UN AÑO DE PETRO: SE ENTERRÓ EL CASTROCHAVISMO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por estos días, siguen los balances del primer año del gobierno de Gustavo Petro. Los medios no hablan de “un año de aprendizaje” porque no solo están en contra del gobierno, sino porque saben que en el Solio de Bolívar no está sentado un títere, homúnculo o un incapaz. Por el contrario, está sentado un político con una gran capacidad oratoria y de análisis sistémico de los hechos locales y de los que rodean al mundo. También, un presidente contestario que usa su cuenta de Twitter para enfrentar las narrativas mediáticas adversas, mentirosas y la maledicencia que se fabrica en los laboratorios de marketing político y propaganda sucia: los medios de comunicación.

Hay un logro simbólico que vale la pena destacar en este primer año del gobierno de Petro:  haber enterrado la narrativa mentirosa e infantil que construyó el uribismo, en cabeza del Gran Imputado, Álvaro Uribe Vélez, que señalaba que nos íbamos a convertir en Venezuela porque había llegado el castrochavismo.

El castrochavismo apareció de la tenebrosa mano derecha de Uribe Vélez y fueron los medios de comunicación afectos a este nefasto político los que permitieron su posicionamiento social y político, hasta casi convertir el término en una categoría política.

Una y otra vez Uribe y sus áulicos usaron el vocablo para meter miedo en sectores societales ignaros. Ese lamentable estado de ignorancia de millones de colombianos en buena medida se debe a los tratamientos periodístico-noticiosos de una prensa que se hincó al poder intimidante del hijo de Salgar y expresidiario y se dedicó a mentir, tergiversar los hechos y a lavarle la imagen al régimen mafioso que opera en Colombia de tiempo atrás, lo que permite señalar que en este país funciona un “doble Estado”.

La escasa lectura y capacidad de análisis de esos cientos de miles de connacionales les facilitó a los uribistas la tarea de crear ese “coco” con el que más de uno se asustó al ver la llegada a la Casa de Nariño del primer presidente de izquierda.

En una rápida búsqueda en la red, encontré varios titulares en los que aparece el término castrochavismo, en boca del inefable expresidente de la República y hoy procesado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.

1.      Hay peligro de "Castro-Chavismo" en Colombia.

2.      Álvaro Uribe: «Santos abre la vía del castrochavismo al pactar con las FARC»

3.      Álvaro Uribe: rechazamos el castro-chavismo

4.      Castrochavismo en Colombia, sube tono

5.      Cuidado con esa izquierda, ellos empiezan muy queriditos. Chávez empezó muy amable y acabó Venezuela. Cuidado con los Chávez de aquí: Uribe.

6.      Uribe: acuerdo con las FARC promueve «castro chavismo en Colombia»

 

Quizás este logro no sea tenido en cuenta en los análisis económicos de los expertos y mucho menos, en quienes insisten, con razón, en mostrar las debilidades y las malas decisiones que el presidente tomó en este tiempo. Porque hay que decirlo: Petro se equivocó, por ejemplo, al haber permitido la entrada de gente como Benedetti y otros políticos.

Haber sepultado esa narrativa del uribismo constituye un enorme triunfo simbólico y cultural, porque detrás de esta victoria temprana está el desprestigio y la pérdida de credibilidad de los grandes medios masivos y por supuesto, la decadencia moral de eso que se conoce como el uribismo.

 

 

Imagen tomada de Youtube

EL ESTADO COLOMBIANO AL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Álvaro Leyva Durán, en ejercicio del derecho que le asiste como ciudadano a opinar y generar estados divergentes de opinión pública, propuso hace ya varios meses, que la Justicia Especial para la Paz (JEP) abra el macrocaso de la responsabilidad del Estado, con el propósito de sentar en el banquillo a esa forma de dominación que llamamos Estado. La propuesta de Leyva no solo tiene un anclaje natural en lo discutido y en los documentos jurídico-políticos concebidos en La Habana, sino que está atado a la urgente necesidad de procesar al Estado y condenar, simbólicamente, a quienes sirviendo como funcionarios, facilitaron la degradación moral de los agentes que dan vida al carácter represivo y coercitivo del Estado, bien por acción directa o por actos omisivos. Por supuesto que los grados de ignominia que acompañaron a militares y policías, son compartidos con quienes, por línea de mando, avalaron sus acciones y decisiones.

En el fondo, lo que Leyva Durán propone es que la JEP llame a comparecer a expresidentes, agentes económicos de la sociedad civil y a todos aquellos miembros de la élite que, con poder de decisión, hicieron que el Estado operara con el carácter criminal que se desprende de los militares que hoy están compareciendo ante el alto tribunal, por haber participado en la comisión de los delitos de lesa humanidad conocidos como los <<falsos positivos>>. Aunque es posible que el documento y la narrativa que entregue la Comisión de la Verdad aluda a responsabilidades estatales, el deseo del exconstituyente va camino a establecer máximas responsabilidades políticas, por ejemplo, de los jefes del Estado que en su calidad de comandantes supremos de las fuerzas armadas, tomaron decisiones en el marco de la doctrina de seguridad nacional y el principio del enemigo interno y por esa vía, le apostaron a extender en el tiempo las hostilidades  y en momentos históricos precisos, haber convertido a militares y policías, paramilitares y guerrilleros, en los únicos interlocutores con la población civil, con el agravante de la consolidación de territorios en los que los últimos fungieron como un para Estado.  

Algo de lo que pretende el exministro de Estado se perdió con el triunfo del NO en el plebiscito por la paz: la comparecencia de los terceros civiles para que le explicaran a los magistrados de la justicia transicional, en qué condiciones terminaron aportando recursos de todo tipo, a las organizaciones armadas ilegales que participaron de las hostilidades.

La apertura del macro caso por la responsabilidad moral y jurídico-política del Estado debe cubrir no solo las que le cabe por haber “facilitado” la aparición de las guerrillas y posteriormente, el surgimiento de los paramilitares como brazo político y armado de agricultores, empresarios y latifundistas, sino por haber generado las condiciones para la extensión en el tiempo del conflicto armado y la paulatina degradación de los actores armados. Y a ese llamado, también deben llegar exministros de agricultura y agentes económicos de la sociedad civil que hicieron parte del Pacto de Chicoral y aquellos que en adelante, de formas legales e ilegales, aportaron y siguen aportando a los procesos de sometimiento y de violencia simbólica y física en contra de campesinos y comunidades ancestrales. 

Ojalá lo planteado por Leyva Durán tenga eco, pues es claro que el Estado colombiano deviene con el perfil de un asesino serial, legitimado por la inercia institucional y por la fuerza simbólica que lo acompaña como forma de dominación  hegemónica. Es tal el  nivel de degradación, que ya no es posible diferenciar entre el Estado, como figura y categoría universal, y el régimen político, mafioso y criminal, que lo sostiene.

Imagen tomada de Twitter. 

