EL MUNDO NECESITA DE GENOCIDAS COMO NETANYAHU

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Criminales como Benjamín Netanyahu son necesarios para la humanidad. Si, suena terrible esta sentencia, pero tiene sentido de realidad. Me explico. Al ser un consumado genocida, sobre Netanyahu recaen algunos agentes moralizantes para recordarle a él, pero sobre todo al resto del mundo, que, a pesar de los terribles crímenes de lesa humanidad cometidos por su obediente ejército sionista, su juzgamiento social, político, mediático y posiblemente por acción de la CPI, se da dentro de un sistema moral universal que suele servir para castigar tardíamente a quienes actúan en contravía de la humanidad.

Ya van casi 40 mil muertos y meses de “guerra” y nadie ha querido detener al genocida en su infernal recorrido dejando dolor, incertidumbre y sembrando la muerte por la franja de Gaza. Al volverse un espectáculo mediático, la transmisión en directo de las acciones criminales del Estado de Israel suele servir para naturalizar las masacres y el genocidio mismo.  El sistema moral universal está diseñado para volver costumbre la violencia.

Ese sistema moral opera casi de la misma manera para Occidente y Oriente porque está fundado en esa condición humana que, al devenir aviesa y profundamente religiosa, desde y con ella se suelen justificar los genocidios, el lanzamiento de bombas atómicas y en general, las guerras internacionales y los conflictos armados internos. Los palestinos “no son seres humanos, son animales, bestias”, mientras que los miembros del ejército sionista son “seres de luz, iluminados por un solo Dios verdadero”. No hay nada más inmoral en la historia de la humanidad que las religiones y las iglesias.

El mundo necesitó de Harry Truman para ver cómo se hacía realidad el “sueño” de muchos de arrojar la bomba atómica sobre civiles. Al final, Hiroshima y Nagasaki fueron los blancos de una decisión político-militar, pero también moral de un puñado de americanos que siempre han querido que aceptemos a los Estados Unidos como un encandilante faro moral de un mundo dominado por sistemas económicos, sociales y políticos inmorales.

Ese mismo mundo había necesitado de Adolf Hitler para validar la posibilidad de odiar a otros pueblos, considerados como impíos, bárbaros, animales o bestias. El genocidio nazi fue inmoral porque la crisis económica del 29 también lo fue.

Ahora una parte del mundo abuchea y rechaza las acciones genocidas emprendidas por Israel contra el pueblo palestino, mientras que otra aplaude en silencio o simplemente aprueba los crímenes de lesa humanidad, obligados por los intereses económicos que atraviesan las relaciones políticas y diplomáticas entre potencias que ven ese sangriento escenario como una oportunidad para mejorar sistemas de defensa y crear armas más letales y eficaces. Lo que viene ocurriendo en Gaza es como un enorme "dealer bélico" en el que los fabricantes de armas se deleitan e imaginan nuevos prototipos de armas para que la violencia se vuelva eterna. Entonces, hablan de muertos, de guerra, pero no de crímenes de lesa humanidad. Los usos particulares de la lengua también se tornan inmorales porque sirven para enmascarar realidades: lo que ocurre en Palestina no es una guerra. Es una práctica genocida.

La subsistencia y legitimidad de los marcos morales universalmente aceptados necesitan de la inmoralidad de las guerras y de las prácticas genocidas porque de inmediato las narrativas humanitarias nos hacen soñar en que es posible vivir en paz y armonía, al tiempo que intentan hacernos pensar que el problema de fondo son personajes como Truman, Hitler y Netanyahu, cuando no es así. El problema de fondo está en la condición humana, de la que se puede esperar lo más sublime, pero también lo más execrable. Somos una especie maldita y una maldita especie. 

Netanyahu, Hitler y Truman, entre otros líderes del mundo representan a una parte importante de la humanidad que profesa un incontenible odio hacia los demás. Y esos otros son los que tienen una cultura diferente, otra lengua o simplemente, por suerte, les tocó sobrellevar la persecución étnica de otros que en algún momento de la vida decidieron ponerse moralmente por encima. Hoy es Netanyahu. Ya vendrán otros genocidas. El mundo los necesita.

 

Imagen tomada de la red. 

PETRO O DUQUE: ¿CUÁL ES EL "TERRORISTA"?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El reciente rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro Urrego y el expresidente Iván Duque Márquez obedece a dos lecturas ideologizadas en torno a dos conceptos: terrorismo y terrorismo de Estado. El jefe del Estado llamó “terrorista” a Iván Duque por cuenta de los crímenes que cometieron agentes estatales que, bajo sus órdenes y mando, violaron los derechos humanos. Las cifras hablan de 60 ciudadanos asesinados, violación de mujeres, torturas y afectaciones en los ojos a otros 60 jóvenes que se movilizaron en el contexto del estallido social.

“Cuando mueren 60 jóvenes asesinados por el Estado, quemados, torturados, la pregunta es quién fue el terrorista y el presidente tiene que decir que el terrorista no fue la juventud, fue el Estado de Colombia y particularmente el Gobierno del entonces presidente. Sí señor Duque, los 60 asesinados en Cali por usted, no fueron terroristas, el terrorista fue usted”, espetó el presidente Petro.

Sin duda alguna, le cabe responsabilidad social y política a Iván Duque porque en calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas permitió los desmanes y la comisión de los crímenes. Pudo ser diferente si hubiese asumido la actitud de dialogar y escuchar a los jóvenes, en lugar de pensar que le iban a dar un golpe de Estado. Bajo esa excusa, acudió a la figura de la “asistencia militar” y la plasmó en el Decreto 575 del 28 de mayo, a todas luces inconstitucional. Las movilizaciones y las violentas protestas que se dieron en el marco del estallido social jamás se convirtieron en un movimiento social y político capaz de provocar semejante quiebre institucional.

Petro califica de esa manera a Duque porque usa ideológicamente la categoría Terrorismo de Estado. Sin duda alguna el Estado colombiano ha operado como un orden criminal, con prácticas y acciones propias de lo que se conoce como terrorismo de Estado. Las ya varias condenas internacionales proferidas por la CIDH contra el Estado colombiano hacen pensar en que, como mínimo, bajo ese orden de dominación se asesinaron a comunidades en contubernio con grupos paramilitares. Baste con recordar la masacre de Trujillo y el genocidio contra la UP para entender el sentido de los calificativos que de tiempo atrás usa Petro para referirse al actuar violento y criminal del Estado.

Durante los gobiernos de Turbay Ayala y Álvaro Uribe, el régimen estatal actuó bajo las condiciones y las características que dan vida a esa nomenclatura de terrorismo de Estado. Lo que sucede es que el Estado terrorista del que habla Petro suelen verlo y sufrir exclusivamente quienes militan en la izquierda o aquellos que tienen una formación política que les permite calificar a un orden establecido como terrorista. El Estado terrorista actúa sobre específicos sectores sociales, torturando, persiguiendo y desapareciendo a cientos de ciudadanos a manos de agentes de inteligencia, policías y militares. El genocidio de la UP es propio de un Estado terrorista porque sucesivos gobiernos jamás aceptaron el pensamiento divergente que representaba ese partido de izquierda y mucho menos la cercanía ideológica y política con las entonces Farc-Ep. Hay que recordar que durante el gobierno de Belisario Betancur se acordó que miembros de la UP llegaran al Congreso, en el marco de un proceso de paz. Ello incluyó la presencia en el Congreso de guerrilleros activos, como Braulio Herrera.

Insisto entonces en que la categoría con la que Petro descalificó a Duque tiene un uso menos universal y por lo tanto, la opinión pública en general no lo tiene presente para examinar a su luz, los hechos a los que Petro hizo referencia. Lo contrario sucede con el vocablo con el que el expresidente-títere usó para responderle el agravio que le lanzó el actual presidente de la República. Esto dijo el fatuo e infantil expresidente de la República: “nunca haber militado en grupos armados ilegales o terroristas”, nunca haber “hecho apología del terrorismo enarbolando banderas de grupos armados ilegales…”.

