ELECCIÓN DE LA NUEVA FISCAL: TRES ESCENARIOS POSIBLES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La elección de la nueva fiscal general de la Nación bien puede asumirse como la estocada que el presidente Petro cree posible dar al “viejo” régimen de poder que se resiste a morir y que se opone a muchas de sus reformas, pero en particular, a su decisión de afectar las economías ilegales que financian y sostienen a lo que se conoce como el establecimiento colombiano.  

Ese mismo régimen de poder convirtió a la Fiscalía general de la Nación en la institución bisagra entre los actores ilegales (paras, narcos y agentes que extraen oro y petróleo) y la clase política (emergente y tradicional). Las denuncias periodísticas, legitimadas por el propio presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, apuntan a que el otrora ente investigador deviene capturado por grupos de poder, legal e ilegal.

Con la terna de mujeres enviada por el presidente Petro se dibujan tres escenarios posibles alimentados por la actual coyuntura política y por supuesto, por un pasado inmediato en el que la Fiscalía, como institución, deviene cuestionada.

Así las cosas, los y las magistradas de la CSJ tienen en sus manos la enorme responsabilidad de elegir a la nueva fiscal bajo tres escenarios posibles. El primero, anclado a que la probidad de las ternadas es asumida en sectores de poder político y económico como una amenaza real contra sus siempre oscuros intereses. Ese escenario apunta a que las y los togados evitarán ponerse de acuerdo para elegir la sucesora del ladino Francisco Barbosa, extendiendo en el tiempo la interinidad en manos de la también cuestionada vicefiscal, Martha Mancera, tal y como lo pide un sector político que la opinión pública asocia con mafias y corrupción, esto es, con el viejo régimen de poder que Petro busca derrotar. Una interinidad en manos de Mancera “calmaría” a poderosos agentes que están detrás de la intención de dar un golpe de Estado a Petro.

Habría un segundo escenario que, si bien podría representar un triunfo parcial de Petro sobre el Establecimiento colombiano, dependerá de la templanza de la fiscal elegida para atacar y desmontar las estructuras mafiosas y criminales que operan de la mano de fiscales e investigadores. Lo anterior supone que cualquiera sea la elegida, deberá soportar inconmensurables presiones sobre su vida y la de sus familiares.

Y un tercer escenario posible señala que cualquiera de las tres abogadas ternadas, la nueva fiscal general, cumplirá con pisar los cayos de poderosos agentes políticos y sociales, dando la sensación de que se está debilitando al “viejo” régimen de poder. Bajo esos logros, se daría “contentillo” al presidente de la República y a quienes creen que es posible proscribir el ethos mafioso que por años se naturalizó en la operación de la Fiscalía. Dentro de ese mismo escenario cabe la posibilidad de que los agentes políticos que resulten comprometidos penalmente, con o sin la ayuda de los gringos, dicha decisión sea parte de una transacción política de muy alto nivel.

Lo cierto es que no es probable que, en cuatro años, un gobierno de izquierda pueda triunfar sobre un régimen criminal y mafioso que lleva operando más de 50 años, con resultados positivos tanto para las mafias y estructuras paramilitares, como para reconocidos agentes políticos y económicos.

Como dije, hay un pasado inmediato que pone en la picota pública a la Fiscalía y a sucesivas administraciones. Para sostener en el tiempo la connivencia institucional con el crimen organizado (carteles de la droga, paramilitares, empresarios que extraen de oro y petróleo y clanes políticos corruptos) las ternas para elegir fiscales generales siempre generaron suspicacias, alimentadas por narrativas oficiales, semioficiales y periodísticas que daban cuenta de la cooptación mafiosa de la institución investigativa. Contrario a lo que sucede hoy con la terna que está en la Corte Suprema de Justicia, cuyos perfiles han sido valorados positivamente, incluso, por los propios detractores del gobierno que las ternó.

Baste con recordar lo que dijo Mancuso en relación con la elección del fiscal Mario Iguarán, para imaginar los niveles de putrefacción que cobijaron la operación de la Fiscalía. Mancuso dijo en su momento que “los paramilitares movieron fichas en la elección del fiscal Mario Iguarán". Se suma a lo anterior, las conclusiones a las que llegó la Comisión de la Verdad, en torno a la fiscalía de Luis Camilo Osorio Isaza. En uno de los informes de la desaparecida institución se lee que “la Fiscalía, durante el periodo en que se desempeñó como fiscal Luis Camilo Osorio (2001-2005), presuntamente habría tenido vínculos con paramilitares para favorecer a implicados en crímenes de lesa humanidad y a sus cómplices, sancionar y destituir a funcionarios que investigaron el paramilitarismo y desestimar testigos que señalaran la complicidad entre políticos y paramilitares”.

Los cuestionamientos morales tocarían después la elección como fiscal general de Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN). El propio presidente Petro pidió que fuera investigado por hechos relacionados con la existencia de un complot para dañar en materia grave la imagen del hoy presidente de la República. NHMN es cuestionado por haber guardado silencio frente a la corrupción en la Ruta del Sol 2, esto es, los pagos de coimas, por parte del grupo Aval y sus filiales comprometidas en las obras civiles de ese carreteable.

Las sindicaciones continuarían contra el actual fiscal, Francisco Barbosa, quien, según fuentes y relatos periodísticos, protege a miembros del Clan del Golfo y a clanes políticos que la opinión pública asocia con el narcotráfico, como el clan Char. Como en los anteriores casos, el jefe del Estado expuso públicamente sus cuestionamientos contra Barbosa, lo que generó en un crudo enfrentamiento entre la Fiscalía y el Ejecutivo, que bien puede entenderse como parte del pulso entre el “viejo” régimen de poder y el gobierno Petro; el propio jefe del Estado reconoce que, a pesar de su investidura, no tiene el poder, pero insiste en afectar las economías ilegales que sostienen económica y políticamente al imbatible Establecimiento colombiano.

Imagen tomada de Youtube.com

LA CORTE SUPREMA DEBE EVITAR QUE MANCERA QUEDE ENCARGADA DE LA FISCALÍA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Corte Suprema de Justicia aplazó para el 2024 la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Es posible que la esperada decisión se tome el 25 de enero, hecho que evitará que la cuestionada vicefiscal Martha Mancera, mano derecha del ladino fiscal general, Francisco Barbosa, quede al frente de la maltrecha institución en una deseada interinidad que solo le conviene a los sectores políticos y mafiosos que coadyuvaron a politizar la entidad y su captura por parte de clanes y grupos como el Clan del Golfo.

Ojalá los magistrados y magistradas de la honorable CSJ no caigan en el garrafal error de convertir la elección del remplazo de Barbosa, en un novelón político. Si los togados y togadas no eligen a la nueva fiscal el 25 de enero, y garantizan la interinidad de Mancera, mandarían un confuso mensaje al país y al gobierno que, en cabeza del presidente de la República, se la jugó por conformar una terna de solo mujeres, calificada por varios sectores políticos como un trío inigualable.

Es más, permitir que Mancera dirija la fiscalía general se podría considerar como un insulto al gobierno y a los sectores sociales y políticos víctimas de la politización del otrora ente investigador, hoy convertido en una institución encubridora y defensora de delincuentes, de acuerdo con denuncias periodísticas y los propios cuestionamientos que el presidente de la República viene haciendo de tiempo atrás.

Petro espetó lo siguiente, horas antes de la reunión en la que los togados decidieron aplazar la decisión: “He enviado una terna de mujeres probas a la corte Suprema para la elección de fiscal general de la Nación. Cualquiera que sea la decisión de la Corte, espero que, a partir de esa decisión, la Fiscalía nunca más se dedique a perseguir colombianos por razones políticas o económicas y nunca más se permita que se use para encubrir el crimen”.

