EL PAÍS NECESITA UNA CÁTEDRA DE ANÁLISIS DE MEDIOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos constituye un factor ético-político que se opone a la consolidación de la democracia. En Colombia, los medios tradicionales están en manos de poderosos banqueros y conglomerados económicos a los que poco o nada les interesa que sus empresas de información hagan periodismo de calidad. Por el contrario, le apuestan a que a través de ese oficio se oculten aquellas actividades económicas y políticas conducentes a debilitar la democracia como régimen de poder y aspiración de vida colectiva. Es más, pienso que los magnates de compran empresas mediáticas odian el periodismo, de allí el deseo de tenerlo controlado y a su favor.

En estos dos años largos del gobierno de Gustavo Petro empresas mediáticas como Caracol, RCN, La FM, Blu radio, El Colombiano, Semana, El País de Cali, El Tiempo y El Espectador le han hecho una suerte de oposición política funcional a los intereses corporativos de los banqueros y las corporaciones propietarias de esos medios que se olvidaron de informar con responsabilidad social, para caer en el peligroso juego de generar miedos e incertidumbres en las audiencias que aún creen a pie juntillas en que lo que se sale publicado es la verdad revelada. Han mentido, tergiversado los hechos noticiosos, se acercaron muchos de estos a provocar pánico económico y han promovido el odio ideológico hacia todo lo que huela a izquierda y progresismo.

Así las cosas, urge que el primer gobierno progresista en más de 200 años de República deje como instrumento educativo y pedagógico de uso obligatorio en colegios y universidades la cátedra Análisis y Crítica de Medios. Es necesario que las audiencias y en general los colombianos estén formados en la comprensión del discurso periodístico-noticioso, sus formas y su carácter moralizante, no siempre al servicio del colectivo. Es más, se debe extender al análisis de novelas y otros productos culturales, pues hay gente que no puede separar la realidad de la ficción.

Las y los estudiantes de colegios y universidades deben tener elementos de juicio y categorías que les permitan analizar de manera crítica los informes, reportajes, crónicas y noticias que a diario publican los medios masivos hegemónicos. De igual manera, las posturas editoriales, tácitas o no, asumidas por cada empresa mediática. Formar al estudiantado para cuestionar los tratamientos periodístico-noticiosos constituye una forma de contra poder que aporta al mejoramiento de la democracia en la medida en que habría ciudadanos capaces de discutir asuntos públicos, descifrando los intereses políticos y económicos que defienden las empresas mediáticas aquí señaladas. Los análisis críticos que los ciudadanos puedan hacer podrían transmitirse en emisoras o medios impresos comunitarios y usarse políticamente en escenarios electorales.

De la misma manera como el proceso de paz de La Habana le dejó al país la Cátedra de Paz, el primer gobierno progresista en la historia del país debe dejarles a los colombianos la Cátedra Análisis y Crítica de Medios para los fines pedagógicos y ético-políticos que requiere una democracia moderna.  

Adenda: ya hay universidades que tienen cátedras de análisis de medios, pero se requiere que otras universidades y todos los colegios públicos y privados la ofrezcan de manera obligatoria.

quienes son los dueños de los medios en Colombia - Búsqueda Imágenes

NICOLÁS MADURO MOROS: PRESIDENTE Y SHERIFF

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con el ofrecimiento de 100 mil dólares por información que permita capturar a Edmundo González, el régimen de Nicolás Maduro Moros le dejó claro al mundo que sí sufrió derrota política y electoral en las pasadas elecciones. El anuncio y la publicación del cartel acerca al gobierno venezolano a los tiempos en los que en el Viejo Oeste americano se imprimían volantes con los rostros y nombres de peligrosos delincuentes como el recordado Jesse James o William H. Boney, alias 'Billy El Niño' o de Kid.

