CARLOS FERNANDO GALÁN ANDA EN CROCS Y DE LA MANO DE VARGAS LLERAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Ser hijo del inmolado Luis Carlos Galán Sarmiento le aseguró a Carlos Fernando Galán y a sus hermanos, un lugar dentro del “viejo” régimen. Su cercanía a Germán Vargas Lleras y su militancia en la empresa electoral Cambio Radical, lo convierten en un político más, lo que se traduce en que su candidatura a la alcaldía de Bogotá es más de lo mismo. Así las cosas, Carlos Fernando Galán no constituye una alternativa para manejar la compleja capital del país, convertida de tiempo atrás en el nido oscuro de la contratación público-privada. Ofrece lo mismo que en su momento ofrecieron Peñalosa y Claudia López: inundar a la capital de buses articulados y usar esa plataforma política para buscar la presidencia de la República.

Por ser ficha de Vargas Lleras, el papel que Carlos Fernando Galán cumpliría en el palacio Liévano sería el de hacer oposición política institucional al gobierno central, con miras a catapultar su candidatura presidencial, bien en el 2026 o para el 2030.

El país no olvida la tétrica imagen en la que Carlos Fernando Galán y su hermano Juan Manuel se la jugaron electoral y políticamente por la candidatura presidencial del “caradura” de Rodolfo Hernández, sancionado por la Procuraduría por corrupción por el doloso contrato de Vitalogic. Ese apoyo a Hernández los confirmó como políticos medrosos e incapaces de luchar con ahínco y compromiso por cambiar los estados de cosas inconstitucional que hay en el país.

Los Galán, a sabiendas de que las ideas de Gustavo Petro eran más cercanas a las de su padre, optaron por alinearse con Hernández, muy seguramente por miedo a perder los beneficios políticos y económicos que el propio establecimiento les otorgó, a manera de “reparación”, por el asesinato de su padre. Los hermanos Galán son la antítesis de lo que fue su padre, Luis Carlos Galán. Ninguno recogió su legado y sus luchas. Por el contrario, optaron por jugar con las perversas reglas del propio régimen de donde salieron los recursos y la orden de asesinar a su progenitor.

Miente Carlos Fernando Galán cuando se presenta como “independiente”, cuando el país sabe que él es de las entrañas del exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, ladino personaje cercano al criminal Kiko Gómez y al banquero Sarmiento Angulo.

La revista Hekatombe le recuerda a Carlos Fernando Galán los hechos de corrupción que tocan a Cambio Radical: “Comencemos por señalar que mientras Luis Carlos Galán fue asesinado por denunciar los vínculos de políticos con narcotraficantes, su hijo promovió un partido en el que fueron investigados 41 congresistas por tener nexos con paramilitares y 19 fueron condenados. Paramilitares responsables del 38,5 % de las víctimas del conflicto colombiano, quienes se financiaban del narcotráfico, torturaban, violaban, empalaban, quemaban viva a la gente en hornos crematorios y se apropiaban de las tierras de los campesinos, con el apoyo político de congresistas de Cambio Radical, como lo han dicho jueces. Un político decente como su padre habría renunciado y abandonado ese partido de manera inmediata, pero no. Carlos Fernando continuó hasta el 5 de junio de 2018 y el escándalo de la parapolítica fue en 2006. Sin embargo, él acepta ser director de Cambio Radical en el 2011 y apoyar las candidaturas a la presidencia de la república a Germán Vargas Lleras en 2010 por Cambio Radical y luego como “independiente” 2018”.

Aunque Galán es ficha de Vargas Lleras, podemos decir que al igual que Molano, Oviedo, el exgeneral Vargas y Lara, también anda en crocs y lo que es peor, de la mano del inefable Germán Vargas Lleras. Y al ponérselos, está aportando para que el viejo régimen de poder, que deviene corrupto y criminal, se extienda en el tiempo.

Imagen tomada de Blu radio. 

¿CON QUIÉN PENSARÁ LA DERECHA QUE VA A RECUPERAR EL PODER EN EL 2026?

Por Germán Ayala Osorio

 

De cara a las elecciones de 2026, la derecha exhibe una progresiva mala imagen de sus militantes más prominentes, por hechos ético-políticos que rodean sus actuaciones y decisiones públicas. El mejor ejemplo de esa mala imagen que arrastra ese sector de poder es el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, figura descollante que sufre un sistemático desvanecimiento del teflón mediático que la prensa afecta le puso. Hoy está imputado por manipulación de testigos y fraude procesal. Uribe Vélez nuevamente resulta salpicado por terceros por sus vínculos con los paramilitares. Recién, la excongresista, Zulema Jattin, en documento entregado a la JEP, hizo referencia a una reunión a la que asistieron el confeso paramilitar, Salvatore Mancuso y Álvaro Uribe.

Veamos algunos nombres de uribistas pura sangre. Empecemos con el congresista Miguel Uribe Turbay. Se trata de un malogrado joven político que intenta erigirse como un faro moral y ético. Recientemente el país conoció que recibió subsidios de gasolina en el 2022. Lo más llamativo de todo es que este vástago del uribismo denunció a compañeros congresistas por recibir ese tipo de subsidios, ocultando que él mismo los recibía. Vaya cinismo.

El 23 de agosto del año en curso, Portafolio recogió en un titular las denuncias del nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala, padre del siniestro Estatuto de Seguridad: “Los senadores que tendrían subsidio de gasolina, según Miguel Uribe”. Un día después, la revista Cambio hizo lo propio y tituló: “Miguel Uribe sí recibió subsidios para la gasolina durante seis meses”.

Esa es su más reciente salida en falso, pero en su vida pública el hecho más vergonzoso tiene que ver con la manera machista, irresponsable y misógina con la que asumió el caso de Rosa Elvira Cely. El país sabe que el Estado recibió una condena por el feminicidio de la señora Cely.

Miguel Uribe Turbay busca a toda costa agradar a Uribe Vélez, a quien ve como su patrón y quizás como su papá político, hecho que le permite actuar con cinismo, cuando él mismo tiene “rabo de paja”. Muy seguramente querrá ser presidente de la República, pues considerará que, por ser nieto de expresidente, tiene más que ganado el derecho a gobernar a Colombia. En eso guarda parecido con el inefable, Germán Vargas Lleras, otro que hace cola de tiempo atrás, bajo los mismos términos de este “ahijado” de Uribe Vélez. Muy seguramente, Uribe Turbay como presidente de la República, nos devolvería a los tiempos del Estatuto de Seguridad o la Seguridad Democrática. Sería un retroceso. 

Dejemos de lado a este “pichón” uribista y volvamos la mirada sobre otros uribistas pura sangre que buscan, con desespero, reencaucharse para insistir en el objetivo final de llegar a la Casa de Nari. Hablo de Federico Gutiérrez, quien aspira a gobernar la ciudad de Medellín, con el apoyo directo del salgareño, Álvaro Uribe. Aunque luce aún las quemaduras que le dejó la pasada campaña presidencial, Fico, a alias Fico, como lo llama el abogado Daniel Mendoza Leal, no se puede descartar que en el 2026 el uribismo nuevamente lo ponga como presidenciable. Entre tanto, en la sombra de un inminente retiro de la política, está Sergio Fajardo, un político tibio, pero fiel a las ideas del uribismo. No se puede descartar que vuelva a la contienda electoral este matemático que no aprendió a sumar.

A esta corta lista se suman Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, a pesar de las dudas que ellas les generan al machista de Uribe Vélez, acostumbrado a relacionarse con machos a los que pueda amenazar con “darles en la cara marica”.