Iván Duque, como era de esperarse, se ubica un plano moral superior cuando se jacta de que jamás militó en un grupo armado ilegal, como si ello le permitiera deslegitimar la lucha armada que decidieron librar quienes creyeron que se podían tomar el poder a tiros.  Duque insiste en demonizar a las guerrillas, en particular al movimiento M-19 del que hizo parte Petro durante su juventud. Mientras que el vocablo terrorismo de Estado se remonta a los años 60 y se entiende bajo las circunstancias propias de esa ebullición política e ideológica de las turbulentas décadas de los 60, 70 y 80, la nomenclatura “terroristas” está atada temporalmente a los hechos del 11S de 2001 en los Estados Unidos. De igual manera, Petro se ubica en otro plano moral superior, porque sigue pensando que la guerrilla del M-19 siempre representó la salida o la solución a los problemas históricos del país, causados por una "oligarquía inmoral, premoderna y corrupta". Petro aún piensa como subversivo, a pesar de que manera temprana dejó las armas. 

Volvamos a Duque. Lo que sucedió con los atentados terroristas contra el World Trade Center en los Estados Unidos que provocaron las caídas de la emblemáticas Torres Gemelas es que le permitió a la derecha americana y a la internacional consolidar el discurso antiterrorista de la mano de la “cruzada contra el terrorismo” representado en la persecución contra Osama Bin Laden, el supuesto responsable de los atentados terroristas. El entonces candidato presidencial y posterior presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez “compró” el discurso del presidente Bush para dar vida a su Política de Seguridad Democrática con la que desconoció el origen político del conflicto armado interno. Entonces, el país empezó a hablar de “amenaza terrorista”, lo que por supuesto hizo posible empezar a (des) calificar a las guerrillas de la época como grupos terroristas. Lo anterior, con la ayuda y el beneplácito de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Eso sí, no se puede desconocer que las Farc-Ep y el ELN incurrieron en prácticas y hechos terroristas, en tanto sus objetivos estaban dirigidos a generar miedo y terror en la población civil. Pero tampoco se puede obviar que las listas de grupos terroristas construidas por los Estados Unidos y la Unión Europea obedecen a cálculos políticos y militares, resultado de las relaciones de dominación Norte-Sur.

Las acciones político-militares del M-19 no podrían calificarse como terroristas por cuanto el uso universal de esa categoría inicia en el 2001 y para ese momento ya ese grupo subversivo había desaparecido pues firmó la paz en 1990 con el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990). Ni siquiera la toma del Palacio de Justicia por parte de una célula del M-19 podría ser calificada como terrorista, por ese elemento temporal. No se pretende ocultar los horrores y las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la toma y la retoma. El país saber que particular durante la retoma del edificio por parte del Ejército nacional se presentaron las mayores y ejemplarizantes violaciones a los derechos humanos. 

En esa misma línea argumental del petimetre de Iván Duque, entonces, podríamos calificar a los Estados Unidos como un orden terrorista y como tal al entonces presidente Harry Truman por las dos bombas atómicas que lanzaron contra Hiroshima y Nagasaki (Japón) con las que se puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Para aquella época, ese hecho bélico se entendió como parte de la lógica de la guerra que en ese entonces libraron los Estados Unidos y los aliados para frenar al régimen nazi. 

Así entonces, en el rifirrafe entre Petro y Duque cada uno hace una lectura ideologizada y moralizante que los pone en orillas irreconciliables. Mientras que el presidente de la República reconoce el carácter político de los hechos acaecidos durante el estallido social, Duque jamás aceptó y aceptará las razones y las circunstancias históricas y objetivas con las que se legitimó el levantamiento de las guerrillas en los años 60 y 70.

Convendría que el presidente Petro evitara descalificar a sus detractores y enemigos, en especial a los expresidentes. Su condición y dignidad así se lo exigen. Aunque el gobierno de Duque arrastra una nefasta recordación, sigue representando a esos sectores de poder que siempre estarán dispuestos a ponerse moralmente por encima de los demás a pesar de haber cohonestado con la operación criminal de los grupos paramilitares. Es tal su cinismo, que insisten en el débil argumento de que “jamás hice parte de un grupo armado ilegal”, para sacar pecho y presentarse como los "elegidos" para continuar gobernando a Colombia. 

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

LA INTENCIÓN DE LA DERECHA ES “HACER INVIVIBLE” LA REPÚBLICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El asedio político e institucional contra el gobierno de Gustavo Petro está dejando al descubierto la enorme incapacidad y mezquindad de la derecha uribizada y de la derecha en general, de proponerle al país soluciones a los graves problemas que arrastra de tiempo atrás. Problemas y dificultades que el actual gobierno intenta superar con los proyectos de reformas sociales presentadas a un Congreso hostil y alineado con la instrucción de la dirigencia política de los viejos y “nuevos” partidos de impedir que aquellas se conviertan en leyes de la República. A lo que realmente le están apostando es a “hacer invivible la República”.

Los voceros más visibles de esa derecha uribizada e incapaz de proponer soluciones reales a los problemas del país son los congresistas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y David Luna; Cabal, Valencia y Luna promueven desde el Congreso el odio a todo lo que representa Petro, incluida por supuesto su búsqueda de llevar al país por el camino de las transformaciones propias de   una “revolución en marcha”, esto es, la modernización de la sociedad y del Estado. Esos tres legisladores le están apostando a hacer “invivible la República”, emulando a Laureano Gómez, cuando en su momento se opuso a los cambios sugeridos por López Pumarejo y las medidas liberales de la época de los 40.

A la innoble tarea de Luna, Valencia y Cabal se suman el exministro de Salud, Alejandro Gaviria y el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, entre otros más que a toda costa desean y buscan que el gobierno de Petro fracase, para en el 2026 presentarse como los “salvadores” cuando ellos mismos figuran como los responsables de las graves problemáticas que afronta el país de tiempo atrás. Lo cierto es que Cabal, Valencia, Luna, Gaviria y Vargas Lleras fungen hoy como los neolaureanistas que le están poniendo la vida a cuadritos al presidente Petro, ayudados por agentes políticos apostados en el Consejo de Estado, en la misma Corte Constitucional y por supuesto, en el Consejo Nacional Electoral.

Hasta antes de la llegada de Petro a la Casa de Nariño, la derecha uribizada jamás mostró, por ejemplo, preocupación por resolver la crisis en el sistema de salud. Alejandro Gaviria, en particular, guardó silencio y optó por mirar hacia otro lado para no ver la crisis de las EPS. Gaviria y sucesivos gobiernos no atendieron la evidente corrupción al interior de las EPS, en cuyas juntas directivas siempre estuvieron amigos o familiares de castas políticas. La misma actitud asumieron los miembros más visibles de ese sector de poder, frente a la informalidad laboral y el desempleo estructural. Jamás se les escuchó decir que el país necesita entrar en un nuevo proceso de industrialización, como sí lo hizo el actual gobierno. Esa invitación apenas ha sido copiada por sectores empresariales del cacao, que ven en la industrialización de ese cultivo una oportunidad económica y una manera para aportar a la paz del país.

Por el contrario, a la derecha uribizada tradicional no le interesa pensar en la industrialización porque lo que realmente les interesa es mantener los niveles de captura del Estado y continuar con la economía de enclave que, alineada con su visión premoderna de la sociedad y del Estado, les ha servido de tiempo atrás para enriquecerse y consolidar un pérfido liderazgo a través de clanes políticos corruptos.

Al ver afectados sus intereses de clase por las acciones y decisiones de Petro, a esa élite uribizada no le quedó otro camino que orquestar, de la mano de empresas mediáticas, la asonada política y mediática con la que están logrando hacer “invivible” la República. Lo de ellos no es contribuir al desarrollo armónico de la Nación. No. Lo de ellos es conservar privilegios, continuar con la deforestación, la ganadería extensiva de baja producción, la explotación a discreción del oro y la especulación con el valor de la tierra. Y por supuesto, consolidar la captura mafiosa del Estado, para el servicio de unos pocos, en detrimento del bienestar de las grandes mayorías.

