Por Germán Ayala Osorio
El Tribunal Superior de Bogotá informó
a través de su cuenta de X que el 21 de octubre daría a conocer el sentido
de la decisión de segunda instancia en el proceso penal que se adelanta en
contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado por la jueza Sandra Heredia
a 12 años de prisión por tres graves delitos.
El anuncio público se hizo el 15
de octubre y varios sectores de la opinión pública creyeron que la decisión se
conocería horas después. Como estamos en el país de las suspicacias, varios
tuiteros se preguntaron por qué anunciar que ya había una decisión jurídica y
tomarse tantos días para exponerla al país. El periodista Daniel Coronell,
contradictor de Uribe, dijo en su cuenta de X que “la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá acaba de tomar la decisión de segunda instancia
sobre el caso del expresidente @AlvaroUribeVel, condenado en primera instancia.
La sentencia será anunciada pronto”. Al parecer, el columnista
creyó que dicho laudo se conocería pasadas unas horas y no después de casi ocho días.
Más allá de las desconfianzas que
rodean este sonado caso y de los deseos de las huestes interesadas en la
decisión final, el país espera que la justicia salga fortalecida y no termine
sacrificada su ya menguada legitimidad y respetabilidad asociada a los bochornosos
hechos protagonizados por el cartel de la toga y al imaginario colectivo que señala
que “Uribe es intocable, casi un Dios”.
Miremos los posibles escenarios jurídico-políticos
y electorales que de todas formas generará el dictamen del Tribunal Superior
sin que importe si ratifica o no la condena en primera instancia proferida en contra
del caballista y domador de bestias.
Si la condena es ratificada, la
derecha uribizada, incluida a la gran prensa afecta a los intereses del latifundista
y defensor de las Convivir, activará nuevamente la narrativa con la que se declara
a Uribe Vélez víctima de una “persecución
política” de parte de la justicia y en particular de las operadoras
judiciales que mantuvieron la legalidad del material probatorio aportado por los
magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia,
instancia en donde se originó el proceso penal contra Uribe, que ya tiene más
de 13 años.
En ese escenario, la defensa del vulgar
caballista anunciaría que demandaría el fallo de segunda instancia ante la
Corte Suprema de Justicia, corporación a la que de todas formas volverá el caso
Uribe
Vélez sin importar el sentido del laudo proferido por el Tribunal Superior de
Bogotá. Una decisión en ese sentido podría tener efectos electorales negativos para
los intereses de los precandidatos presidenciales que esperan recibir el guiño
del latifundista antioqueño, a pesar de su condición sub judice. Eso sí,
de confirmarse la sentencia proferida por la jueza Sandra Heredia,
ello no representará el fin del uribismo por
tratarse de un movimiento-sentimiento social
y político ancorado a la confusión moral en la viven los millones de
colombianos que aún defienden el “legado” de Uribe y sus “obras”: los 6402 víctimas
de la seguridad democrática, la naturalización del ethos mafioso, el Todo Vale
y la privatización del Estado.
Si por el contrario los togados
del Tribunal Superior consideran que la jueza Sandra Heredia violó el debido
proceso y los derechos del procesado y entre otras posibles razones anula el
fallo de primera instancia, entonces los efectos jurídico-políticos y
electorales se podrían dar en este sentido. Al derogar la sentencia inicial,
tanto la jueza Heredia y los otros operadores judiciales que la precedieron recibirían
un fuerte golpe que daría al traste con sus criterios jurídicos e incluso con
la imagen como jueces y juezas probos, íntegros e imparciales. Sus formaciones
como abogados y la experiencia como togados quedarían altamente cuestionados.
El país político y mediático está
a la expectativa frente a una decisión judicial que dirá mucho de la justicia
colombiana; eso sí, la legitimidad y el buen nombre del aparato de justicia dependerá
del lugar moral y ético-político desde donde sea leído el fallo de segunda
instancia. Ojalá los togados hayan tomado la decisión pensando más en el valor
de esa idea que señala que “nadie, por poderoso que sea, está por encima de
la ley”, que en el poder intimidatorio del condenado expresidente.
uribe condenado a 12 años - Búsqueda Imágenes
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