Valencia arrastra también la mala imagen de su abuelo, la misma que le recordó Gustavo Petro en el 2019: “Guillermo Valencia, el abuelo de Paloma, con su violencia creó las Farc. Santos acabó las Farc como guerrilla. Uribe y Duque, los amigos de Paloma, volvieron a crear las Farc. Los creadores de las Farc son los mismos cavernarios de siempre", trinó el jefe de la Colombia Humana (Tomado de El Tiempo). Se le suma a lo anterior, dos expresiones que la dejan muy mal parada ante defensores de derechos humanos y la opinión pública calificada para evaluar su papel en el Congreso: la primera, cuando reconoció “que el Estado legítimo cometió atrocidades” durante el estallido social; y la segunda, más reciente que la primera, al votar un proyecto de ley con el que se busca reducir el salario de los congresistas y el “mico” que abría la posibilidad de que los legisladores, una vez reducidos los salarios, pudieran recibir dineros por actividades privadas. Esto dijo la señora Valencia: “es inconstitucional, pero lo voté por cortesía”.

Entre tanto, la congresista María Fernanda Cabal es una figura contradictoria y poco preparada para gobernar el país. Su discurso de odio hacia la izquierda y a todo lo que huela a pobreza y a reivindicación de derechos, la ubica muy cerca a las posturas de sus amigos del partido español VOX. Cabal es una defensora acérrima de Uribe y de su política de seguridad democrática. El Tiempo registró así apartes de una entrevista: “la senadora afirmó que la Justicia Especial para la Paz debe publicar la lista de 6.402 víctimas porque "por lo menos más de la mitad no tiene que ver con falsos positivos".

Las aspiraciones presidenciales de Uribe Turbay, Federico Gutiérrez (una especie de Iván Duque, pero mal hablado), Paloma Valencia y María Fernanda Cabal resultan más del desespero de la derecha por recuperar la Casa de Nari, que por la consistencia de un proyecto de país que de manera inteligente recoja las ideas que el presidente Petro no alcanzará a concretar. Por el contrario, lo más probable es que una vez se hagan con el Palacio de Nariño, intenten echar para atrás lo avanzado por el actual gobierno en materia de reforma agraria, el manejo responsable de la SAE y de la UNP, dos instituciones que, durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque, le sirvieron a las sempiternas mafias asociadas a ese espectro ideológico.

Imagen tomada de Pulzo

PAZ TOTAL Y RECONCILIACIÓN NACIONAL EN UN PAÍS MORALMENTE CONFUNDIDO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Basta que el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego haga públicas propuestas asociadas a la paz y la reconciliación, para que la derecha salte a despreciarlas, anclando sus alcances a la impunidad, usada como caballito de batalla por quienes durante años se vienen beneficiando de las dinámicas del conflicto armado interno, incluidas actividades propias de las economías ilegales: ganaderos, latifundistas, clanes políticos,  comerciantes de armas y fabricantes de pertrechos militares; militares y policías que le venden armas a las guerrillas y a los paramilitares; importadores de precursores químicos cercanos a los mafiosos; miembros de familias “de bien” que lavan recursos de sus amigos los narcotraficantes; esmeralderos amigos de mafiosos y despojadores de tierra; gerentes de bancos y banqueros que se hacen los “pendejos” ante procesos de lavado de dinero y hasta quienes se benefician del “pitufeo”, estrategia esta asociada a la llegada al país de “remesas untadas de narcotráfico”, entre tantas otras circunstancias y realidades que tocan incluso, a entidades como la DEA, las relaciones y el orden internacional, y por supuesto, a quienes agencian moralmente, cualquiera de los dos sistemas de dominación: capitalismo y socialismo.

Quienes se oponen a leyes de punto final y de sometimiento de narcotraficantes lo hacen quizás, porque de manera directa o indirecta se benefician de las economías ilícitas. Es más, un país como Colombia, con un débil aparato productivo, fruto de la avaricia y la pobreza de criterio de sus élites, es el escenario propicio para las actividades ilegales y criminales. Es claro que esos dineros mal habidos permean la economía y el sistema financiero, así que quienes se oponen a políticas de sometimiento de narcos no lo hacen necesariamente por una genuina preocupación moral. Quizás lo hagan porque ese es el juego de la Oposición: decir no a todo lo que provenga del gobierno de Petro, para evitar, justamente, que, bajo un gobierno progresista, se alcance la esquiva y quimérica paz de la que se habla. O también porque al asumir una actitud hipócrita y cínica, ocultan sus verdaderos intereses.  

Lo cierto es que la Paz Total y la “reconciliación nacional” devienen con un carácter totalizante y maximalista que hace pensar en que el gobierno y en particular el presidente Petro olvida las circunstancias contextuales que permitieron la consolidación, desde los años 80 en Colombia, de un régimen criminal y mafioso del que se benefician clanes políticos, familias y líderes políticos que no están dispuestos  a jugársela por la paz y la reconciliación, exponiendo sus trayectorias al momento en el que sus amigos los narco-paramilitares le cuenten a la JEP o al nuevo tribunal que se cree las finas relaciones que sostienen con organizaciones al margen de la ley.

Jamás habrá reconciliación en el país mientras siga vigente el régimen criminal que se instaló en el país desde los años 80, que es el mismo que capturó el Estado. Antes de proponerle al país salidas jurídico-políticas a expresiones de violencia y actores violentos, lo que tiene hacer el gobierno de Petro es recuperar para el Estado y la sociedad aquellas instituciones que de tiempo atrás están al servicio de bandas criminales. La fiscalía general de la Nación es una de esas instituciones permeadas por organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Hasta tanto no se desmonten las finas relaciones entre fiscales e investigadores con grupos criminales, no será posible hablar de paz y de reconciliación. De igual manera, es urgente que aquellos miembros de clanes políticos en todas las regiones del país sean procesados en juicios justos, pero con penas ejemplarizantes: deben pagar en cárceles y no burlarse del país y de la justicia, “veraneando” en batallones.  Y para ello, hay que depurar a la Corte Suprema de Justicia, corporación que actúa con lentitud frente a casos públicos de operadores políticos que han tenido y tienen relaciones mafiosas con organizaciones delincuenciales. Todos saben de quién en particular estoy hablando aquí.

Por supuesto que hay que limpiar también a las fuerzas armadas, permeadas por todo tipo de prácticas dolosas, que en particular se naturalizaron desde el 2002. El país está en una profunda crisis moral y ética. Baste con señalar que el gran banquero colombiano reconoció ante autoridades americanas el pago de millonarios sobornos (coimas) para hacerse a los contratos de la Ruta del Sol II. La penetración mafiosa que gobiernos anteriores permitieron en la SAE y en la UNP hacen posible pensar en que no se trata simplemente de proponer salidas jurídico-políticas, cuando la putrefacción viene atada a apellidos de esa “gente de bien” que lleva años privatizando el Estado, para acrecentar sus fortunas y de esa forma, ocultar su inmoralidad.

A lo mejor, por estar inmersos en una sociedad moralmente confundida, que aún no toca fondo, cualquier propuesta de paz y reconciliación será imposible de discutir y tramitar. Quizás debamos aceptar que el ethos mafioso guía la vida de encopetados banqueros y empresarios; de generales y almirantes; de rectores de universidades públicas y privadas; de gremios de profesores; de congresistas clientelistas y de gremios de la producción; curas y jerarcas de las iglesias;  ciudadanos del común; de periodistas-estafetas que vendieron su dignidad…en fin...

PETRO, MODELO ECONÓMICO, ELN Y EL RESPALDO POPULAR

 

Por Germán Ayala Osorio

Al no haber alcanzado el carácter nacional, el conflicto armado interno y sus dinámicas fue perdiendo espacio social y político en una sociedad urbana acosada por otros problemas, considerados hoy mucho más graves: el hambre, el desempleo, la precarización laboral y la corrupción público-privada.