El juego de los sectores de poder que representan muy bien a la derecha uribizada tiene como único objetivo generar caos, miedo e incertidumbre en esa opinión pública que aún le cree a los medios masivos tradicionales, convertidos desde antes de posesionarse Petro, en opositores políticos de su administración. De esa manera, ellos mismos confirman lo que la teoría de la comunicación de masas siempre señaló: los medios de comunicación son y fungen como actores políticos.

Medios como RCN, Caracol, El Colombiano, El Tiempo, Semana, La FM, La W y Blu radio están jugando el juego de la derecha: “hacer invivible la República”. Está el país en la más consistente y perjudicial “asonada política y mediática” en contra de la institución presidencial y de un presidente en ejercicio. El objetivo es claro: invisibilizar hechos positivos como la construcción de cientos de miles de kilómetros de vías terciarias y secundarias, de la mano de las Juntas de Acción Comunal; el mejoramiento de la operación del tren, usado ya para llevar café y otros productos a puertos, para su exportación; la depuración al interior de las FFAA, en especial en la policía y el Ejército, instituciones en las que se naturalizó un ethos mafioso y criminal. La construcción de enormes instalaciones de paneles solares que contribuirán a la necesaria transición energética que el país deberá dar. De igual manera, el manejo macroeconómico con el que se viene sosteniendo a la baja el índice de inflación, entre otros asuntos en los que el gobierno Petro viene anotándose puntos positivos.

Acostumbrados los congresistas de la derecha uribizada (incluye a los de la Alianza Verde, Cambio Radical, Colombia Justa y Libres, Partidos Conservador y Liberal)  a meterle miedo a la opinión pública, gritan como loros que llegó “el comunismo, el castrochavismo, que el país va hacia el despeñadero”, cuando los indicadores económicos y sociales del DANE dan cuenta de un mejoramiento, a pesar de la postura conservadora de la junta directiva del Banco de la República de bajar a cuentas gotas y con puntajes mínimos las tasas de interés para reactivar la economía. Esa narrativa catastrofista asusta a los inversionistas, pero, sobre todo, llena de incertidumbre a los ciudadanos de a pie.

Son más los hechos y las acciones positivas de un gobierno que, con errores y desaciertos, puso al país a discutir asuntos públicos que nos interesan a todos, como el cambio climático, la industrialización en la agricultura y el ethos mafioso que se entronizó en las relaciones Estado-Sociedad, desde 2002, siendo los periodos de mayor expresión de las prácticas corruptas 2002-2010 y 2018-2022. 

Quizás la molestia con Petro de los agentes políticos aquí señalados radica en que un exguerrillero del M-19 les está dando cátedra de liberalismo económico, de visión de futuro y sobre todo, de cómo transitar hacia la Modernidad a la que aquellos le han huido por su evidente incapacidad para entender la historia de la humanidad. 

Imagen tomada de Youtube.com

DOS “VAGABUNDOS” DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL QUIEREN “PROCESAR” A PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En tono celebrativo, los medios y periodistas que le hacen oposición política al gobierno de Gustavo Petro informaron de la decisión tomada por dos consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) consistente en presentar ponencia positiva con la que se abriría investigación en contra de la campaña Petro presidente y el propio presidente de la República por la violación de los topes establecidos para recibir aportes a la pasada campaña electoral de 2022. Se trata del político uribista, Álvaro Hernán Prada, reconocido por ser enemigo del presidente Petro y ficha del expresidente Álvaro Uribe Vélez, también declarado enemigo del jefe del Estado. El otro consejero que firma la ponencia es Benjamín Ortiz.

Del CNE hay que señalar que es una entidad eminentemente política y que los consejeros emiten conceptos políticos cargados de lecturas amañadas y no jurídicos, basados en la ley penal. Aunque la ponencia deberá discutirse al interior de la cuestionada entidad, el sentido del fallo molestó al jefe del Estado, a pesar de saber el presidente que el CNE no tiene la competencia legal para investigarlo y mucho menos para solicitar sanciones de tipo penal o administrativo.  

Petro los llamó “vagabundos”, reconociéndoles de alguna manera, competencia para investigarlo e incluso, para sacarlo de la Casa de Nariño, cuando no es así. “El presidente tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos de la politiquería así lo quieren”, dijo el jefe del Estado. De inmediato, el mandatario calificó la decisión de los consejeros como parte del golpe blando que el régimen uribizado le quiere dar desde el 7 de agostos de 2022.

La emoción del hecho político embargó de felicidad a los periodistas que dijeron que la investigación que se ordenaría, de aprobarse dicha ponencia en la plenaria del CNE, era contra el presidente de la República, cuando esa institución, como ya se dijo, no es competente para investigar al jefe del Estado. Para esos menesteres está la inocua Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a donde finalmente deberá ir la cuestionada decisión de los dos consejeros, de llegarse a aprobar.

Más allá de la sinuosa la decisión política es importante visibilizar un hecho jurídico-político, moral y ético que le restaría legitimidad social y política a la decisión y proposición de uno de los consejeros- no son magistrados- el anodino uribista, Álvaro Hernán Prada: el excongresista está en una condición sub júdice, porque está vinculado a un proceso penal por soborno a testigos y el 15 de mayo afrontará la primera sesión del juicio al que lo llamó la Corte Suprema de Justicia. Es decir, antes de que se inicie el juicio, Prada firma una ponencia viciada, impúdica y a todas luces ilegítima por venir de un consejero que, de acuerdo con el material probatorio que circula en las redes y medios de comunicación, participó, junto a Uribe y Cadena, de la comisión de los graves delitos de soborno a testigos. 

Entonces, en este punto salen los defensores a ultranza de la "presunción de inocencia" para intentar quitarle al nombramiento de Prada en el CNE ese carácter burlesco con el cual el uribismo siempre miró a la justicia que los investiga y procesa.  

La condición sub júdice que pesa sobre el excongresista vicia política, moral y éticamente cualquier actuación que en el marco de su ejercicio como consejero pueda tomar. Y en particular cuando el país sabe que Prada es un simple mandadero del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El lío judicial en el que está Prada es el mismo en el que están el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez y el aboganster de este último, Diego Cadena, quien ya está afrontando un juicio por fraude procesal y soborno a testigos. Como el país sabe, el juicio contra el caballista y latifundista antioqueño empezará el 17 de mayo.

En el ejercicio de la democracia y más dentro de un sistema presidencialista como el nuestro, opera un sistema de pesos y contrapesos que, con la máxima legitimidad social y política de sus instituciones, controla al jefe del Estado para que este no termine, con sus decisiones y actuaciones, sometiendo a los otros dos poderes públicos.  Lo curioso es que el CNE viene operando como una perversa entidad de contrapeso al poder político y administrativo de los presidentes de la República, cuando un sector poderoso siente afectados sus intereses clientelistas o reducidas las cuotas burocráticas que solía recibir en el marco de los siempre cuestionados “acuerdos programáticos y políticos” entre quienes ganan las elecciones y los perdedores.

La derecha uribizada sostiene de tiempo atrás que defiende a dentelladas las instituciones y la institucionalidad derivada de la operación diaria de aquellas. Con el caso de Prada convendría tener algo de coherencia política al momento de poner en instituciones como el CNE a excongresistas que han violado la ley y están adportas de enfrentar un juicio. Eso es vergonzoso y le resta legitimidad a la entidad electoral, que no es más que un reducto burocrático con el que se pagan favores políticos. Prada fue premiado por Uribe Vélez entregándole un puesto en el CNE, por haberlo acompañado en las actividades aquellas por las que ambos están llamados a juicio. 

Ahora se entiende qué significa cuando la derecha uribizada dice "defender la institucionalidad". Lo que realmente defienden sus militantes es el derecho a burlarse de los jueces y a reducir la operación de las instituciones a sus siempre mezquinos intereses políticos y económicos. 