Al ponerle precio a la cabeza de González, el gobierno venezolano deja ver la ansiedad que les produce a sus agentes más visibles la llegada del 10 de enero, día en el que Maduro Moros tomará juramento como presidente reelecto a pesar de que las actas que validó el Centro Carter le dan el triunfo al perseguido Edmundo González. Con dicho ofrecimiento el gobierno de Maduro Moros deja ver su desprecio por la legitimidad social y la gobernabilidad, factores de una filosofía política inaplicables cuando el control de las armas de la República está en función de defender una única e indiscutible idea de Estado y pueblo.

Se trata de una torpe decisión judicial que confirma el carácter dictatorial de un régimen que se fundó en los principios del llamado socialismo del siglo XXI, pero que fue derivando en una vulgar dictadura en manos de un civil que de manera cómica se viste de verde oliva y vocifera como comandante militar. Esos actos histriónicos de Maduro Moros confirman que la continuidad del régimen venezolano está garantizada internamente por la captura mafiosa de las fuerzas armadas bolivarianas y externamente por el respaldo de Rusia y China dado en función de sus reservas de petróleo y gas. De esa manera, Diosdado Cabello y Maduro Moros creen de manera solemne en la legitimidad y gobernabilidad que les brindan esas dos potencias. En lo interno, el ponerle precio a la cabeza de González confirma el desprecio que sienten por la oposición que representan María Corina Machado y Edmundo González en razón a su origen de clase y porque son “blancos”.

La llegada de Hugo Rafael Chávez Frías al poder estuvo fundada en buena medida por varios elementos de eso que se conoce como el socialismo del siglo XXI: “democracia participativa, la economía democráticamente planificada de equivalencias, el Estado no-clasista y, como consecuencia, el ciudadano racional-ético-estético” (Dieterich, 2008: 3). Por supuesto que Chávez Frías no logró acercarse a esa utopía que encarna el socialismo del siglo XXI expresado en la idea de un hombre nuevo, instituciones reformadas, un Estado no-clasista y la superación de todas las desigualdades de género y clase recreadas por la democracia liberal y la burguesía “blanca” que el entonces coronel venció con un discurso de reivindicación étnica ancorado a su condición de hombre “poco agraciado y mestizo”.

Con su muerte, ese proyecto político quedó en manos de Nicolás Maduro, el clásico politicastro responsable en gran medida del bíblico éxodo de venezolanos por todo el mundo. A pocos días de asumir por otros seis años el poder del país petrolero, la utopía socialista sigue vigente y pendiente como tarea de un régimen violento que, fundado en las riquezas que guarda el subsuelo, el siempre oportuno antiimperialismo yanqui y el apoyo de China y Rusia, no ha sido capaz de crear el “hombre y la sociedad nueva, reeditar las ideas socialistas golpeadas fuertemente por la caída del Muro de Berlín y el consecuente triunfo del capitalismo y mucho menos acercarse a un desarrollo económico superlativo que ya alcanzaron las dos potencias que lo defienden del “inmoral” ataque de los Estados Unidos.

Si no ocurre nada extraordinario, este 10 de enero Nicolás Maduro Moros seguirá sentado en Miraflores gracias al apoyo de las señaladas potencias económicas y militares, a un “pueblo” cada vez más cooptado  y el reconocimiento de facto de países como Colombia cuyo gobierno le apunta a conservar las buenas relaciones políticas, diplomáticas y comerciales por encima de las críticas de la derecha colombiana a la que le encantaría volver a jugar con la vida de cientos de miles de venezolanos y colombianos que viven y sobreviven de las actividades legales e ilegales que se dan en la porosa frontera binacional. A partir del 10 de enero, Maduro Moros seguirá posando como militar de carrera y por primera vez se vestirá de Sheriff.

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¿EL ESPECTADOR TAMBIÉN LE HACE OPOSICIÓN POLÍTICA A PETRO?

 Por Germán Ayala Osorio

De la congregación de empresas mediáticas que optaron por atacar en gavilla al gobierno Petro a través del registro de mentiras y lecturas amañadas de los hechos, el diario El Espectador se habría mantenido al margen. Por lo menos así lo creí durante estos dos años en el que esa peligrosa cofradía viene operando con fines políticos, siguiendo instrucciones de sus propietarios perfectamente alineadas con los intereses de los más visibles politicastros del país político.