Así, los magistrados y magistradas de la CSJ tienen la obligación moral y ético-política de impedir la interinidad en la Fiscalía. Elegir a la nueva fiscal el 25 de enero debe ser una prioridad institucional y para ello, los togados deben alejarse de simpatías e intereses individuales que aparecen cuando se tienen familiares nombrados en la Fiscalía de Barbosa y Mancera. Que Martha Mancera quede al frente de la entidad, así sea por unas pocas horas, se asumirá como un agravio al presidente, al país y a esa parte de la sociedad que, por primera en mucho tiempo, aplaude al unísono la calidad de las ternadas y se acepta sin reparos que no haya hombres dentro del selecto grupo, en particular, cuando la historia reciente de ternas anteriores, muchos de los nombres de los abogados ternados, fueron asociados a clanes políticos mafiosos.

Vamos a ver si el 25 de enero próximo las magistradas y magistrados entendieron el mensaje del presidente de la República y el que les enviaron sectores sociales y políticos que exigen un cambio radical en el rumbo de la Fiscalía.

 

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

RETENCIONES O SECUESTROS: DISCUSIÓN “SEMÁNTICA” DE UNA GUERRILLA QUE NO ESTÁ LISTA PARA FIRMAR LA PAZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Uno de los efectos políticos del secuestro del señor Luis “Mane” Díaz, padre del reconocido jugador del Liverpool, “Lucho” Díaz, está en que obligó a los plenipotenciarios de Petro en la mesa de diálogo a poner de presente el tema del secuestro; el mediatizado plagio también sirvió para consolidar el rechazo de la sociedad colombiano hacia el ELN, grupo subversivo que reconoció la responsabilidad en la comisión del crimen.

Después de liberado el señor Díaz, y en el inicio del 5º ciclo de conversaciones de paz con el ELN, uno de sus comandantes, Antonio García, dijo en su cuenta de X que “el ELN no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos”.

No estamos ante un asunto de semántica política y “revolucionaria”. Por el contrario, estamos ante una cínica, arrogante, displicente, retadora, irresponsable e inaceptable postura de quien envejeció al frente de una guerrilla que jamás mostró una real voluntad de paz. Una guerrilla anacrónica, liderada por comandantes que, además de mesiánicos, han sido incapaces de asumir la coyuntura que dejó el tratado de paz de La Habana como la oportunidad para ponerle fin al conflicto armado que por más de 50 años sostienen con el Estado.

Lo que dijo el anacrónico comandante del ELN hace pensar en la urgente necesidad de que en la mesa de conversaciones haya acuerdos conceptuales con los plenipotenciarios del gobierno, con el fin de facilitar la comunicación, pero, sobre todo, proscribir el secuestro de civiles con fines extorsivos.

Lo dicho por García debe servir como oportunidad para que en la mesa de diálogo no solo se aborde el tema del secuestro, sino que se exponga la discusión conceptual que, a pesar de su cinismo, está planteando el comandante del ELN. Eso sí, dicha discusión convendría que no trascendiera socialmente, porque la gente del común no suele hacer matices, ni lecturas diferenciadas del secuestro y mucho menos es conveniente plantear ese tipo de disquisiciones en medio de la crispación ideológica que a diario alimentan los medios masivos que no acompañan la solución pacífica y política al conflicto armado entre el Estado y el ELN.

Privar de la libertad, por razones económicas o políticas, constituye un grave delito que García justifica amparado en la necesidad de financiar su aparato criminal, en particular cuando secuestran civiles con el fin de exigir el pago de sumas millonarias para devolverlos a sus familias.

La propuesta de que el Estado y agentes internacionales los “financien” para evitar que sigan secuestrando tiene sentido siempre y cuando esa guerrilla demuestre una real voluntad de paz. Por ahora, dicha voluntad no se ve con claridad, lo que hace inviable, por ahora, el ofrecimiento de “pagarles” para que cesen el abominable crimen del secuestro.

Eso sí, hay que hacer distinciones conceptuales en la mesa de diálogo. Las retenciones de militares y policías las asumen los del ELN bajo la categoría de “prisioneros” en el marco del conflicto armado interno y las normas legales internacional que se aplican para conflictos internos.

Las retenciones de militares y policías, como resultado de combates, deben asumirse como circunstancias y sucesos propios del conflicto interno, cuyo desenlace se debe dar en el ámbito político y militar, lo que obliga a que haya una comisión atenta a generar las condiciones para lograr la rápida liberación de los uniformados. Cuando esas mismas privaciones a la libertad de policías y militares se den cuando estos estén vestidos de civil y desarmados, los tratamientos y los reconocimientos de la acción militar perpetrada por esta guerrilla no pueden ser asumidos de la misma manera como se asumen cuando los plagiados fueron privados de la libertad dentro de la dinámica de un combate.

Así las cosas, urge que en la mesa de negociación se den discusiones conceptuales y se proscriba el delito del secuestro. El ELN debe entender que pasar ciertos conceptos por su propio rasero “revolucionario” y a la luz del Protocolo II de Ginebra, no garantiza la total comprensión de la sociedad.

Jamás será lo mismo secuestrar civiles, en particular mujeres y hombres ancianos, y privar de la libertad a militares y policías que participaron de combates y operaciones hostiles. Baste con recordar el caso de la sargento Karina Ramírez, quien, con su hija y el perro, fueron abordados por guerrilleros del ELN y privados de la libertad. Así la sargento vaya vestida con su uniforme, se trata de un vil y cobarde secuestro. Esas diferencias no deben asumirse como una especie de “glosario” de la guerra, sino como partes claves dentro de unos mínimos protocolos.

Imagen tomada de El Nuevo Siglo

SALVATORE MANCUSO: UN GENERAL DE FACTO

 

Por Germán Ayala Osorio

El aterrizaje de Mancuso en la JEP, forzoso jurídicamente para muchos por su condición de paramilitar, tienen a Uribe y a sus áulicos, incluidos los periodistas de La FM, rasgándose las vestiduras y arrastrando a exmilitares y militares al penoso escenario de reclamar respeto por la institucionalidad castrense, comprometida gravemente en los hechos criminales reconocidos por este confeso paramilitar, nacido en Montería (Córdoba).

El locutor, Luis Carlos Vélez, de La FM, en la mañana de hoy 4 de diciembre invitó al presidente de Acore, general (R), Guillermo León León, para que diera cuenta de su molestia con la decisión de la JEP de reconocer a “Mancuso como militar”. Los compañeros de la mesa de trabajo del señalado locutor (uribista hasta los tuétanos) ayudaron a la ambientación del rechazo institucional e individual por la decisión adoptada por el alto tribunal de paz.

Es tal la molestia en los círculos de poder cercanos al uribismo y otros al conservatismo, que sus voceros se atreven a hablar de “triquiñuelas” jurídicas de la JEP, por hacer aparecer a Mancuso como “agente estatal de facto” y como miembro “funcional y material del Ejército”.

La inclusión y aceptación de Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz constituye un hecho jurídico-político de inocultable valía para el alto tribunal en su tarea de consolidar una verdad jurídica y señalar las responsabilidades penales de los actores armados, guerrillas y militares, comprometidos en la comisión de delitos de lesa humanidad. La presencia de Salvatore Mancuso Gómez en la JEP no se da tanto por su condición de paramilitar, pues para ello está el marco jurídico, Justicia y Paz, sino por haber servido de bisagra entre militares y los miembros de las AUC, en las tareas que empresarios y políticos les encomendaron: amedrentar, desplazar, asesinar y desaparecer campesinos incómodos para quitarles sus tierras; y las otras tareas que brotaron de los incentivos monetarios, bacanales, vacaciones y ascensos, entre otros, propios de la seguridad democrática, el decreto Boina y la Directriz 025 de 2009: asesinar jóvenes inermes para ser pasados como guerrilleros muertos en combate.

Claramente, Mancuso fungió como un comandante militar. Actuó como si tratara de un oficial al mando de tropa. No hay lugar a dudas en que este monteriano operó como un general o un coronel de la República de Colombia. Las actividades de coordinación logística, mando de tropa y entrega de resultados operacionales a los militares que le rendían pleitesía, hacen parte de las labores que realizan oficiales al momento de salir al monte a perseguir bandidos.

