HABLEMOS DE LA ELECCIÓN DEL NUEVO MAGISTRADO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Por Germán Ayala Osorio 

Para los opositores, incluida a la prensa hegemónica, la elección de Patricia Balanta como magistrada de la Corte Constitucional afectaría en materia grave a la democracia por ser cercana al presidente Petro; eso si, de resultar elegido Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo y proveedor de cargos públicos a familiares de varios de los togados del alto tribunal, el régimen democrático se salvaría para fortuna de los colombianos. Detrás de Camargo está la derecha uribizada y Vargas Lleras, el eterno delfín.  Olvidan los medios masivos y los miembros de la oposición que ese tipo de pulsos políticos son ya tradición en el país: todos los gobiernos intentan hacerse con el control de ese alto tribunal. Al final, el senado eligió a Camargo como el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. 

Vaya manera de naturalizar el clientelismo como práctica institucional atada a las maneras como opera, de acuerdo con el diseño constitucional, la elección de los magistrados de todas las altas cortes en el país. Justamente el problema de fondo está en que los procedimientos para elegir a los togados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional devienen originalmente manchados por las intrigas políticas, los intereses burocráticos de los togados, así como los de los congresistas que participan de la elección de los juristas. Todos esos elementos confluyen en lo que en varias columnas llamo el ethos mafioso que se expresa en "yo te elijo, tú no me investigas; o "yo te incluyo en la terna, para que apruebes o validez mis decisiones". 

El artículo 239 de la Carta Política es la constatación de que el problema está en el diseño constitucional y por supuesto al sistema cultural colombiano: "la Corte Constitucional tendrá el número impar de miembros que determine la ley. Los magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de ocho años, de sendas ternas que la presenten el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado". 

El cubrimiento mediático expone la situación como parte del paisaje, con la intención manifiesta de echarle el agua sucia al gobierno por querer "capturar" a la Corte Constitucional y por esa vía garantizar acciones y decisiones de gobierno que más adelante requerirán del control de ese alto tribunal. Eso sí, los magistrados electos y electores suelen guardar silencio ante lecturas políticas y periodísticas que claramente ensucian la cacareada independencia de la justicia, que no es otra cosa que una quimera, a juzgar por los procedimientos reglados prescritos en la Carta Política de 1991. 

El Espectador titula así el hecho jurídico-político y noticioso: "Paridad, jugadas políticas y poder: así va elección de magistrado para Corte Constitucional. Patricia Balanta, Carlos Camargo y Jaime Tobar se disputan en el Senado el cargo que deja el saliente José Fernando Reyes Cuartas. La trasescena está cargada de cálculos milimétricos y movidas para conceder el puesto".

La revista Semana dice lo siguiente: "En Cambio Radical las tensiones al interior del partido suben de nivel porque los senadores Temístocles Ortega y Ana María Castañeda —sancionados por su casa política sin voz ni voto porque desobedecieron a la colectividad a la hora de votar la consulta popular de Gustavo Petro—, al parecer, planean repetir su rebeldía este miércoles 3 de septiembre. Pretenden votar por Patricia Balanta, la candidata de la Casa de Nariño, pese a que Cambio Radical, en una decisión de bancada, optó por respaldar al exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo". Y así titula el portal La Silla Vacía: Carlos Camargo les dio puestos a familiares del 30% de la Corte que ahora podría ternarlo. 

¿Es posible evitar ese tipo de intrigas y pulsos políticos para la elección de los magistrados? La respuesta es clara y contundente: No. Ya en el pasado se propuso que los magistrados fueran elegidos por voto popular. Esa no es la solución. La única solución es cultural: proscribir el ethos mafioso. El Cartel de la Toga es la prueba fehaciente de que hay sectores de la  justicia que tienen precio. 

Pero sabemos que eso no sucederá jamás en el país. El sistema cultural está pensado para garantizar el clientelismo y el ejercicio sucio y asqueante de la política. Mientras magistrados, congresistas, ministros y demás insistan en garantizarles a sus familiares y amigos cargos públicos, la democracia seguirá siendo una formalidad y la independencia de la justicia continuará siendo una quimera. 

