CLASISMO JUDICIAL Y LA CASA POR CÁRCEL PARA DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO

 

Por Germán Ayala Osorio

La sempiterna corrupción público-privada en Colombia, más una impunidad del 94% de los procesos penales por corrupción y la maliciosa figura de la casa por cárcel para delincuentes de cuello blanco, son factores generadores de violencia e incertidumbre en una sociedad que deviene de tiempo atrás confundida moral y éticamente.

El primero de esos factores es el resultado de la captura mafiosa del Estado que lograron hacer congresistas, clanes políticos y familias con poder económico y político. Una vez cooptadas las instituciones estatales, la distribución abusiva y discrecional de los presupuestos les garantizará el poder suficiente para, cada cuatro años, desangrar las finanzas públicas y comprar jueces, magistrados y fiscales que les harán la tarea de desaparecer expedientes, torcer decisiones de jueces que fallaron en derecho, o simplemente, lograr el vencimiento de términos y el cierre de los casos por prescripción. Es tal su poder, que se hacen partícipes en la elección del fiscal general de la Nación para que este se encargue de cerrar procesos o desvíe las investigaciones. Son estos los mismos que hoy tienen pavor ante la eventual elección de una mujer fiscal, sin tacha.

En todo lo anterior se dibuja la ruta de la impunidad cuyos efectos sociales son claros: la desconfianza en la justicia de los ciudadanos de a pie, las acciones de justicia por propia mano y la confirmación de que esta es, para los de ruana, es decir, para los más pendejos o para los que no tienen con qué comprar un juez o un magistrado.

El guarismo del 94% es la más clara expresión de la corrupción de la justicia en todos los niveles: desde encopetados magistrados y magistradas (¿Recuerdan el Cartel de la Toga?), pasando por jueces de tribunales y fiscales delegados, hasta llegar a jueces municipales.

Y cuando no hay forma de torcer fallos, entonces viene la valoración de las condenas a pagar y el lugar de reclusión. Aparece la figura de la casa por cárcel, amparada en artificios judiciales o lecturas amañadas de realidades que tocan el sistema penitenciario: en las prisiones estatales corren peligro las vidas de los ladrones de cuello blanco o no hay cupo en los pabellones especiales, exclaman sus abogados; esos pabellones especiales  confirman lo que aquí llamaré el clasismo judicial, que no es otra cosa que la extrapolación del clasismo de una sociedad como la colombiana en la que conviven ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta y hasta de quinta categoría, en escenarios de exclusión e inclusión.  

Ese clasismo judicial impide ver que reconocidos exministros de Estado sean recluidos en prisiones sin comodidad alguna y sin privilegios. Huelga recordar el caso del penado uribista, Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a 15 años por delitos como la celebración de contratos sin cumplimento de requisitos legales y peculado por apropiación. Arias jamás pisó una cárcel en Colombia. Se la pasó “recluido” en cómodas casas fiscales de unidades militares. Recientemente se conoció el fallo condenatorio contra Luis Alberto Monsalve Gnecco. Aunque el tiempo de la condena se conocerá hasta marzo, su abogado pidió que sea recluido en su casa. Muy seguramente, por hacer parte del poderoso clan Gnecco (es hijo de la matrona, Cielo Gnecco Cerchar), la CSJ le dará la casa por cárcel a este bandido perfumado.

Los delincuentes de cuello blanco reciben un tratamiento preferencial porque no “representan un peligro para la sociedad”, o porque simplemente, al no poderse evitar la investigación, el proceso y la condena, lo que queda es garantizarles a estos perfumados criminales que paguen la pena “recluidos” en sus mansiones o en su defecto en unidades militares o de la policía. Una sinvergüencería que deslegitima el orden establecido, mancilla el nombre de la justicia y genera violencia y desazón en quienes deben someterse al imperio de la ley, por casos de los que pudieron salir libres si tuvieran acceso a costosos abogados o cómo corromper a un juez o a un fiscal.

Aquello de que no “representan un peligro para la sociedad” no es más que un eufemismo con el que se realmente se oculta la peligrosidad de individuos estudiados, formados en la función pública, y que conocen muy bien cómo dilatar procesos judiciales y que mantienen el control político de las entidades estatales de las que se robaron billones de pesos. Por el contrario, su actuar criminal debe ser castigado de manera ejemplar por su visibilidad y por las simpatías que generan sus nombres; además, por haber alcanzado mayores estudios y por la responsabilidad que asumieron al llegar al Estado. 

Entre un ladrón callejero y un político corrupto, la justicia y la sociedad creen que el primero es más peligroso que el segundo, lo que hace posible que sobre la randa callejera caiga todo el peso de la ley o en el peor de los casos, reciba el castigo de ciudadanos hastiados de sus andanzas; mientras que la justicia y gran parte de la sociedad tratan con finas pinzas y aplauden a las sabandijas encorbatadas que roen con rapidez el presupuesto nacional.

Así las cosas, resulta improbable que reduzcamos la corrupción a sus justas proporciones como lo propuso el violador de derechos humanos, el entonces presidente Julio César Turbay Ayala. El ethos mafioso que guía la vida de los bandidos de cuello blanco se naturalizó de tal forma que no robar o no desviar recursos públicos es propio de tontos.

Está lejos el día aquel en el que hayamos construido un país decente, una verdadera República. Seguiremos viviendo en este muladar de ambiciosos, criminales y mafiosos de cuello blanco. Porque en una sociedad decente, “las élites políticas y económicas no extraen los recursos de sus ciudadanos mediante la corrupción, tampoco evaden impuestos. Ni exponen a sus ciudadanos a la pobreza, a falta de educación, a muerte por desnutrición de los niños en familias muy pobres. Y mucho menos permiten que grupos armados ataquen y abusen de las minorías, los campesinos, los líderes sociales. A pesar del gran avance que se ha hecho en las negociaciones para alcanzar la paz, Colombia no clasifica tampoco en el ranquin de sociedad decente, porque la corrupción la mata”.

Imagen tomada de Caracol radio. 

MEDIOS HEGEMÓNICOS VS MEDIOS ALTERNATIVOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Sin que exista una declaración pública que así lo confirme, se advierte un claro enfrentamiento  entre periodistas que trabajan para medios hegemónicos y los colegas que lo hacen para medios alternativos. Se trata, por supuesto, de un contrapunteo sutil, casi imperceptible, pero que con el correr de los días puede volverse más serio. Esa situación se presenta por las preguntas y las dudas que periodistas afectos al régimen de poder hicieron recaer sobre la Revista Raya, medio alternativo que irrumpió con revelaciones de documentos oficiales que darían cuenta de prácticas dolosas de la vicefiscal Martha Mancera, hoy encargada de la Fiscalía, gracias a los magistrados de la CSJ que insisten en dilatar la elección de la nueva fiscal general de la Nación.

El hecho noticioso que daría vida a las dudas, al inadvertido enfrentamiento entre alternativos y hegemónicos y a los interrogantes sobre el origen de la financiación de un medio como la Revista Raya tiene que ver con los informes periodísticos con los que los reporteros de varios medios independientes y alternativos, como Raya, cuestionan a Martha Mancera, por cubrirle las espaldas a alias “Pacho Malo” y por sus presuntas relaciones con mafiosos del norte del Valle del Cauca, de acuerdo con los informes publicados.

Las preguntas las hicieron públicas La W y la periodista María Camila Díaz de Mañanas Blu, quienes confrontaron a los periodistas de la Revista Raya sobre quiénes los financian, si reciben aportes estatales o del gobierno de Petro; su cercanía con RTVC (medio estatal) y en general, por sus investigaciones sobre las andanzas de Mancera.

