CONSULTA POPULAR, LA ÚLTIMA JUGADA DE PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con un llamado a movilizaciones sociales y la convocatoria a una Consulta Popular el presidente Petro hará frente a lo que  el llama el “bloqueo institucional” aupado por congresistas de la Oposición y otros agentes del Establecimiento colombiano que se resisten a cambiar los “Estados de Cosas Inconstitucionales” que restringen y violan los derechos laborales, a la salud y a pensionarse de millones de colombianos.

La alocución presidencial del 11 marzo confirma la ruptura de las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, situación que bien se puede extender a las altas cortes que han aportado al “bloqueo institucional” de las reformas sociales presentadas por el gobierno Petro al Congreso. Recordemos que la Corte Constitucional está por fallar sobre la exequibilidad de la ley pensional que se aprobó en el Congreso. Senadores del Centro Democrático demandaron la norma, como expresión clara de su interés como colectividad de extender en el tiempo la enorme dificultad de millones de colombianos para alcanzar una pensión en un sistema de aseguramiento pensado para que unos pocos alcancen una jubilación.

El llamado a una Consulta Popular le entrega a la plenaria del Senado de la República la responsabilidad política y social de aprobar o no el texto con el que el gobierno Petro justificará la convocatoria a ese mecanismo de participación ciudadana. De ser aprobado, y después de surtir un par de etapas más, el electorado deberá salir a las urnas y votar a favor o en contra de las preguntas que  darán sustento a dicha consulta.

Se trata sin duda alguna de una arriesgada salida institucional y constitucional que confirma el talante democrático del presidente de la República, pero que al tiempo expone el proyecto político progresista a sufrir una derrota electoral y política. Por estas razones podría fracasar: 1. Los grandes medios de información están alineados con los sectores de poder político y económico que se oponen a las reformas sociales, lo que no es otra cosa que la patente de corso para manipular y mentir tal y como lo hicieron durante la campaña del No en el plebiscito por la Paz. Recordemos que, por culpa de esas empresas mediáticas, la derecha logró que millones de colombianos engañados “salieran berracos” a votar por el No. 2. Los empresarios que no apoyan la reforma laboral, por ejemplo, presionarán a sus trabajadores para que voten negativamente la Consulta Popular. No se puede descartar que haya amenazas de despidos.

Bajo esas circunstancias, el gobierno Petro se expone a una derrota si esos dos actores, las empresas mediáticas y los empresarios logran sus cometidos con unas audiencias y un electorado asalariado temeroso de ser despedido por secundar las reformas del gobierno. Por supuesto que la clase política que lidera el “bloqueo institucional” hará lo propio para garantizar que la consulta popular fracase. 

Si por el contrario los trabajadores y en general la opinión pública entienden que es tiempo de ponerle fin a esos Estados de Cosas Inconstitucionales en los que opera el sistema de aseguramiento en salud y pensión y el mercado laboral, la votación masiva por un SÍ a las reformas sociales de inmediato se convertirá en un plebiscito que posiblemente garantice el triunfo electoral en el 2026 al progresismo, siempre y cuando la figura escogida para llevar esa bandera no genere rechazo, tenga carisma y sepa capotear la embestida mediática que de todas maneras se va a dar cuando llegue el momento de votar en las presidenciales.

Con este llamado a la Consulta Popular y a las movilizaciones sociales la crispación ideológica y el conflicto entre clases sociales enrarecerán aún más el actual escenario preelectoral en el que estamos. Las elecciones de 2026 podrían tornarse violentas si la Consulta Popular es aprobada y el progresismo logra mantenerse en la Casa de Nariño.  Veremos cuál de los “dos pueblos” que parecen existir en Colombia gana las elecciones.

 

 

CRISTIANOS AYUDARON A SEPULTAR LA REFORMA LABORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La ponencia negativa con la que ocho congresistas de la Comisión VII del Senado hundieron el proyecto de reforma laboral constituye un acto político, antidemocrático, autoritario y clasista. Es político porque la decisión de los legisladores no está sustentada exclusivamente en asuntos técnicos relacionados con los impactos económicos que podría generar o no sobre el mercado laboral. Por el contrario, el hundimiento es fruto del lobby de los gremios económicos, los mismos que patrocinan a los partidos políticos y en varios casos de manera directa financian las campañas de los congresistas que terminan legislando a favor de sus mecenas y en contra, en este caso, de la clase trabajadora.

Es profundamente antidemocrático porque impide la discusión del articulado, evitando así que los congresistas afines a la reforma expongan sus argumentos en el marco de un debate que debería de ser académico, político, técnico y plural.  El miedo a ser vencidos en los debates y el afán de bloquear al proyecto progresista pudo más que la revisión de las exigencias internacionales de la OIT y la OCDE por mejorar las condiciones laborales de millones de colombianos que están sometidos a condiciones de explotación y pauperización laborales por los tipos de contratación y los ambientes en los que los patronos violan sistemáticamente los derechos humanos.

La decisión de los ocho congresistas resulta autoritaria desde el punto de vista de la representación política que cada uno de los legisladores lleva a cuestas y en general por la existencia y operación de un Congreso cuya legitimidad obedece a una concesión del constituyente primario que confía en que sus intereses deben ser defendidos por quienes ostentan la dignidad congresional, que se supone es de carácter social y pública, y no privada para favorecer a los gremios económicos y a los empresarios que se vienen oponiendo a la reforma laboral.

Lo hecho por los ocho congresistas es propio de una sociedad clasista como la colombiana. Al hacer parte de un grupo poblacional privilegiado – se ganan 50 millones de pesos mensuales- los legisladores toman distancia de la inmensa mayoría de ciudadanos colombianos que viven del rebusque o que trabajan bajo condiciones precarias. Por ese camino, su desconexión social con los millones de colombianos que se beneficiarían con la reforma laboral es fruto del estatus que hoy ostentan y que están dispuestos a defender y extender en el tiempo porque aquí lo de menos es hacer política a partir de las bases pétreas que solo ofrece eso de tener conciencia de clase.

La decisión adoptada por los miembros de la Comisión Séptima del Senado hace parte de las actividades implementadas por agentes del Establecimiento colombiano que a toda costa buscan evitar que el país avance hacia los estadios civilizatorios (modernos) a los que le apostaron más de 11 millones de colombianos que votaron por el proyecto político que encarna Gustavo Petro. 

Estos son los congresistas que hundieron la reforma laboral: José Alirio Barrera y Honorio Henríquez del Centro Democrático, Ana P. Agudelo, del Mira, Berenice Bedoya del movimiento ASI, Nadia Blel y Esperanza Andrade del partido Conservador, Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libre, y Miguel Á. Pinto del partido Liberal.

En su cuenta de X, el presidente Petro reaccionó así a la decisión de los congresistas de la Comisión VII del Senado. En particular, el jefe del Estado descargó su molestia contra los partidos cristianos Mira y Colombia Justa y Libre, dejando al desnudo la incoherencia entre lo que predican como colectividad y las decisiones políticas adoptadas con criterios corporativos. Mira se define como un “Partido de origen cristiano, constituido desde el año 2000, que trabaja por el bien común y contribuye a la dignidad humana, a la transformación de la sociedad, mediante la aplicación de valores y sin distinción de etnias y culturas. Desde sus inicios, el Partido Político MIRA ha resaltado la importancia que en Colombia se garantice el respeto por la libertad religiosa, de conciencia y culto, debido a su contribución positiva en la construcción de paz y convivencia con respeto”.

Esto dijo el Presidente de la República: “La comisión VII en su mayoría ha traicionado al pueblo trabajador de Colombia. Buscaremos que sea reversible la decisión, pero sobre el engaño solo nos llevan a la violencia. Que el pueblo trabajador de Colombia sepa quienes fueron lo que los que lo han traicionado.

El senador Pinto ha traicionado al pueblo trabajador de Santander y de Colombia. Quienes enarbolan a Jesús y votan contra el pueblo trabajador traicionan al padre putativo de Jesús: al pueblo de Dios qué son la gente humilde y que trabaja. Enarbolan la cruz de Cristo, pero su corazón esta con la codicia. Con esta actitud de la mayoría de la comisión VII rompen el dialogo entre el Congreso de Colombia y el gobierno del Cambio”.

