DISIDENCIAS DE LAS DISIDENCIAS Y LA CONDICIÓN PERENNE DEL CONFLICTO ARMADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Sin saber cómo terminará el proceso de implementación del acuerdo de paz de La Habana firmado en el teatro Colón de Bogotá, dicho armisticio se asume como un antes y un después del conflicto armado interno, por varias razones: por la naturaleza de lo acordado, el número considerable de combatientes que hicieron dejación de armas, las peticiones de perdón y la legitimidad alcanzada por la JEP y el principio de la reparación en el marco de la justicia restaurativa; así como la conversión del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en una política de paz de Estado.

En el después de la firma, la permanencia en armas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) perdió toda legitimidad social y política, asegurándole a su lucha armada un carácter anacrónico, propio de una guerrilla que al saber que no podrá jamás tomarse el poder a tiros, sus viejos comandantes y líderes políticos entran en la fase de la negación de una realidad inobjetable: dedicaron años de sus vidas a la guerra, a la “revolución” y no consiguieron absolutamente nada. Es decir, perdieron el tiempo. Surtida esa etapa de la negación de la derrota política, entran a la fase de la anarquía y la división de sus estructuras por cuenta de la efectiva narcotización de sus operaciones, la pérdida del sentido político de su lucha y el desprecio generalizado de una sociedad cansada de la guerra.

La aparición de las disidencias de las extintas Farc-Ep arrastra la misma condición que exhiben los elenos, con un agravante: la aparición de las disidencias de las primeras disidencias en lugar de encontrar explicaciones exclusivamente en los incumplimientos por parte del Estado a lo acordado en La Habana, su operación está cada vez más atada a las actividades del narcotráfico y a la traquetización de la lucha armada. Así las cosas, la lucha armada y el espíritu revolucionario que en el pasado guió las operaciones militares de esas guerrillas van dando paso al irreversible proceso de lumpenización armada.

Las disidencias reconocidas por los medios, la inteligencia militar, el CICR y agentes sociales (fundaciones nacionales e internacionales) que le siguen la pista a esa realidad político-militar, reconocen por lo menos tres disidencias de las extintas Farc-Ep: la que lidera ‘Iván Mordisco’, estructura que desconoció lo acordado en Cuba y por lo tanto no se acogió al tratado de paz; la Segunda Marquetalia, al mando del reincidente, Iván Márquez y el Comando de la Frontera en Putumayo. Sin embargo, se habla de por lo menos 30 estructuras armadas derivadas de las desaparecidas Farc-Ep. Por ejemplo, la estructura al mando de alias Calarcá habría nacido de las de las orientadas por Iván Mordisco.

Hace poco, Pablo Catatumbo, firmante de paz y senador de la República reconoció que la “guerra es un desastre”. Lo hizo en el marco del Diplomado Construcción de Paz Territorial organizado por la universidad del Valle y Cobsepaz. Catatumbo, además, contó al auditorio, conformado por firmantes de paz (excombatientes) y estudiantes universitarios, que alguna vez conversando con Fidel Castro, el entonces líder de la revolución cubana les preguntó cómo se iban a tomar el poder, si no contaban con aviación, tanques o material de guerra que permitiera derrotar a las fuerzas armadas del establecimiento colombiano.

Esa misma pregunta hay que trasladárselas a los elenos y a todos los grupos disidentes que hoy delinquen en territorios en donde el monocultivo de coca les financia sus operaciones militares. Si es claro que jamás podrán tomarse el poder a tiros, es fácil concluir que su lucha armada perdió todo carácter político, para convertirse en una disputa territorial por el control de las economías ilegales. Al final, todos esos grupos son “ejércitos narcotizados” que a pesar de usar brazaletes y de insistir en adelantar procesos de diálogos de paz con el gobierno Petro, cada uno de sus miembros parece estar pensando en “hacerse su plante” y retirarse. Bajo ese principio, y mientras el negocio de la droga siga siendo rentable, habrá disidencias de las primeras disidencias y otras disidencias de las segundas disidencias y así sucesivamente. De esa manera, continuará la violencia en la Colombia rural, mientras la academia y los políticos seguirán hablando de la existencia de un conflicto armado interno que hace rato se transformó en un escenario de múltiples violencias, en donde priman la irracionalidad, el interés por enriquecerse, la decisión de afectar la biodiversidad y la lumpenización de la “lucha armada”.

 

 

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“PUEDES PAGARME CON TU CUERPO”

 

Por Germán Ayala Osorio

 

A pesar de que la frase resulta intimidante, desafiante y vulgar, está perfectamente “naturalizada” en una sociedad patriarcal, machista y misógina como la colombiana.

El cuerpo de la mujer históricamente en Colombia se asumió y se asume aún como un botín. Los combatientes legales e ilegales entendieron que la mejor forma de golpear al enemigo era violando a sus mujeres. Entonces, hubo empalamientos y violaciones como formas de dañar la moral del enemigo.

También es visto el cuerpo femenino como un objeto de conquista como si se tratase de un territorio. El “discurso del amor” impulsó acciones, hechos, actitudes y narrativas que retan a los machos a tener que “asediarlas, enamorarlas, conquistarlas y endulzarles el oído”, mientras se alcanza el objetivo final: penetrarlas y exhibirlas como trofeos, en medio de un competido mercado. Y todo para reducir su capacidad de discernir, asumiéndolas como menores de edad, en un proceso sistemático de infantilización.

La publicidad sexista hace parte de esas discursividades que, atadas a la cultura machista y patriarcal, facilitan la producción y reproducción de la idea de que el cuerpo de la mujer, en sí mismo, deviene con un valor transaccional como el que acompaña a la frase que, según la Representante a la Cámara, Ingrid Aguirre, le expresó César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ahora que la denuncia alcanza notoriedad mediática se espera que la Fiscalía, orientada hoy por una mujer, adelante las actividades pertinentes para esclarecer los hechos y los señalamientos de acoso sexual que arrastra Lorduy, el mismo consejero del CNE que ordenó investigar al presidente Petro, lo que constituye una clara violación a su fuero presidencial.

Llama la atención las pocas muestras de solidaridad por parte de hombres públicos frente a la asquerosa insinuación del señalado político. El presidente Petro pidió su renuncia, pero el silencio de Vargas Lleras, jefe político de Lorduy, resulta grotesco y escandaloso. David Luna, agente político de Cambio Radical y quien está jugando a convertirse en un faro moral y ético, también aguarda en silencio la evolución de la denuncia, cuando bien podría rechazar la ramplona propuesta de Lorduy.

Al dejar solas a las mujeres para que entre ellas expresen sororidad, los hombres terminamos por validar el sentido mercantil que la sociedad colombiana le reconoce al cuerpo femenino.

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DE LA “CHUSMA LIBERAL”, A “ZURDOS SARNOSOS”

 

Por Germán Ayala Osorio

Con la absurda investigación que ordenó contra el presidente de la República el Consejo Nacional Electoral (CNE), esta entidad administrativa entró de frente en el juego político e ideológico de la derecha que tiene por lo menos dos objetivos: el primero, equiparar a Petro con Uribe, tratando de ponerlo en la misma condición sub judice que ostenta el expresidente y expresidiario antioqueño. Al ponerlo en el mismo plano inmoral, la derecha tiene la esperanza de anular la pretensión de Petro de convertirse en el gran elector de la izquierda democrática en las elecciones de 2026.

A quienes militan en la derecha poco les importan los cuestionamientos éticos y morales, la compulsa de copias y los procesos penales a los que está vinculado Uribe Vélez. La naturalización del ethos mafioso por parte de la derecha, el espejo retrovisor que activó el presidente Petro y su lucha contra los agentes económicos y políticos cercanos a la causa paramilitar hacen posible pensar que ese tipo de preocupaciones morales y éticas son más propias del discurso de la izquierda.

El segundo objetivo de ese juego de la derecha apunta a consolidar una narrativa tan estigmatizante y peligrosa contra todo lo que huela a izquierda y progresismo, como la que en los tiempos de la hegemonía conservadora (de 44 años) y la Violencia política bipartidista lograron naturalizar contra las ideas liberales los agentes oligárquicos defensores de las ideas conservadoras.