Esa condición periférica, atada a la ruralidad y a esa Colombia despreciada por la élite bogotana y sus espejos de las regiones más desarrolladas, hizo que la lucha armada de las guerrillas se diera con un relativo apoyo popular, a pesar de la insistencia de estas agrupaciones subversivas de contar con el apoyo del “pueblo”.  Más bien, eso de contar con el “respaldo del pueblo” fue la fantasiosa narrativa a la que apelaron los líderes guerrilleros durante procesos de paz, usados estos para fortalecerse militarmente, ganar treguas y la atención política a sus demandas y reclamos, en particular a las que tienen que ver con la concentración de la tierra en pocas manos.

Hablo en particular de la reforma agraria que si bien no se dará en las dimensiones y aspiraciones de las guerrillas y de las propias organizaciones campesinas, está tomando forma, si tenemos en cuenta los esfuerzos  que se vienen haciendo con la titulación de predios y la compra de tierras a Fedegan. Claro que ese impulso puede fracasar, pero el solo hecho de estar caminando, les resta a las guerrillas presentes la razón de su lucha armada. De igual manera, la recuperación de baldíos y los proyectos de reforma a la salud, pensional y laboral, de muchas maneras dejan sin sentido el discurso reivindicativo de todos los grupos subversivos. Aunque el fracaso político-legislativo de las tres reformas, termina por legitimar a las organizaciones guerrilleras.  

Es claro entonces que después de la firma del Acuerdo Final en La Habana, entre el Estado y las entonces Farc-Ep, social y políticamente la lucha armada que aún sostienen las disidencias, la Segunda Marquetalia y el ELN, perdió sentido ante la opinión pública e incluso ante esa parte del establecimiento que de tiempo atrás usó a su favor la operación militar de las guerrillas, para consolidarse, a pesar de su histórica y evidente ilegitimidad.

El respaldo de organismos internacionales a los diálogos que se adelantan entre el actual gobierno y el ELN está fundamentalmente dado por los intereses económicos que se despiertan cuando un país biodiverso, con un Estado que arrastra problemas de control territorial como el colombiano y cuyo desarrollo económico está atado a la lógica extractivista, alcanza niveles óptimos de pacificación. Ese es un factor que juega a favor de los elenos por cuanto la discusión del cambio del modelo económico los legitima como organización político-militar.

Al insistir en la idea de ajustar o cambiar el modelo económico, lo que hace el ELN es remplazar la fantasiosa narrativa del respaldo popular que ellos mismos usaron para validarse políticamente. En eso llevan más de 50 años. Es decir, el Ejército de Liberación Nacional reencaucha su lucha con la ayuda del gobierno de Gustavo Petro que, en su afán de alcanzar la Paz Total, esto es, de superar lo hecho por Juan Manuel Santos en términos de la pacificación política del país, le aceptó la idea de discutir el modelo económico.

El carácter maximalista de la Paz Total está haciendo posible que los costos sociales, expresados en la pérdida de respaldo popular del ELN, por sus equivocadas acciones militares, remplacen el valor político con el que esa guerrilla justificó su alzamiento armado, por la importancia que les da ser la primera guerrilla que logra, con un gobierno, discutir en una mesa de diálogo el modelo económico. Ahora bien, si juzgamos el golpe de mano que propinó el ELN a los 9 soldados que estaban durmiendo y los recientes atentados dinamiteros contra el oleoducto caño Limón-Coveñas, su carácter revolucionario sigue agrietándose, porque dichas acciones no cuentan con respaldo popular.

Al decir el gobierno de Petro que no habrá líneas rojas para adelantar los diálogos con ese grupo armado ilegal, da vida a dos caminos. Uno sinuoso que no sabemos a dónde vaya a llevar al país y el otro, más de cálculo político por el tiempo extremadamente largo que tomaría firmar un acuerdo de paz con una guerrilla que insiste en cambiar, de un momento a otro,  las complejas circunstancias históricas en las que viene operando el Estado y la democracia.

Ese primer camino sinuoso nos puede llevar a serios niveles de incertidumbre y de crisis política, derivada de las discusiones y decisiones que se tomen en la mesa de diálogo en torno al modelo económico; y el segundo camino, en el que podrían confluir tanto los negociadores del gobierno, como los del ELN, tendría como fin que cualquiera de las partes, después de varios años de negociación, decida unilateralmente pararse de la mesa por no encontrar voluntad política en la contraparte para avanzar en los ajustes al modelo económico.

Lo que está haciendo Gustavo Petro es jugar con el respaldo político de esa parte del pueblo que votó por sus ideas. Apoyo que, por supuesto, está alejado de cualquier intención de cambiar el modelo económico porque subsiste la clara convicción de que bajo ese mismo modelo se pueden solucionar los problemas del hambre, el desempleo, la precarización laboral y la corrupción público-privada. Quizás porque el problema no está en el modelo económico, sino en el modelo de sociedad y Estado, por cuenta de una  élite mafiosa, torpe y criminal que desde hace más de 30 años logró capturar el Estado, para ponerlo al servicio de su avaricia y mezquindad.

 

Imagen tomada de CNN

FRANCIA MÁRQUEZ MINA: “DE MALAS”

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Nadie en sus cabales se atrevería a negar que en Colombia hay sectores societales racistas, clasistas, homofóbicos, misóginos y aporofóbicos. De la misma manera, nadie podrá desconocer que a esos mismos sectores de la sociedad les arde la piel, por la urticaria que les genera ver como vicepresidenta de la República a una mujer negra. No es exagerado pensar que a la élite goda, parásita y violenta de este país, la presencia de Francia Márquez Mina les genera repulsión y fastidio.

Es en ese marco cultural y ético en el que encajan las reacciones de Francia Márquez ante las críticas que a diario recibe por lo que dice y hace con su vida. Vivir en una mansión ubicada en el exclusivo sector de Dapa, muy cerca de Cali, resultó un agravio mayor para algunos mestizos -que se creen blancos, casi arios-  con poder político y económico. Ofensa soportada en una mentira: la vicepresidenta, en poco tiempo, había comprado el costoso palacete. Al ultraje se sumó que Márquez Mina llega en helicóptero.

Entonces saltaron los defensores de los recursos públicos para indicar lo costoso que resulta mover dicho aparato. Claro, esas preocupaciones antes no aparecieron cuando ministros, vice presidentes e incluso, presidentes, han gozado de esos privilegios del poder, viajando a Panaca, o montando en helicópteros del Ejército a mafiosos como el Ñeñe Hernández. O para ir de paseo a Ciudad Perdida. No. Bastó con que lo usara una mujer negra y pobre para que se activara la inquietud por el uso de recursos del Estado, en este caso, para salvaguardar la vida de la vicepresidenta, pues sus desplazamientos terrestres constituyen un riesgo. Ya Francia Márquez, antes de llegar a la Casa de Nariño, había sufrido un atentado, del que salió ilesa, mas no dos de sus escoltas que resultaron heridos en un ataque armado ocurrido en mayo de 2019. Ya como vicepresidenta, su equipo de seguridad alertó sobre la presencia de artefactos explosivos en la ruta por la que estaba transitando en ese momento.  

A la ya probada animadversión étnica y de género hacia la figura de Francia Márquez se suman su reacciones en reciente entrevista a una periodista afecta al “viejo” régimen: al defender su derecho a beneficiarse del uso de recursos del Estado por su condición de vicepresidenta, Francia Márquez soltó la expresión “de malas”, con la que confirmó que no dejará de montar en el helicóptero, por más costoso que resulte movilizarse en dicha aeronave.