“LA LETRA CON SANGRE ENTRA” Y LA EDUCACIÓN URIBISTA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los precandidatos presidenciales del Centro Democrático se reunieron en Armenia para presentarle al dueño de esa microempresa electoral sus propuestas, esperando a ver  si le gustan a Uribe Vélez a quien llaman “presidente” como si aún gobernara. Además de contar con la presencia del “polémico empresario” conocido con el alias Calzones, todos los precandidatos hablaron de educación, pero en esta columna haré referencia a lo dicho por Andrés Felipe Guerra Hoyos y María Fernanda Cabal, en particular porque dejaron salir un par de perlas.

La señora Cabal, de 59 años, confesó que su paso por el colegio fue amargo. Mientras que Guerra, aludió a la necesidad de volver a los tiempos de la “letra con sangre entra”. Y exhibió la correa como instrumento de formación que sobre él usaron sus padres con resultados "positivos". A pesar de que Cabal y Guerra no ahondaron en sus confesiones, la Escuela como institución está en las llamativas confidencias que entregaron al público que asistió al “foro” entre los precandidatos que buscan el guiño de su Gran Patrón, Álvaro Uribe Vélez.

A la escuela como institución disciplinante se le reconoce un papel clave en el proceso de humanización y socialización y arrastra, como es apenas lógico, los problemas connaturales a la perversa condición humana. De allí que las experiencias no siempre serán positivas para todos los que pasan por las aulas. Desde esa perspectiva, el odio que reconoció sentir por el colegio la senadora María Fernanda Cabal confirma la complejidad que rodea a ese escenario en el que el ser humano se construye y deconstruye bajo unos objetivos atados a un modelo de dominación universal del que hacen parte sustantiva el Estado, la Escuela y la Familia. A pesar de su frustrante experiencia, y de acuerdo con la red internet la congresista del Centro Democrático pudo seguir dentro del sistema educativo: es politóloga de la Universidad de los Andes y Estudió Literatura e Historia en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) en España.

Eso sí, la señora Cabal, en sus discursos e intervenciones en plaza pública deja entrever que no es propiamente una mujer leída y formada académicamente para discutir y discurrir de manera argumentada. Más bien, su agresivo e intemperante carácter le ayuda a ocultar sus falencias en la oratoria y en el arte de argumentar. Su célebre frase “estudien vagos” resulta a todas luces engañosa de acuerdo con las maneras en las que suele articular sus discursos.

Entre tanto, sobre Andrés Felipe Guerra Hoyos, hijo del político Bernardo Guerra Serna, la red internet dice que “es comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Opinión Pública y Procesos Electorales de la Pontificia Universidad Javeriana”. Guerra, de 52 años, alude a la violenta práctica de darle correa a los hijos, muy asociada a la subcultura arriera antioqueña en la que los Machos no lloran. La “culebrita” como llama al cinturón el precandidato presidencial es el símbolo de la premodernidad en la que aún sigue anclado como político y padre. Quizás Guerra sueña con ser presidente de la República porque aún le suena la idea de Uribe plasmada en el punto 100 de su Manifiesto Democrático en el que dijo lo siguiente: “Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político”. En palabras de Guerra, lo que hizo Uribe fue “darle correa” a los colombianos con su política de seguridad democrática y sus medidas económicas de claro favorecimiento a las élites económicas. 6402 falsos positivos y millones desplazados "aprendieron la dolorosa lección".

Después de escuchar a estas dos lumbreras del uribismo, recordé a Estanislao Zuleta, el gran filósofo. Decía que el “colegio le quitaba tiempo para pensar”. En la misma red se lee que Zuleta “abandona el colegio a la edad de 16 años, cuando cursaba apenas cuarto de bachillerato, ya que, según él, esto le quitaba tiempo para leer y estudiar, en especial “La montaña mágica” de Thomas Mann, libro que marco su vida.   El ambiente hostil que le producía la educación tradicional basada en las instituciones y en la reproducción de datos que otros habían pensado y que evitaban la angustia de pensar por uno mismo, fueron sus argumentos para desconfiar de ese tipo de educación, y en su reemplazo, se la pasaba horas en la biblioteca, leyendo temas de su interés y estudiando por su cuenta”.

Sí, la Familia y la Escuela son instituciones disciplinantes creadas para someter a la siempre compleja condición humana. Una lástima lo que le pasó a la señora Cabal. De haber tenido una experiencia positiva durante su paso por el colegio, quizás hoy tuviera una idea distinta de lo que debe ser una educación destinada a enseñar a pensar, dudar y a confrontar toda forma de poder y no solo para obedecer los designios de la cultura dominante.

Mientras Cabal le da manejo a su frustrante paso por el colegio y morigera un poco su discurso propio de la violenta y retardataria derecha colombiana, Guerra Hoyos seguirá suspirando por el regreso de la vieja escuela en la que muchos padres de familia en el país siguen instalados. Eso sí, el país necesita de políticos leídos y ojalá con el talante académico de Zuleta, porque Cabal y Guerra, como millones de colombianos siguen “deseando mal”.

El siguiente extracto del texto de Zuleta Elogio de la dificultad recoge de muchas maneras el espíritu de Cabal y Guerra y todos los miembros y simpatizantes del Centro Democrático: “…Puede decirse que nuestro problema no consiste sola ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos; que nuestra desgracia no está tanto en las frustraciones de nuestros deseos, como en la forma misma de desear. Deseamos mal. En lugar de desear una relación humana inquietante, compleja y perdible, que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros, un nido de amor y por lo tanto, en última instancia un retorno al huevo. En lugar de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de la satisfacción, una monstruosa sala-cuna de abundancia pasivamente recibida. En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abierta, queremos poseer una doctrina global, capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que desgraciadamente si han existido. Adán y sobre todo Eva, tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso, nuestro pecado es que queremos regresar a él”.

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URIBE EN CALZONES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Dicen que cuando se llega a viejo, la vergüenza y el miedo se esfuman. De ahí que haya ancianos a los que poco o nada les importe lo que digan de ellos, de sus compañías o de sus fachas; andan en medias, semidesnudos o sin bañarse. Esa parece ser la situación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de 72 años, quien estuvo en Armenia en un foro con sus ahijados precandidatos presidenciales que se disputan el guiño del Padrino para ser el candidato presidencial por el Centro Democrático. Al exmandatario antioqueño poco le importó sentarse al lado de alias Calzones. La fotografía fue ampliamente comentada en la red X. Pero ¿quién es el personaje?

Esto dijo Gustavo Petro en su cuenta de X que “en mi campaña presidencial se anunció un atentado contra mi vida proveniente de la banda delincuencial "La cordillera", y se mencionó a alias "calzones" como posible financiador. ¿Vamos a ver un país donde la justicia no investiga a quien iba a matar al presidente de la Republica?”.

Las versiones socio-periodísticas que circulan dicen que César Augusto Giraldo Montoya, alias Calzones es señalado de ser jefe de la banda La Cordillera, con vínculos con el narcotráfico. El Espectador sostiene que “César Augusto Giraldo Montoya, conocido en la región como “Calzones”, es un empresario y finquero pereirano muy cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Empezó como vendedor minorista de víveres y en pocos años se convirtió en millonario. Ha hecho negocios con narcotraficantes o personas cercanas a la mafia”.

Otros medios registraron lo siguiente: “La Revista RAYA y RTVC Noticias revelan otro informe judicial del 7 de junio de 2022, en el que “Calzones” aparece reseñado por la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis Contra la Criminalidad Organizada (DAIACCO). En él se reconstruye la génesis de La Cordillera, concluyendo que “18 años después de su creación, la Cordillera dejó de ser una banda de surtidores de droga y se ha diversificado para contener en su estructura miembros dedicados al lavado de activos, la distribución internacional de cocaína y el tráfico interior”

A pesar de los señalamientos en contra de Calzones, el expresidente y expresidiario no parece incomodarle que le tomen fotografías al lado de su amigo, patrocinador y admirador. Mientras que otros expresidentes suelen relacionarse con mujeres y hombres de letras e intelectuales, Uribe parece disfrutar más la compañía de este tipo de personajes, así como de reconocidos aboganster. Bien pudo el expresidente llegar a viejo entregado a la lectura, a la discusión académica o a viajar por el mundo intercambiando ideas sobre el Estado, el neoliberalismo y la libertad. Pero no. Ya el país sabe del talante de Uribe, hoy procesado penalmente por delitos no políticos. Sin duda alguna, convertido ya en un carcamal, a Uribe poco o nada le importa que el país lo vea en Calzones.

 

imagen tomada de la red X. 