Así las cosas, los alfiles más visibles de la derecha conservadora, premoderna y violenta usan hoy las redes sociales y sus empresas mediáticas (radio y televisión) para reinstalar en el país el odio a la izquierda democrática, como cuando el Ejército nacional y otras instituciones de la sociedad, bajo la conservadora constitución de 1886, elevaron al partido comunista y a los comunistas a la condición de “enemigo interno”, que también les habían dado a las guerrillas.

En sintonía con esa pretensión, el abogado uribista, Abelardo De la Espriella llamó “zurdos sarnosos” a quienes acompañan el proyecto político de Gustavo Petro. En el pasado, la “chusma liberal”, “comunistas” y “liberales” fueron los epítetos con los que se legitimaron los hechos violentos y estigmatizantes perpetrados por la doctrina conservadora durante la época de la Violencia desatada por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán Ayala, líder liberal demonizado por la horda conservadora que temía la llegada del “comunismo”. Recordemos que despectivamente lo llamaban “el negro”.

Baste con recordar lo sucedido en la más reciente campaña electoral de 2022 para saber que existe esa pretensión de reinstalar en la nación el enfrentamiento ideológico entre una élite conservadora y fascista y sectores progresistas y de izquierda que defienden con ahínco las ideas liberales, en virtud de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

Si la derecha recupera el poder en el 2026 buscarán echar para atrás todas las medidas y decisiones adoptadas por el presidente Petro y por esa vía apuntarle a “regenerar” a la nación, acercando a la izquierda y al progresismo al mismo nivel de malignidad que en su momento los conservadores les dieron a los liberales. En aquellos tiempos, asesinar liberales no era pecado. No vaya a ser que a partir de 2026 asesinar “zurdos sarnosos” sea considerada una medida “sanitaria” legítima y por lo tanto libre de cualquier signo de culpabilidad moral y religiosa.

De seguir los altos niveles de crispación ideológica en el país, en el 2026 la derecha conservadora que defiende el latifundio, la fe católica y la propiedad privada sin reconocer alguna responsabilidad social y ambiental, activará nuevamente la patente de corso que en el pasado le sirvió para asesinar comunistas por el miedo que les produjo en aquella época la espectral presencia del comunismo.

 

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COP16, GLADIADORES Y BIODIVERSIDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las amenazas proferidas por el grupo de “Iván Mordisco” contra la realización de la COP16 terminaron por adoptar la decisión de militarizar la ciudad con carros blindados conocidos como “gladiadores”. A pesar de que, en su cuenta de X, esa estructura armada ilegal informó que cesarían cualquier ataque, las autoridades civiles y militares optaron por “blindar” la ciudad. Esto dijeron los ilegales: “Informamos que desde el 11 de octubre hasta el 6 de noviembre se suspenden las operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública en la ciudad de Cali por la realización de la COP16. Nos reservamos el derecho a la defensa”.

El gobierno local sacó pecho por el apoyo militar recibido, sin quizás evaluar las sensaciones que puedan generar la presencia del personal militar y de los blindados en puntos neurálgicos de la capital del Valle e incluso por fuera de su jurisdicción.

Para cientos de miles de ciudadanos ver a los “gladiadores” aparcados les puede generar una sensación de seguridad y de tranquilidad por el efecto persuasivo que acompaña a los escuadrones blindados. Pero también es posible que otros cientos de miles de caleños e incluso de visitantes y participantes del evento ambiental sientan lo contrario. Es decir, que imaginen que de verdad hay un enemigo poderoso que en cualquier momento puede atacar a los uniformados o de manera directa objetivos civiles.

En particular, ver a los vehículos blindados estacionados o patrullando la ciudad y vías externas a la ciudad me genera intranquilidad por la posibilidad de que los criminales al mando de “Iván Mordisco”, en un acto temerario, ataquen las unidades militares dispuestas para garantizar la seguridad de Cali y de la realización de la COP16. ¿Era necesario exponer al público esos equipos militares? Eso sí, ojalá el evento transcurra sin sobresaltos y que las discusiones académicas realmente terminen en compromisos y acuerdos que detengan el ya alarmante proceso, local, regional y mundial, que afecta la vida y la consistencia de ecosistemas valiosos y por ese camino se ponen en riesgo las interacciones biológicas y las conexiones entre especies de flora y fauna que cumplen funciones claves no solo para continuar siendo un país biodiverso, sino para que su oferta ambiental sirva para mitigar los efectos del cambio climático.  

No hay duda de que el certamen de la COP16 resulta clave de cara a que los países participantes asuman compromisos para proteger la biodiversidad. Como país biodiverso, Colombia está aún en camino de consolidar una institucionalidad ambiental que realmente esté alineada con la defensa y el aprovechamiento racional de la oferta o los servicios ambientales que prestan estratégicos y frágiles ecosistemas naturales que hacen parte del inventario de esa aclamada riqueza biológica. La historia de las instituciones ambientales, en particular las que fungen como autoridades, da cuenta de su debilidad, de haber si capturadas por el clientelismo y los intereses de poderosos agentes económicos poco interesados en conservar, pero si dispuestos a sacar el mayor provecho y a bajo costo de la riqueza hídrica, esto es, aguas superficiales y subterráneas.

Ojalá que las discusiones y llamados de alerta que se darán al interior de la COP16 sirvan para que ganaderos, constructoras, palmicultores y cañicultores, entre otros, revisen sus prácticas. En particular, los sectores agroindustriales por las maneras en que vienen explotando las aguas subterráneas y afectando ríos y quebradas. Qué bueno será que los azucareros asumieran la responsabilidad por los graves daños socioambientales, paisajísticos, ecológicos y étnico-culturales que vienen dejando desde hace un siglo en el valle geográfico del río Cauca y emprendieran acciones de reparación sistémica. Su presencia en la Orinoquia constituye un mal síntoma para un país biodiverso cuyas instituciones ambientales en lugar de vigilar sus actividades, han terminado por favorecer sus intereses. Qué bueno sería que dentro de la COP16 se discutiera la posibilidad de exigirles licencias ambientales a los azucareros y palmicultores. Eso sí, haciendo ajustes administrativos, ético-estéticos, técnicos y científicos a las actuales autoridades ambientales. Quizás lo que falta en el país es que instituciones como la CVC y Ministerio de ambiente actúen en adelante como verdaderos “gladiadores por la biodiversidad” y no como testigos mudos de la deforestación, defaunación y la instalación de monocultivos de caña y palma en la Orinoquia y aguacate Hass en el norte del Valle y en la zona del Quindío.

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EL CNE QUIERE IGUALAR A PETRO CON URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Detrás de la inconstitucional decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) estarían los intereses políticos y electorales del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y del ya malogrado delfín y eterno candidato presidencial, Germán Vargas Lleras.  La intención de juzgar al presidente Petro tiene la pretensión de ponerlo en la misma condición sub judice que exhibe Uribe Vélez por el caso de manipulación de testigos y fraude procesal en el que está inmerso en calidad de acusado.

Aunque no se puede descartar que les encantaría defenestrarlo de la Casa de Nariño, los tiempos y otras circunstancias políticas no les da para ese innoble propósito político de aquellos sectores de poder empecinados en desacreditar el proyecto político de la izquierda. Así las cosas, la derecha parece contentarse con exponer a Petro en un escenario que, si bien no es judicial, le sirve a la prensa hegemónica para insistir en su proceso de deslegitimación del primer gobierno progresista en Colombia. Y la mejor forma de hacerlo es insistir en poner un manto de duda sobre el origen y los topes de los dineros de la campaña, acercando la campaña Petro presidente a los oscuros casos de Odebrecht y el Ñeñe Hernández, que judicialmente no terminaron bien desde la perspectiva de conocer la verdad de lo ocurrido con la ilegalidad de esas dos fuentes de financiación de las campañas de Santos, Zuluaga y Duque.

