CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS EFECTOS DE “DANA” EN VALENCIA (ESPAÑA)

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las imágenes del desastre que deja la depresión DANA en la provincia de Valencia (España) son dantescas. A pesar de ser espeluznantes, en Colombia y en el mundo habrá cientos de millones de seres humanos que aún dudan de que el cambio climático y sus pluricrisis son una realidad socio ambiental y ecológica que no se puede seguir negando.

Carros apiñados como juguetes en mal estado bien podrían servir para exponer al individualismo como un factor negativo, resultante de las maneras como la humanidad asumió las ideas del desarrollo, el progreso y el bienestar individual, en contravía de conductas y derechos colectivos que jamás debieron ceder tanto a los deseos particulares por alcanzar independencia, reconocimiento, prestigio y autonomía en la sociedad capitalista. El coche del año, el Ferrari o el Lamborghini, o la silverado para penetrar selvas o pantanos representan la lógica del Hombre civilizado como ser capaz de someter y transformar ecosistemas calificados como inhóspitos. Todo lo anterior asociado a la vida urbana, hito civilizatorio en donde fenómenos climáticos  como DANA o los huracanes en los Estados Unidos se expresan con mayor rigor.

Aquellos coches arrumados, estrellados y muchos inservibles representan la suma de los objetivos trazados por todas las industrias que confluyen en su fabricación y movilización por el mundo.  Los agentes de poder económico y político que le apostaron a darle a millones de ciudadanos el plus de tener un vehículo movido a base de combustibles fósiles generadores de emisiones de C02 tardíamente comprendieron el daño que de manera sistemática se le viene haciendo al clima del planeta.

La verdad es que va a ser muy difícil para la humanidad entera abandonar las condiciones y las circunstancias que en clave individualista generó el modelo de desarrollo económico basado, de un lado, en la instrumentalización de la naturaleza y, del otro, en su sometimiento y transformación para poner a rodar millones de egos al mismo tiempo, por autopistas cada vez más rápidas y congestionadas en los Estados Unidos, China y hasta en la misma España.

Mientras el mundo ve las apocalípticas imágenes que nos deja DANA, en la COP16 que se realiza en Cali-Colombia, las discusiones avanzan en medio de tensiones políticas y económicas que tienen que ver con las relaciones de dominación entre un Norte opulento y desarrollado y un Sur complejo, pero igualmente interesado en alcanzar esos mismos niveles de desarrollo, bajo la misma fórmula: continuar sometiendo a la Naturaleza para satisfacer nuestros deseos individuales.

Quizás el ser humano asumió tempranamente como una forma de “violencia” las condiciones naturales del planeta Tierra. De allí que el desarrollo económico capitalista se haya fundado en una forma de “venganza” impulsada por la necesidad de adecuar los ecosistemas a nuestros deseos y aspiraciones.

“Lo que necesitamos por encima de todo es recuperar el amor y la empatía por la naturaleza que perdimos cuando nos enamoramos de la vida urbana” (Lovelock, James). Quizás lo que más necesitamos es desenamorarnos de la vida urbana y de los deseos individualistas cuya fuente egocéntrica parece inagotable.

 Adenda: imagino que las Aseguradoras ya están diseñando (si es que ya no lo hicieron), pólizas para respaldar la inversión económica en vehículos de lujo que resulten afectados en los  próximos eventos. 

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EL CASO PEGASUS: NUEVO FACTOR DE ODIO IDEOLÓGICO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El caso Pegasus va camino a convertirse, de cara a las elecciones de 2026, en el factor de discordia y odio más grande entre el uribismo y el petrismo y de división interna entre los sectores que configuran la derecha colombiana.

La sorpresa que significó para la derecha uribizada que el jefe del Estado se atreviera a develar el oscuro entramado delictivo que arrastra la compra legal-ilegal del malicioso software, terminó por desatar la más agria reacción en las huestes uribistas. Al interior de esa mesnada nadie esperaba que Petro fuera capaz de exponer públicamente lo que bien se pudo manejar de acuerdo con la tradición política y los quehaceres presidenciales: de manera silenciosa para no afectar la dignidad presidencial comprometida en este caso por la figura del expresidente Iván Duque Márquez.