EL BOMBARDEO VISTO POR EL TIEMPO Y EL ESPECTADOR

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

 

La historia del periodismo colombiano señala  que EL TIEMPO siempre fue y lo es ahora más, un medio gobiernista. Cuando la familia Santos estuvo detrás de sus dominios y orientación, claramente el diario bogotano sirvió a los intereses políticos de la familia y los de los gobiernos de turno. La misma narrativa del devenir del periodismo en este país señala, con enorme justicia, que EL ESPECTADOR fue y lo es aún, un medio crítico del Régimen político, manejado por la familia Cano con una férrea ética periodística. La misma con la que se enfrentaron al poderoso Michelsen Uribe, del Grupo Grancolombiano, y al criminal Pablo Emilio Escobar Gaviria.

Esas  diferencias en el ejercicio periodístico de los dos diarios capitalinos hoy son más grandes cuando, en manos del banquero Sarmiento Angulo,  EL TIEMPO es hoy, junto a Semana y el noticiero de televisión RCN, fichas del Establecimiento, lo que los convierte en estafetas de los intereses de los sectores de poder económico y político que están detrás del histórico régimen de poder.

Y como ficha del Establecimiento, EL TIEMPO debe informar y asumir posturas editoriales consecuentes con ese rol. Efectivamente, a través de su editorial del 12 de marzo de 2021, intitulado Bombardeos y menores, el periódico del banquero hace una defensa a ultranza del criminal bombardeo perpetrado por el Ejército, en el que se afectó una parte del ecosistema boscoso y se asesinó a varios menores de edad.

Por el contrario, y siguiendo sus tradicionales principios éticos y periodísticos, EL ESPECTADOR, a través del editorial del 13 de marzo, titulado La violencia también se ejerce con el lenguaje, fustiga con vehemencia la acción armada y el resultado ya conocido por el país.

Miremos con algún detalle las posturas asumidas por estos periódicos frente al bombardeo. En uno de los apartes del editorial de EL TIEMPO, se lee que “los bombardeos son una expresión del uso legítimo de la fuerza del Estado. Fueron un arma fundamental para cambiar el curso del conflicto en Colombia y forzar a las Farc a avenirse a una negociación política. Su utilización está reglada por directrices en las que el respeto por las normas del DIH es la base, y en decenas de oportunidades no se dio luz verde a operaciones contra objetivos de alto valor por la presencia comprobada de personas que no formaban parte de la organización ilegal”.

Lo primero que hay que decir es que el periódico confía ciegamente en la sentencia weberiana que indica que el Estado es la única estructura de poder facultada o autorizada para violentar a quienes se le oponen militarmente o desconocen su autoridad. Lo que hace EL TIEMPO es obviar la discusión sobre la legitimidad del Estado colombiano. Justamente, lo que está en cuestión es la legitimidad de un Estado que de tiempo atrás funciona y actúa plegado más a los intereses privados y corporativos de unos pocos, en detrimento del sentido de lo colectivo que de manera natural se espera que acompañe su actuar institucional.

En otro momento del editorial se lee lo siguiente: “Toda muerte es lamentable, y por supuesto que el Estado tiene que hacer mucho más –incrementar las capacidades de inteligencia para planear los grandes golpes contra los ilegales y así prevenir situaciones como la que hoy lamentamos–. Pero quienes pusieron en situación de riesgo y, aparte de eso, les quitaron a los menores la protección del DIH en el campamento de ‘Gentil Duarte’ son, insistimos, los criminales que los reclutaron para la ilegalidad”.

La lectura que hace EL TIEMPO de la situación jurídico-política de los menores asesinados es parcial en la medida en que olvida un detalle: se trató de un bombardeo y no de un enfrentamiento en el que los menores guerrilleros hubiesen participado activamente. La presencia de los adolescentes reclutados ilegalmente por el criminal Gentil Duarte, obliga al Estado a proteger sus vidas para arrebatárselos de las garras a las disidencias de las extintas Farc.

La explicación conceptual va en este sentido: “…El ministro se equivoca. Un adolescente en armas puede ser considerado un objetivo militar en circunstancias específicas: cuando participa directamente en un combate. Si una guerrilla utiliza a esos menores en un asalto a un pueblo, el adolescente se convierte en combatiente durante el asalto y la Fuerza Pública puede atacarlo sin violar el DIH. El Ejército no puede considerar objetivo militar a esos adolescentes guerrilleros por fuera de esas situaciones de combate pues la doctrina actual del DIH, como la elaborada por el profesor René Provost, de la Universidad McGill en Canadá, sostiene que un menor guerrillero no tiene el mismo estatus que un guerrillero adulto”[1]. 

Es claro que para EL TIEMPO es más importante apoyar a la institucionalidad castrense, que citar a expertos juristas que claramente erosionan su postura editorial, cargada de los intereses políticos y económicos que exhibe el banquero y propietario del diario.

Por el contrario, EL ESPECTADOR, fiel a su tradición, fustigó lo ocurrido y lo hizo apelando al sentido de humanidad, el mismo que se pierde cuando los combatientes, legales e ilegales, creen que dando golpes militares ejemplarizantes como el señalado bombardeo, la carga moral por las <<bajas>> producidas, se aliviana en sus rabiosos espíritus guerreristas.

“Si el Estado colombiano piensa sobre la guerra lo mismo que el ministro de Defensa, Diego Molano, significa que estas décadas de tanto dolor han sido en vano. Más allá del debate jurídico sobre si bombardear campamentos de bandas criminales donde hay menores de edad es legítimo bajo las reglas de la guerra, lo angustiante es que un funcionario de tan alto nivel demuestre tal grado de insensibilidad ante la vida humana”.

Lo que hace EL ESPECTADOR es personalizar la discusión en la figura de Diego Molano, y en particular en el lenguaje usado por el alto funcionario. Al enfocarse en el acto de habla del ministro de la Defensa, el diario de los Cano intenta caracterizar lo que sería el Estado colombiano, cuando las institucionalidad estatal, en este caso, la castrense, actúa bajo la actitud deshumanizante de un ministro que piensa y actúa como un vulgar chafarote y no como un civil al que le han encargado guiar la cartera de Defensa.

Estamos, pues, ante dos posturas disímiles que exponen la situación política de dos importantes medios escritos colombianos: EL TIEMPO, un actor político pro establecimiento y EL ESPECTADOR, otro actor político, pero alejado de las veleidades que acompañan la vida de un banquero que usa el periódico de su propiedad, como una herramienta más para acumular poder.

Imagen tomada de La verdad nada más que la verdad. 

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[1] Uprimny, Rodrigo. Niños guerrilleros: ¿víctimas o máquinas de guerra? En: EL ESPECTADOR, 13 de marzo de 2021.

 

DISQUISICIONES ALREDEDOR DEL CONCEPTO CULTURA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Estamos, quizás, ante un concepto cuyos usos cotidianos lo fueron vaciando de sentido, hasta reducirlo a una palabra-comodín con la que se pretende explicar toda suerte de fenómenos, prácticas, hechos, situaciones, decisiones y reacciones individuales y colectivas en las que, por supuesto, los seres humanos son protagonistas, bien en calidad de víctimas y victimarios o como animadores, con fines de entronización de todo lo que confluye en esa idea de cultura.

Implica, etimológicamente, cultivar, quizás por ello, devenga con un carácter positivo y se niegue la existencia, por ejemplo, de la cultura de la muerte, o de la cultura de la violencia. Su uso cotidiano y diverso nos permite reconocer acepciones como cultura organizacional, cultura machista y cultura de paz, que dan cuenta de la posibilidad de que es posible establecer normas, principios, valores y acciones que terminan por aceptarse, bien por la fuerza de la costumbre, o por la fuerza de las sanciones y las imposiciones que la sociedad o grupos mayoritarios disponga, cuando estas no se acatan de la mejor manera.