Mientras que La W invitó al director de Raya, Edinson Bolaños y a Sonia Cifuentes, productora,  para que despejaran las dudas sobre “quiénes están detrás de la revista”, María Camila Díaz lanzó las dudas al aire sin darle la oportunidad a sus colegas de contar de dónde surgió el proyecto periodístico y la creación de la fundación que lo sostiene. Cifuentes fue categórica al decir que no hay nadie detrás de la Raya y que son ellos, un puñado de profesionales, que decidieron apostarle a un periodismo distinto, alejado claro está, de las dinámicas y los intereses corporativos y políticos de los medios y los periodistas tradicionales.

La pérdida de legitimidad y credibilidad de los medios hegemónicos, como RCN, Caracol, Semana, El Colombiano, El País y El Tiempo, entre otros más, viene generando la irrupción de proyectos periodísticos quijotescos como Raya, Cuestión Pública, Vorágine y La Nueva Prensa, entre otros, con el objetivo claro de hacer el periodismo que sus colegas de los medios tradicionales no pueden hacer porque las políticas editoriales están sujetas a los intereses políticos y económicos de los conglomerados económicos que los patrocinan y sostienen.

Mientras que La Nueva Prensa, Cuestión Pública y la Revista Raya se han puesto a la tarea de develar las andanzas de Mancera, medios del establecimiento colombiano, como La FM, y El Colombiano, hacen ingentes esfuerzos por lavarle la cara a la fiscal general (e), poniendo en duda las versiones de los funcionarios de la propia fiscalía que señalan y cuestionan a Mancera.

Sin duda alguna, la irrupción de medios alternativos constituye un hecho periodístico de gran valía por cuanto estamos ante la democratización de la información, pero lo más importante quizás sea que dichos medios están haciendo la tarea que sus colegas no pueden hacer. El periodismo puede ser uno solo deontológicamente hablando, pero en su praxis diaria emergen dos tipos de periodistas: los que se paran en la raya hasta que la verdad de los hechos la conozcan las audiencias y otros que están para ser estafetas y servirle al viejo establecimiento, con el firme propósito de ocultarle a sus audiencias las maneras como viene operando el régimen de poder en Colombia, desde tiempos inmemoriales. Es claro que hay medios tradicionales que le están apostando a que la interinidad de Mancera se extienda en el tiempo en beneficio de poderosos agentes económicos y políticos que hacen parte de eso que se llama el establecimiento colombiano.

Imagen tomada de Internet. 

LA INTERINIDAD MANCERA ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD… DE LA FISCALÍA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional (CC) entró a terciar en el ya agrio enfrentamiento entre el Ejecutivo, en cabeza de Gustavo Petro y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la demora en la escogencia de la nueva fiscal general de la Nación. Y lo hizo de la peor manera posible: recomendando a los togados de la CSJ que, de volverse a presentar presiones violentas, se aplace la ya enrarecida elección. Sin duda alguna, una lectura equivocada de parte de Reyes, a quien poco le importan los cuestionamientos morales y éticos que recaen de tiempo atrás sobre Francisco Barbosa y su vicefiscal, Martha Mancera.

Un simple acto administrativo, que no debería de concitar tamaño enfrentamiento institucional, los magistrados de la CSJ lo convirtieron en un asunto de una inexistente complejidad. ¿Si ya hace meses aceptaron las hojas de vida de las ternadas, cuál es la demora en elegir a la mejor?

Horas después de lo expresado por Reyes, entró a terciar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. El organismo internacional exhortó a la CSJ para que “a la mayor brevedad posible" elija a la nueva titular del ente investigador, hoy en manos de la cuestionada Martha Mancera. “La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía. Por lo tanto, la CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible".

Estamos ante dos posturas diametralmente distintas que hacen pensar en que el simple acto administrativo constituye realmente una decisión trascendental contaminada muy seguramente por intereses personales y corporativos de poderosos agentes económicos y políticos del establecimiento colombiano a los que no les conviene que se elija a una nueva fiscal que de pronto ordene reabrir procesos penales en los que están involucrados. Prefieren, claro está, la interinidad de Mancera, porque saben que ella es la continuidad de Barbosa, en el cuerpito y en las carnitas de la cuestionada fiscal encargada (o encartada).

Al parecer, en la CIDH tienen claro que existen poderosos actores políticos y económicos que no quieren que por primera vez en Colombia haya una terna de mujeres preparadas y no recomendadas por amistad con aquellos poderosos o lo que es peor, amiguitas del presidente de la República. En este punto recordemos que el fiscal Barbosa fue ternado por su amigo entrañable, el entonces presidente-títere, Iván Duque Márquez. Al final, la CSJ de la época cometió el gravísimo e imperdonable error de elegirlo como fiscal general.

No se entiende que con una terna de mujeres probas, sin tacha alguna y alejadas de las históricas mañas clientelares que en el pasado sirvieron para que se ternaren y eligieran anteriores fiscales, la CSJ no haya cumplido con la tarea y por esa vía dilatado la elección de la nueva fiscal. ¿Habrá algo de misoginia en los togados y envidia en las togadas?

El espaldarazo de la CIDH al gobierno Petro constituye un hecho político que bien podría tener efectos políticos en los mismos Estados Unidos. Con la misiva de la CIDH, la elección de la nueva fiscal en Colombia se volvió un asunto internacional, lo que bien podría tener efectos que bien pueden asumirse como positivos o negativos, dependiendo de la perspectiva política desde la que se asuma la lectura de la situación. Podría ser positivo para el gobierno Petro que los togados de la CSJ por fin este 22 de febrero voten y elijan a la mujer que remplazará al egocéntrico de Francisco Barbosa y se recupere, para la sociedad y el Estado de derecho, la maltrecha institucionalidad de la Fiscalía, fruto de la pésima, oscura y maliciosa gestión de Barbosa.

También podría producirse la intervención directa de la DEA y los Departamentos de Justicia y Estado de los Estados Unidos a raíz de las versiones periodísticas que señalan que Barbosa y Mancera habrían protegido a mafiosos y a fiscales con vínculos con traquetos del norte del Valle del Cauca. De darse esa situación, la narrativa que señala que Colombia es un Estado mafioso se confirmaría, lo que obviamente afectaría los esfuerzos del actual gobierno de enfrentar no solo a los narcotraficantes, sino a sus amigos y compinches de cuello blanco. Esa misma reacción de los entes americanos serviría para consolidar las buenas relaciones y la confianza entre los gobiernos de Biden y Petro, lo que redundaría en beneficio de Colombia.

Imagen tomada de Youtube.com

CRIMEN DE DON GUILLERMO CANO: TARDÍA PETICIÓN DE PERDÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

En plena conmemoración del Día del Periodista y de manera tardía, el Estado colombiano pidió perdón al país, a los periodistas de El Espectador y a la familia de la víctima por el magnicidio de don Guillermo Cano Izasa, director del prestigioso y combativo periódico liberal.

La petición de perdón que hizo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, llegó casi 38 años después de perpetrado el atroz crimen contra el periodismo independiente, la ética periodística y la vida digna de un agudo reportero comprometido, como pocos, con la búsqueda de la verdad. El verdugo: Pablo Emilio Escobar Gaviria, el más sanguinario asesino serial de la historia de Colombia. Sus cómplices: agentes estatales, una parte de la sociedad, empresarios corruptos y Luis Carlos Molina y la empresa Confirmesa. De esa empresa, aparece Álvaro Uribe Vélez como miembro principal de la Junta Directiva. Resulta macabramente curioso y llamativo que la empresa de donde salió el cheque con el que se pagó a los sicarios de don Guillermo Cano aluda a la postura firme, sólida y consistente del gran reportero. De vaina, dicha sociedad no se registró bajo el nombre de Confirmeza.

