URIBE EN MISA Y SU SAGRADA VICTIMIZACIÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

 A los ya tendenciosos cubrimientos periodístico-noticiosos- en el marco de una evidente autocensura- que los medios hegemónicos están haciendo del juicio contra el expresidente antioqueño Álvaro Uribe Vélez se suma la teatralización religiosa que el Señor Acusado hizo recién de la realidad judicial en la que se encuentra.

Entrar a una iglesia, en la rezandera y camandulera Medellín, y pedir silencio a los seguidores-actores prestos al interior del recinto sagrado a ovacionarlo inaugura la etapa divina del juicio a la que llamaré la “sagrada victimización”. De resultar Uribe condenado por la jueza 44, Sandra Liliana Heredia, la derecha católica, apostólica y romana tendrá la oportunidad de elevar a su “presidente eterno” al estatus de Mesías condenado, circunstancia moralizante que serviría para calificar como impíos a cientos de miles de connacionales, incluidos en ese amplio grupo de irreligiosos a la juez, la fiscal del caso y a las víctimas acreditadas. Y una sociedad que es capaz de condenar a un “hombre bueno y probo como Uribe” debe, sí o sí, recibir el máximo castigo:  la ira divina.

Con esa escena, Uribe, como buen samaritano, pretende inspirar a quienes aún creen en su cuestionada inocencia a que programen procesiones a la Basílica de Nuestro Señor de los Milagros para pedirle al Señor que salve al Señor de Colombia, acusado de manera temeraria por hombres y mujeres injustos, cegados por la ignorancia y el odio.

Como se trata de un asunto de Fe, los argumentos jurídicos y el análisis del material probatorio pasan a un segundo plano. Acá no se trata, como lo ha pedido el senador Cepeda, dar una lucha jurídica de altura, sino llevar el juicio a los fangosos terrenos de la política electoral y a la moralizante y también cenagosa instancia de la religiosidad.

Uribe Vélez es creyente como millones de colombianos que saben explotar muy bien esa condición espiritual y religiosa para engañar incautos y dejar en manos de Dios sus culpas (no delitos). Quienes así operan, suelen sentir un desprecio enorme por la justicia terrenal, en particular cuando los procesos penales en los que están envueltos no les resultan favorables o porque sienten que se puede dar una inminente condena en su contra. Sentirse perdido y buscar a Dios es una práctica común en los creyentes.

El expresidente y expresidiario antioqueño sabe que cuenta con el respaldo mediático de todos los medios y periodistas de las empresas mediáticas cuyos propietarios hacen parte del Establecimiento que está obligado moral y políticamente a mantenerlo vigente política y electoralmente bajo el engañoso apelativo de Gran Colombiano, en el que confluyen valores que la ultraderecha siempre expone como parte de sus rasgos psicoafectivos: el amor por la Patria, el respeto por la institucionalidad y la ciega admiración por los hombres en armas (legales e ilegales).

Mientras surte efecto la escena de la sagrada victimización de Uribe, en las redes sociales y en particular en X los defensores del exmandatario hacen ingentes esfuerzos por encontrar vacíos y otros problemas en los argumentos de la Fiscalía que acusó al ladino político de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. 

Entre tanto, la prensa hegemónica apela a todo tipo de estrategias informativas para negar la gravedad de los delitos que finalmente llevaron a juicio a Uribe. Poner el foco en detalles irrelevantes hace parte de las maniobras periodísticas con las que a toda costa buscan la salvación social del Señor Acusado. Y por supuesto, seguir siendo la caja de resonancia de todo lo que diga y haga el cuestionado exmandatario. Viralizada la escena de la sagrada victimización, la prensa bogotana y regional queda lista para amplificar la siguiente escena programada de la teatralización religiosa a la que el uribismo está llevando a la opinión pública.

EL FUTURO DEL CAMBIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El futuro social, electoral y político de la idea maximalista del Cambio propuesta por el progresismo y la izquierda sería incierto en una sociedad bien informada, civilizada, leída y formada para la discusión privada y pública de asuntos públicos. Como estamos en Colombia, esa misma idea planteada de manera pomposa y alucinante por el Pacto Histórico podrá ser usada en el 2026 bien por la Oposición o por quienes prometieron que era posible cambiar las costumbres políticas y la operación paquidérmica y mafiosa del Estado colombiano en cuatro años. ¡Vaya sueño!

De hecho, el bloque político-mediático que le viene haciendo oposición al gobierno Petro y que la mantendrá hasta el 7 de agosto de 2026 ya usa la idea del Cambio en el sentido restringido que les conviene a sus principales agentes de poder: gritan con fervor religioso “vamos a recuperar el país, a reconstruir moral e institucionalmente a Colombia”, consignas que tienen como sustento la sempiterna idea de Cambio que los inspira: cambiar para que todo siga igual.

Tanto la idea maximalista del Cambio que supo vender el progresismo en el 2022, como la minimalista que viene usando la derecha desde los orígenes de la República Oligárquica dicen mucho de lo que somos como sociedad. El sentido maximalista resulta engañoso porque nace del sueño de quienes a sabiendas de la complejidad cultural que supone cambiar a una sociedad premoderna, conservadora, con visos fascistas; además de clasista, racista y violenta, decidieron usarla como estrategia electoral y política sin avizorar los efectos negativos en el electorado que creyó que era posible cambiar en cuatro años lo que ha funcionado eficientemente mal por más de doscientos.

Recordemos el eslogan de campaña del inefable Andrés Pastrana Arango (1998-2002): “El Cambio ¡Es Ahora!”. Para esa época quizás muy pocos ciudadanos asumieron esa idea desde un sentido maximalista, pero al estar anclada a los intereses de uno de los hijos del pérfido establecimiento colombiano de inmediato afloró su carácter minimalista. Al final, el país conoce lo que pasó: nada cambió en términos de las correlaciones de fuerza. Algunos dirán que trajo el Plan Colombia, esto es, una política estatal de guerra contra las narcoguerrillas con graves efectos socioambientales que terminó legitimando a los grupos paramilitares.

“El futuro es de todos” fue el eslogan de la campaña Duque presidente. La noción de Cambio aparece implícitamente si se aceptan las penosas realidades sociales en las que vivían millones de colombianos como resultado de la privatización y captura mafiosa del Estado y la aplicación a rajatabla de la receta neoliberal. El fatal desempeño económico del títere de Uribe terminó aumentando la pobreza y la desigualdad en el país. Ya la campaña de Juan Manuel Santos había apelado años atrás a la misma engañosa idea de un cambio para todos. Tan universal como “El futuro es de todos”, vino la frase “Prosperidad para todos” con un Santos neoliberal y clasista que usó la apuesta por la paz con las Farc-Ep para ocultar sus reales intenciones. Para reelegirse, apeló a una frase “sincera y engañosa”: “Hemos hecho mucho, falta mucho por hacer”.

Antes de ser puesto Duque en la Casa de Nari como marioneta del Establecimiento, una parte importante de los colombianos soñaron y disfrutaron con todo lo que les decía la frase “Mano firme, corazón grande”, acompañada de la imagen de Álvaro Uribe mirando hacia el horizonte, vestido con una camisa roja que representaba ideas liberales, pero también la sangre que se derramaría entre 2002 y 2010. En la icónica, fantasiosa y temida frase aparece también una noción de Cambio que fue tan bien aceptada que permitió su inmediata reelección y con la posibilidad de un tercer mandato. Terminado el gobierno de la Mano Dura y el Corazón Indolente, el país cambió solo para aquellos que tenían finca y negocios mafiosos con el Estado; del resto se encargaron los medios masivos que hicieron de Uribe un Mesías o en boca de Jaime Garzón, “el dictador que este país necesita”.

En el 2026 volverá la noción del Cambio a aparecer implícita o explícitamente en frases que cautivan a un electorado que cada cuatro años asiste a las urnas con la esperanza de que el país pueda cambiar lo que ha estado mal desde los inicios de la República. Los expertos en marketing político harán lo que les corresponde, mientras que millones de colombianos irán a las urnas, unos engañados por la prensa afecta al Establecimiento, otros confundidos; otros volverán para mantener sus puestos, revalidar contratos u obtener nuevos de acuerdo con lo aportado a cualquiera de las campañas. No hay manera de cambiar nada en una sociedad a la que medios y políticos asustaron con el “coco” del “Castrochavismo”. Esa misma sociedad que cree que Uribe fue el mejor presidente de Colombia no ha entendido su propia historia. Una sociedad clasista, racista, misógina, homofóbica, violenta, incivilizada y poco leída no se cambia ni en cuatro ni en ocho años.