Si lo miramos como un sistema de valores, creencias y prácticas, estamos ante una compleja red de relaciones y de ejercicios representacionales que, atados a un específico régimen de poder (político, social, económico), sirven para blindarlo y en muchos casos, para extender en el tiempo correlaciones de fuerza que terminan en la extensión en el tiempo de privilegios sectoriales, de negaciones y prohibiciones.

Todos estamos inmersos en la cultura, en una cultura. Por ello, la búsqueda individual de la felicidad en buena medida, a decir de Freud, tendrá en la cultura un escenario de control a las pulsiones individuales enfrentadas al sentido de felicidad colectivo que se impone con la cultura o el que la “cultura dominante” evita, justamente, porque en esta confluyen los intereses de una élite que, con poder político y económico, ha logrado capturar el Estado y lograr sus <<privatización>> o su operación bajo criterios corporativos.

Quizás por lo anterior, sea el concepto que más se asocia a la condición aviesa de la condición humana, en la medida en que las reglas y las prácticas validadas en el tiempo, podrán ser leídas como imposiciones inaceptables por quienes en algún momento puedan sentirse como sus víctimas o simplemente, porque entran en tensión y conflicto con formas distintas de asumir la vida en la cultura.

De lo anterior se colige el sentido problemático de la cultura cuando en su pretendida acción universalizante, sus reglas, prácticas, imaginarios, mitos y el carácter son sometidas a críticas con la natural intención de erosionarlas, matizarlas o ajustarlas a cambios, “actualizaciones”, bien por la vía de las presiones externas o internas.

Como única especie animal capaz de crear cultura, el ser humano cree poder lograr con la cultura no solo explicar sus maneras de estar en el mundo, sino de justificar, moralmente, las reglas, los comportamientos, las acciones y las prácticas que consolidan y validan todo el tiempo ese sistema que hace operar una sociedad o a varias de manera disímil.

Cuando se dice que dice que el “problema es cultural” o que eso que se critica o se alaba está en la cultura, no solo se reconoce su complejidad, sino su dinamismo, en virtud a que está atada a las ideas, ocurrencias, creencias, miedos y acciones de poder de una especie que, al sentirse dominante, desde tiempos remotos ha estado buscando alejarse de la Naturaleza  para protegerse de su carácter contingente y por esa vía, justificar su dominio, transformación y sometimiento. Y al hacerlo, valida modelos de desarrollo que no son otra cosa que formas de dominación que terminan extendiéndose, por ejemplo, a grupos étnicos asumidos como <<subalternos>> y por esa vía, premodernos, incivilizados e inconvenientes para el normal funcionamiento de la cultura dominante o hegemónica.

Así entonces, la cultura, cualquiera que sea la acepción aceptada, siempre dará cuenta de la capacidad del ser humano de crear símbolos, validar prácticas, crear y recrear mitos y  deidades; desechar otras y modificarlas en el tiempo; imponerse reglas, al tiempo que también crea caminos para no seguirlas del todo o para violarlas a través de procesos llamados de contra-cultura. Con el tiempo, si así lo decide el colectivo o quienes dominen la opinión colectiva, esas reglas, prácticas o maneras de estar y de relacionarse podrán sufrir modificaciones, invalidaciones o transformaciones.

La cultura suele ser o fungir como la manta o la cubierta debajo de la cual reposa lo más sublime de unos grupos humanos en particular, pero también lo más execrable. En plural, las culturas, son las mantas en las que cada pueblo protege sus reglas, valores y formas particulares de estar en el mundo. Por efecto de las migraciones o las conquistas de territorios a través de las guerras o los conflictos internos (guerras interétnicas) esas mantas suelen también cubrir o esconder los procesos de imposición y dominación de otras culturas consideradas como bárbaras, inviables, premodernas o simplemente, incómodas a los nuevos tiempos con los que se ambienta la llegada de una  nueva y siempre mejorable cultura.

El dinamismo de la cultura o de las culturas está dado por la fuerza civilizatoria del ser humano y su voluntad de buscar estadios de felicidad,  sin importar que aquella  suponga, por ejemplo, sobrevivir en escenarios de postnaturaleza, diseñados por la tecnología, en virtud de los problemas ambientales (ecológicos) generados por la especie humana por su capacidad perturbadora.

ALGUNAS DEFINICIONES:

Tylor, quien en 1871 concibió la cultura como «… esa totalidad que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad». Emile Durkheim dirá que la cultura es un conjunto de fenómenos sociales.  Malinowski, en las primeras décadas del siglo XX, consideró que la cultura se asemejaba a un sistema en equilibrio estable en el cual cada elemento cumple una función definida.

Más adelante, en 1940, los antropólogos estructuralistas, con Claude Lévi-Strauss a la cabeza, hablan de cultura como «aquello que obedece a reglas de construcción comunes que son estructuras mentales universales de carácter abstracto».

La Antropología se entiende como la «disciplina de las ciencias sociales que marca los sistemas social/cultural como su propio dominio para el estudio y la teorización. Como ciencia, la antropología refleja las realidades empíricas del orden sistémico con el que trata» (Boggs, 2004: 187).

Imagen tomada de Colombia Travel 

La “Bancarización” de la democracia

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Parece haber consenso social y político alrededor de la idea de que la democracia colombiana deviene no solo formal y procedimental, sino anclada a la debilidad del Estado y a la operación de las instituciones públicas bajo los criterios y las lógicas de agentes económicos que insisten en privatizarlo y por esa vía, extender en el tiempo sus intereses de clase, al tiempo que erosionan el sentido colectivo que acompaña al Estado.  

A lo anterior se suma la “bancarización”. Que una democracia devenga “bancarizada” es el resultado de la intervención político-económica de los banqueros en los comicios, a partir del momento en el que sus propietarios patrocinan campañas a la Presidencia y al Congreso, con el propósito de que sus patrocinados, al resultar electos, estarán obligados a trabajar en función de los intereses del sistema financiero. Es decir gobernar y legislar para que el sistema financiero y la operación de los bancos operen bajo las mayores ventajas institucionales, en particular, que se mantengan los privilegios en materia de pago de impuestos al fisco nacional. 

Esta expresión clara de la bancarización de la democracia tiene otro ingrediente que incide, negativamente, al momento de hacer efectivo el derecho a ser elegido: la apertura de cuentas bancarias y la entrega de las pólizas como garantía de seriedad de los movimientos por firmas o la de los aspirantes que de manera individual aspiren a llegar a un cargo de elección popular. La intervención de los bancos y las aseguradoras limitan las aspiraciones de los ciudadanos que buscan ser elegidos, lo que abre las puertas para que del mercado electoral entren a participar narcotraficantes y lavadores de dinero de disímiles mafias.

En el diario El Colombiano, se lee lo siguiente: “Los precandidatos por movimientos significativos de ciudadanos se encuentran en la encrucijada entre decidir si se retiran de la contienda, buscan un aval o se presentan y respaldan la candidatura con elevadas sumas de dinero llamadas pólizas de seriedad. Lo que en principio resultaba una ventaja, que les permitió incluso realizar campaña anticipada, tuvo un efecto de boomerang, pues al no estar respaldados por un partido, el nivel de éxito es relativo y los bancos no prestan el dinero”.

