PACIENTES-VÍCTIMAS DE LAS EPS: NUEVOS OBJETIVOS ELECTORALES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por cuenta de la consulta popular y los problemas con el sistema de salud, al target de los candidatos a la presidencia y al Congreso se sumarán los usuarios-clientes-víctimas de las EPS. Aunque para este grupo poblacional no habrá el sempiterno kit electoral que cada cuatro años suelen entregar los partidos y los políticos en campaña, las promesas de un mejor servicio aparecerán como por arte de magia. De hecho, la candidata presidencial de los clanes Gilinski y Gnecco, Vicky Dávila ya empezó a explotar electoralmente la penosa situación de los pacientes con enfermedades catastróficas. Su populismo ramplón y vergonzante está directamente conectado a su pasado como “periodista-periodista” pues la señora sabe muy bien qué es eso de la porno miseria mediática. Eso sí, dudo mucho que entienda cómo opera el pérfido modelo de salud en el país, que incluye la integración vertical en la que se gastaron millones de pesos y por esa vía desmejoraron la atención de los pacientes y por supuesto se perdieron billonarios recursos públicos en la sempiterna corrupción privada.

Hay en las redes sociales una enconada disputa entre bodegas y perfiles alrededor del establecimiento de responsabilidades en la crisis de un modelo de aseguramiento diseñado a la perfección para el desvío de dineros públicos y el enriquecimiento de unas cuantas familias y políticos metidos en el lucrativo negocio. La narrativa de la derecha neoliberal que defiende a dentelladas el perverso sistema de salud es fácil de usar en contra del actual gobierno: cuentan sus más visibles voceros con la prensa bogotana y regional y los noticieros nacionales dispuestos todos a explotar el dolor y las angustias de los enfermos, vistos por los periodistas como víctimas del gobierno y no de las EPS y de las empresas encargadas de dispensar los medicamentos. Por lo anterior, debe el gobierno Petro, de la mano de la Supersalud, hacer ingentes esfuerzos administrativos y logísticos para mejorar la prestación de los servicios de salud. Ya la prensa tradicional aprendió cómo hacer para que la gente salga berraca a votar.

De continuar la exhibición mediática de las angustias de los pacientes, es fácil imaginar las ofertas de los candidatos al congreso y a la presidencia amigos y defensores a muerte de la Ley 100 del 93: “acabaré con las filas para recibir los medicamentos”; en mi gobierno se girarán los recursos a tiempo y se aumentarán los pagos por capitación y reservas técnicas”; “volveremos a ser uno de los mejores sistemas de salud de todo el continente americano”; “no permitiremos la estatización del modelo de salud, no volveremos a los tiempos del Seguro Social”.

Mientras el gobierno escribe las preguntas que los colombianos deberán responder la consulta popular, las notas periodísticas de las empresas mediáticas aumentarán considerablemente con los fines electorales ya señalados. Esa es, desde ya, la estrategia política y electoral de las EPS para mostrarse como víctimas del gobierno Petro. Insistir en ralentizar la entrega de medicamentos y el asegurarse que siempre haya interminables colas a las afueras de las entidades prestadoras de salud ayuda a los medios hegemónicos a hacer la tarea compartida de señalar como el único culpable del colapso del sistema de salud al gobierno de Gustavo Petro. Estamos ante una sinuosa estrategia que beneficia a los propietarios de las EPS y a los medios masivos que le hacen oposición al actual gobierno.

COLAS EN CALI PARA RECLAMAR MEDICAMENTOS AVENIDA DE LAS AMERICAS - Búsqueda Imágenes

EL NEGOCIO DE LA SALUD Y LA AVIESA CONDICIÓN HUMANA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En la crisis del sistema de salud de Colombia confluyen factores-actores que la explican y que a su vez son síntomas de los graves problemas que arrastramos como sociedad civilizada. El Estado es el primer actor-factor que aparece en el colapso de un sistema de aseguramiento pensado más como negocio que como paradigma de solidaridad y respeto a los derechos de los pacientes.

En la operación del Estado surgieron dos preguntas: ¿Para qué el Estado? Se trata de un interrogante que nos retrotrae a los orígenes mismos de esa forma de dominación, cuyo sentido filosófico y político se fue diluyendo en el tiempo gracias en gran medida a la doctrina neoliberal. La segunda pregunta, para quién el Estado, nace del triunfo del capitalismo salvaje, fundado especialmente en un factor antropológico clave: el egoísmo de los seres humanos.

El ethos mafioso con el que siempre funcionó el “mejor sistema de salud” garantizó una única respuesta al segundo interrogante: el Estado para unos pocos. Así las cosas, la operación de todos los agentes al interior del sistema de salud se dio en torno a ese pernicioso y sinuoso ethos, muy propio de seres humanos amantes del capital y del poder político, pero, sobre todo, interesados en hacerse ricos a costa de la vida y de los derechos de los demás. En un Estado para unos pocos su captura por parte de clanes políticos es una condición natural y necesaria para que durante más de 30 años el sistema de salud se usara para que unas pocas familias se enriquecieran a costa de la vida y el bienestar de millones de colombianos. 

El segundo actor-factor es la política y la acción misma de los politicastros que capturaron el sistema para tener el suficiente músculo económico para financiar grupos paramilitares, campañas electorales, pautar en medios de comunicación y también para consolidar un lucrativo negocio usando la integración vertical para monopolizar los servicios de salud en unos pocos actores empresariales que se beneficiaron de la falta del control de un Estado tan privatizado como el sistema de  salud mismo.

Las juntas directivas de casi todas las EPS operaron como agentes financieros que desviaron billonarios recursos públicos, manejados en paraísos fiscales o invertidos en negocios inmobiliarios. Por supuesto que los miembros de esas juntas directivas contaron con la colaboración de los entes de control, de ministros de salud y del poder político bogotano que a pesar de saber de la existencia de la corrupción al interior de las EPS prefirieron guardar silencio y dejar que el colapso del sistema se dilatara en el tiempo, hasta que llegó el gobierno Petro a tratar de desmontar el entramado mafioso, hijo del bajo o escaso sentido ético de un sistema privado que desde el principio desconoció los principios de respeto, solidaridad y empatía con los pacientes. Aparecieron entonces los carteles de la hemofilia y la práctica criminal de cobrar servicios de salud prestados a pacientes fallecidos, entre otros ejemplos.

El tercer actor-factor es societal y de este hacen parte elementos culturales que dan vida a  eso de “ser colombiano” que, para el caso, es sinónimo de ser torcido, malicioso, insolidario, poco empático, ineficiente, mañoso, mentiroso, mafioso y corrupto. Todo el sistema de salud está permeado por esa condición civilizatoria que para el caso colombiano deviene naturalizada y difícil de superar. Desde los funcionarios de las empresas que dispensan los medicamentos por orden de las EPS y que se atreven a negar la entrega de esos insumos médicos señalando que hay desabastecimiento, hasta los directivos de las entidades prestadoras de salud que obligan a los pacientes a interponer tutelas, mientras que desvían los recursos públicos.

Todos los tres actores-factores señalados arriba se alimentan de una discusión ideologizada de la crisis del sistema de salud y de la incapacidad de unos y otros de poner por encima de sus intereses los derechos de los pacientes. Y claro, aparecen ya los candidatos presidenciales y exministros de salud para pescar en río revuelto. Los primeros, para hacer populismo con el sufrimiento de los pacientes y los segundos, para seguir defendiendo la impudicia de un sistema concebido por políticos y empresarios alevosos, dignos representantes de la aviesa condición humana que para el caso colombiano parece imposible de modificar. Acaparar los medicamentos, de acuerdo con lo reportado por la Superintendencia de Salud, en el caso de la firma dispensadora Audifarma, confirma que lo peor de la condición humana se sitúa y se reproduce todos los días en el País de la Belleza. ¡Qué asco!

 

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RAZONES PARA DECIR NO A LA REBAJA DE LOS SALARIOS DE LOS CONGRESISTAS

Por Germán Ayala Osorio

Lo más probable es que el proyecto de ley con el que se propone bajar el salario de los congresistas sufra la misma suerte de la reforma laboral: que se hunda. Hay varias circunstancias -o quizás son razones- que garantizarán el voto negativo a dicha iniciativa.

La primera es que muchas de las curules- por no decir todas- devienen atadas a pactos económicos y políticos entre los candidatos y los mecenas que les patrocinan las campañas. Una vez alcanzada la curul, en Senado o en Cámara, el beneficiado deberá destinar un porcentaje de los 50 millones de pesos a pagarle el favor a los bienhechores que les regalaron el puesto en el legislativo. O lo hacen de manera directa comprometiendo una parte de la jugosa asignación salarial o gestionando millonarios contratos para los contratistas, empresas o lobistas que financiaron las campañas. Esto último es “ley”. Y punto.