Poner a Petro en el mismo nivel de indignidad que arrastra Uribe Vélez buscaría arruinar la imagen positiva que viene consolidando con acciones y decisiones progresistas que terminan exponiendo a la derecha como un sector ideológico y político retardatario y premoderno. La reforma agraria, aunque tímida, y la construcción de una relación respetuosa entre el presidente Petro y las fuerzas armadas son asuntos que ponen en evidencia al proyecto neoliberal uribista con el que se pretendió acabar, de un lado con el campesinado y del otro, afectar la dignidad de policías y militares por cuenta de 20 años de uribismo en los que su carácter público y patriótico se debilitó por cuenta de su “privatización” y la naturalización de un ethos mafioso que permeó a oficiales, suboficiales, soldados, policías y patrulleros. Las sistemáticas purgas del actual gobierno darían cuenta de una degradación moral al interior de la tropa, ocurrida durante los ocho años de Uribe y los cuatro de Duque, especialmente.

De igual manera, las acciones conducentes a proteger los ecosistemas naturales a través de la transición energética y el freno de la deforestación son asumidas por el uribismo como inconvenientes porque sus agentes políticos más visibles y sus patrocinadores le apuestan a explotar sin consideraciones socioambientales y ecológicas los recursos naturales. Recientemente, el empresario uribista Santiago Botero señaló que de llegar a ser presidente de la República extraerá todos los recursos naturales que Dios le dio a Colombia. No se descarta que el uribismo termine apostándole a la candidatura de un empresario no político, dado el desprestigio de la clase política, por cuenta del espejo retrovisor que Petro decidió poner a funcionar como respuesta a una derecha interesada en hacer fracasar a su administración.

Así las cosas, lo del CNE no tiene tanto de “golpe de Estado” o de “golpe blando” como señala el jefe del Estado, pero si tiene, y mucho, de estrategia política, mediática y moral de manchar la imagen de Petro para ponerlo al mismo nivel de indignidad de Uribe. De cara a las elecciones de 2026, la derecha buscará incansablemente poner esa mácula sobre el primer presidente progresista en la Colombia mafiosa, premoderna e incivilizada que hará todo para evitar que Petro se convierta una vez deje la Casa de Nariño en un gran elector como lo fue Uribe en su momento y así darle continuidad a su proyecto ético-político, socioambiental, ecológico y civilizatorio, diametralmente distinto al que defiende la derecha uribizada.

La mejor forma de remplazar las mentiras con las que asustaron a millones de colombianos con aquello de que con Petro “llegaría el comunismo, el castrochavismo, la expropiación o nos volveríamos como Venezuela” es apostarle a desacreditar a Petro interna  y externamente como figura representativa en asuntos como la defensa de los derechos humanos, enfrentar las crisis que confluyen en lo que se conoce como el cambio climático y su pretensión de  transformar a Colombia, llevándola a estadios de modernidad a los que jamás le interesó a la derecha llevarla.

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SANTIAGO BOTERO, EL MESÍAS MORALIZANTE DE LA DERECHA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El empresario antioqueño, Santiago Botero Jaramillo de manera prematura se lanzó como precandidato presidencial. Y lo hace, justo en medio del agrio enfrentamiento político e ideológico entre el presidente Petro y los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que decidieron investigar al jefe del Estado, violando la integralidad del fuero presidencial.

En La W de Julio Sánchez Cristo le abrieron los micrófonos para que expusiera algunas de sus ideas políticas que, a decir verdad, tienen mucho de lugares comunes y cercanas a las que exponen las candidatas María Fernanda Cabal y Vicky Dávila de Gnecco.

Botero se instala ya como un “nuevo Mesías” de la derecha, tal y como en su momento lo fue Álvaro Uribe Vélez, quien prometió acabar con lafar en cuatro años. Como no pudo acabarlas y someter también a “sus simpatizantes, los "terroristas vestidos de civil" (periodistas y defensores de los derechos humanos)”, entonces compró la reelección. Y como tampoco pudo en 8 años, quiso quedarse otros cuatro años más, pero con ponencia de Humberto Sierra Porto, la Corte Constitucional lo evitó.

Para legitimar su carácter mesiánico, Botero invoca a Dios en un país creyente como Colombia. Esto dijo a la emisora en cuestión: “Hace tres meses pensaba irme de Colombia hacia Estados Unidos para construir patria fuera de mi país. Dios me hizo un llamado para combatir el mal, hoy en día no es la izquierda contra la derecha, quiero que menos colombianos se quieran ir del país”.

Su lectura moralizante de los problemas del país lo ubican entonces como un “salvador”, lo que supone que actuará “con mano dura contra los malos”. Al ubicarse en un plano moral superior, el empresario, de llegar a ser presidente de la República, estaría muy cercano a regresarnos a los tiempos de la Seguridad Democrática de Uribe e incluso al Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala. Ya el país sabe que la aplicación de esas dos políticas de seguridad, basadas en la extensión del principio del enemigo interno a todo lo que oliera a izquierda, terminaron con la sistemática violación de los derechos humanos. 

Botero exhibe un perfil guerrerista, muy propio de la línea uribista. Dijo a La FM que invitaría al exgeneral Zapateiro para que fuese su ministro de Defensa. Sin duda alguna existe una afinidad muy grande con la seguridad democrática de Uribe y las maneras de "mandar" en el país. Esa alianza con el exgeneral ajúa, da miedo. 

Reducir los complejos problemas que afronta la sociedad Colombia a un asunto moral entre Buenos y Malos constituye un riesgo absoluto para la democracia, en particular para quienes piensan y actúan diferente e incluso se oponen a quienes desde los privilegios e instalados en la cultura dominante se asumen como “perfectos, los elegidos y los únicos capaces de sacar adelante al país”.

Parece olvidar el señor Botero que los problemas del país en buena medida están atados a las dinámicas y lógicas de un sistema cultural y político en el que se naturalizó un ethos mafioso del que se desprenden distintas formas de violencia y procesos de anomia social.

Aunque dijo que jamás hizo política de la mano de Uribe, su discurso se parece mucho. Dice Botero “no sé si voy a ganar o no, pero estoy dispuesto a sacrificar todo por mi país. Hoy nos sentimos más encarcelados que antes y quiero buscar la libertad para los colombianos”.

En términos de Uribe, el empresario paisa estaría dispuesto a “hacerse moler” tal y como lo prometió en el punto 98 de los 100 puntos del Manifiesto Democrático en el que se lee el entonces Mesías antioqueño: “Me haré moler para cumplirle a Colombia. En mis manos no se defraudará la democracia. Insistiré que el País necesita líneas estratégicas de continuidad…por eso propongo un Gobierno de Unidad Nacional para rescatar la civilidad”.

Al insistir en su discurso moralizante (que termina siendo estigmatizante), Botero asegura que está dispuesto a gobernar de la mano de Uribe, catalogado por el empresario como una persona “buena”. Desecha por completo que el expresidente y expresidiario afronta hoy un juicio por fraude procesal y manipulación de testigos. “Precisamente, sobre una posible participación de Álvaro Uribe en su campaña presidencial, le abrió las puertas a la posibilidad. “Completamente. En mi campaña estarán personas buenas y él se ha ganado el espacio. Yo quiero solamente a los buenos y no a los malos”.

Como el “nuevo Mesías” de la derecha, Botero asegura que gobernaría con total independencia en un país en el que todos los presidentes llegan empeñados a la Casa de Nariño por cuenta del apoyo de contratistas y familias ricas dispuestas a sacar provecho de las millonarias inversiones en el negocio de la política. A pesar de ello, el país cuenta hoy con un presidente que le apunta a hacer una reforma agraria integral y a beneficiar a quienes históricamente la derecha los han mantenido en la miseria y en condiciones ignominiosas. 

 Y para entender que su aparición en La W no es fortuita, esto dijo al magazín: “No le voy a vender el alma a nadie, quiero que esto sea muy transparente y nunca vamos a estar en la situación en la que está el presidente (Petro)”.

Muy seguramente otros medios, incluida La W, empezarán a presentar a Botero como un “outsider” de la política. De esa manera, el abanico de candidatos de la derecha se amplía. A lo mejor Botero terminará siendo el ungido del expresidente Uribe porque todo el país sabe que el exmandatario no confía en María Fernanda Cabal y mucho menos en Vicky Dávila de Gnecco por ser mujeres. 