Foto: Defensoría.

PERIODISMO, GENOCIDIO EN GAZA Y ASESINATO DE REPORTEROS

Por Germán Ayala Osorio

Al genocidio que Israel viene cometiendo en Gaza se suma los cobardes asesinatos de periodistas que cubren la invasión y la limpieza étnica del ejército sionista al mando del criminal, Benjamín Netanyahu.

Más de 122 reporteros han caído en la franja de Gaza desde octubre de 2024, asesinados en su mayoría por tropas de Israel. Hamas también tiene su cuota en los execrables crímenes contra el periodismo. Estamos ante una afrenta a la libertad de prensa como principio universal y al ejercicio periodístico como actividad humana con la que el resto del mundo puede acercarse a comprender lo que sucede en el convulsionado territorio.

A pesar de la probada barbarie genocida cometida por el Estado de Israel, el grueso de la prensa colombiana sigue hablando de “guerra en Gaza”, de civiles muertos por el ejército israelí y de la hambruna provocada por Netanyahu. Pocas veces hablan de asesinatos, aunque en los últimos meses parecen haberse sensibilizado con la tragedia humanitaria, sin que ello signifique que están cerca de llamar genocidio a lo que sucede en Gaza.

Varios medios masivos tradicionales, entre ellos el noticiero Caracol Noticias, evitan llamar genocidio a lo que acontece en Gaza, lo que constituye una forma de autocensura que hace pensar que sus directivas comparten las prácticas genocidas con las que Israel busca aniquilar al pueblo palestino. Mantenerse alineados con la política exterior de los Estados Unidos parece explicar el miedo y el silencio de Noticias Caracol a calificar como genocidio lo que está ejecutando Israel en la disputada franja.

Reporteros sin Fronteras reaccionó ante el último asesinato de periodistas a manos de Israel y le pidió a todos los medios y periodistas del mundo sumarse al rechazo de esos crímenes. Por supuesto que Caracol Noticias se sumó al llamado: “Noticias Caracol se suma a cientos de medios de comunicación alrededor del mundo que se unieron al llamado de Reporteros sin Fronteras para rechazar el asesinato de periodistas en la franja de Gaza y demandar el libre acceso de la prensa internacional”.

No basta con exigir respeto por la vida de los periodistas y demandar el libre acceso de la prensa para exponer al ejército sionista ante el resto del mundo. Es importante para el periodismo y la propia historia de la humanidad consolidar la narrativa que da cuenta de que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. No hacerlo es asumir una actitud complaciente, políticamente incorrecta y cobarde que entra en contradicción con la deontología del oficio. Quizás sea tiempo para que las directivas de Noticias Caracol revisen las frases célebres de Kapuscinski. Cito varias: “El periodismo moderno no sólo se ha vuelto superficial, sino que ha perdido el sentido de la solidaridad y la responsabilidad”, “El periodismo debe ser valiente y no tener miedo de decir la verdad” y “El periodismo debe denunciar las violaciones a los derechos humanos”.

Si asumimos las sentencias de Kapuscinski como principios éticos de obligatorio cumplimiento, Noticias Caracol, junto a otros medios, claramente están cubriendo lo que sucede en Gaza de manera insolidaria, irresponsable, superficial, cobarde, miedosa y cómplice del terror generado por el señalado ejército sionista.

OBLIGADO A RECTIFICAR EL ESPECTADOR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La prensa suele usar la moral colectiva para exponer, cuestionar y juzgar con especial dureza a quienes se atreven a violar sus preceptos. Y lo suele hacer a través del género noticia, convertido en el más dañino, pero efectista de todos los géneros periodísticos en la medida en que es ahistórico, coyuntural y se expresa a través de titulares espectaculares y llamativos. El amplio y fastuoso despliegue es una de las características de la noticia.

Eso sí, cuando uno de esos ciudadanos hace parte del núcleo familiar de los propietarios del medio de comunicación o de un grupo social privilegiado, a ese indebido e inmoral comportamiento no se le aplican los criterios de noticia lo que de inmediato activa la autocensura como mecanismo de defensa del “buen nombre” de quienes sostienen económicamente al medio de comunicación y las relaciones políticas con el poder tradicional.