El ruego de perdón de Osuna sonó sincero y sentido, hecho que hace pensar que no se trató de una simple ceremonia en cumplimiento de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por el contrario, el país entendió que el encuentro constituye un compromiso para que la justicia siga ahondando en el esclarecimiento del crimen, hasta llegar a quienes desde el poder político coadyuvaron a que se perpetrara el magnicidio contra el único medio de la época que se le “paró a Pablo Escobar” y a varios bandidos de cuello blanco.

Así como hubo periodistas como don Guillermo Cano que no se dejaron amedrentar del cruel asesino antioqueño, otros hicieron parte de las nóminas de los carteles de Medellín y Cali: locutores, periodistas deportivos y judiciales se dejaron cooptar por las mafias de la época. Quizás desde allí viene la crisis de credibilidad del periodismo en Colombia.

Es tiempo de empezar a erosionar las narrativas heroizantes que pusieron a Pablo Escobar a caminar, después de muerto, en gorras, camisetas, llaveros y series de televisión. Y la mejor forma de hacerlo es construir un relato lo suficientemente universal que ponga en el centro de la admiración social a periodistas con el talante de don Guillermo Cano.

Resulta excremental que haya una ruta turística para conocer de las fechorías y crímenes de Pablo Escobar, y no una que lleve a propios y extraños a conocer la férrea formación ética y moral de la familia periodística que se enfrentó a poderosos agentes económicos que, con la amenaza del retiro de la pauta publicitaria, quisieron evitar que se publicaran sus cochinas maniobras financieras.

Imagen tomada de Infobae

FISCALÍA DE BARBOSA: UNA FORMA DE CONTRAPODER PRESIDENCIAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Si para algo ha de servir la nefasta gestión de Francisco Barbosa Delgado al frente de la fiscalía general de la Nación es para poner en evidencia varias dimensiones y comprender que el enfrentamiento con el presidente de la República va más allá de rencillas personales y que, por el contrario, hay asuntos de fondo cuya visibilidad se pierde por el registro noticioso de las disputas entre Barbosa y Petro:

1. Con la llegada del primer gobierno de izquierda, la figura del fiscal general se erige como una forma oposición política institucionalizada, esto es, un contrapoder que impide el trabajo armónico entre las tres ramas del poder público, por cuanto el fiscal general se torna tan intocable como el propio presidente de la República. Esa actitud de contrapoder se acrecentó con el silencio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), alto tribunal que jamás llamó la atención al fiscal durante los agrios enfrentamientos que sostuvo con el presidente Gustavo Petro. De igual manera, aporta su granito de arena la Procuraduría por estar en manos de Margarita Cabello Blanco, ficha del clan Char en el ministerio público. 

Bajo esas circunstancias, el poder presidencial se conecta exclusivamente para resolver asuntos institucionales muy propios del sistema presidencialista, esto es, política económica, monetaria y relaciones con agentes políticos y económicos de la sociedad civil y por supuesto, las relaciones internacionales; mientras que el rol del fiscal general de la Nación estaría al servicio de asuntos nocivos y nefastos para las institucionalidades aquí comprometidas: la entrega de cargos públicos y contratos a familiares de los togados de la CSJ, lo que explicaría el no llamado de atención a Barbosa por su mala gestión y su evidente participación en política y por supuesto, la demora para elegir a la nueva fiscal de la terna enviada por el presidente Petro. 

Se suma a lo anterior, la imposibilidad de que las fuerzas militares y de policía puedan trabajar de manera armónica con el ente investigador por decisión del fiscal general, interesado en hacer fracasar la política criminal.

Así entonces, Francisco Barbosa Delgado inauguró en el país la figura del contrapoder al Ejecutivo, apoyado por una parte importante del Establecimiento colombiano que detesta a Petro y sus políticas sociales y ambientales, así como su disposición de golpear exclusivamente las finanzas de los narcotraficantes y de querer recuperar a la Fiscalía, para el Estado de derecho, lo que implica arrebatársela a clanes políticos y empresariales. Todo indica que hay sectores de la economía formal que no les gusta la estrategia de Petro de golpear las finanzas de los mafiosos y narcotraficantes por cuanto se estaría afectando la cadena institucionalizada de lavado de activos. 

2. De acuerdo con las denuncias de connotados periodistas, existirían relaciones mafiosas con el Clan del Golfo, lo que convierte al fiscal general en un actor político que actúa en contravía de cualquier política criminal y antidrogas que desde el Ejecutivo se quiera ejecutar.

Si las denuncias de los periodistas Daniel Coronell, Yohir Ackerman y Gonzalo Guillén, entre otros más,  acerca de las relaciones mafiosas de la vicefiscal y mano derecha de Barbosa, Martha Mancera, con narcotraficantes del Valle del Cauca son ciertas,  la fiscalía general de la Nación estaría fungiendo dentro del Estado como un agente en oposición a la política antidrogas del gobierno de Petro, fundada en golpear las finanzas de los mafiosos a través de la interdicción de los envíos de cocaína, la destrucción de los laboratorios y la incautación de sus bienes, lo que supone dejar de criminalizar a los campesinos que se ven obligados cultivar la coca.

Hay que recordar que Francisco Barbosa, en misiva enviada al Consejo Nacional de Estupefacientes rechazó la política antidrogas de Petro. En la carta no solo expone su voto negativo a dicha política gubernamental, sino que minimiza las intenciones de proteger la vida de los cultivadores, consumidores y al medio ambiente. Es apenas lógico que Barbosa defienda actividades como la aspersión con glifosato, peligroso defoliante potencialmente cancerígeno y la erradicación violenta de los sembrados de coca. Y es así porque él sigue las instrucciones del uribismo, que son las mismas que promovió su amigo, el entonces presidente-títere, Iván Duque Márquez (2018-2022), quien en su momento lo ternó para que la entonces Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo eligiera fiscal general de la Nación hasta el 12 de febrero, día en el que termina el oscuro periodo de Barbosa.

La desaprobación o el rechazo que la Fiscalía hizo de la Política Nacional de Drogas (2022-2023) expresa el desinterés de Francisco Barbosa por las variables socio ambientales y ecológicas que axiológicamente el gobierno del presidente Petro conecta con la fracasada lucha contra el narcotráfico, de la que es amigo cercano el fiscal general de la Nación.

3. La politización del ente investigador, lo que supone dejar de investigar y procesar a miembros de clanes políticos y de familias poderosas (élite económica). Baste con señalar el favorecimiento judicial que desde la dirección general de la fiscalía se promueve hacia tres poderosos agentes económicos y políticos: la familia Sarmiento Angulo, Álvaro Uribe Vélez y el Clan Char. Y no podemos olvidar que por orden de Barbosa, se cerró la investigación por la "Ñeñe política" para proteger a su amigo el presidente Iván Duque Márquez y a quienes hicieron posible que a la campaña Duque presidente entraran dineros del señalado narcotraficante. 

Si Sarmiento Angulo reconoció ante las autoridades americanas que cometió actos de corrupción en la construcción de la ruta del Sol 2, esos delitos los cometió en Colombia, lo que supondría que la Fiscalía debe reabrir el proceso para procesar a los implicados. Para el caso de Uribe Vélez, la intención de Barbosa es clara: insistir en la preclusión del caso en el que está involucrado el vulgar caballista antioqueño, en calidad de imputado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. El objetivo final de Barbosa es lograr la prescripción de los delitos. Y, por último, la Fiscalía ha actuado con evidente complacencia con varios miembros del clan Char investigados por varios delitos, entre estos, de tipo electoral. Igual comportamiento ha tenido con miembros de otros clanes como los Gnecco y Name.

Imagen tomada de Vanguardia. 