FEMINISMO Y LA PINCHE ESTATUA DE GALÁN

Por Germán Ayala Osorio

La estatua de Luis Carlos Galán Sarmiento fue vandalizada por un grupo de mujeres encapuchadas que participaron de la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se trata, sin duda alguna, de una acción política que relativiza el daño a la efigie en la medida en que esta puede ser limpiada y recuperada, mientras que las vidas de las mujeres asesinadas en la capital y en el país no podrán recuperarse jamás. Justo hace un año, el alcalde Carlos Fernando Galán, hijo del inmolado líder político, representado en la imagen afectada, les lanzó el Esmad a las marchantes, medida represiva que no quedó en el olvidó y que por el contrario alentó a las muchachas que ayer 8 de Marzo vandalizaron la estatua.

La godarria bogotana y de otras regiones suele descalificar a quienes ensucian bustos de políticos por considerarlas acciones temerarias e iconoclastas. Es tal la defensa de esos símbolos, que las víctimas de feminicidios suelen asumirse como “cosas del destino”, o porque “les tocó morir así”. O lo que es peor, suelen responsabilizar a las mujeres asesinadas por hombres por la “forma como andaban vestidas” o por no “saber reconocer las intenciones de sus agresores”.

Y por tratarse de un asunto político, Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos y hermano del actual alcalde de la capital, le preguntó al presidente Petro: “Presidente, quiero preguntarle ¿cuál es su reacción frente a este acto?” Por supuesto que la pregunta de Juan Manuel Galán deviene con una carga emocional e ideológica que alimenta el enfrentamiento político entre Petro y el alcalde Mayor de Bogotá por asuntos ecológicos y ambientales atados al decreto ministerial que impone lineamientos para el manejo de la sabana de Bogotá, afectada de tiempo atrás por los intereses de constructoras privadas que la vienen sometiendo a un proceso urbanístico ecológicamente insostenible.

El afán de protagonismo de Juan Manuel Galán lo hace ver infantil y nostálgico frente a un hecho menor si se compara con los daños que el machismo y la misoginia en Colombia han dejado en millones de mujeres violadas, empaladas, manoseadas, instrumentalizadas y asesinadas por esa parte de la sociedad que defiende a dentelladas unas pinches estatuas que pueden ser restauradas.

La respuesta de Petro fue la siguiente: “Juan Manuel, no me gusta lo que pasa en el Día de la Mujer en contra del homenaje a un hombre que fue un líder muy importante para el país y que sus ideas ni fueron escuchadas y seguidas en Colombia. El alcalde Carlos Fernando Galán es quien debe garantizar la tranquilidad pública en la capital”.

Detengámonos un momento en la idea subrayada. Bien puede asumirse como un vainazo que le lanza Petro a los vástagos de Luis Carlos Galán, quienes de tiempo atrás optaron por acercarse a los agentes del Establecimiento colombiano que vieron como un riesgo las ideas y el proyecto político del líder del Nuevo Liberalismo, en lugar de coger las banderas de su padre y construir u nuevo liderazgo alejado de las mezquindades y el ethos mafioso que siempre caracterizó a la derecha colombiana.

Su hermano Carlos Fernando llegó a la Alcaldía de la capital gracias al apoyo de Uribe y Vargas Lleras, agentes políticos que representan justamente lo que tanto atacó y fustigó su inmolado padre. Con el reclamo de Juan Manuel Galán, la memoria de Luis Carlos quedó reducida a una pinche estatua.

Sergio Acero / El Tiempo© Sergio Acero / El Tiempo

URIBE VÉLEZ: EL VIEJO ENEMIGO DEL ESTADO

Por Germán Ayala Osorio

Mientras atiende las audiencias del juicio al que comparece en calidad de acusado por fraude procesal y manipulación de testigos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se alineó con el presidente argentino Javier Milei. El ladino político y sub judice ciudadano ahora se declara enemigo del Estado: "Este partido se compromete, con palabra de gallero, si gana el gobierno, a reducir sustancialmente el tamaño del Estado". Este anuncio lo hizo en su correría electoral y política por Armenia. En su desespero por recuperar la Casa de Nari, prometió, además, "una rebaja sustancial de los impuestos". Lo mismo prometió su títere Iván Duque y ya sabemos lo que provocó la impopular reforma tributaria del ministro Carrasquilla. "Menos impuestos, más salario mínimo" fue la consigna con la que timaron a millones de colombianos. 

De esa manera, el expresidiario antioqueño entra en la moda libertaria de Milei con la que se pretende reducir el tamaño del Estado con un solo fin: debilitarlo ante el poder privado, al tiempo que se promueve su privatización o por lo menos su operación alejada de los preceptos constitucionales que se desprenden de aquello que se conoce como Estado Social de Derecho. Su ahijada y candidata presidencial de los Gilinski y el Clan Gnecco, Victoria Dávila de Gnecco ya se había alineado con la visión que del Estado tiene el intemperante presidente de la Argentina.  

Cuando fue jefe de Estado, Uribe Vélez debilitó, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente al fusionarlo con la cartera de Vivienda. Son ese tipo de acciones que nos recuerdan que al político antioqueño jamás le interesó consolidar el Estado como una forma de dominación moderna, eficiente y eficaz. Uribe desprecia la cara civil del Estado, pero adora su rostro violento. Con su Seguridad Democrática lo demostró: "acabar con lafarc" fue el propósito. En esa tarea el Ejército asesinó a por lo menos 6402 inocentes; igualmente, el DAS asesinó a profesores como Alfredo Correa de Andreis.

Sin decirlo, el exmandatario vuelve sus ojos sobre su propio Manifiesto Democrático con el que engañó a millones de incautos, con la ayuda de las empresas mediáticas que se hincaron ante su intimidante poder. En los 100 puntos de Uribe se leen las promesas que incumplió en los 8 años que estuvo en la Casa de Nari: Punto 4. “Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la politiquería. Hoy el Estado es permisivo con la corrupción, gigante en politiquería y avaro con lo social”.

En la última frase de la vieja promesa se esconde el talante enredador de este viejo culebrero: culpar al Estado de la corrupción evitando señalar con nombres propios a los responsables del desgreño administrativo y del robo de los recursos públicos: los partidos, la clase dirigente y política de la que él hace parte sustantiva. En sus 8 años el ethos mafioso se naturalizó en todas las instituciones del Estado. 

No cabe la menor duda que el mendaz dueño del Centro Democrático quiere volver sobre los puntos neurálgicos de su Manifiesto Democrático, esta vez copiándole a Milei la estrategia y la idea de usar la motosierra para reducir el Estado a los justos intereses de contratistas, empresarios y los sempiternos politicastros. En el punto 6 de ese documento se lee: “El Estado burocrático y politiquero ha engañado al pueblo con un discurso social que no ha cumplido porque los recursos se han ido en clientelismo y corrupción. El modelo Neoliberal abandona lo social a la suerte del mercado, con lo cual aumentan la miseria y la injusticia social”.

Este consumado neoliberal está de vuelta para retomar las recetas que tanta miseria y desigualdad generaron desde el gobierno de César Gaviria, pasando por los de Pastrana y Santos, hasta llegar al de Duque. A Uribe Vélez le encanta vender las empresas del Estado a multinacionales. Durante su aciago periodo presidencial vendió Telecom a Telefónica. Y así con otras empresas. Lo que nadie sabe es qué hizo con esos recursos.

En el punto 17 se puede leer: “Necesitamos crear la cultura de buena administración de lo público. Las empresas estatales son las empresas privadas más importantes porque pertenecen a toda la comunidad. Es un delito de lesa comunidad hacer fiesta con lo estatal. Para salvar al Seguro Social, al Sena, al Bienestar Familiar, al Sisben y la educación pública, cero politiquería. Cuando los politiqueros se sienten amenazados salen con el cuento de que las van a privatizar”.

Con las frases en negrillas quiero recordar a la política pública Agro Ingreso Seguro (AIS), con la que le pagó a empresas y familias ricas que financiaron su reelección presidencial inmediata. Con AIS hizo una enorme fiesta Andrés Felipe Arias, pero a Uribe se le olvidó declararla como un “delito de lesa comunidad hacer fiesta con lo estatal”.  

