LOS DILEMAS ÉTICOS QUE DEJA LA CORRUPCIÓN DEL GRUPO AVAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El silencio de los medios tradicionales en torno a los escandalosos hechos de corrupción reconocidos por el Grupo Aval ante las autoridades americanas pone de presente el alto nivel de captura que el gran banquero logró de instituciones del Estado. Razón le cabe al presidente Petro cuando señaló que él llegó al gobierno, pero no tiene el poder.

Sarmiento Angulo se hizo con la Fiscalía. En el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio, hay que reconocer que Pablo Felipe Robledo hizo la tarea y “les imputó cargos a las corruptas empresas de Sarmiento @corficolombiana @episol y mi sucesor les impuso multas por un valor superior a $88 mil millones”. Se espera que la actual administración de esa Superintendencia siga de cerca el proceso bursátil y penal que se sigue en los Estados Unidos en contra del Grupo Aval. De igual manera, se espera que la DIAN haga lo propio en el caso de una posible evasión de impuestos.

El poderoso banquero no solo capturó a la Fiscalía, también hizo lo propio con los partidos políticos a los que les viene entregando recursos económicos. El silencio de los presidentes de partidos como el Centro Democrático, el Liberal, Cambio Radical y el Conservador ante semejantes actos de corrupción público-privada es aturdidor.

No se trata simplemente de reconocer ante las autoridades gringas haber violado normas locales. No. El asunto es de suma gravedad porque somete a funcionarios estatales y a los políticos que militan en los partidos que el Grupo Aval patrocina, a inconmensurables dilemas éticos que por supuesto no se atreverán a resolver porque para todos los involucrados hay tan solo dos caminos: de un lado, guardar cómplice silencio y hacer de cuenta que aquí no pasó nada, porque se trata de un desliz muy propio del sistema capitalista en el que el todo vale se impone cuando se trata de competir; y del otro, tomar distancia del conglomerado económico y fustigar con firmeza su actuar delictivo. Pero esa ruta los obligaría a devolver los dineros recibidos del Grupo Aval, tal y como se los sugirió el presidente de la República. “A los partidos políticos les solicito devolver los dineros donados por el grupo económico que ha confesado el otorgamiento de sobornos. Es importante que los partidos políticos examinen cuáles de sus altos dirigentes participaron tanto en los actos administrativos que ampliaron la ruta del Sol II como en la fiscalía que los encubrió y tomen las medidas que la decencia determina” (Tomado de Blu Radio).

Por supuesto que los dilemas éticos también tocan las huestes de los medios tradicionales y sus periodistas, obligados a seguir las directrices corporativas que, para el caso, dicen que hay que guardar prudencia porque no solo hay pauta de por medio, sino relaciones empresariales que se convierten en asuntos de clase. Aunque para la prensa corporativa y sus periodistas también había dos caminos posibles, ya optaron por el más conveniente: minimizar los bochornosos hechos que enlodan a la familia Sarmiento Angulo y al Grupo Aval en su conjunto. Al proponer esa línea editorial, empresas mediáticas y periodistas optan por poner en riesgo su credibilidad, pues al fin al cabo los niveles de recordación de las audiencias están supeditados a dos circunstancias que siempre aparecen juntas: la mala memoria de la opinión pública y los espectaculares tratamientos periodístico-noticiosos. En este caso, los directores de medios se la jugaron por evitar cualquier análisis de lo sucedido y el cubrimiento espectacular, para, justamente, aportar a la ya reconocida mala memoria de los colombianos. El objetivo es sepultar rápidamente el espinoso asunto. Por el contrario, le están apostando duro a mantener la vigencia la narrativa que sostiene que la campaña Petro presidente recibió dineros de narcotraficantes.

No son estos los tiempos en los que medios libran verdaderas batallas contra la corrupción al interior del propio régimen. Lo que EL ESPECTADOR hizo en los años 80 no se volverá a ver en el periodismo colombiano. Tan cierto es, que hoy, ese mismo medio, para mi pesar, optó por minimizar los sucios hechos de corrupción en los que incurrió el Grupo Aval.  

En esa época, los Cano se enfrentaron al poderoso Grupo Grancolombiano. Se olvidaron de la pauta y el entonces diario de los Cano destapó la olla podrida al interior de dicha entidad bancaria. En una nota de 2012, el propio diario bogotano reconoce la gesta periodística: “Una de las más duras batallas de los 125 años que lleva El Espectador en defensa de su independencia frente al poder tuvo lugar en 1982, tras las denuncias contra el Grupo Grancolombiano. El diario puso al descubierto irregularidades del emporio económico a través de fondos de inversión y de autopréstamos de los miembros del Grupo con recursos de los ahorradores. El Grupo retiró entonces su pauta del periódico para asfixiar sus finanzas, estrategia que dio lugar al célebre editorial del 4 de abril de 1982 (“La tenaza económica”), en el que Guillermo Cano respondió: “...No vendemos, no hipotecamos, no cedemos nuestra conciencia ni nuestra dignidad a cambio de un puñado de billetes. Eso no está dentro de nuestros presupuestos”.

Quizás tenga razón aquel abogado que dijo que “la ética nada tiene que ver con el derecho”. En esa misma línea, creo que ya podemos asegurar que la ética nada tiene que ver con el ejercicio periodístico. Si es así, apague y vámonos. Eso sí, antes de hacerlo, hay que hacer un reconocimiento a medios como Cuestión Pública, Vorágine, El Unicornio, Cambio y unos cuantos periodistas independientes que están cubriendo los hechos aquí expuestos con profesionalismo y rigor. Estos medios y periodistas están salvando el oficio. 

Imagen tomada de Youtube. 

AMIGOS DE GODOFREDO CÍNICO CASPA MANDARON A MATAR A JAIME GARZÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hace 24 años la derecha colombiana planeó y asesinó a Jaime Garzón Forero. Con su eliminación física, esa parte del país que entendía su humor y la sátira política lamentó el planeado crimen y lloró a cántaros porque sus miembros comprendían que el régimen estaba dispuesto a todo, con tal de acallar a sus críticos, vistos de manera temprana como parte de eso que se conoce como el “enemigo interno”.

Asesinar al mejor humorista político del país sirvió para comprender los alcances del criminal régimen. Solo era cuestión de tiempo. Y al pasar el tiempo, vimos la tragedia: 6402 falsos positivos, cientos de docentes asesinados, entre estos al profesor Alfredo Correa de Andreís, Eudaldo Díaz…; masacres aquí y allá, y la confirmación de la captura del Estado por parte de los narco-paramilitares.

Hay que hacer referencia también a esa otra parte de Colombia que reía con las ocurrencias de Garzón, pero que jamás entendió los mensajes que el humorista le enviaba a esa sociedad dormida, sin memoria, paralizada y acostumbrada a la barbarie, al robo de los dineros públicos y a que los servidores públicos, no le sirvieran al público. Los jóvenes universitarios de la época rieron-reímos- a carcajadas mientras dejaba este mensaje: “que, si no reaccionamos, ustedes jóvenes, si no asumen el control de su propio país con los elementos que les da la constitución, por ejemplo, el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos…”. También dijo esa vez, en la sede de la entonces Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, que “Uribe era peligrosísimo”.

Y claro, hay que aludir también a esa otra parte del país que aplaudió a rabiar el crimen de Jaime Garzón. De esa, hacen parte militares, policías, políticos y expresidentes, muchos de estos cercanos a la propia víctima porque sentían que, en momentos muy precisos de la vida política electoral, las burlas y comentarios de Garzón les servía para mostrar una cara amable al país que gozaba en las noches en las que aparecía, en un noticiero, el lustrabotas “Heriberto de la Calle”. Muchos de los que Heriberto lustró sus finos zapatos, guardaron cómplice silencio ante la barbarie que el brillante embolador avizoraba.