Es decir, la deontología del oficio está íntimamente atada al carácter hegemónico con el que opera la moral colectiva y sometida a los intereses de clase de quienes usan la prensa para legitimar un sistema cultural de dominación que, para el caso de Colombia, promueve el clasismo y la existencia de ciudadanías de primera, segunda y hasta de tercera categoría. Y peor resulta el asunto cuando esos medios masivos operan como actores políticos que le hacen oposición al gobierno.

Así las cosas, cuando la prensa informa, las audiencias creen a pie juntillas que lo publicado es el resultado de un serio análisis de los hechos y dan por sentado que es verdad. Pero cuando las noticias publicadas afectan de manera negativa el buen nombre de personas del común y de usuarios de las redes sociales, y estos últimos exigen la rectificación de la información publicada, los medios masivos suelen asumir la cobarde actitud de no rectificar en las mismas condiciones en las que originalmente fueron expuestos los hechos noticiosos que, a juzgar por las sentencias de los jueces, no resultaron ser tan veraces como inicialmente se pensó.

Recientemente el diario El Espectador fue obligado, por orden de jueces, en primera y segunda instancia a rectificar parte de la información publicada en una controvertida nota periodística titulada Tropas de influenciadores de Petro en la que relacionó los nombres de por lo menos 11 tuiteros sobre los que el diario capitalino señaló que tenían contratos con el gobierno Petro y que actuaban como parte de las “bodegas petristas” desde donde se defiende las actuaciones del gobierno. Como actor político en oposición al gobierno Petro, El Espectador creyó que había logrado desenmascarar al presidente y a sus asesores en comunicación al develar los nombres de los influenciadores que defienden a dentelladas a la actual administración. Pero se equivocó de cabo a rabo el diario bogotano.

Así “cumplió” el cuestionado diario bogotano la orden emitida por la justicia: Este fue el titular: Rectificación sobre nota “Tropa de influenciadores de Petro se mueve con el erario y se agita la campaña”. Y el sumario o bajada, este: “En cumplimiento de lo ordenado por la Sala Cuarta de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá, El Espectador rectifica la información publicada los días 5, 6 y 7 de abril de 2025 en la nota titulada “Tropa de influenciadores de Petro se mueve con el erario y se agita la campaña”.

Sin embargo, la rectificación no se hizo en las mismas condiciones de espacio y divulgación de la nota que originó las acciones de tutela de los afectados que se sintieron “perfilados” y afectados en su buen nombre por El Espectador. La Corporación VLID (Voces Libres para la Democracia) señaló en su cuenta de X “que hemos decidido interponer incidente de desacato contra @elespectador por incumplir con la rectificación: omite la admisión de responsabilidad exigida por la Corte y no cumple con la extensión ni frecuencia de publicación de la nota original, como lo ordenó el despacho”.

Le queda muy mal a El Espectador negarse a publicar la rectificación en las mismas condiciones de espacio que le dio a la nota que motivó que los afectados instauraran las acciones de tutela con las que finalmente le ganaron el pulso jurídico y político al medio de comunicación. Como agente defensor de la moral colectiva e instrumento del sistema cultural de dominación El Espectador está obligado por la deontología del oficio a respetar a los ciudadanos y por supuesto a acatar las decisiones de los jueces. Al no hacerlo, el histórico periódico se ubica en el mismo plano inmoral en el que a diario suele exponer a políticos, empresarios y ciudadanos del común.

Les vendría bien a los Cano revisar las maneras y las lógicas con las que vienen haciendo periodismo, pero especialmente analizar los daños a la reputación del medio que les está generando la decisión política de hacer parte del conglomerado de empresas mediáticas que todos los días le hacen oposición al gobierno Petro. Como lo dije en anterior columna, me quedo con El Espectador del pasado y rechazo el de hoy porque entró en el peligroso juego de la estigmatización ideológica. Sin duda alguna estamos ante un retroceso enorme: pasó de ser un referente periodístico nacional y un defensor de las ideas liberales, para fungir como un agente Estigmatizador Ideológico al servicio del capital.