De aquella política pública se dijo en su momento que “…más de 40 personas pertenecientes a las familias más adineradas de la Costa, del Valle y Norte de Santander resultaron involucradas por haber recibido varios millones de pesos como beneficiarios del programa de riego y drenaje”. Incluso, varios medios de comunicación, entre estos Noticias Uno publicaron notas en las que aseguraban que la hacienda El Ubérrimo, propiedad de Uribe, recibió subsidios de AIS: “Para la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo SAS, que cuenta con distrito de riego, le fueron distribuidos recursos de la siguiente manera: en 2008, recibió 903 millones; en 2009, 1.404 millones de pesos, y en 2010, 990 millones en subsidios, gracias al decreto firmado”.

Vuelve y juega el Gran Culebrero con sus promesas de campaña, esta vez en medio de un escenario internacional caótico liderado por Trump en los Estados Unidos y seguido de cerca por Javier Milei, un neoliberal consumado que se presenta como “libertario”, esto es, enemigo del Estado y cómplice de la mezquindad de lo privado. ¿Volverán a caer en el engaño los colombianos? Amanecerá y veremos.

Uribe promete “rebaja de impuestos” si el Centro Democrático regresa al poder

MEDUSA, UN FASTIDIOSO CULEBRÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

La promocionada serie Medusa terminó siendo un fastidioso culebrón mexicano bajo el sello de Netflix. En su primera temporada- ojalá no haya más- Medusa es un cúmulo de perfiles psicológicos interpretados de forma regular por actores del interior del país o también llamados “cachacos”, que jamás pudieron dar cuenta del trasfondo cultural caribeño y de la particular forma de ver la vida de los barranquilleros. Quizás ese problema originalmente esté atado al guión. 

La desconexión de la existencia de la poderosa familia Hidalgo con la cultura barranquillera y caribeña empezó con los evidentes problemas de los actores “cachacos” para “hablar costeño”, seguido de la presencia ahistórica de un poderoso clan familiar que muchos televidentes asociaron con el poder político y económico del clan Char, cuyos miembros fungen como los mandamases de Barranquilla. De dónde salió esa familia y qué le ha aportado a la ciudad son elementos contextuales que pudieron explotar de una mejor manera.

La cuestión de “hablar costeño” sirvió para ocultar la señalada desconexión contextual-cultural pues los televidentes se dieron cuenta de la enorme dificultad de actores como Manolo Cardona, Sebastián Martínez, Juana Acosta y Diego Trujillo para acercarse a la idiosincrasia del barranquillero a través de la popular jerga. Al final, las interpretaciones de los papeles y perfiles psicológicos quedaron convertidas en una mala caricatura de eso de “ser costeño”. 

El uso excesivo de expresiones como “caremonda”, “careverga” o “vete a la verga” ensució la historia de tal manera que el público puso más atención a las dificultades de los consagrados actores para “hablar costeño”, que a la deshilvanada historia, cargada de sexo, infidelidades y acciones de poder patriarcal. Es decir, más de lo mismo. En lugar de Medusa la serie bien se pudo haber llamado La Casa de la Mondá.

Años atrás, series y novelas insistieron en posicionar el imaginario colectivo que señala a Colombia como un país de traquetos y mujeres voluptuosas “diseñadas” con finos bisturís en clínicas estéticas. Con o sin tetas, Colombia y sus hijos se volvieron famosos por los carteles de la droga, sus jefes, los sapos y sus muñecas. Agotado ese instrumento sociocultural,  la corrupción privada y pública (política) irrumpe como el nuevo elemento para explotar audiovisualmente ese rasgo cultural que poco a poco consolida una identidad nacional atada al ethos mafioso que guía a cada uno de los miembros de una familia sin hidalguía alguna, pero con el apellido Hidalgo. Quizás el objetivo de la Serie sea convertir a los Hidalgo en un ícono de las familias poderosas en el país: corruptas, mafiosas, violentas y llenas de problemas psicológicos. 

En lo que respecta a la trama, el final resulta inesperado, aunque exagerado desde el punto de vista de las motivaciones que tuvo el obsecuente ingeniero Gabriel para intentar asesinar a Bárbara Hidalgo (Juana Acosta). Un hombre poco agraciado que se enamoró de la jefa, sin apellido, venido de abajo y que “malinterpretó las cosas”, terminó siendo un potencial asesino. Hacer aparecer a todos los miembros de la familia como posibles responsables del atentado funcionó a pesar de los vacíos con los que finalmente terminaron de construir cada uno de los perfiles.

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EL CINISMO COMO PRÁCTICA POLÍTICA

 

Por Germán Ayala Osorio

El cinismo es una práctica política arraigada en la Colombia mafiosa, inmoral y corrupta. De allí que los políticos son los responsables - no los únicos- de haber naturalizado las actitudes cínicas con las que asumen la discusión pública de asuntos públicos, así como los cargos de elección popular y aquellos otros que corresponden a acuerdos políticos y clientelares entre partidos y agentes del Establecimiento. “Una característica dramática de los cínicos en política es su desconexión moral y ética respecto de las consecuencias que sus acciones tienen —casi siempre como un coste o un castigo inmerecido— para sus gobernados”.

Políticos como Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada hacen parte sustantiva de lo que aquí llamaré la Escuela Cínica Colombiana (ECC) en la que se promueve “la maximización de las utilidades, en el sentido de poseer más de lo que se tiene. La democracia liberal, atrapada en su trampa, no ha podido escapar de este ethos individualista”. Para el caso colombiano, el individualismo posesivo y el cinismo hacen parte sustancial de la inmoralidad y de la baja altura ética de los políticos colombianos. Uribe y Prada hacen parte del Centro Democrático, uno de los partidos, junto a Cambio Radical, con más militantes investigados, procesados y condenados por corrupción.

El primero de estos, cuando fungió como presidente de la República (2002-2006), le apostó a cambiar las reglas del juego para beneficiarse él y dar rienda suelta a su proyecto neoliberal, violento en lo social, dañino en lo cultural e insostenible ecológicamente hablando. Lo hizo con su reelección presidencial inmediata, una acción jurídico-política cargada de ilegitimidad desde lo procedimental e ilegal por el delito de cohecho que logró probarse. Al final, su reelección fue comprada, gracias a que los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño se prestaron para consolidar ese proyecto político con el que se afectaron en materia grave los DDHH y el equilibrio de poderes. Ambos fueron condenados por los delitos de cohecho en el marco de lo que se conoció como la yidispolítica.

Uribe Vélez en varias ocasiones se declaró respetuoso de las instituciones y de la institucionalidad, pero sus decisiones y acciones dan cuenta de todo lo contrario. Todo el tiempo los medios masivos registran en sus titulares esa intención engañosa de respetar las instituciones cuando lo que realmente lo que se está buscando es erosionar la legitimidad de estas. De esa manera, se confirma el rasgo cínico de su actuar público y el ethos que guía la operación de la ECC.

He aquí algunos titulares de cita que recogen el “respeto” que Uribe siente por las instituciones: 1. “Mi obsesión ha sido la verdad y la institucionalidad”. 2. Dilatar la elección de Fiscal es amenazar a la institucionalidad del Estado de Derecho: Uribe. 3. Uribe volvió a decir que respeta las instituciones frente al referendo.

El juicio que enfrenta Uribe en calidad de acusado es otro escenario en el que ha dejado ver su impúdico comportamiento. Con toda suerte de dilaciones, su equipo de abogados se ha burlado de la justicia durante varios años, hasta hoy cuando la jueza 44, Sandra Heredia puso fin a las mañas con las que claramente le están apostando a la preclusión de los delitos por los cuales la Fiscalía lo acusa de fraude procesal y manipulación de testigos.

Álvaro Hernán Prada, entre tanto, es uno de los pupilos aventajados del expresidente y expresidiario antioqueño. Llamado a juicio por los mismos hechos que llevaron a juicio a Uribe, Prada está logrando hasta el momento extender su periodo como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Nunca antes se había intentado "esa jugadita" que hace aún más turbia y politizada a esa institución que confirma que los sinuosos valores de la Escuela Cínica Colombiana van y vienen entre todas las instituciones públicas y privadas. Al buscar su particular “reelección”, Prada, de la mano de varios de sus colegas consejeros, pretende muy seguramente afectar política y electoralmente a los movimientos y partidos políticos que se aglutinen en torno al progresismo y la izquierda para las elecciones de 2026. No se descartan que desde esa instancia de poder se intente manipular los resultados que se den en ese cercano escenario electoral.

