Por Germán Ayala Osorio
Hay disímiles maneras de entender
la democracia, lo que hace que dicho concepto se asuma bajo un carácter polisémico,
especialmente cuando se trata de evitar la discusión pública de asuntos
públicos y la negación de la palabra a las minorías.
El Concejo de Cali, por
abrumadora mayoría, impidió que el abogado y veedor ciudadano Elmer Montaña
Cuéllar participara del debate de control político que la bancada del Pacto
Histórico realizaría en torno al asunto de la devolución millonaria del
impuesto predial que la administración de Alejandro Eder hizo al Club
Campestre.
Quienes defienden la negativa del
Concejo sostienen que fue tomada en democracia, esto es, por voluntad de las
mayorías. Esa es una vieja y tradicional acepción de la democracia que aún hace
carrera entre millones de colombianos. Lo actuado por los concejales que
negaron la participación del mencionado veedor hace parte de lo que se conoce
como democracia procedimental que, atada a protocolos y reglas de
juego previamente establecidas, termina evitando la discusión ético-política y
moral que está detrás del delicado asunto de la devolución millonaria del
impuesto predial. Montaña Cuéllar, previo a su fallida participación en el
recinto del Concejo, había radicado la denuncia correspondiente en la Fiscalía
porque considera que se cometió un peculado, delito considerado como grave. Ese
elemento jurídico-político era suficiente argumento para que los concejales
aprobaran su presencia dentro de las instalaciones del legislativo local para
justamente debatir la validez de los argumentos expuestos por el abogado.
Por el contrario, quienes exigían
la presencia del veedor en la sesión de control político están haciendo un uso más
amplio de la democracia. Y lo hicieron a través de la categoría poliarquía que
en su momento acuñó Robert Dahl en su pretensión teórica y práctica de
perfeccionar la democracia como régimen de poder. Dentro de los cinco criterios
con los que Dahl le dio vida al concepto de poliarquía está el de “control
del programa de acción”, que no es otra cosa que la oportunidad que
tienen los ciudadanos sometidos (se llaman también gobernados) por el poder
político a cuestionar las decisiones de quienes gobiernan. Y claramente la
actuación administrativa que terminó en la devolución de más de dos mil
millones de pesos de impuesto predial al exclusivo Club Campestre es una
decisión que está siendo cuestionada ética, moral, social y jurídicamente.
Así las cosas, mal hacen los
concejales de Cali en continuar atados a la tradicional acepción de la
democracia, cuando hay un asunto público que interesa a la ciudad y que resulta
determinante en lo fiscal para el municipio; además, dicha decisión deviene con
un tufillo clasista que alimenta la evidente fragmentación social de la
sociedad caleña. Recordemos que Eder, siendo candidato a la alcaldía, dijo que
iba a “reconciliar a los caleños. Yo voy a reconciliar a Cali. Estos cuatro
años han sido terribles, inclusive se han alimentado las divisiones desde el
poder público”. A lo mejor la devolución del predial al Club Campestre no
es precisamente un gesto que vaya en la dirección planteada por el entonces
candidato y hoy alcalde de la ciudad.
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