No se necesita ser un curtido investigador para descubrir de dónde salieron la orden y el dinero para asesinar a Garzón. Basta con escuchar a Godofredo Cínico Caspa para saberlo. De las propias huestes de Godofredo salieron el mandato y el capital con el que Colombia dejó de reír para siempre.

Jaime Garzón hacía análisis político e histórico a través del humor. También hacía predicciones y ofrecía visiones de mediano plazo para el país. Y lo hizo a través de Godofredo Cínico Caspa cuando habló “del pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez. Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo, pacíficas autodefensas…”.

Cada año estaremos en estas, lamentando la ausencia de Garzón Forero, de la que somos responsables todos porque decidimos quedarnos en el lugar cómodo de la risa y porque seguimos votando por nuestros verdugos.

Imagen tomada de Facebook. 

¿SERÁ CAPAZ EL FISCAL BARBOSA DE VIAJAR A USA PARA ENTERARSE DE LA SANCIÓN AL GRUPO AVAL?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de conocerse la millonaria sanción o multa que deberá pagar el Grupo Aval por violar la ley de prácticas corruptas en EE. UU., el país político y económico esperaría dos reacciones institucionales: del lado del conglomerado, un mea culpa por parte de la familia Sarmiento Angulo y el anuncio, a manera de compromiso ético, de no volver a pagar coimas para obtener contratos, tal y como lo asumió ante las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica; y la segunda, el viaje del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa a territorio americano para conocer de primera mano el proceso penal y bursátil que terminó con la sanción pecuniaria en contra del Grupo Aval y su filial Corficolombiana.

Pero como estamos en Colombia, ni lo uno ni lo otro parece que se producirá, pues el gran banquero se acostumbró a manejar al país como si fuera su tienda, su finca. Su arrogancia y avaricia le alcanzaron para someter a instituciones como la Fiscalía, desde los tiempos de Néstor Humberto Martínez Neira, y a la misma entidad durante la administración del ladino Francisco Barbosa. El silencio corporativo confirma no solo la arrogancia de los miembros visibles de la familia Sarmiento, sino la subvaloración de la ética empresarial como factor clave para construir, desde el ejemplo,  una mejor sociedad.

En adelante, la narrativa que dice que “si los de arriba son corruptos y pagan coimas, por qué nosotros no podemos hacer lo mismo” se naturalizará de tal manera, que el ethos mafioso guiará en adelante la vida de cada uno de los colombianos. No habrá campaña política contra la corrupción que valga la pena si el gran banquero colombiano insiste en negarse a hacer una declaración pública de perdón y de compromiso ético y moral de no volver a corromper funcionarios y políticos para obtener millonarios contratos.

De la terna enviada por el presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia deberá salir una fiscal capaz de reabrir los procesos que Martínez Neira y Barbosa cerraron para favorecer la imagen y los intereses de la familia Sarmiento y del conglomerado. ¿Será posible que la Fiscalía por fin esté en manos del Estado y no en las sucias garras de clanes y familias capaces de pagar millonarias coimas y reconocer esos delitos únicamente ante las autoridades americanas? De no darse ese esperado escenario, la millonaria multa que deberá pagar el Grupo Aval se entenderá en Colombia como una fianza, con preclusión incluida. Otro motivo más para que se extienda en el tiempo el tutelaje gringo sobre la Colombia mafiosa y criminal.

Mientras llega ese momento, el escandaloso episodio que protagoniza la dirigencia del Grupo Aval apenas si trascendió a la opinión pública gracias a la autocensura de los grandes medios masivos, proclives a hacer tratamientos altamente bulliciosos y espectaculares de hechos que tocan, por ejemplo, al actual gobierno. Varios ejemplos al respecto: el plan para asesinar al fiscal general, anunciado por el propio Francisco Barbosa, hoy cada vez más desestimado por las autoridades de inteligencia del Estado. O los “análisis periodísticos” de las llegadas tardes del presidente, hasta sus ausencias en fotos protocolarias, pasando por las andanzas de su primogénito, el inefable Nicolás Petro Burgos. Baste con recordar el espectáculo circense que la Fiscalía le montó al hijo del jefe del Estado para capturarlo. Al final, un juez lo dejó en libertad condicional y advirtió de la no entrega de pruebas que confirmaran la entrada de dineros sucios a la campaña Petro presidente. Y lo más llamativo es que ese proceso se les fue enfriando porque en uno de los chats que expuso en la diligencia el fiscal Burgos, apareció el nombre de Alex Char.

Semejante caso de corrupción reconocido por el propio Grupo Aval ameritaría la exposición diaria de titulares, reacciones y análisis económicos, financieros, culturales y políticos en torno a los efectos de semejante sanción que recibió la familia Sarmiento Angulo. Pero no. Varios noticieros de televisión y medios impresos como EL ESPECTADOR, entre otros, optaron por desplegarse en elogios hacia la selección femenina de fútbol, para evitar el registro del hecho noticioso más importante del año. Sin duda alguna, empresas mediáticas y sus periodistas le están cuidando la espalda al gran banquero, quizás presionados por el retiro de la pauta publicitaria o por el simple hecho de conservar buenas relaciones con el poderoso mecenas electoral, mediático y político.

 

Imagen tomada de El Unicornio 

EL FUTURO DEL FÚTBOL FEMENINO EN MANOS DE UN VETUSTO PATRIARCADO

 

Por Germán Ayala Osorio

Sin una liga competitiva, con la oposición de la dirigencia y sin condiciones económicas justas, las jugadoras de la Selección Femenina de Fútbol acaban de hacer historia en el Mundial de Australia. Las muy buenas actuaciones en varios mundiales hacen pensar en que el balompié femenino de Colombia tiene un enorme potencial en las jugadoras y los cuerpos técnicos de las distintas categorías, pero falta el respaldo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), cuya dirigencia está en manos de hombres machistas que subvaloran a las mujeres deportistas. Ese vetusto patriarcado no está interesado en que el fútbol femenino progrese y dé triunfos internacionales al país.

La FCF tiene la obligación de consolidar la liga femenina, pero creo que la dirigencia tiene miedo a que el creciente respaldo que las jugadoras despertaron en la hinchada termine por opacar al torneo masculino y por esa vía se aumenten las crisis financieras que enfrentan varios clubes con sus equipos masculinos. Lo cierto es que mientras el fútbol femenino va en alza, el masculino de tiempo atrás arrastra un sostenido bajo nivel en particular en la liga nacional y claro, en los magros resultados obtenidos a nivel continental y mundial. Ver la liga masculina da pereza porque ofrecen un pobre espectáculo.

La Selección Femenina que participó en el Mundial de Australia mostró un fútbol vertical, serio, con trabajo táctico y con riqueza técnica en cada una de las jugadoras. Además, mostraron garra, pundonor, fortaleza física y mental y, sobre todo, no entraron en lo que es común en los equipos masculinos del rentado: especular con los resultados, fútbol lento, jugadores mañosos y otros tantos que saltan a las canchas solo a pegar y a ensuciar el espectáculo con bravuconadas que solo dejan ver sus debilidades técnicas y la falta de oficio dentro del terreno de juego. Por el contrario, las jugadoras del seleccionado que llegó a la instancia de los cuartos de final dieron una exhibición de rapidez, elegancia y una idea clara de ofrecer un juego vistoso, bonito y fuerte.

Con la evolución del fútbol femenino ya es tiempo de que la actual dirigencia del fútbol colombiano dé un paso al costado. Ya es tiempo de esos cargos sean ocupados por mujeres, en particular las hoy veteranas que abrieron los caminos a quienes por estos días hicieron vibrar a propios y extraños en el Mundial. Ya veremos con qué salen Jesurún y su combo de momios que se resisten a reconocer el enorme futuro que tiene el fútbol femenino en Colombia. 