En términos socioambientales y ecológicos, Botero sigue la misma línea extractiva de Uribe. No solo aprobaría el fracking en el país, sino que muy seguramente continuaría con la potrerización de las selvas, la defaunación y deforestación. Dijo a la emisora que se dedicaría a explotar todos los recursos que Dios le dio al país. Otro negacionista del cambio climático. 

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PETRO Y EL NEFASTO ESTABLECIMIENTO COLOMBIANO

 

Por Germán Ayala Osorio

Dentro del establecimiento colombiano hay sectores de poder que vienen acostumbrados a que los presidentes de la República obedezcan al pie de la letra sus demandas e imposiciones. Con la llegada de Petro a la Casa de Nariño esos agentes de poder encontraron una fuerte resistencia ideológica y de clase en el jefe del Estado, que en buena manera explica la temeraria reacción del Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigar al presidente de la República, violando la Constitución.

Es claro que detrás de esa retadora decisión están Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe Vélez, dos alfiles de los sectores más godos y violentos de esa parte del Establecimiento que está acostumbrada a manosear a los presidentes que a pesar de resultar electos por el voto popular, están obligados a priorizar el cumplimiento de los objetivos de los mecenas que patrocinaron sus campañas.

Bajo esas condiciones, el presidente Petro optó por gobernar activando el espejo retrovisor, lo que significó la reaparición del congresista aquel capaz de confrontar, sin miedo alguno, a esos agentes del establecimiento acostumbrados a someter a los presidentes a sus caprichos y formas de asumir la operación del Estado y el funcionamiento de las variables económicas. Más claro: Petro decidió gobernar con el espíritu retador del congresista que develó las relaciones criminales entre los paramilitares y la clase empresarial y política. La política anti narcóticos, por ejemplo, no se ve con buenos ojos dentro de varios de esos agentes de poder por cuanto están sintiendo las afectaciones económicas por las sistemáticas incautaciones de droga.

Esos agentes del establecimiento se sienten en riesgo con Petro por el acceso que tiene el presidente a información privilegiada, pero sobre todo, a hechos y acciones que los pueden encochinar o poner en evidencia.

El caso Pegasus, expuesto por Petro en aquella alocución, lo asumieron dentro del Establecimiento colombiano como una mortal estocada e incluso como una jugada política propia de un “enemigo interno” que desde la Casa de Nariño quiere acabar de develar las relaciones mafiosas y criminales de quienes usaron ese software para espiar a quienes le hicieron oposición a Iván Duque y legitimaron las movilizaciones en el marco del estallido social. Pegasus sería apenas la punta del iceberg de esas correlaciones de fuerza en las que de tiempo atrás prevalece un ethos mafioso que, de la mano de los valores del neoliberalismo, han servido para privatizar la operación del Estado y por esa vía, afectar la soberanía y la autonomía alimentarias, la explotación de los recursos naturales sin consideraciones ética ecológicas y el poco favorecimiento de los sectores comunitarios y populares. Si se revisa con cuidado, el gobierno Petro le está apuntando a revivir al campesinado, a cuidar los ecosistemas naturales en consonancia con las crisis climáticas y a favorecer la economía popular y contratar el mejoramiento de las vías terciarias con las Juntas de Acción Comunal. Todas, acciones inaceptables para quienes hubiesen preferido a un presidente obediente y sometido.

Así las cosas, la decisión del CNE es la respuesta institucional de esos sectores del Establecimiento que odian a Petro por querer gobernar en contra de sus mezquinos intereses, pero, sobre todo, por desconocer la historia de sometimiento de los jefes del Estado, convertidos en el pasado en simples marionetas de esos agentes de poder que no están interesados en llevar al país a un estadio de desarrollo superlativo. Por el contrario, les interesa que siga siendo la finca que les da para mantener sus costosos niveles de vida.

Imagen toma de Semana.com

LA PROVOCADORA, ILEGÍTIMA E ILEGAL DECISIÓN DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Más allá de si la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigar a Gustavo Petro y a la campaña constituye o no un “golpe blando” como lo asegura el propio mandatario, la actuación del CNE deviene provocadora en lo social, ilegítima en lo político e ilegal en lo que respecta a la intención manifiesta de desconocer el fuero y  mancillar la majestad presidencial.

Es provocadora en lo social porque los consejeros (realmente no son magistrados, son políticos a los que sus partidos les regalan esa “dignidad”) que escribieron la ponencia sabían que Petro iba a convocar movilizaciones, advirtiéndole a sus electores que su gobierno está bajo una grave amenaza institucional urdida desde las huestes que defienden los dos más enconados enemigos de Petro y de sus decisiones en materia socioeconómica: Germán Vargas Lleras de Cambio Radical y Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático. Vargas Lleras y el Clan Char usan a César Lorduy, presidente del CNE y señalado de haber asesinado a una mujer años atrás, para golpear políticamente al jefe del Estado y por esa vía, profundizar la polarización política y la crispación ideológica de cara a las elecciones de 2026 en las que el vetusto delfín tiene fincados intereses electorales; entre tanto, el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, usa al sub judice ciudadano, Álvaro Hernán Prada para lo mismo. Hay que recordar que Prada está llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos, caso en el que están también involucrados Uribe y el aboganster, Diego Cadena.

Esas dos últimas circunstancias que rodean la vida de los consejeros Lorduy y Prada representan dos crisis que soporta la sociedad colombiana y que exhibe la clase política y se advierte en el ejercicio mismo de la política: de un lado, una crisis moral y del otro, una de carácter ético-política. Por la condición sub judice de Prada, su actuación deviene ilegitima en lo social y en lo político, hecho que confirma la baja estatura moral de la derecha, en particular la que está asociada a la causa uribista y a la desechable y despreciable eticidad del exsenador Prada, espejo de la que viene exhibiendo su patrón y dueño, Álvaro Uribe Vélez.

En lo que toca a la legalidad de la determinación de la autoridad electoral, abogados de derecha reconocen que se trata de una extralimitación en las funciones de ese órgano administrativo porque el único ente que puede investigar al presidente de la República es la inservible y politizada Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Por supuesto que la inmoral cruzada del CNE está respaldada por un fallo del Consejo de Estado, corte que también le hace oposición política al actual gobierno. 

Minutos después de conocida la decisión política del CNE, Petro dijo que “ahora nos han puesto en un momento difícil, grave, porque a lo que van es a un golpe de Estado. Al Ejército de Colombia y a la fuerza pública le he ordenado, como presidente constitucional de Colombia, no levantar una sola arma contra el pueblo. Sus enemigos son los bandidos. “Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia”.

Justamente la derecha representada por Uribe y Vargas Lleras, con el concurso de la prensa hegemónica que les hace el juego, saldrá ahora a decir que Petro “no respeta la institucionalidad”, cuando claramente quienes la irrespetaron son los dos señalados políticos desde el preciso momento en el que les regalaron a Lorduy y Prada esas dos sillas en el oscuro Consejo Nacional Electoral para atacar al gobierno y al jefe del Estado, a sabiendas del lío judicial del alfil de Uribe y al tormentoso pasado de César Lorduy. No se pueden llamar magistrados a quienes fungen como peones de partidos políticos que en su historial exhiben congresistas procesados, llamados a juicio unos y condenados otros por graves delitos. 

petro se va en contra del CNE. golpe blando - Búsqueda Imágenes (bing.com)

PETRO Y LA ELECCIÓN POPULAR DE JUECES Y MAGISTRADOS

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El presidente Petro es un polemista profesional. Y como sabe y parece disfrutar de los constantes ataques de la prensa uribizada, entonces cada cierto tiempo les lanza la carnada. La más reciente carnaza que lanzó a las turbias y turbulentas aguas mediatizadas tiene que ver con su idea de que los jueces en el país deberían de ser elegidos popularmente, como sucede en México.