Bastan dos recientes registros periodísticos para que el giro editorial del diario bogotano se hiciera evidente: el primero es la extensa entrevista al presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, quien ya fue llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia por el delito de manipulación de testigos. Se trata del mismo proceso penal en el que están involucrados el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez y el aboganster Diego Cadena. Y el segundo, la nota sobre el incremento del 5,36% que autorizó el gobierno al dinero que el Estado le gira a las EPS para cada uno de sus afiliados (UPC).

El titular de la entrevista que concedió el presidente del CNE resulta tendencioso y malintencionado por la condición sub judice de Prada y por tratarse de un probado enemigo político del jefe del Estado. “Los señalamientos de Petro generan un clima de desconfianza inconveniente”: Prada. Se trata, además, de un titular que guarda la intención de limpiarle el nombre y la oscura imagen del funcionario uribista que cumple las órdenes de su patrón, Álvaro Uribe Vélez.

A pesar de que el entrevistador le hizo la pregunta obligatoria que todos esperábamos que le hiciera, Prada la no respondió como se esperaba y mucho menos el periodista le insistió para que la respondiera. ¿Qué responde a los señalamientos que le hacen desde el Pacto Histórico de no ser un investigador neutral al tener vínculos con el Centro Democrático y estar vinculado en el caso del expresidente Uribe por supuesta compra de testigos? La respuesta del presidente del CNE constituye una burla. De esta manera se mofó del diario, del periodista y de los lectores: “El CNE es la máxima autoridad electoral de Colombia, nuestro propósito es dar garantías de imparcialidad a todos los colombianos, la labor que tenemos no es perseguir a nadie, sino cumplir con el propósito de blindar el sistema electoral”.

El valor periodístico de lo que pueda decir el entrevistado y su legitimidad quedan en entredicho justamente porque Prada está llamado a juicio por graves delitos, circunstancia legal que debería de ser suficiente razón para evitar ser entrevistado por cuanto al hacerlo el diario entra en el juego político de la oposición y termina lavándole la cara al consumado politicastro.

El otro hecho y nota periodística tiene que ver, como se indicó al principio, con el aumento de la UPC y las reacciones de algunos de los agentes que hacen parte del sistema de salud. Así reacciona el mundo de la salud al aumento de la UPC decretado por el Gobierno es un titular “limpio”, esto es, no tendencioso que hace pensar al lector que se leerá un texto equilibrado. Pero no es así. Todas las voces consultadas están en desacuerdo con el alza del 5, 36% y dan por sentado que habrá una catástrofe en la prestación de los servicios de salud. ¿Por qué no se consultó a la presidente de la Federación Médica Colombiana? Y lo más importante: ¿Por qué no se hizo mención, a manera de crítica, a los hechos de corrupción de varias EPS que gastaron a manos llenas en la construcción de sus propias clínicas, en patrocinar campañas políticas, pautar en medios masivos y gastar millonarias sumas en actividades ajenas a la prestación de los servicios de salud? La Contraloría General de la República encontró “pagos de viajes, clases de yoga, vales de gasolina, anticipos de viajes, y bonos de regalos, hacen parte de los hallazgos de la entidad en las 24 EPS auditadas. Al parecer, utilizaron indebidamente $6 billones que estaban destinados para la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en 2020”.

Así entonces, El Espectador ya hace parte de la hermandad mediática que le hace oposición política al gobierno Petro, como jamás se había visto en el país en la historia reciente del periodismo. De esa perversa unión hacen parte Semana, El País de Cali, El Colombiano; los canales de televisión RCN y Caracol con sus noticieros y programas de humor, así como Blu radio, La FM y La W. Es una verdadera lástima que el diario El Espectador haya entrado en ese juego político que le resta legitimidad y credibilidad al periodismo colombiano. El "fuera Petro" parece una consigna que no molesta en las salas de redacción de los señalados medios. 