Convertirse en congresista, a sabiendas de que deberá legislar a favor de los empresarios que lo patrocinan y muchas veces en contra del pueblo al que supuestamente representa, constituye una forma de prostitución política no muy alejada de las prácticas y de lo que se vive en las “casas de putas” de ciudades y pueblos. Los acuerdos al interior del Congreso no se hacen necesariamente en las noches o madrugadas y bajo el bombillo rojo muy propio de las casas de citas.

La segunda es que ser congresista es una forma de escalar socialmente en una sociedad clasista y arribista como la colombiana en la que el estatus, el reconocimiento y el tener dinero suelen valer más que formarse académicamente para ejercer una profesión o de servir al prójimo. “Hacer cuatro senados y cuatro cámaras para luego irse a una playa paradisíaca” es una aspiración generalizada en muchos de los congresistas. De esa manera, garantizan su futuro. Otros se quedan más tiempo y consolidan sagas familiares a través de las cuales las curules se heredan o se traspasan entre hijos, sobrinos, tíos o amigos. Así operan los Clanes y por esa vía el ethos mafioso se naturaliza en el país y también la prostitución de la política.

Y de cara a las próximas elecciones al Congreso, quienes desde ya están pensando en llegar por primera vez o de regresar a dicha corporación deben estar haciendo fuerza y quizás presión a los legisladores para que hundan la propuesta, a todas luces inconvenientes para los intereses corporativos, individuales y de clase que los anima para intentar “coronar” una curul. De aprobarse la disminución de los salarios no tendría sentido intentar llegar al Congreso en el 2026.

En el fondo hay una crisis cultural y civilizatoria en la operación del Congreso y en las maneras regladas para llegar al Legislativo. Pluricrisis que no se superará rebajándole el salario a los HP (Honorables Parlamentarios), aunque la iniciativa resulta popularmente atractiva. De aprobarse dicho proyecto, ya buscarán las maneras de devolverle el dinero a los empresarios que les “regalaron” las curules y de sacar provecho de  ser congresista en un país como Colombia.

congresistas de colombia ganan 50 millones de pesos - Búsqueda Imágenes

EL CONCEJO DE CALI Y SU IDEA DE LA DEMOCRACIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay disímiles maneras de entender la democracia, lo que hace que dicho concepto se asuma bajo un carácter polisémico, especialmente cuando se trata de evitar la discusión pública de asuntos públicos y la negación de la palabra a las minorías.

El Concejo de Cali, por abrumadora mayoría, impidió que el abogado y veedor ciudadano Elmer Montaña Cuéllar participara del debate de control político que la bancada del Pacto Histórico realizaría en torno al asunto de la devolución millonaria del impuesto predial que la administración de Alejandro Eder hizo al Club Campestre.

Quienes defienden la negativa del Concejo sostienen que fue tomada en democracia, esto es, por voluntad de las mayorías. Esa es una vieja y tradicional acepción de la democracia que aún hace carrera entre millones de colombianos. Lo actuado por los concejales que negaron la participación del mencionado veedor hace parte de lo que se conoce como democracia procedimental que, atada a protocolos y reglas de juego previamente establecidas, termina evitando la discusión ético-política y moral que está detrás del delicado asunto de la devolución millonaria del impuesto predial. Montaña Cuéllar, previo a su fallida participación en el recinto del Concejo, había radicado la denuncia correspondiente en la Fiscalía porque considera que se cometió un peculado, delito considerado como grave. Ese elemento jurídico-político era suficiente argumento para que los concejales aprobaran su presencia dentro de las instalaciones del legislativo local para justamente debatir la validez de los argumentos expuestos por el abogado.

Por el contrario, quienes exigían la presencia del veedor en la sesión de control político están haciendo un uso más amplio de la democracia. Y lo hicieron a través de la categoría poliarquía que en su momento acuñó Robert Dahl en su pretensión teórica y práctica de perfeccionar la democracia como régimen de poder. Dentro de los cinco criterios con los que Dahl le dio vida al concepto de poliarquía está el de “control del programa de acción”, que no es otra cosa que la oportunidad que tienen los ciudadanos sometidos (se llaman también gobernados) por el poder político a cuestionar las decisiones de quienes gobiernan. Y claramente la actuación administrativa que terminó en la devolución de más de dos mil millones de pesos de impuesto predial al exclusivo Club Campestre es una decisión que está siendo cuestionada ética, moral, social y jurídicamente.

Así las cosas, mal hacen los concejales de Cali en continuar atados a la tradicional acepción de la democracia, cuando hay un asunto público que interesa a la ciudad y que resulta determinante en lo fiscal para el municipio; además, dicha decisión deviene con un tufillo clasista que alimenta la evidente fragmentación social de la sociedad caleña. Recordemos que Eder, siendo candidato a la alcaldía, dijo que iba a “reconciliar a los caleños. Yo voy a reconciliar a Cali. Estos cuatro años han sido terribles, inclusive se han alimentado las divisiones desde el poder público”. A lo mejor la devolución del predial al Club Campestre no es precisamente un gesto que vaya en la dirección planteada por el entonces candidato y hoy alcalde de la ciudad.

CONGRESISTAS DOMADORES DE BESTIAS, SIN PRIMARIA Y BACHILLERES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En medio del pugnaz enfrentamiento político entre el presidente Petro y los ocho congresistas de la Comisión VII del Senado que hundieron el proyecto de reforma laboral, en las redes sociales circulan las hojas de vida de varios de esos legisladores ya elevados por los petristas a la condición de “enemigos del pueblo”.

De Josue Alirio Barrera Rodríguez circulan datos que lo hacen “indigno” de estar en el Congreso por sus escasos estudios académicos- no terminó el bachillerato-. Es caballista y domador de bestias y campeón de coleo. Ya en el pasado el también congresista del Centro Democrático, Ernesto Macías había sido escaldado en las redes sociales por ser apenas bachiller. Quienes los descalifican por la escasa formación académica parten de la idea- errónea por demás- de que pasar por la universidad y obtener títulos de maestría y doctorados son sinónimos de inteligencia y capacidad para discernir sobre asuntos complejos. Y no es así.

Eso sí, las burlas y cuestionamientos abren la posibilidad de examinar el perfil ideal para aspirar a ser congresista. La constitución política de Colombia ordena que para “ser elegido senador se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad a la fecha de la elección”; para el caso de los representantes a la Cámara, ser colombiano y tener más de veinticinco años de edad en la fecha de la elección” (Artículos 172 y 177). No es objeto de esta columna cuestionar esos criterios consagrados en la Carta Política porque, al igual que los estudios académicos, no garantizan que los congresistas legislen con seriedad, rigor legal, consistencia política y sobre todo que representen los intereses quienes ayudaron con los votos a elegirlos y por intermedio de estos defender a los del pueblo en general. Todo en el marco de una idea de democracia que deja de lado los intereses individuales de los candidatos a llegar al Congreso, pero sobre todo, las apuestas ético-políticas de los partidos y del empresariado que financian sus campañas para que defiendan sus intereses, casi siempre cargados de mezquindad.

Que al Congreso de la República lleguen personajes como Jota P Hernández, Miguel Polo Polo, Ernesto Macías y Carlos Felipe Mejía, para nombrar a los más cuestionados en las redes sociales, pone de presente, primero, las responsabilidades individuales de quienes creyeron que tenían los méritos suficientes para llegar al Congreso a legislar por el bien del país y por supuesto las que deben asumir los partidos políticos que les dan los avales. El país político y mediático los reconoce como políticos poco leídos y con una evidente incapacidad discursiva y una nula oratoria. Sus discursos de odio y sus vociferantes intervenciones públicas dan cuenta de la pobreza cultural que los acosa, característica muy común en millones de colombianos que poco tiempo dedican a la lectura y a la formación en criterio, incluso por fuera del sistema educativo.

Mejía, por ejemplo, fue caricaturizado por Matador como un “perro rabioso” que, en lugar de dar discusiones técnicas y políticas, terminaba descalificando a sus contradictores por el simple hecho de ser de izquierda o progresista. Se hizo viral el enfrentamiento con Gustavo Petro cuando este último fungía aún como senador de la República. Recordemos apartes de ese encontronazo:

Carlos Fernando Mejía: “Jamás ha salido este senador con una amenaza para nadie. Aquí son los violentos, los que, como el senador Petro, salen a decir que se acabe la violencia e invitan a los jóvenes colombianos a incendiar la patria. Usted es el que sobra, aquí, senador Petro, usted es el que sobra en este Congreso”.