Parece haber una confianza ciega del jefe del Estado en la capacidad y la inteligencia del “pueblo” para tomar las mejores decisiones en materia política y electoral. Si así fuera, ese mismo pueblo no habría votado jamás por Álvaro Uribe Vélez, el político que más daño le hizo a las instituciones públicas, como las FFAA; al ejercicio de la política, naturalizando un ethos mafioso que se evidenció en la compra de sus reelección; a los ecosistemas naturales, debilitando la institucionalidad ambiental y favoreciendo los intereses de hacendados, ganaderos y latifundistas que al correr sus cercas, afectaron en materia grave selvas tropicales y bosques secos; y a los derechos humanos  como factor fundamental para que el Estado por fin alcanzara su ya esquiva legitimidad.

Que el pueblo elija a los jueces no cambiaría en nada lo que sucede hoy con los operadores judiciales, desde el juez promiscuo que actúa en el municipio más pequeño del país, hasta el más encopetado de los magistrados de las altas cortes: la venta de fallos, el clientelismo y la tendencia a fallar no en derecho, sino de acuerdo con elementos ideológicos e intereses políticos asociados a los clanes políticos de la derecha que les ayudaron a escalar posiciones dentro de la competida carrera judicial.

La propuesta de Petro se da en medio de una evidente politización e ideologización del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. La reciente postulación de políticos cercanos a Vargas Lleras de parte de las dos primeras cortes, a la terna para que el Senado eligiera el nuevo Procurador, da cuenta de ese amargo proceso en el que los togados parecen actuar por intereses clientelistas y políticos y no para tratar de detener la vulgar captura del Ministerio Público por parte de clanes políticos.

Sin duda alguna, el presidente Petro anda molesto con los altos tribunales que, en el marco de los pesos y contrapesos de la democracia, le han tumbado decretos presidenciales claramente destinados a favorecer a comunidades de base a través de la contratación directa para hacer las placas huellas en las vías terciarias y otros para poner a tributar a multinacionales petroleras.

Lo cierto es que poner al pueblo a votar por jueces y a estos a hacer campañas no garantiza que la corrupción de jueces y togados quede proscrita para siempre. El cartel de la Toga es la expresión más clara de la naturalización del ethos mafioso en el sistema judicial, contaminado por un sistema político que deviene históricamente asociado a los intereses de clanes políticos que le vienen apuntando a sostener y extender la captura del Estado, convirtiendo a jueces y magistrados en sus fichas para echar para atrás el carácter garantista de la Constitución de 1991 y aquellas reformas que le apuntan a modernizar a una sociedad en la que hay sectores que insisten en mantenerla en la oscuridad y en la premodernidad.

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“UNA BUENA IZQUIERDA” EN MEDIO DE UNA PERVERSA DERECHA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En su más reciente columna, titulada Una buena izquierda, Juan Carlos Botero se va lanza en ristre contra el gobierno de Gustavo Petro, apelando a una lectura crítica que arrastra mucho de los lugares comunes que la prensa hegemónica y uribizada usa desde el 7 de agosto de 2022 para deslegitimar a la actual administración.

Haré referencia a las lecturas parcializadas y ligeras que hace Botero, pero también a los silencios o a lo que deja de decir el buen columnista vaya uno a saber si por miedo a que la derecha lo ataque, o simplemente por la simpatía que generó en él los viejos agentes de poder de ese espectro ideológico por su histórico dominio de la cosa pública.

Esto dijo Botero en su columna: “Porque, seamos honestos: lo que Colombia más necesitaba en el 2022 era una buena izquierda. Pero buena significa moderna, no una empeñada en desempolvar tesis obsoletas que han sido rebatidas por la Historia”. Y buena significa eficaz, no una grandilocuente en sus discursos y promesas de cambios fantásticos, pero incapaz de poner gasolina en los aeropuertos o ejecutar un presupuesto. Y buena significa pragmática, lista a lograr consensos y a trabajar con otros grupos políticos, y no prolífica en insultos que solo dividen y azuzan la polarización. Y buena significa demócrata, no una dispuesta a validar dictaduras vecinas. Y buena significa seria, no una regida por la improvisación, como se ha visto tantas veces en este gobierno, empezando con el escándalo de los pasaportes que terminó, meses y pleitos y peleas después, en el mismo lugar donde empezó”.

Vamos por partes como diría Jack el Destripador. La izquierda que representa Gustavo Petro exhibe condiciones modernas que la derecha se resiste a tener o a generar entre sus huestes. Justamente sus más visibles agentes son premodernos en temas como el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres, el cuidado de los ecosistemas naturales y el respeto a la diversidad cultural, entre otros asuntos.  Ese es el primer silencio en el que incurre Botero.

Lo de “poner gasolina en los aeropuertos” responde más a una lectura mediática coyuntural, cuyos hechos fueron desestimados por las propias autoridades aeroportuarias. Ni siquiera alcanzó la dimensión de crisis. Así que, en este punto, Botero fue ligero y visceral.

En lo que toca al “pragmatismo político” es posible que el columnista tenga razón, pero deja de exponer la resistencia de los agentes de la derecha a discutir con argumentos los proyectos de ley presentados al Congreso. Los insultos han venido de lado y lado y no podemos caer en la actitud infantil de empezar a buscar quién inició la pelea. Botero deja de nombrar hábilmente la actitud hostil de las empresas mediáticas hacia la figura y la persona de Gustavo Petro. Jamás en la historia reciente se vio ese nivel de animadversión desde la prensa tradicional hacia un mandatario.

Dudar del carácter democrático del presidente de la República y de sus más cercanos defensores porque no se cortaron relaciones diplomáticas, políticas y económicas con el régimen venezolano es desconocer que para el gobierno Petro es prioridad cuidar las condiciones socio económicas generadas en la frontera entre Venezuela y Colombia por un fuerte intercambio comercial. Parece que Botero hubiese quedado contento si Petro emula lo hecho por Iván Duque Márquez, que terminó afectando la vida de cientos de familias colombo venezolanas que viven y sobreviven del comercio en la extensa y porosa frontera.

Lo de los pasaportes va bien hasta donde se puede observar. ¿O acaso se detuvo la expedición de los documentos? Insisto en que Botero está consumiendo demasiadas noticias en Caracol y dejando de escuchar a la Cancillería.

En un segundo momento, Botero, en el mismo texto de opinión, señala que “en vez de trabajar con el sector privado para sacar adelante proyectos y reformas, sus choques con los empresarios han sido estériles. Y en vez de un presidente capaz de administrar el Estado con talento ejecutor, tenemos uno que no le gusta gobernar sino vivir en campaña electoral. Estatizar la salud es un retroceso, no un avance. Reformar el trabajo de modo que aumente la informalidad es un contrasentido. Sacar adelante una ambiciosa reforma tributaria para que se esfumen los recursos por ineptitud, al punto que el presidente proponga imprimir billetes, es una vergüenza. Y en vez de proponer un proceso de paz realista, con un solo objetivo claro, como desmovilizar al ELN, este presidente y su ego cósmico propuso nada menos que la Paz Total, la cual solo ha multiplicado los frentes criminales en todo el territorio nacional, y ha fortalecido a las disidencias de las FARC al recibir, de parte del gobierno, legitimidad política, en vez de ser tratadas como lo que son: simples asesinos dedicados a negocios ilegales”.

Volvamos a la técnica usada por Jack el Destripador. Parece que Botero desconoce que, en el sur del país, de la mano del clan Gilinski, se está trabajando en un proyecto de industrialización de la producción de cacao. Dejo este enlace como prueba de la existencia de esa iniciativa: “Misión cacao': alianza entre el Gobierno Petro y el grupo Gilinski con Nutresa”. En ese punto, Botero deja de señalar las actitudes hostiles hacia el jefe del Estado de los presidentes de Fenalco, Jaime Alberto Cabal y de la Andi, Bruce Mas Master.

En cuanto a que Petro aviva las masas y que parece estar siempre en campaña, hay que reconocerle a Botero que tiene razón. Esa actitud presidencial bien puede explicarse por su carácter mesiánico- en eso se parece a Uribe- y por las constantes acciones institucionales orientadas desde las altas cortes y el Congreso a tumbar sus decretos y frenar sus iniciativas legislativas.