Adenda: la reacción del presidente Petro en contra de la decisión de los dos consejeros se comprende por el asedio del que es víctima su gobierno y él mismo como persona, de parte del régimen uribizado. Lo están acorralando para hacerlo aparecer como un déspota que desconoce los pesos y contra pesos de la democracia, así estos devengan contaminados de intereses politiqueros como es el caso de la operación del CNE. El jefe del Estado debe calmarse. De ser acogida la ponencia liderada por el inefable Álvaro Hernán Prada, esta irá a la también cuestionada e inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. 

MOCKUS Y CLAUDIA LÓPEZ ABANDONAN EL PARTIDO VERDE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las renuncias de Antanas Mockus y Claudia López Hernández al partido Alianza Verde (AV) deben leerse de manera separada, así la decisión tomada comparta el mismo origen: el escándalo de corrupción que salpica a Iván Leonidas Name, presidente del Senado y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, ambos militantes de esa colectividad.

La decisión adoptada por el exalcalde de Bogotá constituye un golpe de dignidad y autoridad que Mockus le da a sus copartidarios, con el que buscaría sacudir las bases de una colectividad que perdió legitimidad por la acción misma de sus militantes y voceros, que lo convirtieron en un partido preocupado más por las cuotas burocráticas, que por construir un mejor país a través de la discusión argumentada de las ideas y la presentación de propuestas legislativas conducentes a mejorar, desde el legislativo, las condiciones de vida de millones de colombianos atropellados y vulnerados tanto por el Congreso, como sucesivos gobiernos de derecha. Lo más probable es que la dimisión de Mockus de poco o de nada sirva para recomponer el camino de un partido maltrecho, pero funcional al establecimiento colombiano.

La Alianza Verde (AV) jamás maduró un discurso ambiental sólido, capaz de poner en la esfera pública asuntos como la crisis climática y el modelo agro extractivo que tanto daño le viene haciendo a Colombia. En eso falló Mockus, un líder político sobredimensionado por los medios masivos y una parte de la opinión pública que ocultó su carácter autoritario cuando fungió como alcalde mayor de Bogotá. Sus ejercicios simbólicos y sus "disquisiciones" filosóficas le sirvieron para ocultar su intransigencia y terquedad.

Como partido, la AV jugó con la imagen del color y el vocablo verde para ganarse un espacio en la opinión pública cercana a causas medio ambientales. Al final, quedó reducido a una “fábrica de avales”, dejando atrás la obligación ético-política de consolidar un centro político capaz de enfrentar a quienes insisten en que el país debe seguir sometido a una economía de enclave y por esa vía, a un desarrollo insostenible desde una perspectiva sistémica.

En lo que corresponde a la renuncia de la exalcaldesa Claudia López, su decisión obedece a un simple cálculo político y electoral, muy propio de su talante. López Hernández sabe jugar con las coyunturas y dar fuertes golpes de opinión que siempre le sirvieron para engañar a los electores que ven en ella una alternativa de poder, alejada de las intrigas, la corrupción y del establecimiento colombiano. Se vende como una mujer de Centro, seria, diligente y capaz, cuando realmente sus actuaciones están más asociadas a la derecha tradicional que le apuesta de tiempo atrás a la ganadería extensiva, al crecimiento urbanístico sin control alguno, a la masificación de los buses articulados como lo hizo su amigo Enrique Peñalosa y negar o aplazar la llegada del Metro como la mejor forma de transporte masivo; de igual manera, le interesa mantener el statu quo y las correlaciones de fuerza de un régimen de poder que en el 2026 intentará llevarla a la Casa de Nariño. Ideológicamente, es una veleta que de acuerdo con la dirección de los vientos, ella se deja llevar.

Claudia López abandona el barco de la Alianza Verde no por el escándalo de corrupción en sí mismo. No. Su retiro hay que leerlo en clave electoral pues claramente será candidata presidencial para el 2026.  Mockus le abrió la puerta y ella aprovechó para abandonar el barco que ella misma ayudó a que se perdiera en las aguas del clientelismo y la corrupción, por acción o por omisión. Lo más probable es que termine fundando una micro empresa electoral de “Centro” para terminar luego haciendo alianzas con el uribismo, en el afán compartido de ambos sectores de poder, de derrotar y sepultar para siempre al naciente petrismo, al que López se acercó con el mismo oportunismo que se le reconoce. Recordemos que fue Peñalosista y en los últimos tiempos, mantiene una relación cercana con el uribismo, que se puede potenciar si para el 2026 el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez evalúa que ninguna de sus tres “tigresas”, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Vicky Dávila, le pueden asegurar volver a la Casa de Nariño en cuerpo ajeno.

Uribe Vélez ve en López Hernández a una líder política que sabe enredar a la opinión pública. Es efectista en lo que dice. Sus arengas y pronunciamientos, siempre coyunturales, resultan mediáticamente efectivos y de fácil recordación. Y es claro que la exalcaldesa no tiene la mala imagen que arrastran a sus tres “tigresas”.

Ya veremos a la camaleónica de Claudia López despotricando de la izquierda, del progresismo y de Petro. Lo hará para conseguir el apoyo del empresariado que jamás aceptó a Petro por su pasado exguerrillero. 

Imagen tomada de EL PAÍS

ETHOS MAFIOSO Y CORRUPCIÓN EN COLOMBIA: NO HAY NADA QUE HACER

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con los más recientes escándalos de corrupción público-privada en la UNGRD se confirma la imposibilidad de lograr un cambio, proscribiendo, por ejemplo, el ethos mafioso. Y es así, por la complejidad que supone la operación integrada de los sistemas judicial, político y sociocultural bajo esa línea ética que, aunque sinuosa, está arraigada en todos los tres sistemas.

Por lo anterior, hoy vemos un ethos mafioso naturalizado y garante de la vigencia de los políticos que, a pesar de haber sido procesados y condenados por diversos delitos asociados a formas de corrupción, una vez que pagan sus irrisorias condenas, continúan haciendo política con el apoyo de partidos políticos, sectores societales que los necesitan porque son generadores de empleo y oportunidades para ejecutar proyectos. Más claro: los tres sistemas necesitan de la corrupción y de la economía del crimen, en cuyo manejo son expertos los funcionarios y los políticos profesionales señalados de ser corruptos. Incluso, abogados condenados por corrupción, y otros a los que les gusta defender bandidos, son apetecidos no solo para reducir las penas de sus clientes, sino para asegurarse que el sistema judicial siga operando ese mismo ethos.

Por ello, pretender proscribir el ethos mafioso y con este las prácticas corruptas en los sectores público y privado resulta imposible en Colombia porque, además, haría colapsar la economía e incrementaría los costos en las transacciones sociales y políticas que a diario se deben hacer para mantener a flote a la sociedad y a las instituciones privadas y estatales.

El sistema judicial de Colombia está permeado por ese mismo ethos corrupto. Esa realidad incontrastable se puso en evidencia con el Cartel de la Toga, episodio que lejos de aportar a la depuración en la rama judicial, lo que hizo fue encarecer las tramoyas y los torcidos para que en adelante queden blindados para evitar filtraciones. Ya estarán sus expertos analizando lo sucedido en la UNGRD, pues si todo quedó bien diseñado, incluidos los acuerdos de responsabilidad, no se entiende por qué está el país hablando de los torcidos en la compra de los carrotanques y la entrega de millonarias coimas a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Algo salió mal y las correcciones las sabrán hacer las cabezas ocultas de ese entramado criminal.

Cuando se encarcela a un político miembro de una casta o de un clan político, se termina afectando las economías regionales, cuyo motor de desarrollo está conectado al ethos mafioso y a las actividades propias de un modelo de enclave, fruto de la visión retardataria, premoderna y feudal de esas mismas familias y de las élites que comulgan con la corrupción. Política y economía, en ese estricto orden, son el eje de un desarrollo económico agro extractivo (ganadería extensiva, minería legal e ilegal, deforestación y monocultivos de caña de azúcar, palma africana y coca) que reproduce la corrupción pues muchos empresarios necesitan del político para acelerar procesos, trámites y evitar controles, entre otros asuntos.  