Gustavo Petro: “usted cree que aquí solo deben estar los que piensan como usted, y ese piensan lo pondría entre comillas. Cree que solo se tiene que uniformar la sociedad y encuadrarla, incluso, de manera militar para decir que aquellos encuadrados son la sociedad de bien y que los demás no lo somos. Los que excluyen han provocado que millones de personas salgan a las calles, pues llegó la hora de reformas democráticas y la respuesta del Gobierno ha sido no escuchar, taparse las orejas, hacer como el avestruz, decir que sobran y mandar las armas del Estado para contenerlos. El día que nosotros seamos Gobierno no le diremos a usted, ni a los que son como usted, que sobran, les tenderemos la mano. Lo necesitamos igual de vociferante, pero ojalá más leído”.

También fue viral el enfrentamiento entre Mejía y el senador Benedetti. Este último le dijo lo siguiente al agrónomo con Maestría en Gobierno y Gestión Pública, Carlos Fernando Mejía: “Quiero decirle algo, que hay un consenso entre los 100 senadores, 108, hasta de su partido, de que usted es el tipo más bruto de este Congreso de la República (...) No se ha leído un libro, habla todo el día huevonadas, cosas tontas, que castrochavismo, se murió Chaves y Castro y usted sigue hablando de esa huevonada…”

Así las cosas, la pobreza lexical y discursiva, la falta de oratoria y la incapacidad para articular discursos medianamente inteligentes de Barrera, Mejía, Macías, Polo Polo y Jota P Hernández hablan mal de quienes avalaron y financiaron sus campañas hacia el Congreso con el único propósito de cumplir órdenes y de seguir al pie de la letra las instrucciones de bancada: torpedear las discusiones, levantar el quorum, descalificar a sus adversarios y legislar en contra de las grandes mayorías. Ellos son simples instrumentos de un régimen de poder cuyos mayores exponentes se caracterizan por su enorme pobreza mental y cultural para liderar procesos civilizatorios que lleven al país a estadios de modernidad.

Quizás sea posible aplicar a los políticos y a la política, en particular a quienes aspiran a convertirse en congresistas, lo que dijo Kapuscinski de los periodistas: 'Para ser buen periodista hay que ser buena persona'. O a lo mejor, las decisiones adoptadas por los congresistas de la Comisión Séptima que hundieron la reforma laboral, exigida por la OCDE y la OIT, oscilen entre lo fenotípico y lo genotípico. Recordemos lo que exclamó el presidente Petro: “Maldito el parlamentario que destruye la prosperidad de su propio pueblo”.

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“ESTAMOS CANSADOS DE LA POLARIZACIÓN”

 

Por Germán Ayala Osorio

 

“Estamos cansados de la polarización”, gritan Fajardo y otros agentes del uribismo al ver que el presidente de la República acude a una parte del constituyente primario como última salida para ver si logra sacar adelante las reformas sociales que prometió en campaña. Y si, les cabe razón en que debe haber sectores societales cansados de los constantes enfrentamientos discursivos entre Petro y la derecha empresarial, mediática y congresional que le hacen oposición. Bajo ese ambiente, el diálogo entre diferentes prácticamente se torna imposible y por esa vía se resiente la democracia y sus mecanismos de participación terminan alimentando el odio entre clases sociales. El triunfo del No en el plebiscito por la paz de 2016 coadyuvó en gran medida a evidenciar la animadversión entre ricos y pobres, entre progresistas y la derecha.

Escudriñemos en el significado del término polarización y en las circunstancias culturales e identitarias que facilitan e incluso promueven ese ambiente de crispación ideológica que vive el país desde antes del 7 de agosto de 2022.

El sentido que la derecha y en particular el uribismo le da al vocablo polarización apunta a la existencia de una actitud política irracional, vindicativa, subversiva e inconveniente para el país y la tradición de quienes exigen cambios estructurales en las correlaciones de fuerza y en las maneras en las que opera el Estado, capturado de tiempo atrás por una élite política y económica rentista, precapitalista e interesada en que esa forma de dominación sirva para extender en el tiempo sus privilegios como clase dominante.

Es decir, Petro y quienes lo siguen serían los únicos agentes polarizantes en el tercer país más desigual del mundo; en una sociedad clasista, racista, homofóbica y misógina, conservadora y premoderna; en un Estado que viola los derechos humanos y en gobiernos al servicio de mafias de todo pelambre. Así las cosas, oponerse a ese conjunto de circunstancias culturales que desafían los procesos civilizatorios echados a andar por la humanidad en otras latitudes es propio de agentes irracionales, violentos y simpatizantes del “comunismo o del castrochavismo” que exigen cambios a todas luces inconvenientes para una sociedad que simplemente es así y de esa forma debe continuar.

Hace años atrás, en magistral columna, Sara Tufano expuso su idea en torno a ese concepto que hoy le sirve a la sempiterna derecha como fachada electoral para presentarse como la única fuerza capaz de superar la bendita polarización en las que nos metió Petro, el progresismo y la izquierda por cuenta de estar exigiendo cambios a una sociedad que aprendió a naturalizar la pobreza, la mezquindad, las desigualdades, el ethos mafioso y la captura igualmente mafiosa del Estado.

Tufano dijo en ese momento que “la idea de que Colombia vive una intensa polarización se popularizó durante la campaña presidencial de 2018. En ese entonces, varios simpatizantes de la Colombia Humana explicamos que no se trataba de la oposición entre dos extremos equivalentes, puesto que mientras el proyecto uribista buscaba hacer trizas los acuerdos, la Colombia Humana buscaba preservar el acuerdo de paz y ampliar la democracia. En el debate público nos enfocamos en desmentir la idea de que la Colombia Humana se situaba en un extremo del espectro político, ni podía ser equivalente a la extrema derecha personificada por Álvaro Uribe, pero poco se habló del origen de la idea de la polarización”.

Sara Tufano considera que la derecha internacional y la colombiana se viene radicalizando en sus formas de ejercer el poder, asunto que les permite macartizar a quienes, desde la izquierda, el progresismo e incluso el feminismo le apuestan a defender el acuerdo de paz de La Habana, profundizar  la democracia y cambiar todo lo que ha estado mal durante años en la Colombia gobernada desde sus inicios como República por una derecha conservadora, neoliberal, clasista, racista y violenta con las grandes mayorías y hasta con la propia naturaleza.

Fajardo, Cabal y Dávila de Gnecco, entre otros más, insistirán en que el país está mal por cuenta de la polarización política promovida por Petro, con el único propósito de ocultar las circunstancias contextuales generadas o defendidas por ellos mismos como agentes del Establecimiento colombiano. La derecha uribista ya convirtió la frase “estamos cansados de la polarización” en un eslogan de campaña, junto a las ya conocidas y falaces consignas de “vamos a recuperar a Colombia” o “vamos a reconstruir al país”.

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PETRO Y LA FILTRACIÓN DE LA CIFRA DEL DANE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En medio de las movilizaciones, el presidente Petro cometió la imprudencia o la indelicadeza de publicar el dato del crecimiento de la economía en enero, del 2,65%, que previamente le había entregado la dirección del DANE. La publicación la hizo el presidente a las 9 y 28 am del 18M, cuando las marchas empezaban a llegar a los puntos de concentración. Para el caso de Bogotá, a la Plaza de Bolívar.

Es una práctica institucional que el DANE primero publique los datos de manera oficial y luego sí el jefe del Estado haga uso político de los mismos. Angustiado por el “bloqueo institucional” a las reformas sociales que sin duda el país necesita, el mandatario de los colombianos usó la información para “sacar pecho” ante la opinión pública.

Varios analistas en la propia red X, incluido el exdirector de esa entidad, Juan Daniel Oviedo y Pedro Medellín en Caracol Ahora fustigaron la decisión presidencial al considerarla de mal gusto y con efectos negativos para la imagen del DANE, institución técnica que conserva una gran credibilidad. Lo que espetaron los analistas frente a la publicación del dato económico apunta a que es la primera vez que un jefe del Estado comete semejante imprudencia. Lo hecho por Petro podría afectar la credibilidad de la entidad.

Se trató de un error y de una imprudencia. Eso sí, no creo que lo hecho por Petro fuese tan grave como lo que ocurrió con la renuncia de César Caballero, director del DANE durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para quienes suelen tener frágil memoria, aquí les recuerdo lo sucedido en aquel momento.