En este punto creo que Márquez Mina se equivocó. En esa reacción dejó notar la prevención y quizás el odio que ella siente hacia la élite tradicional. Posiblemente, y sin darse cuenta, la vicepresidenta sigue presa de la relación amigo-enemigo que esos sectores racistas le plantearon y que ella aceptó, porque en su corazón hay rabia y un afán de reivindicación étnica que le nubla su pensamiento. Como vicepresidenta debe guardar las formas, pues esa dignidad que hoy ostenta también debe estar orientada a tratar de unir a una sociedad que deviene fracturada, justamente, por el racismo y el clasismo del que ha sido víctima Francia Márquez y los pueblos afros, indígenas y campesinos. Le vendría bien alejarse de los medios masivos y concentrarse en el trabajo comunitario y en el fortalecimiento de los procesos de comunidades negras. Así como a defender a las otras comunidades que trabajan con sentido de lo colectivo y  defienden los ecosistemas naturales-históricos.

Dejo estas frases de Nelson Mandela para invitar a la reflexión de todos, incluida a la vicepresidenta: “Detesto el racismo, porque lo veo como algo barbárico, ya venga de un hombre negro o un hombre blanco". “Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar. También se le puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario”. “Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces se vuelve tu compañero”. “Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”. “Porque ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás”.

Respire profundo vicepresidenta. Y por favor, aléjese de las redes sociales y los medios masivos. En esos escenarios siempre va a perder, porque en esos ámbitos hay periodistas que la odian por ser negra.

Adenda: como una forma de reconocimiento al pueblo vallecaucano, la vice debió decir: “de malas como una chuspa”.

Imagen tomada de Semana.com

CON LA FUERZA DE LA PAZ, ROY BARRERAS GOLPEA AL PACTO HISTÓRICO

 

Por Germán Ayala Osorio

Con el lanzamiento del movimiento político, la Fuerza de la Paz, Roy Barreras toma distancia del Pacto Histórico, y se encumbra como el líder de sectores del Establecimiento que aborrecen las ideas y los programas del presidente Gustavo Petro Urrego. La Fuerza de la Paz es un movimiento político que surge de los problemas de consolidación programática y operativa del Pacto Histórico y del rechazo y miedos que genera Petro Urrego en agentes económicos de la sociedad civil. Sus candidatos serán de derecha (aunque digan que son de centroderecha) y sí constituyen competencia a los que se presentarán en la próxima jornada electoral del 29 de octubre, en la que se elegirán gobernadores, diputados, alcaldes y concejales.

Con su decisión política, Roy Barreras intenta implosionar el Pacto Histórico, lo que derivará en la llegada de candidatos a gobernaciones y alcaldías alejados de las ideas, programas y proyectos que tiene en mente Gustavo Petro. Por su carácter acomodaticio, Barreras es el líder que la derecha colombiana necesita para hacerle contrapeso a las apuestas de cambio que el presidente de la República le propuso al país.

En la Fuerza de la Paz confluyen santistas y uribistas, todos cercanos a los intereses de los sectores poderosos del Establecimiento colombiano. Quienes acompañaron ayer a Roy Barreras al lanzamiento de su microempresa electoral buscarán que las elecciones regionales sean el escenario plebiscitario en el que puedan rechazar o ponerle talanqueras al Plan Nacional de Desarrollo y por ese camino, a los programas de reivindicación social, en particular a los que tienen como objetivo estratégico salvar la economía campesina a través de una reforma agraria.

La idea de paz que defiende Barreras está fundada en mantener el modelo neoliberal y los TLC, pero consolidando algunos subsidios a través de una política asistencialista que no transforma en absoluto las condiciones de miseria, abandono y postración que las medidas de apertura económica de César Gaviria Trujillo generaron y que los gobiernos neoliberales de Pastrana, Uribe, Santos y Duque fortalecieron y ampliaron hasta privatizar la acción estatal. Curiosamente, Roy Barreras golpea, con la Fuerza de la Paz, al Pacto Histórico. Pronto sabremos cuán grande serán los daños generados a esa colectividad.

La microempresa electoral de Roy Barreras es un duro golpe político al Pacto Histórico. Los voceros y principales gestores del Pacto Histórico se quedaron sentados adulando al presidente, en lugar de trabajar en la consolidación de cuadros que pudieran competir en las elecciones regionales que se avecinan. Claro que hubo poco tiempo de preparación. Por ello, Barreras decide armar tolda aparte para permitir la llegada de la vieja clase dirigente a su micronegocio electoral. Este astuto político supo leer muy bien los reclamos y miedos de los sectores del Establecimiento a los que les sirvió cuando militó en las huestes uribistas, santistas y las aglutinó en su momento, Germán Vargas Lleras.

Gustavo Petro usó a Roy Barreras para aglutinar las fuerzas que hoy hacen parte de la bancada de gobierno y por supuesto que quien fuera el presidente del Senado también se sirvió del triunfo y la popularidad del presidente de la República, para lanzarse como el líder que la derecha necesita para contrarrestar la consolidación del proyecto político del líder de la Colombia Humana. Barreras hace rato está pensando en el 2026. Ya veremos qué pasa con Barreras en el 2026.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR

EL ESTADO EN LA VOZ DE ALIAS JORGE 40

 

Por Germán Ayala Osorio

Como forma de dominación, el Estado moderno es una realidad política de carácter planetario, pero también, un universal sobre el que suelen recaer responsabilidades cuando alguno de sus operadores falla o comete un delito. Cuando eso último sucede, el carácter simbólico y fantasmagórico que acompaña a la naturaleza del Estado, aparece para evitar que las sentencias de los jueces (también operadores y legitimadores del Estado) se cumplan con todo rigor, o para hacer lo mismo con las exigencias de víctimas y victimarios de que se castiguen a específicos operadores estatales.

Recientemente el criminal paramilitar, Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, dijo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que “la omisión del Estado siguió. Aquí el Estado tiene que responder y asumir sus responsabilidades de que fueron los primeros responsables por omisión de toda la tragedia que hemos vivido en Colombia, pero particularmente de que la que me correspondió”.

Ya el Estado colombiano ha sido varias veces sancionado política, fiscal y moralmente por propios jueces de la República e incluso por tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por masacres perpetradas por guerrilleros y paramilitares, en contubernio con militares;  y, también castigado por delitos graves cometidos, por ejemplo,  contra periodistas como el caso de Jineth Bedoya, violada por paramilitares en complicidad con agentes estatales.

Con todo y lo anterior, hemos construido y naturalizado la operación de un Estado asesino, tal y como lo reconoció el propio presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Esa constatación nos debe avergonzar a todos, pero al momento de las condenas proferidas por los jueces, el establecimiento de las responsabilidades se convierte en un proceso largo y tedioso para las víctimas que esperan justicia; y para los victimarios, en el mejor argumento para justificar sus fechorías y evitar asumir responsabilidades directas por haber, en el caso de “Jorge 40”,  conformado y liderado estructuras criminales para dar rienda suelta a sus propios deseos y consolidar el proyecto político, social y económico que desde el establecimiento colombiano se orientó para someter a campesinos, afros e indígenas, elevados a la condición de ciudadanos premodernos y por lo tanto enemigos de los intereses de una élite con toda la capacidad para mover a su favor las fuerzas represivas y coercitivas del Estado.

Pierre Bourdieu sostiene que el “Estado no es un aparato orientado hacia el bien común, es un aparato de contención, de mantenimiento del orden público pero en provecho de los dominantes” (p.16). Si acogemos la sentencia del reconocido autor francés y anclamos su sentido a lo expresado por el confeso y condenado criminal paramilitar, alias Jorge 40, entonces, la operación paramilitar estuvo por largo tiempo fundada en atacar política y militarmente al viejo espectro ideológico llamado “comunismo”. Por esa vía argumental, la responsabilidad penal y política por los crímenes cometidos por las AUC la deberían asumir todos los políticos, jueces, periodistas, militares, policías, sacerdotes, artistas, estudiantes, profesores, rectores de universidades y empresarios que usaron la lucha contra el comunismo o recientemente el “castrochavismo” para perseguir, estigmatizar y aplaudir el asesinato de todos aquellos que simpatizaran con ideas socialistas (comunistas) o que simplemente se atrevieron a criticar a la élite dominante.