El ex comisionado de Paz, el conservador Camilo Gómez, aseguró a EL TIEMPO que “es un insulto a los militares honestos, que son miles más que los que cometieron delitos. Es un insulto también a la justicia ordinaria, bajo la que los tribunales de Justicia y Paz juzgaron a Mancuso y lo condenaron”.

El maridaje y el contubernio entre militares y paramilitares fue de tal dimensión, que los comandantes militares aceptaban pasar como propias tropas a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Al patrullar juntos y entregar resultados operacionales para legalizar masacres de campesinos inocentes, la fusión entre ilegales y legales hizo desaparecer el honor y la mística militares. En esos momentos los militares dejaron de ser militares, para convertirse en bandidos. Así, no hay lugar a salir a defender el honor de unos hombres en armas, que asesinaron civiles de la mano de los paramilitares.

En la entrevista que el periodista Gonzalo Guillén le hizo al capitán (R) del Ejército, Adolfo Guevara Cantillo, miembro de las AUC, el ex oficial recuerda la conversación con el entonces general, Mario Montoya Uribe, también involucrado con la operación criminal de los paramilitares: “aquí estamos hablando entre bandidos, general. En este momento ni usted es general y yo no soy capitán”.

Los defensores de la institucionalidad castrense deberían de preocuparse más bien por la necesidad de cambiar la doctrina del enemigo interno, sacudir, limpiar y sacar a oficiales y suboficiales que piensen en seguir los pasos de quienes mancillaron en grado máximo el honor militar y el buen nombre del Ejército nacional.

Imagen tomada de Cuestión Pública

LOS DE LA PRIMERA LÍNEA: ¿CON ESTATUS O SIN ESTATUS POLÍTICO?

 

Por Germán Ayala Osorio

En el control constitucional que la Corte Constitucional (CC) le hizo a la ley de la Paz Total y las decisiones que en ese marco tomó el presidente de la República, Gustavo Petro, aparece el reconocimiento político de los grupos subversivos y la negación de este a los muchachos de la Primera Línea que la Fiscalía procesó por diversos delitos, incluido, el de “terrorismo urbano”. Esto último, una exageración propia de quienes desde el Establecimiento suelen descalificar el legítimo derecho a la protesta por considerar que “somos la más vieja democracia de este hemisferio”. De la misma manera como se habla de “terrorismo urbano” para tipificar y descalificar lo acontecido en el marco del estallido social, se puede y debe hablar del “terrorismo de Estado” al que apeló el gobierno de Duque.

Intentaré exponer diferencias, y si se quiere, contradicciones entre el reconocimiento político de la lucha armada de la subversión y la negación que hizo la CC del estatus político a la Primera Línea, a pesar de que las acciones y proclamas de cientos de jóvenes jamás tuvieron la aspiración de tumbar el régimen de poder y cambiar el modelo económico, como lo han pretendido hacer históricamente las guerrillas; igualmente, señalo puntos de encuentro entre las actividades “revolucionarias y contra la ley” desplegadas en el tiempo por los subversivos y las que de manera coyuntural desplegaron los de la Primera Línea.

Negar el estatus político a los miembros de la Primera Línea desconoce de antemano el carácter político que acompaña a toda protesta social, sin importar los desmanes en los que hayan incurrido los manifestantes. Cada marcha autorizada e incluso, las de facto, devienen con un carácter político que no se puede desconocer por la necesidad de los magistrados de poner a la justicia por encima de la política, pasando las decisiones del Ejecutivo por el rasero de la exequibilidad asociada esta los marcos legales y mentales de los magistrados de la honorable Corte Constitucional.

La CC hace una lectura jurídica de corte moral y clasista, que impide reconocer en el estallido social su valor político, ancorado al enorme malestar social que sobrevino de la pandemia del covid 19 y del desastroso gobierno del presidente-títere, Iván Duque Márquez. Es decir, las movilizaciones que se dieron en el marco de los Paros Nacionales (de 2019 y 2021) fueron la respuesta política que sectores sociales, de la mano de congresistas y movimientos sociales con vocación política, le dieron al gobierno del irresponsable de Iván Duque, a un Estado criminal y a un régimen de poder acostumbrado a violentar a las mayorías, en particular a los jóvenes.

Cuando el ELN dinamita el oleoducto caño limón Coveñas, afecta la infraestructura económica y los ecosistemas naturales, acción que deviene con un naturalizado carácter político, dado que ese grupo armado ilegal considera que el Estado “está regalando lo que les pertenece a todos los colombianos”, lo que justifica, para los del Coce, su derrame. La voladura y las actividades ilegales, políticas, “revolucionarias” y pre políticas de ese grupo armado ilegal ocurren en escenarios rurales. Mientras que dañar semáforos, tapar vías neurálgicas en ciudades capitales, quemar buses y acciones vandálicas que generaron miedo en los urbanitas acostumbrados a ver las atrocidades de la guerrilla por televisión, no podría valorarse políticamente, de acuerdo con el sentido del fallo del alto tribunal. Es aquí en donde aparecen dos lecturas por parte de la CC: una de carácter clasista y otra contextual, atada o definida a partir de una sobrevaloración de las ciudades en relación con la vida de millones de colombianos rurales. Es decir, es válido todo lo malo que pasa en selvas y sectores rurales, pero en las ciudades, por ser el ícono del progreso y el desarrollo económico del país, hay límites que nadie y mucho menos los jóvenes manifestantes, pueden traspasar.

El colega Jorge Gómez Pinilla dice que “ese paro nacional fue un fenómeno revolucionario espontáneo, aunque desorganizado, porque no tenía un propósito político diferente al de protestar. Si hubiera tenido un objetivo desestabilizador, no tengo duda alguna en que habría conducido a la renuncia no solo del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sino del mismo presidente Duque, empujado por el descontento y el deseo inmensamente mayoritario de un nuevo rumbo en la conducción del país”.

Vamos por partes: le cabe razón a Gómez Pinilla cuando dice que se trató de un fenómeno revolucionario espontáneo. Las pretensiones del ELN y las de las disidencias farianas hacen parte estructural de sus proyectos revolucionarios (políticos) que, aunque no son espontáneos y obedecen a actuales coyunturas, sí son históricos, anclados a momentos históricos, nacionales e internacionales, de gran complejidad. La segunda idea que expone el editor de El Unicornio apunta a que los muchachos de la Primera Línea no buscaban desestabilizar al gobierno, lo que, de acuerdo con la lectura de los magistrados, es suficiente para negarles el estatus político que Petro les quiso reconocer. Por el contrario, las acciones de las guerrillas apuntaron y apuntan aún a tumbar gobiernos y a tomarse el Estado, lo que de inmediato les da la legitimidad necesaria para reclamar el reconocimiento como actores políticos. Sumado a esto, el control territorial, la capacidad de hacerle daño a la población civil y la que les permite enfrentarse y desafiar militarmente al Estado.

Queda claro que los jóvenes más visibles del estallido social no buscaban tumbar al nefasto y arbitrario gobierno de Iván Duque. Entonces, ¿por qué negarle el estatus político a un movimiento coyuntural y no revolucionario que lo único que buscaba era hacer visible un enorme descontento social y político?

Las guerrillas también secuestran y torturan ciudadanos. Esos mismos delitos, cometidos por algunos jóvenes de la Primera Línea, de acuerdo con la fiscalía del ladino Francisco Barbosa, llevaron a varios magistrados y al gobierno de Iván Duque a descalificarlos políticamente, para negarles el estatus que el presidente Petro les quiso reconocer porque considera el mandatario que “no son victimarios, sino víctimas de un Estado que les quitó los ojos, los encarceló y les negó sin educación y oportunidades”.

Bien pudo la CC reconocer en su fallo que los hechos acaecidos en el marco del estallido social devienen con un carácter político, justificado por el abandono estatal y las violentas reacciones del gobierno de Duque, en nombre del Estado; de esa manera, la excarcelación de los muchachos tendría toda la legitimidad social y política, para enfrentar la lectura exclusivamente jurídica que los magistrados hicieron y que decidieron poner por encima de lo político y de la política.