Lo curioso es que la maniobra “releccionista” se hace de frente al país y en las narices de los magistrados de las altas cortes que guardan silencio ante una acción calculada electoral y políticamente. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia no da inicio al juicio al que ya vinculó al consejero Prada? ¿Por qué permitir la extensión del periodo del presidente del CNE a pesar de su condición sub júdice? ¿Por qué no pronunciarse ante una ilegítima acción de reelección?

Por supuesto que el sentido peyorativo que acompaña al término cinismo marca las actitudes éticas de los políticos colombianos en general, con escasas excepciones; eso sí, en nada se parece al que caracterizó a los miembros de la Escuela de los Cínicos “fundada en la antigua Grecia durante la segunda mitad del siglo IV a.C, reinterpretando la doctrina socrática, consideraba que la civilización y su forma de vida era un mal, y que la felicidad venía dada siguiendo una vida simple y acorde con la naturaleza. Esto significa rechazar todos los deseos convencionales de salud, riqueza, poder y fama, y vivir una vida libre de toda posesión y propiedad”.

Hecha la salvedad histórica, queda claro que las cínicas conductas en las que incurren los políticos que juran y perjuran defender las instituciones y respetar las reglas del juego democrático terminan por arruinar su legitimidad y lo que es peor, borran los límites entre lo legal y lo ilegal. Son abismales las diferencias entre la Escuela de los Cínicos de la antigua Grecia y la Escuela Cínica Colombiana.

 

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GALÁN, EL ALCALDE ECOLÓGICAMENTE INSOSTENIBLE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los constantes roces entre el presidente de la República y el alcalde mayor de Bogotá se desprenden de dos visiones irreconciliables alrededor del desarrollo urbanístico, incluido en este el asunto de la movilidad.

Por cuenta de un borrador de resolución del Ministerio del Medio Ambiente, Galán y el gobierno Petro están metidos en una discusión que va más allá de tecnicismos, porque gira en torno a asuntos ideológicos y políticos con los que el alcalde de Bogotá quiere tapar su incapacidad para entender sistémicamente los problemas ecológicos y socioambientales que enfrenta Bogotá alrededor del agua.

La exministra de ambiente, Susana Muhamad señaló que “la resolución para la Sabana de Bogotá no está en contra del desarrollo ni de la ciudad. Es un proceso técnico y participativo que lleva meses en construcción. El Distrito siempre fue invitado y conocía estos lineamientos. El @MinAmbienteCo siempre mantuvo abiertas las puertas al Distrito: 3 asambleas y 7 mesas técnicas. La resolución está en consulta, no cambia el POT ni impide proyectos. Su objetivo es claro: proteger el agua y los suelos agrícolas ante una crisis hídrica que Bogotá no puede seguir ignorando”.

Mientras que Galán sigue instalado en un modelo de ciudad liderado por empresas urbanizadoras a las que poco o nada les importó en el pasado desecar humedales, el presidente Petro, consciente de las pluricrisis que produce el cambio climático, le está apostando a reordenar el territorio nacional en torno al agua. Es decir, Galán está siguiendo el modelo de ciudad que promovieron los alcaldes Enrique Peñalosa y Claudia López: urbanizar y llenar de buses la ciudad.

La postura de Galán deviene infantil en la medida en que expone débiles argumentos como la soberanía y la autonomía territorial de Bogotá, variables políticas que alrededor de la crisis del agua que afronta la capital del país se tornan marginales porque hacer sostenible la ciudad pasa por dejar de asumir la sostenibilidad exclusivamente desde la perspectiva económica y política, para empezar a pensarla desde criterios ecológicos y socioambientales, atados a una ética ecológica que dejaron de lado las administraciones de Peñalosa y López.

Peñalosa, López y ahora Carlos Fernando Galán fungen como agentes dinamizadores de lo que se conoce como la Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF), que no es otra cosa que la aplicación a rajatabla de un modelo de desarrollo fincado en la economía política, dejando de lado consideraciones ecológicas fundamentales como las zonas de recarga, el ciclo del agua, los ríos voladores y los efectos que generan las hidroeléctricas y sus embalses. Una SAF es el resultado de transacciones económicas y políticas que claramente amarraron a anteriores alcaldes de Bogotá a los designios de las constructoras proclives a desentenderse de las variables ecológicas y socioambientales.

Galán parece estar defendiendo los intereses de las empresas constructoras que financiaron su campaña electoral, obviando la crisis estructural que ya afronta la ciudad en torno a las fuentes de abastecimiento de agua para una ciudad que creció de manera desordenada justamente porque la visión de desarrollo que se impuso siempre caminó de la mano de los intereses del gran capital.

El alcalde mayor de Bogotá está librando una pelea ideológica y política con Petro y el gobierno central que terminará por confirmar su incapacidad para entender de manera sistémica los problemas y las circunstancias ecológicas y socioambientales en las que está la capital del país por cuenta de sucesivos gobiernos distritales amantes del cemento. Terminar de afectar la reserva Van der Hammen es extender en el tiempo los problemas de abastecimiento del preciado líquido. La crisis del agua que afronta la capital es real. Galán está actuando de manera irresponsable. 

Foto tomada de Galán y Petro se enfrentan por resolución del Ministerio de Ambiente sobre la Sabana de Bogotá

RAZONES DEL FRACASO DE LA PAZ TOTAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El fracaso de la Paz Total del gobierno Petro no obedece exclusivamente al carácter maximalista con el que asumió el presidente de la República la tarea de pacificar el país por la vía política, pues se sabe que para alcanzar dicho estadio civilizatorio se necesita de las voluntades de los disímiles grupos armados ilegales que operan en Colombia. A juzgar por los resultados de varios de los procesos de diálogo echados a andar por el gobierno lo que menos hubo fue voluntad de paz en los ilegales.

Aparecen, entonces, factores institucionales, ético-políticos y aquellos que están íntimamente anclados a los procesos de transformación de las guerrillas en estructuras prepolíticas, lumpenizadas y narcotizadas por las lógicas y dinámicas de las economías ilícitas.

Los factores institucionales se desprenden de la “empresarización” del conflicto armado, esto es, la naturalización de la guerra como un lucrativo negocio al que siempre estuvieron atados oficiales y suboficiales de la policía y el Ejército encargados de vender armas y material de intendencia a las estructuras narco paramilitares, bandas criminales y narcoguerrillas. Y debe haber empresarios, pequeños, medianos y grandes metidos en el fructuoso negocio de la guerra, del que hacen parte la minería y la producción y venta de cocaína. No se puede descartar que ese empresariado haga parte de las élites tradicionales o simplemente existen algunos miembros que sostienen conexiones con traficantes de pertrechos para la guerra, traquetos y agentes mineros que se mueven entre las ya borrosas fronteras entre lo legal y lo ilegal.

Así las cosas, las dinámicas del conflicto armado fueron permeando varias instituciones del Estado haciendo casi imposible concebir y consolidar una institucionalidad para la paz por una razón poderosa: es mejor negocio hacer la guerra, que construir escenarios de paz. La paz termina beneficiando a fundaciones y a la academia, mientras que el atractivo negocio de la guerra y sus otras variables favorece a los actores de poder, legales e ilegales que se mueven entre el mundo castrense y las relaciones que policías y militares consolidaron en el tiempo con narcoguerrilleros, paracos y pandillas como las que operan en Buenaventura.

La felicidad que produce el fracaso de la  Paz Total en los más visibles agentes políticos de la derecha se explica fundamentalmente porque de haber conseguido pacificar el país, el fenómeno Petro se constituiría en un peligro electoral para el 2026 y en un reto político, social y económico para los actores más poderosos del Establecimiento colombiano acostumbrados a sacar provecho de las condiciones de inseguridad que generan la operación de las organizaciones armadas ilegales. Los desplazamientos forzados y las masacres beneficiaron a una élite económica enemiga de campesinos. 

La derecha colombiana estaría dispuesta a pacificar el país a través del diálogo político siempre y cuando esos procesos de paz no estén atados a que haya verdad, justicia, reparación y no repetición; se suma a lo anterior el mayor impedimento: tener que abandonar el fabuloso negocio de las armas, la coca y la minería, variables económicas que están soportadas institucional y éticamente. Hay un ethos mafioso y criminal que supera con creces el débil ethos de lo público que se desprende de las acciones estatales. Los 38 años que lleva Diego Marín Buitrago es la constatación de esa realidad ético-política que compromete al Estado como forma de dominación y a la clase política y empresarial que guardó silencio y coadyuvó a la consagración de Papá Pitufo como agente corruptor y al contrabando como política de Estado.