Frente al caso de la salud, Botero se alinea con la defensa que el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, viene haciendo de un sistema de aseguramiento en salud que permitió la corrupción y la permanente conculcación del derecho a una vida digna y a una salud de calidad por cuenta de unas EPS cuyas juntas directivas se dedicaron a malgastar los recursos públicos y a consolidar sus redes privadas de clínicas en detrimento de la calidad de los servicios de salud requeridos por los pacientes.

Juan Carlos Botero guarda silencio ante el ethos mafioso que se naturalizó en un sistema de salud que nació para que unos pocos se enriquecieran, haciéndole creer al país que estaban prestando un excelente servicio de salud. Botero omite reconocer que el proyecto de ajuste y cambio a la ley 100 de 1993 contó con el aval de varias EPS y que fue la bancada opositora en el Congreso la que evitó discutir la propuesta con argumentos.

En lo que respecta a la reforma tributaria el columnista de El Espectador deja de decir que el propio gobierno reconoció errores en los cálculos de las fuentes y los recursos a recoger. También evita señalar el sobre endeudamiento en el que incurrió el anterior gobierno y la evidente evasión y elusión de las familias ricas de este país.

Y en lo que toca a la Paz Total, Botero tiene razón en que Petro se equivocó al apostarle a pacificar el país con una propuesta maximalista que terminó siendo irreal. Eso sí, no se puede dejar de decir que para hacerla paz con los grupos armados ilegales hay que desmontar primero las mafias que durante años la derecha permitió y quizás alentó su crecimiento al interior de las FFAA, en beneficio de los señores de la guerra y la supervivencia de las “guerrillas”.  Las constantes purgas de oficiales del Ejército y la Policía en algunos casos están directamente relacionadas con esas mafias. Olvida el columnista que el propio presidente Petro desdice de la naturaleza política del ELN y de los otros grupos armados dedicados a la minería ilegal.

Todos esperábamos más del primer gobierno de izquierda en un país dominado histórica y culturalmente por una derecha mediocre, violenta, neoliberal y acostumbrada a desangrar al Estado. La presencia de políticos como Benedetti le hicieron mucho daño a la imagen del gobierno. Pero avanza una tímida reforma agraria que la derecha le viene negando al país sistemáticamente. También, la recuperación del tren como sistema de transporte en oposición a las mafias del transporte terrestre. Hay otra mirada hacia la Naturaleza que hay que valorar. 

Estimado Juan Carlos: no llegó el castrochavismo, ni nos convertimos en Venezuela, como la derecha señaló. No estamos tampoco en el abismo. Basta con revisar los indicadores macroeconómicos. Tu mirada catastrofista también puede ser fruto de tu cercanía al discurso de la prensa tradicional. Así termina la columna “Una buena derecha”: “…le costará mucho a la izquierda reponerse de este desastre. Y le costará mucho al país recuperar tanto tiempo perdido y tantas oportunidades desperdiciadas para siempre”.

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LOS CINCO PUNTOS DE UN ACUERDO NACIONAL QUE NECESITA DE UNA REVOLUCIÓN CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con una parte del Establecimiento en contra, incluidas las empresas mediáticas, el gobierno Petro, después de dos años, insiste en la idea de un gran Acuerdo Nacional, a pesar de que intuye o sabe que a la derecha jamás le interesó llegar a un pacto con un presidente que le dejó ver a los más poderosos agentes del establecimiento que no estaba dispuesto simplemente a cumplir sus órdenes como lo hicieron todos los jefes de Estado desde 1990 hasta la fecha. Aunque es prácticamente imposible que dicho acuerdo se dé, resulta importante revisar los 5 puntos planteados en el documento presentado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

El punto 1, Seguridad y erradicación de la violencia del ejercicio de la política, se entiende como un gesto de paz política, en medio de un sostenido proceso de polarización, ataques y bloqueos institucionales que han impedido, entre otros asuntos, la aprobación en el Congreso de las reformas sociales presentadas por la actual administración. A lo anterior se suman las tozudas y anacrónicas posturas asumidas por la “guerrilla” del ELN y las de otros grupos armados ilegales, que terminaron por congelar la mesa de diálogos con los elenos y dejando sin mayor sentido social y político de las otras mesas o acercamientos de paz.

En el texto oficial se lee que “se debe promover desde el ejemplo la recuperación de los valores democráticos, desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación política, erradicar la estigmatización y respetar la diferencia y el disenso en todos los escenarios…”

La propuesta gubernamental llega después de la andanada contra el presidente Petro y su gobierno que se lanzaron desde el Congreso de Fenalco. En dicho escenario, el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y la directora de Semana insistieron en una narrativa catastrofista con la que esos sectores de la derecha colombiana buscan asustar a la ciudadanía y deslegitimar al gobierno con la idea de que el país “va hacia un barranco”, de la mano del sempiterno fantasma del castrochavismo.

Quizás después de lo sucedido en el encuentro de comerciantes, el ministro Cristo y su equipo de trabajo pensaron en incluir en este primer punto del Acuerdo Nacional el tema de la reconciliación. Lo más seguro es que jamás se dé esa reconciliación nacional si el gesto de intercambiar sombreros vueltiaos entre Petro y el asesino paramilitar y antiguo héroe de la derecha empresarial y política, Salvatore Mancuso, generó rechazo del propio expresidente Uribe, figura política que, a pesar de sus líos judiciales y sistemático desprestigio, sigue siendo un faro (in) moral para comerciantes, banqueros y empresarios que se oponen a la consolidación de un Estado moderno al servicio del colectivo.

En la propuesta se lee: “promover y acompañar la búsqueda de un pacto político nacional que tenga como fin la reconciliación nacional y la convivencia pacífica que aún anhela Colombia”.

El plan para asesinar al presidente de la República es un factor político que termina por alejar la posibilidad de firmar ese pacto, puesto que la reacción de la oposición y de los medios hegemónicos ante semejante posibilidad no ha sido consecuente con la dimensión de semejante plan desestabilizador.

Llama la atención la inclusión del tema del orden público dentro del primer punto del Acuerdo Nacional por cuanto es un asunto del resorte exclusivo del presidente de la República. La Paz Total de Petro, con todo y su carácter maximalista no despertó en los sectores de la Oposición el interés debido y exigido, puesto que sus más representativos miembros parecieran más interesados en extender en el tiempo el conflicto armado interno, del que se sirvieron en el pasado hacendados, ganaderos, y empresas agrícolas interesadas en extender los monocultivos de caña de azúcar y palma africana y la ganadería de baja producción, sin consideraciones ecológicas y ambientales y sin mirar que esas nuevas tierras estaban manchadas con la sangre de las víctimas de los paramilitares.

“Debe haber un compromiso de las partes de rechazar la violencia en la política, la interferencia de cualquier grupo armado en los procesos electorales y excluir de partidos y movimientos políticos a candidatos con vínculos con grupos ilegales”.  

El texto en negrilla y subrayado se puede entender en dos sentidos: el primero, a manera de reconocimiento de una verdad histórica y política que tiene en la parapolítica a su más grave y notoria expresión; y el segundo, como una invitación a esos partidos de derecha que aún simpatizan con la causa paramilitar.

En otro aparte de este primer se alude a un anhelo institucional y a una realidad política que poco o nada le aporta al sentido y al objetivo del Acuerdo Nacional. En el texto se lee que “el Estado debe cumplir con su obligación constitucional de avanzar en la recuperación del control territorial, ejerciendo su autoridad legítima en contra de los grupos armados ilegales que persisten en el uso de la violencia, así como promover la construcción de una estrategia para desmantelar las organizaciones criminales que actúan en el territorio en contra de nuestra fuerza pública y de la población civil. La búsqueda de la paz seguirá siendo un propósito superior y en él se avanzará con los actores armados que demuestren una verdadera voluntad para alcanzarla. Acordar medidas efectivas para promover una mejor respuesta del Estado a la protección de la vida de los líderes políticos y sociales y de las personas firmantes de paz”.