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

 

SEIS EXPRESIDENTES QUE NO ENTENDIERON EL MENSAJE DE BELISARIO BETANCUR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Una vez convertido en expresidente, Belisario Betancur Cuartas se desentendió de la vida pública, agobiado muy seguramente por los hechos luctuosos del Palacio de Justicia en los que quedaron en evidencia, además de las violaciones a los DDHH por parte del Ejército, la actitud pusilánime del presidente de la República frente a los generales que le arrebataron el mando por 48 horas. Frente al temporal golpe de Estado, Betancur optó por guardar silencio.

En adelante, Betancur se retiró a sus aposentos y de la algarabía del poder político, en un país en el que las voces estridentes de los expresidentes incomodan no solo a quien intenta gobernar y manejar este complejo país, sino a un sector creciente de la opinión pública que los recuerda por sus crasos errores, andanzas y hasta crímenes.

El silencio de Betancur debería de servir de ejemplo a los expresidentes Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos y Duque, convertidos en opinadores profesionales en materias que ellos, siendo presidentes de la República, no aprobaron o las pasaron “raspando”. Pero no. Insisten estos seis exmandatarios en hablar, criticar, pontificar y opinar, con la anuencia de los medios hegemónicos. Y lo que es peor: insisten en mantener su vigencia política a como dé lugar.

César Gaviria Trujillo, iliberal y neoliberal consumado, se aferra a su partido Liberal con la intención clara de “negociar” con el presidente Petro sus apoyos a las reformas sociales que hacen trámite en el Congreso de la República. Menos mal hay congresistas rebeldes que no acogen sus órdenes y prefieren aportar a la posibilidad de construir por fin en Colombia un Estado social de derecho, una democracia y una República reales.

Los negativos efectos que dejó su política económica, la famosa apertura económica de los 90 y su pérdida de legitimidad social y política son razones suficientes para que opte por retirarse de la vida pública y guarde sepulcral silencio, como lo hizo Betancur.

El menos visible mediáticamente hablando es Ernesto Samper Pizano, recordado porque a la campaña Samper presidente, entraron dineros del Cartel de Cali. Por ahí de cuando en cuando dice cosas interesantes en su cuenta de X. Los graves hechos que lo relacionan con los narcotraficantes de la Sultana del Valle son suficientes razones para que hubiese abandonado la vida pública. Y ya que en la inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes le precluyeron la investigación en su contra, Samper ya está condenado a aguantarse el humor de su sobrino, Daniel Samper Ospina y sus alusiones al “elefante y al 8.000”.

Entre tanto, Andrés Pastrana sigue dando lora con el tema de la paz. Y lo hace, para ocultar su propio fracaso con el proceso del Caguán, al que llegó con un Plan Colombia que escaló el conflicto y permitió, con el tiempo, la aparición de la peligrosa seguridad democrática de Uribe. Este hijo de Misael le entregó a las Farc-Ep de la época, 42 mil kilómetros cuadrados para que fundaran en esa amplia zona, un Estado dentro del Estado. Por su desastroso gobierno y por estar señalado de hacer parte de los vuelos Lolita Express, debería de seguir el camino que trazó Betancur Cuartas y retirarse a escribir sus memorias o quizás, a recapacitar alrededor de todo lo que hizo mal durante su vida como político.

En lo que respecta a Álvaro Uribe Vélez, hay que decir que su paso por la presidencia le hizo mucho daño al país. Si tuviera un mínimo grado de conciencia sobre sus decisiones como gobernante, hace rato el expresidente antioqueño debió seguir los pasos de Betancur. Pero no, su enfermiza relación con el poder y la necesidad de evitar ser llevado a la justicia por los crímenes que se le endilgan, le han evitado al país ese descanso de verlo retirado para siempre en El Ubérrimo. Su condición súb judice y las responsabilidades que Mancuso le señala en las masacres del Aro y La Granja, se suman a las razones, suficiente por demás, que harían posible su retiro. El país, de verdad, se lo agradecería. Es más, si los jueces le temen tanto como se cree en la opinión pública, podría proponer a la justicia anular sus líos judiciales, a cambio de su retiro forzado de la vida pública y a que pague a la DIAN lo que debe pagar por ser un hombre rico.

En lo que toca al más joven de los expresidentes, hay que decir que ya la historia le dio el lugar que se merece. Iván Duque Márquez es reconocido hoy en Colombia como el más grande error que la derecha uribizada cometió al ponerlo y usarlo como presidente de la República. Su imagen de títere de Uribe no se borrará jamás, pues está atada al algoritmo “títere colombiano” y a la pregunta que le lanzó al aire la periodista de CNN, Angela Patricia Janiot. Este joven homúnculo, además de intentar hacer trizas el acuerdo de paz de La Habana se atreve a posar de ambientalista, cuando desde la Casa de Nariño fue permisivo con todos los actores, legales e ilegales, empeñados en deforestar las selvas, en particular la del Amazonas.

Pastrana y Duque cargarán sobre sus espaldas los cuestionamientos que los ponen como los peores presidentes de la República, a lo que suman las sindicaciones de ser infantiles y pueriles en sus formas de actuar y razonar. Baste con recordar dos episodios para entender que Duque Márquez es un “pobre pendejo”: cuando en visita oficial al Rey de España, le dijo a su majestad que “Uribe le mandaba saludos, que lo quiere mucho”; y el segundo episodio, cuando en un discurso ante la Unesco, relacionó su fantasmal “economía naranja” con los 7 enanitos, en un fluido, pero insustancial inglés.

Y termino con Juan Manuel Santos, el Nobel de Paz, quien recientemente criticó la Paz Total de Petro. El país recuerda positivamente a Santos por la firma del tratado de paz que puso fin al conflicto armado entre las Farc-Ep y el Estado colombiano. Lo que no puede hacer Santos es pretender que el modelo de negociación aplicado se convierta en una talanquera para avanzar en la desmovilización de grupos subversivos diferentes como el ELN y las propias disidencias farianas. Santos pudo negociar con unas Farc-Ep diezmadas militarmente en su cúpula y tardíamente maduros sus comandantes para allanar el camino de la paz. No se puede esperar lo mismo del ELN, grupo cuya operación y tamaño no facilita a las fuerzas militares asestarles golpes contundentes que dieron con la muerte de Alfonso Cano, Raúl Reyes y el Mono Jojoy, por el lado de las Farc-Ep.

De verdad que el país les agradecería que se retiren a sus aposentos. Santos y Duque, a escribir sus memorias, que pocos leerán; Samper, se puede quedar en X; Uribe, a cuidar de sus finos caballos y tomar precauciones con la estela de enemigos que acumuló en su larga y oscura vida pública; en cuanto a Gaviria y Pastrana…, que, simplemente, guarden silencio.

También es posible pensar en arrumar a estos seis expresidentes en una casa de reposo, sin internet, para que allá sigan hablando y “arreglando” el país que ellos tampoco pudieron arreglar. A lo mejor, Pastrana y Samper hacen las paces, con la intervención del Nobel de Paz; y Uribe Vélez, perdona a Santos.

Imagen tomada de Agencia de Medios Hoy Noticias. 

30 AÑOS DE LA CAÍDA DE PABLO ESCOBAR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Conmemorar los 30 años de la acción policial que terminó con la miserable vida del criminal Pablo Emilio Escobar Gaviria debería de servir para mirar qué pudo haber ocurrido dentro de la sociedad colombiana para que de sus entrañas naciera, se consolidara y triunfara este cruel narcotraficante.

Imagino que los especiales periodísticos y documentales volverán sobre los mismos aspectos que suelen abordarse cuando se trata de contar la historia del mafioso antioqueño: sus excentricidades, su poder económico, las menores de edad que violó, su poder intimidante y su “guerra” contra el Estado y su posterior muerte en el tejado de una casa cualquiera, cual escurridizo “apartamentero”.

En esos especiales sobre la vida de este asesino poco o nada se hace referencia a las circunstancias culturales (ethos mafioso) que permitieron su consolidación como capo del narcotráfico y su llegada al Congreso de la República.

Como sociedad hemos legitimado al “avispado”, pero, sobre todo, al que concentra poder económico y político, a pesar de las sospechas que recaen sobre las maneras en las que se logró acumular dinero, prestigio y legitimidad social y política.