DÍA DEL PERIODISTA: ¿ALGO PARA CELEBRAR?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el Día del Periodista bien vale la pena hacer un ejercicio analítico alrededor de la realidad de un oficio que siempre fue y será el espejo en el cual el poder político y económico hegemónico se mira a diario, para saber hasta dónde puede estirar la siempre elástica y acomodaticia ética periodística.

Si se hace un corte diacrónico en 1998, cuando nacen los canales privados de televisión, entonces podemos decir que ahí se afianzaron los problemas de credibilidad en los medios tradicionales. De ahí en adelante, la compra de periódicos como El Tiempo y El Espectador por parte de conglomerados económicos naturalizó la mercantilización de la información y la manipulación de los hechos noticiosos, incluida su invisibilización.   

Aunque las condiciones en las que operan hoy esas dos casas periodísticas son distintas, lo cierto es que su condición de actores políticos la comparten plenamente, aunque siga siendo imperceptible para una parte importante de la opinión pública.

El Tiempo en manos de Sarmiento Angulo no es ni la sombra de lo que fue en los años 70 y 80 con su Unidad Investigativa. A través de sus páginas, hoy se miente, tergiversa y se minimizan hechos noticiosos. Recuérdese cómo El Tiempo ocultó la responsabilidad de Coviandes en la caída del puente Chirajara. El titular fue este: Desplome de puente deja 9 muertos en vía al Llano. Lo contrario hizo El Espectador al apelar a este titular de cita: Coviandes debe responder por caída de puente: Mintransporte. Las diferencias son tan evidentes que no es necesario decir nada más. Coviandes hace parte del conglomerado económico de Sarmiento Angulo. 

En cuanto a los periodistas es bueno también decir que, si bien el oficio es uno solo, hay muchos tipos de periodistas. Están los y las vedettes del periodismo nacional, especie de mercaderes y estafetas del régimen de poder o de manera directa de sus patronos. Normalmente ocupan cargos de dirección dentro de los medios masivos desde donde se auto censuran.

Hay quienes conducen programas de opinión en la radio y televisión que los presentan hábilmente como espacios de información, pero que realmente operan como trincheras ideológicas y políticas. La FM, Blu Radio y la W son buenos ejemplos de cuarteles generales desde donde hoy se promueven procesos de desestabilización del actual gobierno, a través de la entrega de información sesgada, la consulta de fuentes tendenciosas o simplemente, evitando reconocerle algo positivo a la actual administración. Muchos de estos colegas actúan más como activistas políticos y agitadores, que como reporteros responsables con el mandato constitucional de informar con veracidad y responsabilidad social con las audiencias.

Están los independientes que desarrollan una labor titánica en sus medios alternativos. En estos momentos de crispación ideológica y política son los únicos en los que se puede confiar. Eso sí, la lista no es muy larga, pero hay que decir que la calidad periodística los desborda: todos los periodistas de los equipos de Cuestión Pública, Revista Raya, Vorágine, La Nueva Prensa y Noticias Uno son ejemplo de profesionalismo. Aparecen también esfuerzos editoriales como El Unicornio y La Oreja Roja que tienen como objetivo generar estados de opinión divergentes.

Así las cosas, cada 9 de febrero se conmemora el Día del Periodista, pero poco se advierte sobre las precarias condiciones laborales, las presiones a las que están sometidos y a la falta de garantías de seguridad en las que trabajan los periodistas de las “provincias”.

El oficio va perdiendo su belleza cada que un reportero tergiversa los hechos tal cual como sucedieron. Se “afea” el bello oficio cuando los propietarios ordenan a los editores y directores no cubrir un hecho en específico o minimizar su trascendencia. A pesar de todo lo anterior, siempre habrá quienes se destaquen informando con veracidad y buscando la verdad de los hechos. Feliz día para aquellas y aquellos.

Imagen tomada del Concejo de Pereira. 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: LA VOLVIÓ A HACER

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Sucedió de nuevo: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no eligió a la nueva fiscal general de la nación. En un contexto de presiones sociales y políticas y de denuncias periodísticas que ponen en tela de juicio la honorabilidad de Martha Mancera, las magistradas y magistrados del alto tribunal votaron y al final ninguna de las ternadas logró los votos suficientes para ser designada fiscal general de la nación. El voto en blanco volvió a triunfar.

El mecanismo de votación interna resulta caprichoso y permite que sobre los togados caigan toda suerte de sospechas y lecturas suspicaces. ¿Qué es lo realmente sucede? ¿Las candidatas aún no logran convencer a los y las magistradas o es que hay lobistas furtivos que ejercen presión con el objetivo de dilatar la decisión para favorecer a la pareja Barbosa-Mancera?

Sin duda alguna, el aplazamiento se entiende como un mensaje al presidente Petro y a quienes se movilizaron hoy exigiendo a la CSJ que eligiera a la fiscal general: no se aceptan presiones políticas y mucho menos, exigencias.

Volverán el 22 de febrero a reunirse para tratar de sacar adelante la elección. De no hacerlo, la señalada y cuestionada Martha Mancera quedará al frente de la Fiscalía más desprestigiada que haya existido en el país, desde que fue creada en 1991. Recordemos que Barbosa se va del cargo el 12 de febrero.  Estamos hablando de una fiscalía que bien puede superar a las escandalosas administraciones de Luis Camilo Osorio y Néstor Humberto Martínez Neira.

Lo que llama la atención es que de poco o nada han servido los informes que periodistas serios vienen publicando, en los que exponen hechos pútridos e impúdicos en los que aparece el nombre de Mancera, la actual vicefiscal.

Es de público conocimiento que, a raíz del agrio enfrentamiento institucional y personal entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal saliente, Francisco Barbosa Delgado, el gobierno en pleno presiona a la CSJ para que adopte cuanto antes la elección y evitar que Mancera, mano derecha de Barbosa, siga al frente de una Fiscalía cuestionada y señalada de estar capturada por clanes políticos, mafiosos y por el Clan del Golfo. La politización de la Fiscalía es evidente. Baste con señalar dos casos: las 3 veces que el ente acusador solicitó la preclusión del caso Uribe Vélez por manipulación de testigos y fraude procesal y la no apertura de investigación contra Sarmiento Angulo, después de que reconociera ante las autoridades americanas, haber cometido actos de corrupción en la construcción de la Ruta del Sol 2.

Tanto las denuncias de golpe de Estado hechas por el presidente Petro, que circulan en Estados Unidos y España, entre otros países y los graves señalamientos en contra de Mancera y Barbosa, solo sirven para que la mala imagen del Estado colombiano y la de sus connacionales se extienda y se confirme. Si a la CSJ le importara lo que sucede con una Fiscalía politizada y capturada por mafias de todo tipo, revisarían las denuncias periodísticas de medios como la revista Raya, Daniel Coronell, Yohir Ackerman y Gonzalo Guillén en las que señalan las relaciones mafiosas que, según aquellos, tendrían Mancera y Barbosa con organizaciones al margen de la ley.

En últimas, las marchas y concentraciones masivas de hoy 8 de febrero tienen un valor ético-político importante en la medida en que se está rechazando la corrupción y la captura mafiosa del ente investigador. Ese genuino clamor social debería de ser suficiente para que la CSJ evite dejar a Mancera al frente de la Fiscalía.

Prolongar en el tiempo la elección del remplazo de Barbosa acrecentará el malestar social, las rencillas políticas y el alto nivel de crispación política e ideológica que desde ya convierten a las elecciones de 2026 en un delicado escenario en el que bien pueden aparecer peligrosas circunstancias y hechos políticos: por ejemplo, el de la reelección de Petro, la irrupción de un Bukele de las huestes de la extrema derecha que estaría detrás del golpe blando y por supuesto, los efectos jurídico-políticos que muy seguramente provocarán las actuaciones de la nueva fiscal general de la Nación en contra de los poderosos agentes políticos y económicos que Barbosa y Mancera vienen protegiendo de tiempo atrás. Será que hay temor en aquellos agentes de poder ante la llegada de una fiscal decente?

