Por Germán Ayala Osorio
Colombia atraviesa por una
compleja coyuntura electoral, institucional y ético-política. Se trata,
entonces, de tres dimensiones en las que sobresalen deseos burocráticos,
mantener el proceso de desprivatización del Estado o el regreso de su captura
privada y mafiosa lograda por el uribismo durante 25 años; las animadversiones
ideológicas y políticas y la construcción y deconstrucción de narrativas polarizantes
y violentas en los medios masivos tradicionales y redes sociales. Examinemos cada
una de esas tres dimensiones:
La dimensión electoral: en
esta dimensión encontramos una explosión de candidatos presidenciales, todos
con la fórmula mágica para transformar el país sin una revolución ética y mucho
menos con una de carácter cultural. Mientras que el gobierno Petro le apuesta a profundizar
las reformas sociales con Iván Cepeda, la oposición uribista intenta regresar para echar para atrás lo hecho por el actual gobierno; además, llega dividida a la
contienda electoral y en medio de una profunda crisis del liderazgo del
expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, otrora gran elector.
La carta enviada por Lafaurie y
María Fernanda Cabal fue demoledora y confirma que esa derecha uribizada se
atomizó de tal manera que tienen sus esperanzas de triunfo en candidatos como
Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López e incluso
el propio Roy Barreras, el político más camaleónico que ha existido en el país
en los últimos tiempos.
La Gran Consulta representa los
intereses de la derecha y el pasado uribista; si finalmente el Consejo Nacional
Electoral (CNE) impide que Iván Cepeda, el candidato del gobierno, participe de
la consulta del Frente por la Vida, el gran favorecido sería Barreras, quien le
apuesta a ser el imán que atraerá a sus viejos conocidos del uribismo, del
conservatismo, de Cambio Radical, del liberalismo gavirista y del partido de la
U, entre otras colectividades que conocen muy bien el talante ético-político del
médico vallecaucano.
La dimensión institucional: en
esta dimensión hay un evidente choque entre las altas cortes (Corte Constitucional
y Consejo de Estado) y el gobierno Petro, lo que claramente pone en riesgo el
equilibrio de poderes y los pesos y contrapesos de la democracia. La suspensión
del decreto de emergencia económica no solo es inédita, sino que constituye una
inesperada estocada al equilibrio de poderes, quizás en respuesta a la amenaza del
Ejecutivo de convocar a una Asamblea Constituyente para eliminar el perverso diseño
constitucional que le permite a los magistrados de esas altas corporaciones beneficiarse
de lo que se conoce como el clientelismo político-judicial (entrega de cargos a
las familias de los togados en la Contraloría, Procuraduría y Defensoría del
Pueblo). Además, de la elección por cooptación.
En cuanto al CNE hay que decir que
hace rato viene actuando en contra de los intereses del gobierno y del Pacto
Histórico. De impedir la participación
de Cepeda en la consulta del Frente por la Vida simplemente confirmaría que existe
una especie de oposición institucional hacia el gobierno Petro, de la que
harían parte las señaladas altas cortes, el CNE y la Junta Directiva del Banco
de la República, que recientemente subió las tasas de interés.
Y finalmente, en la dimensión ético-política
se advierte la presencia de un ethos mafioso, especie de tara civilizatoria que
acompaña la vida institucional y las acciones políticas de todos los agentes de
poder, incluidos por supuesto los de la izquierda o el llamado progresismo. De
la mano de ese ethos mafioso están el clasismo, el racismo y la aporofobia. De
allí que la lucha político-electoral sea también la oportunidad para consolidar
los procesos de eliminación simbólica y física del Otro, fruto del odio de clases que se
despertó desde la llegada a la Casa de Nariño de Gustavo Petro Urrego.
Así las cosas, la narrativa que
alude a la existencia de una polarización política y una fuerte crispación ideológica
sirve para ocultar lo que realmente pasa en el país: hay un claro odio entre
clases sociales, procesos de representación social negativa de ese Otro visto
como enemigo y no como contradictor. Todo lo anterior, en medio de una incapacidad
colectiva e individual para conversar y dialogar en medio de las diferencias. Bajo
esas condiciones la comunicación política fracasa como posibilidad y proceso de
construcción de consensos y de reconocimiento identitario. Al final, la relación amigo-enemigo sigue vigente
porque el uribismo logró, en 25 años, convertirla en una variable cultural y política
difícil de erosionar.
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