2. Respeto a las reglas electorales y al calendario electoral

El miedo a la reelección del primer presidente izquierda es un hecho social y político que la derecha no oculta. El rechazo a esa posibilidad no está fundado en el susto que produce que “Petro lleve al país por el camino del castrochavismo”, sino en el pavor de que las políticas sociales, la idea de la reindustrialización, la reforma agraria y la transición energética, junto al manejo responsable de la economía, hagan posible superar la pobreza y la miseria y por ese camino convertir al país en una potencia emergente.

En la propuesta oficial se lee: “se debe garantizar la estabilidad de las reglas de juego democráticas en el corto, mediano y largo plazo en los niveles nacional, regional y local. No se promoverá la reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios de la rama ejecutiva de elección popular. Nos comprometemos, en el marco del proceso del Acuerdo Nacional, a estudiar y construir consensos sobre el cambio en el sistema político y electoral para que sea más eficiente y transparente, para que se fortalezcan los partidos y movimientos políticos y para que mejore el sistema de financiación de las campañas políticas. Cualquier cambio institucional tendrá que ser producto de los trámites y requisitos contenidos en la Constitución Política de 1991 y que implican un amplio proceso de participación ciudadana, deliberación legislativa y controles de constitucionalidad”.

Lo subrayado y en negrillas no son otra cosa que la apuesta del progresismo por modernizar las instituciones democráticas y proscribir el ethos mafioso que la derecha naturalizó, en particular desde el 2002. Al final se envía un mensaje a las altas cortes, en particular al Consejo de Estado y la Corte Constitucional, corporaciones que en buena medida, con sus fallos, se han alineado políticamente con los objetivos de los sectores de Oposición que le están apostando a que al actual gobierno le vaya mal en todo lo que intente hacer.

3. Transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto

La implementación del tratado de paz de La Habana es quizás el factor que más distancia al gobierno de los sectores que le hacen oposición. La distribución de la tierra a través de una reforma agraria integral asusta a los viejos terratenientes y hacendados, acostumbrados a vivir de la renta, a pagar un predial irrisorio y a especular con el valor de la tierra. De allí que la transformación de los municipios PDET, esto es, los más golpeados por los actores armados sea el punto de desencuentro entre el gobierno Petro y los poderosos agentes agrarios interesados en seguir apegados al modelo de la gran plantación con el que acabaron con la economía campesina y afectaron la calidad y la consistencia ecológica de valiosos ecosistemas.

En el ya mencionado documento se lee que “es necesario dar un impulso vigoroso a la transformación de las 16 regiones donde se ejecutan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Más allá de las diferencias políticas respecto del Acuerdo de Paz firmado en 2016, apoyaremos y trabajaremos con los alcaldes y gobernadores y, de manera articulada y participativa, con las comunidades, el sector privado, el gobierno nacional y la comunidad internacional, en las iniciativas y proyectos que mejoren las condiciones de vida y seguridad de los 6,6 millones de habitantes de esos 170 municipios. Solo la intervención integral de esos territorios para transformarlos impedirá el reciclaje de las distintas violencias en las zonas PDET y las regiones históricamente más afectadas por el conflicto. Esa intervención integral en los territorios críticos debe convertirse en una prioridad del Estado y de la sociedad, más allá del gobierno de turno”.

El mensaje de este punto 3 va dirigido a los alcaldes que la derecha logró poner en las pasadas elecciones regionales y que hoy le apuestan a que los proyectos PDET fracasen en beneficio de los poderosos agentes agrarios que operan dentro de esos territorios.

4. Crecimiento económico con equidad – Transformación de la economía

Al ser Colombia uno de los países más desiguales del mundo, la apuesta de Petro y del progresismo es modificar sustancialmente esa inmoral realidad sociocultural y económica, a lo que se oponen los actores de una derecha premoderna que históricamente se han beneficiado de la producción y reproducción de esas condiciones de inequidad, desempleo, informalidad y pobreza.

En este punto, cuando el gobierno dice que “se debe transitar de una economía...” está hablando en términos de un imperativo moral jamás reconocido como tal por la derecha, aunque sí expuesto como promesas electorales de las candidaturas de Uribe, Santos y Duque.  

“Se debe transitar de una economía con alta desigualdad y desempleo, hacia una economía productiva, incluyente y equitativa que proteja y conserve la naturaleza y cuya competitividad esté basada en la educación, el talento, la tecnología y la conectividad, la transición energética, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. En ese sentido, creemos que se puede avanzar de manera concertada en el impulso al desarrollo rural integral, así como en el fortalecimiento de una agroindustria compatible con el cierre de las brechas de desigualdad y la protección de nuestros recursos naturales. Asimismo, impulsar el fortalecimiento de la industria estratégica con innovación, estándares de competitividad y políticas de crédito y fomento a sectores estratégicos como el agropecuario, el industrial y el turismo para jalonar la economía y el empleo”.

5. Compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales

Sin duda alguna, el Congreso de la República, en particular las bancadas que se declararon en oposición han cumplido al pie de la letra los “recados” (verdaderas órdenes) que les han enviado los mecenas que les patrocinaron las campañas a los y las congresistas que optaron por negarse a debatir con argumentos las propuestas presentadas por el gobierno. Se trata de una actitud cobarde, indigna y mezquina de quienes dicen representar al pueblo y a sus electores, pero que actúan para beneficiar a los actores económicos que están detrás, por ejemplo, de la debacle de las EPS por cuenta de un sistema que privilegió las ganancias y facilitó la corrupción público-privada.

“Es esencial reconocer la necesidad de avanzar con apremio en las reformas sociales que mejoren el bienestar de los colombianos y las condiciones para consolidar la paz. Por esta razón, acordamos trabajar con todos los partidos políticos representados en el Congreso, la discusión de un grupo prioritario de proyectos que hacen parte de la actual agenda legislativa, y de esta manera dar trámite para su aprobación, en el marco del respeto a la oposición, de la deliberación argumentativa, de la búsqueda constructiva de consensos y del dialogo respetuoso. “El Acuerdo Nacional va más allá de los trámites legislativos. Es un compromiso con la institucionalidad, con el reconocimiento a las realidades territoriales, con el respeto a los disensos y a las construcciones civilizadas. Si no nos hemos podido poner de acuerdo sobre los máximos, pongámonos de acuerdo sobre los mínimos”.

A Petro le quedan dos años. Para que esta propuesta de Acuerdo Nacional termine concretándose se requiere de una altura moral que no pueden alcanzar los sectores de la derecha a los que va dirigida. Se trata de una invitación a proscribir el ethos mafioso que hace parte de las lógicas de la operación del Estado y en los agentes privados que contratan y se relacionan con las entidades públicas. Un Acuerdo Nacional de esas dimensiones necesita primero una “revolución cultural” que la derecha no está dispuesta a dar porque sus más representativos agentes de poder están hoy en “modo venganza”, esto es, más interesados en recuperar la Casa de Nari, que en recoger las buenas ideas que la izquierda y el progresismo les vienen planteando a ellos y al país.

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PETRO, MANCUSO Y LOS SOMBREROS VUELTIAOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El intercambio de sombreros vueltiaos entre el presidente de la República y el confeso criminal, Salvatore Mancuso Gómez es un gesto de paz y reconciliación que, por supuesto no le gusta a la derecha uribizada, porque detrás está la insistencia de Petro de seguir develando verdades alrededor del contubernio y amancebamiento político, social y económico que se dio entre clanes políticos, clase empresarial rural y citadina y los temidos comandantes paramilitares para cometer masacres, desplazar a millones de campesinos y arrebatarles sus tierras.

El presidente Petro está en la tarea de recuperar aquellos predios que Mancuso entregó al Estado para reparar a sus víctimas y que al parecer están en manos de políticos y testaferros. Hay que recordar que la SAE, en las anteriores administraciones, sirvió de “banco de bienes” para pagar favores electorales y políticos. Fincas y mansiones fueron entregadas y alquiladas por precios irrisorios a amigos de los gobiernos de Uribe, Santos y Duque.

La entrega de tierras a campesinos para consolidar la soberanía y la autonomía alimentarias hace parte del proyecto político del actual gobierno, de ahí que la presencia de Mancuso en el evento tenga un especial significado por cuanto él lideró la arremetida paramilitar para que ganaderos, narcos y latifundistas se quedaran con las tierras de los campesinos que los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desplazaban, pagando de esa manera los apoyos económicos recibidos por esos actores de la sociedad civil simpatizante de la causa supuestamente contrainsurgente.