 

Imagen tomada de La República

EE. UU. SANCIONA AL GRUPO AVAL Y SE CONSOLIDA COMO POLICÍA MORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La millonaria multa impuesta por autoridades americanas al Grupo Aval y a su filial, Corficolombiana constituye una vergüenza nacional, que solo sirve para consolidar el tutelaje de los Estados Unidos sobre el país y la inmoralidad de las instituciones locales, incapaces de procesar a los involucrados en los ya probados y aceptados hechos de corrupción público-privada.

Históricamente, agencias federales estadounidenses y los gobiernos, demócratas o republicanos, manejan información privilegiada sobre las andanzas de nuestra clase dirigente, empresarial y política, lo que sin duda alguna le facilita a los Estados Unidos mantener el dominio que, a manera de protectorado, ejerce sobre el país.

De esa realidad incontrastable nace la narrativa que millones de colombianos exaltan a cada momento: “allá en USA es a otro precio, allá sí funciona la justicia”. De esa manera, convertimos a los Estados Unidos en el gran policía moral del hemisferio, mientras internamente la corrupción público-privada en Colombia carcome los ya débiles cimientos de una sociedad que deviene de tiempo atrás confundida moralmente.

Comparecer ante las autoridades americanas y pagar una millonaria multa en dólares parece ser más digno, que responder ante los entes de control local, a los que parece fácil someter por algunos pesos o lo que es peor, porque al frente de estos están fichas, funcionarios amanuenses, mandaderos.

Aquí van varios ejemplos que coadyuvan a la consolidación de los gringos como nuestra preferida policía moral. Hablemos de las extradiciones de nacionales para ser juzgados en cortes americanas. El caso más reciente, el del criminal Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, condenado a 45 años de prisión, da cuenta de los intereses gringos en conocer detalles de la histórica colaboración de políticos, militares y empresarios con las actividades ilegales desarrolladas por el Clan del Golfo: narcotráfico, lavado de activos, delitos electorales, captura de agencias del Estado, despojo de tierras, apropiación de recursos públicos y paramilitarismo. Si alias Otoniel prende el ventilador -si es que secretamente ya no lo hizo ante las autoridades americanas-, entonces los americanos sabrán quiénes son los militares, políticos y empresarios que se aliaron con el Clan del Golfo, para delinquir. A lo mejor ya lo saben.

Si el tutelaje americano sirviera para procesar expresidentes de la República sobre los que la DEA y otras agencias tienen o tuvieron información de sus relaciones con estructuras mafiosas, entonces dicha supervisión y dominio político-moral debería ser aplaudido por cada colombiano. En sectores societales y periodísticos se preguntan por ejemplo qué pasó con aquel listado en el que aparece Álvaro Uribe Vélez reseñado como el narcotraficante número 82.

El columnista Yohir Akerman en 2016 escribió para EL ESPECTADOR lo siguiente: “El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez lleva en la mira de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos desde mediados de los ochentas. En marzo de 1991, la Defense Intelligence Agency (DIA) o Agencia de Inteligencia de las Fuerzas Militares de ese país, elaboró un listado de 104 personas que estaban relacionadas, conectadas o trabajaban directamente para los carteles de narcotráfico, en especial el de Medellín”.

Si se tratara de una relación bilateral respetuosa, sana y encaminada a tener un socio comercial y un aliado político y militar limpio de cualquier sospecha y mancha, justamente por la importancia que los gringos le dan a la lucha contra el narcotráfico internacional, entonces los gobiernos americanos que conocieron de ese listado debieron entregar toda la información a las autoridades colombianas y presionarlas para que lo procesaran. Pero no sucedió así. Huelga recordar que en 2004 fue desclasificado ese documento.

Muy seguramente, desde el 2004 que se desclasificó el ya referido listado, agencias americanas aprovecharon las condiciones dadas y generadas por la aplicación de la política de seguridad democrática, para mover los intereses de las empresas fabricantes de armas y helicópteros y los de sus aliados en el mundo, como Israel, para proveer todo el material de guerra posible, para intensificar el conflicto armado interno. Y por supuesto, para mantener viva la fracasada guerra contra las drogas. Por eso será que resulta cierta la sentencia que dice que en política (internacional) no hay amigos, hay intereses.

El caso del entonces presidente Andrés Pastrana Arango también sirve para anotar la complacencia política y diplomática de los americanos con gobiernos señalados, como el de Pastrana, de haber sido elegidos gracias a los aportes, en este caso, del Cartel de Cali. En una misiva enviada por los hermanos Rodríguez Orejuela, se lee lo siguiente: “(…) ayudamos en los últimos 50 años del siglo pasado tanto a Liberales como a Conservadores. Su campaña no podría ser una excepción y de eso un testigo de excepción podría ser el doctor Álvaro Pava hijo. La única manera en que usted podría decir que no lo sabe es que también haya sido a sus espaldas”.

Una vez instalado Pastrana en la Casa de Nariño, vino el Plan Colombia, política pública de carácter internacional -no discutida en el Congreso colombiano- que permitió la intervención militar gringa en el conflicto armado interno a través de la entrega de la más grande y costosa ayuda militar: “instalación y dotación de un batallón antinarcóticos. 63 helicópteros Black Hawk, 11 aviones de guerra Modernización infraestructura de la Fuerza Aérea Logística y Red de Inteligencia. 11 aviones OV-10 para las FFMM de Colombia, 1 aeronave con visor infrarrojo radar y sensores en Leticia (ya operan) y Tres Esquinas Centro de Telecomunicaciones. Para la Policía Nacional: Sistemas de Comunicaciones, armas, municiones y bases antinarcóticos en las fronteras con Perú y Ecuador. 15 aeronaves 10 helicópteros Super Hueys”. (Tomado de Plan Colombia: doctrina de seguridad nacional y rehegemonización gringa).

Pero todos sabemos que la información recopilada por las agencias americanas y el departamento de Estado y de justicia sobre los presidentes colombianos se usa para poder imponer condiciones económicas como las que confluyeron en la firma del TLC con los gringos. De igual manera, para afianzar los intereses militares en la región, usando el territorio nacional como plataforma para instalar bases y equipos de monitoreo. El Plan Colombia es un buen ejemplo de ello.

A la entrega de bandidos, vía extradición, se suma ahora la comparecencia del Grupo Aval y Corficolombiana ante autoridades americanas que los sancionaron por violar la ley de prácticas corruptas en EE. UU. La suma millonaria (80 millones de dólares) serviría para cesar el proceso penal que afecta al conglomerado económico colombiano. Todos los hechos jurídico-políticos aquí reseñados solo sirven para consolidar a USA como el policía moral que necesitamos para seguir siendo un régimen corrupto y violento, porque internamente no existen verdaderas instituciones y garantías para procesar a quienes delinquen desde una fría oficina, unidad militar o campamento instalado en lo más profundo de la selva.

 

Imagen tomada de las 2 Orillas. 

SANCIÓN MILLONARIA AL GRUPO AVAL Y LA VERGONZOSA INSTITUCIONALIDAD COLOMBIANA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La millonaria sanción en dólares que acaba de imponer la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos al Grupo Aval y su filial, Corficolombiana, constituye un hecho jurídico-político y mediático que bien puede ser calificado como el hecho del año, por encima del escándalo del primogénito del presidente de la República, Nicolás Petro.

Los hechos delictivos que sustentan la dura sanción se dan en el marco de un proceso penal y bursátil que las autoridades americanas abrieron en contra del Grupo Aval, en cabeza de la familia Sarmiento Angulo. No está claro hasta el momento si con el pago realizado cesa todo proceso penal en contra de los involucrados que trabajan para el conglomerado económico y fueron cercanos a los hechos investigados.