Y aunque todos hacemos parte del Estado y contribuimos a diario a su legitimación, las responsabilidades directas por las graves violaciones de los DDHH perpetradas por militares y paramilitares las deben asumir, directamente, los miembros del establecimiento colombiano. Por supuesto que todos somos responsables de lo acontecido, por acción u omisión, pero sobre todo, por no alzar la voz al momento en el que los líderes y patrocinadores del paramilitarismo en Colombia se hicieron con el Estado, para gobernar con el ánimo de asesinar y estigmatizar a todo aquel que pensara diferente.

Alias Jorge 40 tuvo la opción de haber tomado otro camino en su vida. Eso sí, su decisión, a todas luces inmoral, se explica porque nació en un territorio en el que opera, de tiempo atrás, un orden criminal que él mismo llama Estado.

Imagen tomada de Verdad Abierta. 

DIEGO MOLANO: OTRO URIBISTA QUE QUIERE SER ALCALDE BOGOTÁ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Diego Molano Aponte es otro uribista que desea ser alcalde mayor de Bogotá. Al cuestionado ministro de Defensa del gobierno del presidente-títere, Iván Duque, se suman Lara, Oviedo, Vargas y Galán, todos de la derecha tradicional.

Molano Aponte llega a la contienda electoral con una enorme carga negativa representada en dos hechos que lo confirman como el más uribista de todos: el bombardeo de campamentos guerrilleros con la presencia de menores de edad a los que calificó como “máquinas de guerra” y la responsabilidad política que deberá asumir por la masacre perpetrada por militares en el Remanso (Putumayo) en el que fueron asesinados una mujer embarazada y una menor. Estamos frente a una masacre que el propio Molano mintió sobre lo ocurrido e incluso, le alcanzó la farsa para inventarle alias a los muertos. 

Molano, junto con Lara, Oviedo, Vargas y Galán, hacen parte de la misma estrategia de la derecha uribizada: quien triunfe, deberá hacer férrea oposición al gobierno del presidente Petro, haciendo aún más invivible la capital del país. La idea es insistir en la narrativa que señala que desde el gobierno nacional no se giran los recursos o se ralentiza su entrega; o que, por culpa del presidente Petro el país no avanza, cuando las malas gestiones en ciudades capitales están atadas a la naturalización de la corrupción de una derecha a la que solo le interesa dar continuidad a los procesos de privatización y captura mafiosa del Estado. Más claro: el uribismo le está apostando a evitar que regrese un alcalde progresista. Por ello, los cinco candidatos que andan en crocs, como el inefable y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, hacen parte de la estrategia Todos Contra Bolívar, el único candidato que usa ferragamo. 

En el plano estrictamente distrital, el propósito de Molano es dar continuidad a Transmilenio, sistema masivo de transporte que hace años colapsó, pero con el que insisten en mantener a flote los vendedores de buses, Enrique Peñalosa y Claudia López, figuras que hacen parte de esa derecha uribizada que habla de seguridad mientras el Tren de Aragua se consolida, lo que justamente legitima el discurso de una derecha incapaz de examinar, con enfoque sistémico, problemas como la inseguridad, la pobreza y la exclusión que acosan a las principales ciudades capitales.

Molano Aponte exhibe un falso perfil administrativo y gerencial con el que intenta ocultar su talante despótico y clasista. Molano puede parecerse a Iván Duque en lo obsecuente y al pertenecer al nefasto círculo uribista, ello se traduciría en un constante tira y afloje con el presidente de la República.

Ojalá los bogotanos entiendan que los candidatos uribistas que hoy están en la contienda electoral representan todo lo que ha estado mal en el país: corrupción público-privada, pobreza, concentración de la riqueza en pocas manos y la privatización del Estado y de lo público.

Imagen tomada de Twitter

PETRO vs SARMIENTO ANGULO: UNA LUCHA QUE APENAS COMIENZA

 

Por Germán Ayala Osorio

Como el país sabe, el Grupo Aval, en cabeza de Sarmiento Angulo, fue multado con una suma millonaria en dólares por los hechos de corrupción (pago de coimas) que comprometen a la multinacional Odebrecht.

Por orden del presidente Gustavo Petro, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en manos de Martha Lucía Zamora, solicitó a la Cancillería que contactara a las autoridades americanas con el fin de obtener copias de los procesos penales y bursátiles que se le siguen al Grupo Aval, por violar normas anticorrupción en ese país.

Esa petición presidencial terminará por distanciar aún más al gobierno de Petro del gran banquero, actor importante no solo por los millonarios aportes que suele hacer a las campañas presidenciales, sino a los partidos políticos, a los que viene sometiendo a su voluntad, de tiempo atrás. Se suma a lo anterior, que Corficolombiana, filial del Grupo Aval, es una empresa importante para la construcción de la infraestructura vial del país.

¿Estará buscando el presidente de la República la posibilidad de cancelar contratos vigentes o de impedir futuras transacciones entre Corficolombiana y el Estado? Si es así, estaríamos ante un escenario político-económico jamás visto en el país: un presidente de la República enfrentado a un poderoso mecenas que se acostumbró a poner en la Casa de Nariño a presidentes-títeres y en el Congreso, a congresistas-marionetas; juntos, todos, terminaron legislando a favor de los intereses del banquero, hoy señalado de corrupto, porque él mismo reconoció ante los gringos el pago de millonarios sobornos para que se le adjudicara a su filial Corficolombiana, la construcción de la Ruta del Sol II.

¿O será posible que Petro le esté mandando un mensaje a los empresarios y al banquero mismo, para que obliguen a sus congresistas-lobistas a modificar sus posturas frente a las reformas laboral, pensional y de salud?

Hay que recordar que, desde la campaña presidencial, las relaciones entre Gustavo Petro y el banquero, Luis Carlos Sarmiento Angulo, no son buenas. El magnate le mandó un mensaje directo al entonces candidato presidencial: “Primero que todo, se respetan los derechos adquiridos. Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo, no señor”.

Acostumbrado el banquero a poner en la Casa de Nariño a sus sirvientes, los mismos que el resto del país llama presidentes, Sarmiento Angulo se tropezó con Gustavo Petro, un mandatario digno, que no se le arrodilló como sí lo hicieron Pastrana, Uribe, Santos y Duque.

A lo anterior se suma las también regulares, por no decir malas relaciones entre el jefe del Estado y el presidente de la Andi, Bruc Mac Master. Estamos ante un pulso ético-político que no sabemos cómo terminará. No creo que estemos ante una amenaza de parálisis por parte de ese sector financiero y productivo que representan Sarmiento Angulo y el presidente de la Andi. No sé si en estos momentos alguien esté tratando de acercar a las partes, lo cierto es que a esos sectores de poder económico les saldrá bastante costoso el mandato de Gustavo Petro. Y todo, por cuenta de que el actual presidente de la República optó por gobernar sin las rodilleras que el régimen de poder esperaba que se pusiera una vez pisara la Casa de Nariño.

Imagen tomada de Youtube.com

¿PETRO ESTÁ LOCO O ESTÁN LOCOS POR TUMBARLO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Bastó que el escritor Héctor Abad Faciolince dijera que “le preocupa la salud mental del presidente Petro”, para que otros miembros de la derecha colombiana empezaran a exigir, no se sabe a qué entidad, que le practicara un examen al mandatario para determinar si efectivamente está loco, como lo insinúo, maliciosa y moralmente, el reconocido escritor.

En la historia de la humanidad todos aquellos ciudadanos disonantes para el sistema han sido perseguidos y encerrados para evitar, justamente, que la forma delirante como la especie humana asumió el control del planeta, fuese cuestionada por quienes jamás se sintieron a gusto o tranquilos en este mundo loco en el que vivimos hoy.