Una vez convertida la sorpresa en una inocultable molestia del uribismo con el presidente Petro por haber destapado semejante caja de pandora, sus más visibles agentes se vieron obligados a activar la estrategia política, institucional y mediática de negar la compra de Pegasus y el uso criminal que el presidente de la República ha señalado que le dieron a ese instrumento informático.

El expresidente Iván Duque se vio empujado a negar la transacción y por esa vía el uso delictuoso del software. Al tiempo, varios medios de comunicación afectos al círculo de poder que rodea aún a Uribe Vélez se apropiaron de la tesis negacionista para ridiculizar al presidente Petro y bajarle el tono al escándalo. Una periodista que gusta de exponer públicamente bochinches presentados como hechos noticiosos relevantes, lideró la tarea periodística de negar la compra de Pegasus. Se sumaron a su perniciosa tarea conductores de programas radiales que en el pasado fungieron como defensores de oficio de la nefasta administración de Duque.

A la estrategia de defensa del honor presidencial de Duque se sumó la procuradora Margarita Cabello Blanco quien negó la existencia oficial de Pegasus, resultado, según la ladina jefa del Ministerio Público, fruto de sendas investigaciones. Ad portas de entregar el cargo, Cabello Blanco estaba obligada a demostrar una vez más su lealtad y sumisión al uribismo. La reacción de Petro no se hizo esperar: “la Procuradora, miente”.

Eso sí, el enfrentamiento no es solo político, sino mediático. La revista Raya y RTVC fungen como medios alternativos y canales a través de los cuales el presidente Petro ha logrado darle visibilidad a semejante caso cargado de impudicia y odio hacia su figura y a todo lo que huela a izquierda. Así las cosas, los ejercicios periodísticos de Raya y RTVC se oponen ética, moral y políticamente a las propias actividades editoriales y periodísticas adelantadas por los medios que, afectos al uribismo, se la jugaron toda por la autocensura para minimizar el escándalo y ocultar la realidad de unos hechos que son tozudos: la compra de Pegasus si se produjo. Lo de su uso criminal le corresponde demostrarlo a la Fiscalía.

Entre tanto, el presidente Petro insiste en que la compra sí se hizo, hecho que NSO Group confirmó aludiendo que la operación se dio bajo el ordenamiento jurídico. A pesar de la contundencia de lo expresado por la empresa israelí que le vendió al Estado colombiano el software, Duque, sus amigos periodistas y ahora Cabello Blanco insistirán en la estrategia negacionista hasta tanto la fiscalía general de la Nación (FGN) no abra un expediente e inicie la vinculación y la imputación de cargos contra aquellos que de manera directa tuvieron que ver con la adquisición de Pegasus y el uso criminal que señala Petro. Urge que la FGN actúe con celeridad para que este caso de espionaje alcance el nivel de importancia política y mediática que en su momento alcanzaron los hechos y las circunstancias del Proceso 8.000 y el de las chuzadas del DAS.

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VICKY DÁVILA SE CONVIRTIÓ EN "NOTICIA CRIMINAL"

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La periodista Victoria Eugenia Dávila de Gnecco acaba de ser demandada por el Orlando José Serpa Teherán por varios delitos. La acción judicial se conoció a través de una noticia criminal publicada por la fiscalía general de la Nación, lo que constituye un hecho noticioso, jurídico y político que puede terminar catapultando la aspiración presidencial de la directora de Semana o, por el contrario, sepultándola ante una decisión judicial inobjetable que frene las intenciones de los clanes que la quieren poner en la Casa de Nariño.

Como era de esperarse, la periodista de inmediato se victimiza alegando una persecución política que, aunque no existe, le sirve a la derecha y a ella misma para insistir en la narrativa que indica que Petro es un dictador igual a Maduro y que como ya lo indicó la propia comunicadora, “la fiscal de bolsillo estaría cumpliendo órdenes al presidente de la República”. Sin duda alguna, un señalamiento temerario de parte de la periodista que en varias ocasiones ha exigido respeto a las instituciones y a la institucionalidad.

