Por Germán Ayala Osorio
El fallo de segunda instancia que
absuelve al expresidente Álvaro Uribe Vélez de la condena a 12 años de prisión domiciliaria proferida por
la jueza 44, Sandra Heredia
tendrá importantes y graves efectos institucionales
en la rama judicial en donde reposan otros procesos a los que está vinculado el
expresidiario y exgobernador de Antioquia y por supuesto, esa misma decisión
judicial de dos de los tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que
estudiaron la apelación de la defensa
del político antioqueño, generará perjuicios
en el ámbito sociocultural.
Miremos los efectos negativos que
generará el laudo leído por el magistrado Merchán en las dinámicas internas del
aparato de justicia. Lo primero que hay
que señalar es que la interpretación que hicieron los magistrados del Tribunal
Superior de Bogotá del material probatorio y los cuestionamientos a la exégesis
de la jueza Sandra Heredia
ponen en entredicho la probidad, el criterio jurídico y la idoneidad de todos
los operarios judiciales que por ejemplo avalaron la legalidad de la
intervención de las líneas telefónicas en las que se escucha hablar a Uribe
Vélez con su aboganster
Diego Cadena.
Los togados de la Sala de
Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la luz de lo leído por
Merchán (magistrado ponente), actuaron de mala fe al usar los audios allanados para impulsar el
proceso penal que después de 13 años mantiene a Uribe procesado, condenado en
primera instancia, absuelto en segunda y vinculado hasta que sea la misma CSJ
la que defina la situación jurídica del temido político. A pesar de la absolución
que acaba de recibir Uribe, mantiene su condición sub judice hasta que la CSJ
tome una decisión de fondo en la instancia de casación a la que la defensa de
las víctimas de Uribe ya dijo que llevará al mediático y espinoso caso.
De regresar al poder el uribismo a la
Casa de Nariño en el 2026 no se descarta que se inicien actividades de persecución
judicial en contra de la jueza Sandra Heredia
y sus antecesoras que validaron todo lo actuado por los magistrados de la Sala
de Instrucción de la CSJ, corporación en donde se originó este enrevesado proceso.
No podemos olvidar las amenazas, cuestionamientos políticos y mediáticos que
recibió Heredia después de leer el fallo en el que condenó a Uribe a 12 años de
prisión por tres graves delitos.
Con la absolución de Uribe, el
Tribunal Superior de Bogotá envía un mensaje que bien puede leerse como
intimidante por parte de los fiscales y los jueces que en diferentes momentos
compulsaron copias a la Fiscalía para que Uribe fuera investigado por sus
relaciones con grupos paramilitares y recientemente por el asesinato del defensor
de derechos humanos, José María Valle, en los tiempos en los que el caballista
y hacendado fungió como gobernador de Antioquia. Hablo del magistrado Rubén
Darío Pinilla Cogollo, que siendo presidente de la Sala de Justicia y Paz del
Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para que se investigara a Álvaro
Uribe Vélez por vínculos con el paramilitarismo; y también de la jueza de Medellín,
Claudia Marcela Castro, quien compulsó copias a la Fiscalía para que investigue
si el expresidente Uribe y su hermano Santiago tienen alguna responsabilidad en
el crimen de José María Valle.
En lo que respecta a los efectos
socioculturales del polémico fallo de segunda instancia que beneficia al “rufián
de esquina”, estos tienen que ver con la legitimación y naturalización del
imaginario individual y colectivo que señala que entre más poder económico y
político concentre un hombre en Colombia, la capacidad de la justicia de
procesarlo y condenarlo desaparece, en particular cuando son jueces o fiscales hombres
a los que les corresponde revisar los procesos a los que está vinculado el
señor Uribe. Creo que aquello del “cacorraje
nacional” del que habló la escritora Carolina Sanín tendría una inexorable
conexión con los fallos proferidos por jueces. La magistrada María Leonor
Oviedo se apartó de la decisión con la que sus dos colegas del Tribunal
Superior de Bogotá absolvieron a Uribe Vélez, Alexandra Ossa Sánchez y Manuel Antonio Merchán.
Ese imaginario deviene atado del ethos
mafioso que rodea a la operación de jueces. Fiscales y magistrados que emiten
fallos politizados e ideologizados en virtud de presiones o de simpatías hacia políticos
poderosos, asumidos por una parte importante de la sociedad como deidades intocables e incuestionables.
Los dos magistrados del Tribunal
Superior de Bogotá dejaron pasar la oportunidad de fallar para producir un
cisma cultural
en una sociedad como la colombiana que además de devenir confundida moralmente,
necesita con urgencia proscribir el ethos mafioso y por supuesto el imaginario
colectivo e individual que indica que la “justicia es para los de ruana” como
consecuencia del incontrastable poder que acumulan hombres como Uribe Vélez. Eso
sí, el fallo absolutorio no es sinónimo de inocencia porque por lo menos la mitad
de los colombianos hace rato “condenó” al expresidente Uribe. A veces, la
condena social y el consabido desprecio por las actuaciones del temido político
resultan con mayor legitimidad que las que se producen en instancias judiciales
permeadas por presiones de carácter político.
Imagen tomada de la red.
Aquí no funciona la Justicia, necesaria la Constituyente!!!!!
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