La dimisión de Caballero se produjo después de que alguien de la Casa de Nariño (Nari, en la época) le diera la orden de cancelar la rueda de prensa en la que se socializarían los resultados de la encuesta sobre víctimas de la violencia en las grandes ciudades. Ante semejante intromisión en las tareas del DANE, el entonces director renunció. Esto dijo al diario El Tiempo:

“Los datos de la encuesta ya habían sido presentados a los alcaldes, y a los directores de la Policía y el DAS. Los alcaldes encontraron que eran útiles en la formulación de políticas para las ciudades, frente a la criminalidad. Consultado sobre quién le dio la orden de no divulgar los resultados de la encuesta, Caballero dijo que el personaje no vale la pena mencionarlo. Esa tarea se la dejo a los periodistas. Al ahondar en los motivos de su renuncia, el director saliente del Dane señaló: Mi criterio como funcionario y ciudadano es que la información del Dane no le pertenece al Estado sino a la sociedad colombiana, y que tan pronto el Dane sienta que los datos cumplen con el rigor técnico debe hacerlos públicos de la manera más rápida y transparente posible. Desde hace algunas semanas se había hablado de presiones sobre los resultados de los estudios del Dane. En particular, de que el Dane no publicara cifra alguna sin que antes fuera revisada por el Departamento Nacional de Planeación”.

No se pretende disculpar lo hecho por el presidente Petro. Por supuesto que cometió un grave error. Pero en perspectiva histórica, esa decisión presidencial no se compara con lo que sucedió durante el gobierno de Uribe y que provocó la renuncia del director del DANE.

AUTOCENSURA EN LAS MARCHAS DEL 18M

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Cumplidas las movilizaciones convocadas por el gobierno Petro para este 18M, el reconocimiento de su carácter multitudinario no lo hicieron los grandes medios masivos. Noticias Caracol, por ejemplo, evitó a toda costa hacer referencia a la cantidad de gente que salió a marchar en las principales ciudades del país. Sobre la concentración de los marchantes en la Plaza de Bolívar de Bogotá apenas dejaron escapar el término “llena”. Lo más probable es que se haya tratado de un lapsus. 

En los registros de los recorridos, Caracol Noticias mostró imágenes de caminantes “sueltos”, sin expresar calificativo alguno, esperando que las audiencias creyeran en ese fragmento de la realidad construida periodísticamente a través del ojo de la cámara. En otras oportunidades, el mismo noticiero y las otras empresas mediáticas hacían ingentes esfuerzos por calcular la cantidad de gente que le cabe a la Plaza de Bolívar. En el 2023, a propósito de las marchas de la Oposición, El Espectador así registró el hecho: “así se vivió la marcha de los opositores a Gustavo Petro en Bogotá. Más de 2.500 de opositores(as) ejercieron su derecho a manifestarse en contra del actual Gobierno. La oposición se reunió a las 9:00 de la mañana en el Parque Nacional y marchó pacíficamente rumbo a la Plaza de Bolívar. Así se vivió esta jornada en la capital del país”.

Ya lo había advertido en una anterior columna: la directriz editorial consistía en desestimar el impacto de las movilizaciones, poniendo el foco en actos vandálicos que infortunadamente sucedieron y evitando calificar las marchas. Al final cumplieron con el objetivo de evitar a toda costa magnificar las movilizaciones, esto es, evitar calificarlas como apoteósicas, monumentales, grandiosas, multitudinarias, profusas, entusiastas o frenéticas.

Por lo menos así fue el tratamiento noticioso que expuso el señalado noticiero en su emisión del medio día del 18M.  En la emisión de la noche invitaron a varios analistas, todos críticos del Gobierno  y cercanos al Establecimiento. La lectura compartida entre los académicos invitados es que la campaña presidencial de 2026 ya inició. 

La pregunta que surge es: a parte de los medios hegemónicos, ¿qué organismos oficiales o privados están en la capacidad técnica y política de reconocer y validar lo ocurrido en las marchas del 18M en el país? El interrogante cobra sentido al saber que la prensa hegemónica está del lado de Fenalco y de los otros sectores de poder político y económico que se oponen a todas las reformas sociales presentadas por el gobierno Petro al Congreso.

Insisto en que los youtubers, influenciadores y bodegas petristas deben trabajar de una mejor manera para contrarrestar la autocensura en la que incurrió Noticias Caracol y construir una sólida narrativa que demuestre que efectivamente la convocatoria al pueblo por parte del presidente fue un rotundo éxito y que el camino hacia la consulta popular está despejado.  

No sé si la generación de estadios de opinión pública favorables o no a la convocatoria de la consulta popular y al propio gobierno se den hoy de manera exclusiva en las redes sociales, escenario que al parecer manejan de una mejor manera los amigos y seguidores del gobierno Petro, frente a las formas como las usan los contradictores y enemigos del gobierno. Insisto: no se puede desestimar el poder de penetración de noticieros como Caracol y RCN, cuyas emisiones se escuchan y se ven en restaurantes, peluquerías, aeropuertos y hospitales, entre otros lugares. Hay una población adulta que se informa solo por esos dos medios.

El diario El Espectador, que también hace parte de la cofradía de medios que se oponen políticamente a Petro, registró las marchas con un parco titular que va en la misma línea de Noticias Caracol de minimizar el impacto y la visibilidad de las marchas. “Marchas del 18M: tras intervención de Petro, Plaza de Bolívar se empieza a vaciar”. Este último verbo hace pensar en que reconocen implícitamente que dicho espacio público efectivamente se llenó. Negarse a dar un número es una forma de autocensura. 

El titular de Semana va en la misma dirección del publicado por el diario bogotano: “Marchas 18 de marzo, en vivo | En Bogotá y Cali se presentaron algunos hechos vandálicos en las marchas convocadas por Petro”. Darle visibilidad a los hechos violentos por encima de las manifestaciones hacía parte de la estrategia mediática. 

El Colombiano, medio uribista que viene haciendo una férrea oposición a Petro, hizo lo propio. En el diario antioqueño y en el centro arriba de la portada se lee el siguiente titular: “Minuto a minuto | Marchas 18M: “La movilización será permanente, arranca la consulta popular”: Petro”. También aparece otra nota con este título: “Petro da discurso contra senadores, alcaldes y empresarios: “Si no aceptan la consulta, el pueblo los sacará del Congreso”. Al poner el foco en lo dicho por el mandatario, la numerosa participación ciudadana pasa a un segundo plano, pues se prioriza la "amenaza" presidencial y por esa vía se aporta a la consolidación de la idea de que el presidente es el único que polariza. 

Eso sí, todos los medios arriba referidos evitaron calificar las movilizaciones como apoteósicas, contundentes, masivas o multitudinarias. En eso trabajaron de manera coordinada para recrear una realidad social y política contraria a las pretensiones del presidente de la República.

Foto: Jose Vargas Esguerra, tomada de EL ESPECTADOR. 

NOTICIAS CARACOL Y LA PORNO MISERIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el registro de hechos catastróficos como inundaciones (avalanchas), guerras o terremotos los periodistas suelen poner el foco en el dolor y la desesperanza de las víctimas para tocar las fibras de las autoridades y del resto de la humanidad con el fin de movilizar recursos y acelerar las intervenciones estatales para paliar el sufrimiento humano. Esos mismos tratamientos periodístico-noticiosos han de darse desprovistos de lecturas politizadas, en especial cuando se cubren terremotos e inundaciones. Cuando se cubren guerras, la toma de partido de los medios y periodistas son evidentes. El caso de Gaza es claro: todos los medios colombianos apoyan las prácticas genocidas perpetradas por Israel contra el pueblo palestino.

Hay una línea muy delgada que los periodistas suelen traspasar entre el cubrimiento de esos hechos con fines humanitarios y el registro de los mismos hechos noticiosos con objetivos políticos. Se trata de unos límites entre una ética periodística al servicio de las comunidades que sufren y una con fines de explotación comercial (rating) y de establecimiento de responsabilidades políticas de un gobierno en particular.

Desde el 7 de agosto de 2022 todas las empresas mediáticas tradicionales de Colombia fungen como actores políticos que le hacen oposición al gobierno de Gustavo Petro. El propósito es uno: generar estados de opinión pública adversa con tratamientos periodísticos tendenciosos, exagerados, mentirosos y amarillistas propios de lo que se conoce como la “porno miseria”. Pues bien, Caracol Noticias, el periodista Diego Guauque y el programa Séptimo Día decidieron abordar los problemas en la entrega de medicamentos a pacientes del sistema de salud explotando el dolor y la angustia de quienes hoy sufren las consecuencias de la corrupción al interior de las EPS, la especulación con los medicamentos y otros insumos con un propósito político: aportar a la consolidación de un ambiente negativo en el Congreso de cara a la discusión del proyecto de reforma al sistema de salud colombiano, culpando al gobierno Petro de una crisis económica y de atención que se viene gestando y dándose desde hace más de 30 años. De repente, Guauque y compañía se olvidaron de los paseos de la muerte registrados por la misma prensa en años anteriores. 