Dávila olvida que ante cualquier demanda penal la Fiscalía está obligada, dentro de sus procedimientos reglados, informar a través de una noticia criminal de la apertura de un proceso judicial. De manera maliciosa, la periodista convierte esa acción informativa de la FGN en una acción política en su contra, orquestada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

El expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez salió a respaldar a una de sus más fervientes escuderas, aludiendo, justamente al sentido de esa narrativa con la que se insiste en igualar a Petro con el inefable Nicolas Maduro Moros.

Ya varios medios se manifestaron en ese sentido. Vanguardia, por ejemplo, sostiene que “las redes sociales están volcadas a un intenso debate sobre la posible persecución del Gobierno a la prensa en Colombia. La discusión fue iniciada por la directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, después de que la Fiscalía General le notificara la apertura de una noticia criminal por hechos aún sin precisar”.

Entre tanto, EL TIEMPO, periódico que le hace fuerte oposición política a Petro, reproduce lo dicho por Semana: “Dávila había subrayado en sus redes sociales que la denuncia estaba ligada a los 'petrovideos', grabaciones destapadas en medios de comunicación en las que se ven, previo a las votaciones, reuniones de miembros de la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de 2022 en las que hablan de jugadas políticas contra sus contendores. Según Semana, la denuncia fue radicada el pasado 24 de septiembre, a las 8:02 p. m., por Orlando José Serpa Teherán. "En el escrito le da estatus de 'indiciada' a la periodista y solicita que la investiguen por 'interceptaciones ilegales, concierto para delinquir, espionaje ilegal, traición a la patria, y los demás que resulten de la investigación'”.

Mientras ese proceso judicial avanza, le corresponde al gobierno Petro entregar todas las pruebas que tenga en sus manos para dilucidar todo lo que confluye en la compra de Pegasus, el malicioso software que adquirió el gobierno uribista de Iván Duque y el uso delictivo de esa herramienta para espiar a Petro y a su campaña presidencial y a los jóvenes que participaron en el estallido social.

Sacar a Vicky Dávila de la contienda electoral por vía judicial siempre se leerá como un acto político enmarcado en la fuerte oposición que la periodista le viene haciendo al gobierno Petro desde la revista Semana, convertida por la vallecaucana en una plataforma ideologizada desde donde se ataca al presidente y a su familia, se minimizan los logros de su administración y se insiste en generar miedo, incertidumbre y rabia en las audiencias en contra del petrismo.

 

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PEGASUS Y LA ELIMINACIÓN DE LOS LÍMITES ENTRE LO LEGAL Y LO ILEGAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La compra del software Pegasus confirma que los límites entre lo legal e ilegal se borraron por completo. Estamos ante una práctica naturalizada en Colombia desde hace marras y es, en sí misma, una marca cultural y política con la que se identifica al uribismo. Hay pruebas suficientes de que ese sector de poder político y económico volvió la desaparición de las fronteras entre lo legal y lo ilegal en su distintivo moral y manera de asumir el ejercicio de la política. Baste con recordar los hechos de la parapolítica, el ingreso subrepticio de alias Job a la Casa de Nari y las chuzadas del DAS a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de entonces, entre otros hechos públicos.

La adquisición de la maliciosa herramienta de espionaje es legal en tanto que de la transacción participaron el Estado colombiano, representado por el gobierno de Iván Duque Márquez y la empresa NSO Group. Es decir, la transacción tuvo y tiene visos de legalidad, aunque su inspiración esté asociada a pérfidos objetivos políticos y a asuntos de seguridad nacional manejados bajo los viejos criterios de la política de seguridad democrática en los que se recrea la existencia de un “enemigo interno” capaz de poner en riesgo la operación del Estado; el componente ilegal estaría representado en el origen de los millones de dólares en efectivo que recogieron en un hangar de la Policía Antinarcóticos de Bogotá. De igual manera, lo ilegal se pondría de presente a través del uso criminal del software, esto es, chuzar la campaña Petro presidente y los perfilamientos, seguimientos y violaciones a los DDHH que se habrían cometido contra jóvenes y líderes de la llamada Primera Línea, convertidos en objetivos militares del Gobierno Duque durante el estallido social.