Adenda: rechazo los actos violentos en contra de la sede de la CSJ. Así no. 

Imagen tomada de Semana.com

VICEFISCAL MARTHA MANCERA Y UN NOMBRAMIENTO QUE NO FUE

 

Por Germán Ayala Osorio

En la Colombia mafiosa y corrupta, los límites entre lo ilegal y lo legal se tornan tan borrosos, que las líneas éticas se van corriendo de tal manera que la sociedad en su conjunto termina confundida ética y moralmente. Y así deviene la sociedad colombiana desde hace ya 200 años, lo que ha impedido consolidar una verdadera y genuina República.

El aguerrido periodista, Gonzalo Guillén, desde su cuenta de X informó que la vicefiscal y próxima fiscal encargada, Martha Mancera, nombró asesora de su despacho a Adriana Martínez Ardila, hermana del narcotraficante Francisco José Martínez Ardila, alias Pacho Malo, quien, de acuerdo con el mismo agudo reportero y otros colegas, este es un protegido de la señora Mancera.

En defensa de la “curiosa” decisión administrativa algunos dirán, con una alta dosis de ingenuidad, que en Colombia no hay delitos de sangre. Aceptar esa realidad jurídica no es óbice para que sobre dicho nombramiento caiga toda la suspicacia del caso.

Darle trabajo a la hermana de un narcotraficante protegido por la vicefiscal suena muy mal en un país en el que se hizo costumbre que mafiosos, políticos y funcionarios públicos actúen de manera coordinada para permitir que los primeros puedan seguir al frente de la producción y distribución de cocaína, y los segundos, amasar poder político soportado en dineros de procedencia ilícita con los que financian sus campañas.

Si bien no existe un código penal o disciplinario que impida que un familiar de un traqueto o mafioso pueda trabajar con el Estado, el caso de los Martínez Ardila resulta, por decir lo menos, vulgar, impúdico, obsceno y asqueante por la relación de compadrazgo que periodistas serios develaron que existe entre Mancera y alias Pacho Malo.  

No se está cuestionando la hoja de vida de la señora Adriana Martínez Ardila, aunque sí debería de hacerse pública para compararla con las exigencias y el perfil del cargo para el que fue nombrada. Lo que resulta ética y moralmente cuestionable es que justamente se nombre en un cargo de semejante responsabilidad a la hermana de un narcotraficante. Eso suena y se ve mal.

De acuerdo con Guillén, la hermana de Pacho Malo “se encarga fundamentalmente de temas de narcotráfico y tiene el encargo de tratar esos temas como intermediaria con la embajada de Estados Unidos”. Aunque ya sabemos que en la Colombia mafiosa y corrupta cualquier cosa puede ocurrir, dicho nombramiento hiede y es en sí mismo un reto ético-político para la Corte Suprema de Justicia pues sobre los hombros de los y las magistradas recae la responsabilidad de elegir este 8 de febrero a la nueva fiscal general con el objetivo de recuperar para el Estado de derecho y la sociedad, a la Fiscalía, ente capturado por mafiosos y clanes políticos corruptos. Qué asco de país.

Adenda: no faltará quien diga que la hermana está ayudando a la Fiscalía para que capture a su hermano, conocido con el alias de Pacho Malo.

Me permito Rectificar la información. La señora Adriana Martínez Ardila no es hermana de Francisco Martínez Ardila y tampoco trabaja como asesora de la vice fiscal Mancera. Esta rectificación se hace a solicitud de la señora Martínez. Al portal que reprodujo mi columna, le solicité pública y privadamente que rectifique la información en los mismos términos. Gracias. Lamento mucho haber cometido ese error, originado en la información que publicó Gonzalo Guillén. 

Adenda 2: El 7 de febrero

@HELIODOPTERO

denunció que Adriana Martínez Ardila, asesora de

@FiscaliaCol

Martha Mancera, era hermana de Francisco José Martínez Ardila, “Pacho Malo”, funcionario del CTI acusado de narcotráfico. En

@CaracolRadio

la buscamos. No es hermana, ni pariente.

Imagen tomada de la cuenta de Gonzalo Guillén en la red X

NO A LA REELECCIÓN DE GUSTAVO PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Se equivocan quienes proponen revivir la reelección para que el presidente Gustavo Petro se quede cuatro años más en la Casa de Nariño y afianzar así su proyecto político, en particular la aplicación sistémica y sistemática de su plan nacional de desarrollo.

Manosear nuevamente la estructura de los pesos y contra pesos de la democracia y someterla a los caprichos de un presidente constituye un exabrupto político que no se tapa con la posibilidad jurídica que se abre ante la facilidad de cambiar un articulito.

No me imagino lo que pueda pasar en el país si ese escenario reeleccionista llegare a darse (es improbable porque no hay las mayorías en el Congreso) en medio de semejante crispación ideológica y política, atada a la “ruptura institucional” que denuncia el presidente de la República.

Proponer la reelección de Petro es meterle más candela a la encendida hoguera de las vanidades, incertidumbres, miedos y taras que evidenció y despertó en el establecimiento la llegada de Petro a la presidencia. En el 2026 Petro debe dejar el cargo para que, en unas elecciones libres y democráticas, se valide o se castigue en las urnas lo que hizo o dejó de hacer en sus cuatro años.

Lo que si hay que dejar claro es que 4 años es poco tiempo para que un mandatario como Petro logre modificar sustancialmente lo que ha estado mal por doscientos años.  Tratar de cambiar en algo a este maltrecho país es una tarea titánica que amerita por lo menos 12 años continuos de políticas públicas de Estado, diseñadas para favorecer a las mayorías y no a las sempiternas élites que se han servido de la captura mafiosa del Estado. El escritor Julio César Londoño lo explica magistralmente: “este gobierno no nos sacará del foso (tiene dos siglos de profundidad) pero los cambios propuestos -las reformas, la descarbonización, el proyecto hídrico, la justicia legal y la justicia social- tienen que ser políticas de Estado si queremos ser un país viable algún día”.

En lugar de estar pensando en modificar otra vez la constitución para permitir la reelección de Petro, en lo que tienen que concentrarse el presidente y sus seguidores más cercanos es en formar cuadros y líderes políticos que recojan las banderas del progresismo para dar continuidad al proyecto político, revisando eso sí, lo que en estos cuatro años se haga mal o de manera deficiente.

Es deleznable el argumento que señala que como la derecha pudo reelegirse, ahora la izquierda tiene derecho a hacerlo. No. Por el contrario, lo que hay que tratar de hacer es no parecerse a la derecha, pues sus miembros más visibles son los responsables de los graves problemas que el país soporta y exhibe al mundo. 

Propongo más bien que se discuta en el Congreso modificar el periodo presidencial, pensando en un periodo de seis años, eso sí, con cambios profundos en la cultura política y en las maneras como operan hoy la Contraloría, el Ministerio Público y la Fiscalía. Más claro: no puede volverse a dar que la procuraduría esté en manos de una ficha de un clan político como es el caso de la procuradora Cabello Blanco, defensora de los intereses de la familia Char. Eso es vulgar y asquea. Y mucho menos, que un presidente de la República terne a un amigo suyo, para que este ponga el ente investigador al servicio de un expresidente con el firme propósito de no procesarlo por sus cochinas andanzas, como es el caso de Barbosa, que viene promoviendo la preclusión del proceso penal por manipulación de testigos y fraude procesal que se sigue contra Uribe Vélez (está en calidad de imputado).