Así las cosas, el derecho a ser elegido queda reducido a la conveniencia y a la red de relaciones (contactos) que los aspirantes tengan para poder acceder a pólizas de “seriedad” en bancos y aseguradoras.

Los aspirantes a representar a las víctimas de los actores armados a través de las 16 curules transitorias de paz se enfrentan hoy a las barreras que expone lo que aquí llamo la “bancarización” de la democracia. Esta nueva característica de la democracia colombiana se explica en buena medida porque, al decir de Pepe Mujica, la política quedó engrillada a la economía. En sus palabras: “la eterna madre del acontecer humano, quedó engrillada a la economía y el mercado", delegando el poder "y se entretiene aturdida luchando por el gobierno".

Bajo esas circunstancias actúa el banquero colombiano, Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien, de tiempo atrás no solo funge como el gran mecenas de los candidatos a la presidencia y al Congreso, sino hoy uno de los grandes latifundistas que de manera irregular acaparó cientos de miles de hectáreas en la Orinoquia. Una vez sus patrocinados resultan electos, pasan a ser sus empleados.

Imagen tomada de la Silla Vacía. 

¿QUÉ SIGNIFICA “DEJEMOS QUE LA INSTITUCIONALIDAD OPERE”?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Cada cierto tiempo y por cuenta casi siempre de actos de corrupción pública, aparecen los llamados a confiar y respetar las instituciones de donde se emana eso que se llama institucionalidad, que no es otra cosa que el conjunto de valores y prácticas que definen, para cada entidad o institución, un carácter y una impronta que le sirve al Estado y a los gobiernos de guía moral y ética para legitimarse ante toda la sociedad.

La institucionalidad se hace evidente cuando las instituciones operan en sus ámbitos de acción, legal y procedimental, y en el contexto de una sociedad que moral y éticamente se alimenta de su funcionamiento, especialmente, de aquellas instituciones que se consideran faros determinantes que iluminan tanto la vida institucional interna, como la que trasciende a la vida societal.

La institucionalidad puede ser un concepto ambiguo y difícil de asir porque en su concepción y representación social y política suelen confluir circunstancias contextuales que se alimentan de la ética ciudadana, la moral pública, la tradición, el poder económico, las formas regladas y las maneras como se establecen relaciones y transacciones entre sectores de poder político (partidos políticos y líderes), económico y social (élites).

Por estos días, y en virtud del escándalo político-mediático del que es protagonista el primogénito del presidente de la República, el país escuchó los llamados a la prudencia y que las instituciones operen dentro de los marcos constitucionales que hicieron los expresidentes Cesar Gaviria y Ernesto Samper. El primero, curiosamente, responsable en parte de los problemas de gobernabilidad que tempranamente enfrenta el presidente de la República; y el segundo, procesado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y precluida la investigación por la entrada de dineros del Cartel de Cali a la campaña Samper presidente.

En los sectores económicos hay un apego generalizado a lo planteado por los dos exmandatarios. Sin embargo, dentro de los gremios económicos hay varios que no gustan del presidente Petro, y por ese motivo, guardan la esperanza de que se produzca un rompimiento institucional derivado de la renuncia del presidente y del esperado rechazo que liderarían en contra de la posibilidad de que, ante la falta del presidente de la República, sea su vicepresidenta, Francia Márquez Mina, quien asuma las riendas de la Casa de Nariño.  

En su editorial del 6 de agosto, EL ESPECTADOR hace lo propio y dice que “el presidente Petro cierra así el primer año de su mandato con una profunda crisis política y personal, que no puede sino mermar su gobernabilidad ya de por sí endeble. Empero, la que tiene que salir fortalecida es la institucionalidad colombiana, que se enfrenta de nuevo a un reto complejo que confiamos sabrá sortear de manera transparente, como tantas veces lo ha hecho en el pasado”.

Llama la atención el editorial del diario bogotano porque las empresas mediáticas suelen tomar distancia de la operación de las instituciones y de la institucionalidad, cuando es claro que a través del ejercicio periodístico-noticioso se aporta a la consolidación de esa institucionalidad que se emana de las instituciones que componen el Estado y los poderes públicos, que reciben la influencia de lo que los medios a diario publican. Al juzgar los tratamientos periodístico-noticiosos de medios como Semana, RCN, Caracol, El Espectador y El Colombiano, entre otros más, nos encontramos con medias verdades y tergiversaciones que terminarán alimentando las representaciones y los imaginarios de aquellos que, de manera interesada, pueden aportar para que la instituciones y la institucionalidad terminen por decidir qué hacer con el mandato del presidente de la República, de verse comprometida la presidencia por la entrada de dineros “calientes” a la campaña Petro presidente.

Más que la eficacia de las instituciones y de la institucionalidad para enfrentar complejas coyunturas políticas, lo que en Colombia opera es la fuerza de la inercia, las transacciones y los acuerdos político-jurídicos-burocráticos con los que se superaron escándalos como el proceso 8.000, la parapolítica y la captura mafiosa de entidades del Estado por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

No creo que eso que grandilocuentemente llamamos institucionalidad, o la idea de “dejar que las instituciones operen”, esté por fuera de lo que Revéiz llama el capitalismo político, que no es otra cosa que “la lucha por el control del Estado por parte de las coaliciones entre los grupos económicos y los dirigentes políticos con las altas burocracias estatales para la búsqueda de rentas-privilegios”. Así las cosas, ante un soñado juicio político al presidente Petro por parte de la derecha y la ultraderecha, lo que unos llaman instituciones e institucionalidad, no es otra cosa que la entrada en operación de la maliciosa forma como el “viejo” régimen de poder viene operando de tiempo atrás.

Imagen tomada de El Tiempo. 

UN AÑO DE GOBIERNO, CRISIS ÉTICAS Y LECTURAS SELECTIVAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En medio del escándalo mediático-político que construyó la Fiscalía de Barbosa, con la ayuda de Nicolás Petro Burgos, analistas y medios de comunicación hacen balances del primer año de la administración del presidente Gustavo Petro. Previa a esta columna, ya había hecho mi propio balance (https://ayalalaotratribuna.blogspot.com/2023/07/balance-del-primer-ano-del-gobierno-de.html.).

Ramiro Bejarano, ex director del DAS y columnista, habla de un “cumpleaños fatal” y vaticina un desenlace forzoso: “El presidente Petro y su gobierno están tambaleando y no parece exagerado que tengan que contemplar la posibilidad de renunciar”.

Entre tanto, el editor político de El Espectador habla de unos “convulsos 12 meses”, en medio de un listado de logros que el gobierno expondrá en la ceremonia patriótica del 7 de agosto. En el portal Semana, convertido en una trinchera ideológica y política desde donde se bombardea todos los días al gobierno con noticias falsas y medias verdades, siguen enfrascados en el novelón del hijo de Petro, queriendo emular a Laura en América.