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LA GALLARDÍA DE LA JUEZA SANDRA HEREDIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La juez Sandra Liliana Heredia Aranda, que lleva el juicio al que comparece Álvaro Uribe Vélez en calidad de acusado por graves delitos, es un símbolo de dignidad, aplomo, seriedad, legitimidad y firmeza por el carácter con el que viene enfrentando las dilaciones de la defensa del expresidente antioqueño y el tono altanero y desafiante del abogado Jaime Granados, defensor y admirador número uno del exmandatario al que llama “presidente” a pesar de no ostentar esa dignidad.

Las objeciones elevadas por la defensa de Uribe, rechazadas recientemente por la jueza Heredia, han provocado toda suerte de comentarios favorables hacia la operadora judicial en una sociedad machista y misógina como la colombiana, en la que los hombres, poderosos o no, están acostumbrados a subir la voz en especial cuando quien los controvierte es una mujer. Heredia no se ha amilanado ante el poderoso y temido expresidente y el desafiante abogado Jaime Granados.

Las decisiones tomadas en derecho y la actitud profesional de Heredia dejan muy mal parados a los otros operadores judiciales, en particular a fiscales que bajo la fiscalía de Barbosa optaron por ponerse del lado de Uribe, afectando en materia grave la dignidad de la justicia, la misma que la jueza Heredia está defendiendo al evitar que la defensa del procesado continúe presentando excusas o mociones de orden con evidentes intenciones dilatorias.

Heredia Aranda viene actuando “confirmesa” frente a dos hombres hijos de esta sociedad machista que aún ven con extrañeza y molestia que hoy haya jueces, médicas, ingenieras y abogadas capaces de tomar decisiones profesionales y legítimas en medio de presiones de toda índole y en la insistencia de desconocer sus capacidades, inteligencia y rigor.

La gallardía de Sandra Liliana Heredia debería de servir de ejemplo para todas aquellas mujeres que a diario deben enfrentarse a hombres que siguen atados a las viejas creencias que les instaló el machismo en relación con las mujeres.

En el portal Kienyke se lee que “Sandra Liliana Heredia Aranda es una figura que ha consolidado su carrera en el ámbito judicial. Según registros de la Rama Judicial, su trayectoria comenzó en el Tolima, donde, en 2006, fue admitida como aspirante al Concurso de Méritos para conformar el Registro Seccional de elegibles para los cargos de empleados de Carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Ibagué y el Tolima Administrativo. Este primer paso en su carrera marca el inicio de una ascendente trayectoria dentro del sistema judicial colombiano. A lo largo de los años, Heredia ha mostrado un compromiso con la justicia, destacándose por su rigor profesional y su dedicación al cumplimiento de la ley. Su nombre también ha sido reconocido en informes de gestión como parte del Comité Seccional de Género Bogotá y Cundinamarca, donde se destacó por su aporte en el ámbito de la perspectiva de género en el manejo de casos judiciales. En un informe de gestión, se mencionó su participación en sentencias que evidencian un importante aumento en la postulación de causas con enfoque de género, lo que subraya su compromiso con la equidad y la justicia social”.

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PRENSA HEGEMÓNICA, AUTOCENSURA Y EL JUICIO CONTRA URIBE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El juicio que por estos días enfrenta en calidad de acusado el expresidente Álvaro Uribe Vélez constituye un hecho periodístico-noticioso que debería de ocupar la atención de los medios hegemónicos por tratarse del primer exmandatario procesado penalmente por delitos no políticos.

Bajo esa circunstancia, el cubrimiento de semejante hecho jurídico-político debería dar para informes diarios sobre las audiencias, análisis del material probatorio e incluso, la búsqueda de reacciones de los protagonistas después de cada uno de los momentos procesales transmitidos en directo.  Se esperaría portadas enteras, sonoros titulares, frases sacadas de las audiencias expuestas para poner a hablar al país de semejante suceso. Eso sí, los medios hegemónicos optaron por llevar las incidencias del juicio a las redes sociales, en particular en la red X, escenarios en los que desde el 7 de agosto de 2022 se expresa con enorme violencia discursiva la crispación ideológica entre la derecha y la izquierda. En esa cloaca llamada Twitter o X,  hay cuentas uribistas dedicadas a tratar de desvirtuar las tesis y el material probatorio llevado por las víctimas y la Fiscalía; del otro lado están las de aquellos ciudadanos convencidos de la responsabilidad penal del Señor Acusado. 

Va quedando claro que por sus compromisos políticos y económicos los medios hegemónicos no están cubriendo el juicio contra Uribe como se esperaría que lo hicieran. De esa manera, están perdiendo una gran oportunidad para hacer un ejercicio periodístico de calidad y reconquistar a las audiencias que vienen perdiendo por haber puesto toda su capacidad instalada a deslegitimar al actual gobierno y a generar incertidumbres en los colombianos que aún consumen la información publicada a diario por medios como Noticias Caracol, Noticias RCN, El Colombiano, El País de Cali, así como Blu radio, La FM y La W.  

Debido a que la apuesta editorial de esas empresas mediáticas es consolidar la narrativa que señala que “el país va mal por cuenta del comunismo de Petro”, la autocensura aparece como conducta institucional con la que los periodistas de dichos medios de comunicación privan a las audiencias de seguir lo que bien se puede considerar como el “juicio del siglo”. Prefieren seguir ostentando el mote de "medios uribistas", antes de salir a exponer la gravedad de los señalamientos que Juan Guillermo Monsalve, el exparamilitar y “testigo estrella” ha hecho contra el expresidente y expresidiario antioqueño.

Años atrás, todos los medios hegemónicos se volcaron a cubrir con lujo de detalles los hechos jurídico-políticos acaecidos en el marco de lo que se conoció como el Proceso 8.000. En dicho escándalo estuvo comprometida la majestad de la presidencia de la República en cabeza de Ernesto Samper Pizano. La financiación de la campaña Samper presidente con dineros del Cartel de Cali fue un hecho político relevante que hizo confluir a la gran prensa bogotana en el cubrimiento de revelaciones y filtraciones de piezas procesales que confirmaban la entrada de los dineros de los mafiosos caleños a la campaña de Samper. La entrada de dineros “calientes” a las cuentas de la campaña electoral que llevó a Samper Pizano a la Casa de Nariño, al lado de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos y la vinculación que el testigo Monsalve ha hecho de Uribe con actividades de narcotráfico y paramilitarismo, bien puede verse como una pilatuna.

Aunque el Proceso 8.000 fue más un hecho político que judicial a pesar de las investigaciones y las condenas proferidas por la justicia, el cubrimiento periodístico-noticioso garantizó que la opinión pública de la época se acercara a la construcción del relato más verídico que al final se consolidó como verdad: Samper llegó a la presidencia patrocinado por el Cartel de Cali.

Por el contrario, los hechos que tienen a Uribe sentado en el banquillo en calidad de acusado están alejados de cualquier consideración política, razón suficiente para que la gran prensa bogotana se volcara a cubrir el juicio contra el expresidente antioqueño con el mismo fervor con el que sus periodistas cubrieron el Proceso 8.000.  Es más, por tratarse de delitos no políticos cometidos por Uribe de acuerdo con la tesis de la Fiscalía y las víctimas acreditadas, los registros editoriales y noticiosos de las audiencias a las que comparece el expresidente deberían de ser más abundantes que los que se dieron para el caso de Samper Pizano.

Optar por abrir noticieros de televisión con los conciertos de Shakira da cuenta del particular desinterés de dichas empresas mediáticas de cubrir el juicio contra Uribe de acuerdo con las dimensiones penal, ético política y moral que rodean semejante suceso.

Al preferir la autocensura, dichas empresas periodísticas terminan dándole la razón a sus críticos que los califican de ser “medios uribistas" que defienden a dentelladas la imagen y el “legado” de Uribe Vélez, convertidos en una suerte de “patrimonio” cultural para esa Colombia que valida el Todo Vale y la violencia (I) legítima del Estado. Aunque no cubren el juicio como se esperaría que lo hicieran, periodistas de Blu radio y La FM, entre otros, no pierden oportunidad para sugerir que se trata de un juicio político contra Uribe.