La transformación de las antiguas guerrillas en organizaciones de traquetos con brazaletes alusivos al ELN y a las disidencias farianas hace aún más compleja la consecución de la paz por cuanto el lucrativo negocio de la droga, la minería y la coca les impide aceptar curules  en el Congreso y ponerse a cultivar la tierra, actividades con las que el gobierno de Santos logró seducir a los ya envejecidos miembros del Secretariado de las Farc con los que finalmente logró la firma del armisticio y la construcción de una paz incompleta, legítima y que aún corre el riesgo de fracasar. Esas condiciones de resocialización no llaman la atención de los líderes del ELN y las disidencias de las Farc-Ep y mucho menos a los miembros del Clan del Golfo y a Chotas y Espartanos.

Por todo lo anterior, Colombia parece condenada a vivir en medio de disímiles formas de violencia que se explican en buena medida por la naturalización de un ethos mafioso y criminal en la política y en la operación de la sociedad y el Estado, y por la codicia compartida entre estructuras de poder legal e ilegal a las que jamás les interesó reversar las condiciones propias de un país incivilizado.

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URIBE EN MISA Y SU SAGRADA VICTIMIZACIÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

 A los ya tendenciosos cubrimientos periodístico-noticiosos- en el marco de una evidente autocensura- que los medios hegemónicos están haciendo del juicio contra el expresidente antioqueño Álvaro Uribe Vélez se suma la teatralización religiosa que el Señor Acusado hizo recién de la realidad judicial en la que se encuentra.

Entrar a una iglesia, en la rezandera y camandulera Medellín, y pedir silencio a los seguidores-actores prestos al interior del recinto sagrado a ovacionarlo inaugura la etapa divina del juicio a la que llamaré la “sagrada victimización”. De resultar Uribe condenado por la jueza 44, Sandra Liliana Heredia, la derecha católica, apostólica y romana tendrá la oportunidad de elevar a su “presidente eterno” al estatus de Mesías condenado, circunstancia moralizante que serviría para calificar como impíos a cientos de miles de connacionales, incluidos en ese amplio grupo de irreligiosos a la juez, la fiscal del caso y a las víctimas acreditadas. Y una sociedad que es capaz de condenar a un “hombre bueno y probo como Uribe” debe, sí o sí, recibir el máximo castigo:  la ira divina.

Con esa escena, Uribe, como buen samaritano, pretende inspirar a quienes aún creen en su cuestionada inocencia a que programen procesiones a la Basílica de Nuestro Señor de los Milagros para pedirle al Señor que salve al Señor de Colombia, acusado de manera temeraria por hombres y mujeres injustos, cegados por la ignorancia y el odio.

Como se trata de un asunto de Fe, los argumentos jurídicos y el análisis del material probatorio pasan a un segundo plano. Acá no se trata, como lo ha pedido el senador Cepeda, dar una lucha jurídica de altura, sino llevar el juicio a los fangosos terrenos de la política electoral y a la moralizante y también cenagosa instancia de la religiosidad.

Uribe Vélez es creyente como millones de colombianos que saben explotar muy bien esa condición espiritual y religiosa para engañar incautos y dejar en manos de Dios sus culpas (no delitos). Quienes así operan, suelen sentir un desprecio enorme por la justicia terrenal, en particular cuando los procesos penales en los que están envueltos no les resultan favorables o porque sienten que se puede dar una inminente condena en su contra. Sentirse perdido y buscar a Dios es una práctica común en los creyentes.

El expresidente y expresidiario antioqueño sabe que cuenta con el respaldo mediático de todos los medios y periodistas de las empresas mediáticas cuyos propietarios hacen parte del Establecimiento que está obligado moral y políticamente a mantenerlo vigente política y electoralmente bajo el engañoso apelativo de Gran Colombiano, en el que confluyen valores que la ultraderecha siempre expone como parte de sus rasgos psicoafectivos: el amor por la Patria, el respeto por la institucionalidad y la ciega admiración por los hombres en armas (legales e ilegales).

Mientras surte efecto la escena de la sagrada victimización de Uribe, en las redes sociales y en particular en X los defensores del exmandatario hacen ingentes esfuerzos por encontrar vacíos y otros problemas en los argumentos de la Fiscalía que acusó al ladino político de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. 

Entre tanto, la prensa hegemónica apela a todo tipo de estrategias informativas para negar la gravedad de los delitos que finalmente llevaron a juicio a Uribe. Poner el foco en detalles irrelevantes hace parte de las maniobras periodísticas con las que a toda costa buscan la salvación social del Señor Acusado. Y por supuesto, seguir siendo la caja de resonancia de todo lo que diga y haga el cuestionado exmandatario. Viralizada la escena de la sagrada victimización, la prensa bogotana y regional queda lista para amplificar la siguiente escena programada de la teatralización religiosa a la que el uribismo está llevando a la opinión pública.

EL FUTURO DEL CAMBIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El futuro social, electoral y político de la idea maximalista del Cambio propuesta por el progresismo y la izquierda sería incierto en una sociedad bien informada, civilizada, leída y formada para la discusión privada y pública de asuntos públicos. Como estamos en Colombia, esa misma idea planteada de manera pomposa y alucinante por el Pacto Histórico podrá ser usada en el 2026 bien por la Oposición o por quienes prometieron que era posible cambiar las costumbres políticas y la operación paquidérmica y mafiosa del Estado colombiano en cuatro años. ¡Vaya sueño!

De hecho, el bloque político-mediático que le viene haciendo oposición al gobierno Petro y que la mantendrá hasta el 7 de agosto de 2026 ya usa la idea del Cambio en el sentido restringido que les conviene a sus principales agentes de poder: gritan con fervor religioso “vamos a recuperar el país, a reconstruir moral e institucionalmente a Colombia”, consignas que tienen como sustento la sempiterna idea de Cambio que los inspira: cambiar para que todo siga igual.

Tanto la idea maximalista del Cambio que supo vender el progresismo en el 2022, como la minimalista que viene usando la derecha desde los orígenes de la República Oligárquica dicen mucho de lo que somos como sociedad. El sentido maximalista resulta engañoso porque nace del sueño de quienes a sabiendas de la complejidad cultural que supone cambiar a una sociedad premoderna, conservadora, con visos fascistas; además de clasista, racista y violenta, decidieron usarla como estrategia electoral y política sin avizorar los efectos negativos en el electorado que creyó que era posible cambiar en cuatro años lo que ha funcionado eficientemente mal por más de doscientos.

Recordemos el eslogan de campaña del inefable Andrés Pastrana Arango (1998-2002): “El Cambio ¡Es Ahora!”. Para esa época quizás muy pocos ciudadanos asumieron esa idea desde un sentido maximalista, pero al estar anclada a los intereses de uno de los hijos del pérfido establecimiento colombiano de inmediato afloró su carácter minimalista. Al final, el país conoce lo que pasó: nada cambió en términos de las correlaciones de fuerza. Algunos dirán que trajo el Plan Colombia, esto es, una política estatal de guerra contra las narcoguerrillas con graves efectos socioambientales que terminó legitimando a los grupos paramilitares.

“El futuro es de todos” fue el eslogan de la campaña Duque presidente. La noción de Cambio aparece implícitamente si se aceptan las penosas realidades sociales en las que vivían millones de colombianos como resultado de la privatización y captura mafiosa del Estado y la aplicación a rajatabla de la receta neoliberal. El fatal desempeño económico del títere de Uribe terminó aumentando la pobreza y la desigualdad en el país. Ya la campaña de Juan Manuel Santos había apelado años atrás a la misma engañosa idea de un cambio para todos. Tan universal como “El futuro es de todos”, vino la frase “Prosperidad para todos” con un Santos neoliberal y clasista que usó la apuesta por la paz con las Farc-Ep para ocultar sus reales intenciones. Para reelegirse, apeló a una frase “sincera y engañosa”: “Hemos hecho mucho, falta mucho por hacer”.

Antes de ser puesto Duque en la Casa de Nari como marioneta del Establecimiento, una parte importante de los colombianos soñaron y disfrutaron con todo lo que les decía la frase “Mano firme, corazón grande”, acompañada de la imagen de Álvaro Uribe mirando hacia el horizonte, vestido con una camisa roja que representaba ideas liberales, pero también la sangre que se derramaría entre 2002 y 2010. En la icónica, fantasiosa y temida frase aparece también una noción de Cambio que fue tan bien aceptada que permitió su inmediata reelección y con la posibilidad de un tercer mandato. Terminado el gobierno de la Mano Dura y el Corazón Indolente, el país cambió solo para aquellos que tenían finca y negocios mafiosos con el Estado; del resto se encargaron los medios masivos que hicieron de Uribe un Mesías o en boca de Jaime Garzón, “el dictador que este país necesita”.