La invención de instituciones de control y exclusión como el hospital(el manicomio) la cárcel, el cuartel y la fábrica apuntan hacia la limpieza moral de una sociedad que de manera natural ya viene enferma, pero que el sistema social, político y económico se encarga de limpiar y legitimar cada cierto tiempo para evitar que esos disonantes, críticos y altaneros ciudadanos le ocasionen grietas al sinnúmero de narrativas sobre las que se soporta la vigencia de ese perverso sistema sobre el que la humanidad ancla su dominio del planeta Tierra.

Se sobreentiende que lo que pretenden Héctor Abad y los representantes de los partidos Cambio Radical y Alianza Verde es, además de generar dudas sobre la capacidad de dirigir al país del presidente de la República, excluirlo políticamente para que deje tranquila a la élite mafiosa que hoy, desde la Casa de Nariño, Petro fustiga a sus más representativos miembros. ¿Estarán pensando en montarlo en un barco para que este dé vueltas en altamar como se lee en el libro Historia de la locura en la época clásica?

Ahora bien, si conectamos las ideas de Petro y su enconada lucha contra el régimen mafioso y criminal que opera en Colombia de tiempo atrás, con el sistema mundo capitalista, entonces claro que podríamos decir que el presidente tiene algo de loco. Creer que posible cambiar el rumbo del mundo hablando en inocuas conferencias ambientales es propio de orates. La lógica del sistema mundo capitalista no se va a cambiar porque un “loquito” ambientalista hable de nuevas extinciones y de la posibilidad de que la especie humana se extinga.

Lo curioso de todo es que los que hoy dudan de la condición mental de Petro, jamás se preguntaron por la salud mental de aquellos que exigieron “más y mejores resultados operacionales y tanques de sangre”. Claro que no. Y mucho menos cuestionaron a quienes patrocinaron a los señores que, motosierra en mano, cubrieron de sangre y desdicha veredas y corregimientos. Tanto los operadores de la motosierra y sus financiadores no están locos, son criminales, pero, ante todo, defensores del sistema dominante. A gente como Héctor Abad le gusta ver en la Casa de Nariño a payasos, títeres y sobre todo, a quienes desde ese palacio, hagan todo lo que esté a su alcance para que Colombia siga siendo un platanal, un matadero y el mejor ejemplo de un desarrollo insostenible, ambiental, ecológica y culturalmente. 

Vamos a imaginar por un instante que efectivamente se logra demostrar que Petro está loco y esa condición no le permite gobernar. Imagino que quienes están detrás de este nuevo ataque moral saben que en ese caso hipotético le correspondería a Francia Márquez Mina asumir la presidencia, de acuerdo con lo prescrito en la carta política. Les tocará imponer la narrativa que señale que Márquez Mina también estaría impedida para remplazar a Petro por tres razones: una, por ser su fórmula vicepresidencial; dos, porque se trata de una mujer y este país no está preparado aún para que nos gobierne una; y tres, porque es negra.  Y en un país misógino, racista y clasista como Colombia, resulta inaceptable esa situación. Me pregunto: ¿Petro está loco o están locos por tumbarlo?

Adenda 1: Están afanados por convertir a Petro en un Bucaram (expresidente ecuatoriano declarado loco). 

Adenda 2: las llegadas tardes del presidente y sus ausencias requerían de un mejor manejo por parte de la Ofician de Prensa. Esos silencios los han aprovechado muy bien los loquitos que hoy lo quieren sacar de la Casa de Nariño, porque están pensando en reinstalar en ese palacio, a un amigo cercano de la motosierra, los falsos positivos y de la corrupción público-privada, bandera de la derecha uribizada.

Imagen tomada de Semana.com 

JUAN DANIEL OVIEDO ES UN URIBISTA PURA SANGRE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El candidato a la alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo por fin mostró que lleva puestos los crocs y lo hizo de la peor manera posible: dijo que, durante la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), él sentía “tranquilidad institucional”. De esta manera, el exdirector del DANE se quitó la máscara de independiente (se presenta a la contienda electoral, por firmas) y se puso los crocs que simbolizan la militancia en lo que se conoce como el uribismo.

Así, los bogotanos ya saben que Oviedo es un uribista pura sangre y por esa vía, un defensor a ultranza del “legado” del hijo de Salgar. Deja mucho qué pensar aquello de la “tranquilidad institucional” que sintió Oviedo en los tiempos de la seguridad democrática, los falsos positivos, la compra de la reelección presidencial inmediata que benefició a Uribe Vélez, las chuzadas del DAS a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y en general, el uso de esa entidad como la policía política con la que Uribe persiguió a sus críticos y detractores.

Si los anteriores hechos y circunstancias contextuales le hicieron sentir a Oviedo “tranquilidad institucional”, entonces estamos ante un candidato que no le conviene a Bogotá porque no solo aprueba la violación sistemática de los derechos humanos, sino la captura del Estado y el manejo despótico que del poder presidencial hizo Álvaro Uribe.

Oviedo estaría encubriendo su real talante político, en la medida en que cohonestó con todo lo que hizo mal Uribe durante sus aciagos ocho años de gobierno.  Ante los bogotanos se muestra como un candidato que escucha y que le preocupan los problemas de la capital del país, cuando lo que realmente le interesa es encubrir todo lo que se viene haciendo mal desde los tiempos de Peñalosa, con la frase “tranquilidad institucional”. Para los problemas de movilidad y seguridad de Bogotá, la señalada locución le servirá a Oviedo para asegurar más Transmilenio y enfrentar al Tren de Aragua con las mismas estrategias policivas, sin ir al fondo de estas dos problemáticas, porque lo importante es vender “tranquilidad institucional”.

Imagino también que dentro la “tranquilidad institucional” que sintió Juan Daniel Oviedo estarían los eufemismos con los que varios políticos cercanos a Uribe Vélez trataron de ocultar la dimensión de graves problemas del país, como, por ejemplo, el desplazamiento forzado. En su momento, José Obdulio Gaviria, primo del criminal Pablo Escobar, dijo que en Colombia no había desplazados, sino migrantes internos.

Oviedo repite las mismas ideas de Uribe Vélez y de los uribistas: “seguridad, seguridad, seguridad; y lo privado es más eficiente que lo público”. Con esa narrativa lograron capturar el Estado y llevarlo a niveles evidentes de privatización, lo que significó la naturalización de la corrupción pública, liderada por agentes privados. En entrevista al diario del banquero Sarmiento Angulo, comprometido con hechos de corrupción reconocidos ante autoridades americanas, Oviedo dijo que “a Bogotá le falta gerencia y que se la vea como una empresa. Cuestionó que, mientras en el sector privado las cosas salen bien, en el público salen mal. “Sí, Bogotá es una empresa y necesita un gerente”.

Lo dicho a EL TIEMPO pone a Oviedo en la misma línea política de Enrique Peñalosa, quien se vendió como un gerente, un urbanizador y terminó siendo un vulgar vendedor de buses y de humo. Ojo bogotanos: Oviedo es un uribista pura sangre y un defensor de las perversas ideas y acciones que confluyen en eso que se llama el “uribismo”. Los otros candidatos que andan en crocs son: Lara, Vargas, Galán y Molano; Robledo, anda en pantuflas; y Bolívar, en ferragamo.

Imagen tomada de Infobae

A PROPÓSITO DE LA “PAZ VERBAL” DEL PRESIDENTE DE LA ANDI

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el 8º Congreso Empresarial organizado por la Andi en Cartagena, el presidente de esa agremiación, Bruc Mac Master, habló de “paz verbal”, en una clara alusión al presidente de la República, Gustavo Petro, quien no viajó al cierre del evento, hecho que fue presentado por periodistas del canal Caracol como lamentable.

Hay que señalar que las relaciones entre Mac Master y el presidente Petro no son buenas de tiempo atrás. Huelga recordar cuando en el marco del hundimiento de la reforma laboral en el Congreso, el jefe del Estado habló de “relaciones esclavistas y de explotación” entre algunos empresarios y los trabajadores. Por supuesto que el presidente de la Andi rechazó el calificativo del presidente de la República.