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URIBE Y LA POLÍTICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Ver al expresidente Álvaro Uribe Vélez en un juicio en calidad de acusado por delitos no políticos hace pensar en cuáles fueron o son aún las maneras en las que asumió la Política (Sí, en mayúscula) como actividad humana. Por la gravedad de los delitos por los cuales hoy está acusado, queda claro que Uribe jamás reconoció y mucho menos asumió la Política como el camino para dignificar su propia existencia y la de los millones de colombianos que afectó negativamente con sus decisiones al frente del Estado. Justamente, en su calidad de presidente de la República, Uribe Vélez hizo funcionar las instituciones estatales haciendo que la “violencia legítima del Estado” se asumiera como su única tarea y propósito dentro del territorio nacional. Eso sí, la legitimidad sobre la que Uribe hizo cumplir semejante consigna no siempre se basó en términos de la legalidad, esto es, en la validez jurídica de los preceptos legales y la suficiente altura moral y la eticidad suficiente que se espera que acompañen todas las acciones de Estado.

Los falsos positivos que ocurrieron durante sus dos administraciones explican con claridad meridiana el sinuoso sentido con el que aplicaron la consigna weberiana quienes entendieron la orden de acabar con lafar ejerciendo una “violencia legítima” que terminó desbordada y aplicada a civiles inermes. Es más, los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos por los cuales está respondiendo en juicio el expresidente Uribe devienen contaminados e inexorablemente atados a la manera poco profesional con la que asumió la Política el político antioqueño.

Weber sostiene que “hay dos formas de hacer de la política una profesión. O se vive para la política o se vive de la política. La oposición no es en absoluto excluyente. Por el contrario, generalmente se hacen las dos cosas, al menos idealmente; y, en la mayoría de los casos, también materialmente. Quien vive para la política hace de ello su vida en un sentido íntimo; o goza simplemente con el ejercicio del poder que posee, o alimenta su equilibrio y su tranquilidad con la conciencia de haberle dado un sentido a su vida, poniéndola al servicio de algo”.

Si estiramos el sentido de la cita de Weber quizás podamos decir que Uribe asumió la política como un instrumento con el que buscó privilegios y gozó con su consecución, dejando de lado la oportunidad de servirle a sus dominados dentro del territorio y llegando a la vejez con la conciencia tranquila por un deber cumplido de alcance universal y no el particular con el que entendió el ejercicio del poder político. Convertido ya en un carcamal, los colombianos que lo aplaudieron y veneraron y los que siempre lo criticaron, ven a un viejo en un juicio acusado de delitos no políticos que hablan mal de él como ser humano, que de la Política.

Uribe perdió la oportunidad que quizás el destino le brindó de hacer de la Política el camino para establecer significativas relaciones y amistades con hombres y mujeres formados para discutir sobre el devenir de la humanidad. Quizás por estar su vida atada a la subcultura arriera y al entorno violento en el que creció, Uribe Vélez no pudo o no quiso asumir la Política como el camino para convertirse en un hombre virtuoso y un referente universal como Nelson Mandela o Pepe Mujica. Su visión del mundo siempre estuvo ajustada a los límites de sus haciendas.

Al final de su azarosa vida, queda claro que el expresidente y expresidiario antioqueño aportó mucho a los ya truncos procesos civilizatorios de la sociedad colombiana y mucho menos a la Política como una actividad humana dignificante. Poco o nada importa si al final del juicio es declarado “culpable” o quizás “no culpable” o logre la prescripción de los delitos. La historia no lo absolverá, aunque sus seguidores sean benévolos por una vida dedicada a la “política” en un país prepolítico, premoderno e incivilizado. 

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LA TESIS DEL MINISTRO ROJAS

 

Por Germán Ayala Osorio

A las acciones sistemáticas de la prensa hegemónica por desprestigiar a los ministros y por esa vía al gobierno Petro, se sumó el escándalo que armaron con el asunto de la tesis de maestría que desaprobó el actual ministro de educación Daniel Rojas Medellín.

Blu radio y La FM, entre otros medios elevaron la decisión académica tomada al interior de la Universidad Nacional en la que cursò la maestría el estudiante Rojas Medellín a la condición de “inmoralidad pública”. Es decir, la desaprobación de la tesis del Min educación es igual a acreditar títulos falsos o plagiar tesis como en su momento lo hizo Enrique Peñalosa, quien en su currículo consignaba un título de Doctor que jamás obtuvo. Eso sí, al exalcalde de Bogotá lo trataron con guantes de seda.

En lugar de destacar la decisión del alma mater como una prueba de su seriedad y rigurosidad académica, los periodistas de varios medios masivos optaron por usar el veredicto del jurado para desprestigiar al estudiante-ministro como si la desaprobación de su tesis de maestría fuera una falta grave e incluso una prueba de su “incapacidad para estar en la cartera de educación”.

Quizás el ministro Rojas pudo presionar desde su alto cargo para que la decisión del jurado fuera revisada y finalmente cambiada, pero no lo hizo. Esta es una práctica más que común en Colombia. Por el contrario, aceptó la dureza del veredicto académico que compromete en gran medida a su director de tesis por haber dado el visto bueno de una versión que, a juicio del jurado, no cumplía con los requisitos exigidos para su aprobación.

El doble rasero volvió a emerger como política editorial y perspectiva noticiosa en los colegas que abordaron el asunto con la animadversión ideológica que les produce ver al joven ministro al frente de esa cartera ministerial. Como parte del grupo de periodistas que participaron del escarnio público al que fue sometido Rojas Medellín estuvo Darcy Quinn, la periodista radial que tiene una sección de chismes políticos en La FM, medio uribizado que de tiempo atrás a diario ataca al gobierno Petro.

La señora Quinn se hizo famosa por reconocer al aire que no pudo acreditar el título de periodista en una prestigiosa universidad privada de Bogotá porque “en la Javeriana fue muy difícil lograrlo (graduarse) me pusieron mil trabas, entonces fue a la Sergio Arboleda y me dijeron, claro Darcy ven, me valieron unas materias y me gradué…”  Cuando el país político conoció esta confesión de la mencionada periodista de inmediato en las redes sociales le empezaron a exigir que mostrara la tesis con la que alcanzó, casi veinte años después, su título de comunicadora social-periodista. Hasta donde se sabe, la tesis no aparece.

Por supuesto que la mencionada periodista aprovechó lo sucedido con la tesis del estudiante-ministro para insistir en la “mediocridad” del ministro y en general en la falta de capacidad técnica de este y de otros ministros escogidos por el presidente Petro.  

Lo que le sucedió a Rojas Medellín es normal dentro de los procesos académicos al interior de universidades privadas y públicas. Aunque acreditar títulos falsos como lo hizo Peñalosa se volvió costumbre en el país, el ataque personal contra el Min educación solo se explica por la inquina que les produce todo lo que hace o deja de hacer el gobierno de Petro y sus ministros.

En el pasado inmediato hubo escándalos académicos de políticos uribistas. El país recuerda a Julián Bedoya, político que acreditó el título de abogado de la Universidad de Medellín, el mismo que obtuvo de manera fraudulenta. El país también recuerda a Jeniffer Arias, congresista que plagió documentos y presentó una tesis de maestría a la Universidad del Externado. "La Universidad sometió el texto de la tesis a una herramienta informática para la detección de plagio, operación que arrojó un importante número de coincidencias con fuentes o documentos publicados en Internet de autores diferentes”.

 la tesis del ministro rojas medellín - Búsqueda Imágenes

 

CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE SERGIO FAJARDO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La reunión que el expresidente Uribe sostuvo con Sergio Fajardo puede terminar uniendo a la derecha en torno a la tercera candidatura del exgobernador de Antioquia. Fajardo es el político que menos resistencia genera en un electorado que acosa cansancio por el alto nivel de crispación ideológica por el que atraviesa el país por cuenta de las disputas diarias entre Petro, los medios y agentes de la derecha más retardataria.

No se trata de una reunión más de las tantas que viene sosteniendo con otras figuras, como dijo Fajardo. No. El encuentro con el expresidiario antioqueño puede aclarar el panorama electoral para la derecha y los agentes más poderosos del Establecimiento que prefieren apostarle por última vez a la candidatura de Fajardo.