En el resumen de la resolución emitida por la SEC se lee lo siguiente: “El presente proceso surge por la participación de Corficolombiana, a través de su expresidente como se describe a continuación, en un esquema de soborno relacionado con el proyecto de construcción de carreteras más grande en la historia de Colombia, conocido como Ruta del Sol II (“RDS 2”), y específicamente la construcción de una prolongación de la carretera a la RDS 2 (la “Prolongación Ocaña­ Gamarra”). El esquema de soborno tuvo lugar en un contexto de falta de mantenimiento de suficientes controles contables internos y libros y registros que ocultaron los sobornos como gastos comerciales legítimos. Como agente de Grupo Aval, Corficolombiana violó las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero («FCPA») y fue causa de las violaciones de Grupo Aval de las disposiciones sobre libros y registros y controles contables internos de la FCPA” (Tomado de Cuestión Pública).

La decisión de la SEC deja muy mal paradas a las autoridades colombianas, en particular a la Fiscalía, entidad incapaz de procesar a quienes desde ese conglomerado económico tienen responsabilidades en los actos de corrupción ocurridos con ocasión de la construcción del señalado carreteable en manos de la multinacional Odebrecht. En particular las Fiscalías de Martínez Neira y Francisco Barbosa que poco o nada hicieron para esclarecer lo sucedido no solo en torno a los sobornos -Martínez Neira diría, “eso es una coima, marica-, sino a la entrada de dineros de la multinacional brasilera a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga (vinculado ya a un proceso penal, junto con su hijo) y la de Iván Duque Márquez.

Estamos hablando de corrupción de cuello blanco, al más alto nivel político, social y económico, lo que consolida la negativa representación social que indica que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo. Las circunstancias que confluyen en el lamentable hecho noticioso ameritarían una reflexión en una sociedad como la nuestra que deviene confundida moralmente. Pero ello no sucederá, porque al estar todos metidos en el sistema capitalista, somos proclives a pasar estas conductas delictivas porque el régimen de poder debe perpetuarse en el tiempo, junto con todas las inmundicias que produce y reproduce.

Insisto en que la sanción de las autoridades americanas compromete a varias instituciones estatales y a las institucionalidades de allí derivadas. Es tan grave el asunto, que la ya manida narrativa “dejemos que las instituciones funcionen, que hagan su trabajo” se torna insulsa, esto es, un lugar común al que apelan políticos profesionales, en particular aquellos que, al pronunciarlas, saben que no va a pasar nada porque se trata de gente muy poderosa. En este caso, del banquero Sarmiento Angulo. Lo mismo ocurrió con un informe de la Contraloría General de la República, durante la administración de Sandra Morelli Rico, en el que se exponen casos de apropiación irregular de baldíos en la altillanura. En estos aparece el hijo de Sarmiento Angulo y otras poderosas familias.

Resulta a todas luces vergonzoso que sean justamente las autoridades americanas las que hagan la tarea que sus similares en Colombia jamás hicieron: investigar, procesar y sancionar al Grupo Aval y a los directivos de Corficolombiana comprometidos en los hechos sobre los que la SEC tomó la decisión de sancionar al conglomerado económico y financiero.

En cuanto al carácter mediático de la millonaria sanción, hay que decir que se confirma que los criterios de noticiabilidad y el tratamiento esperado de los hechos noticiables son acomodaticios, lo que de inmediato afecta la construcción de la verdad de lo acontecido. El periódico EL TIEMPO, propiedad del banquero, manipula la información y expone a sus lectores medias verdades. Miremos algunos titulares:

Justicia de EE. UU. deja libre de investigaciones a Grupo Aval por caso Odebrecht

Ruta del Sol II. Estamos ante un titular que encubre el hecho noticioso principal: la sanción millonaria. Al obviar esta circunstancia, EL TIEMPO les miente a sus lectores y por esa vía, trata de cuidar la ya negativa imagen que arrastra el Grupo Aval. En ese mismo sentido se dio el titular de Caracol radio: Por caso Odebrecht, Grupo Aval libre de investigaciones en Estados Unidos.

Entre tanto, el portal Semana.com titula de esta manera: “Atención: Estados Unidos cierra capítulo de Odebrecht para Grupo Aval y Corficolombiana y les impone multa por 80 millones de dólares”.  El titular de Semana cumple a cabalidad con los criterios de noticiabilidad al valorar el hecho noticiable en las dos perspectivas más importantes que se derivan del mismo: el cierre del proceso- aunque hay dudas al respecto- y la millonaria multa. Llama la atención el cuidado que tuvo la directora del portal Semana al titular de esa manera, pues es muy dada a publicar titulares amarillistas.

Destaco el titular del medio alternativo Cuestión Pública: Grupo aval es sancionado por violar la ley de prácticas corruptas en EE. UU. Se trata de un titular preciso que, sin ambages, recoge el carácter jurídico con el que se examina las conductas delictivas cometidas por agentes del Grupo Aval y su filial. En la bajada de su página web se lee: “El conglomerado de Luis Carlos Sarmiento Angulo llegó a un acuerdo con la Securities and Exchange Commission (SEC), agencia que regula e investiga a las compañías que cotizan en la bolsa de valores ese país, y Corficolombiana deberá pagar 80 millones de dólares. ¡Descarga la decisión de la SEC!”

El periodismo es uno solo. Lo demás son intereses de los propietarios de los medios, la obediencia de los editores y sus titulares amañados y el real compromiso con la verdad. Y la verdad, en este y otros casos, tiene precio, así no sea en la misma cuantía de la sanción de la que aquí hablamos.

Imagen tomada de Cuestión Pública

 

ASESINARON (MORALMENTE) AL CARICATURISTA MATADOR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Asesinar el humor hace parte de las lógicas de una sociedad como la colombiana que se acostumbró a todo tipo de violencias (estructural, cultural- simbólica y física). Después del homicidio de Jaime Garzón, el país político entró en una profunda tristeza por la forzada partida del gran humorista y crítico político. Después de ese grave episodio, ahora emerge el “asesinato moral” como estrategia para acallar a los humoristas críticos. Bueno, por estos días el caricaturista Matador es víctima de esa práctica social y política.

El periódico EL TIEMPO, hoy en manos del mezquino magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo, decidió prescindir del humor de Matador, por cuenta de un suceso de violencia familiar protagonizado por el caricaturista, Julio César González. Después de 10 años de cometido el error, enmendado al interior de su familia, un abogado cuyo nombre prefiero no recordar, hurgó en la historia judicial y encontró el motivo para que el diario bogotano optara por sacar de sus páginas al incómodo caricaturista.

En un rápido  “juicio sumario”, el periódico EL TIEMPO, hasta hace unos años de orientación liberal, tomó la decisión de sacar de circulación el humor de Matador. Lo hecho por el abogado y EL TIEMPO bien entra en la categoría “asesinato moral”. Expuesto el asunto en las redes sociales, González fue lapidado, pero antes de ser llevado al cadalso, su imagen de Padre y esposo fue enlodada y cubierta bajo una espesa capa de fango. Ese vergonzoso episodio que por varios años guardó junto con su esposa, fue descubierto y usado para asesinarlo moralmente.

Como víctima, Matador se vio obligado a hacer una declaración pública que, si bien va dirigida a sus hijos, la verdad es que constituye una denuncia de quien ha sido asesinado moralmente por quienes no pudieron vencerlo en el escenario del humor y mucho menos en el de la argumentación. Hace rato la derecha erigió al reconocido caricaturista en el enemigo del régimen. Asesinar moralmente, por supuesto, es menos grave que el homicidio, pero sobrellevar  los señalamientos morales resulta más doloroso, en particular cuando hay hijos de por medio. Lo curioso de todo esto es que todos los días, en los diarios, incluido EL TIEMPO, se registran hechos inmorales e incluso, eticidades contaminadas por el ethos mafioso que todos, por acción u omisión, hemos validado. En esas páginas, se registran las caídas de puentes o las coimas en vías mal construidas y mal iluminadas por el sol (II).

Sin duda alguna, Matador cometió un error espantoso. Quienes seguimos y disfrutamos de sus caricaturas estamos seguros de que la ética, para él, sí tiene que ver y, mucho, con el humor. Insisto en que una sociedad que asesina, física y moralmente, a sus humoristas y caricaturistas, deviene enferma y hasta inviable.