El caso Pegasus supera las dimensiones éticas, morales, políticas, institucionales y culturales del Proceso 8.000, lo que debería de convertirlo en un gran suceso mediático y político. Por tratarse de un hecho social y político con raíces en un sector de la derecha, le corresponde a la fiscalía general de la Nación asumir sin ambages de ninguna naturaleza las investigaciones y las imputaciones dado el desinterés de la prensa tradicional que defiende al uribismo, de cubrir los hechos que el propio jefe del Estado ha dado a conocer a través de alocuciones y redes sociales.

Ante el silencio de las empresas mediáticas que le hacen oposición política al gobierno Petro y la intención manifiesta de no darle el carácter de escándalo a la compra y uso criminal de Pegasus, le corresponde a la fiscalía asumir con rigor las investigaciones para develar lo ocurrido. Los congresistas del Pacto Histórico, con sus abogados, están en la obligación ético-política de denunciar a los responsables de la compra, con el firme propósito de presionarlos para ver si el visible pacto de silencio se revienta por la parte más débil. Y están obligados los congresistas del partido de gobierno por una razón: Pegasus se habría usado para violar los derechos humanos de jóvenes que participaron de las movilizaciones y las protestas en el marco del estallido social. Y todos sabemos que en buena manera el triunfo de Petro es fruto de ese entorno violento provocado por la respuesta violenta y la mezquindad con la que Duque enfrentó semejante desafío.

El columnista, exdirector del DAS y columnista de El Espectador sostiene que “de los once millones de dólares transportados desde Bogotá a Israel está claro que sí fueron consignados en un banco de ese país pues era imposible borrar la huella de tanta cantidad en efectivo, que en ninguna parte del universo es platica de bolsillo. Sin duda, lo que va a ser difícil de establecer, salvo que algún “garganta profunda” se reviente, es de dónde salieron tantos dólares en efectivo”.

Entre más rápido actúen los abogados del Pacto Histórico y la fiscalía, el pacto de silencio se irá resquebrajando hasta que aparezca el “garganta profunda” que señale a los responsables de la compra y del uso criminal de Pegasus.

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PUERTO RESISTENCIA DECLARADO PATRIMONIO NACIONAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Declarar patrimonio nacional al monumento a la Resistencia de Cali constituye un gesto ético-político y cultural de reivindicación de la lucha popular en una sociedad históricamente clasista, racista y arribista como la caleña.

Quienes se oponen a esa declaratoria y a la presencia incluso de la colorida escultura exponiendo argumentos estéticos, lo hacen porque les parece que los únicos monumentos, bustos o esculturas estéticamente aceptables obedecen a escuelas o tendencias artísticas aceptadas por la élite dominante. El valor del brazo en forma de lucha está atado a los hechos vividos durante el estallido social provocado por el gobierno de Iván Duque Márquez y a la decisión comunitaria y popular de resistir a las medidas económicas adoptadas por esa administración y por supuesto, a la embestida militar y policial que sufrieron los y las jóvenes de sectores populares como el de Puerto Rellena, hoy conocido como Puerto Resistencia.

Hay otros que se suman al rechazo por lo que significa enaltecer las expresiones de violencia simbólica y física que se exhibieron durante las duras jornadas de protesta en el contexto del estallido social. Para estos colombianos solo es legítimo exaltar a la fuerza legítima del Estado, a pesar de que como orden dominante y estructura de poder arrastra una historia de probada e inquietante ilegitimidad.

El monumento a la Resistencia da cuenta de la historia reciente de la capital del Valle del Cauca, epicentro de las movilizaciones sociales y de los desmanes que se presentaron durante el estallido social. Por ese carácter histórico, el reconocimiento como patrimonio nacional no debería de alimentar los odios que aún manifiestan sectores del poder político y económico de la ciudad de Cali por lo vivido durante las jornadas de protestas y movilizaciones.