La decisión de jugársela por el matemático está soportada en las resistencias que generan las candidaturas de Vicky Dávila de Gnecco, Claudia López Hernández, David Luna y Germán Vargas Lleras, políticos que representan el desgaste de una derecha neoliberal que se creyó invencible, hasta que llegó Petro y les enrostró que aplicar a rajatabla la doctrina neoliberal fue un error que en el 2022 les costó la presidencia.

Esos mismos agentes del Establecimiento saben que la exdirectora de Semana no está preparada para montarse en la “vaca loca” de gobernar a un país tan complejo como Colombia. En el fondo saben que poner a la periodista en la Casa de Nariño sería repetir el garrafal error que cometieron llevando a la casa de gobierno a Iván Duque Márquez, un pusilánime en gran parte responsable del ascenso de Petro y su posterior llegada al poder. En cuanto a Vargas Lleras se refiere, los mismos poderosos agentes del Establecimiento prefieren sacrificarlo porque el exvicepresidente de Santos es odiado por más de medio país, a lo que hay que sumar su nulo carisma y el clasismo que lo hace ver como un político irascible y violento. David Luna es apenas un manzanillo que se contentará con que le den un ministerio. 

Por el contrario, Sergio Fajardo ha sabido consolidar una imagen de un político tranquilo, con el que es posible llegar a acuerdos. La imagen de “tibio” resulta manejable frente al perfil pendenciero e infantil de la exdirectora de Semana y la adusta imagen de Vargas Lleras. Aquel episodio de "donBernabilidad" la gran prensa hegemónica  sabrá darle manejo. Ya varios medios empezaron a posicionar una imagen positiva de Fajardo: la revista Cambio, Blu radio y Noticias Caracol se embarcaron en el proyecto político con el que el GEA, Uribe, Sarmiento Angulo y Santodomingo quieren llevar a Fajardo a la presidencia. Fajardo es la figura perfecta para una derecha que se siente perdida por la irrupción de Petro y la consolidación del progresismo como proyecto político y social. 

El titular de Cambio es claro: Sergio Fajardo, "la voz calmada de centro" que se hace camino para 2026. ¿La tercera será la vencida? La intención es clara: posicionarlo como un político de centro, equilibrado y capaz de "unir a Colombia", frase de cajón que se suele usar para insistir en que es posible unir una sociedad escindida por cuenta del clasismo y el racismo. El centro es una orilla ideológica que en Colombia deviene fantasmal por cuenta de que quienes así se auto definen, parecen sentir algo de vergüenza reconocerse como agentes de una derecha que con Uribe, Santos y Duque dejó ver su peor cara. Veremos a esos tres medios haciendo ingentes esfuerzos por mejorar la imagen de “tibio” de Fajardo. También deberán asumir la tarea de venderlo como un candidato alejado del uribismo, aunque realmente su nicho ideológico está conectado inexorablemente con la vida del expresidente y expresidiario.

En lo que toca a los precandidatos del uribismo, la candidatura de Fajardo significaría un freno al proceso de selección interno que estaba por arrancar dentro de esas huestes.  Si Fajardo aceptó la invitación de Uribe de llevar las banderas de la ultraderecha, las precandidaturas de Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal entrarían en una etapa de hibernación. Uribe Vélez sabe de las debilidades de sus tres pupilos: Valencia solo sirve para arengar y gritar ¡Viva Uribe!; Cabal genera los mismos niveles de resistencia de Vargas Lleras. Y el nieto del expresidente Turbay Ayala es un simple mandadero, un político infantil y sumiso.

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EL ESTADO DEBE PROTEGER A JUAN GUILLERMO MONSALVE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La grave agresión, con fines de intimidación, de la que fue víctima Juan Guillermo Monsalve, amerita una respuesta del Estado pues la vida del principal testigo contra el expresidente Uribe corre peligro. A pocas horas de comparecer en calidad de testigo clave en el juicio contra el exmandatario antioqueño por manipulación de testigos y fraude procesal, Monsalve fue atacado, al parecer por propios guardianes del INPEC. ¿Quién dio la orden? Esa pregunta vuelve a aparecer esta vez en un caso penal en el que está involucrado Uribe Vélez. El mismo interrogante medianamente sigue sin respuesta en relación con la práctica sistemática conocida como los falsos positivos. Dichas ejecuciones extrajudiciales ocurrieron entre el 2002 y el 2010.

El gobierno de Gustavo Petro está en la obligación moral y política de salvaguardar la vida de Monsalve. Con el ataque de hoy queda claro que el INPEC no brinda las garantías suficientes para conservar la vida del exparamilitar que, de acuerdo con lo trascendido a la prensa, conoce de las andanzas de Uribe en lo que tiene que ver con la creación de grupos paramilitares, razón por la que fue buscado por el aboganster Diego Cadena, abogado de Uribe, para que cambiara su versión y recibir beneficios judiciales.

El INPEC es una institución en cuyas prácticas y protocolos se naturalizó la corrupción, circunstancia institucional y cultural que facilita que los enemigos de Monsalve puedan asesinarlo a pesar de las “garantías” con las que cuenta hoy gracias a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó de tiempo atrás hacer ingentes esfuerzos para proteger su vida.

Las unidades militares y de policía tampoco ofrecen las garantías de seguridad que requiere el testigo estrella contra el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Por todo lo anterior, el Estado colombiano en su conjunto debe volcarse a proteger la vida de Juan Guillermo Monsalve. Y si a pesar de las órdenes emitidas por la CSJ Monsalve corre peligro, entonces el presidente Petro, en su calidad de jefe del Estado, está en la obligación moral y política de buscar otras maneras o caminos que garanticen que Monsalve pueda libremente y sin intimidaciones de ninguna índole asistir a las instalaciones de Paloquemao a declarar todo lo que sabe de Uribe y de los hechos que tienen al exmandatario en etapa de juicio en calidad de acusado por delitos graves (no políticos).

Y uno de esos caminos podría ser pedir apoyo de países amigos con representación diplomática en Colombia, con el fin de que faciliten una embajada para trasladar a Monsalve. No se necesita la petición de asilo. Por tratarse de un juicio que se libra bajo condiciones excepcionales, el Estado debe responder con medidas igualmente excepcionales. El Estado debe reconocer que no puede salvaguardar la vida y la integridad del testigo contra Uribe. Esa es una realidad política e institucional que serviría de argumento para realizar las gestiones diplomáticas de las que aquí hablo.

Así como el Estado le garantiza de tiempo atrás un nutrido esquema de seguridad al expresidente Uribe, de la misma manera debe hacerlo con Juan Guillermo Monsalve. En este caso la dignidad presidencial no puede ser el obstáculo para que el Estado cuide la vida de Monsalve. Por el bien de la justicia y el buen nombre del país, Colombia no puede permitir que otro testigo contra Uribe termine asesinado, suerte que ya corrieron por lo menos cinco declarantes en otros procesos que se le siguen al expresidente antioqueño. Como  máxima autoridad administrativa, el presidente Petro debe ordenar a la Cancillería para que haga las gestiones necesarias. Monsalve no puede ser asesinado. 

 La indignidad que por estos días acosa al expresidente Uribe por sus líos judiciales no puede terminar ensuciando aún más la imagen de la justicia en Colombia por cuenta de las presiones a los jueces, la compra de magistrados para que tuerzan sentencias; así como la incapacidad de la Fiscalía y la penetración de mafias de todo tipo en sus dinámicas internas. 

juan guillermo monsalve testigo contra Uribe - Búsqueda Imágenes

BENEDETTI: VUELVE Y JUEGA

 

Por Germán Ayala Osorio

De confirmarse el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior, el presidente Petro apela al pragmatismo con el que históricamente la derecha ha actuado al momento de entregar cuotas políticas y negociar acuerdos: sin consideraciones morales pues la política en Colombia desde el nacimiento de la República deviene inmoral y cochina, fruto de una dirigencia empresarial y política tan mezquina como turbia y de una sociedad fragmentada por la lucha de clases y la supina ignorancia que ostentan millones de colombianos en todos los estratos sociales.  Más claro: Petro está aplicando una de las tantas fórmulas que trae el Manual Clientelista Colombiano (MCC).

Si la jugada se confirma, los partidos de la oposición deberán tomarse con calma la llegada de Benedetti pues el polémico y cuestionado político es de las entrañas del Establecimiento colombiano representado por los conservadores, liberales, los de Cambio Radical y Centro Democrático, entre otros. Como hijo legítimo de esa realidad cultural, Benedetti podría lograr a través de las sempiternas componendas políticas (entrega de burocracia y contratos) que el Congreso le apruebe a Petro las reformas a la salud y laboral que siguen empantanadas en el Legislativo.