Imagen tomada de Blu Radio. 

URIBE VÉLEZ DESPRECIÓ A VARGAS LLERAS

 

Por Germán Ayala Osorio

Por estos días, el inefable Germán Vargas Lleras, propietario de la empresa electoral, Cambio Radical, anda desesperado buscando aliados para consolidar una oposición política que trate de erosionar la legitimidad del gobierno de Gustavo Petro. Es tal el nivel de exasperación de este hijo de la rancia élite bogotana, que públicamente criticó al expresidente y ex presidiario, Álvaro Uribe Vélez, por su silencio frente a la administración de Petro.

En su queja, Vargas Lleras señaló que se “está sintiendo solo”. Este ladino delfín representa con enorme claridad la forma tradicional en la que opera la derecha, orilla ideológica en la que está instalado de tiempo atrás este momio. Si por algo se distingue la derecha colombiana es por el pragmatismo a la hora de juntar esfuerzos, lo que lleva a sus más connotados líderes y miembros a transar, incluso, si ello implica dejar de lado viejas rencillas, graves señalamientos entre sus militantes y por supuesto, las sanciones penales y sociales por crímenes o actos de corrupción cometidos. Las discusiones conceptuales no los enredan. Eso es propio de la izquierda colombiana, menos pragmática a la hora de establecer alianzas políticas y definir, filosóficamente, el norte de un gobierno o de un plan de desarrollo.

Baste con recordar el agrio enfrentamiento entre Uribe y Vargas Lleras por mutuos señalamientos de tener vínculos con grupos paramilitares, para entender el inmoral pragmatismo de la derecha colombiana a la hora de hacer componendas o de buscar, como es este caso, urdir acciones políticas  y pre políticas conducentes a afectar la gobernabilidad del gobierno de Petro.

Vargas Lleras recrimina al ex convicto y expresidente porque durante la administración de Santos, Uribe lo atacó de manera implacable. El país vio por esos días al exmandatario antioqueño declararse en rebeldía y en resistencia ante el acuerdo de paz logrado en La Habana entre el Estado y las entonces Farc-Ep.

En su gemido, Vargas Lleras olvida varios detalles: el primero, la pérdida de credibilidad que acosa a Uribe Vélez, fruto del proceso penal que se lleva en su contra por fraude procesal y manipulación de testigos. Por esos graves delitos la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo privó de su libertad y el INPEC lo reseñó en su momento como convicto con el número 1087985. El segundo, y quizás el más importante, es que Uribe Vélez se reunió tres veces con el presidente  Gustavo Petro. Quizás en esos encuentros el ex presidiario y el presidente de la República acordaron que el exmandatario no haría una férrea oposición, sin que ello impidiera a sus esbirros atacar, a discreción,  al jefe del Estado.

A la inexorable soledad a la que está condenado Vargas Lleras hay que sumarle la rabia que lo debe embargar al saber que su sueño infantil de ser presidente de la República se desvaneció por completo. Su mal carácter, racismo y clasismo, así como la historia de corrupción que persigue a su micro empresa electoral le fueron restando fuerza electoral. En su desespero, anda por estos días por el departamento de Antioquia impulsando acciones gremiales en contra de la reforma laboral. Incluso, acepta que empresarios de esa región del país tendrían un plan B si dichas modificaciones laborales pasan en el Congreso: echar gente de manera masiva.

No es así como se construye país, señor Vargas Lleras. Su clasismo y  carácter feudatario le impiden ver la pauperización laboral de millones de trabajadores que el neoliberalismo, liderado por su amigo Álvaro Uribe Vélez, logró en 23 años.

Le haría un bien al país retirándose de la vida política, señor Vargas Lleras. Ahora que se está sintiendo solo, tome la decisión y retírese lentamente. El país no lo necesita. El caballista de El Ubérrimo, el Gran Patán, ya lo despreció.

Imagen tomada de La FM

CASO URIBE VÉLEZ: FISCALÍA PREPARA LA TERCERA SOLICITUD DE PRECLUSIÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

Por segunda vez una jueza le niega a la Fiscalía General de la Nación la inmoral solicitud de preclusión del proceso que se lleva en contra del expresidente y ex presidiario, Álvaro Uribe Vélez. Le corresponderá ahora al Tribunal Superior de Bogotá determinar si lo actuado por la jueza 41, Laura Barrera, que recién negó la impúdica deferencia del ente investigador con el señor Uribe Vélez, se ajustó a las normas o si por el contrario, acoge la solicitud de la Fiscalía. Si el Tribunal Superior respalda lo actuado por la jueza, la Fiscalía podría elevar la tercera solicitud de preclusión con el firme propósito de dilatar el proceso y por esa vía burlarse de las víctimas de Uribe Vélez. El objetivo es claro: evitar llevar a juicio al político colombiano (y expresidente) más investigado y señalado de la comisión de delitos graves y atroces.

Lo curioso de todo este enrevesado proceso judicial es el silencio que guardan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ante las obscenas solicitudes de preclusión de la Fiscalía. Las juezas 28 y 41, con total determinación, defendieron lo actuado por los magistrados de la Sala de Instrucción, operadores judiciales que investigaron a Uribe mientras fue congresista y le imputaron los cargos de soborno de testigos y fraude procesal. Los colegios de abogados se suman también a ese mutismo de los magistrados, lo que sin duda minimiza la gravedad de lo actuado hasta el momento por el ente acusador e investigador.

La defensa que viene haciendo la Fiscalía de Uribe Vélez es a todas luces inmoral porque no se está defendiendo la dignidad presidencial que representó en su calidad de jefe del Estado y la que debería de cuidar en su calidad de expresidente; por el contrario y de manera caprichosa, lo que se está haciendo es deslegitimar a la Sala de Instrucción y por esa vía, restarle honorabilidad a la Corte Suprema de Justicia. Con esas dos solicitudes de preclusión, lo que está haciendo el fiscal Francisco Barbosa es erosionar la legitimidad del alto tribunal de justicia. No se trata entonces de un enfrentamiento entre doctrinas jurídicas contrarias. No. Por el contrario, todo se reduce a un desafío ideológico, ético-político y moral que desde la Fiscalía se le hace a la Corte Suprema de Justicia y a la sociedad que jamás comulgó con las andanzas del hoy imputado y sub judice ciudadano y expresidente.

A Uribe Vélez poco o nada le importa aquello de la dignidad presidencial porque jamás se sintió cómodo al estar cobijado por esa inmerecida condición honorífica que millones de colombianos le entregaron al elegirlo como presidente de la República en 2002 y reelegirlo en 2006. Y es así, porque lo de él se reducía al deseo de mandar y gobernar a sus anchas, incluso, irrespetando a los magistrados de la CSJ. El país sabe que desde la presidencia se ordenó chuzar a los magistrados, usando al antiguo DAS como la policía política al servicio de Uribe Vélez. Los millones de colombianos que votaron  por Uribe en el 2002 buscaban a un Papá-Mesías que les resolviera con determinación y violencia lo que en ese momento consideraban que era el único problema del país: las guerrillas. Algunos, al darse cuenta de los falsos positivos, cayeron en cuenta del grave error que cometieron al votar por el político antioqueño.

Salvar a Uribe de un juicio y de una posible condena por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos responde al objetivo de frenar la inexorable pérdida del teflón con el que medios masivos y agentes económicos de la sociedad civil ocultaron el verdadero rosto del exmandatario. Convertida la Fiscalía en el bunker de la derecha y la ultraderecha, lo que pretende el fiscal Barbosa y sus fichas al interior de esa entidad es salvarle el pellejo al pastor que guía moralmente a políticos y a cientos de miles de colombianos que necesitan ser guiados como menores de edad; unos y otros comparten valores como el Todo Vale y una sinuosa idea de lo que es la Patria. Desde los sótanos de ese bunker se escucha, con eco incluido, un tenebroso grito de ¡Ajúa!