Lo cierto es que el país no se “convirtió en Venezuela”, no hubo expropiaciones masivas al estilo de la Cuba de Fidel Castro Ruz o de la Venezuela del comandante Hugo Chávez Frías. Es decir, no llegó el “castrochavismo” con el que Uribe asustó a millones de ignaros. La economía mejora, pues todos reconocen hasta ahora un manejo responsable de la regla fiscal e incluso, se atreven a decir que el gobierno de Petro sigue al pie de la letra las recomendaciones del FMI. Eso sí, querer mejorar las condiciones sociales y económicas de millones de colombianos que sobreviven en condiciones de marginalidad y miseria; tratar de hacer una reforma agraria y frenar la deforestación de las selvas; y haberles arrebatado una parte del Estado a mafias que llevan años enquistados en lo público, acabó de dividir a este país de éticas acomodaticias y de lecturas moralizantes y selectivas.

La mirada selectiva es, para el caso de los colombianos, un valor y casi una característica cultural. Quizás ser un país de regiones, fruto de un centralismo anacrónico, aporta a esa incapacidad de mirar la complejidad de los hechos y del propio país. Por ejemplo, la costa Atlántica es otro mundo, otro universo; y así, cada región se forjó al margen de los fallidos procesos de construir una nación. Justamente, desde esa preciosa costa norte del país llegan los vientos con los que el ethos mafioso se pavonea por Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y La Guajira, territorios dominados por clanes políticos que operan con sus éticas particulares, sumatoria perversa de éticas individualistas, ancoradas a prácticas propias de mafiosos: carros de lujo, exhibición de poder y de mujeres como si fueran objetos sexuales, captura del Estado y conexiones con el “bajo mundo”.

Esa mirada selectiva se constituye, también, en una incapacidad nacional para asumir acciones conducentes a facilitar que se gobierne; y ello, conecta con la ética y da vida a una de carácter público muy propia del ethos mafioso que se naturalizó en Colombia a partir del 2002, pero que viene desde los primeros años de constituida formalmente la República.  

Édgar Revéiz habla de la existencia de “una ética de grupo (cooptación y concesión) que antecedió la construcción de la economía colombiana: un manejo eficaz de la política económica es incapaz en Colombia de crear una ética nacional” (Democratizar para sobrevivir, p. 90). El autor llega a esa conclusión, después de aludir (comparar) a la existencia de una ética nacional en el Japón (el confucianismo) que antecedió la construcción de la economía nipona.

Entonces, desde la ética de específicos grupos de poder económico se descalifica al actual gobernante. Ética, por supuesto, contaminada por un marcado clasismo y racismo y por las circunstancias que rodean a lo que se conoce como la “puerta giratoria” entre sectores estatales y privados, que terminan asegurando la captura mafiosa del Estado.

Vuelve Revéiz a poner los puntos sobre las íes al decir que “la crisis del Estado resulta, pues, de que existen éticas de grupos de interés (mesocontratos) y no de la nación: las instituciones públicas se crean y crecen por adivitidad. Cada nuevo grupo que adquiere poder crea nuevas instituciones con amplio grado de libertad”. Al final, el Estado opera como un orden fruto de la sumatoria de intereses sectoriales y de clanes políticos a los que lo que menos les interesa es la consolidación de un Estado nacional al servicio de todos los que viven y transitan por el territorio.

Pase lo que pase con la administración del presidente Petro, como sociedad seguiremos ahogándonos en las tierras movedizas que nosotros mismos construimos por nuestra incapacidad para construir nación y, sobre todo, una ética nacional que nos permita remar a todos hacia un mismo norte.

 

Imagen tomada del Polo Democrático. 

EL CASO NICOLÁS PETRO: TRATAMIENTOS PERIODÍSTICOS TENDENCIOSOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el escándalo político-mediático que armaron la Fiscalía de Francisco Barbosa y la matriz mediática afecta al “viejo” régimen, sobresalen los tratamientos tendenciosos y selectivos en varios medios masivos. La verdad es que se están dando un festín orgásmico con las declaraciones de Nicolás Petro, un muchacho que creció lleno de vacíos emocionales y carencias que lo llevaron a llevar una vida de fantasía, guiada por el ethos mafioso que se naturalizó en Colombia, pero en particular en la costa Caribe.

No dedicaré esta columna al confundido “testigo estrella” de la Fiscalía, pero sí a un asunto que llama poderosamente la atención: varios medios masivos no recogen en sus notas de hoy 5 de agosto, lo dicho por el juez en torno a que a pesar de la versión construida por el propio fiscal Burgos que señala que sí entraron dineros ilícitos a la campaña Petro presidente, hasta el momento, de acuerdo con el juez, no le llegaron soportes o material probatorio que así probara esa versión. Ningún medio tradicional recogió lo dicho por el operador judicial. Ello, periodísticamente, por lo menos ameritaba un titular. No se trata de un simple olvido, estamos ante una decisión editorial políticamente interesada.

A lo anterior se suma la entrevista que el inefable Nicolás Petro concedió al portal Semana. En una entrevista, muy al estilo de Laura en América, el joven político señaló: “Que se sepa la verdad, y, bueno, quiero aclarar algo: ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias”.

Ante la insistencia de la señora que orienta el portal Semana, vuelve Nicolás Petro a generar dudas sobre si entraron o no dineros “calientes” a la campaña Petro presidente. A pesar de esas vacilaciones, tanto el portal Semana como otros medios masivos pudieron titular las notas de sus ediciones sabatinas, señalando lo que dijo el juez y lo ratificado por el hijo del presidente de la República.

Los colegas periodistas de medios como El Espectador y El Colombiano, entre otros, olvidaron el principio de la duda, que debieron aplicar tanto a la sospechosa diligencia del fiscal Burgos para consolidar un caso jurídicamente relevante, como a las propias declaraciones del procesado. Al sembrar dudas, los medios se curan en salud, evitando cumplir el innoble rol de meras ruedas de transmisión de lo que dice una fiscalía que está en manos del enemigo número uno del presidente de la República. La gran prensa no puede negar o tratar de ocultar que Barbosa está actuando como político y no como fiscal general; hacerlo así,  es auto engañarse y por esa vía, mentirle a la opinión pública.

Con esos tratamientos periodísticos selectivos y claramente tendenciosos, las empresas mediáticas dejan claro que detrás de todo esto está un objetivo político: desestabilizar al actual gobierno, llevar al presidente a la oscura Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes; esto es, reeditar el proceso 8.000 del presidente Ernesto Samper, con el propósito de enlodar, para el futuro, a la izquierda, al progresismo y a quienes desde el partido Liberal, se sientan cercanos a esa orilla ideológica.

Huelga recodar que durante y después del proceso 8.000 no solo se vio afectada la imagen de Samper, sino la de los propios medios masivos e incluso, las unidades investigativas. A punta de filtraciones de indagatorias como sucedió en aquella época y fuentes interesadas no se construye la verdad periodística y mucho menos la verdad histórica.

Portada de Semana. 

 

NICOLÁS PETRO, EL IMPLOSIONADOR QUE LA DERECHA ESTABA BUSCANDO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Nicolás Petro Burgos acaba de dinamitar el proyecto político de su padre, el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. En la implosión confluyeron el distanciamiento familiar entre Nicolás y su papá, que inició con la frase lapidaria “yo no lo crie”, con la que el presidente tomó distancia de su vástago; además, las fuertes presiones de la Fiscalía sobre el imputado y por supuesto, la ya común práctica mafiosa que rodea de tiempo atrás a todas las campañas políticas en Colombia, de la que participan millonarios contratistas, paramilitares y narcotraficantes.

