Barbosa es un gris abogado y un ser ególatra. Su incontrastable ego le permitió auto definirse como el “más preparado” por tener doctorado, maestrías y haber publicado libros. Su carácter pendenciero lo acerca al perfil de Álvaro Uribe Vélez, expresidiario e imputado por graves delitos al que Barbosa le puso a sus pies la fiscalía, convirtiendo el ente acusador, en defensor de oficio del dañino e inefable expresidente de la República. Recuérdese que en tres ocasiones la fiscalía, por instrucción directa de Barbosa, solicitó a los jueces la preclusión del caso que lleva en contra del político antioqueño por manipulación de testigos y fraude procesal.

Esa actuación hace pensar que Barbosa es igual o más obsecuente que su amigo de infancia, Iván Duque Márquez, el presidente-títere que Uribe Vélez puso en la Casa de Nari. Así las cosas, el pronto exfiscal general será el candidato perfecto de la derecha uribizada para recuperar el Estado central.

Otro elemento que lo hace proclive a recibir la bendición de Uribe Vélez, de Sarmiento Angulo y del GEA, entre otros, es la repulsión que le producen los periodistas y los medios independientes y alternativos. Barbosa se siente cómodo con medios como Semana, actor político y mediático que le sirvió para filtrar información sensible.

En términos periodísticos, Francisco Barbosa juega a ser un peligroso censor oficial, muy al estilo de Bukele. Ya dejó ver su perfil anti-prensa libre y crítica cuando fustigó los trabajos de la revista Raya y RTVC, por develar que el grupo criminal La Cordillera había planeado un atentado contra el entonces candidato presidencial, Gustavo Petro; además, por informar sobre un plan criminal contra el mismo Petro, liderado por el reconocido uribista, César Augusto Giraldo Montoya, alias Calzones, amigo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al final, se ordenó que la fiscalía una inspección a los archivos y fuentes de la revista Raya. Sin duda alguna, un acto de censura y persecución política y judicial inadmisible en una democracia y en una República. En 2021 se ordenó también una inspección contra Noticias Uno, medio independiente y alternativo que ha confrontado, periodísticamente, las actuaciones públicas y privadas del fiscal Francisco Barbosa.

Barbosa va a necesitar de un muy buen laboratorio de marketing político que le maquille no solo su negativo perfil, sino la mala imagen que deja tras dejar maltrecha la institucionalidad de la fiscalía general de la Nación. Ya veremos si la derecha uribizada bendice a este ladino personaje o si prefiere apoyar a la señora Cabal, o a Claudia López, quien en el pasado se vendió como una figura independiente y alternativa, pero que terminó aliada con el uribismo.

Imagen tomada de Al Punto. 

INMADUREZ POLÍTICA Y CRISIS DE LIDERAZGO EN GUERRILLAS QUE CONVERSAN CON EL GOBIERNO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La crisis por la que atraviesa la mesa de diálogo entre los delegados del gobierno de Petro y los enviados de las disidencias farianas no obedece exclusivamente a asuntos relacionados con la recuperación de territorios por parte del Estado y el supuesto incumplimiento gubernamental de lo pactado, sino a un aspecto del que poco se habla: la inmadurez política de las disidencias farianas y el perfil militarista (tropero) de su comandante alias Iván Mordisco.

No son estos los tiempos de líderes guerrilleros formados discursiva y políticamente, como Alfonso Cano o con la sagacidad y olfato político de alias Tiro Fijo. Los miembros de las disidencias, llamadas también Estado Mayor Central (EMC), se acercan más al perfil de los inefables “Mono Jojoy” y Raúl Reyes. Es decir, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, no es un comandante formado para la discusión política: es reaccionario y en el pasado, cuando lideró el Frente 1 de las Farc-Ep, se declaró en contra de las negociaciones de La Habana, lo que significa que no está realmente interesado en entregar las armas, desmovilizarse y reintegrarse a la vida civil.

InSight Crime destaca de Vera Fernández que su “accionar criminal comenzó hace 20 años, cuando se unió́ a la guerrilla de las FARC-EP. Su inicio fue como guerrillero raso, pero se especializó rápidamente como francotirador y explosivista dentro del Frente “Armando Ríos”, en San José del Guaviare… se perfila como uno de los líderes disidentes más violentos con una actitud marcada contra la población civil”.