Hay que insistir en un pacto nacional para sacar adelante al país. Para ello, urge que de cada clan político señalado, investigado y procesado por corrupción, por lo menos uno de sus miembros, pague cárcel en prisiones del Estado. Y lo mismo para las familias ricas cuyos hijos hayan incurrido en delitos graves. Si Usted leyó hasta aquí y esbozó una sonrisa o quizás exclamó “cuánta inocencia en este columnista”, entonces hace parte del grupo de colombianos que ya aceptaron que a Colombia no la cambia nadie. Que seguiremos siendo un platanal con bandera y que continuaremos gobernados por reyezuelos que solo se crían en repúblicas bananeras.

Para que siga Usted riendo, le digo que hay que acabar con las prácticas clientelistas en las altas cortes y esa perniciosa relación entre el fiscal general y los magistrados de aquellas, que deviene atada a la entrega de cargos públicos a familiares de los togados.

Termino con esto: ya el país vivió los perversos efectos sociales, económicos y políticos que dejaron la reelección de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón, dos dañinos neoliberales. En particular, durante los 8 años del caballista y latifundista antioqueño, la institucionalidad democrática sufrió en materia grave, hasta quedar sometida a la insolencia, al patrioterismo y a los caprichos de Uribe Vélez, quien al final quedó convertido en un sátrapa que mandó a chuzar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, convirtió el DAS en su policía política para perseguir a sus críticos y detractores y convirtió al Ejército en una temible fuerza que terminó asesinando civiles para inflar las cifras de la perversa política de seguridad democrática.

Los perversos ejemplos reeleccionistas en Nicaragua, Venezuela y El Salvador deben hacernos pensar en que reelegir a Petro bien podría llevarlo a perder su talante democrático y traicionar así el propio ideario del M-19.

Hasta tanto no logremos como sociedad proscribir el ethos mafioso que guía de tiempo atrás la vida de empresarios, militares, policías, rectores de universidades privadas, decanos, profesores, políticos y clanes políticos, toda reelección presidencial solo servirá para hundirnos en el clientelismo y la corrupción público-privada.

BUKELE, ORTEGA Y MADURO: SÁTRAPAS DE CORTE POPULISTA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con la reelección de Nayib Bukele Ortez, El Salvador entra al grupo de los regímenes autoritarios, junto a la Venezuela de Nicolás Maduro Moros y a la Nicaragua de Daniel Ortega Saavedra.

Los tres comparten un creciente desprecio por la democracia (representativa), régimen de poder que se deslegitima bajo la imposición de la narrativa de la “democracia popular” o el socialismo del Siglo XXI, espejismos que sobreviven atados a la entrega de subsidios estatales, la captura de millones de ciudadanos beneficiados de costosas políticas asistencialistas y por supuesto, al sometimiento de los otros poderes públicos de parte del poder ejecutivo. Es decir, los pesos y contra pesos de la democracia desaparecen como por arte de magia.

Esa democracia popular o ese socialismo (más bien es una suerte de estatismo) se opone a la democracia liberal. En adelante, quienes asegurarán el cumplimiento de los derechos humanos, los políticos y las prebendas de vivir en democracia son los presidentes, graduados ya como mesías o reyezuelos muy propios de repúblicas bananeras. Les hablarán a unos pueblos sufridos, engañados, pobres y analfabetas. En algo mejorarán sus condiciones de vida, a cambio de lealtad y sumisión.

Hay, por supuesto, otros factores que a diario aportan al debilitamiento de la democracia. Por ejemplo, las disímiles pero insoportables violencias que se viven en las ciudades capitales de naciones como El Salvador y Nicaragua que comparten el mismo fenómeno social y criminal de las Maras. De la mano de la venganza y el cansancio que generan los defensores de los derechos humanos que abogan porque se respeten las garantías procesales de los miembros de las Maras, los admiradores de la mano dura, salen a votar para librarse de ladrones y asesinos.

El garrote que ofrecen Bukele y Ortega los convirtió en una suerte de mesías por haber “salvado” a sus sociedades de las pútridas garras de los bandidos sin linaje, mientras gobiernan de la mano de bandidos de cuello blanco o en el mejor de los casos, gracias al apoyo de familias ricas que respaldan dichos regímenes, a cambio de prebendas tributarias y acciones propias de lo que se conoce como asociaciones público-privadas que solo benefician al cerrado círculo de poder que participa de aquellas cofradías. Al final, a cambio de ese apoyo, Nicaragua y El Salvador empiezan a parecerse en sus modelos de desarrollo (de corte extractivo, esto es, economías de enclave) pues las políticas públicas se tramitan en el Estado, pero se diseñan en los clubes sociales de las familias ricas que sostienen a estos dos sátrapas.

En estos regímenes no hay tiempo para pensar en un modelo de desarrollo diseñado para que estos países alcancen un superlativo bienestar colectivo con el que sea posible superar de una vez por todas la pobreza estructural y el empobrecimiento cultural acumulado por años de guerras civiles y gobiernos miserables. Claro, no se puede dejar de responsabilizar a sus propios pueblos de haber evitado el esfuerzo de leer y comprender mejor sus historias.

Aunque Venezuela comparte las tristezas que produjeron años y años de un establecimiento que internamente consolidó procesos de desprecio étnico sobre millones de mestizos pobres, su riqueza petrolera sirvió para ocultar el clasismo y el racismo que más adelante Hugo Rafael Chávez Frías supo explotar a su favor, por ser él un mestizo pobre, despreciado por una oligarquía blanca.

Maduro recogió las banderas de Chávez y se atornilló en el poder, no porque él tenga el carisma del fallecido coronel golpista, sino porque quienes crecieron a la sombra del chavismo, como Diosdado Cabello, lograron consolidar un régimen de poder, en detrimento del viejo establecimiento y la derecha tradicional venezolana.

Recientemente, Maduro Moros espetó que “por las buenas o por las malas” va a ganar en las próximas elecciones. Buscará su tercer mandato. El cerramiento democrático en Venezuela es evidente y se expresó con la anulación de María Corina Machado como aspirante presidencial.

El Salvador, Nicaragua y Venezuela son responsables de que millones de sus connacionales hayan salido de sus territorios en busca del “sueño americano” en los Estados Unidos.

Bukele, Ortega y Maduro son tres sátrapas que gobiernan cada uno con una idea de democracia. Comparten, eso sí, que bajo sus regímenes “democráticos” no hay competidores legítimos porque ellos son los elegidos.

Imagen tomada de periódico digital El Liberal. 

PERIODISTAS SERIOS EN MEDIO DE LA CRISIS DE CREDIBILIDAD DEL PERIODISMO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hasta antes de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, las casas periodísticas tradicionales gozaban de una generalizada credibilidad, fruto, en muchos casos, de la no existencia de medios alternativos y por supuesto, de la incapacidad de una parte importante de las audiencias de confrontar o entender sus siempre parcializadas narrativas periodísticas, cargadas de intereses políticos.

Con la irrupción de las redes sociales, medios como El Tiempo, El Colombiano, El Espectador, Semana y un número importante de informativos radiales y televisivos perdieron poder de penetración en las audiencias, en particular en los jóvenes universitarios. Aunque no se puede negar que aún imponen sus agendas y ponen al país a hablar de lo mismo cada vez que se ponen de acuerdo para minimizar hechos noticiosos poco favorables a los intereses corporativos que defienden.

La llegada del primer presidente de izquierda obligó a los propietarios de los medios masivos tradicionales a tomar partido y a exhibir sin tapujos sus intereses corporativos y políticos. Ejemplo de ello son El Tiempo, del banquero Sarmiento Angulo y Semana, de los Gilinski, convertidos hoy en agentes de la Oposición política. El Colombiano juega también en la arena política como un agente de poder regional desde donde se hace oposición al actual gobierno. Todos tres, junto con otros, hacen periodismo militante.

