38 ASONADAS CONTRA LA FUERZA PÚBLICA

 

Por Germán Ayala Osorio 

Las 38 asonadas contra la fuerza pública presentadas en lo que va corrido del 2025 constituyen un fenómeno civilizatorio que compromete a varios factores de la vida societal de las comunidades rurales en las que se vienen presentando esos casos en los que miembros del Ejército nacional son rodeados, retenidos, secuestrados, constreñidos, humillados y expulsados por civiles instrumentalizados por agentes que hacen parte de estructuras armadas ilegales que operan con o sin la anuencia de esas mismas comunidades. 

El primer factor que debe reconocerse es la nula y casi inexistente noción que del Estado tienen las comunidades rurales en las que se realizan los operativos policiales y militares bien sea para destruir cultivos de uso ilícito, laboratorios para la producción de cocaína y campamentos de minería ilegal, así como para capturar facinerosos que las comunidades protegen por decisión propia o por orden de los grupos ilegales que fungen como la autoridad en esos parajes en los que el Estado, como se conoce en ciudades capitales, no existe. 

La ausencia del rostro civil del Estado en esos territorios olvidados por Dios y las nulas estrategias para echar andar y fortalecer procesos civilizatorios son el caldo de cultivo para que las asonadas se produzcan como respuesta al abandono y al desinterés de los agentes estatales ubicados en Bogotá de construir relaciones de confianza y mutuo respeto entre el Estado y las comunidades rurales. Los ilegales parece que le están ganando la partida al Ejército en aquello de "echarse al bolsillo" a la gente que ante la ausencia del Estado, no le queda otro camino que legitimar a bandidos que les ofrecen protección, control social y resolución de  los conflictos, así como oportunidades económicas. 

El segundo factor que podría explicar el ilegal comportamiento de los campesinos se expresa en la garantía que aquellos parecen tener producto de la manera en la que viene operando la fuerza pública bajo el liderazgo del presidente Petro: el evidente respeto a la población civil. De allí que los civiles se sientan con toda la confianza para confrontar a los miembros del Ejército porque en el fondo saben que bien sea por el miedo a "envainarse" (inseguridad jurídica), los soldados no son capaces de disparar. 

Un tercer factor tiene que ver con el registro noticioso que amplifica los hechos delictivos cometidos por las comunidades y convierte a sus protagonistas y a sus más visibles instigadores en referentes sociales y casi que en "héroes" en esos entornos rurales en los que suelen consolidarse taras civilizatorias propias de unos desarrollos comunitarios atravesados por la inmoralidad generada por las economías ilegales y el dominio político de los grupos al margen de la ley. 

Las medidas anunciadas por el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez para contrarrestar las embestidas contra los miembros del Ejército, más allá de la viabilidad jurídica, deben estar acompañadas de acciones institucionales en las que la cara civil del Estado genere confianza entre el campesinado. No es recomendable que los anuncios públicos de "llevar a la justicia" a los responsables de las asonadas se queden en simples amenazas. Cuando se procesen, se condenen a varios de esos instigadores bajo la justicia penal militar o la ordinaria y haya un cubrimiento periodístico espectacular de esos hechos judiciales, quizás en otras veredas se abstengan de oponerse a los operativos. 

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