A sus 48 años, Iván Mordisco es un guerrillero joven que está viviendo su gran momento por estar al frente de unas disidencias, a pesar de su pobreza discursiva y cultural, compartida con los hombres y mujeres bajo su mando. Podrán pasar varios años antes de que entienda que jamás se tomará el poder a tiros. A lo mejor pensará que caer en un algún combate con el Ejército le da la gloria suficiente para que sus dirigidos continúen su anacrónica lucha.

Por lo que ha trascendido, su poder de mando no tiene contraparte como en los tiempos del Secretariado de las extintas Farc, en donde internamente se discutían asuntos estratégicos y se unificó la decisión de negociar con el Estado. La condición de disidencia constituye también un problema político con el que los negociadores del gobierno deben lidiar, en la medida en que el grupo subversivo no tiene la capacidad de daño y de copar grandes extensiones de territorio que sí tuvieron las antiguas Farc-Ep.

Su condición de disidencia choca con el cansancio de gran parte de la sociedad colombiana por la presencia de las guerrillas. El proceso de paz de La Habana le resto legitimidad a la lucha armada. El único camino posible que les dejó el tratado de paz es el de la inercia, en la que andan desde 2016 los subversivos que obedecen a Iván Mordisco.

En cuanto a la situación de la mesa de diálogo con el ELN, hay que decir que la estructura federada de esa guerrilla es el más grande obstáculo para que internamente el Comando Central (Coce) logre unificar una postura que lleve a todos los frentes a jugársela por una salida negociada al conflicto con el Estado colombiano.

El secuestro extorsivo como herramienta de financiación es otro obstáculo que se suma a la operación de frentes autónomos que no necesariamente comulgan con las directrices emitidas por los comandantes que se envejecieron en la lucha armada, sin haber conseguido tomarse el poder y transformar el modelo económico y político, esto es, insistir en el viejo modelo socialista soviético.

El secuestro de Luis Manuel Díaz, el padre de la estrella del Liverpool, Luis Díaz, bien puede dar cuenta de la desconexión entre el Frente de Guerra Norte y el comando central. Que se haya asumido como un “error” el secuestro del señor Díaz, de parte de Antonio García, bien puede confirmar la independencia de criterio del frente que finalmente perpetró el plagio del padre del jugador de la Selección Colombia de Fútbol.

Así entonces, los retos de la Paz Total no pasan exclusivamente por las maneras en las que el gobierno ha dispuesto las mesas y llevado hasta el momento los diálogos. La inmadurez política de alias Iván Mordisco, por el lado de las disidencias, constituye un problema que no es menor; y por el lado del ELN, su estructura operativa y la pérdida de liderazgo de sus viejos comandantes, son factores que tampoco se pueden despreciar al momento de evaluar los avances o el fracaso de la Paz Total.

Imagen tomada de EL TIEMPO 

LA CARTA DE MARÍA JIMENA DUZÁN: ENTRE DESPROPÓSITO PERIODÍSTICO Y MANDADO POLÍTICO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La polémica y para muchos insultante “carta abierta” que la periodista María Jimena Duzán escribió y publicó, y en la que insinúa que el presidente Gustavo Petro sufre de una adicción y en la que lo invita a que lo reconozca públicamente, constituye un equívoco periodístico y una pieza de manipulación política y mediática que confluye en lo que el mismo presidente de la República viene denunciando: la configuración en su contra de un golpe de Estado blando.

La respuesta que el presidente Petro dio en referencia a la adicción que se le endilgó, de manera lacónica, con algo de humor, pero con total contundencia reconoció ser adicto a tomar café en las mañanas. 

Duzán no se equivoca en hacerse la pregunta, el yerro se configura cuando el interrogante lo plantea sobre la base de un chisme o de un comentario que muy seguramente le escuchó a alguien; o del que supo de oídas. Los periodistas estamos para hacer preguntas incómodas y estas suelen hacerse durante una entrevista, una rueda de prensa o en cualquier otro momento y de manera directa a la persona.