El periodista Diego Guauque, paciente que sobrevivió al cáncer, llegó a una EPS preguntando a voz en cuello quiénes de los allí presentes no habían recibido los medicamentos esenciales para sus tratamientos. Sin duda alguna, una puesta en escena con la que logró el registro de testimonios dolorosos e incluso, del llanto de un adulto mayor que expuso sus dolencias en la próstata. La elección de casos específicos de pacientes cuyas vidas dependen de un medicamento o de un tratamiento de diálisis sirvieron al propósito del noticiero, de Séptimo Día y del propio reportero: responsabilizar al gobierno del colapso del “mejor sistema de salud del mundo”.

Desde la perspectiva de la porno miseria, los tres señalados agentes periodísticos usaron el dolor de los pacientes para su cometido político y por esa vía contribuyeron a la creación de miedo, incertidumbre y animadversión de los pacientes hacia quienes desde el gobierno han tratado de parar el desangre financiero de las EPS, garantizado por anteriores gobiernos cómplices de la sempiterna corrupción de las entidades prestadoras de salud.

CRISIS DE LÍDERES CARISMÁTICOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En la historia reciente del país se reconocen dos líderes carismáticos: Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro Urrego. El primero logró ese reconocimiento político y social porque le habló a la Colombia creyente, camandulera, conservadora y violenta con su tonito de seminarista y el discurso propio del culebrero antioqueño. Como hijo del Establecimiento, su liderazgo carismático fue fruto del trabajo realizado por las empresas mediáticas que lo convirtieron en un fenómeno político, a pesar de su enrarecido pasado, cuestionado hoy en el juicio al que acude en calidad de acusado de delitos no políticos.

Entre tanto, Petro Urrego es un líder carismático hecho a pulso, pero, sobre todo, por fuera del Establecimiento contra el que se levantó en armas. De regreso a la sociedad, Petro supo jugar con las reglas de la democracia y mantuvo su condición de outsider y su espíritu contestario, lo que hizo que su carisma se acercara a condiciones magnéticas propias de una sociedad que siempre esperó la llegada de un verdadero Mesías.

Las diferencias entre los liderazgos carismáticos entre Uribe y Petro parten del engañoso carácter mesiánico con el que la gran prensa vendió al político antioqueño. Después de su extendido y aciago periodo presidencial, y ante la caída del teflón y de su imagen de político probo, la irrupción y el posicionamiento de Petro como el nuevo Mesías se dio relativamente fácil en la medida en que el actual jefe del Estado le habló a esa Colombia que el neoliberalismo y la Seguridad Democrática maltrataron y victimizaron, incluida por supuesto a la naturaleza, víctima de la ganadería extensiva de baja producción, el volteo de tierras en las principales ciudades del país por cuenta de urbanizadores; y el modelo de la gran plantación y los monocultivos legales e ilegales, la gran minería. Podemos decir que Uribe fue un líder carismático negativo, mientras que Petro lo es en modo positivo porque defiende la vida.

Miremos si hoy el país cuenta con otros líderes carismáticos de cara a la contienda electoral de 2026. El candidato que más exhibe la deficiencia de esa cualidad es Germán Vargas Lleras, eterno candidato presidencial de los sectores más retardatarios del país. El exvicepresidente de Santos ofrece un liderazgo negativo fruto del clasismo, aporofobia y el racismo que lo caracteriza y lo expone como un político sin gracia que solo puede establecer con sus seguidores y en general con los colombianos relaciones de dominación y sometimiento de acuerdo con su perfil violento, propio de dictadores o pequeños emperadorcitos.

El nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo no hace parte de aquellas “personas carismáticas capaces de transformar, gobernar y ordenar el mundo en que viven. Personas que, a través de su sabiduría, en las áreas de conocimiento, conectan con lo divino, con lo central de la existencia humana”. Su afán por llegar a la Casa de Nariño está fundado en la perversa tradición colombiana que por mandato natural los hijos y nietos de expresidentes de la República deben convertirse en jefes del Estado. Aunque aquello de ordenar el mundo o un país puede otorgarle algo de carisma a quienes ofrecen, proponen e incluso amenazan con “poner a marchar al país”, el clasismo, el racismo y la aporofobia se los termina anulando.

Otro de los candidatos o precandidato presidencial cuya aspiración también está atada a esa aviesa tradición familiar es Miguel Uribe Turbay, nieto de Julio César Turbay Ayala, presidente de la República que la historia política lo reconoce como un violador de los derechos humanos con su Estatuto de Seguridad. Uribe Turbay no es un líder carismático casi por las mismas razones que le impiden a Vargas Lleras ser uno de esos líderes en los que las grandes mayorías confían a pie juntillas. Eso sí, con un agravante: es un joven obsecuente y admirador de Álvaro Uribe Vélez un líder carismático creado mediáticamente y por las azarosas circunstancias contextuales de un país tomado por las guerrillas al final de los años 90. En el ocaso del expresidente antioqueño, el nieto de Turbay Ayala insiste en parecerse a quien hoy está procesado penalmente por manipulación de testigos y fraude procesal.

María Fernanda Cabal es también precandidata presidencial del uribismo, al igual que Miguel Uribe. Ambos compiten por el guiño de su Patrón, Álvaro Uribe Vélez. La senadora Cabal tampoco exhibe mayor carisma a pesar de ofrecer a las malas poner a marchar al país como lo hizo el expresidente y expresidiario antioqueño entre el 2002 y el 2010. Lo cierto es que Vargas Lleras, Uribe Turbay y la propia Cabal dejaron en el marketing político la generación del carisma que hoy nadie les reconoce. El único factor que tienen para que en los laboratorios de la publicidad política les construyan el carisma necesario para atraer seguidores es apelar a las emociones del electorado alimentadas con una gran dosis de irracionalidad, generación de miedo e incertidumbres a través de viejos fantasmas como el “comunismo y el castrochavismo”. Apelan también a las mentiras con la ayuda de la prensa hegemónica, de allí que propongan consignas como “vamos a recuperar al país o vamos a reconstruir moralmente a Colombia”.

Claudia López Hernández es una candidata presidencial cuyo carisma se fue diluyendo en gran parte por sus prácticas políticas y discursivas acomodaticias que la llevaron a que el electorado consolidara de ella una imagen negativa por su oportunismo político y lo sinuoso del proyecto de país que dice tener.

En esa misma dirección está la candidata de los clanes Gilinski y Gnecco, Vicky Dávila. En su caso ocurre un fenómeno particular: se confunde liderazgo y carisma con reconocimiento público por su labor como presentadora y periodista de varias empresas mediáticas. Tan clasista, racista y aporofóbica como los anteriores, la pobreza discursiva de Dávila de Gnecco le impide desarrollar el carisma del que aquí hablo. Algunos medios intentaron lavarle la imagen de periodista del Establecimiento, calificándola como la outsider de Colombia. Exhibe, además, una evidente confusión conceptual en materia política al defender las ideas “libertarias” de Javier Milei, presidente de la Argentina.

Se suman a este listado Sergio Fajardo, quien se mueve entre la derecha neoliberal y un fantasioso Centro que aparece cada cuatro años como alternativa política e ideológica. Fajardo repta como Claudia López. Su imagen de profesor facilita la tarea a quienes creen que pueden construirle el carisma suficiente para que el electorado considere votarlo y elegirlo presidente de la República.  Dicho lo anterior, la crisis de líderes carismáticos en el país es real. ¿Terminarán los colombianos votando por el menos malo?

Adenda: mientras que la derecha pone a rodar a varios de sus posibles candidatos, el progresismo todavía no acuerda quién llevará esa bandera. 

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MOVILIZACIONES DEL MARTES 18: DOS POSIBLES ESCENARIOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las marchas del M18, con Día Cívico a bordo, servirán para medir cómo está realmente el apoyo popular al presidente Petro y a su llamado a una consulta popular que podría terminar siendo un plebiscito.  Por todo lo que antecede, pueden darse dos escenarios: el primero, que las movilizaciones resulten multitudinarias y el segundo, que sean tan poco concurridas como esperan el empresariado, los congresistas opositores y por supuesto las empresas mediáticas que las cubrirán con especial atención.

Si la jornada favorece ampliamente al gobierno y su llamado a la consulta popular, el progresismo y Petro sacarán pecho y la asumirán como la primera batalla ganada a la derecha que se niega a instalar al país en estadios de esa modernidad tardía a la que le vienen huyendo las élites tradicionales de tiempo atrás.