En varias ocasiones, las informaciones entregadas por estos medios fueron desmentidas o matizadas por el propio presidente Petro. Hay que decir que han caído en la dolosa práctica de las fake news, y en tratamientos periodísticos sesgados o alejados de los principios éticos de sus propios manuales de redacción y actuación.

Bajo esas circunstancias, varios periodistas considerados como “vedettes” del periodismo nacional terminaron enfrentados políticamente.

Daniel Coronell es un periodista judío que jamás comulgó con las prácticas de Álvaro Uribe Vélez y las que este logró extender a través de lo que se conoce como el uribismo, especie de doctrina política seguida por personajes como Iván Duque Márquez, el fiscal Francisco Barbosa Delgado, empresarios, militares, artistas, políticos y millones de ciudadanos del común que siguen de manera fiel al mesías paisa; se suman a esa congregación,  una docena de periodistas que se mantienen en los grandes medios porque demostraron admiración hacia el caballista y latifundista nacido en Salgar. Otros, simplemente, actúan con una gran dosis de pragmatismo para mantener el trabajo. Unos fungen como directores de noticieros de televisión, otros como conductores de programas radiales. Valga señalar a medios como La FM y Blu radio, en cabeza del infantil de Luis Carlos Vélez y el fatuo de Néstor Morales.

Las indagaciones, denuncias y columnas de Coronell, en contra del expresidente y hoy expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, se explican por una vieja disputa jurídica entre los dos. Desde su salida de Semana, Coronell tomó distancia de Vicky Dávila, periodista de derecha, afín al ideario del expresidente antioqueño y de Barbosa Delgado. Incluso, la vieja amistad entre los dos comunicadores quedó hecha añicos por las notables diferencias éticas en el ejercicio del oficio.

A la par del trabajo de Coronell, de desnudar las andanzas y cochinadas de todo lo que rodea a Uribe Vélez, aparece Yohir Ackerman, quien, a través de sesudas columnas, logra exponer las divagaciones y mentiras del fiscal Barbosa, miembro activo de esa cofradía que se conoce como uribismo.

En otra mesa, pero con el mismo afán de investigar y encontrar la verdad, aparece el periodista Gonzalo Guillén quien conoce la trayectoria criminal, según él mismo, de Uribe Vélez desde cuando este fue director de la Aerocivil. Guillén tiene especial interés en denunciar a criminales de cuello blanco. Y al igual que Coronell y Ackerman, sus investigaciones están al servicio de develar todo lo oscuro que se produce al interior de eso que se llama uribismo.

Así las cosas, y a pesar de los buenos oficios de los periodistas aquí reseñados, el país político, académico y periodístico asiste a la más grave crisis de credibilidad de la gran prensa colombiana. Se constata, por ejemplo, que El Tiempo pasó de ser un periódico liberal e históricamente gobiernista, a ser un medio derechoso, interesado en deslegitimar a diario al actual gobierno, por cuenta de las diferencias ideológicas y ético-políticas que separan a Sarmiento Angulo con el presidente Petro. Entre tanto, Semana pasó de ser una prestigiosa revista de investigación y opinión, a servir a los intereses oscuros del fiscal Francisco Barbosa, quien usa a la revista para filtrar información delicada de procesos penales.

En el 2026, cuando Petro entregue el poder, la crisis de credibilidad de la gran prensa en Colombia no cesará de crecer, pues enfilarán sus baterías para que sus mecenas recuperen el poder que la izquierda les arrebató en franca lid.

Termino recordando un par de frases célebres de Ryszard Kapuscinski que bien sirven para comprender todo lo malo que pasa hoy con el periodismo y los periodistas colombianos: “Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante”. “Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos”.

Adenda: resalto el trabajo de medios como Revista Raya, Cuestión Pública, El Unicornio, La Oreja Roja y el del periodista Julián Martínez y, claro, el de Noticias Uno. 

Imagen tomada de la red internet. 

DE RUPTURAS Y RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

 

No hay frase más manida que aquella a la que suelen apelar quienes a pesar de las evidencias de la captura privada y mafiosa de las instituciones estatales, insisten en que “hay que respetar la institucionalidad”. Lo acaba de hacer el presidente del Senado, Iván Name, quien además se declaró “sorprendido” por el llamado a la movilización social que hizo el presidente de la República.

El quiebre o la ruptura institucional a la que alude el jefe del Estado debería de convocar tanto al Congreso, como a los agentes económicos y políticos que por largo tiempo han manejado, con criterios politiqueros, el control sobre el Ministerio Público, la Contraloría General de la República con sede en Bogotá y las sucursales departamentales y municipales. Entonces, aparecen los clanes y las familias de políticos tradicionales como los Char, Name y Gnecco, para nombrar solo a los que hoy sostienen un enfrentamiento político con el presidente de la República.

Listaré algunas de las maneras tradicionales con las que suele afectarse eso que llaman la institucionalidad: la entrega de puestos corbatas (lo hacen todos los gobiernos), el clientelismo, la contratación a dedo; la entrega de secretarías y ministerios a partidos políticos o políticos profesionales. En general, el pago de favores electorales con puestos y recursos económicos.

También aparecen los contratos millonarios a particulares que financian las campañas políticas. Esas “inversiones” de los reconocidos mecenas son el foco de corrupción y captura privada del Estado. Y pasa en todos los gobiernos. En todos. ¿Entonces, de qué tipo de respeto a la institucionalidad estamos hablando? ¿De aquel que valida la corrupción público-privada en cabeza de algunas familias poderosas que ven comprometidas sus ganancias por las acciones emprendidas en su contra por el gobierno de Petro?

Julio César Londoño, reconocido escritor y columnista, sostiene que “este gobierno no nos sacará del foso (tiene dos siglos de profundidad) pero los cambios propuestos -las reformas, la descarbonización, el proyecto hídrico, la justicia legal y la justicia social- tienen que ser políticas de Estado si queremos ser un país viable algún día”.

Londoño alude a un asunto que supera en importancia a aquello que llaman la “institucionalidad” y el consabido respeto que debemos tenerle todos. Ese asunto es el Estado. No existe una única concepción de Estado entre la dirigencia política y empresarial, justamente porque históricamente a sus miembros jamás les interesó pensar desde la perspectiva colectiva que acompaña y le da sentido al concepto de Estado y con este, a políticas públicas de Estado. Por el contrario, lo que les gusta es que cada cuatro años se diseñen e implementen políticas de gobierno que sirvan a efímeros intereses o, unas de Estado, que aseguren la compra de votos y la naturalización de la pobreza.

Daré dos ejemplos. 1. Iván Duque Márquez, siendo presidente de la República, diseñó la política pública de gobierno, llamada Paz con Legalidad para atacar la política de paz de Estado que nació de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. En lugar de dar curso a la política de paz estatal, para lograr una efectiva implementación de lo acordado entre el Estado y las Farc-Ep, Duque la atacó usando la institucionalidad presidencial y comprometiendo las de otras entidades públicas.  ¿De qué respeto a la institucionalidad estamos hablando?

2. Familias en Acción, desde el gobierno de Andrés Pastrana, se convirtió en una política pública de Estado de corte asistencialista y de uso electoral por sucesivos gobiernos. La idea con esa política es garantizar unos votos de la población beneficiada. Además, naturalizan y extienden en el tiempo las condiciones de la pobreza y marginalidad, porque la aplicación de políticas como Familias en Acción termina en lo que se conoce como las “trampas de la pobreza”, que no es más que el aseguramiento de que los pobres y sus descendientes seguirán siendo pobres.