No creo que Nicolás Petro sea consciente del enorme daño político que le hace a su progenitor y mucho menos, el que le hace al proyecto de la izquierda y del progresismo que representa Gustavo Petro. Lo cierto es que al reconocer que entraron dineros de oscuros personajes y de millonarios contratistas del Estado a la campaña Petro presidente, Nicolás Petro puso a su papá en los mismos niveles de sospecha que en su momento soportaron las campañas de Pastrana, Samper, Uribe, Santos y Duque.

A la campaña de Pastrana, los Rodríguez Orejuela aportaron millonarias sumas de dinero; a la de Samper, igualmente, los líderes del Cartel de Cali hicieron lo propio con la de Samper. A la de Uribe, el confeso paramilitar, Salvatore Mancuso reconoció ante la JEP que las AUC aportaron dinero y camisetas, a lo que se sumó las presiones indebidas al electorado para que votara por político antioqueño. También, ingresaron aportes de alias La Gata; a las de Santos y Duque, entraron dineros de Odebrecht, multinacional mafiosa que enredó a varios presidentes en América Latina. Y cómo olvidar que el Ñeñe Hernández también aportó dineros sucios a la campaña del fatuo e infantil, Iván Duque. 

Desde esa perspectiva, con el escándalo político en ciernes, estamos ante una realidad política, social, económica y cultural: para hacerse con el Estado, hay que aliarse con financiadores y contratistas de toda laya.

Justo cuando cumple un año en el gobierno, Gustavo Petro, el fuego amigo hace implosionar el proyecto político con el que se pensó en varios sectores de la sociedad, que era posible hacer política de otra manera. Pero no fue así. Colombia parece marcada y en particular la costa Caribe, por un ethos mafioso que guía la vida política de todos aquellos que deseen gobernar al país desde la Casa de Nariño.

Las consecuencias políticas de lo que está cantando Nicolás Petro son impredecibles. Muy seguramente, la derecha buscará arrinconar al presidente, tratando de reeditar lo hecho contra Samper. Entonces, Petro dirá a su manera, “fue a mis espaldas y aquí estoy y aquí me quedo”. Aunque no creo que los gringos se atrevan a quitarle la visa, como sucedió con Samper Pizano, la gobernabilidad y la credibilidad quedan en entredicho. Tratarán de abrirle un juicio político, para declararlo inmoral, figura que, aunque no tiene anclaje constitucional, sí tendría un alcance político al que podrían sumarse actores económicos de la sociedad civil que no comparten las ideas del presidente.

Es posible que intenten tumbarlo o que exijan una transición del mando, parecida a la que le habrían ofrecido participar a Álvaro Gómez Hurtado, en los tiempos del Proceso 8.000. Al final, esa circunstancia terminó con el crimen del líder político conservador.

Ya veremos cómo trata de salir el presidente Petro de semejante implosión. Lo cierto es que se trata de un golpe duro que le cae como anillo al dedo a una derecha que desde el 7 de agosto venía buscando cómo crear desazón, incertidumbre y miedo en la sociedad. Nicolás Petro les hizo la tarea.

 

 Imagen tomada de caracol radio

CONDENADO EL ESTADO POR EL FEMINICIDIO DE ROSA ELVIRA CELY

 

Por Germán Ayala Osorio

Con la condena por el crimen de Rosa Elvira Cely, el Estado colombiano acumula otra más, lo que lo confirma como un orden criminal, premoderno, violento y feminicida. Pasaron 11 años para que la justicia fallara a favor de la familia de esta víctima de la sociedad patriarcal y machista en la que vivimos.

Pero más allá de la condena y de la indemnización millonaria, el caso de Rosa Elvira Cely debe de servir para que la opinión pública reconozca muy bien a quienes en ese momento descalificaron a la víctima, menospreciaron la gravedad de lo sucedido y terminaron revictimizando a la occisa y a sus dolientes.

En particular, hay que poner el foco en una figura política: Miguel Uribe Turbay, en ese momento secretario de Gobierno de la alcaldía mayor de Bogotá. El nieto de Turbay Ayala es responsable del sentido del comunicado que emitió su oficina jurídica, así él lo negara y ofreciera disculpas a la familia después de comprender las reacciones negativas que generó dicho comunicado de prensa. En ese documento, la culpa del crimen fue atribuida a la víctima por no conocer el pasado de su victimario y no tomar las medidas necesarias para evitar su compañía. “El caso fue culpa exclusiva de la víctima” fue la frase con la que el entonces secretario de Gobierno subvaloró el crimen y por ese camino, la vida misma de Rosa Elvira.

Este tipo de hechos, mirados en perspectiva histórica, deben de servir para que la opinión pública reconozca el talante del hoy senador de la República y en esa medida, se niegue cualquier apoyo ante una eventual candidatura presidencial de este delfín que hoy milita en la secta-partido, el Centro Democrático. Más pronto que tarde este “infantil cetáceo” querrá llegar a la Casa de Nariño, porque así lo determina su origen político.

Hace bien EL ESPECTADOR en recordar el cruel asesinato de Rosa Elvira y hacer énfasis en el lamentable concepto emitido por esa dependencia del gobierno distrital, en cabeza del nieto de quien gobernara el país (1978-1982) bajo las violentas condiciones impuestas por su Estatuto de Seguridad, política pública muy parecida a la Seguridad Democrática de Uribe Vélez, en lo que toca a perseguir, torturar y desaparecer a detractores y críticos de ese gobierno del inefable Turbay Ayala.

Como somos una sociedad desmemoriada, ojalá esta sentencia contra el Estado colombiano sirva no solo para recordar a Rosa Elvira, sino a aquellos hombres que, desde el poder político, suelen minimizar los crímenes de mujeres. Incluso, se atreven a negar la existencia misma de los feminicidios.

Cuando la goda élite bogotana decida proponer a Miguel Uribe Turbay como candidato presidencial, debemos estar prestos a recordar estos hechos que El Espectador bien trae a colación, a propósito de la sentencia judicial.

Imagen tomada de Colombiacheck

GUSTAVO PETRO Y LA TERNA PARA ELEGIR EL NUEVO FISCAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por diseño constitucional, le corresponde al presidente de la República presentar a la Corte Suprema de Justicia la terna de la que saldrá el nuevo fiscal general de la Nación. Debido a los agrios enfrentamientos personales, institucionales y políticos entre Gustavo Petro y Francisco Barbosa, la Procuraduría acaba de recusar al mandatario de los colombianos, con el fin de quitarle ese derecho de presentar la ya esperada terna. Se suma a lo anterior, el caso del hijo de Petro, recién capturado e imputado por graves delitos como el enriquecimiento ilícito.

Si bien el presidente expresó tempranamente que respetará el actuar del ente acusador, la derecha colombiana, de la mano del uribismo, quiere impedir que el presidente cumpla con el mandato constitucional. Lo que llama la atención es que aún el país no conoce la terna, y ya se les nota el nerviosismo ante la posibilidad de que el presidente Petro terne juristas probos, decentes y no vulgares tinterillos que terminen de sumir en el desprestigio a la Fiscalía, responsable del 94% de impunidad en más de 57 mil casos de corrupción. Sin contar la impunidad en delitos como homicidios y en particular, en la decisión institucional de no capturar a criminales del Clan del Golfo.