Asumir la declaratoria como un triunfo de la violencia popular es negar las responsabilidades políticas que jamás asumió la administración de Iván Duque y los sectores de poder que apoyaron sus medidas represivas.

Eso sí, no se puede negar que darle ese lugar cultural y patrimonial a la sugestiva escultura constituye una acción política con la que el gobierno Petro le cumple a los jóvenes que se “levantaron” contra un Estado local y una sociedad clasista, racista y arribista como la caleña. La decisión ministerial constituye una acción ideológica como lo fue en el pasado la instalación de la figura representativa de Sebastián de Belalcázar en la zona del oeste. A pesar de sus crímenes, la sociedad caleña lo asumió como parte de su historia. Y es que la historia de la humanidad está llena de bustos, monumentos y esculturas que exaltan la violencia y los triunfos de proyectos políticos anclados en apuestas ideológicas. Lo que sucede en este caso es que el monumento a la Resistencia viene atado a la izquierda, orilla ideológica que, durante años de hegemonía de la derecha, pocas veces tuvo la oportunidad de imponer símbolos atados a la lucha popular, pero sobre todo a la resistencia de un colectivo contra un Estado que como el colombiano arrastra una historia de criminalidad y violación sistemática de los derechos humanos, azuzado muchas veces por una élite social, política y económica que aborrece lo popular y lo comunitario porque suele asociarlo con la siempre incómoda izquierda.

Aunque Eder no respaldó explícitamente la decisión del ministro de Cultura, Juan David Correa, señaló que “la reconciliación no se puede imponer”. “Tenemos que buscar un verdadero proceso de reconciliación en Cali”. Queda claro que al alcalde distrital la declaratoria no le gusta. Se equivoca Eder: con dicha declaratoria no se pretende imponer la reconciliación. 

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MIGUEL URIBE TURBAY: EL “DELFÍN” URIBISTA QUE QUIERE GOBERNAR A COLOMBIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los delfines rosados que nadan plácidamente en el lago Tarapoto y en el lecho del río Amazonas no se parecen en nada a esos otros “delfines” que flotan en Bogotá entre los privilegios heredados de tíos, padres y abuelos que en el pasado llegaron a ser presidentes de la República. Se trata de prerrogativas cargadas de clasismo y tradición que les da el “derecho” a ser jefes del Estado sin haber hecho mucho por el país desde los cargos públicos que han ejercido.

Como país biodiverso que somos, podemos a diario escuchar al “delfín” Germán Vargas Lleras, nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, exponer con singular propiedad las soluciones a los graves problemas del país. Por llevar la sangre de los Lleras, el exvicepresidente de Santos se siente con el “derecho” de aspirar a gobernar al país. Es su único “mérito”, salvo que dirigir a Cambio Radical, el partido con más políticos procesados, investigados y condenados, lo asuma como una virtud. Pero Germán Vargas Lleras no está solo.

En Copacabana (Antioquia) el “delfín” Miguel Uribe Turbay lanzó su candidatura presidencial. El nieto del expresidente liberal, Julio César Turbay Ayala, invitó a los “colombianos de bien” para que lo acompañaran en su primera aventura electoral hacia la Casa de Nariño. El senador del Centro Democrático, a sus 38 años, se cree capaz de gobernar a la compleja Colombia, ofreciendo seguridad, la misma que su patrón Álvaro Uribe Vélez prometió a los colombianos. Es decir, bala, bala y bala.

Este descendiente de Turbay Ayala, ejecutor del temido y violento Estatuto de Seguridad, invita a los “colombianos de bien” a que se unan a su proyecto de país, que es el mismo que ejecutó Uribe Vélez entre el 2002 y el 2010.

Hablemos de esa expresión. Se trata, sin duda alguna, de una locución cargada de clasismo y arrogancia que les sirvió a muchos en el pasado reciente para ocultar sus negocios ilícitos, sus relaciones con mafiosos, criminales y miembros corruptos de clanes políticos. Se asocia la idea de “colombianos de bien” a gente derechosa tratando de zafarse de una multa o con la firme intención de mostrar algún tipo de “superioridad económica o moral” frente a otros considerados previamente como “escoria, gente pobre o vaciada”. La misma frase deviene con una carga moralizante y estigmatizante en la medida en que si hay “colombianos de bien”, auto considerados así, o reconocidos como tal por específicos agentes del poder político y económico, es porque existen “colombianos del mal” o “malos colombianos”.