Sería bueno que estos momentos de crispación sirvan para que el gobierno de Petro y quienes quieren sacarlo a sombrerazos de la Casa de Nariño se sienten para acordar qué tipo de Estado necesita este país y qué institucionalidad deberá derivarse de la operación de un Estado responsable y legítimo que cumpla con lo prescrito en la Constitución de 1991. Hasta tanto no se dé lo anterior, hablar de “respeto a la institucionalidad” constituye una bobada y una narrativa insulsa que no deja ver con claridad el gran problema que tenemos como sociedad: somos mafiosos y corruptos.

 Adenda: no es convocando a una masiva movilización social, que bien puede terminar en actos de violencia, como vamos a superar nuestras diferencias y mucho menos, para dejar de ser corruptos y mafiosos.

Imagen tomada de EL TIEMPO.com 

A SOMBRERAZOS QUIEREN SACAR A PETRO DE LA CASA DE NARIÑO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La denuncia de una “ruptura institucional” que el presidente Gustavo Petro hizo en su cuenta de X se da por un cúmulo de hechos políticos y de narrativas que bien vale la pena recopilar, para dimensionar la gravedad de lo expresado por el jefe del Estado.

Con el triunfo político, social y electoral de la izquierda en 2022, el Establecimiento colombiano se resintió en sus estructuras más godas, anacrónicas, mafiosas y violentas. De las grietas que dejó el remezón en las correlaciones de fuerza, brotaron serias incertidumbres y malestares en agentes económicos y políticos que, acostumbrados a tomar decisiones y a presionar otras, desde sus mezquinos intereses, asumieron a Gustavo Petro como el enemigo a vencer, de la única manera que les queda: defenestrarlo.

En todo este entramado de golpe blando, la “ruptura institucional” de la que habla Petro, los medios de comunicación tradicional vienen jugando un papel clave: desinforman, generan pánico económico, ocultan logros del Gobierno y exageran errores, haciéndole creer a las audiencias que el país va hacia un abismo. Otra manera de colaborar es abrir los micrófonos y las páginas de opinión para que, desde esas tribunas, leídas en exclusivos clubes, opinen los enemigos del presidente y de todo lo que huela a izquierda y progresismo.

En su momento, Luigi Echeverry y Alberto Carrasquilla dejaron ver su animadversión. En el diario económico La República, Echeverry escribió lo siguiente: “¡un presidente puede estar enfermo de la cabeza, pero más enfermo está el país que a sabiendas, lo elige! La problemática de Colombia se agravó con la conducta mafiosa que caracteriza al populismo aliado al narcoterrorismo, ese es un grave problema. Pero cuando un líder revolucionario destructor de valor llega al poder, es porque la que está enferma y narcotizada es nuestra sociedad y al que tenemos que curar de las consecuencias de conductas de insensibilidad, indiferencia y corrupción, es al país”.

Si se mira con atención, el discurso del perfumado oligarca se parece mucho al del fiscal Barbosa, quien pregona por el mundo que “él no es opositor de Petro, sino que se opone al narcotráfico y a las mafias”. En esa misma dirección habló el expresidente Pastrana, marginal agente político que la ultraderecha usa para consolidar lo que Petro llama la “ruptura institucional”.

Entre tanto, Carrasquilla dijo en La W de Julio Sánchez Cristo, que “el gobierno está pasando aceite, porque ya se acabó”. Es decir, de manera temprana el economista neoliberal y uribista dio por terminado el periodo presidencial, por la incapacidad del presidente de guiar los destinos de Colombia, de acuerdo con su interesado parecer.

Sacar del cargo a Petro deviene en un objetivo estratégico de ese grupo poderoso de agentes económicos y políticos que no acepta que un “guerrillero comunista” los gobierne. Acostumbrados a dar órdenes desde un escritorio, la consecución de ese objetivo debe darse aparentemente dentro de la constitución y la ley.

Cuando Petro habla de una “ruptura institucional” alude a las maniobras y acciones de persecución política emprendidas desde la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de la ficha del clan Char en el Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco. Las sanciones al canciller Leyva Durán y al director de la SAE, Daniel Rojas dan cuenta de las pretensiones desestabilizadoras de Cabello Blanco. Las decisiones administrativas de la funcionaria parecen ir en defensa de los intereses de actores políticos y económicos asociados al negocio de los pasaportes y al manejo irregular y mafioso que se venía dando de los bienes administrados por la SAE, históricamente manejados con criterios politiqueros, clientelistas y mafiosos. Así las cosas, las actuaciones disciplinantes de la jefa del Ministerio Público estarían motivadas por presiones aceptadas de grupos de poder, legales e ilegales.

Mientras que Cabello Blanco actúa, al compás lo viene haciendo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa quien convirtió a la Fiscalía en un partido político y en plataforma electoral, lo que le permitió erigirse como un precoz candidato de la ultraderecha para las elecciones de 2026. Gremios económicos como Fenalco y Andi apoyan al vocinglero funcionario que este 12 de febrero deja el cargo de fiscal general con una gestión negativa en materia de investigaciones y procesos penales concluidos. Con un 94% de impunidad en los casos de corrupción público-privada, Barbosa bien podría ser el “tigre” que Uribe presentará totalmente amaestrado a las elecciones de 2026.

Al respecto, Petro señaló en su trino que “la respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana. La fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó”

Entre tanto, a la fuerza desestabilizadora y desinstitucionalizante de Cabello y Barbosa se sumó el silencio cómplice de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que nunca llamaron la atención del fiscal Barbosa, por sus intervenciones en política, en particular por los agrios enfrentamientos públicos con el jefe del Estado.

Mientras desde la Procuraduría y la Fiscalía se ataca al jefe del Estado, desde la Corte Constitucional se frenan decisiones de política pública encaminadas a resolver de una vez por todas los ECI (Estados de Cosas Inconstitucionales) que se expresan de tiempo atrás en La Guajira. El 8 de febrero la Corte Suprema de Justicia en pleno podrá deslindarse de la Ruptura Institucional de la que habla el presidente en relación con la elección de la nueva fiscal general, de una terna de lujo. Al respecto, Petro señala en su denuncia que “esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes”.

Lo expresado por Petro mete más presión a los togados y togadas del alto tribunal, en particular a los 13 que votaron en blanco, cuando votar en esa dirección se lee como un tardío rechazo a las calidades de las ternadas, cuyas hojas de vida ya han sido estudiadas por los magistrados y magistradas.

El proyecto político de la ultraderecha, consistente en sacar a Petro del poder, termina con el juicio político que ya anunció el exguerrillero del M-19 y excompañero de Petro, Carlos Alonso Lucio. Esta veleta ideológica fijó para el 12 de junio el juicio político contra Petro, orquestado desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En plenaria del Senado se fijaría la salida del cargo del jefe del Estado.

Lo mejor que puede hacer el presidente de la República es cumplir con la promesa de campaña, consistente en convocar una comisión internacional contra la corrupción, con el apoyo de la ONU. La misma que actuó en Guatemala, liderada por el hoy ministro de la Defensa, Iván Velásquez Gómez.  

Ni siquiera en los tiempos de Samper Pizano se buscó un quiebre o una ruptura institucional por la probada financiación de su campaña electoral con dineros del Cartel de Cali. En esta ocasión el quiebre institucional que se propone desde las entrañas del Estado está motivado por los resquemores hacia el primer presidente de izquierda que gobierna un país manejado por una derecha que no quiere soltar privilegios y mucho menos entregar el Estado para que desde sus instituciones se dé cumplimiento a los mandatos de la Carta Política de 1991. Por el contrario, esa misma derecha sueña con regresarnos a los principios de la Constitución de 1886, la misma que les facilitó la captura mafiosa del Estado. 

Imagen tomada de Semana.com