Si Benedetti alcanza esos dos objetivos estratégicos para el progresismo de cara a las elecciones de 2026, Petro y el país ganarían, pero la noción de cambio quedaría ahora sí sepultada como consigna y bandera electoral para próximas contiendas electorales. Con Benedetti como enlace entre el Congreso y la Casa de Nariño, la política en Colombia vuelve a ser lo que siempre fue: un instrumento usado por toda suerte de politicastros y grupos de interés para naturalizar el clientelismo como una institución social que de la mano del ethos mafioso aseguró la consolidación de clanes y una élite que se viene sirviendo del Estado para enriquecer a unos pocos. Y eso incluye a las altas cortes, la Procuraduría y la Contraloría.

El eterno candidato presidencial del uribismo y del GEA, Sergio Fajardo ya salió a decir que “nombrar a Benedetti en el ministerio del Interior es aplaudir la politiquería, insultar la lucha de las mujeres por sus derechos y reivindicar el todo vale. El cambio quedó en la basura”. La crítica de Fajardo justamente le da la razón a Petro en la medida en que el exgobernador de Antioquia reconoce en Benedetti a un politicastro que ha sido liberal, santista, uribista y que en el 2026 podría caer en cualquier colectividad porque conoce muy bien como se mueve el Todo vale del que de manera hipócrita y oportunista habla Fajardo.

Aunque la jugada política de Petro es arriesgada, darle a la derecha de su propia pócima confirma que las dificultades o los impedimentos para lograr cambios en el país como los que propuso superan la fuerza del constituyente primario, las movilizaciones sociales y por supuesto las buenas intenciones de su proyecto político.

Si las reuniones previas que sostuvo Benedetti con un número importante de congresistas de varios partidos resultan fructíferas en lo que tiene que ver con cambiar pareceres e incluso ir en contra de las directivas de sus colectividades, las jefaturas de los partidos involucrados sufrirían un golpe en su legitimidad, lo que confirmaría las evidentes crisis de los partidos tradicionales. En adelante, la bolsa de empleos clientelares ya no estaría en manos de los viejos dirigentes de los partidos sino en los mandos medios y bajos de esas estructuras de poder que tanto daño le han hecho a la ampliación y profundización de la democracia colombiana.

Benedetti como ministro de la política o del Interior pone en pausa la perspectiva del cambio, pero podría darle un empujón enorme si alguien del progresismo o del medroso centro empiezan a hablar de lo que este país necesita: una revolución cultural a la que nadie se atreve apostarle porque ello implicaría proscribir el ethos mafioso al que como sociedad nos acostumbramos todos, incluidos por supuesto empresarios, banqueros, la academia, las fuerzas armadas y periodistas. Esa revolución cultural implicaría sacar del juego electoral a Benedetti, a Uribe, a los Pastrana, a Fajardo y a todos los que de manera directa o indirecta hicieron posible la consolidación de un Establecimiento mafioso y criminal.

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GONZALO GUILLÉN PAGARÁ ARRESTO EN LA CASA DE NARIÑO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Periodistas en Colombia de la calidad investigativa, seriedad, arrojo, probidad, tenacidad y pulcritud como Gonzalo Guillén se cuentan con los dedos de la mano izquierda de Germán Vargas Lleras.

Ahora que un juez ordena tres días de arresto resulta pertinente revisar el asunto desde las lógicas de los medios y periodistas hegemónicos, en particular aquellos que poco o nada se parecen profesionalmente a Gonzalo Guillén. De acuerdo con El Heraldo “la decisión judicial fue emitida por un juez de la República por desacatar una orden de tutela que exigía la rectificación de publicaciones en las que Guillén tildó al empresario Carlos Mattos Barrero de ser “asesino, pederasta, paramilitar y violador de menores”.

Para cumplir lo ordenado por el operador judicial el presidente Gustavo Petro le ofreció la Casa de Nariño para que allí pernocte y pague la sanción. Guillén aceptó complacido el ofrecimiento presidencial. Sin duda, un espaldarazo ético-político que ameritaría un titular a seis columnas, si el periodista perteneciera al selecto grupo de periodistas vedettes a los que les encantan los cocteles a los que suelen ir políticos y empresarios corruptos.

A pesar de las calidades humanas y periodísticas de Guillén, la prensa hegemónica solo se limitó a registrar el hecho judicial, evitando calificar la decisión del juez como una forma de censura o quizás como presión indebida al ejercicio de un periodista que suele opinar basado en sus propias investigaciones.

El punto que quiero exponer en esta columna es que al no pertenecer Guillén al cerrado círculo de poder de los periodistas vedettes defensores de específicos agentes del Establecimiento, la orden de arresto puede estarse aplaudiendo a rabiar en varias salas de redacción. Cuando un periodista como Guillén dedica su vida a destapar ollas podridas y a develar las andanzas de políticos poderosos, lo primero que pierde es el respaldo de los colegas que de manera cómoda ejercen el oficio, plegados a los intereses económicos y políticos de las empresas mediáticas para las que trabajan. Es más, el colegaje muere justo en el preciso momento en el que Gonzalo Guillén tomó esa decisión ético-periodística mal vista por quienes siguiendo una agenda política están obligados a escoger muy bien qué figuras políticas pueden ser expuestas ante la opinión pública por sus andanzas.

El país conoce que Guillén ha investigado a Álvaro Uribe Vélez desde su paso por la Aeronáutica Civil y sabe también lo que piensa del expresidente y expresidiario. En diálogo con María Jimena Duzán, Guillén señaló: “a mi me parece que es un asesino asqueroso y que es un narcotraficante, que el cartel de Medellín nació con el apoyo de él, con los aviones, con las licencias… todo su entorno está lleno de delincuentes…”

Además, Guillén fue quien destapó lo que se conoce como la “Ñeñe política”. Esto dijo a Semana el avezado periodista: “A estas alturas, en lo que va del escándalo no van a decir que sí sabían que era un narcotraficante. Uribe nunca ha dicho que sabía que Pablo Escobar era un narcotraficante o que Gacha era narcotraficante. Eso no lo va a reconocer, porque si lo reconoce se echa la soga al cuello, pero el ‘Ñeñe’ Hernández era un narco conocidísimo, del cual andaban detrás las autoridades de este país y las de Estados Unidos”.

La trayectoria periodística de Gonzalo Guillén sirve para ilustrar que la decisión de ir tras las andanzas de poderosos políticos, fiscales y empresarios constituye una apuesta de vida llena de riesgos. ¿Cuántos de las nuevas generaciones de periodistas o comunicadores sociales salidos de la academia estarían dispuestos a seguir los pasos de Guillén? Quizás se cuenten con los dedos de la misma mano izquierda de Vargas Lleras. Lo cierto es que el “canazo” que pagará Guillén en la Casa de Nariño, imagino que en medio de largas tertulias con el presidente Petro, pasará a la historia como la más férrea defensa ética y política a las libertades de prensa y opinión. No creo que la FLIP haya hecho jamás una defensa de esas libertades en esos términos. 

gonzalo guillen ordenan arresto - Búsqueda Imágenes

EL ELN, UN AGENTE MÁS DEL ESTABLECIMIENTO COLOMBIANO

Por Germán Ayala Osorio

 

Con los atentados terroristas ocurridos recientemente en norte de Santander sectores divergentes de la opinión aseguran que hay una connivencia o por lo menos una curiosa coincidencia entre la ocurrencia de esos execrables actos prepolíticos y el discurso de la seguridad democrática que desde el uribismo se agita antes y después de las arremetidas dinamiteras del ELN o de otros grupos ilegales. Lo que sugieren quienes hacen parte de esa bifurcación de la opinión pública es que “Uribe y el ELN trabajan juntos para que los segundos generen miedo en la población civil y el primero venda su seguridad democrática”.