Imagen tomada de El Tiempo

MANCUSO Y EL PAÍS DE MIERDA QUE LO VIO ACTUAR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Más allá de los intereses judiciales de Salvatore Mancuso, sus confesiones en la JEP dan  cuenta de una profunda degradación moral de sectores claves de la sociedad colombiana: la ignominia tocó a generales, coroneles, capitanes, tenientes, soldados…; a dirigentes políticos, presidentes de la República y agentes gremiales, a funcionarios estatales; a grandes empresas, incluidas multinacionales y a periodistas que se comportaron como estafetas del proyecto paramilitar. Todos juntos, responsables, directos e indirectos, de masacres, desapariciones, desplazamientos y reclutamientos forzados, de violencia sexual que sufrieron mujeres y niñas, muchas de ellas empaladas por los propios paramilitares.

La pregunta es: ¿Qué pasará? A lo mejor no mucho, aunque esperaría que la justicia transicional, representada en la JEP y la ordinaria, de la mano de las altas Cortes, juntaran esfuerzos jurisdiccionales para procesar a cada uno de los personajes que Mancuso señaló durante estos cuatro días en los que desnudó lo que somos como sociedad: un verdadero lodazal de inmoralidad; una caldera de vanidades y pulsiones malévolas; un siniestro teatro de eticidades en crisis; un escenario caótico en el que se naturalizó el miedo- el terror- de tener que vivir juntos. Un sótano helado en el que conviven las más peligrosas criaturas; las menos evolucionadas en sus sistemas nerviosos centrales.

Cuando Mancuso dice y reconoce que él fue el Estado, entonces se confirma la presencia y la existencia de un doble Estado en Colombia: de un lado, el Estado formal al que acuden los ciudadanos a pagar impuestos, a hacer reclamos; y el otro, al servicio de una élite tan criminal como el que hoy  acusa y señala a varios de sus miembros.

La frase o sentencia del periodista aquel que despidió el noticiero con un adiós “país de mierda” se queda corta, pequeña y diminuta, como la altura ética de todos los involucrados en el crudo relato del confeso criminal. Tiempo después, ese mismo periodista deportivo se dedicó a mostrar sus afectos por la derecha que acompañó a Mancuso en sus andanzas.

Malditos todos. Unos y otros traicionaron la confianza de sectores societales que consumieron sus productos y servicios; que hicieron transacciones económicas y acuerdos políticos. Muy seguramente, también traicionaron la confianza de sus hijos, hijas, esposas, esposos, familiares todos. Pero también malditos quienes desde el Estado, portando un uniforme, agitando una bandera política, o simplemente sentados en un frío escritorio, aportaron a la consolidación de un Estado criminal.

Propongo que todos los que Mancuso señaló, salgan a reconocer que efectivamente aportaron, bajo presión o no, al proyecto paramilitar. Hay que convertir cada parque y plazoleta pública en un escenario de reconocimiento de responsabilidades. Todos deberíamos de salir a los parques para encontrarnos en el dolor de reconocer que nos odiamos. Odiamos a los rojos, indígenas, negros, campesinos; a la derecha, al centro; al apolítico, al crítico, al que no dice nada; al hincha del equipo contrario; al ateo, agnóstico, al cristiano; al homosexual; al heterosexual; al que escribe, al que no; al que lee y al que no; salgamos también a gritar que como sociedad estamos enfermos. Y por supuesto, a decirnos que nos quedó grande construir una nación moderna y civilizada.

Imagen tomada de Semana.com

GUAIDÓ MÁRQUEZ Y DUQUE MÁRQUEZ: PARECIDOS RAZONABLES

 

Por Germán Ayala Osorio

Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez pasará a la historia como el más grande payaso de la derecha venezolana. Ese reconocimiento se lo ganó por haberse auto proclamado “presidente interino de Venezuela”. Guaidó Márquez “gobernó” sin ministros, sin fuerzas armadas y sin territorio. Es decir, en su propio mundo imaginario, su Narnia.

Ese mismo relato histórico deberá dar cuenta de que su imaginario ejercicio del poder fue convalidado por un arlequín colombiano que, contrario al bufón venezolano, sí llegó a tener ministros a su cargo, a pesar de que sus decisiones y actos de gobierno siempre dependieron de las orientaciones dadas por su dueño, conocido como el Gran Titiritero.

El fantasioso mandato de este  gracioso mamarracho lo llevó a viajar en aeronaves oficiales que su amigo, el Títere, Iván Duque Márquez, le prestaba para que su fantasía se acercara en algo a la realidad. Además de viajar como si verdad fuera presidente de alguna República, era recibido con honores militares. Debido a la obediencia debida, jamás sabremos qué pensaron los generales o coroneles que ofrecieron su saludo castrense a un mandatario sin territorio, sin pueblo, sin autoridad…

Para comprender la amistad entrañable entre estos dos polichinelas latinoamericanos se sugiere mirar el significado de la palabra que les sirve de apellido: Márquez. “Persona con el título nobiliario inferior al de duque y superior al de conde”.

Guaidó Márquez fue un presidente que apenas si se gobernó así mismo y Duque Márquez un presidente sin imaginación, autonomía y criterio. Creo que en la historia política de Venezuela y Colombia se deberá reconocer que en un corto periodo ambos países vivieron un proceso de “infantilización” por cuenta de esas dos figuritas que le quitaron seriedad a la política, hasta convertirla en una ronda infantil, en un juego de infantes que se acostumbraron a jugar a ser presidentes, de la misma manera como otros menores jugaban al papá y a la mamá.

Guaidó dejó el poder imaginado y viajó a la tierra del Tío Sam, esta vez en un avión comercial, a cumplir el sueño americano; mientras tanto, Duque sigue en la búsqueda de convertirse en una estrella de rock o un DJ. Lo curioso de estos muñecos es que se ganaron un lugar especial en los niños que algún día leerán sus biografías y el fantasioso mundo en el que vivieron por unos cuantos años. ¡Payasos!

Imagen tomada de Pulzo. 

LOS ACTOS DE HABLA QUE DESNUNDAN AL VERDADERO ÁLVARO URIBE

 

 

Por Germán Ayala Osorio

En la reciente audiencia del caso Uribe, el ex fiscal Eduardo Montealegre apeló a la filosofía del lenguaje para consolidar la fortaleza argumental de sus cuestionamientos de las conductas punibles por las que está procesado el expresidente y ex presidiario Álvaro Uribe Vélez. En su intervención, el penalista se aventuró a hacer un análisis de varias expresiones del latifundista, con el objetivo de consolidar una hipótesis explicativa de lo ocurrido con la manipulación de testigos, uno de los cargos por los que permanece imputado - y emputado- el temido político antioqueño.

Lo que intentó hacer Montealegre fue un análisis semántico (discursivo) de lo dicho por Uribe Vélez. No se trata de simples actos de habla. Por el contrario, esas expresiones están ancladas a formas representacionales y al lugar de enunciación en el que se ubica quien las emite. De esas representaciones sociales se puede colegir, por ejemplo, qué piensa Uribe de la justicia y de sus enemigos. Uribe no reconoce detractores, sino enemigos. Recuérdese cuando le gritaba al entonces congresista, Gustavo Petro, “sicario moral” y que lo prefería en armas y en el monte y no en el Congreso de la República. Uribe dijo: “Prefiero 80 veces al guerrillero en armas que al sicariato moral difamando”.

Otras expresiones de Uribe Vélez en momentos distintos,  “donde lo vea le voy a dar en la cara marica” y  “esta llamada la están escuchando esos hijueputas”, dan cuenta de su perfil violento, burdo, homofóbico y de su renuncia o nula valoración a la dignidad presidencial que lo acompañó durante 8 años y que lo sigue abrigando en su calidad de expresidente. De la segunda frase se colige que aquello de la escucha de las comunicaciones de los demás y de las propias es una conducta normalizada en Colombia, en particular durante el periodo comprendido entre el 2002 y el 2010. Recuérdese las chuzadas que desde el DAS se ordenaron contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estaban procesando por paramilitarismo a congresistas cercanos a Uribe. El DAS fue la policía política de Uribe.

