Por Germán Ayala Osorio
La historia política colombiana
registra ya que Petro es el primer presidente en ejercicio- y a lo mejor será
el único- en ser incluido en la Lista
Clinton y el expresidente Álvaro Uribe Vélez en haber sido condenado,
en primera instancia[1],
por delitos no políticos. En el primer caso hay enormes dudas de la legalidad y
legitimidad de la decisión tomada por el Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos, muy seguramente por presiones directas del convicto presidente Trump, del secretario
de Estado, Marco Rubio, un reconocido cubano vendepatria y de la bancada republicana
en el Congreso; entre tanto, en el segundo, hay dudas razonables en torno a la consistencia
legal de la absolución en segunda instancia al expresidente Uribe, reconocido agente
político al servicio de los intereses norteamericanos.
El columnista Antonio Caballero
escribió en el 2007 una columna intitulada Cipayos,
en la entonces prestigiosa revista Semana- revista que dejó de existir- que “cuando
sonó el himno de los Estados Unidos durante la visita del presidente George W.
Bush a Bogotá, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe se puso la mano en el
pecho… Álvaro Uribe se comporta como si fuera un funcionario del
gobierno de los Estados Unidos, y no el Presidente de un país soberano”.
Si se miran esos dos hechos políticos
a la luz de las relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos se
encuentran dos denominadores claves: la lucha contra el narcotráfico y la
presencia activa de políticos colombianos que frente al país del norte siempre
asumieron una actitud cipaya, atada por supuesto al mantenimiento de la más
grande mentira que en política se haya naturalizado en la historia reciente: la
lucha o guerra contra el narcotráfico.
La llamada guerra contra las
drogas es quizás la única “guerra” que se diseñó y declaró para “perderse”.
Se trata, por supuesto, de un resultado relativamente negativo en materia política
y enormemente positivo para los actores económicos que lavan las millonarias
ganancias en los sistemas financieros de Colombia, Estados Unidos y del resto
de los países involucrados en el sostenimiento de esa farsa con la que los gringos
someten a los cipayos mandatarios colombianos que aceptan sin chistar las condiciones
impuestas por sus homólogos norteamericanos. El Plan Colombia discutido
y aprobado en el Congreso americano durante la presidencia de Pastrana Arango y
su nacionalización en Plan Patriota o Seguridad Democrática (2002-2010) durante
las administraciones del ya consagrado cipayo antioqueño constituyen la
incontrastable evidencia de que la lucha o guerra contra el narcotráfico
es una apuesta y forma de dominación de los Estados Unidos sobre Colombia.
El presidente Petro aceptó jugar
esa mentirosa e hipócrita guerra contra el narcotráfico, tratando de modificar
en algo las reglas de juego con las que venían imponiendo sus condiciones en
Colombia los norteamericanos. Por ejemplo, no perseguir al campesinado que se
ve obligado a sembrar la “mata que mata” y orientar las actividades de las
autoridades a incautar la cocaína antes de salir por los porosos puertos
colombianos. Aunque se han destruido laboratorios de producción del alcaloide,
las ordenadas acciones de erradicación de los cultivos de coca quedaron suspendidas
porque se priorizó la sustitución por cultivos de pan coger. Los gringos
necesitan ver que en los campos colombianos se derrama la sangre de campesinos,
policías y militares.
A pesar del decomiso de grandes cantidades
de cocaína, el gobierno Trump siempre vio con ojeriza a Gustavo Petro no tanto
porque el convicto y pederasta mandatario estadounidense tuviera presente la
vida del primer presidente de “izquierda” en Colombia, sino por los recados que
la derecha cipaya colombiana le hacía llegar a Trump al salón oval de la Casa
Blanca. En los mensajes allegados se leían solicitudes- verdaderas súplicas- de
intervención en los asuntos internos del país y presiones militares, económicas
y políticas con el claro objetivo de deslegitimar al gobierno Petro, generar
miedo en los agentes económicos del Establecimiento local y evitar la
consolidación del proyecto progresista de cara a las elecciones
de 2026.
La inclusión de Petro, su exesposa
Verónica Alcocer y sus hijos en la inmoral e ilegítima Lista Clinton constituye
un fuerte castigo a quien cree firmemente en que Colombia puede y debería
operar como un Estado soberano de la mano de su pueblo. Petro se equivocó al hablarle
de dignidad
a esa parte de la sociedad-incluidos poderosos agentes políticos y económicos
de la sociedad civil- que ve a Uribe
Vélez como un “patriota, una deidad, un ser superior y un colombiano
ejemplar”, cuando realmente es un cipayo
que muy seguramente supo “negociar” con el establecimiento gringo aquella
aparición en un documento de una agencia gringa como el “narcotraficante número
82[2]”.
Más allá de los errores cometidos
por Petro
en el manejo de las relaciones diplomáticas con el gobierno Trump, su mayor
yerro estuvo en hablar de dignidad
y soberanías en estos tiempos en los que predomina el pragmatismo, la codicia,
la estupidez,
pero sobre todo, el desprecio de la vida de aquel que se atreve a pensar diferente
y se enfrenta casi que en solitario a la hegemonía cultural, política y
mediática aupada por periodistas, políticos, empresarios, rectores de universidades
privadas, docentes, trabajadores y estudiantes que se benefician actuando como orgullosos cipayos.
Por lo anterior, ser cipayo paga.
Vuelvo a la columna de Caballero:
“Claro está que no es Uribe el primer Presidente colombiano que se
comporta ante los Estados Unidos como si fuera una alfombra: como un
cipayo, para el usar el nombre de los oficiales indios del Imperio Británico
que servían de correa de transmisión entre la potencia colonial y sus propios
compatriotas”. Caballero enlistó en ese momento a Mariano Ospina Rodríguez,
Andrés Pastrana, Ernesto Samper y César Gaviria. Al viejo listado hay que
agregar a Juan Manuel Santos y al homúnculo de Iván Duque Márquez.
[1] En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá, en un fallo dividido y controvertido, absolvió al expresidente antioqueño. Lo más probable es que las víctimas de Uribe soliciten a la Corte Suprema de Justicia la revisión de esa decisión. [2] Según Grok, "se trata de un informe de inteligencia desclasificado de la Defense Intelligence Agency (DIA) de Estados Unidos, fechado en septiembre de 1991 y publicado públicamente en 2004 por el National Security Archive (una organización sin fines de lucro de la Universidad George Washington). El documento, titulado "Defense Intelligence Report 91-91", es un listado confidencial de 104 personas consideradas "narcotraficantes colombianos más importantes" vinculados principalmente al Cartel de Medellín, incluyendo figuras como Pablo Escobar (número 79) y Fidel Castaño (fundador de las AUC, número 80)".
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