Cierto o no, ese ya viejo señalamiento popular me hace pensar en la posibilidad de que al interior del Establecimiento colombiano hay actores interesados en construir la narrativa que indica que el “país va mal, que Petro les entregó el país a las guerrillas”. Con esa realidad social y política consolidada, la derecha vuelve a ofrecer la seguridad democrática, lo que supone proscribir el cambio de doctrina militar propuesto por Petro, para devolver al país a los tiempos de los generales troperos y chafarotes, amigos de violar los DDHH y vender la falsa sensación de estar ganando la guerra.  El ELN es el actor armado y político ideal para específicos agentes de poder del Establecimiento interesados en vender seguridad y beneficiarse del negocio de la guerra y de las economías ilegales que sabe muy bien administrar esa “guerrilla”. La presencia de Uribe al otro día de los atentados ocurridos en norte de Santander es la expresión clara de los “buenos servicios electorales y políticos” que el ELN le presta a la ultraderecha.

El Establecimiento colombiano es una maraña de intereses y actores de poder, legales e ilegales que no necesariamente están articulados y mucho menos operan de manera cohesionada, aunque en la ocurrencia de particulares hechos de violencia política pareciera que hubiese un trabajo coordinado. Su funcionamiento deviene atado a las formas regladas histórica y culturalmente permeadas por el ethos mafioso y las prácticas criminales asociadas que hacen inquebrantables a los actores de poder, privados y públicos, que confluyen en esa mentada categoría política, para muchos fantasmal y para otros tantos invisible, pero no por ello inexistente.

Cuando el presidente Petro dijo “que eran gobierno pero que no tenían el poder”, ese reconocimiento apuntaba hacia agentes de poder legal, más no legítimos, dispuestos a torpedear las reformas sociales propuestas en campaña. Con el banquero Sarmiento Angulo hay una tensión con la Casa de Nariño por cuenta de las decisiones de política económica y en particular con la reforma pensional asumidas por el magnate como lesivas para sus intereses financieros. Acostumbrado a poner presidentes de la República para “manosearlos” e indicarles qué hacer en materia económica, el viejo Sarmiento Angulo atinó a responderle en campaña a Petro que “Primero que todo, se respetan los derechos adquiridos. Aquí no se viene con el cuentico de que vamos a cambiar todo esto y vamos a expropiar a todo el mundo, no señor”.

Otros actores que representan muy bien al viejo Establecimiento colombiano son los partidos políticos Liberal y Conservador, colectividades que a pesar de sus crisis programáticas siguen siendo los instrumentos para que banqueros, conglomerados económicos, agentes de la vieja oligarquía bogotana, incluidos expresidentes y políticos con poder clientelar y contactos con mafias burocráticas incrustadas en el Estado se opongan a que el país transite hacia estadios de modernidad, lo que supone la construcción de una sociedad más leída y si se quiere más culta, el afianzamiento de la democracia, superando su condición formal y sus propias restricciones, pero sobre todo, la recuperación del Estado para que, como forma de dominación, asegure el bienestar colectivo y se consolide como el símbolo sobre el cual sea posible construir una nación de la que todos nos sintamos incluidos, reconocidos y orgullosos.

Las empresas mediáticas tradicionales que hoy hacen un periodismo bancarizado son otros agentes del Establecimiento colombiano. Los medios y sus periodistas vedettes juegan un doble papel: de un lado, informan sobre asuntos inmorales ancorados a la sempiterna corrupción. De esa manera le hacen pensar a las audiencias que su papel moralizante está desligado de cualquier presión ejercida por sus propietarios y por lo tanto, alejados del Establecimiento. Del otro lado, esa misma prensa hegemónica actúa como una especie polisombra que no deja ver los entramados legales e ilegales que de forma natural brotan de la operación de un Establecimiento mafioso y criminal. El zar del contrabando, Diego Marín Buitrago es el ejemplo más claro de cómo agentes legales e ilegales terminan trabajando unidos no solo para enriquecerse sino para mantener las condiciones institucionales, políticas, sociales y económicas que confirman a Colombia como un país mafioso, corrupto y violento, fruto de las inercias que genera el propio Establecimiento.

 

 

uribe llega a cucuta despues del atentado del ELN - Búsqueda Imágenes

IMPLOSIÓN CONTROLADA EN LA ALIANZA VERDE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La escisión del partido Alianza Verde, solicitada por seis congresistas, tiene un tufillo moralizante y electoral que tiene nombre propio: Claudia López Hernández, segura candidata presidencial que insistirá en presentarse como una política de Centro, cuando realmente ella milita en la derecha. Eso sí, no le disgustó en el pasado que la asociaran con la izquierda democrática. Ahora, de cara a las elecciones de 2026, sabrá tomar distancia del “petrismo” para acercarse al uribismo y a otras fuerzas afectas al viejo establecimiento colombiano.

La solicitud disidente liderada por Catherine Juvinao, Angélica Lozano y Katherine Miranda y acolitada por dos representantes a la Cámara de Risaralda y uno de Santander confirma que esa colectividad jamás operó bajo criterios de unidad programática y menos aún sirvió de plataforma para acoger el pensamiento ambiental en estos tiempos de pluricrisis por el cambio climático. El apellido Verde apenas si fue un accidente, una simple ocurrencia. Fue, como todos los partidos y movimientos políticos, una especie de bolsa de empleo clientelista fruto de las transacciones con sucesivos gobiernos, incluido el actual.

Así las cosas, la implosión controlada de la Alianza Verde es la jugada electoral, ideológica y política de Claudia López Hernández, ladina candidata presidencial que se venderá como independiente, proba, de centro y mujer capaz de acabar con la corrupción público-privada. Eso sí, su regular o mala gestión como alcaldesa de Bogotá podría truncar su aspiración presidencial. De manera pragmática apelan  a la memoria de Antanas Mockus, personaje político sobrevalorado por quienes consolidaron la idea de que se trató de un político diferente, un outsider y un demócrata en el sentido más amplio del término.

Por esa colectividad pasaron personajes tan diferentes como Enrique Peñalosa y el hoy presidente Petro. El primero, un vendedor de buses y responsable del Metro chambón que tendrá Bogotá, así como de sueños de gentrificación insostenible sobre la sabana de Bogotá. Además, Peñañlosa es un reconocido enemigo natural de la Reserva Van der Hammen; y el segundo, un abanderado de la causa ambiental en los tiempos del cambio climático y la crisis civilizatoria de la que habla Enrique Leff.

La presencia de esos dos disímiles perfiles sirve para constatar que al interior de esa colectividad jamás tramitaron las diferencias ideológicas y que más bien optaron por mantener las formas y las maneras antes de darse la pela de definir una doctrina política coherente y sobre todo capaz de responder a los desafíos de estos nuevos tiempos de la Modernidad tardía. Al igual que los demás partidos, la Alianza Verde no pudo madurar el funcionamiento de un centro de pensamiento que diera cuenta del confuso ideario de una colectividad “pegada con babas”. Muy seguramente nacerá, con o sin la autorización de la dirección del partido, una empresa electoral a la medida de Claudia López Hernández, una política que de acuerdo como se presenten las circunstancias y la coyuntura electoral en el 2026, podría incluso aliarse con el uribismo si de lo que se trata es de derrotar a quien se presente a nombre del progresismo.

Alianza Verde enfrenta ruptura: congresistas renuncian al partido

DESIGNACIÓN DEL NUEVO MINISTRO DE LA DEFENSA: ENTRE JERARQUÍAS Y EGOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Dentro del mundo castrense las jerarquías, la antigüedad, el tipo de arma y la fuerza a la que se pertenece son cuatro elementos que suelen despertar competencias y celos entre las unidades militares y de policía y por supuesto entre las diferentes fuerzas. Esos mismos cuatro elementos sirven para elevar los egos de los hombres en armas que compiten por el reconocimiento social, militar y político de sus acciones especialmente aquellas atadas a los problemas de orden público que deben enfrentar en un país con múltiples violencias como lo es Colombia.

Con la sorpresiva designación del Mayor General Pedro Sánchez, de la Fuerza Aérea como ministro de la Defensa los medios hegemónicos quieren convertir esa decisión discrecional del presidente de la República en un cisma al interior de las fuerzas armadas y en particular en el cuerpo militar por razones atadas al grado que ostenta Pedro Sánchez, su antigüedad en relación con almirantes y generales de mayor o igual graduación.

En el listado de los que ven como un problema que Sánchez asuma la cartera de Defensa portando aún el uniforme militar están, por supuesto, todos los enemigos y críticos del actual gobierno: exministros de la Defensa, el grupo de reservistas que con un plantón al norte de Bogotá quieren hacerle un juicio político a Petro, expertos en seguridad nacional y generales en retiro.