En el 2026 volverá la noción del Cambio a aparecer implícita o explícitamente en frases que cautivan a un electorado que cada cuatro años asiste a las urnas con la esperanza de que el país pueda cambiar lo que ha estado mal desde los inicios de la República. Los expertos en marketing político harán lo que les corresponde, mientras que millones de colombianos irán a las urnas, unos engañados por la prensa afecta al Establecimiento, otros confundidos; otros volverán para mantener sus puestos, revalidar contratos u obtener nuevos de acuerdo con lo aportado a cualquiera de las campañas. No hay manera de cambiar nada en una sociedad a la que medios y políticos asustaron con el “coco” del “Castrochavismo”. Esa misma sociedad que cree que Uribe fue el mejor presidente de Colombia no ha entendido su propia historia. Una sociedad clasista, racista, misógina, homofóbica, violenta, incivilizada y poco leída no se cambia ni en cuatro ni en ocho años.

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LA GALLARDÍA DE LA JUEZA SANDRA HEREDIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La juez Sandra Liliana Heredia Aranda, que lleva el juicio al que comparece Álvaro Uribe Vélez en calidad de acusado por graves delitos, es un símbolo de dignidad, aplomo, seriedad, legitimidad y firmeza por el carácter con el que viene enfrentando las dilaciones de la defensa del expresidente antioqueño y el tono altanero y desafiante del abogado Jaime Granados, defensor y admirador número uno del exmandatario al que llama “presidente” a pesar de no ostentar esa dignidad.

Las objeciones elevadas por la defensa de Uribe, rechazadas recientemente por la jueza Heredia, han provocado toda suerte de comentarios favorables hacia la operadora judicial en una sociedad machista y misógina como la colombiana, en la que los hombres, poderosos o no, están acostumbrados a subir la voz en especial cuando quien los controvierte es una mujer. Heredia no se ha amilanado ante el poderoso y temido expresidente y el desafiante abogado Jaime Granados.

Las decisiones tomadas en derecho y la actitud profesional de Heredia dejan muy mal parados a los otros operadores judiciales, en particular a fiscales que bajo la fiscalía de Barbosa optaron por ponerse del lado de Uribe, afectando en materia grave la dignidad de la justicia, la misma que la jueza Heredia está defendiendo al evitar que la defensa del procesado continúe presentando excusas o mociones de orden con evidentes intenciones dilatorias.

Heredia Aranda viene actuando “confirmesa” frente a dos hombres hijos de esta sociedad machista que aún ven con extrañeza y molestia que hoy haya jueces, médicas, ingenieras y abogadas capaces de tomar decisiones profesionales y legítimas en medio de presiones de toda índole y en la insistencia de desconocer sus capacidades, inteligencia y rigor.

La gallardía de Sandra Liliana Heredia debería de servir de ejemplo para todas aquellas mujeres que a diario deben enfrentarse a hombres que siguen atados a las viejas creencias que les instaló el machismo en relación con las mujeres.

En el portal Kienyke se lee que “Sandra Liliana Heredia Aranda es una figura que ha consolidado su carrera en el ámbito judicial. Según registros de la Rama Judicial, su trayectoria comenzó en el Tolima, donde, en 2006, fue admitida como aspirante al Concurso de Méritos para conformar el Registro Seccional de elegibles para los cargos de empleados de Carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Ibagué y el Tolima Administrativo. Este primer paso en su carrera marca el inicio de una ascendente trayectoria dentro del sistema judicial colombiano. A lo largo de los años, Heredia ha mostrado un compromiso con la justicia, destacándose por su rigor profesional y su dedicación al cumplimiento de la ley. Su nombre también ha sido reconocido en informes de gestión como parte del Comité Seccional de Género Bogotá y Cundinamarca, donde se destacó por su aporte en el ámbito de la perspectiva de género en el manejo de casos judiciales. En un informe de gestión, se mencionó su participación en sentencias que evidencian un importante aumento en la postulación de causas con enfoque de género, lo que subraya su compromiso con la equidad y la justicia social”.

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PRENSA HEGEMÓNICA, AUTOCENSURA Y EL JUICIO CONTRA URIBE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El juicio que por estos días enfrenta en calidad de acusado el expresidente Álvaro Uribe Vélez constituye un hecho periodístico-noticioso que debería de ocupar la atención de los medios hegemónicos por tratarse del primer exmandatario procesado penalmente por delitos no políticos.

Bajo esa circunstancia, el cubrimiento de semejante hecho jurídico-político debería dar para informes diarios sobre las audiencias, análisis del material probatorio e incluso, la búsqueda de reacciones de los protagonistas después de cada uno de los momentos procesales transmitidos en directo.  Se esperaría portadas enteras, sonoros titulares, frases sacadas de las audiencias expuestas para poner a hablar al país de semejante suceso. Eso sí, los medios hegemónicos optaron por llevar las incidencias del juicio a las redes sociales, en particular en la red X, escenarios en los que desde el 7 de agosto de 2022 se expresa con enorme violencia discursiva la crispación ideológica entre la derecha y la izquierda. En esa cloaca llamada Twitter o X,  hay cuentas uribistas dedicadas a tratar de desvirtuar las tesis y el material probatorio llevado por las víctimas y la Fiscalía; del otro lado están las de aquellos ciudadanos convencidos de la responsabilidad penal del Señor Acusado. 

Va quedando claro que por sus compromisos políticos y económicos los medios hegemónicos no están cubriendo el juicio contra Uribe como se esperaría que lo hicieran. De esa manera, están perdiendo una gran oportunidad para hacer un ejercicio periodístico de calidad y reconquistar a las audiencias que vienen perdiendo por haber puesto toda su capacidad instalada a deslegitimar al actual gobierno y a generar incertidumbres en los colombianos que aún consumen la información publicada a diario por medios como Noticias Caracol, Noticias RCN, El Colombiano, El País de Cali, así como Blu radio, La FM y La W.  

Debido a que la apuesta editorial de esas empresas mediáticas es consolidar la narrativa que señala que “el país va mal por cuenta del comunismo de Petro”, la autocensura aparece como conducta institucional con la que los periodistas de dichos medios de comunicación privan a las audiencias de seguir lo que bien se puede considerar como el “juicio del siglo”. Prefieren seguir ostentando el mote de "medios uribistas", antes de salir a exponer la gravedad de los señalamientos que Juan Guillermo Monsalve, el exparamilitar y “testigo estrella” ha hecho contra el expresidente y expresidiario antioqueño.

Años atrás, todos los medios hegemónicos se volcaron a cubrir con lujo de detalles los hechos jurídico-políticos acaecidos en el marco de lo que se conoció como el Proceso 8.000. En dicho escándalo estuvo comprometida la majestad de la presidencia de la República en cabeza de Ernesto Samper Pizano. La financiación de la campaña Samper presidente con dineros del Cartel de Cali fue un hecho político relevante que hizo confluir a la gran prensa bogotana en el cubrimiento de revelaciones y filtraciones de piezas procesales que confirmaban la entrada de los dineros de los mafiosos caleños a la campaña de Samper. La entrada de dineros “calientes” a las cuentas de la campaña electoral que llevó a Samper Pizano a la Casa de Nariño, al lado de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos y la vinculación que el testigo Monsalve ha hecho de Uribe con actividades de narcotráfico y paramilitarismo, bien puede verse como una pilatuna.

Aunque el Proceso 8.000 fue más un hecho político que judicial a pesar de las investigaciones y las condenas proferidas por la justicia, el cubrimiento periodístico-noticioso garantizó que la opinión pública de la época se acercara a la construcción del relato más verídico que al final se consolidó como verdad: Samper llegó a la presidencia patrocinado por el Cartel de Cali.

Por el contrario, los hechos que tienen a Uribe sentado en el banquillo en calidad de acusado están alejados de cualquier consideración política, razón suficiente para que la gran prensa bogotana se volcara a cubrir el juicio contra el expresidente antioqueño con el mismo fervor con el que sus periodistas cubrieron el Proceso 8.000.  Es más, por tratarse de delitos no políticos cometidos por Uribe de acuerdo con la tesis de la Fiscalía y las víctimas acreditadas, los registros editoriales y noticiosos de las audiencias a las que comparece el expresidente deberían de ser más abundantes que los que se dieron para el caso de Samper Pizano.