No puede verse el intercambio de los simbólicos sombreros como parte de un proceso de “beatificación” iniciado por el actual gobierno del excomandante de las AUC, como lo sugirió el periodista Félix de Bedout. Sin duda, el periodista antioqueño exagera en su lectura maliciosa del suceso político. Ni tampoco reducir la intención de pacificar el país por las buenas, a "un teatro de compadres" como la calificó el expresidente, expresidiario y sub judice ciudadano, Álvaro Uribe Vélez. 

La pulla que lanzó Petro contra Uribe da cuenta de la dimensión política y de las intenciones del jefe del Estado de continuar demostrando que sus denuncias de la existencia de la parapolítica y la paraeconomía, siendo congresista, no solo eran ciertas, sino que han permanecido en el tiempo. Esto dijo Petro: “Salvatore, ‘Macaco’, ‘Jorge 40′ podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad, que existía en esa época”.

Mientras que el uribismo le apunta a mantener en el olvido lo sucedido entre paramilitares y la clase política y empresarial, el presidente Petro está interesado en ahondar en esa verdad que asusta a quienes se siguen beneficiando de las tierras que las AUC les quitaron a cientos de campesinos como parte del proyecto de la derecha, tanto la legal como la ilegal, de concentrar la tierra en pocas manos, anular simbólica, económica y políticamente al campesinado, y continuar con la expansión del modelo de la gran plantación, sostenido por la ganadería extensiva de baja producción y los monocultivos de caña de azúcar y palma africana.

Adenda 1: hay un elemento socio geográfico y cultural que en entra a jugar en la relación Petro-Mancuso: ambos nacieron en Córdoba. Ese factor genera una genuina confianza, a diferencia de la relación Uribe-Mancuso, en la que la perfidia de la que fueron víctimas los jefes paras extraditados a USA terminó por confirmar que el imaginario de la mentira y la capacidad de enredar y engañar que acompaña a eso de ser “paisa”, para el caso de Uribe, resultó cierto. Recordemos que Uribe Vélez nació en Salgar, Antioquia, aunque su hacienda El Ubérrimo está en jurisdicción de Córdoba.

Adenda 2: dentro de las alusiones simbólicas que trae el sombrero vueltiao, están “animales y plantas como, la flor del maracuyá (triángulos), la flor del limón (rombos), la flor del totumo (círculos y triángulos), la flor de azahares (rombos y rectángulos), el granito de arroz (jaspeado), el diente del burro (cuadros con líneas en diagonal) y la espiga del maíz (triángulos con líneas en diagonal), entre otras. Además, narra diferentes tipos de actividades: la caza, la pesca, la hacienda, la religión”. Los dos últimos elementos dan cuenta con claridad histórica y cultural de lo que Colombia es y ha sido: poderosos y peligrosos hacendados, todos hombres creyentes.

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LUIS CARLOS VÉLEZ LE DICE ADIÓS A LA FM

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hoy se despidió públicamente de su audiencia el fatuo locutor de La FM, Luis Carlos Vélez. Después de haber despotricado días atrás de la COP16 y burlado del canal Telepacífico, el rumor de su inminente salida del espacio informativo tomó fuerza y circuló en las redes sociales, hasta que se confirmó que dejaría la conducción del espacio radial. El curtido periodista y director de El Unicornio, Jorge Gómez Pinilla, fue el primero en poner a rodar la versión que al final resultó cierta: echaron a Luis Carlos Vélez de La FM.

Vélez dice que renunció, pero lo más probable es que las directivas de RCN lo hayan echado por los negativos efectos económicos y políticos que generó el desafortunado comentario que hizo en contra de la cumbre ambiental sobre el cuidado de la biodiversidad que tiene a la ciudad de Cali como sede.

En su emisión de hoy y usando el numeral #IndependenciaEs, el uribizado periodista y reconocido enemigo del presidente Petro y del petrismo se despidió de su audiencia y compañeros de la mesa de trabajo. Sus colegas periodistas exaltaron su “calidad humana, liderazgo, profesionalismo y rectitud” y algunos dejaron entrever que, ante la salida del conductor del magazín, ellos correrían la misma suerte. Esos mismos compañeros fueron incapaces de hacerle ver a Vélez que estaba cometiendo un error al minimizar la importancia de la COP16. Lo peor de todo es que Juan Lozano, periodista y ladino político, fue ministro del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Lozano fue tímido al intentar explicarle a Vélez el gran valor de la COP16. Claro, hay que entender que Lozano fue ministro durante la administración de Uribe Vélez a la que jamás le importó el cuidado de la biodiversidad, en particular de las selvas, las mismas que fueron taladas para instalar ganado y monocultivos de palma africana y caña de azúcar.

Lo cierto es que Luis Carlos Vélez, desde el 7 de agosto de 2022, convirtió el espacio radial de La FM en una verdadera bodega anti-Petro y anti-gobierno. Vélez condujo el magazín con tal animadversión hacia el presidente de la República y la vicepresidenta, Francia Márquez Mina, que el desagradable comentario de la COP16 se explica justamente por esos altos niveles de inquina que lo llevaron a desconocer la importancia del evento ambiental, por ser Colombia y en particular la zona del Chocó Biogeográfico territorios en donde se alberga una gran biodiversidad. Hay que recordar que fue Petro quien eligió a la capital del Valle del Cauca como sede de la cumbre ambiental, otro motivo para que Vélez hablara mal del evento. 

La despedida de Luis Carlos Vélez, sin duda alguna, tuvo un carácter lastimero, con numeral incluido, para que sus oyentes dejaran sentir su pesar por la partida. Una puesta en escena que termina por ocultar las razones de la salida de Vélez, para darle visibilidad a un hecho que olvidó el periodista: por encima de la información y de la opinión están los intereses económicos (la pauta) y políticos del propietario del canal RCN.

En su amarga despedida, Luis Carlos Vélez dijo que continuaría “siendo contrapoder y diciendo la verdad”. El arrogante y derechoso periodista exhibe una evidente confusión conceptual alrededor de la categoría contrapoder. Al ser RCN un actor político de derecha que defiende de tiempo atrás los intereses y el ethos del uribismo, la noción de contrapoder resulta inaplicable, si tenemos en cuenta que Vélez estuvo al frente de ese espacio informativo por 7 años.

Haberle hecho oposición ideológica y política al presidente Petro desde el 7 de agosto de 2022 no convierte a La FM y mucho menos a Vélez en agentes de contrapoder, por una razón: la familia Ardila Lulle, propietaria de RCN, es un poderoso actor político que compite con el imaginado poder institucional y cultural del presidente de la República. El mismo Petro lo advirtió: “somos gobierno, pero no tenemos el poder”. Es más, al interior del mismo Pacto Histórico se asume la administración Petro como un ejercicio de contrapoder a la fuerte oposición institucional, política y mediática que las fuerzas del uribismo (incluye a los clanes Char, Gnecco y a Germán Vargas Lleras).

En cuanto a la verdad, Vélez también acusa una errónea comprensión de qué es eso de la verdad periodística. Su tirria y antipatía hacia todo lo que huela a izquierda le hicieron pensar que él representaba la verdad “revelada”, cuando lo que al final se demostró con su salida es que la verdad periodística es una ilusión creada y recreada por los propios periodistas corporativos, que les sirve para negar que trabajan para un patrón y que por más “libertad editorial” que tengan a la hora de opinar, los límites siempre aparecen cuando se tocan la pauta y con ello, el bolsillo del propietario.

Ojalá se tome un tiempo para meditar alrededor del tipo de periodismo que viene haciendo. Lo que quedó claro es que, desde el 7 de agosto de 2022, dejó de lado el ejercicio periodístico, para dedicarse al activismo político. Quizás sus confusiones conceptuales en torno a la verdad y al contrapoder se originen en esa transición de periodista a bodeguero-activista.

LUIS CARLOS VELEZ LO ECHARON DE LA FM - Búsqueda Imágenes (bing.com)