Se aplaude el llamado que hizo Mac Master al cierre del congreso empresarial a la “paz verbal”, pero se lamenta la invitación y presencia del fiscal general, Francisco Barbosa en el evento. Y peor aún los aplausos que recibió del auditorio, repleto de comerciantes y empresarios, a quien funge de tiempo atrás como el principal enemigo del proyecto de la Paz Total y del propio presidente Petro.

La presencia de Barbosa y su narrativa alrededor de que existe en el país una crisis institucional constituye una afrenta contra el mandatario por los duros enfrentamientos personales e institucionales que Petro y el fiscal general han protagonizado. No tiene mayor sentido hablar de “paz verbal” cuando se aplaude a quien representa la impunidad del 94% en hechos de corrupción pública y privada. A lo que se suma la tardía e insulsa imputación de cargos a los exdirectivos de Odebrecht. Sin duda alguna, estamos ante un acto circense, un numerito, pues todos sabemos que con dicha acción judicial se quiere mostrar la eficiencia y eficacia que jamás hubo para esclarecer el entramado de corrupción que compromete al Grupo Aval con la multinacional brasilera.

Así las cosas, los aplausos que el auditorio ofreció al inefable funcionario constituyen una afrenta política, una bofetada al presidente de la República. La revista Semana, medio aliado del fiscal general, dice que Barbosa fue “ovacionado”.

Es costumbre que los presidentes de la Andi inviten para el cierre de sus congresos a los presidentes. Este caso no es la excepción, a pesar de las malas relaciones Petro-Bruc. No puede invitarse y mucho menos hablar de la tal “paz verbal” cuando se toma partido y se aplaude al enemigo número 1 del jefe del Estado.  

Ahora bien, si Mac Master entiende la “paz verbal” como una especie mutismo generalizado sobre hechos de corrupción de los que es mejor no hablar, entonces su llamado se explica por el silencio que su agremiación y él mismo guardan frente a los hechos de corrupción que el propio Grupo Aval reconoció ante las autoridades americanas.

Las asperezas que hay que limar entre Petro y el presidente de la Andi pasan también por tener un poco de tacto al momento de invitar o de permitir la presencia de un fiscal general que no es garantía de imparcialidad justamente porque viene manejando la Fiscalía como si se tratara de un partido político e incluso, como si fuera la policía moral o política. Los tiempos en los que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez convirtió el DAS en su policía política, con la que persiguió a sus críticos, parece que no los olvida Barbosa. 

 

Imagen tomada de Youtube

COLOMBIA, EN UNA TENSIÓN ÉTICO-POLÍTICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por estos días, es evidente que el “viejo” régimen se resiste a que se modifiquen las correlaciones de fuerza que le han permitido mantener el control de una parte del Estado y de la economía, en particular, aquella asociada a las actividades financieras.

A raíz de la millonaria multa que el Grupo Aval deberá pagar a las autoridades americanas por prácticas corruptas en el caso Odebrecht, el país anda por estos días en una fuerte tensión ético-política que puede terminar minando la confianza internacional en el gobierno e incluso su viabilidad si no aseguran triunfos electorales en regiones y capitales claves, en las elecciones de octubre. De hecho, alcaldes y gobernadores cercanos a las fuerzas políticas y económicas de ese “viejo” régimen (el uribismo) le están tratando de “aguar” la fiesta que Petro está armando con la sanción millonaria que Sarmiento Angulo deberá pagar en los Estados Unidos. Y lo hacen, apelando a la narrativa que señala que el gobierno central abandonó regiones como el Cauca, Nariño y Catatumbo, entre otras, lo que explicaría los problemas de orden público en esos territorios. El Registrador Nacional aporta su granito de arena, al dejar entrever que las elecciones estarían en riesgo en varias zonas, lo que obligaría a suspenderlas.

En la ya señalada tensión ético-política, el gobierno de Petro cumple el papel moralizante con el que busca sacudir los cimientos del “viejo” régimen, calificado como corrupto y criminal, pero legítimo para amplios sectores societales. Mientras el presidente de la República aprovecha la coyuntura mediática para atacar a Sarmiento Angulo, Néstor Humberto Martínez Neira y a la fiscalía de Francisco Barbosa, el bloque político-mediático-empresarial que desde el 7 de agosto le hace oposición al gobierno de Gustavo Petro, esta vez con la ayuda de los mandatarios locales y regionales. Antes de que estos mandatarios se pusieran en pie de lucha contra el gobierno de Petro, el bloque político-mediático-empresarial que montaron connotados líderes del “viejo” régimen de poder, había retrocedido unos metros, gracias al enfriamiento del escándalo que envolvió al primogénito del presidente, Nicolás Petro, en buena medida, gracias a la aparición del nombre de Alex Char en los chats que dan cuenta del manejo de millonarios recursos por parte de Daysuris Vásquez y Nicolás Petro Burgos.

Para el caso de la corrupción de Odebrecht, Petro está pasando factura pues desde que fungía como congresista, viene haciendo las denuncias, las mismas que hoy le dan la razón al presidente de la República en el caso Grupo Aval-Odebrecht y la financiación de las campañas de Santos, Zuluaga y Duque con los dineros de la multinacional brasilera, así como en otros casos como las relaciones criminales entre el Clan del Golfo y sectores castrenses, políticos y empresariales.

Huelga recordar que con ese escándalo se quiso enlodar la campaña Petro presidente, con el objetivo de deslegitimarlo y por ese camino, igualarlo con las campañas de Duque, Zuluaga y Santos, esta última la más comprometida de acuerdo con lo que voceros del Grupo Aval habrían informado a las autoridades americanas, en el marco del compromiso legal de colaborar con la justicia americana, contando pormenores de la financiación irregular de la campaña Santos presidente. Así, mientras que el gobierno fustiga con inusitada fuerza el ethos mafioso corporativo, los defensores del otoñal régimen de poder apelan por estos días a los gobernadores y alcaldes para deslegitimar al gobierno central.  

Así las cosas, vemos a un presidente de la República medianamente acorralado no por la inmoralidad de sus acciones político-electorales o administrativas, sino por la resistencia de poderes tradicionales que no están dispuestos a soltar instituciones previamente capturadas y mucho menos a proscribir el ethos mafioso que los guía de tiempo atrás.

Lo peor de todo este complejo escenario moral y ético es que millones de colombianos no sabrán separar los hechos de corrupción que enlodan al Grupo Aval y al vetusto régimen de poder, de la efectista narrativa de sus voceros que dice que el “país va mal y todo por culpa de Petro”.

Si viviera Álvaro Gómez Hurtado propondría enfrentar dicha tensión ético-política con un “acuerdo sobre lo fundamental”. Otros hablarían de hacer un “pacto político” para sacar adelante al país. Lo cierto es que no parece haber puntos medios en esa tensión que tiene de fondo una lucha muy fuerte entre un “viejo” régimen que se resiste a morir y uno “nuevo” que Petro cree que puede fundar.  

Imagen tomada de Semana.com

MANCUSO Y MACACO ANTE LA JEP: ¿QUÉ TANTO TIEMBLA EL RÉGIMEN CRIMINAL COLOMBIANO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con la comparecencia de Salvatore Mancuso y de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, a la Justicia Especial para la Paz (JEP), la seriedad, diligencia y compromisos con la verdad de la Fiscalía y de Justicia y Paz, quedan altamente comprometidos, pues el país aún no termina de comprender el proceso de captura del Estado y los niveles de corrupción institucional que se logró de la mano de quienes agenciaron el fenómeno paramilitar y lo convirtieron en el proyecto civilizador más importante de la derecha colombiana de los últimos tiempos.

