Por Germán Ayala Osorio
En la crisis del sistema de salud
de Colombia confluyen factores-actores que la explican y que a su vez son
síntomas de los graves problemas que arrastramos como sociedad civilizada. El Estado
es el primer actor-factor que aparece en el colapso de un sistema de
aseguramiento pensado más como negocio que como paradigma de solidaridad y
respeto a los derechos de los pacientes.
En la operación del Estado surgieron
dos preguntas: ¿Para qué el Estado? Se trata de un interrogante que nos retrotrae
a los orígenes mismos de esa forma de dominación, cuyo sentido filosófico y político
se fue diluyendo en el tiempo gracias en gran medida a la doctrina neoliberal.
La segunda pregunta, para quién el Estado, nace del triunfo del capitalismo
salvaje, fundado especialmente en un factor antropológico clave: el egoísmo de los seres humanos.
El ethos mafioso con el que siempre funcionó el “mejor sistema de salud” garantizó una única respuesta al segundo interrogante: el Estado para unos pocos. Así las cosas, la operación de todos los agentes al interior del sistema de salud se dio en torno a ese pernicioso y sinuoso ethos, muy propio de seres humanos amantes del capital y del poder político, pero, sobre todo, interesados en hacerse ricos a costa de la vida y de los derechos de los demás. En un Estado para unos pocos su captura por parte de clanes políticos es una condición natural y necesaria para que durante más de 30 años el sistema de salud se usara para que unas pocas familias se enriquecieran a costa de la vida y el bienestar de millones de colombianos.
El segundo actor-factor es la
política y la acción misma de los politicastros que capturaron el sistema para
tener el suficiente músculo económico para financiar grupos paramilitares,
campañas electorales, pautar en medios de comunicación y también para
consolidar un lucrativo negocio usando la integración vertical para monopolizar
los servicios de salud en unos pocos actores empresariales que se beneficiaron de
la falta del control de un Estado tan privatizado como el sistema de salud mismo.
Las juntas directivas de casi
todas las EPS operaron como agentes financieros que desviaron billonarios
recursos públicos, manejados en paraísos fiscales o invertidos en negocios
inmobiliarios. Por supuesto que los miembros de esas juntas directivas contaron
con la colaboración de los entes de control, de ministros de salud y del poder político
bogotano que a pesar de saber de la existencia de la corrupción al interior de
las EPS prefirieron guardar silencio y dejar que el colapso del sistema se
dilatara en el tiempo, hasta que llegó el gobierno Petro a tratar de desmontar
el entramado mafioso, hijo del bajo o escaso sentido ético de un sistema
privado que desde el principio desconoció los principios de respeto,
solidaridad y empatía con los pacientes. Aparecieron entonces los carteles de
la hemofilia y la práctica criminal de cobrar servicios de salud prestados a
pacientes fallecidos, entre otros ejemplos.
El tercer actor-factor es societal
y de este hacen parte elementos culturales que dan vida a eso de “ser
colombiano” que, para el caso, es sinónimo de ser torcido, malicioso, insolidario,
poco empático, ineficiente, mañoso, mentiroso, mafioso y corrupto. Todo el sistema
de salud está permeado por esa condición civilizatoria que para el caso
colombiano deviene naturalizada y difícil de superar. Desde los funcionarios de
las empresas que dispensan los medicamentos por orden de las EPS y que se
atreven a negar la entrega de esos insumos médicos señalando que hay desabastecimiento,
hasta los directivos de las entidades prestadoras de salud que obligan a los
pacientes a interponer tutelas, mientras que desvían los recursos públicos.
Todos los tres actores-factores
señalados arriba se alimentan de una discusión ideologizada de la crisis del
sistema de salud y de la incapacidad de unos y otros de poner por encima de sus
intereses los derechos de los pacientes. Y claro, aparecen ya los candidatos
presidenciales y exministros de salud para pescar en río revuelto. Los
primeros, para hacer populismo con el sufrimiento de los pacientes y los
segundos, para seguir defendiendo la impudicia de un sistema concebido por políticos
y empresarios alevosos, dignos representantes de la aviesa condición humana que
para el caso colombiano parece imposible de modificar. Acaparar los
medicamentos, de acuerdo con lo reportado por la Superintendencia de Salud, en
el caso de la firma dispensadora Audifarma, confirma que lo peor de la condición
humana se sitúa y se reproduce todos los días en el País de la Belleza. ¡Qué
asco!
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