Será entonces la oportunidad para crear y consolidar la narrativa que señala que efectivamente las mayorías del constituyente primario estarían dispuestas a votar afirmativamente las preguntas que den vida a la consulta popular que sí o sí deberá aprobar la plenaria del Senado. Ese resultado le metería más presión a los senadores que discutirán si aprueban o desaprueban la consulta popular. Pero cuidado que el éxito de ese discurso dependerá en buena parte de los tratamientos periodístico-noticiosos que haga la prensa hegemónica que desde ya le está apostando al fracaso de las movilizaciones del Martes 18.

Por lo anterior, la oficina de comunicaciones de la Casa de Nariño (¿Existe?), RTVC, los youtubers y las bodegas petristas deberán estar atentos a esos cubrimientos con los que las empresas mediáticas de la derecha presentarán un balance agridulce para el gobierno. Muy seguramente la directriz editorial ya está dada para todos los noticieros, periódicos y programas radiales: evitar a toda costa magnificar las movilizaciones, esto es, evitar calificarlas como apoteósicas, monumentales, grandiosas, multitudinarias, profusas, entusiastas o frenéticas. Un trabajo coordinado, pero sobre todo responsable y sin triunfalismos de parte de los medios oficiales y los influenciadores petristas sería la mejor estrategia para enfrentar a los siempre tendenciosos medios hegemónicos que harán su mejor esfuerzo para minimizar el resultado de las marchas.

Por el contrario, si las marchas resultan tímidas, casi rayando en el fracaso, los medios públicos, las bodegas y los youtubers petristas deberán redoblar esfuerzos para informar, pero sobre todo para analizar ese escenario de por sí catastrófico para el gobierno y su idea de sacar adelante la consulta popular. Se da por descontada la fiesta que se vivirá en las salas de redacción de los medios masivos del Establecimiento si las movilizaciones por lo menos en las principales ciudades del país no resultan como el gobierno espera: multitudinarias.

No se puede olvidar lo que pasó con el plebiscito por la paz. Ese día, la gran prensa le apostó al fracaso, de la mano del uribismo. Mintieron y timaron a las audiencias. El triunfo del No fue una victoria que aunque pírrica, sirvió para confirmar que las influencia de las empresas mediáticas tradicionales seguía intacta. No se puede desestimar el poder de penetración de los medios masivos, así haya evidencias de cambios en las maneras como los colombianos consumen la información. 

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LITERAL, POR DOS Y EL TEMA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el uso cotidiano del lenguaje aparecen expresiones que suelen “ensuciar” la comunicación. “Literal”, en lugar de literalmente, es uno de esos vocablos que se escuchan en la calle e incluso en oficinas.  También la expresión “por dos”, para indicar que se está de acuerdo es el de mayor acogida entre los jóvenes dentro de sus conversaciones en las redes sociales. Pero hay una tercera que viene haciendo carrera: “ese tema o hay un tema”; “es que ahí hay un tema”.

Con este último la gente evita decir que hay un asunto por resolver, o quizás una decisión por tomar; o una circunstancia apremiante que se debe enfrentar con diligencia. En ese afán por “ahorrar” tiempo y la explicación clara de lo que sucede, el uso de la palabra “tema” es ya un problema pandémico y el “tema” de esta columna.

Esos tres términos hacen parte de un problema social y cultural: la falta de lectura en los colombianos y la necesidad de abreviar en medio de una cotidianidad azarosa. Se suma al uso natural y cotidiano de esos tres vocablos el que nadie se atreve a corregir por miedo a ser rechazado o sentir que no hace parte del círculo social en el que dichas expresiones constituyen una marca de pertenencia al grupo.

Creo que con el uso exagerado de esas expresiones las funciones que propuso Jacobson terminan seriamente afectadas. Si es así, ese debería de ser un tema de discusión académica. Recordemos las funciones: función emotiva o expresiva, función apelativa o conativa, función poética o estética, función referencial o informativa, función metalingüística, función fática.

 Por ahora dejemos ahí el asunto de los términos que vienen ensuciando la comunicación en espacios públicos y privados. Aunque digan que esos vocablos dan cuenta de que la lengua está viva, también se puede señalar que vive en medio de una grave pobreza lexical de sus hablantes.

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QUIEREN HUNDIR LAS REFORMAS SOCIALES POR MIEDO AL PROGRESO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Más allá de las “diferencias técnicas” que dicen tener los congresistas que hundieron la reforma laboral con los promotores de esta, lo que en el fondo subsiste es un “miedo al progreso” asumido éste como el conjunto de sensaciones, aspiraciones, ideas y objetivos societales que apuntan a proscribir todos aquellos factores propios de las relaciones de poder dispuestos para generar condiciones de indignidad en grupos poblacionales específicos. Esas condiciones de indignidad se viven en la prestación de los servicios de salud, en el mercado laboral y en el sistema pensional.

Se trata de un miedo a reconocer a los Otros como iguales, como seres humanos dignos de gozar de derechos y de los beneficios que les debe brindar un Estado moderno al servicio del colectivo y no uno privatizado y débil que ofrece ayudas; mientras que uno fuerte y moderno, asume responsabilidades.

Ese “miedo al progreso” es fruto del clasismo, el racismo y la aporofobia de agentes de poder privilegiados, es decir, miembros de la élite política y empresarial que le siguen apostando a un desarrollo económico fundado en la concentración de la riqueza como recurso que les permite consolidar relaciones de dominación social, política y económica sobre cientos de miles de ciudadanos sometidos a condiciones de inequidad y subvaloración como seres humanos. Es decir, le apuestan a un desarrollo desconectado de cualquier idea de progreso a escala humana.

El desarrollo lo asumo como un proceso humano e histórico de transformación y sometimiento de los ecosistemas naturales-históricos a partir de valoraciones funcionales a formas de explotación y aprovechamiento de unos recursos finitos. El factor económico es fundamental en la visión moderna del desarrollo pues monetizar las actividades humanas sirvió desde una perspectiva ideal al objetivo de buscar cada vez mejores condiciones de vida para la especie humana en general a través del uso de la técnica, la ciencia y la tecnología.

Para la Contraloría General de la República (2012), el desarrollo se asume como: “un proceso de cambio sostenido, crecimiento económico y modificación estructural que involucra y relaciona los elementos naturales, construidos y socioeconómicos y que adquiere especificidad propia, a través de los determinantes culturales que le imprime cada grupo humano en particular, dirigido a elevar los niveles de bienestar social y calidad de vida” (p. 378). Justo la frase subrayada da cuenta de la conexión y la confluencia entre desarrollo y progreso. Cuando el bienestar y la calidad de vida se asumen como derechos exclusivos o privilegios de unos pocos, entonces las finas conexiones entre desarrollo y progreso se rompen. Las expresiones genuinas de ese rompimiento son la pobreza con todo y sus trampas, la desigualdad y la inequidad alimentadas por el clasismo y el racismo con el que unos pocos entienden lo que debe ser el desarrollo para el país.

El “miedo al progreso” también es fruto de una idea equivocada de la ciudadanía de parte de los miembros de las comunidades vulnerables y víctimas de un desarrollo pensado desde las lógicas e intereses de esa élite temerosa de compartir espacios sociales con quienes son vistos como ciudadanos de segunda o tercera categoría. La consecuencia más evidente de ese equívoco es que hay ciudadanos que expresan gratitud a los políticos que inauguran una vía o un hospital; otros se hincan ante millonarios mecenas que entregan obras civiles como una manera de expiar sus culpas o quizás delitos fiscales.

Los congresistas que se desaprueban y demandan la exequibilidad de las reformas sociales también lo hacen porque odian al presidente Petro y lo que él representa como ser humano y político que no se dejó seducir por los agentes del Establecimiento a los que les conviene, por físico miedo, a extender en el tiempo las condiciones de injusticia social, económica y ambiental que tantos réditos políticos les ha entregado. Esa inquina es hija de ese "miedo al progreso" del que aquí hablo. 

Los congresistas que hundieron la reforma laboral, los que tratarán de hundir el proyecto de reforma a la salud y los que demandaron la ley pensional son agentes a los que les aterra ver que millones de colombianos puedan progresar, esto es, vivir, trabajar, enfermarse y morir bajo condiciones de dignidad. Y es así, porque su actividad político-electoral resulta efectiva sí y solo sí se logran mantener las condiciones de vulnerabilidad e indignidad de esos potenciales votantes (clientes) prestos a aceptar las migajas de los servidores públicos que, además de recelosos, sienten animadversión hacia quienes simplemente son víctimas de una equívoca idea de desarrollo.

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¿A QUIÉN REPRESENTA EL CONGRESO?