En cuanto al sistema político este se reproduce gracias a la corrupción pues quienes quieran entrar en el juego electoral, deben plegarse a las condiciones y circunstancias que les impone el ethos mafioso: compra de votos, guerra sucia en medios, ocultamiento de antecedentes judiciales y el acercamiento a quienes llegarán a los órganos de control, esto es, a la Procuraduría, una institución capturada por mafias políticas y usada para premiar a amigos y castigar a enemigos;  y la Contraloría opera de manera similar. Tanto en lo nacional como en las regiones, estas instituciones devienen capturadas o estarán siempre abiertas a que grupos políticos las capturen. Emilio Tapia, por ejemplo, es un corrupto paradigmático. Antes de que se conocieran los hechos del robo de los 70 mil millones de pesos para el internet en zonas rurales (el caso de Centros Poblados y la Mintic, Karen Abudinen), ya Tapia había sido condenado por el caso del cartel de la contratación en Bogotá. Su vigencia política está atada al sistema político que lo usa para que la corrupción siga y se reproduzca para que el país siga operando económica y políticamente. Los presidentes de la República saben que así funciona el país, lo que los hace cómplices de la operación mafiosa del Estado. Esa realidad es imposible cambiarla: nos tocaría morirnos a todos y que a este territorio llegue otro tipo de gente. Pero con el tiempo, esos nuevos pobladores, crearán sus propias maneras de hacer las cosas, lo que garantizará el renacimiento de la corrupción.

La Fiscalía es otra institución que deviene capturada por mafias de diferentes pelambres: clan del Golfo, clanes políticos y otros grupos de criminales. Fiscales que trabajan para esas estructuras mafiosas hacen imposible que la entidad investigue y solicite a los jueces condenas ejemplares. Los principios de oportunidad aparecen porque la Fiscalía es débil. Los corruptos saben eso y juegan con la economía del crimen o del delito. 

En cuanto al sistema socio cultural, la vigencia de los corruptos está garantizada porque la sociedad y sus estamentos jamás aprendieron qué es eso de la sanción social (moral) a la que hay que someter a los corruptos. Por el contrario, amplios sectores de la sociedad aplauden y admiran a los corruptos. Serlo es sinónimo de viveza e inteligencia. Agentes sociales, económicos y políticos de la sociedad civil guardan silencio ante los casos de robos al erario. La Academia, con su aturdidor silencio, aporta a la naturalización del ethos mafioso; instituciones como Fenalco, Andi, Acopi y otros gremios también hacen lo propio porque nadie quiere tener malas relaciones con la clase política y mucho menos con los miembros de los clanes políticos.

Los ciudadanos del común que cada cuatro años votan saben y aceptan que sus candidatos son corruptos. Y a pesar de ello, los eligen porque esperan algo a cambio. Y los nuevos que se lanzan diciendo que no tolerarán a los corruptos, terminan cooptados porque es tal el poder que se concentra en la operación de esos tres sistemas, que oponerse a su funcionamiento es ganarse enemigos o simplemente, no entrar en el juego político y electoral.  Debemos aceptar que somos una sociedad inmoral, sucia, corrupta. Apreciamos más al político mentiroso, criminal y corrupto, que al pequeño empresario que lucha todos los días para sacar adelante su empresa. Seguiremos siendo el país de mierda que entre todos hemos construido. 

Imagen tomada de Blu radio. 

CORRUPCIÓN EN LA UNGRD: EN RIESGO LA NARRATIVA DEL CAMBIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Desde su nacimiento como República, Colombia arrastra el insuperable problema de la corrupción público-privada, que es consecuencia del enraizado ethos mafioso que guía desde esos tiempos la vida de selectos clanes políticos que operan en regiones y miembros de la clase política y dirigente (empresarial) que, apostada en Bogotá, se asegura de que en el resto del territorio opere el Estado en la misma lógica mafiosa, sucia, indebida y criminal.

El escándalo de corrupción en la UNGRD, primero con la compra de los carrotanques de agua llevados a La Guajira y ahora por las coimas millonarias entregadas a los presidentes de la Cámara de Representantes y Senado salpican al gobierno de Petro y al Congreso de la República.

Lo más doloroso del asunto es que en la compra irregular de los carrotanques participaron funcionarios elegidos por el mismo presidente y en la entrega de los 3 mil millones de pesos a Iván Name, presidente del Senado y mil millones al presidente de la Cámara, Andrés Calle, altos funcionarios que muy seguramente llegaron a altas consejerías y demás cargos, por cuenta de los sempiternos acuerdos burocráticos. En este caso, los establecidos con la Alianza Verde;

Lo informado a los medios por Sneyder Pinilla, exfuncionario corrupto, constituye una mancha más para el  Congreso, una de las instituciones más desprestigiadas del país, usada por clanes y políticos profesionales para mantener la captura del Estado y por ese camino,  acceder a billonarios recursos del erario para hacer grandes negociados como los ocurridos, hace muchos años, con la construcción de la hidroeléctrica de El Guavio; también en otros emblemáticos torcidos como Chambacú, la quiebra de Granahorrar con Michelsen Uribe y la construcción de la refinería de Reficar; entre los más recientes están los casos de Las Marionetas y el de Centros Poblados, con este último  se robaron 70 mil millones de pesos que jamás aparecieron. Hay que recordar que el entonces presidente-títere, Iván Duque, “sorprendido” por el escándalo mantuvo a la ministra del Min Tic, Karen Abudinen, a pesar de su responsabilidad política en los hechos; además, Duque dijo públicamente que pediría ayuda al FBI para recuperar la millonaria suma. Sobre lo segundo, el fatuo mintió.

Pero volvamos al caso que ensucia la imagen del gobierno Petro. No basta con pedir la renuncia de los comprometidos en el escándalo que apenas empieza la Fiscalía a tratar de decantar sus alcances y dimensiones. Ya está claro que en términos de “atacar la corrupción” no habrá cambio. Se aplaude la decisión del presidente de pedirles la renuncia a los funcionarios comprometidos en los hechos narrados por Sneyder Pinilla, exfuncionario corrupto que hoy delata a sus superiores jerárquicos porque él mismo lo dijo “no quiere ser el único guevón que caiga” en semejante entramado de corrupción. Insisto: no es suficiente. Lo que tiene que hacer Petro es convocar ya la Comisión Internacional que prometió en campaña, para que, de la mano de la ONU, se sacudan todas las instituciones estatales, incluidas por supuesto, las FFAA, las altas cortes y su propio gobierno.

Está en mora el gobierno del cambio en convocar esa comisión internacional si de verdad quiere contrarrestar los efectos negativos que la prensa opositora está generando en la opinión pública. Incluso, columnistas que votaron por el proyecto político que encarna Petro, ya replican la narrativa que indica que “cambio no hubo” y que este gobierno es tan corrupto como los demás.  Ana Bejarano, en Cambio, sostiene lo siguiente en reciente columna: “Eso es lo más decepcionante del gobierno del cambio: que se ejerce como cualquier otro de los que se hacen elegir para repartirse las arcas del Estado entre amigos y mafiosos. No son casos aislados ni funcionarios desviados: la evidencia que se acumula no puede entenderse por fuera del copamiento y abuso estructural y sistemático de lo público que conocemos a la perfección. Casi que la improvisación y mediocridad en el ejercicio del poder serían pasables si no estuvieran dedicados a llenarse los bolsillos con nuestra plata. Petro lo sabe y se hace el de la vista gorda en franca complicidad con la numerosa cantidad de ladrones a quienes les abrió las puertas de la función pública. La pantomima del cambio para hacer lo de siempre: apoderarse del botín”.

Esos nuevos hechos de corrupción alimentarán la vergonzosa e incompleta lista que aparece en esta columna. Pinilla se adelantó a lo que muy seguramente sucederá: pagarán los más “guevones” porque los sistemas judicial, político y cultural están diseñados para que los corruptos con apellidos de afamados clanes políticos hagan uso de lo que se conoce como la economía del crimen o del delito.