¿Qué diferencia habría entre un banquero como Sarmiento Angulo que paga coimas para hacerse con contratos millonarios en obras civiles como la Ruta del Sol II, o que prestó sus bancos para lavar dinero y Pablo Escobar Gaviria, quien logró hacer su fortuna enviando droga al exterior, con la ayuda de las autoridades estatales como la Aerocivil, la policía, alcaldes  y del propio sistema económico, político y financiero?

En ambos casos la codicia y el hambre de poder emergen como valores morales y motivaciones éticas que alimentan y estructuran el ethos mafioso que guía la vida de millones de colombianos que a toda costa piensan en amasar una fortuna para poder gritar a los cuatro vientos que “triunfaron en la vida”, lo que significa aparecer en revistas famosas, asistir a cócteles, rodearse de políticos que les facilitaron sus actividades y gente de la farándula, siempre presta a vivir el “sueño” de compartir con gente rica, sin que importe de dónde salieron sus fortunas; o hacer parte de documentales, investigaciones de las autoridades americanas y colombianas y al final, ser recordados, por unos, como “gente de bien”, echados para adelante y muy capaces; y por otros, como criminales y agenciadores del ethos mafioso y por tanto de la corrupción público-privada que les facilitó a ambos la consolidación de sus fortunas.

Pablo Escobar Gaviria y Sarmiento Angulo son hijos del sistema cultural que, asociado al capitalismo, envilece a diario la vida en sociedad. Con sus acciones, ambos aportaron a que el vil dinero y su consecución a cómo dé lugar, redujeran la experiencia de vivir a ir tras su búsqueda, en una frenética carrera por conseguirlo. Que no vaya a entenderse, entonces que en el socialismo no existen mafiosos legales e ilegales. No. Cualquier forma de dominación es el caldo de cultivo para que emerjan estos tipos de personajes, que solo sirven para comprender que la condición humana es aviesa.

¿Cómo hizo Pablo Escobar Gaviria para amasar esa fortuna en la cara de la DIAN, de la Policía, del Ejército y del resto de la sociedad? ¿Cómo hizo para “importar” hipopótamos de los Estados Unidos y cómo llegó a la Hacienda Nápoles una jirafa y las otras especies que hicieron parte de su zoológico privado?

Conmemorar la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria hace parte de las maneras en las que la sociedad y el periodismo validan el sistema cultural en el que estamos todos inmersos. Unos, entonces, gritan que triunfaron las autoridades y por tanto el Estado, cuando fue el mismo Estado el que permitió la consolidación del capo. Otros lo asumen, como ocurre en Medellín, como un referente a seguir y atractivo turístico. Otros, como el exsenador Roy Barreras, fustigan el hecho de recordar al asesino serial.

Barreras espetó lo siguiente: “sinceramente creo que la “conmemoración” de los 30 años del peor asesino de la historia de Colombia sólo sirve para alimentar su estigmatizante mito, cuando a este hombre cruel que asesino a miles de inocentes con sus balas y bombas indiscriminadas solo debería otorgársela su peor castigo que más que el repudio es el olvido. No mereció existir ni merece existir ni en la Memoria”.

No podemos olvidar lo que vimos salir de las entrañas de la sociedad en la que vivimos, señor Barreras. Y menos podemos olvidarnos de quienes buscando fortuna, dentro o por fuera de la ley, coadyuvaron a la confusión moral y ética en la que deviene la sociedad colombiana. El problema de la conmemoración no está en sí misma en la celebración, sino en los tratamientos de los hechos que rodearon la vida de Escobar Gaviria, pero sobre todo, en evitar mirarnos el sucio ombligo al que está atado nuestro mayor problema: el ethos mafioso que nos guía como sociedad.

 

Imagen tomada de EL TIEMPO.com 

 

REFORMA A LA SALUD: CONCEPCIONES DE ESTADO Y TRES “MULAS" MUERTAS ATRAVESADAS

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista, politólogo y Ph. D en Regiones Sostenibles. 

Ahora que avanza a los trancazos la aprobación del articulado de la que sería la ley con la que se ajustaría el actual modelo de salud de Colombia es bueno recordar pasajes de la accidentada discusión. En particular, hacer remembranza de las posturas asumidas por los partidos de la U, Conservador y Liberal, así como los negacionistas liderazgos de Dilian Francisca Toro, César Gaviria Trujillo y Efraím Cepeda, políticos que inicialmente se acostaron en el camino de la discusión y aprobación del proyecto de ley que transforma a las EPS en Gestoras de Salud, quitándoles el manejo de los billonarios recursos, cual “mulas muertas”. De igual manera, resulta pertinente diferenciar las dos posturas de Estado que aparecen en el fondo de la discusión al interior de la Cámara de Representantes.

El inicio

La negativa de los dueños de los partidos Liberal, Conservador y de la U de no apoyar el proyecto de reforma a la salud que recién empezó a discutirse al interior del Congreso es, en doble vía, una expresión democrática y un alejamiento de los partidos políticos de uno de los asuntos sociales y humanos del país que más necesitarían de la atención de todas las colectividades: la calidad de la salud en Colombia y la corrupción al interior del sistema.

Las decisiones políticas de César Gaviria Trujillo, Efraím Cepeda y Dilian Francisca Toro sin duda alguna están atadas a las lógicas democráticas que circulan al interior de las corporaciones legislativas. Negociar apoyos, hacer exigencias y buscar consensos hacen parte de esas lógicas en las que opera la democracia moderna. Hasta ahí, no habría mayores reparos a las posturas asumidas por estos políticos profesionales. Los problemas surgen cuando en el análisis político de la propuesta de reforma al sistema de salud aparecen los sempiternos intereses corporativos e individuales de los directores de los partidos que no acompañarán al gobierno en su afán de modificar el sistema de salud.

Lo hecho por Gaviria, Cepeda y Toro es la constatación de que en Colombia hay  partidos cuya existencia está en función de consolidar la operación del régimen de poder con el que cobra vida lo que llamo el Doble Estado. Una cosa es el Estado cuyas instituciones formales tratan de dar cuenta de lo prescrito en la garantista carta política de 1991 y otra muy distinta, las institucionalidades paralelas que se derivan de ese Doble Estado que se crea de la mano de los clanes políticos y la privatización de la acción política y de las actividades propias de los congresistas. Así las cosas, los partidos Liberal, Conservador y de la U actúan en el nivel más básico de la democracia: en el de discutir proyectos de ley. Pasar  a un nivel más complejo de la democracia implicaría aceptar que efectivamente el sistema de salud exhibe problemas estructurales asociados y expresados a  través del ethos mafioso que, al haberse naturalizado en las relaciones entre el sector privado y estatal, hace imposible pensar y actuar en democracia, teniendo en cuenta el ámbito social y las circunstancias que rodean la prestación de los servicios de salud en el país: incertidumbres, desazón, miedo e impotencia, que ponen en evidencia que frente al actual sistema de salud hay un grave problema social.

Gaviria, Cepeda y Toro no exhiben un talante democrático en el sentido maximalista con el que aquí asumo la democracia. No. Por el contrario, su negativa obedece al ejercicio autocrático con el que los tres se burlan de la democracia representativa, de la voluntad popular y lo que es más grave: se mofan de las víctimas que, por treinta años, viene produciendo el sistema de salud colombiano. En este punto saldrán sus defensores a decir que hemos ganado en cobertura, pero guardan silencio cuando se examina la calidad de los servicios, en particular cuando se niegan cirugías, se retrasan procedimientos y citas, debido a que la corrupción hace colapsar a las EPS, al tiempo que se llenan los bolsillos gerentes y presidentes, entre otros actores del complejo sistema de salud.

Estos tres políticos están hoy atravesados en la vía de la discusión de un nuevo modelo de salud, como tres enormes “mulas muertas”, cuyo exceso de peso brota, justamente, del tamaño de sus intereses individuales y los corporativos que acompañan a los propietarios de EPS y de IPS, muchos de estos amigos y financiadores de congresistas; y a los congresistas que fungen como socios o propietarios de estas entidades.