Montealegre dijo en su intervención ante la jueza 41, Laura Barrera, que Álvaro Uribe creó una “máquina criminal” de la que hicieron parte convictos y abogados que le sirvieron de “mandaderos”,  con los que intentó “persuadir” a testigos en su contra, para que se retractaran de sus versiones que indican que en el pasado, en la hacienda Las Guacharacas se planearon actividades paramilitares. Hay que recordar el sentido dado por el propio Uribe al vocablo “persuadir”. El contexto de dicho término nos lleva a la respuesta dada por el entonces presidente ante la posible compra de las conciencias de los congresistas, en el marco de la reelección presidencial inmediata. Las críticas recibidas y las denuncias confirmaron una serie de irregularidades en el trámite reeleccionista. Al final, triunfó la narrativa que la reelección fue comprada. En su momento, “el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, acusó al  mandatario Álvaro Uribe de convivir con la politiquería y “comprar conciencias” para lograr la aprobación de un proyecto que busca implantar la reelección y que le permitiría aspirar a un segundo periodo”.

Otras expresiones famosas de Uribe Vélez son: “Es necesario atrofiar los malos retoños” y “proceda doctor Cadena”. De la primera se puede inferir que hay una tendencia del procesado a ordenar la eliminación de todo lo que moleste o estorbe. Un “mal retoño” puede referirse a un mal hijo, o un hijo que equivocó el camino, de ahí la necesidad de atrofiarlo para que no continúe por esa senda. Se puede asociar al siguiente acto de habla: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.

En cuanto a “proceda doctor Cadena”, dicho acto de habla sugiere que Uribe está autorizando, validando y legitimando al autodenominado  aboganster a hacer las diligencias en las cárceles, esto es, persuadir a los testigos en contra de Uribe, para que cambiaran sus versiones. Igualmente, el término proceda se puede asociar a la idea u objetivo de hacer lo que tenga que hacer, pero con diligencia. Antecede a la autorización el poder político de Uribe Vélez y por supuesto, la complacencia de Cadena de servirle a un expresidente de la República, así ello tenga comprometida su libertad, el ejercicio de su profesión y por supuesto, su imagen como abogado.

Más allá de la referencia a la filosofía del lenguaje y al análisis discursivo (sistémicos) de los actos de habla del gran imputado, lo que sí queda claro es que a través del lenguaje y de los usos particulares de la lengua, nos desnudamos ante el mundo. Para el caso que nos ocupa en esta columna, ya el país sabe quién es Álvaro Uribe Vélez. Y no se necesita del fallo de un juez o jueza de la República para señalar que la exposición histórica de sus partes pudendas, a causa o en razón de sus actos de habla, dejan muchas dudas sobre su probidad y decencia. Por lo menos ya tenemos claro que es un vulgar patán o como lo calificó el entonces presidente Juan Manuel Santos: un rufián de esquina.

Imagen tomada de La Oreja Roja

REFORMA A LA SALUD: DOS IRRECONCILIABLES CONCEPCIONES DE ESTADO

 

Por Germán Ayala Osorio

En la discusión del proyecto de reforma a la salud del gobierno, confluyen, fundamentalmente, dos ideas o concepciones alrededor de lo que debe ser el Estado. En la propuesta diseñada por la ministra Carolina Corcho hay una visión de un Estado social de derecho, maximizado por la ilusión del presidente Petro de llevar a Colombia por los caminos de los estados de bienestar europeos. Esa meta presidencial simplemente es inalcanzable porque lograrla supone un cambio cultural profundo con el que quedarían superadas circunstancias civilizatorias negativas que han impedido en gran medida construir una verdadera República, una nación grande y una sociedad moderna. Esas circunstancias civilizatorias negativas son: un encarnado ethos mafioso y  la consolidación de unas élites corruptas y con perfiles fascitas, expresados en la animadversión que los aleja de ver a indígenas, campesinos y afros, como ciudadanos con igualdad de derechos.

Por el contrario, en la contra propuesta presentada por las tres mulas muertas (Gaviria, Toro y Cepeda) que se le atravesaron al gobierno, sobresale la idea de un Estado privatizado que por más  de 30 años ha estado al servicio de mafias, clanes y familias políticas con vínculos con grupos paramilitares receptores de los recursos de la salud. Ese país premoderno que surgió de esa perversa operación del Estado se resiste a transformarse en uno moderno y republicano. Gaviria, Toro y Cepeda representan el pasado de una sociedad que se acostumbró a que lo estatal no funciona por culpa de la negligencia de sus funcionarios y una disfuncional burocracia, de ahí que se necesite del concurso de los privados, presentados como impolutos, creativos y diligentes. La quiebra de las EPS y la corrupción les demostró que lo privado no necesariamente es mejor que lo estatal.

El enfrentamiento político e ideológico que hoy rodea la discusión de la reforma al interior del Congreso es el resultado de lo difícil que es y será conciliar dos concepciones del Estado diametralmente contrarias. Lo curioso de todo es que en las narrativas mediáticas e incluso, en los propios discursos de defensores de la propuesta del gobierno no se alude al asunto de fondo al que aquí me refiero.

En cuanto a la reacción patriarcal del iliberal y consumado neoliberal, César Gaviria Trujillo, de amenazar a los congresistas liberales que apoyen el articulado de la reforma oficial a la salud, hay que decir que esta da cuenta del talante arbitrario y poco democrático de este siervo de los banqueros y de todos los agentes sociales y económicos que de tiempo atrás se sirven del Estado para amasar las fortunas con las que logran poner congresistas, presidentes de la República y por supuesto, directores de partidos políticos; estos últimos convertidos en apéndices de los intereses corporativos de dos o tres familias poderosas.

En lo que refiere a la respuesta que el presidente Petro, al invitar al pueblo a que se levante, señalo que resulta inconveniente y peligrosa. Hay que explorar otros mecanismos para deslegitimar la vigencia de Gaviria, Toro y Cepeda. Uno de ellos podría ser el de la justicia, referido a los procesos judiciales en los que están involucrados la exgobernadora del Valle del Cauca y zarina de la salud departamental y el director del partido Conservador, Efraín Cepeda. Frente al expresidente Gaviria, al gobierno le queda insistir en la fractura de su mandato. La misiva que 18 de los 33 representantes liberales le enviaron al nefasto director del insepulto partido Liberal es una señal  y una puerta que se abrió para ponerle fin al reinado de este parásito con fuero presidencial.

Imagen tomada de El Espectador

ANDRÉS PASTRANA Y SU INFANTIL CARTA A BIDEN

 

Por Germán Ayala Osorio

La carta que el expresidente Andrés Pastrana Arango le envió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene un tufillo de revanchismo político-electoral, al que se suma el talante panfletario con el que el hijo de Misael Pastrana Borrero queda muy mal parado ante la opinión pública y probablemente, ante el propio presidente americano.

Miremos apartes del contenido de la misiva. El dirigente conservador exalta el Plan Colombia por ser fruto del trabajo bipartidista de republicanos y demócratas que finalmente aprobaron dicha política pública internacional que se aplicó en Colombia sin ningún control  político por parte  del Congreso colombiano. La referencia a dicho plan la hace el fatuo y mendaz expresidente para aludir a la “amistad” que supuestamente los une, de la que el mismo expresidente colombiano tiene dudas, al decir “me atrevo a decir”.