Apelar a la “carta abierta” debería de ser el último recurso para indagar sobre un aspecto de interés político pues involucra al jefe del Estado, sobre el que recaen incontrastables responsabilidades sociales, políticas, culturales y económicas. Duzán pudo enviarle la misiva al mandatario y esperar su respuesta o un entendible silencio. Sobre ese posible mutismo, su polémica epístola habría tenido más legitimidad y sentido periodístico. Por tratarse de una periodista reconocida y respetada, muy seguramente el presidente Petro le habría invitado a una charla pública, para, en ese mismo escenario, despejar la duda-insinuación que tenía la columnista. Por lo anterior, la “carta abierta” publicada por Cambio parece un mandado político de la centro derecha (derecha vergonzante) de la que es cercana María Jimena Duzán.

Duzán debió analizar muy bien el impacto político y mediático que su misiva tendría. Aquí no hay asomo de ingenuidad en la periodista: ella sabía que daría un golpe de opinión y que su desobligante insinuación y señalamiento entraría a hacer parte de la narrativa del golpe blando. Duzán sabía que ya varios medios y periodistas intentaron en el inmediato pasado generar dudas morales y mentales sobre la capacidad del presidente de la República para gobernar. Si Duzán hubiera hecho un serio ejercicio de análisis periodístico y político, lo más probable es que hubiera desistido de escribir la “carta abierta” al presidente. Pero optó por jugársela por el impacto mediático, lo que deja claro un afán innecesario por figurar, ganar likes y entradas a ver la nota. Eso sí, su osada misiva le permitió desde ya ganar admiración en el espectro ideológico que muy seguramente le reclama que ese es su lugar como periodista. Es decir, Duzán estaría haciendo cálculos políticos de cara a las elecciones de 2026, cuyo ambiente electoral se viene caldeando desde el 7 de agosto de 2022.

Eso sí, y esto no es un reclamo exclusivo para Duzán, esa misma carta abierta debió escribirse, publicarse y dirigirse a expresidentes, vivos y muertos, preguntándole, por ejemplo, a Turbay Ayala, por la fama que tenía de bebedor y por los escándalos en la Casa de Nariño que en la época daban cuenta soldados de la Guardia Presidencial; otra al señor Pastrana sobre el que recaen señalamientos por pedofilia; y otro, por su adicción al poder y a ver derramar sangre, gracias a su política de seguridad democrática que provocó que circularan “tanques de sangre” durante sus largos y aciagos años de gobierno.

Hay que reconocer eso sí, que Petro ha sido errático en la manera como le informa al país sobre su agenda pública. Pero también hay que decir que nunca, ningún presidente de la República resultó tan atacado y observado en su vida privada y pública como el actual mandatario. Era previsible que así ocurriera porque jamás gobernó un presidente de izquierda, en un país y una sociedad goda que siempre se presentó como faro moral, a pesar de la doble moral y vida que muchos de sus dirigentes llevaban. Esos mismos sectores godos y anacrónicos se opusieron y lo hacen aún al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGTBI, a pesar de tener dentro de sus miembros a homosexuales temerosos de salir del closet. Lo mismo sucede cuando se oponen a la despenalización del aborto, cuando esa práctica la realizan en clínicas, con el respaldo de amigos y gracias a sus influencias y poder político y económico. Para terminar, hay que señalar que en las grandes ligas del poder político y de la farándula, se sopla de lo lindo. No somos ángeles y María Jimena Duzán, tampoco lo es.

 

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM

EL TEMOR DE MARÍA FERNANDA CABAL: QUE PETRO TENGA "FISCAL DE BOLSILLO"

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La captura del Estado por parte de clanes y familias adineradas es el bien más preciado que están dispuestos a defender quienes hacen parte de lo que llaman el Establecimiento colombiano; y para ello siempre necesitaron de “fiscales de bolsillo”, amigos todos del presidente de la República y con alguna ascendencia dentro de la Corte Suprema de Justicia, corporación judicial que elige al fiscal general de la Nación de la terna enviada por el jefe del Estado.

Hablar en Colombia de “fiscales de bolsillo” da cuenta del incontrastable poder del presidente de la República y del sinuoso mecanismo de elección en el que está involucrada la Corte Suprema de Justicia, corporación judicial que no escapó a la penetración del ethos mafioso. Recordemos el cartel de la toga que tocó, incluso, a presidentes de ese alto tribunal y a varios magistrados.