Por Germán Ayala Osorio

 

Después del revuelo político que causó el presidente Petro con el llamado al pueblo para que se pronuncie ante las desconcertantes y poco democráticas decisiones adoptadas por los ocho miembros de la Comisión Séptima que hundieron la reforma laboral, resulta interesante preguntarse a ¿quién representa realmente el Congreso colombiano?

Desde la formalidad institucional brota la narrativa que señala que, por ser los congresistas elegidos por el voto popular, entonces el Legislativo, con sus dos cámaras, representa a los intereses del pueblo colombiano.  Vaya falacia. Estamos ante una monumental mentira usada por el periodismo y la academia para aplaudir y destacar que “somos la democracia más antigua de América Latina” o que “hay división de poderes”, falaces ideas y realidades que solo sirven para ocultar que la Política y los políticos en Colombia son los instrumentos de una clase empresarial que capturó el Estado en su interés de perpetuar un sistema económico semifeudal y precapitalista, justo a la medida de la incapacidad de sus más destacados miembros para liderar la construcción de una nación plural y poderosa.

Mientras las campañas al Senado y a la Cámara de Representantes sigan siendo financiadas por empresarios, paramilitares, hacendados  y carteles de todo tipo y viejos agentes del Establecimiento el Congreso de la República seguirá careciendo de la legitimidad social suficiente para atribuirse esa condición popular que indica que su conformación y operación está en función de lo que el constituyente primario exige.

Nunca como hoy se develó la naturaleza lobista y por lo tanto clasista y racista de los congresistas que vienen legislando en contra de los intereses de los trabajadores, de los pacientes y del personal médico, así como de los millones de colombianos que saben que jamás se pensionarán. Petro los llamó “malditos” por legislar contra el bienestar del pueblo. El calificativo se queda corto: son verdaderas rémoras o células cancerígenas capaces de erosionar las soberanías estatal y popular.

La conformación del Congreso bajo esa engañosa condición de lo popular ha hecho pensar a muchos colombianos que los congresistas se deben al país. No. Se deben, en primer lugar a los financiadores privados que les compran las curules para que defiendan sus intereses, siempre mezquinos, pues no guardan relación alguna con el grueso de las necesidades de un pueblo atormentado por la desigualdad, la pobreza, pero sobre todo, por  la apacible ignorancia de quienes venden su voto por el sempiterno kit electoral o de otros tantos que son incapaces de discernir en torno a los problemas estructurales del sistema político y la debilidad del régimen democrático. 

En segundo lugar, esos congresistas o lobistas con fuero están en el Congreso para amasar la fortuna necesaria que les permita asegurar su bienestar individual y familiar así como las mejores relaciones clientelares que permitan que otros miembros de sus familias puedan acceder en el futuro a una curul para extender en el tiempo las relaciones de dominación de lo privado, sobre lo público. Baste con recordar lo dicho por la congresista Catherine Juvinao cuya máxima aspiración es hacer dos cámaras y dos senados, es decir, estar 16 años en el Congreso, para luego irse a vivir a una paradisíaca isla para ver desde allá cómo legisló en contra de las grandes mayorías.

La operación de un Congreso bajo esas condiciones constriñe la democracia y frena cualquier posibilidad de cambiar un país que tiene todo para superar sus ya naturalizados problemas sociales. Por esa vía, el Congreso colombiano es una corporación vergonzante pero fiel exponente de lo que somos como sociedad.

 

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CONSULTA POPULAR, LA ÚLTIMA JUGADA DE PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con un llamado a movilizaciones sociales y la convocatoria a una Consulta Popular el presidente Petro hará frente a lo que  el llama el “bloqueo institucional” aupado por congresistas de la Oposición y otros agentes del Establecimiento colombiano que se resisten a cambiar los “Estados de Cosas Inconstitucionales” que restringen y violan los derechos laborales, a la salud y a pensionarse de millones de colombianos.

La alocución presidencial del 11 marzo confirma la ruptura de las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, situación que bien se puede extender a las altas cortes que han aportado al “bloqueo institucional” de las reformas sociales presentadas por el gobierno Petro al Congreso. Recordemos que la Corte Constitucional está por fallar sobre la exequibilidad de la ley pensional que se aprobó en el Congreso. Senadores del Centro Democrático demandaron la norma, como expresión clara de su interés como colectividad de extender en el tiempo la enorme dificultad de millones de colombianos para alcanzar una pensión en un sistema de aseguramiento pensado para que unos pocos alcancen una jubilación.

El llamado a una Consulta Popular le entrega a la plenaria del Senado de la República la responsabilidad política y social de aprobar o no el texto con el que el gobierno Petro justificará la convocatoria a ese mecanismo de participación ciudadana. De ser aprobado, y después de surtir un par de etapas más, el electorado deberá salir a las urnas y votar a favor o en contra de las preguntas que  darán sustento a dicha consulta.

Se trata sin duda alguna de una arriesgada salida institucional y constitucional que confirma el talante democrático del presidente de la República, pero que al tiempo expone el proyecto político progresista a sufrir una derrota electoral y política. Por estas razones podría fracasar: 1. Los grandes medios de información están alineados con los sectores de poder político y económico que se oponen a las reformas sociales, lo que no es otra cosa que la patente de corso para manipular y mentir tal y como lo hicieron durante la campaña del No en el plebiscito por la Paz. Recordemos que, por culpa de esas empresas mediáticas, la derecha logró que millones de colombianos engañados “salieran berracos” a votar por el No. 2. Los empresarios que no apoyan la reforma laboral, por ejemplo, presionarán a sus trabajadores para que voten negativamente la Consulta Popular. No se puede descartar que haya amenazas de despidos.

Bajo esas circunstancias, el gobierno Petro se expone a una derrota si esos dos actores, las empresas mediáticas y los empresarios logran sus cometidos con unas audiencias y un electorado asalariado temeroso de ser despedido por secundar las reformas del gobierno. Por supuesto que la clase política que lidera el “bloqueo institucional” hará lo propio para garantizar que la consulta popular fracase. 

Si por el contrario los trabajadores y en general la opinión pública entienden que es tiempo de ponerle fin a esos Estados de Cosas Inconstitucionales en los que opera el sistema de aseguramiento en salud y pensión y el mercado laboral, la votación masiva por un SÍ a las reformas sociales de inmediato se convertirá en un plebiscito que posiblemente garantice el triunfo electoral en el 2026 al progresismo, siempre y cuando la figura escogida para llevar esa bandera no genere rechazo, tenga carisma y sepa capotear la embestida mediática que de todas maneras se va a dar cuando llegue el momento de votar en las presidenciales.

Con este llamado a la Consulta Popular y a las movilizaciones sociales la crispación ideológica y el conflicto entre clases sociales enrarecerán aún más el actual escenario preelectoral en el que estamos. Las elecciones de 2026 podrían tornarse violentas si la Consulta Popular es aprobada y el progresismo logra mantenerse en la Casa de Nariño.  Veremos cuál de los “dos pueblos” que parecen existir en Colombia gana las elecciones.

 

 

CRISTIANOS AYUDARON A SEPULTAR LA REFORMA LABORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La ponencia negativa con la que ocho congresistas de la Comisión VII del Senado hundieron el proyecto de reforma laboral constituye un acto político, antidemocrático, autoritario y clasista. Es político porque la decisión de los legisladores no está sustentada exclusivamente en asuntos técnicos relacionados con los impactos económicos que podría generar o no sobre el mercado laboral. Por el contrario, el hundimiento es fruto del lobby de los gremios económicos, los mismos que patrocinan a los partidos políticos y en varios casos de manera directa financian las campañas de los congresistas que terminan legislando a favor de sus mecenas y en contra, en este caso, de la clase trabajadora.

Es profundamente antidemocrático porque impide la discusión del articulado, evitando así que los congresistas afines a la reforma expongan sus argumentos en el marco de un debate que debería de ser académico, político, técnico y plural.  El miedo a ser vencidos en los debates y el afán de bloquear al proyecto progresista pudo más que la revisión de las exigencias internacionales de la OIT y la OCDE por mejorar las condiciones laborales de millones de colombianos que están sometidos a condiciones de explotación y pauperización laborales por los tipos de contratación y los ambientes en los que los patronos violan sistemáticamente los derechos humanos.

La decisión de los ocho congresistas resulta autoritaria desde el punto de vista de la representación política que cada uno de los legisladores lleva a cuestas y en general por la existencia y operación de un Congreso cuya legitimidad obedece a una concesión del constituyente primario que confía en que sus intereses deben ser defendidos por quienes ostentan la dignidad congresional, que se supone es de carácter social y pública, y no privada para favorecer a los gremios económicos y a los empresarios que se vienen oponiendo a la reforma laboral.