El tono de la carta es propio de un resentido que usa su condición de expresidente para quejarse del actual presidente de la República, con el que sostiene un enfrentamiento político. Pastrana señala en la carta que Petro “una vez en el poder, aceleró el desmonte de los componentes sociales y antinarcóticos del Plan Colombia”. Seguramente el nefasto político conservador se refiere a Familias en Acción, un programa que se volvió, a partir de su gobierno, en política pública de Estado con la que se consolidó la perversa relación clientelista entre los aspirantes a la presidencia y las familias pobres beneficiadas con la entrega de esas migajas de subsidios. Hay que decir que esas ayudas dan vida a lo que se conoce como las trampas de la pobreza. Por el contrario, lo que hizo el gobierno de Petro es concentrar esas ayudas en un programa más robusto, para hacerlas más eficientes y eficaces en sus propósitos.

A renglón seguido, Pastrana -palabra que significa “mal hecho”, “burdo”- le dice a Biden que “hoy no hay paz en Colombia”. Olvida decir este infantil y chapucero expresidente que desde el mismo Estado, manejado por el uribismo, se torpedeó la implementación del Acuerdo firmado con las Farc, con varias acciones presidenciales a cargo del también pueril y vanidoso del Iván Duque Márquez: las objeciones al estatuto de la JEP, lo que demoró un año el arranque de esa jurisdicción de paz y a las 16 curules para la paz; a lo que hay que sumar, la malversación de los recursos de la Ocad-Paz y su política Paz con Legalidad, política de gobierno con la que se quiso abolir o atacar la política de paz de Estado que brotó del Acuerdo de paz de La Habana.

Este fanfarrón conservador  parafrasea lo dicho por The Economist sobre la Paz Total de Petro: “la Colombia de Petro es un caos de orden público y criminalidad en el que las imperantes organizaciones del narcotráfico negocian de tú a tú con el gobierno”. Miente el expresidente, puesto que lo que hasta el momento hay son propuestas de beneficios y obligaciones para las estructuras narco paramilitares que le apuesten a la entrega de rutas, bienes y verdad sobre sus andanzas.  Aún no hay mesas instaladas.

En su decadencia, Pastrana insiste en sobrevalorar el Plan Colombia, señalando que con su aplicación se redujeron los cultivos de uso ilícito a 40 mil hectáreas. Guarda silencio, con evidente cinismo, frente a los daños ecológicos y ambientales que dejaron las acciones de fumigación con glifosato y la violencia paramilitar que creció exponencialmente durante su administración. Esas dos acciones combinadas terminaron con el desplazamiento forzado de millones de campesinos y el aumento de la concentración de la tierra por desposesión. Al final, su llamado Plan Marshall a la colombiana fue un fracaso. Y lo fue desde el preciso momento en el que Pastrana dejó que el entonces presidente Bill Clinton le cambiara la relación Paz-Guerra, por Guerra-Paz, lo que significó que las “ayudas” para la confrontación armada se acercaran al 80%.

Termina este bufón y momio del Establecimiento colombiano diciendo que Colombia está al borde de la narcocracia. Hay que recordarle a este ladino y al parecer lascivo expresidente que en el pasado se probó la entrada de dineros del narcotráfico a las campañas Samper presidente y Duque presidente (Ñeñepolítica). Es más, circulan versiones que dicen que para la época, la campaña Pastrana presidente también recibió dinero del Cartel de Cali.

No sé si esa misiva la lea el presidente Biden. Y si al hacerlo, termine por darle o no la razón a Pastrana. Lo cierto es que esa carta hace posible ver a Pastrana siendo Pastrana, esto es, un ser infantil, ladino, un traidor.  

Imagen tomada de El Tiempo. 

¿A EUDALDO DÍAZ LO ASESINARON LOS PARAMILITARES O UN SARRACENO DEL SIGLO XXI?

 

Por Germán Ayala Osorio

El homicidio del alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo Díaz Salgado nuevamente pone en la palestra pública al expresidente Uribe Vélez y a su política de seguridad democrática. Salvatore Mancuso, ante la JEP señaló que por orden del entonces presidente Uribe, el esquema de seguridad de Díaz le fue retirado, para facilitar que los paramilitares lo asesinaran. “Nosotros lo matamos”, reconoció Mancuso, en medio de la audiencia ante el alto tribunal de paz. El homicidio se produjo el sábado 10 de abril de 2003.

El caso del funcionario local resulta emblemático porque su crimen se produjo meses después que de manera osada, Eudaldo Díaz señalara de corrupto y de tener vínculos con los paramilitares, a Salvador Arana, gobernador del departamento y amigo de Uribe Vélez, justo en el momento en el que compartía con el presidente de la República la mesa principal en un Consejo Comunal de Gobierno. Ese Consejo comunitario se celebró el 1 de febrero de 2003. Dos meses después lo asesinaron. Se puede colegir que Eudaldo Díaz Salgado se puso su propia lápida en ese preciso momento en el que denunció a quien no debió denunciar. Sin duda, un impulso ético lo condujo a su fatal destino.

Uribe Vélez y Salvador Arana escucharon al denunciante. Así le respondió en ese momento quien presidía el Consejo Comunal de gobierno, el entonces presidente de la República. La respuesta del mandatario, con tono molesto, fue: “hemos permitido el desorden por la gravedad del tema, pero también le pedimos a usted que nos considere el tiempo”. A renglón seguido, Uribe entregó la responsabilidad del manejo de la denuncia en la coordinadora logística del consejo comunal. ¿Si Uribe siempre dijo que no toleraría actos de corrupción, por qué no confrontó al gobernador en esa misma audiencia? ¿Por qué Uribe minimizó el asunto, a pesar de reconocer la gravedad de lo denunciado por el alcalde? En ese mismo escenario comunitario, Díaz dijo que lo “iban a matar”. Y efectivamente, como lo señaló Mancuso, los paramilitares lo asesinaron. Pasó igual con el profesor Alfredo Correa de Andreís, quien envió una carta al mismo Uribe diciendo en la misiva que lo iban a matar. Y lo mataron agentes del DAS.

Lo que resulta curioso y contradictorio es que Uribe Vélez pontificaba de su política de seguridad democrática, la que según él, estaba diseñada para proteger a todos los colombianos. Y así se lo hizo saber en esa mismo Consejo Comunitario al alcalde de El Roble, en ese momento suspendido por la Procuraduría de manera injusta, como lo señaló el mismo Eudaldo Díaz.

¿Por qué si la política de seguridad democrática, que era para garantizar la vida de todos, no pudo resguardar la vida del alcalde? Cierto o no que por orden del entonces presidente de la República le fue retirado el esquema de seguridad del mandatario local, Uribe Vélez y todo el andamiaje de su política de seguridad son políticamente responsables del crimen del funcionario. La justicia tendrá que probar que el retiro de los escoltas efectivamente se dio en cumplimiento de la orden presidencial y si esta obedeció, como se interpreta de la situación, porque Uribe optó por proteger a su amigo Salvador Arana, lo que implicó dejar a la deriva al denunciante y a merced de las estructuras paramilitares que el alcalde alcanzó a denunciar. El presidente antioqueño nombraría al gobernador Arana cónsul en Chile y luego embajador en el mismo país austral.

La palabra Eudaldo significa “gobierno eterno, ley eterna", en bajo latín Eudaldus, de acuerdo con una búsqueda en internet. Su origen está asociado, también, “a San Eudaldo, mártir a manos de los sarracenos en Ax, Francia, en el siglo X”.

El caso de Eudaldo Díaz Salgado es uno más de los tantos en los que aparece involucrado el hoy imputado expresidente y ex presidiario(1087985). A este se suman las masacres del Aro y la Granja y el crimen de José María Valle, defensor de los derechos humanos. En la endeble justicia colombiana estos procesos poco o nada avanzan hacia el esclarecimiento de las responsabilidades del exmandatario. Solo falta que algún juez temeroso del poder intimidatorio del expresidiario, para el caso de Díaz, concluya que al alcalde de El Roble lo asesinó un sarraceno del siglo XXI.

Imagen copiada de El Heraldo.