El miedo a que los servicios de salud queden en manos del Estado sirve a unos y otros para justificar la corrupción o minimizar la gravedad de los hechos dolosos que acompañan la operación de EPS que, al final, son intervenidas y liquidadas por la Superintendencia del sector. El negocio de las EPS es la constatación de que el Estado y los recursos públicos fueron privatizados, esto es, capturados por mafias políticas que convirtieron la salud en un vulgar negocio. Así se mató el Estado Social de Derecho y de ese “crimen” son responsables políticos como Gaviria, Cepeda y Toro, incapaces de asumir la democracia en un sentido maximalista. Un verdadero demócrata es aquel que asume el Estado Social de Derecho como una apuesta civilizatoria y republicana en donde sobresalen el afán y el interés por servir a todos los asociados a un territorio y hacer posible que sus derechos tengan sentido y no terminen menoscabados por quienes asumieron a los enfermos y en general a los usuarios del sistema, como clientes.

Concepciones de Estado

En la discusión del proyecto de reforma a la salud del gobierno, confluyen, fundamentalmente, dos ideas o concepciones alrededor de lo que debe ser el Estado. En la propuesta diseñada por la ministra Carolina Corcho hay una visión de un Estado social de derecho, maximizado por la ilusión del presidente Petro de llevar a Colombia por los caminos de los estados de bienestar europeos. Esa meta presidencial simplemente es inalcanzable porque lograrla supone un cambio cultural profundo con el que quedarían superadas circunstancias civilizatorias negativas que han impedido en gran medida construir una verdadera República, una nación grande y una sociedad moderna. Esas circunstancias civilizatorias negativas son: un encarnado ethos mafioso y la consolidación de unas élites mafiosas, corruptas y con perfiles fascistas, expresados en la animadversión que los aleja de ver a indígenas, campesinos y afros, como ciudadanos con igualdad de derechos.

Por el contrario, en la contra propuesta presentada por las “tres mulas muertas” (Gaviria, Toro y Cepeda) que se le atravesaron al gobierno, sobresale la idea de un Estado privatizado que por más de 30 años ha estado al servicio de mafias, clanes y familias políticas con vínculos con grupos paramilitares receptores de los recursos de la salud. Ese país premoderno que surgió de esa perversa operación del Estado se resiste a transformarse en uno moderno y republicano. Gaviria, Toro y Cepeda representan el pasado de una sociedad que se acostumbró a que lo estatal no funciona por culpa de la negligencia de sus funcionarios y una disfuncional burocracia, de ahí que se necesite del concurso de los privados, presentados como impolutos, creativos y diligentes. La quiebra de las EPS y la corrupción les demostró que lo privado no necesariamente es mejor que lo estatal.

El enfrentamiento político e ideológico que hoy rodea la discusión de la reforma al interior del Congreso es el resultado de lo difícil que es y será conciliar dos concepciones del Estado diametralmente contrarias. Lo curioso de todo es que en las narrativas mediáticas e incluso, en los propios discursos de defensores de la propuesta del gobierno no se alude al asunto de fondo al que aquí me refiero.

En cuanto a la reacción patriarcal del iliberal y consumado neoliberal, César Gaviria Trujillo, de amenazar a los congresistas liberales que apoyen el articulado de la reforma oficial a la salud, hay que decir que esta da cuenta del talante arbitrario y poco democrático de este siervo de los banqueros y de todos los agentes sociales y económicos que de tiempo atrás se sirven del Estado para amasar las fortunas con las que logran poner congresistas, presidentes de la República y por supuesto, directores de partidos políticos; estos últimos convertidos en apéndices de los intereses corporativos de dos o tres familias poderosas.

En lo que refiere a la respuesta que el presidente Petro, al invitar al pueblo a que se levante, señalo que resulta inconveniente y peligrosa. Hay que explorar otros mecanismos para deslegitimar la vigencia de Gaviria, Toro y Cepeda. Uno de ellos podría ser el de la justicia, referido a los procesos judiciales en los que están involucrados la exgobernadora del Valle del Cauca y zarina de la salud departamental y el director del partido Conservador, Efraín Cepeda. Frente al expresidente Gaviria, al gobierno le queda insistir en la fractura de su mandato. La misiva que 18 de los 33 representantes liberales le enviaron al nefasto director del insepulto partido Liberal es una señal y una puerta que se abrió para ponerle fin al reinado de este parásito con fuero presidencial.

Curiosidades

Los avances logrados hasta el momento, en lo que toca a la aprobación de los artículos del proyecto de reforma al sistema de salud han sido el fruto de la perseverancia del gobierno y de la bancada del Pacto Histórico, y por supuesto, las decisiones individuales de congresistas liberales, de la U, conservadores y de la Alianza Verde, de tomar distancia de sus jefes políticos, en particular de las amenazas del anacrónico y decadente César Gaviria Trujillo.

El accidentado trámite de la reforma dejó ver el perfil acomodaticio y poco profesional de políticos como Katerine Juvinao y Jota P Hernández y varios del Centro Democrático cuya oposición al proyecto de ley no parte de la lectura juiciosa del articulado y mucho menos de una discusión argumentada. Actúan más como lobistas pagados por las EPS, que como congresistas capaces de dar una discusión técnica y política del articulado. Han apelado a todo tipo de argucias para desbaratar el quorum y presentar recusaciones salidas de las propias huestes de la oposición.

Resulta curioso que estos congresistas jamás discuten la corrupción al interior de las EPS y la tragedia presupuestal asociada a la cantidad de EPS que entraron en quiebra e intervenidas por el Estado, por su inviabilidad financiera. Juvinao y Hernández, entre otros, jamás criticaron la corrupción al interior de la EPS SaludCoop, manejada por el corrupto Carlos Palacino. En esa mismo silencio cayó el exministro de salud de Santos y exministro de Educación de Petro, Alejandro Gaviria, quien funge como otro lobista más de las EPS.

Imagen tomada de El Espectador.com

COP26 y COP28: CONSUMO, REPRODUCCIÓN HUMANA Y CAPITALISMO

Por Germán Ayala Osorio

Está por comenzar la COP28, otra gran cumbre climática que servirá para firmar compromisos y buenas intenciones, mientras las crisis climáticas arrecian con mayor fuerza. La reflexión que a continuación presento, la expuse durante la COP26. Los asuntos o variables aquí expuestas están vigentes.

En el marco de la cumbre ambiental COP26, nuevamente aparecen las promesas de los asistentes de reducir las emisiones de CO2 y por ende, descarbonizar la economía. Pero muy poco se habla de tres asuntos importantes de cara a enfrentar los desafíos y los problemas que ya genera el cambio climático. Los tres están interconectados. El primero, el consumo cotidiano de productos, en particular de tecnología (celulares y vehículos, entre otros), el segundo, las prácticas productivas ancladas a la obsolescencia programada y el tercero, y quizás el más polémico, la reproducción humana.

Suena complejo pensar en diseñar campañas pedagógicas a nivel mundial, conducentes a que los millones de consumidores del mundo, por un momento, revisen los impulsos que los llevan a querer cambiar cada dos años vehículos, televisores y celulares, entre otras mercancías. Quizás si se hicieran más durables esos equipos, entonces no habría la pulsión de quererlos cambiar antes de que la obsolescencia programada les ponga fin o empiecen a presentar fallas en su funcionamiento. Así, tanto el consumo enfermizo de mercancías, como la acción intencional de fabricar equipos cuya vida útil ha sido programada por los fabricantes que buscan sobrevivir en un mercado competitivo, son factores que van de la mano y que deberían de hacer parte de la discusión en las cumbres ambientales. En estas suelen asumirse compromisos macros, sin que estos factores hagan parte de las responsabilidades que deben adjudicarse de manera sincera  los países desarrollados y los que aún están, equivocadamente, buscando alcanzar esos niveles de desarrollo (desarrollismo).