Optar por abrir noticieros de televisión con los conciertos de Shakira da cuenta del particular desinterés de dichas empresas mediáticas de cubrir el juicio contra Uribe de acuerdo con las dimensiones penal, ético política y moral que rodean semejante suceso.

Al preferir la autocensura, dichas empresas periodísticas terminan dándole la razón a sus críticos que los califican de ser “medios uribistas" que defienden a dentelladas la imagen y el “legado” de Uribe Vélez, convertidos en una suerte de “patrimonio” cultural para esa Colombia que valida el Todo Vale y la violencia (I) legítima del Estado. Aunque no cubren el juicio como se esperaría que lo hicieran, periodistas de Blu radio y La FM, entre otros, no pierden oportunidad para sugerir que se trata de un juicio político contra Uribe.

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URIBE Y LA POLÍTICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Ver al expresidente Álvaro Uribe Vélez en un juicio en calidad de acusado por delitos no políticos hace pensar en cuáles fueron o son aún las maneras en las que asumió la Política (Sí, en mayúscula) como actividad humana. Por la gravedad de los delitos por los cuales hoy está acusado, queda claro que Uribe jamás reconoció y mucho menos asumió la Política como el camino para dignificar su propia existencia y la de los millones de colombianos que afectó negativamente con sus decisiones al frente del Estado. Justamente, en su calidad de presidente de la República, Uribe Vélez hizo funcionar las instituciones estatales haciendo que la “violencia legítima del Estado” se asumiera como su única tarea y propósito dentro del territorio nacional. Eso sí, la legitimidad sobre la que Uribe hizo cumplir semejante consigna no siempre se basó en términos de la legalidad, esto es, en la validez jurídica de los preceptos legales y la suficiente altura moral y la eticidad suficiente que se espera que acompañen todas las acciones de Estado.

Los falsos positivos que ocurrieron durante sus dos administraciones explican con claridad meridiana el sinuoso sentido con el que aplicaron la consigna weberiana quienes entendieron la orden de acabar con lafar ejerciendo una “violencia legítima” que terminó desbordada y aplicada a civiles inermes. Es más, los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos por los cuales está respondiendo en juicio el expresidente Uribe devienen contaminados e inexorablemente atados a la manera poco profesional con la que asumió la Política el político antioqueño.

Weber sostiene que “hay dos formas de hacer de la política una profesión. O se vive para la política o se vive de la política. La oposición no es en absoluto excluyente. Por el contrario, generalmente se hacen las dos cosas, al menos idealmente; y, en la mayoría de los casos, también materialmente. Quien vive para la política hace de ello su vida en un sentido íntimo; o goza simplemente con el ejercicio del poder que posee, o alimenta su equilibrio y su tranquilidad con la conciencia de haberle dado un sentido a su vida, poniéndola al servicio de algo”.

Si estiramos el sentido de la cita de Weber quizás podamos decir que Uribe asumió la política como un instrumento con el que buscó privilegios y gozó con su consecución, dejando de lado la oportunidad de servirle a sus dominados dentro del territorio y llegando a la vejez con la conciencia tranquila por un deber cumplido de alcance universal y no el particular con el que entendió el ejercicio del poder político. Convertido ya en un carcamal, los colombianos que lo aplaudieron y veneraron y los que siempre lo criticaron, ven a un viejo en un juicio acusado de delitos no políticos que hablan mal de él como ser humano, que de la Política.

Uribe perdió la oportunidad que quizás el destino le brindó de hacer de la Política el camino para establecer significativas relaciones y amistades con hombres y mujeres formados para discutir sobre el devenir de la humanidad. Quizás por estar su vida atada a la subcultura arriera y al entorno violento en el que creció, Uribe Vélez no pudo o no quiso asumir la Política como el camino para convertirse en un hombre virtuoso y un referente universal como Nelson Mandela o Pepe Mujica. Su visión del mundo siempre estuvo ajustada a los límites de sus haciendas.

Al final de su azarosa vida, queda claro que el expresidente y expresidiario antioqueño aportó mucho a los ya truncos procesos civilizatorios de la sociedad colombiana y mucho menos a la Política como una actividad humana dignificante. Poco o nada importa si al final del juicio es declarado “culpable” o quizás “no culpable” o logre la prescripción de los delitos. La historia no lo absolverá, aunque sus seguidores sean benévolos por una vida dedicada a la “política” en un país prepolítico, premoderno e incivilizado. 

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LA TESIS DEL MINISTRO ROJAS

 

Por Germán Ayala Osorio

A las acciones sistemáticas de la prensa hegemónica por desprestigiar a los ministros y por esa vía al gobierno Petro, se sumó el escándalo que armaron con el asunto de la tesis de maestría que desaprobó el actual ministro de educación Daniel Rojas Medellín.

Blu radio y La FM, entre otros medios elevaron la decisión académica tomada al interior de la Universidad Nacional en la que cursò la maestría el estudiante Rojas Medellín a la condición de “inmoralidad pública”. Es decir, la desaprobación de la tesis del Min educación es igual a acreditar títulos falsos o plagiar tesis como en su momento lo hizo Enrique Peñalosa, quien en su currículo consignaba un título de Doctor que jamás obtuvo. Eso sí, al exalcalde de Bogotá lo trataron con guantes de seda.

En lugar de destacar la decisión del alma mater como una prueba de su seriedad y rigurosidad académica, los periodistas de varios medios masivos optaron por usar el veredicto del jurado para desprestigiar al estudiante-ministro como si la desaprobación de su tesis de maestría fuera una falta grave e incluso una prueba de su “incapacidad para estar en la cartera de educación”.

Quizás el ministro Rojas pudo presionar desde su alto cargo para que la decisión del jurado fuera revisada y finalmente cambiada, pero no lo hizo. Esta es una práctica más que común en Colombia. Por el contrario, aceptó la dureza del veredicto académico que compromete en gran medida a su director de tesis por haber dado el visto bueno de una versión que, a juicio del jurado, no cumplía con los requisitos exigidos para su aprobación.

El doble rasero volvió a emerger como política editorial y perspectiva noticiosa en los colegas que abordaron el asunto con la animadversión ideológica que les produce ver al joven ministro al frente de esa cartera ministerial. Como parte del grupo de periodistas que participaron del escarnio público al que fue sometido Rojas Medellín estuvo Darcy Quinn, la periodista radial que tiene una sección de chismes políticos en La FM, medio uribizado que de tiempo atrás a diario ataca al gobierno Petro.

La señora Quinn se hizo famosa por reconocer al aire que no pudo acreditar el título de periodista en una prestigiosa universidad privada de Bogotá porque “en la Javeriana fue muy difícil lograrlo (graduarse) me pusieron mil trabas, entonces fue a la Sergio Arboleda y me dijeron, claro Darcy ven, me valieron unas materias y me gradué…”  Cuando el país político conoció esta confesión de la mencionada periodista de inmediato en las redes sociales le empezaron a exigir que mostrara la tesis con la que alcanzó, casi veinte años después, su título de comunicadora social-periodista. Hasta donde se sabe, la tesis no aparece.

Por supuesto que la mencionada periodista aprovechó lo sucedido con la tesis del estudiante-ministro para insistir en la “mediocridad” del ministro y en general en la falta de capacidad técnica de este y de otros ministros escogidos por el presidente Petro.  

Lo que le sucedió a Rojas Medellín es normal dentro de los procesos académicos al interior de universidades privadas y públicas. Aunque acreditar títulos falsos como lo hizo Peñalosa se volvió costumbre en el país, el ataque personal contra el Min educación solo se explica por la inquina que les produce todo lo que hace o deja de hacer el gobierno de Petro y sus ministros.

En el pasado inmediato hubo escándalos académicos de políticos uribistas. El país recuerda a Julián Bedoya, político que acreditó el título de abogado de la Universidad de Medellín, el mismo que obtuvo de manera fraudulenta. El país también recuerda a Jeniffer Arias, congresista que plagió documentos y presentó una tesis de maestría a la Universidad del Externado. "La Universidad sometió el texto de la tesis a una herramienta informática para la detección de plagio, operación que arrojó un importante número de coincidencias con fuentes o documentos publicados en Internet de autores diferentes”.

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