El ethos mafioso está tan naturalizado en estos tres sistemas, que lo que la prensa y los ciudadanos del común llaman corrupción, para la élite política que está detrás de todos los escándalos de pago de coimas y tramoyas simplemente es el “derecho preferente a robar al Estado” porque sin ellos como alimentadores de los tres sistemas, el país colapsaría.

Imagen tomada de Youtube.com

LA BANDERA DEL M-19, OTRO MOTIVO MÁS PARA ODIAR A PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Como animales simbólicos que somos, las banderas, los himnos e incluso las arengas, siempre van a estar presentes en nuestros relatos, en la historia local y por supuesto, en las memorias individuales y colectiva. Y es así, porque dan cuenta de hechos reales o de realidades imaginadas que de todas maneras están cruzadas por el espíritu humano, la ética-estética y la tarea objetiva de conocer y comprender el mundo de las cosas.

Hay banderas que cuando se ondean, generan reacciones violentas en unos sectores sociales y de poder, mientras que en otros sirven para evocar momentos inolvidables de felicidad, luchas ideológicas e incluso de dolor, asociados a los principios y objetivos sobre los cuales esa bandera fue usada como estandarte político y militar.

La bandera del M-19 es hoy, después de más de 30 años del proceso de paz entre la guerrilla del mismo nombre y el Estado colombiano, un elemento más que acrecienta la división, el distanciamiento y la animadversión entre la derecha “premoderna, vetusta y anacrónica” y el presidente de la República, Gustavo Petro, como persona y figura política.

Claro que el presidente de la República es un provocador. Y lo es, porque no abandonó jamás su espíritu libertario, revolucionario y confrontador del poder hegemónico. Si hubiese querido abandonar sus ideales, entonces ya habría sido recibido en el Centro Democrático, partido-secta del que hacen parte varios de sus compañeros de lucha, que optaron por entregarse al establecimiento que una vez decidieron combatir.

Petro dedicó una parte importante de su juventud a consolidar las ideas con las que irrumpió el M-19, después de que Misael Pastrana Borrero le robara las elecciones a la ANAPO en 1970.  Petro se siente orgulloso de su pasado y eso es posible que no lo logren entender sus detractores, quienes creen que la guerrilla ha sido el único problema del país, porque de manera taimada y maliciosa ellos mismos optaron por evitar no reconocer que las más graves problemáticas del país surgen de la corrupción público-privada y de la captura corporativa del Estado, que devienen históricas y anteriores al levantamiento de las guerrillas en los años 60.

Quienes atacan y descalifican al presidente por agitar ese banderín de la lucha armada y revolucionaria que Petro dio junto a Navarro Wolf, Marcos Chalita, Rosemberg Pabón, Vera Grabe, Toledo Plata, Iván Marino Ospina y Bateman Cayón, entre otros, lo hacen porque quizás nunca en sus vidas se vieron tentados u “obligados” a buscar en la lucha armada los cambios que este país necesita desde sus inicios como República.

Los enemigos de Petro y quienes se molestan al ver que el presidente le recibió las banderas de Colombia y del M-19 de manos de uno de los cientos de miles de compatriotas que lo escucharon en la Plaza de Bolívar este primero de Mayo, reducen el papel político-militar de esa guerrilla a la toma del Palacio de Justicia, hecho execrable que jamás debió ocurrir.  Sin duda alguna, un hecho criminal y una errada acción político-militar que terminó con la muerte de magistrados, empleados de la cafetería y visitantes a ese edificio, recuperado horas más tarde, a sangre y fuego, por el Ejército, bajo la idea poco creíble de “defender la democracia”.  La frase exacta del entonces coronel Plazas Vega fue: “aquí, defendiendo la democracia”. Al reducir la democracia a un edificio, el coronel de Caballería olvidó que él también fue y sigue siendo un animal simbólico.

Esa cruel osadía condenó socialmente a toda la dirigencia de esa agrupación armada ilegal y manchó su historia en un país que ha preferido aplaudir, elegir y reelegir a los corruptos, antes de sentarse a estudiar con juicio las diferencias sustanciales que existieron y aún existen entre el proyecto político del M-19, ancorado a la necesidad de profundizar la democracia en el marco del sistema capitalista, y el que aún defienden el ELN y las disidencias farianas, orientado a revivir  al viejo modelo socialista de la antigua URSS o el “socialismo del siglo XXI” de la Venezuela de Chávez y Maduro.    

A juzgar por las molestias generadas por ondear la bandera del M-19, podemos decir que, para fortuna o infortunio de la humanidad, seguimos siendo animales simbólicos; pero para pesar de esa misma humanidad, hay que reconocer que, dentro de esa comunidad de animales hay unos que optaron por quedarse en el pasado, como fuente inagotable de su inquina, aversión, antipatía y ojeriza hacia quien, para bien o para mal, es el presidente de la República elegido democráticamente.

Le sugiero a todas y todos aquellos que se sienten morir de la rabia al ver ondear la bandera del M-19, que lean con juicio a Ernest Cassirer. Aquí les dejo una cita: “[el hombre] no encuentra un mundo de objetos físicos sino un universo simbólico, un mundo de símbolos. Debe aprender, antes que nada, a leerlos, pues todo hecho histórico, por muy simple que parezca, no se determina y comprende más que mediante un análisis previo de símbolos”.

Esa bandera, el M-19, Petro, las otras guerrillas; los paramilitares, las FFAA, las familias poderosas, la clase política y cada uno de nosotros está envuelto en el universo simbólico de una conflicto armado interno que nos ha permitido vernos en el espejo y ver en este la ignominia, la inmoralidad, la estética de lo atroz de la que habla Édgar Barrero y la estolidez de todos los guerreros; así como  la complicidad e ignorancia de quienes a pesar de saber de los horrores de esta guerra fratricida, prefirieron aplaudir al bando de sus simpatías para sentirse más tranquilos moralmente. Toda guerra es inmoral y la nuestra, sí que lo fue, lo es y seguirá siendo.

 

Imagen tomada de Infobae

EL 188 ORDENA AL PRESIDENTE UNIR A LOS COLOMBIANOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Al presidente Gustavo Petro, por ser de izquierda, la prensa y el establecimiento le exigen, como jamás lo hicieron con anteriores mandatarios, que debe “unir a los colombianos” dando cumplimiento al artículo 188 de la Constitución que señala que el “presidente de la República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos”.

Esos sectores de poder tradicional solo aluden a la primera parte del señalado artículo, pero no examinan que, justamente, en la segunda parte, la más importante quizás, está la apuesta del actual gobernante: garantizar los derechos y libertades a todos los colombianos, de ahí que las reformas a los sistemas de aseguramiento en salud y pensión van en esa dirección, al igual que la reforma laboral. Y en lo que respecta al asunto de garantizar libertades, la derecha ha podido salir a protestar sin que el Esmad les haya atropellado y mucho menos, disparado a los ojos a los cientos de miles de manifestantes, como sí ocurrió en el gobierno del presidente-títere, Iván Duque Márquez, a quien jamás le exigieron que cumpliera con el 188. 

Después de escuchar al presidente durante la conmemoración del Día del Trabajo, nuevamente la derecha y sus medios masivos volvieron a recordarle a Petro el artículo 188, pero solo en su primera parte. Y lo hicieron porque siguen pegados a las formas y no al fondo. Y es normal que así les parezca porque jamás tuvieron que lidiar con un outsider, con un congresista crítico y con un presidente impulsivo, y de repeso, exguerrillero, que sigue fiel a su ideario político y revolucionario. Hubieran preferido que hubiese llegado a la Casa de Nariño un ser obediente e incapaz de pensar por sí mismo, como el pelele y homúnculo del Iván Duque.