Lo hecho por los ocho congresistas es propio de una sociedad clasista como la colombiana. Al hacer parte de un grupo poblacional privilegiado – se ganan 50 millones de pesos mensuales- los legisladores toman distancia de la inmensa mayoría de ciudadanos colombianos que viven del rebusque o que trabajan bajo condiciones precarias. Por ese camino, su desconexión social con los millones de colombianos que se beneficiarían con la reforma laboral es fruto del estatus que hoy ostentan y que están dispuestos a defender y extender en el tiempo porque aquí lo de menos es hacer política a partir de las bases pétreas que solo ofrece eso de tener conciencia de clase.

La decisión adoptada por los miembros de la Comisión Séptima del Senado hace parte de las actividades implementadas por agentes del Establecimiento colombiano que a toda costa buscan evitar que el país avance hacia los estadios civilizatorios (modernos) a los que le apostaron más de 11 millones de colombianos que votaron por el proyecto político que encarna Gustavo Petro. 

Estos son los congresistas que hundieron la reforma laboral: José Alirio Barrera y Honorio Henríquez del Centro Democrático, Ana P. Agudelo, del Mira, Berenice Bedoya del movimiento ASI, Nadia Blel y Esperanza Andrade del partido Conservador, Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libre, y Miguel Á. Pinto del partido Liberal.

En su cuenta de X, el presidente Petro reaccionó así a la decisión de los congresistas de la Comisión VII del Senado. En particular, el jefe del Estado descargó su molestia contra los partidos cristianos Mira y Colombia Justa y Libre, dejando al desnudo la incoherencia entre lo que predican como colectividad y las decisiones políticas adoptadas con criterios corporativos. Mira se define como un “Partido de origen cristiano, constituido desde el año 2000, que trabaja por el bien común y contribuye a la dignidad humana, a la transformación de la sociedad, mediante la aplicación de valores y sin distinción de etnias y culturas. Desde sus inicios, el Partido Político MIRA ha resaltado la importancia que en Colombia se garantice el respeto por la libertad religiosa, de conciencia y culto, debido a su contribución positiva en la construcción de paz y convivencia con respeto”.

Esto dijo el Presidente de la República: “La comisión VII en su mayoría ha traicionado al pueblo trabajador de Colombia. Buscaremos que sea reversible la decisión, pero sobre el engaño solo nos llevan a la violencia. Que el pueblo trabajador de Colombia sepa quienes fueron lo que los que lo han traicionado.

El senador Pinto ha traicionado al pueblo trabajador de Santander y de Colombia. Quienes enarbolan a Jesús y votan contra el pueblo trabajador traicionan al padre putativo de Jesús: al pueblo de Dios qué son la gente humilde y que trabaja. Enarbolan la cruz de Cristo, pero su corazón esta con la codicia. Con esta actitud de la mayoría de la comisión VII rompen el dialogo entre el Congreso de Colombia y el gobierno del Cambio”.

“LA LETRA CON SANGRE ENTRA” Y LA EDUCACIÓN URIBISTA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los precandidatos presidenciales del Centro Democrático se reunieron en Armenia para presentarle al dueño de esa microempresa electoral sus propuestas, esperando a ver  si le gustan a Uribe Vélez a quien llaman “presidente” como si aún gobernara. Además de contar con la presencia del “polémico empresario” conocido con el alias Calzones, todos los precandidatos hablaron de educación, pero en esta columna haré referencia a lo dicho por Andrés Felipe Guerra Hoyos y María Fernanda Cabal, en particular porque dejaron salir un par de perlas.

La señora Cabal, de 59 años, confesó que su paso por el colegio fue amargo. Mientras que Guerra, aludió a la necesidad de volver a los tiempos de la “letra con sangre entra”. Y exhibió la correa como instrumento de formación que sobre él usaron sus padres con resultados "positivos". A pesar de que Cabal y Guerra no ahondaron en sus confesiones, la Escuela como institución está en las llamativas confidencias que entregaron al público que asistió al “foro” entre los precandidatos que buscan el guiño de su Gran Patrón, Álvaro Uribe Vélez.

A la escuela como institución disciplinante se le reconoce un papel clave en el proceso de humanización y socialización y arrastra, como es apenas lógico, los problemas connaturales a la perversa condición humana. De allí que las experiencias no siempre serán positivas para todos los que pasan por las aulas. Desde esa perspectiva, el odio que reconoció sentir por el colegio la senadora María Fernanda Cabal confirma la complejidad que rodea a ese escenario en el que el ser humano se construye y deconstruye bajo unos objetivos atados a un modelo de dominación universal del que hacen parte sustantiva el Estado, la Escuela y la Familia. A pesar de su frustrante experiencia, y de acuerdo con la red internet la congresista del Centro Democrático pudo seguir dentro del sistema educativo: es politóloga de la Universidad de los Andes y Estudió Literatura e Historia en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) en España.

Eso sí, la señora Cabal, en sus discursos e intervenciones en plaza pública deja entrever que no es propiamente una mujer leída y formada académicamente para discutir y discurrir de manera argumentada. Más bien, su agresivo e intemperante carácter le ayuda a ocultar sus falencias en la oratoria y en el arte de argumentar. Su célebre frase “estudien vagos” resulta a todas luces engañosa de acuerdo con las maneras en las que suele articular sus discursos.

Entre tanto, sobre Andrés Felipe Guerra Hoyos, hijo del político Bernardo Guerra Serna, la red internet dice que “es comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Opinión Pública y Procesos Electorales de la Pontificia Universidad Javeriana”. Guerra, de 52 años, alude a la violenta práctica de darle correa a los hijos, muy asociada a la subcultura arriera antioqueña en la que los Machos no lloran. La “culebrita” como llama al cinturón el precandidato presidencial es el símbolo de la premodernidad en la que aún sigue anclado como político y padre. Quizás Guerra sueña con ser presidente de la República porque aún le suena la idea de Uribe plasmada en el punto 100 de su Manifiesto Democrático en el que dijo lo siguiente: “Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político”. En palabras de Guerra, lo que hizo Uribe fue “darle correa” a los colombianos con su política de seguridad democrática y sus medidas económicas de claro favorecimiento a las élites económicas. 6402 falsos positivos y millones desplazados "aprendieron la dolorosa lección".

Después de escuchar a estas dos lumbreras del uribismo, recordé a Estanislao Zuleta, el gran filósofo. Decía que el “colegio le quitaba tiempo para pensar”. En la misma red se lee que Zuleta “abandona el colegio a la edad de 16 años, cuando cursaba apenas cuarto de bachillerato, ya que, según él, esto le quitaba tiempo para leer y estudiar, en especial “La montaña mágica” de Thomas Mann, libro que marco su vida.   El ambiente hostil que le producía la educación tradicional basada en las instituciones y en la reproducción de datos que otros habían pensado y que evitaban la angustia de pensar por uno mismo, fueron sus argumentos para desconfiar de ese tipo de educación, y en su reemplazo, se la pasaba horas en la biblioteca, leyendo temas de su interés y estudiando por su cuenta”.

Sí, la Familia y la Escuela son instituciones disciplinantes creadas para someter a la siempre compleja condición humana. Una lástima lo que le pasó a la señora Cabal. De haber tenido una experiencia positiva durante su paso por el colegio, quizás hoy tuviera una idea distinta de lo que debe ser una educación destinada a enseñar a pensar, dudar y a confrontar toda forma de poder y no solo para obedecer los designios de la cultura dominante.

Mientras Cabal le da manejo a su frustrante paso por el colegio y morigera un poco su discurso propio de la violenta y retardataria derecha colombiana, Guerra Hoyos seguirá suspirando por el regreso de la vieja escuela en la que muchos padres de familia en el país siguen instalados. Eso sí, el país necesita de políticos leídos y ojalá con el talante académico de Zuleta, porque Cabal y Guerra, como millones de colombianos siguen “deseando mal”.

El siguiente extracto del texto de Zuleta Elogio de la dificultad recoge de muchas maneras el espíritu de Cabal y Guerra y todos los miembros y simpatizantes del Centro Democrático: “…Puede decirse que nuestro problema no consiste sola ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos; que nuestra desgracia no está tanto en las frustraciones de nuestros deseos, como en la forma misma de desear. Deseamos mal. En lugar de desear una relación humana inquietante, compleja y perdible, que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros, un nido de amor y por lo tanto, en última instancia un retorno al huevo. En lugar de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de la satisfacción, una monstruosa sala-cuna de abundancia pasivamente recibida. En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abierta, queremos poseer una doctrina global, capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que desgraciadamente si han existido. Adán y sobre todo Eva, tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso, nuestro pecado es que queremos regresar a él”.

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