Si asumieran de verdad a las fuerzas armadas como empresas que deben responder a las lógicas de la eficiencia, la eficacia y la efectividad de sus tareas, la llegada al ministerio de la Defensa de un general joven y en un grado inferior a quienes fueron sus comandantes, no tendría por qué ser vista como un problema. Si los oficiales superiores del designado Mindefensa dejaran de lado los egos castrenses que generan la sumatoria de la antigüedad, los grados, el tipo de arma y la fuerza a la que se pertenece, aceptarían con agrado la llegada de un general joven que quizás traiga ideas innovadoras, estrategias y formas de hacer las cosas para enfrentar los desafíos de seguridad que afronta el Estado de tiempo atrás y en particular los que aparecen hoy en la actual coyuntura.

Quizás si pusieran por encima de esos cuatro elementos el amor que dicen profesar por la Patria, la misma obediencia debida y la sumisión al poder civil, entonces aceptarían sin chistar la llegada del general Sánchez a la cartera de la Defensa. Al fin y al cabo, se van a entender con un militar de carrera que conoce los pormenores de la azarosa vida militar y las dinámicas de la guerra, y no con ministros civiles que apenas si saben distinguir los grados y las fuerzas.

Que el brillo de los soles no les nuble la mirada a quienes juraron defender a los colombianos. De los subalternos también se aprende. Que la experiencia y los años de carrera no los convierta en testarudos generales que no quieren reconocer que el general joven que ayudaron a formar los superó con creces.

PEDRO SANCHEZ NUEVA MINDEFENSA - Búsqueda Imágenes

GENERAL PEDRO SÁNCHEZ, NUEVO MINISTRO DE LA DEFENSA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con la designación del general de aviación Pedro Sánchez como ministro de la Defensa, el presidente Gustavo Petro rompe con la tradición de más de treinta años de ver a civiles al frente de esa cartera históricamente manejada por uniformados. Así como el entonces presidente César Gaviria sorprendió al país designando a Rafael Pardo Rueda como ministro de la Defensa, el actual mandatario de los colombianos sorprende al país con el nombramiento de Sánchez, un general activo y además, de la Fuerza Aérea. Generales del Ejército siempre fueron premiados asumiendo ese cargo y otros como comandantes de las Fuerzas Militares.

El nombramiento de Pedro Sánchez, quien comandó la Operación Esperanza que terminó con el rescate de los niños Mukutuy que se perdieron en la manigua, manda varios mensajes que bien vale la pena exponer. El primero y quizás más importante es que Sánchez es un símbolo de vida y de respeto a los derechos humanos. Petro señaló que “Vamos a tener un nuevo ministro de Defensa, ese ministro de Defensa reemplazará a Iván Velásquez que hizo una muy importante labor. Lo que he pensado y espero no equivocarme y espero que sea un general de la República y que ese general tenga que ver con la vida”.

El segundo mensaje que envía Petro va hacia la tropa misma y en particular a las huestes del Ejército, institución castrense sobre la que los presidentes de la República demostraron simpatías representadas en nombramientos exclusivos para sus generales. Santos y Petro rompieron con la tradición de nombrar comandantes de las Fuerzas Militares a los almirantes Édgar Cely Núñez y Francisco Cubides Granados. En los años 60, 70 y 80 se hablaba de “celos institucionales” entre las fuerzas, de ahí la dificultad de que para esos años trabajaran de manera coordinada para enfrentar al enemigo interno: las guerrillas.

Un tercer mensaje va dirigido a los grupos armados organizados o también llamados postguerrillas o por el mismo presidente Petro “traquetos de camuflado” que en los últimos días vienen violando el DIH en el Catatumbo y el Chocó. Aunque es poco probable que al ver como ministro de Defensa a un general probo como Pedro Sánchez esas agrupaciones armadas ilegales morigeren sus acciones y respeten el DIH, lo que importa es el mensaje que envía Petro de respeto a la vida por encima de cualquier otra consideración.

Quizás también haya cabida a un cuarto mensaje dirigido a las comunidades indígenas y campesinas en general por el origen étnico del general Sánchez y por su demostración de amor y respeto por los grupos étnicos en un país que históricamente los ha maltratado física y simbólicamente. Asumido por el país como un Héroe por arrebatarle a la selva del Guaviare a los cuatro menores indígenas, el presidente Petro expone con claridad su simpatía y admiración por ese tipo de héroes, opuestos a los que la derecha construyó y que muchos están hoy sometidos a la JEP. 

Por supuesto que antes de la llegada de Sánchez el saliente ministro de la Defensa, Iván Velásquez informaba de la salida de por lo 60 oficiales de la Policía, institución que por estos días está en el ojo del huracán por la ya conocida penetración de los tentáculos del zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Imagino que la designación de Sánchez podría generar cambios en la línea de mando por asuntos de antigüedad. Ojalá que detrás de la designación del general Sánchez no haya cortos circuitos o controversias entre los generales del Ejército y el presidente Petro.

Los medios hegemónicos aprovecharon la decisión presidencial para generar enrarecer el ambiente alrededor de que habría una desbandada entre almirantes y generales por cuestiones de antigüedad entre los oficiales. Con el anuncio del retiro de Sánchez y una vez se ponga el everfit se espera que se calmen las aguas que la prensa alborotó con la ya conocida mala leche. A pesar de ello, un ministro de Defensa con formación militar, de una fuerza distinta al Ejército, podría tener de fondo un mensaje de crítica del presidente Petro hacia los altos oficiales del Ejército encargados del manejo del orden público en zonas en donde por estos días parecen dominadas por los grupos armados ilegales.  

URIBE QUIERE ACABAR CON LA JEP

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El odio visceral que expresa el expresidente Álvaro Uribe Vélez hacia la JEP se explica en gran medida porque dicho tribunal de paz está acusando a generales y otros altos oficiales del Ejército que asumieron la política de seguridad democrática como la patente de corso para asesinar jóvenes pobres e indefensos dentro de la práctica sistemática de las ejecuciones extrajudiciales conocida como los “falsos positivos”.

El expresidiario y expresidente de la República reduce maliciosamente el trabajo de la JEP a que apenas imputó a 64 miembros de las antiguas Farc-EP, mientras que los imputados de las fuerzas militares ascienden ya a 147. No se trata de un asunto de números, el asunto de fondo es sacar  las “manzanas podridas” que llegaron a ese nivel de descomposición por la politización e ideologización que Uribe exacerbó hasta convertir al Ejército en su fuerza particular.

El ladino político antioqueño insiste en que la Justicia Especial para la Paz (JEP) está debilitando al Ejército, de la mano del gobierno Petro por las purgas que viene haciendo al interior de las filas. Por el contrario, lo que están haciendo la JEP y Petro es reconstruir moral y éticamente a una institución castrense que se lumpenizó de tal manera que la desviación misional, como práctica cotidiana, se volvió paisaje, de ahí el alto número de oficiales de alta graduación involucrados en crímenes atroces.  

La discusión conceptual de fondo debe darse alrededor de las maneras como se entiende y se aplica la doctrina de seguridad nacional fondeada aún en la existencia de un conflicto armado interno que Uribe redujo a una “amenaza terrorista” plegado a la cruzada antiterrorista planteada por Bush después de los atentados contra las Torres Gemelas en territorio americano. Al hacerlo de esa manera, Uribe desideologizó la lucha armada al tiempo que convertía a todo el que pensara distinto, simpatizara con las ideas de la izquierda, defendiera los derechos humanos y a la Naturaleza en un nuevo enemigo interno.

Al quitarle el ropaje político e ideológico de las sempiternas guerrillas les facilitó la tarea a los comerciantes de armas al interior del Ejército pues la entrega de material de guerra a simples bandidos les evitó a los militares entrar en el dilema moral de si estaban traicionando o no a la patria. Acabar política y militarmente a lafar no tendría que significar el fin de las múltiples formas de violencia asociadas a la operación de las Farc-Ep. Por el contrario, su eliminación abriría el camino para que los paramilitares fungieran como fuerzas patrióticas cuya función sería evitar la llegada del comunismo y consolidar procesos de disciplinamiento social en las zonas rurales dominadas por palmicultores, azucareros, ganadería extensiva de muy baja producción y minería. Por lo anterior, la política de seguridad democrática terminó casi que exclusivamente aplicada y de manera violenta contra civiles (estudiantes, sindicalistas, reclamantes de tierras, académicos, campesinos y periodistas).