Pensarán que Duque si cumplió con el artículo 188, a pesar del manejo desastroso y criminal que le dio a la economía y al estallido social. Los más de 60 jóvenes afectados en sus ojos por el Esmad durante la administración del títere de Uribe Vélez debe ser una buena forma de unir a los colombianos. Y la reforma tributaria de Carrasquilla, la misma que generó las violentas protestas ciudadanas, también apuntaba, según la derecha, a dar cumplimiento a lo prescrito en el 188 de la carta política, en su segunda parte. Por favor, señores, bájenle un tantico al cinismo. 

Y si nos vamos un poco más atrás, entonces los 6402 jóvenes asesinados por el Estado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez también fueron un bello gesto de unión; al igual que el discurso vulgar y violento del caballista con el que intimidó a todo aquel que criticara sus políticas neoliberales que acabaron con la agricultura, el campesinado, y desmejoraron las condiciones laborales de millones de trabajadores. Si algo hicieron Duque y Uribe durante 12 años fue desconocer la segunda parte del 188, porque nadie jamás se atrevió a exigirles que unieran a los colombianos porque los medios masivos y los líderes de opinión que hoy le exigen a Petro que lo haga, estuvieron alineados y cooptados por esa seudo doctrina que se llama uribismo. Convendría, para una sana discusión, que, al citar un artículo de la Constitución, se hiciera de manera completa para no hacer caer a la gente en engaños.

Claro que el país está dividido. Las marchas así lo constatan. El clasismo, el arribismo y el racismo alimentan el evidente enfrentamiento entre dos maneras disímiles de entender lo que el país realmente necesita. Petro cree que es posible vivir bajo condiciones de un Estado de Bienestar al mejor estilo europeo de los años 80; mientras que la derecha uribizada, considera que Colombia entre 2002 y 2010, garantizó la “confianza inversionista y la cohesión social”, en el marco de un artificioso Estado comunitario y un peligroso Estado de opinión.

Para la derecha uribizada, antes de la llegada de Petro al Solio de Bolívar, Colombia era una especie de Suiza, un paraíso con un único lunar: la presencia otoñal de una guerrilla tan infame y violenta, como las medidas neoliberales aplicadas a rajatabla desde César Gaviria, pasando por Pastrana, Uribe, Santos y Duque. Eso sí, mientras señalaban a ese gran lunar, con visos de malignidad, se dedicaron a ocultar el gran problema del país: la corrupción público-privada. Y para la izquierda y el progresismo, Colombia viene operando como un Estado corporativo, privatizado y criminal, al servicio de una oligarquía "anacrónica, vetusta y premoderna".

Si logramos superar el clasismo, el arribismo y el racismo (nos odiamos entre nosotros), quizás sea más fácil encontrar los puntos comunes que nos unan para que a un presidente le quede más fácil cumplir con el 188. Eso sí, también se va a necesitar que esos cientos de miles que salieron a marchar “emberracados” dejen de pensar y decir que, antes de la llegada de Petro, éramos la Suiza de América, cuando llevamos 200 años siendo un platanal con bandera. 

 Imagen tomada de Radio Nacional de Colombia 

LA DERECHA NO URIBIZADA DEBE ESCUCHAR A PETRO Y AL PUEBLO QUE MARCHÓ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Pasada la jornada de movilizaciones del 1 de Mayo y la fuerte respuesta que el presidente Petro le dio a la Oposición que encarna el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, emergen por lo menos dos caminos a seguir. Del lado del gobierno, ya es tiempo de que se acelere la aplicación de su Plan Nacional de Desarrollo y exponga los logros en infraestructura (ferrocarriles y vías terciarias y secundarias, entre otros indicadores) y en general en el mejoramiento de las condiciones de vida de los millones de pobres y vulnerables. Y esto incluye, en particular, disminuir sustancialmente las quejas contra las EPS, superar la crisis actual del sistema de aseguramiento en salud y llevar atención de calidad a las zonas más remotas que quedaron por fuera del radar de las EPS porque no les era rentable apostarle el aseguramiento de por lo menos 15 millones de colombianos que sobreviven en esa Colombia profunda. La mejor forma de contrarrestar las mentiras y las medias verdades de los medios masivos tradicionales es con hechos y transformaciones.

Por el lado de la Oposición, ojalá sus principales voceros y líderes se tomaran el tiempo de revisar con responsabilidad política los mensajes que no solo les está enviando el jefe del Estado, sino los millones de colombianos que siguen a Petro y que salieron masivamente a respaldar sus reformas sociales. Quienes de manera pasiva le hacen oposición al gobierno de Petro y solo están esperando a que termine su mandato para empujar la economía del país, están jugando con candela. Hay un pueblo que despertó de su original letargo, gracias al triunfo de Petro y sus constantes invitaciones a “levantarse contra el opresor”. Las motivaciones de la gente que se viene movilizando a favor del presidente no morirán una vez este hijo de Ciénaga de Oro (Córdoba) abandone la Casa de Nariño.

En su intervención en la tarima, Gustavo Petro llamó anacrónico y premoderno a Uribe y al empresariado que respaldó sus medidas neoliberales que terminaron de empobrecer a la clase trabajadora y de enriquecer a los empleadores. Esa disputa entre Petro y Uribe se radicalizó aún más con la manera como el presidente le respondió a los mensajes de odio que se escucharon en las marchas del 21 de abril y que él asocia al uribismo y a las críticas que el expresidente antioqueño le hizo al proyecto de reforma laboral.

Si la derecha no uribizada lee con cuidado el momento histórico por el que atraviesa el país, debe consolidar el distanciamiento que de tiempo atrás algunos empresarios medianos y líderes gremiales tomaron del expresidente Uribe Vélez. Esa derecha que tomó distancia política del dañino líder antioqueño debe renovar su ideario si de verdad quieren recuperar el poder en el 2026, para gobernar en condiciones de tranquilidad social. Y para gobernar bajo esas condiciones deben acoger las reformas planteadas por Petro y ajustar el modelo político y económico, lo que significa caminar hacia la profundización de la democracia, por la vía de la reindustrialización. No hacerlo, le daría la razón a Petro cuando calificó de anacrónicos y premodernos a los agentes económicos y políticos del uribismo.

Los empresarios que en el pasado se beneficiaron del Todo Vale que institucionalizó Uribe y que tardíamente comprendieron los nocivos efectos sociales, políticos, económicos, morales y éticos que dejó en la sociedad el sinuoso ethos que siempre guió la vida pública del expresidiario y expresidente, deben proponerle al país una alternativa electoral y política. Ese lugar lo debería estar ocupando el Centro, pero en Colombia no existe ese sector político. Por lo menos, quienes se asumen de Centro, en los últimos 30 años, por física cobardía y comodidad, optaron por hincarse ante el poder intimidante de lo que se conoce como el uribismo. Sergio Fajardo es el vocero más visible de ese Centro medroso y cobarde que jamás fue capaz de erigirse como alternativa de poder.

Eso sí, una cosa debe quedar clara para los dos sectores políticos en contienda: es tiempo de parar el conteo de personas movilizadas para acercarse a saber si las del primero de Mayo fueron más nutridas que las del 21 de abril, cuando la oposición al gobierno salió nuevamente a las calles a decirle No a las reformas sociales que tanto necesita el país. Ya el uribismo está invitando a otra marcha de respuesta para este 4 de mayo. No. Resulta inconveniente seguir insistiendo en movilizaciones cuando a lo que hay que apostarle es a reactivar la economía y en el mediano plazo, concretar las actividades de reindustrialización que va a necesitar el país para asegurar la viabilidad fiscal de las reformas a la salud y pensiones, una vez estas se concreten y se pongan en marcha. Las movilizaciones desgastan el sentido de la democracia, al tiempo que profundizan los odios de lado y lado.

Imagen tomada de El País. 

COLOMBIA: UN PAÍS DE OSOS, PERRAS, ABEJAS, CONEJOS, CEBRAS Y ELEFANTES BLANCOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El lenguaje suele dar cuenta de lo que somos como individuos y sociedad. Cuando hablamos o escribimos, dejamos ver nuestras partes pudendas. “Habitamos” en él, dijo un filósofo. Y en los usos particulares de una lengua como la que compartimos en Colombia, encontramos curiosas asociaciones entre palabras y unos hechos fácticos que responden a ejercicios metafóricos, muchos de estos con fines eufemísticos.

