Por Germán Ayala Osorio
La prensa suele usar la moral
colectiva para exponer, cuestionar y juzgar con especial dureza a quienes se
atreven a violar sus preceptos. Y lo suele hacer a través del género noticia, convertido
en el más dañino, pero efectista de todos los géneros periodísticos en la medida
en que es ahistórico, coyuntural y se expresa a través de titulares espectaculares y llamativos. El amplio y fastuoso despliegue es una de las características de la
noticia.
Eso sí, cuando uno de esos ciudadanos
hace parte del núcleo familiar de los propietarios del medio de comunicación o de
un grupo social privilegiado, a ese indebido e inmoral comportamiento no se le
aplican los criterios de noticia lo que de inmediato activa la autocensura como
mecanismo de defensa del “buen nombre” de quienes sostienen económicamente al
medio de comunicación y las relaciones políticas con el poder
tradicional.
Es decir, la deontología del oficio
está íntimamente atada al carácter hegemónico con el que opera la moral
colectiva y sometida a los intereses de clase de quienes usan la prensa para
legitimar un sistema cultural de dominación que, para el caso de Colombia, promueve
el clasismo y la existencia de ciudadanías de primera, segunda y hasta de tercera categoría. Y peor resulta el asunto cuando esos medios masivos operan como actores
políticos que le hacen oposición al gobierno.
Así las cosas, cuando la prensa
informa, las audiencias creen a pie juntillas que lo publicado es el resultado
de un serio análisis de los hechos y dan por sentado que es verdad. Pero cuando
las noticias publicadas afectan de manera negativa el buen nombre de personas
del común y de usuarios de las redes sociales, y estos últimos exigen la rectificación
de la información publicada, los medios masivos suelen asumir la cobarde
actitud de no rectificar en las mismas condiciones en las que originalmente
fueron expuestos los hechos noticiosos que, a juzgar por las sentencias de los
jueces, no resultaron ser tan veraces como inicialmente se pensó.
Recientemente el diario El
Espectador fue obligado, por orden de jueces, en primera y segunda instancia a
rectificar parte de la información publicada en una controvertida nota
periodística titulada Tropas de influenciadores de Petro en
la que relacionó los nombres de por lo menos 11 tuiteros sobre los que el diario
capitalino señaló que tenían contratos con el gobierno Petro y que actuaban
como parte de las “bodegas petristas” desde donde se defiende las actuaciones
del gobierno. Como actor político en oposición al gobierno Petro, El Espectador
creyó que había logrado desenmascarar al presidente y a sus asesores en
comunicación al develar los nombres de los influenciadores que defienden a dentelladas
a la actual administración. Pero se equivocó de cabo a rabo el diario bogotano.
Así “cumplió” el cuestionado diario
bogotano la orden emitida por la justicia: Este fue el titular: Rectificación
sobre nota “Tropa de influenciadores de Petro se mueve con el erario y se agita
la campaña”. Y el sumario o bajada, este: “En cumplimiento de lo ordenado
por la Sala Cuarta de Decisión Civil del Tribunal Superior de Bogotá, El
Espectador rectifica la información publicada los días 5, 6 y 7 de abril de
2025 en la nota titulada “Tropa de influenciadores de Petro se mueve con el
erario y se agita la campaña”.
Sin embargo, la rectificación no
se hizo en las mismas condiciones de espacio y divulgación de la nota que originó
las acciones de tutela de los afectados que se sintieron “perfilados” y
afectados en su buen nombre por El Espectador. La Corporación VLID (Voces Libres
para la Democracia) señaló en su cuenta de X “que hemos decidido
interponer incidente de desacato contra @elespectador por incumplir con la
rectificación: omite la admisión de responsabilidad exigida por la Corte y no
cumple con la extensión ni frecuencia de publicación de la nota original, como
lo ordenó el despacho”.
Le queda muy mal a El
Espectador negarse a publicar la rectificación en las mismas condiciones de
espacio que le dio a la nota que motivó que los afectados instauraran las
acciones de tutela con las que finalmente le ganaron el pulso jurídico y político
al medio de comunicación. Como agente defensor de la moral colectiva e
instrumento del sistema cultural de dominación El Espectador está obligado por
la deontología del oficio a respetar a los ciudadanos y por supuesto a acatar
las decisiones de los jueces. Al no hacerlo, el histórico periódico se ubica en
el mismo plano inmoral en el que a diario suele exponer a políticos,
empresarios y ciudadanos del común.
Les vendría bien a los Cano
revisar las maneras y las lógicas con las que vienen haciendo periodismo, pero
especialmente analizar los daños a la reputación del medio que les está
generando la decisión política de hacer parte del conglomerado de empresas mediáticas que
todos los días le hacen oposición al gobierno Petro. Como lo dije en anterior columna,
me quedo con El Espectador del pasado y rechazo el de hoy porque entró en el
peligroso juego de la estigmatización ideológica. Sin duda alguna
estamos ante un retroceso enorme: pasó de ser un referente periodístico
nacional y un defensor de las ideas liberales, para fungir como un agente
Estigmatizador Ideológico al servicio del capital.
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