Lo cierto es que le queda poco tiempo a Francisco Barbosa como fiscal general de la nación. Su salida se convierte en la oportunidad para que Gustavo Petro, en nombre del Estado, recupere para la sociedad y para el Estado de derecho, a una institución permeada de tiempo atrás por mafias de todo pelambre.

Barbosa, como escudero del uribismo, viene guardándole la espalda al exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira y está siguiendo las orientaciones del uribismo, encaminadas estas a ponerle palos en la rueda a la Paz Total. Son ya varias veces con las que Barbosa se niega a darle aval institucional al presidente en el tema de suspender las órdenes de captura de disidentes de las Farc y de miembros del Clan del Golfo.

Mientras pasa el tiempo y el fiscal hace maletas- imagino que con la ayuda de su esposa Walfa Téllez, demandada por supuestamente violar el régimen de inhabilidades en un contrato- , Petro aprovecha para decir que “el narcotráfico a partir de construir con dinero sus propias nóminas ha penetrado a la UNP, a la SAE, a la Fiscalía, a la fuerza pública, a la DIAN, a Aduanas".

Lo dicho por el jefe del Estado no es un mero señalamiento: es la confirmación de lo que todos los colombianos sabemos. En una anterior oportunidad, el mismo Petro había calificado al Estado como asesino, durante la ceremonia de reconocimiento a las víctimas de las masacres del Aro y la Granja. Si miramos en perspectiva institucional, ética y moral, lo que está haciendo el presidente de la República es llamar la atención de la sociedad colombiana para que por fin asuma comportamientos republicanos y repudie la corrupción, y proscriba el ethos mafioso que, según el propio mandatario, penetró las institucionalidades de la Fiscalía, la DIAN, la SAE y la UNP. Esta última entidad, convertida en un nido politiquero en el que conviven la legalidad y la ilegalidad, la trampa, la perfidia y el desgreño administrativo.

Los señalamientos de Gustavo Petro son, en buena medida, parte de la respuesta que muy seguramente le aconsejaron dar, para enfrentar el escándalo en el que está metido su hijo mayor, Nicolás Petro. Es posible que el presidente esté ambientando la conformación de la Comisión Internacional que se encargará de asumir las investigaciones de corrupción en entidades estatales, y en casos específicos que caminan lentamente en la Fiscalía de Barbosa: el más sonado, el de Odebrecht y la Ruta del Sol, así como las muertes de Jorge Enrique Pizano y la de su hijo, envenenados con cianuro. Recuérdese que Pizano padre fue testigo de todo el entramado de corrupción en la construcción de la Ruta del Sol.  Y por supuesto, el proceso penal contra el expresidiario y expresidente, Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que la Fiscalía viene operando como el defensor de oficio del latifundista, pues en dos ocasiones ha solicitado a los jueces la preclusión del proceso que se adelanta en contra el 1087985 por fraude procesal y manipulación de testigos. Y el caso de su hermano Santiago Uribe, que ya casi completa dos años y el juez nada que emite un fallo a propósito de la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.

Petro tendrá la oportunidad de medir el nivel de penetración del narcotráfico y el miedo que la justicia le tiene a Uribe, proponiendo a la Corte Suprema de Justicia una terna cuyos miembros sean ciudadanas o ciudadanos probos. Sin tacha alguna y sobre todo, que no sean cercanos a Uribe, y mucho menos cercanos a Néstor Humberto Martínez y al fiscal saliente. Una vez conformada esa terna, la Corte Suprema podrá negarse a elegir a uno de los tres, varias veces. Ese es un riesgo. Es posible, entonces, que la dirección de la Fiscalía caiga en una inconveniente interinidad.

En esa selecta lista deben estar Miguel Ángel del Río, Angélica Monsalve y el propio ministro de la Defensa, Iván Velásquez.  Un rechazo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia bien podría servir para pensar que dentro de esa corporación sobreviven los intereses y las realidades que, justamente, el presidente quiere cambiar.

 

Imagen tomada del portal Semana

 

IVÁN DUQUE: ¿POR QUÉ NO TE CALLAS?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Iván Duque Márquez asumió de un tiempo para acá el rol de crítico del gobierno de Gustavo Petro. Y pontifica en asuntos económicos y sociales que él manejó bastante mal durante su periodo de gobierno (2018-2022). Quien fuera el presidente-títere de Álvaro Uribe Vélez y de la godarria bogotana, resolvió de un momento a otro, convertirse en experto, cuando el país lo recuerda como el más funesto y despreciable presidente de la República, superando con creces la administración de Andrés Pastrana.

Duque Márquez cree que emitiendo opiniones sobre asuntos que él manejó de la peor manera, podrá quitarse de encima el remoquete de títere con el que millones de colombianos lo asocian por haber aceptado ser presidente de la República, por decisión de un tercero.  Baste con recordar que la prensa internacional se preguntó si era una figura del rock o un puppet. La periodista de CNN, Angela Patricia Janiot le preguntó al aire que si él era el títere de Uribe. Al final, los colombianos llegamos a la conclusión de que se trató de un muñeco que el Gran Titiritero usó hasta el cansancio.

Las representaciones sociales negativas que sobre Duque circulan dan cuenta de un cuarentón fatuo, infantil y pusilánime que se sentó en el Solio de Bolívar para seguir un guión económico, social, ambiental, militar y político que le entregaron: perseguir a sus críticos, aumentar la pobreza monetaria, bombardear solo campamentos guerrilleros; mantener finas relaciones con el Clan del Golfo; permitir la corrupción pública; ahondar el proceso de privatización del Estado; acabar con las selvas, para meter ganadería y agrocombustibles; salvar a los bancos y entregar migajas a los más pobres durante la pandemia; mandar a sacarles los ojos a cientos de jóvenes que salieron a reclamar sus derechos; permitir que su madre, según versiones periodísticas, liderara la entrega de recursos de la SAE a su círculo de amigos. La conocen con el alias de La Madrina. Y el listado sigue.

El columnista Juan Carlos Botero señaló que “todo expresidente debería guardar un prudente silencio luego de terminar su mandato. Ahora, si fue un presidente ejemplar, quizá se le perdonan algunas opiniones. Pero un presidente malo, que después pontifica sobre cómo se debe gobernar, eso ya es demasiado”.

Aunque Botero no se refiere de manera directa a Iván Duque, el calificativo de presidente malo le calza perfecto a este manzanillo, homúnculo y mequetrefe que Uribe y una parte de la élite económica manipuló como si de verdad se tratara de un muñeco, de un puppet.

Haría bien en retirarse de la vida pública y dedicarse a cantar o hacer DJ, actividades que podría desempeñar con un relativo éxito, dada la pesada carga que dejó su desastrosa administración. Lo mejor que podría hacer es callarse y retirarse a disfrutar de la pensión que se ganó por haber desangrado las finanzas públicas y entregarle la Fiscalía a su amigote, el inefable Francisco Barbosa. De esa manera, esa institución sigue en manos de lo que se conoce como el uribismo.