Sobre el espinoso asunto de la reproducción humana poco se habla por cuanto el sistema capitalista está montado sobre la garantía de que habrá nuevos ciudadanos-clientes, es decir, nuevos agentes al servicio del sistema universal de dominación y transformación de los ecosistemas que el ser humano viene consolidando desde tiempos inmemoriales. Si lo que hoy afronta el mundo es una crisis civilizatoria, como lo aseguran varios académicos, entonces lo que hay que revisar a fondo es la condición humana, su presencia dominante, pero, sobre todo, sus acciones depredadoras y altamente disruptivas, que la hacen ver como una plaga incontrastable. La única capaz de modificar sustancialmente estructuras reproductivas y de romper conexiones sistémicas. No es gratuito que hoy se hable del Antropoceno, como la actual era geológica.

Aunque se advierte un decrecimiento de la población y el consecuente envejecimiento en varios países de Europa e incluso, en América Latina, en la India y varios países africanos y la población de China, la población aumenta. Hay que pensar en detener la paridera, para que el planeta descanse de una especie depredadora y dañina como la especie humana. Somos perjudiciales y aviesos, de ahí la violencia contra la naturaleza y nosotros mismos.

Lo dicho por el secretario de la ONU, Antonio Guterres, debería de concitar discusiones y reflexiones que conduzcan de verdad a revisar la fatal incidencia de una especie que, como la humana, se jacta a diario de haber creado una vida artificial que le ha permitido sobrellevar sus debilidades naturales(biológicas), e imponerse sobre las otras especies, en el marco de acciones conscientes-inconscientes de toma de distancia de la naturaleza y de una histórica negación de su pertenencia a las complejas relaciones rizomáticas que dan vida a eso que llamamos naturaleza.

Guterres señaló que “es el momento de decir basta. Basta de brutalizar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con carbono, basta de tratar a la naturaleza como una letrina (...) y de cavar nuestra propia tumba". A pesar de la fuerza semántica, lo dicho por el funcionario de la ONU solo quedará en los registros periodísticos. Y es así, por cuanto hay una inercia civilizatoria que el ser humano ya no maneja y no puede controlar. De esa inercia civilizatoria hacen parte el mercado, el consumo, la reproducción humana y el sistema capitalista. A esos tres factores o elementos hay que sumarle dos más: de un lado, la ciega confianza en que la tecnología servirá para mitigar y enfrentar los problemas generados por las crisis climáticas. Del otro lado, la aspiración de vivir en escenarios tan artificiales, que ya pueda hablarse y situarse en un mundo postnaturaleza. Y para ello, necesitará avanzar en la consolidación de un poshumanismo, lo que nos conducirá, muy seguramente, al nacimiento de un nuevo ser (poshumano) no solo capaz de sobrevivir en medio de difíciles condiciones atmosféricas, sino alejado de cualquier preocupación o angustia ética y moral, por aquellos que no alcanzaron a crear aquellos escenarios alta y tecnológicamente artificiales que les garanticen vivir en condiciones de seguridad y dignidad. Mientras se toma consciencia, la especie humana seguirá convirtiendo el planeta en una maloliente letrina, en un basurero de carros, motos, celulares, llantas, lavadoras e impresoras, entre otras tantas mercancías, sin asumir que se convirtió en una peligrosa plaga. 

Sin duda alguna,  olvidarnos de la fragilidad del ser humano, e ignorar la de los ecosistemas naturales, nos convirtió en una peligrosa especie. Quizás los conflictos, las crisis y los problemas socioambientales y ecológicos que hemos generado se expliquen en virtud a que somos finitos y el sabernos así, es la fuente de nuestros errores al dominar el planeta como lo hemos hecho. Y más complejo se torna esa realidad, cuando es la cultura dominante la que termina por tapar esos errores, minimizar sus impactos y legitimar las soluciones que la ciencia, la tecnología y la técnica suelen proponer para paliar los daños ambientales.

Imagen tomada de Canal 1. 

MAL AMBIENTE

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social- periodista y politólogo

 

Con el retorno de lo que se conoce como el “Uribismo” al poder, esa parte de Colombia que dijo SÍ al Acuerdo de Paz, en el innecesario plebiscito del 2 de octubre de 2016, sabía lo que se vendría para el país con la llegada del dócil y sumiso Iván Duque Márquez a la Casa de Nariño. Así, retornaron las siempre selectivas y ejemplarizantes masacres de grupos paramilitares; se dio continuidad y se consolidó el Genocidio Político de los firmantes de la paz (ya van 220); se aceleró la violencia estatal contra los campesinos (más de 200 líderes y lideresas asesinados) que se acogieron a la política y a los planes de sustitución de los cultivos de uso ilícito; y desde la bancada del Centro Democrático se enfilaron baterías jurídico-políticas para frenar, entorpecer y debilitar aún más el delicado proceso de implementación del Acuerdo Final II.

El mismo Duque Márquez, siguiendo instrucciones de Uribe Vélez, enfiló, tempranamente, baterías en contra del Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc-Ep. Y lo hizo, al objetar varios artículos de la ley estatutaria que daba vida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mismo tribunal que de tiempo atrás recibió y recibe presiones y ataques desde la Fiscalía General de la Nación, desde las huestes del Centro Democrático y recientemente, indebidas presiones de Iván Duque Márquez, al exhortar a los magistrados de dicho Tribunal de Paz para que rápidamente definan responsabilidades penales en contra de los comandantes de las Farc-Ep comprometidos de manera directa en el reclutamiento de menores para la guerra;  la exigencia de Duque la hace en medio de su silencio cómplice frente al sistemático asesinato de excombatientes farianos y en relación con el reciente y forzado traslado del ETCR de Ituango, por presiones de grupos paramilitares, entre otros hechos que expresan con preocupante claridad el poco compromiso de él y del Gobierno que representa, con la consolidación de una paz estable y duradera. Y claro, Duque no exige la misma celeridad a la JEP en los casos que comprometen a exmilitares de alto rango en los casos de los “Falsos positivos”.

Hay que decirlo con total contundencia: Duque y el “uribismo” se han encargado de generar un mal ambiente a la Paz y  a la implementación de lo acordado. Y lo han hecho no solo con pronunciamientos destemplados de Archila y Ceballos, sino con acciones y decisiones administrativas conducentes a debilitar la confianza de los firmantes de la paz y comparecientes a la JEP. Sobre este asunto, la JEP acaba de ordenarle al Gobierno de Iván Duque proteger a los exguerrilleros de las Farc que hoy están amenazados y rinden cuentas a esta justicia. La Sección de Ausencia de Reconocimiento decretó hoy medidas cautelares colectivas a los excombatientes, después de “constatar la grave situación de vulneración a sus derechos fundamentales, fenómeno que ha sido documentado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc”.

Además de todo lo señalado líneas atrás, hay otros hechos que aportan a la generación de un mal ambiente a la construcción de una paz estable y duradera. Ya casi nadie se acuerda de las 16 curules que debieron ser entregadas a las víctimas de los actores armados.

En materia castrense, el mal ambiente que genera Duque lo logra con los ascensos de los generales  Nicacio de Jesús Martínez Espinel (retirado por presiones del gobierno norteamericano) y Eduardo Enrique Zapateiro, recientemente ascendido al grado de General. Se trata del mismo oficial que lamentó la muerte del sicario, alias Popeye, lugarteniente del narcotraficante y también asesino, Pablo Emilio Escobar Gaviria. No se ve nada bien que un alto oficial del Ejército lamente públicamente  la muerte del “popular” asesino y no exprese lo mismo cuando a diario en Colombia matan lideresas y líderes sociales, defensores de los derechos humanos y del ambiente y firmantes de la paz.

Al conformar una cúpula tropera el gobierno de Duque no solo manda un mensaje claro al ELN, sino a los mismos firmantes de la paz, en la medida en que los oficiales troperos suelen ser los instrumentos por donde transpira esa Colombia que dijo NO al Acuerdo de Paz ese adverso 2 de octubre de 2020. Pensar en una cúpula cercana a la Paz, como la que en su momento diseñó Santos Calderón, constituye un exabrupto para Duque y para el llamado “uribismo”. A lo que hay que sumar que el general Zapateiro tiene varias investigaciones en curso y está comprometido con los perfilamientos y acciones de inteligencia que desde el Ejército y con recursos entregados por los Estados Unidos se hicieron contra periodistas y  operadores políticos de la Oposición. Y lo que es peor para Colombia, es que  quedan dos años para que el “uribismo” pueda consolidar el ya evidente Mal ambiente para la Paz y quizás intente ir más allá.