Desconozco de dónde viene la “costumbre lingüística” de conectar los nombres de animales con normas, actos de corrupción o para descalificar a específicas personas. No creo que esos usos muy particulares de nuestra lengua respondan a un alto nivel de conciencia por ser uno de los países más biodiversos del mundo. Si por algo se caracteriza el colombiano promedio es por no saber qué es eso de la biodiversidad, animales o plantas endémicas y mucho menos, ecosistemas frágiles y estratégicos protegidos.

Una de esas asociaciones con nombres de animales es el “Elefante blanco”. La usamos para referirnos a casos de corrupción y negligencia expresados en la no terminación de obras civiles como la construcción de hospitales, acueductos y colegios, entre otros. Aunque hay que advertir, que en el país los elefantes no hacen parte original de nuestra fauna. Por estos días, el gobierno anuncia que encontró por lo menos 100 de esos “elefantes blancos”. Algunos de esos los están intentando recuperar del deterioro físico al que han sido sometidos por el paso del tiempo. Lo interesante de esa asociación es que siempre habrá “elefantes blancos” en Colombia porque los políticos son quienes se aseguran de que jamás falten. Esos curiosos paquidérmicos son hijos del ethos mafioso que guía la vida de muchos miembros de la clase dirigente, política y empresarial de Colombia.

El “Lobo” es otro animal que sirve para descalificar la vestimenta y los gustos de personajes públicos. Por ahí anda un abogado colombiano muy mediático él, a quien suelen molestarlo por sus llamativas “pintas” (ropa que usa a diario), las mismas que le han permitido a sus detractores calificarlo como “lobo”.

El “Sapo” es quizás el animal más odiado en términos socio lingüísticos puesto que la gente asocia su presencia con una persona soplona, delatora o que se mete en donde la han llamado. También sirve para referirse a quien busca protagonismo, extendiendo su lengua para lamerle al jefe, quizás buscando un ascenso o para congraciarse con una decisión tomada.

La “Cebra” nos recuerda al hermoso animal rayado, pero también al paso peatonal pintado sobre las vías, con el propósito de que los transeúntes pasen con seguridad y orden. Hay que decir que hay animales humanos que prefieren no atravesar por la cebra por pereza o simplemente porque los desborda la incultura y la estupidez.

 La “Abeja” como imagen nos recuerda al útil animalito no humano, conocido por los expertos como un bioindicador de los ecosistemas en los que aún sobrevive. Pero sirve para que socialmente pensemos en personas hábiles para los negocios o quizás para intentar salirse con la suya, incluso, por fuera de la ley o las normas sociales. Caben en esa asociación ladrones, trabajadores mañosos y “avispados”. También políticos, porque hay unos que son unas verdaderas abejas. 

La imagen del dócil Conejo no solo se asocia a los numeritos circenses de magia, sino a la acción de no pagar una cuenta o de estafar a otra persona. Entonces, le “hicieron conejo” se asume como una acción negativa para quien sufre la estafa o el incumplimiento de algo previamente pactado.

Cuando se busca trabajo, entonces los colombianos azotados por el desempleo hablan de “buscar Camello”. También, para dar cuenta de dónde están o para dónde van: “voy para el camello o estoy en el camello”, para indicar que estamos en el lugar de trabajo.  

Los llamativos Lagartos los asociamos a políticos o a quienes suelen asistir a reuniones políticas, preferiblemente en campañas electorales, para “sobar chaquetas” o mendigar un contrato o un trabajo a un político clientelista y corrupto. “Lagartear” es la acción verbal reconocida a esos curiosos “Lagartos”. “Me estoy lagarteando un cargo en el gobierno” suele ser la expresión más común entre estos asqueantes especímenes.

La expresión “trabaja como una Hormiga” es positiva en la medida en que con esta se reconoce el trabajo laborioso e incansable de un empleado y por supuesto, de las Hormigas. Se trata de un trabajador eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus obligaciones laborales. La pequeñez del animal no humano llamado Hormiga, sirve para engrandecer a quien se merece dicho reconocimiento.

El precioso Oso también es usado para hacer referencias a hechos culturales. Expresiones como “hizo el oso” sirve para dar cuenta de una situación vergonzosa y vergonzante que nadie más quiere volver a vivir o experimentar. En Colombia contamos aún con el Oso de anteojos (Tremarctos ornatus) en selvas y  páramos. Eso sí, asediado por colonos y ganaderos, que los asesinan porque los osos suelen atacar al ganado cuando tienen hambre. Olvidan que las selvas y los páramos son hábitat y que los intrusos son ellos y nos los osos. 

Y en un país machista, misógino y patriarcal como el nuestro, la “Zorra” sirve como epíteto para descalificar a las mujeres liberales o simplemente, aquellas que optaron por dejar a su pareja. Entonces, vieja “zorra” es un descalificativo muy usado por machitos violentos. Hay que recordar que esa expresión también estuvo asociada a los vehículos de tracción animal, halados por caballos. Entonces, se decía, en Bogotá especialmente, “contrate a un zorrero o ahí viene una “zorra”.

Para los propósitos de esa misma asociación se usa el vocablo Perra, referido como todos sabemos a esas hermosas caninas que alegran las vidas de millones de animales humanos en todo el mundo.  Por fortuna, el término “Perro” sirve para dar cuenta del hombre que se cree muy conquistador o es un picaflor consumido. De allí que anda enamorando mujeres. Hay por supuesto, un desbalance entre los efectos psicosociales que se generan cuando se usan las expresiones "perra" y "perro". Cosas del lenguaje machista. 

Y la Paloma, asociada a la idea de paz y cordialidad, sirve para señalar a aquellas personas que en su actuar cotidiano no le hacen mal a nadie o que trabajan en búsqueda de la anhelada paz en Colombia. Por eso, los primeros se llaman mansas Palomas y los segundos, soñadores. Claro que hay en la política una Paloma que suele entregar mensajes de odio. Es la Paloma mensajera de la violenta derecha colombiana, manejada por un vulgar caballista. 

Un extranjero podría pensar, después de comprender el sentido de esos particulares usos de nuestra lengua, que efectivamente somos una sociedad formada para respetar a los animales salvajes y domésticos. Pero no. Hay cientos de miles de compatriotas que asesinan a Osos de anteojos y envenenan perros callejeros y domésticos. Bueno, no podríamos esperar nada distinto en una sociedad violenta, cuyos miembros son capaces de matarse por una camiseta de un equipo de fútbol, o por ser de izquierda o de derecha o, porque simplemente se nos dio la gana.

 

Imagen tomada de https://www.google.com/search?sca_esv=a69b8a5a4d8be7ee&rlz=1C1UUXU_esCO975CO975&sxsrf=ACQVn0_mRyJI-9zWP-C_j5UQIxEMQUjJFQ:1714575382521&q=colombia+biodiversidad&uds=AMwkrPuKiz3kd7jHuta4ar-HNLVt_xcP2PTL9EvxPOPgbi_l3PbjbHW0mY03-5dkUZCfFZc3AC_DIwxEFQONB1oQbx9gI0ZSwqWpGCTZBDr6LEeskFf7jLQ6ub5WPjRZ5El6cJrgfuX87rVxFfRV-lsSnYebvyUIiI76vgvpFnKMauHMUYehuSOM2pdsvQ5LHf0ZiHX3zlfJj6EhIa0R0jXlAsjLkC2vdZbEZw3F-H6_kde2c5q2_KPgHvZvYqyXTEGGlM8KLj1itGQAfW6H5TqE7iP21bv6FaOxGMYlv5VWeZB6K1Dku6U&udm=2&prmd=ivnsmbtz&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwi54_WE2-yFAxVHfjABHaBiDBYQtKgLegQIDRAB&biw=1024&bih=641&dpr=1