Hay que aplaudir el trabajo de los y las magistradas de la JEP en lo que concierne a la construcción de una verdad jurídica esquiva, dados los históricos defectos del sistema de justicia colombiano, penetrado por mafias de diferentes pelambres, pero también lamentar para la sociedad, la imposibilidad de procesar y condenar a poderosos agentes estatales, empresariales y políticos bajo el marco de la justicia ordinaria.

Así las cosas, la justicia transicional y el eje ético-político que se desprende de la aspiración institucional asociada a lograr verdad, justicia, reparación y no repetición, servirá para saber qué pasó, pero no para castigar con el rigor del código penal a aquellos individuos que, vestidos de paño y desde perfumadas oficinas patrocinaron masacres, desplazamientos forzados, magnicidios y la captura mafiosa del Estado; o apelaron a todo tipo de trucos jurídicos para absolver a los determinadores de corbata que hoy gozan de total impunidad, a pesar de que medio país sabe de sus andanzas.

Eso sí, hay que hacer diferencia entre el actuar criminal de paramilitares y guerrilleros sometidos a procesos de justicia transicional, y el de aquellos funcionarios estatales, formados en universidades públicas y privadas. De igual manera, a quienes hacen parte de conglomerados económicos y se autodenominan como “gente de bien”.  Para estos, sinceramente, no tendría porqué haber una oportunidad penal, en el sentido que exhibe la justicia transicional, por tratarse de gente que ha vivido en medio de privilegios y se formó académicamente. 

Si bien el modelo de justicia transicional permite meter en el mismo costal a unos y otros, para lograr verdad, justicia, reparación y no repetición, queda el sinsabor que produce no ver tras las rejas a aquellos magistrados que mancillaron la justicia y otros funcionarios estatales y agentes económicos y políticos que delinquieron para favorecer a los líderes del violento proyecto civilizador que la derecha aupó para “modernizar”, a las malas, al país.

De lo dicho por Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, la JEP deberá cumplir con diligencia la tarea de entregarle al país el listado de magistrados, periodistas, jueces, políticos y empresarios que se aliaron con los confesos criminales. Resultaría interesante ver a estos amigos del paramilitarismo desfilar ante los/las magistrados(as) de la JEP, para salvarse de las penas que la justicia ordinaria les podría imponer. El país necesita ver en hilera a todos los que señalen Mancuso y Jiménez de haberles facilitado sus actividades criminales. De no darse esa posibilidad, queda que unos y otros comparezcan ante la justicia ordinaria o a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) si son aforados o lo fueron durante la comisión de sus delitos. El país necesita que la CSJ no caiga en el juego político de devolverle la terna que el presidente de la República les envió a los magistrados para que escojan de esta el remplazo del ladino fiscal general, Francisco Barbosa.

La nueva fiscal general de la nación tendrá la obligación institucional, moral y ética de aportar a la construcción de la esquiva verdad, justicia, reparación y no repetición, de la mano de la JEP; pero también, deberá estar dispuesta a investigar e imputar cargos a quienes desde instancias privilegiadas de poder económico, participaron del enorme entramado de corrupción de Odebrecht, en el que está involucrado el Grupo Aval, recientemente sancionado por las autoridades americanas por prácticas corruptas. En este último caso no podrá aceptarse el perdón, fruto del pago de millonarias fianzas y mucho menos, la aceptación de chivos expiatorios sobre los que ya recae parte de la responsabilidad de lo ocurrido.

Si bien el perdón y la reparación son elementos que están encaminados a construir una nueva eticidad pública y privada, los altos niveles de impunidad en sectores de poder político y económico constituyen una burla para la sociedad. Al devenir moralmente confundida la sociedad colombiana, se necesita de decisiones judiciales ejemplarizantes y esto se logra imponiendo duras penas a aquellos que hacen parte del selecto grupo de la “gente de bien” que comete delitos.  Al final la pregunta es: ¿Qué tanto ponen a temblar, Mancuso y Macaco, al histórico régimen criminal colombiano?

 

Imagen tomada de Semana.com 

BARBOSA Y LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS A LA CIDH

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las medidas cautelares que el fiscal Barbosa solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace parte del plan de desprestigio y deslegitimación que la derecha viene ejecutando con evidente precisión, contra el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego. Como en el ámbito local dicho plan no les ha funcionado muy bien a los líderes de sectores de poder, a pesar de los ataques mediáticos, entonces, ahora se busca desprestigiar internacionalmente al actual gobierno.

Todo inició con el extraño anuncio público hecho por el propio fiscal general de la Nación (FGN) en el que le dijo al país, usando los medios de comunicación tradicionales y afectos a los intereses que él defiende, que el ELN tenía un plan para asesinarlo. Al ver que la veracidad de su denuncia estaba en cuestión, Barbosa puso en la mira de la Fiscalía al general del Ejército, Luis Mauricio Ospina, con el claro objetivo de construir la narrativa que vuelve el supuesto plan criminal del Ejército de Liberación Nacional en un asunto de Estado, porque esa guerrilla adelanta diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Más claro: el plan para asesinarlo se estaría diseñando con la anuencia de la presidencia o de agentes estatales cercanos al gobierno o a la propia inteligencia militar. Para construir el argumento, artificioso por demás, Barbosa apela a su enfrentamiento personal e institucional que sostiene de tiempo atrás con el presidente Petro y al “odio de clase” que jefe de Estado promueve desde el 7 de agosto.

Por supuesto que el ladino personaje niega ser enemigo del proceso de paz que se adelanta con ELN y del propio presidente. De igual manera, guarda silencio sobre las denuncias que el periodista Gonzalo Guillén viene haciendo sobre una eventual complacencia de la Fiscalía con las acciones sicariales adelantas por miembros del Clan del Golfo. Esas mismas acciones delictivas denunciadas por el corajudo periodista, hicieron que el presidente Petro le exigiera, varias veces, al fiscal Barbosa un informe completo sobre esos hechos. El informe efectivamente lo entregó Barbosa a la presidencia.

La revista Cambio publicó apartes de dicho informe: “Según el informe, el grupo armado no cometió 200 asesinatos en la costa Atlántica de Colombia entre 2008 y 2010 "desde el punto de vista probatorio". Por el contrario, el ente investigador aseveró que sí hubo interceptaciones a 200 líneas. La desestimación de las presuntas dos centenas de homicidios contradice lo que se había pensado en un principio a raíz de una publicación de prensa que desató choques entre Petro y Barbosa y que involucraba al fiscal Daniel Hernández por supuesta omisión de denuncias”.

A Francisco Barbosa no le bastó reunirse con el presidente de la República, horas después de que él mismo hiciera público la existencia del supuesto plan criminal. Ya trascendió que fuentes de inteligencia del Estado desestimaron la existencia de las macabras acciones del ELN.

Lo curioso es que la solicitud a la CIDH llega en momentos en los que el presidente le acaba de solicitar la reapertura de los casos que la propia Fiscalía de Barbosa cerró sobre los sobornos de Odebrecht y los hechos de corrupción que hoy comprometen la imagen de la familia Sarmiento Angulo, el grupo Aval y Corficolombiana.

Ya veremos qué decisión tomará la CIDH. Eso sí, se espera que, en un análisis serio, dicha instancia niegue las medidas cautelares solicitadas por Barbosa, por cuanto él está al frente de la Fiscalía, entidad que, de trabajar armónicamente con el gobierno y otras instancias estatales, podría no solo confirmar la veracidad de su denuncia, sino la implementación de acciones tendientes a desarticular el supuesto plan criminal. A lo mejor la CIDH concluye que Barbosa exagera y apela maliciosamente a la figura de protección por estar al frente de una entidad de investigación. A lo mejor la entidad internacional llega a la conclusión de que Barbosa pidió las medidas más por su calidad de opositor político, que por un Fiscal general amenazado. 

 

Imagen tomada de EL TIEMPO