 

Imagen tomada de Pluralidad Z

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ALIANZA VERDE: UN PARTIDO QUE AÚN NO MADURA UN DISCURSO AMBIENTAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El discurso ambiental y con este la defensa de los “ecosistemas naturales-históricos”, así como la narrativa que valida el cambio climático como realidad inobjetable, vienen perdiendo terreno en el ejercicio de la política, circunstancia que aporta al debilitamiento del ambientalismo como movimiento social, con vocación política.

No hay en Colombia hoy un partido político que recoja esas banderas, aunque varios de los miembros de colectividades como el partido Liberal y Alianza Verde, entre otros,  expresan interés por hablar de desarrollo sostenible, sostenibilidad y responsabilidad social empresarial, en medio de un empobrecimiento generalizado del discurso ambiental o lo que quizás es peor, de la reducción de su discusión y estudio a los claustros de las universidades privadas y públicas alejadas de las realidades socio ambientales de las comunidades campesinas y ancestrales que soportan un desarrollo económico basado en actividades propias de una economía de enclave.

En el portal de la Alianza Verde está alojada la cartilla Somos ambiente en la que aparece un texto de Antana Mockus, a manera de presentación, en el que se lee: “hoy más que nunca el Partido Alianza Verde tiene claros sus propósitos y su compromiso con el ambiente en Colombia. Debemos actuar ahora por la protección y preservación de nuestras fuentes de vida, nuestros recursos naturales y nuestra extraordinaria biodiversidad, promoviendo el uso de energías limpias, el consumo responsable y el desarrollo sostenible, para garantizar las oportunidades del mañana”. También aparecen opiniones de Brigitte Baptiste, Jorge Londoño y Carlos Amaya.

Los congresistas más visibles de la Alianza Verde poco o nada hacen referencia al cambio climático, a los monocultivos y al modelo de la gran plantación que generan graves impactos socio ambientales y ecológicos, al igual que la ganadería extensiva y el crecimiento desordenado de ciudades capitales e intermedias.

La pobreza discursiva de los congresistas de dicha colectividad bien se puede explicar porque su mayor preocupación hoy está, en varios de sus militantes, en torpedear las reformas sociales del gobierno Petro y otros, en mantener su apoyo, sin que, a ambos sectores, los una conceptos claves asociados a la discusión sobre el desarrollo, el ambiente y la sostenibilidad. Lo que sí lo une es la incapacidad de pensar sistémicamente, con miras a conectar los problemas de salud pública, con el modelo de desarrollo, los paisajes monótonos de monocultivos como la caña de azúcar y el aguacate Hass que, aunque verdes, responden a la lógica de los mal llamados “ecosistemas emergentes” con los que se rompen conexiones ecosistémicas entre plantas y animales y se afectan los nichos ecológicos de especies silvestres que en sirven como bioindicadores.

Usar el vocablo Verde y no erigirse como un partido ambientalista en los tiempos del cambio climático constituye una burla al ambientalismo colombiano y una acción propia del greenwashing.

Como país biodiverso, el país necesita de por lo menos un partido verde que realmente esté comprometido con la revisión del modelo de desarrollo económico basado en lo que se conoce como el agro extractivismo. Colombia necesita un partido político que tenga un centro de pensamiento ambiental conectado con la academia y con el sentir de las comunidades afectadas por la ganadería extensiva de baja producción, los monocultivos (legales e ilegales), la deforestación y el crecimiento desordenado de las ciudades, sostenido este en la vieja idea de que lo rural es sinónimo de atraso y lo urbano, de progreso y bienestar.

Imagen tomada de Semana.com

BARBOSA ARREMETE NUEVAMENTE CONTRA EL PRESIDENTE PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

A pocos meses de dejar su cargo, Francisco Barbosa arremete contra el presidente de la República por los cuestionamientos que el jefe del Estado le hizo a la fiscalía en razón a los vínculos que tendría con el narcotráfico Francisco Javier Martínez Ardila, director del Cuerpo Técnico de Investigaciones del CTI, de la sede de Buenaventura.

Nuevamente Gustavo Petro da total credibilidad a versiones periodísticas que indican que la Fiscalía está al servicio o permeada tanto por estructuras mafiosas, como por miembros del Clan del Golfo a quienes no se les persigue y por el contrario, se les protege. Sobre lo primero, informó el Daniel Coronell. Sobre lo segundo, en su momento lo hizo el también periodista, Gonzalo Guillén.

Barbosa dejó ver su talante rabioso y la animadversión que le produce Petro, a quien siempre, en sus rifirrafes, le recuerda su pasado guerrillero, olvidando un hecho clave: su desmovilización y acogimiento a las normas de la democracia. Los frecuentes enfrentamientos entre Petro y Barbosa son, además de personales, institucionales, lo que hace pensar en que lo mejor que le puede pasar al país es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) elija la nueva fiscal en los tiempos estipulados o quizás antes, para evitar la interinidad de Martha Mancera, quien, de acuerdo con versiones periodísticas, es quien maneja los hilos más oscuros dentro de la fiscalía general de la Nación. Barbosa aspira a que su mano derecha quede al frente de la Fiscalía, en una soñada dilatación del proceso de elección de la nueva fiscal por parte de los magistrados de la CSJ, quienes ya escucharon a las aspirantes a suceder al actual fiscal general de la Nación.

Al verse confrontado por el presidente de la República y el periodista Daniel Coronell, Barbosa movió el aparato institucional para provocar resultados operacionales que en lugar de despejar las dudas que recaen sobre Martínez Ardila, terminaron por ensuciar aún más la imagen negativa que arrastra el ente investigador desde los tiempos de Luis Camilo Osorio y la consolidación de las suspicacias que circulan en la opinión pública en torno al funcionario, que en lugar de ser removido de su cargo, fue trasladado de Buenaventura.

El traslado de Martínez Ardila no aclara lo que Coronell denunció en reciente columna y que compromete directamente a la vicefiscal Martha Mancera, quien estaría protegiendo al director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la sede del puerto sobre el Pacífico.

En tono desobligante, el comunicado de la Fiscalía señala lo siguiente: “Con relación a las afirmaciones falsas y tendenciosas hechas por el Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en las que equivocadamente indica que la Fiscalía ha sido “utilizada para exportar cocaína” y proteger delincuentes en Buenaventura (Valle del Cauca); y con ocasión de una publicación que divulgó parcialmente unos audios, los cuales hacen parte de una investigación contra una red narcotraficante que tiene injerencia en Buenaventura…”

Nótese que, en el comunicado, muy seguramente escrito por indicación y aprobación de Barbosa, se fustiga en mayor grado lo dicho por el presidente, a quien lo trata de mentiroso y tendencioso, mientras que en referencia al periodista Coronell se deja entrever que a los audios que reveló el periodista, le faltarían partes que, de acuerdo con el sentido del comunicado, no darían para colegir que Martínez Ardila anda en “malos pasos” y que mucho menos, está siendo protegido por Martha Mancera.

Lo cierto es que la narrativa que indica que la Fiscalía, desde los tiempos de Luis Camilo Osorio, pasando por las administraciones de Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa, viene permeada por estructuras criminales (narcotraficantes y paramilitares) que lograron capturar unidades de investigación, fiscales e investigadores, se consolida dentro y fuera del país. La embajada de los Estados Unidos está encima de lo que está aconteciendo con la Fiscalía y sigue de cerca las reacciones temerarias de Barbosa.

Insisto: la nueva fiscal general de la Nación está en la obligación de recuperar la Fiscalía para el Estado y la sociedad. Y para lograrlo, deberá pedir ayuda a las autoridades americanas e incluso, al Scotland Yard.

 Imagen tomada de Semana.com