ETHOS MAFIOSO Y LA CRISIS DEL SISTEMA DE SALUD

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La crisis del sistema de salud en Colombia tiene además de componentes técnicos, factores ético-políticos y culturales que permiten entender  las posturas de quienes se oponen al incremento del 5,36% en la UPC, pero sobre todo, a los máximos controles sobre los millonarios recursos públicos girados a las EPS que el gobierno Petro, a través de la ADRES, quiere imponer para detener el acordado desangre institucional en el que terminó convertido dicho modelo de aseguramiento.

Dicho sistema de aseguramiento en salud nació durante la consolidación del neoliberalismo en Colombia, hecho que facilitó el debilitamiento de los máximos controles fiscales sobre las entidades prestadoras de salud. Después de más de 30 años de libertades políticas y económicas promovidas por gobiernos de derecha el modelo de salud dejó ver con claridad el principio que lo llevó al colapso: el ethos mafioso que guió las operaciones de IPS y EPS y la estrategia de los “técnicos del neoliberalismo” de intervenir en unos casos y en otros seguirle inyectando dinero a un enorme saco roto.

Bajo ese sistema de salud y la naturalización de la corrupción, los pacientes sufrieron las consecuencias de un conjunto de procedimientos reglados y pensados para favorecer a familias de políticos y miembros de las juntas directivas. El matute en el que convirtieron el manejo de los millonarios recursos les alcanzó en el pasado para financiar campañas presidenciales y congresionales. De esa manera aseguraban el recibimiento de más y más recursos sin la vigilancia requerida. Los entes de control durante más de tres décadas fueron testigos mudos del continuo desangre al erario.

La prensa hegemónica fue, durante esos largos 30 años, un actor político clave para salvaguardar las identidades de aquellos poderosos políticos (verdaderos politicastros) que hacían parte interesada del sistema con el único objetivo de sacar provecho económico. Desde el mismo día en el que se anunció el incremento, las empresas mediáticas abrieron sus espacios para escuchar las “razones técnicas” de ACEMI y de otras agremiaciones, convertidas en quejas y lecturas catastrofistas por el reducido incremento en la Unidad Por Capitación (UPC).  Ni los periodistas y mucho menos los agentes políticos y técnicos que hacen parte del sistema de salud han hecho referencia a los actos de corrupción que fueron llevando a la crisis, al parecer irreversible, del “aplaudido” sistema de aseguramiento en salud. Todos evitan discutir alrededor de la razón política y técnica que exhibió el gobierno para considerar el incremento del 5,36%: "las EPS no reportaron información confiable, oportuna y clara” sobre sus costos operacionales y los derivados de las demandas de los pacientes.

El colapso de las EPS y la crisis misma del sistema de salud en Colombia desvirtúa la narrativa aquella que señala que lo “privado es sinónimo de eficiencia y pulcritud”. En este caso faltó vigilancia estatal y sobró mezquindad y avaricia de gerentes, presidentes y miembros de juntas directivas que manejaron los recursos públicos de manera discrecional. Si hay oportunidad para dialogar entre el gobierno y todos los agentes involucrados para superar la crisis, lo primero que habría que acordar es la salida de todos los politicastros y la exposición de los hechos de corrupción que se taparon por presiones políticas en los más altos niveles del poder. De igual manera, confirmar el pago de millonarias sumas de dinero a congresistas-lobistas que se opusieron a la aprobación de todas las versiones de la reforma a la salud presentadas en el Congreso.

Habría también que declarar como problema de salud pública la entronización del ethos mafioso que guió la operación de específicos agentes claves del sistema de salud. Lo curioso es que no existe tratamiento médico alguno para la avaricia y la mezquindad de quienes se robaron billonarios recursos durante tres décadas. Esa crónica enfermedad solo se supera con un profundo cambio cultural al que se resisten los que en el pasado pensaron y diseñaron el sistema para enriquecerse y no para atender las necesidades de los pacientes; y los medios informativos, apéndices de poderosos agentes económicos a los que solo les interesa facturar, al parecer tampoco les interesa hablar de la imperiosa necesidad de proscribir el ethos mafioso que nos identifica como uno de los países más corruptos del mundo. 

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