Señor Iván Duque Márquez: por favor guarde silencio. A usted, millones de colombianos lo aborrecen. Y dentro de la secta-partido, el Centro Democrático, también. Le recuerdo que la señora Cabal, alfil de Uribe Vélez, se refirió a usted como “un gordo marica”. Y ese calificativo, se asocia a la idea de una persona pendeja, medio boba o atembada.

Imagen tomada de la red

PONERSE LOS CROCS: UN RIESGO ELECTORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con la bendición de Álvaro Uribe Vélez, el más grande elector de Colombia de los últimos años, el inefable Fico Gutiérrez, se lanza a la reconquista de EPM y de Medellín. Es decir, Fico se puso los crocs, aunque técnicamente jamás se los quitó. Será el títere, otra vez, del ladino expresidente y expresidiario.

Hace ya varios meses, Gilberto Tobón fue y se abrazó con el Gran Capataz, pero parece que al final el Patrón se decidió por el “caradura” de Fico. Es decir, el hasta ayer crítico del establecimiento y del propio expresidente, decidió ponerse los crocs. Tobón parece olvidar que caminar en crocs constituye hoy el mayor riesgo de fracaso electoral en virtud de la raída imagen del uribismo y del hijo de Salgar, imputado por la Corte Suprema de Justicia de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos en calidad de determinador.

Ponerse los crocs puede salirle muy mal a quienes osen calzarse ese particular estilo de calzado que el expresidente manchó con su mala fama. Por estos días, la derecha neoliberal que encarna el 1087985 anda desesperada buscando títeres ( “Jorgitos” o Iván Duque”) para instalarlos en gobernaciones y alcaldías.

Uribe y quienes aún siguen al combativo ex Mesías, convertirán las próximas elecciones regionales en un campo de batalla electoral, pues saben que de perder ese pulso con el Pacto Histórico y las ideas progresistas que encarna el presidente de la República, Gustavo Petro, el destino del llamado uribismo será la sepultura total. Reconocen que un triunfo generalizado de las ideas de la izquierda democrática le servirán a Petro de plataforma para acabar de cumplir con lo prometido en campaña y para que de esos territorios electorales broten los candidatos que en el 2026 intentarán dar continuidad a los programas sociales que hoy se impulsan desde la Casa de Nariño, junto con apuestas ambientales como la transición energética, la industrialización del país y la consolidación de la reforma agraria y de la paz total.

Por todo lo anterior, las elecciones regionales de 2023 son ya angustiantes para la derecha y en particular para el uribismo, en representación del “viejo y recién derrotado régimen”. Es tal el desespero de Uribe, convertido en una especie de “determinador electoral”, que anda repartiendo “piropos” a diestra y siniestra. Lo hizo con Jorge Enrique Robledo, a quien el gran capataz lo vio manejando los hilos de Bogotá, a sabiendas del odio visceral que Robledo profesa hacia Gustavo Petro. La respuesta del fundador de la microempresa electoral Dignidad fue clara: “no seré candidato a ningún cargo en 2023. Son conocidas mis profundas diferencias con Álvaro Uribe”. Pero todos sabemos que Robledo, Oviedo y Molano son fichas del uribismo para también recuperar la Alcaldía Mayo de Bogotá.

Insisto. Quienes opten ser candidatos a alcaldías y gobernaciones bajo las banderas del uribismo y calzando crocs, sus nombres, casi de inmediato, caen en un incuestionable proceso de degradación por todo lo que hoy rodea a esa aviesa “doctrina” con la que el ejercicio de la política y con este los políticos, quedaron sumidos en el fango de la corrupción y la violencia política. Dicen que, en Cali, el Centro Democrático no entregó avales o co-avales al candidato de la derecha, Alejandro Eder. Quizás no lo estén haciendo de frente y en público, pero probablemente se acerquen como ya lo hicieron los conservadores y Cambio Radical. Podrá repetirse con Eder la misma historia vivida con Jorge Iván Ospina, apoyado por el Partido Verde, el pacto histórico, La U y miembros locales y regionales del uribismo.

Imagen tomada de Telemedellín

LAS LUCHAS DEL FÚTBOL FEMENINO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los elogios que por estos días reciben las jugadoras de la Selección Femenina de Fútbol que participa del Mundial que se realiza en Australia son más que merecidos. Y es así, porque detrás de estos positivos resultados hay unas luchas que estas atletas vienen librando. Luchas que confluyen en lo que se puede llamar una lucha cultural contra el patriarcado y su correlato el machismo.

Las luchas de las futbolistas no se libran solo en las canchas. Ahora que millones de colombianos celebramos los triunfos de la Selección Femenina en el Mundial, debemos hacer conciencia de que estas muchachas vienen dando batallas mucho más difíciles que jugar 20 partidos seguidos contra la Selección de Alemania, a la que derrotaron con argumentos y un par de golazos de gran factura. Un triunfo enorme, histórico, épico.

Ellas vienen enfrentando el machismo estructural que se expresa en los bajos salarios, si se compara con lo que ganan los hombres en la misma categoría. A los machos les pagan muy bien y la verdad es que poco o nada han ganado a nivel mundial. Estas atletas, además, han soportado la estigmatización de dirigentes del fútbol colombiano, por la “orientación” sexual de algunas de las jugadoras.

Esa “preocupación” de los dirigentes del fútbol y de cientos de aficionados no se expresa en relación con el fútbol masculino. No. Aquí opera lo que en su momento la escritora Carolina Sanín llamó el “cacorraje nacional”, que no es otra cosa que ese pacto que entre machos funciona y con el que se busca descalificar o minimizar todo lo que hagan las mujeres, incluido, por supuesto, el fútbol y por esa vía, a las jugadoras. Que hay jugadores homosexuales, por supuesto y eso no tiene nada de perverso. Y que hay lesbianas en el mundo del fútbol femenino, pues también. Aquí lo que debe importar son los resultados y las condiciones de equidad para hombres y mujeres en términos de salarios y premios.

También deben luchar contra el lenguaje periodístico. Colegas se atreven a llamarlas “niñas”, para evitar reconocer que son atletas, jugadoras profesionales. En el partido contra las alemanas, un narrador colombiano dijo, refiriéndose a Popp, la goleadora teutona: "No vas a hacer nada hoy, muñeca. Estás bonita y todo, pero lo siento”. Ese es un típico comentario machista con el que se insiste en cosificar a las mujeres, llamándolas "muñecas", genérico que no puede usarse con todas. Si el narrador está acostumbrado a llamarlas así en su círculo social, eso no le da derecho a hacerlo con todas las mujeres y menos, con las futbolistas. Y no importa que sean del equipo rival, como en este caso. 

Les pueden llamar muchachas, pero no minimizar el esfuerzo y la disciplina de quienes asumieron ese deporte como oficio y manera de vivir. Y no faltará el comentario machista que toque el asunto de la belleza, a partir de los estándares impuestos por la cultura patriarcal que les exige a las mujeres dar cuenta de esas exigencias estéticas, para el disfrute masculino. Aplausos para ese puñado de mujeres que se esfuerzan por triunfar y conseguir títulos importantes para el país, en medio de un anacrónico patriarcado y machismo.

Imagen tomada de Telemedellín.