Haré un corto listado de hechos jurídicamente relevantes en los que claramente y de acuerdo con serias investigaciones periodísticas y con fallos y dilaciones judiciales han terminado por favorecer a familias poderosas, fruto de esa relación perniciosa que da vida a la preocupación poco genuina de la senadora Cabal por aquello que de que Petro tenga fiscal de bolsillo: 1. El caso Odebrecht. Para este caso, los fiscales generales, Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa evitaron que miembros de la familia Sarmiento Angulo fueran tocados por la justicia, lo que significó poner la institucionalidad de la fiscalía al servicio de los intereses de la señalada familia. Hay que advertir que recientemente el Grupo Aval reconoció ante autoridades americanas la comisión de delitos, lo que les ocasionó una millonaria sanción económica y la obligación a colaborar con la investigación que de carácter federal se abrió en territorio estadounidense. 2. El caso Álvaro Uribe Vélez. Quizás es el más evidente caso en el que se nota la decisión del fiscal Barbosa de poner al servicio de la defensa del expresidente y expresidiario, a la fiscalía general de la Nación. En tres ocasiones, por orden directa del fiscal Francisco Barbosa, se solicitó a los jueces la preclusión del caso en el que está involucrado Uribe Vélez en calidad de imputado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. 3. El caso Char. Investigaciones periodísticas conectan a miembros del poderoso clan político barranquillero, con el lavado de dinero del cartel de Sinaloa. El silencio de la fiscalía es estruendoso. El mismo mutismo conservó el fiscal Barbosa y su fiscalía en relación con denuncias del periodista Gonzalo Guillén que indicaban la operación conjunta entre fiscales y el grupo narco paramilitar, conocido como el clan del Golfo.

La senadora conservadora y uribista, María Fernanda Cabal, en reciente entrevista al portal Semana expresó su preocupación por la elección del fiscal general de la Nación: “…Va a tratar de apretar, pero algo más peligroso es que Petro, con fiscal, complicará mucho a este país. Un Petro con fiscal, y que en sus antecedentes tenga señalamientos por persecución, complica mucho más este país”.

En una lectura entre líneas es fácil colegir varios asuntos: el primero, que la congresista reconoce que los presidentes en Colombia ponen fiscales, a pesar del mecanismo constitucional de elección del alto funcionario, compartido con la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El uribismo, del que hace parte Cabal, lleva años poniendo fiscal general de la Nación, lo que les ha garantizado a varios miembros de familias poderosas y clanes políticos, salvarse de investigaciones e imputaciones por la ya inocultable corrupción público-privada. Baste con recordar a Luis Camilo Osorio, a Néstor Humberto Martínez y al actual y saliente fiscal, Francisco Barbosa, todos amigos del hoy expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

El segundo asunto tiene que ver con la preocupación que le asiste a la señora Cabal por la decisión del presidente Petro de combatir la corrupción público-privada y la acción de recuperar el Estado “para el pueblo”, hecho que implica arrebatárselo a las mafias políticas que, de muchas maneras, por acción u omisión, están conectadas con la operación perniciosa de la justicia y con poderosas familias y clanes políticos que guardan silencio ante hechos escandalosos de corrupción.

Y una tercera interpretación de la citada opinión está anclada a lo que pueda estar pensando lo más notable del Establecimiento colombiano ante la posibilidad de que Petro tenga su propia fiscal de bolsillo, de acuerdo con la lectura de la Cabal, como forma de presionar a los más poderosos de Colombia, para que le permitan hacer las reformas sociales que el país necesita. ¿Estarán pensando en darle un golpe de Estado a Petro? ¿O van a preferir llegar a un acuerdo nacional con el presidente de la República, para evitar “complicar mucho más el país”, como lo advierte la senadora María Fernanda Cabal?

Por ahora lo más importante es que la CSJ haga su trabajo y elija a quien será la nueva fiscal general de la Nación. Quien resulte elegida tendrá la obligación ética, moral y política de sacar de la Fiscalía a los fiscales e investigadores corruptos y de hacer una gestión que le devuelva a los colombianos la confianza en la institución. Si la nueva fiscal general decide abrir investigaciones que fueron archivadas de manera interesada por Barbosa o Martínez Neira, ello no la convierte en amiga y ficha de Petro. Por el contrario, será una heroína en un país en el que ser corrupto, paga y de qué manera.  

Imagen tomada del portal Semana.com