Por Germán Ayala Osorio
En la discusión del proyecto de
reforma a la salud del gobierno, confluyen, fundamentalmente, dos ideas o
concepciones alrededor de lo que debe ser el Estado. En la propuesta diseñada por
la ministra Carolina Corcho hay una visión de un Estado social de derecho,
maximizado por la ilusión del presidente Petro de llevar a Colombia por los
caminos de los estados de bienestar europeos. Esa meta presidencial simplemente
es inalcanzable porque lograrla supone un cambio cultural profundo con el que
quedarían superadas circunstancias civilizatorias negativas que han impedido en
gran medida construir una verdadera República, una nación grande y una sociedad
moderna. Esas circunstancias civilizatorias negativas son: un encarnado ethos
mafioso y la consolidación de unas
élites corruptas y con perfiles fascitas, expresados en la animadversión que
los aleja de ver a indígenas, campesinos y afros, como ciudadanos con igualdad
de derechos.
Por el contrario, en la contra
propuesta presentada por las tres mulas
muertas (Gaviria, Toro y Cepeda) que se le atravesaron al gobierno, sobresale
la idea de un Estado privatizado que por más
de 30 años ha estado al servicio de mafias, clanes y familias políticas
con vínculos con grupos paramilitares receptores de los recursos de la salud.
Ese país premoderno que surgió de esa perversa operación del Estado se resiste
a transformarse en uno moderno y republicano. Gaviria, Toro y Cepeda
representan el pasado de una sociedad que se acostumbró a que lo estatal no
funciona por culpa de la negligencia de sus funcionarios y una disfuncional
burocracia, de ahí que se necesite del concurso de los privados, presentados
como impolutos, creativos y diligentes. La quiebra de las EPS y la corrupción
les demostró que lo privado no necesariamente es mejor que lo estatal.
El enfrentamiento político e
ideológico que hoy rodea la discusión de la reforma al interior del Congreso es
el resultado de lo difícil que es y será conciliar dos concepciones del Estado
diametralmente contrarias. Lo curioso de todo es que en las narrativas
mediáticas e incluso, en los propios discursos de defensores de la propuesta
del gobierno no se alude al asunto de fondo al que aquí me refiero.
En cuanto a la reacción patriarcal
del iliberal y consumado neoliberal, César Gaviria Trujillo, de amenazar a los
congresistas liberales que apoyen el articulado de la reforma oficial a la
salud, hay que decir que esta da cuenta del talante arbitrario y poco
democrático de este siervo de los banqueros y de todos los agentes sociales y
económicos que de tiempo atrás se sirven del Estado para amasar las fortunas
con las que logran poner congresistas, presidentes de la República y por
supuesto, directores de partidos políticos; estos últimos convertidos en
apéndices de los intereses corporativos de dos o tres familias poderosas.
En lo que refiere a la respuesta que
el presidente Petro, al invitar al pueblo a que se levante, señalo que resulta
inconveniente y peligrosa. Hay que explorar otros mecanismos para deslegitimar
la vigencia de Gaviria, Toro y Cepeda. Uno de ellos podría ser el de la
justicia, referido a los procesos judiciales en los que están involucrados la
exgobernadora del Valle del Cauca y zarina de la salud departamental y el
director del partido Conservador, Efraín Cepeda. Frente al expresidente
Gaviria, al gobierno le queda insistir en la fractura de su mandato. La misiva
que 18 de los 33 representantes liberales le enviaron al nefasto director del
insepulto partido Liberal es una señal y
una puerta que se abrió para ponerle fin al reinado de este parásito con fuero
presidencial.
Imagen tomada de El Espectador
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