Si en el 2026 Uribe logra poner en la Casa de Nari a otro de sus “títeres” o  de pronto a una "muñeca”, el primer acto de Gobierno, de la mano del Congreso, será apostarle al desmonte de la JEP, cuya existencia y operación está blindada por una política de paz de Estado. Para hacerlo, buscará el apoyo político de Trump. Ya veremos si la nueva plataforma moral y ética que entre la JEP y Petro están tratando de consolidar al interior del Ejército es capaz de soportar el regreso de la seguridad democrática y con ella la desviación misional de las FFAA que tantos réditos políticos le entregó a Uribe y a la derecha.

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IDEOLOGIZACIÓN INSTITUCIONAL EN COLOMBIA

 

Por Germán Ayala Osorio

Con la llegada a la Casa de Nariño del primer gobierno progresista en más de 200 años de República – de la República Oligárquica- de los sectores más godos, retardatarios y recalcitrantes del establecimiento colombiano se desató la más cruenta ira ideológica contra el presidente Petro, sus seguidores, simpatizantes y por supuesto contra todo lo que huela a ambientalismo y a defensa de lo público.

Partidos políticos y sus bancadas de oposición en el Congreso, la Procuraduría General cooptada por los Char y el uribismo, agentes del empresariado como Fenalco y la Andi, las empresas mediáticas tradicionales e incluso corporaciones como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado fueron confluyendo en lo que aquí llamo el acelerado, pero efectivo proceso de ideologización institucional, que no es otra cosa que la estrategia de acción política orquestada por esos sectores de poder que no aceptarán jamás que el Estado deje de operar como un actor capturado  y sometido a lo intereses particulares de una élite económica y política mezquina, violenta, anacrónica y premoderna. Aquella idea progresista que pretende que el Estado funcione como un proyecto político y cultural de claro beneficio colectivo la asumieron los voceros de esa élite como una trasgresión imperdonable, de ahí la furiosa reacción desde la institucionalidad derivada de la histórica captura mafiosa del Estado y de sus instituciones de soporte.

El enfrentamiento político desatado por el tardío descubrimiento de los medios tradicionales del poder corruptor de alias Papá Pitufo es la expresión genuina no solo de la ideologización institucional sino de la entronización de ese ethos mafioso y criminal en la operación de un Estado que siempre actuó para favorecer a carteles del contrabando, de la contratación y a los partidos políticos de tiempo atrás convertidos en verdaderas casas de lenocinio en donde sus congresistas, verdaderas percantas, vienen fungiendo como mandaderos de banqueros y magnates.

Por vía de esa ideologización institucional la Corte Constitucional se consolidó como una piedra en el camino del progresismo al tumbar la norma que no permitía la deducibilidad de las regalías para el pago de impuesto sobre la renta. Por esa vía el gobierno Petro pretendía recaudar varios millones de pesos de las multinacionales que explotan los recursos del subsuelo . Buscar que pagaran más impuestos al fisco no le gustó a la Corte Constitucional. A lo anterior se suma el anuncio de la ponencia negativa con la que se tumbaría la reforma pensional aprobada de manera atropellada en el Congreso de la República.

El Consejo de Estado ha hecho lo propio al ejercer un control inusitado de todos los nombramientos de funcionarios en a Cancillería, usada de tiempo atrás para pagar favores políticos con puestos en embajadas y consulados de gente que no hace parte de la carrera diplomática. Ese control fue casi nulo hacia pasados gobiernos.

Los partidos de oposición pusieron a sus bancadas en la misma lógica de la ideologización institucional con el fin de evitar la discusión y aprobación de las reformas sociales que la sociedad necesita, lo que supondría acercar al país a estadios de modernidad y de máxima responsabilidad social con los menos favorecidos, circunstancias a las que la élite tradicional se opone porque afecta sus intereses particulares, electorales y de clase.

La bancarización del periodismo colombiano sirvió a los propósitos de esa cofradía de instituciones que viene haciendo una oposición irracional que si bien afecta el proyecto político progresista, en gran medida terminará extendiendo en el tiempo las ya precarias condiciones de millones de colombianos víctimas de un sistema de salud  privatizado, corrupto, burocrático e ineficiente, así como de una plataforma de aseguramiento laboral y pensional que facilita la precarización del trabajo y la explotación de los trabajadores.

Bajo las negativas y peligrosas condiciones sociales que impone esa ideologización institucional el país se prepara para unas elecciones presidenciales que desde ya devienen cargadas de violentas emociones desde la derecha y la izquierda que nos recuerdan los tiempos del plebiscito por la paz y la lucha enconada entre los que votaron por el si y los que optaron por el no. Las empresas mediáticas hegemónicas serán responsables si los violentos enfrentamientos discursivos que todo el tiempo presenciamos en las redes sociales se trasladan a la calle y a las urnas el día de las votaciones.

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CORTE SUPREMA LLAMÓ A JUICIO AL CONGRESISTA MIGUEL POLO POLO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los sendos llamados a juicio que hizo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al congresista Miguel Polo Polo por hostigamiento agravado contra el presidente Petro y otros exmilitantes del M-19 e injuria contra Gustavo Bolívar están atados al ambiente de crispación política por el que atraviesa el país y al trámite de las diferencias entre simpatizantes de la derecha y la izquierda a través de las redes sociales, convertidas en fangosas trincheras ideológicas. 

Las decisiones de la CSJ superan el natural ámbito jurídico-político en el que están ubicadas y tocan los límites de lo que bien podríamos llamar un "juicio cultural" que debería de suscitar una profunda  reflexión alrededor de la formación académica o la sapiencia de quienes llegan al Congreso elegidos a través del voto. Ojalá los argumentos presentados por los magistrados en los dos escritos de acusación hagan referencia a que las carencias culturales de los congresistas, propias de procesos de socialización semi fallidos, deben ser atendidas por quienes ostentan esa dignidad y por el pleno del Congreso en su obligación ético-política de ganar en respeto y legitimidad a través de un ejercicio político de sus miembros basados en  una elevada capacidad para discernir y discutir asuntos públicos. 

Por supuesto que detrás del comportamiento pendenciero y camorrista de Polo Polo hay un afán de reconocimiento social y político que desbordó la débil capacidad argumentativa del congresista, fruto de la poca lectura de libros académicos, circunstancia cultural que le impide sostener una discusión razonada alrededor de los asuntos públicos e incluso de los conceptos que están inexorablemente atados a las disputas que prefirió dar apelando a la ofensa personal, al agravio y a la injuria.

El comportamiento público del congresista deviene legitimado por miembros del Centro Democrático que gustan del lenguaje soez y la patanería. En lugar de formarlo política y discursivamente para defender las legítimas ideas y valores de la derecha, prefirieron dejarlo tal cual llegó al Congreso: lleno de vacíos conceptuales, prejuicios, una evidente y peligrosa ignorancia supina alrededor de la historia de las ideas políticas, pero sobre todo la incontrastable incapacidad para hilar un discurso coherente y sólido capaz de restarle validez a los que decidió confrontar con improperios. Quizás sin saberlo, Polo Polo terminó legitimando la relación Amigo-Enemigo que impuso su admirado jefe político el expresidente Álvaro Uribe como elemento prevalente de su política de defensa y seguridad democrática y manera de relacionamiento político en una sociedad intolerante, violenta, racista y clasista como la colombiana.

Lo más probable es que Miguel Polo termine vencido en los juicios por los que fue llamado por el alto tribunal y pierda la investidura de congresista que jamás debió ostentar por las precarias condiciones en las que se dio su proceso de socialización, pero, sobre todo, por su desinterés por superarlas a través de la lectura y la escritura y el estudio juicioso de la historia política del país y la comprensión universal de las ideas políticas desde Platón hasta nuestros días.

Su condición de homúnculo la llevó a niveles superlativos gracias a sus prejuicios, a su falta de empatía y a la aversión que acumuló hacia todos aquellos que no piensan como él. Quizás si comprendiese de dónde proviene étnica e identitariamente y qué significa para el mundo y el país su condición de afro, sus agravios contra los voceros y agentes del proyecto progresista no le hubiesen permitido a sus detractores y críticos graduarlo de “capataz negro” o “esclavo domesticado”.

polo polo a juicio por hostigamiento agravado - Búsqueda Imágenes