Una dualidad así planteada le servirá a Uribe Turbay para dar continuidad a las prácticas estigmatizantes que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez puso de moda durante sus ocho años de la Seguridad Democrática, política pública parecida en sus logros al Estatuto de Seguridad del abuelo del senador Miguel Uribe: asesinados, perseguidos y estigmatizados por pensar diferente y atreverse a criticar al gobierno de turno.

En el video con el que se lanzó prematuramente a la contienda electoral de 2026 el senador uribista (un verdadero godo), hizo referencia a Dios. Al decir “Dios bendiga a Colombia y a los colombianos”, el retoño de la señalada familia les habla a los sectores creyentes, mostrándose como un político religioso dispuesto a desconocer el principio constitucional que reconoce como laico al Estado colombiano.

Miguel Uribe Turbay sabe que el futuro de su candidatura presidencial depende exclusivamente del guiño del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Por ello, el ladino congresista, para ganar puntos con el patrón se fue a territorio antioqueño a lanzar su aspiración, mencionó a Dios y habló de seguridad. Su visión de país se reduce a las circunstancias que rodean a eso de ser antioqueño, creyente y adorar el uso legítimo de la fuerza. Lo cierto es que después de Iván Duque Márquez, el títere de Uribe, cualquier pelmazo, muñeco, idiota, pendejo, pusilánime, vociferante, homúnculo, pendenciero y bravucón puede aspirar a llegar a la Casa de Nariño. 

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PREGUNTAS Y RIESGOS DEL PAGO DE DEUDA POR ACCIONES CLIMÁTICAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el marco de la COP16 vuelve a plantearse la idea de que los países biodiversos como Colombia salden sus deudas con el sistema financiero internacional a través de acciones climáticas que coadyuven a minimizar los graves impactos que ya vienen dejando las pluricrisis (cambio climático) que se  registran tanto en el sur como en el norte global. Intercambiar deuda por acciones climáticas tiene sus riesgos y de eso hablaré en esta columna.

Toda propuesta económica o ambiental que se haga desde América del Sur para paliar los efectos negativos de la impagable deuda externa de países como Colombia, trae enormes riesgos políticos y comunitarios. El presidente Petro le propuso al Norte opulento negociar deuda externa por acciones climáticas. Esto es, cuidar las selvas amazónicas y las del Chocó Biogeográfico, pulmones del mundo y ejes sobre los que gravita hoy el ya golpeado equilibrio climático del planeta.

En principio, nadie tendría por qué oponerse a semejante propuesta tan audaz. Pero surgen varios interrogantes que se deben resolver antes de que el FMI y el Banco Mundial empiecen a discutir la viabilidad de la propuesta y la creación de otro mecanismo de dominación igual o más poderoso que aquel que obliga a países como Colombia a pagar los intereses que genera su creciente deuda externa. No podemos ser ingenuos: que al presidente de los Estados Unidos le suene la propuesta de Petro y con ese aval, los organismos multilaterales de crédito asuman su estudio no significa que las relaciones de dominación Norte-Sur llegarán a su fin. No. Por el contrario, afinarán las formas, instrumentos o mecanismos de dominación y de expoliación.

Cuidar nuestras selvas para beneficio de la humanidad suena loable y responsable desde una ética ecológica fundada en valores como la corresponsabilidad política, lo que nos obligaría a cuidar la vida en todas sus manifestaciones en beneficio de la biodiversidad, lo que minimizaría los impactos del cambio climático. Ética ecológica que los países desarrollados jamás tuvieron como guía al momento de aplicar sus políticas extractivas y de máximo aprovechamiento de los recursos del suelo y el subsuelo. Incluso,  cuando de apoyar el modelo de la gran plantación en países de América Latina se trató. 

Expongo a continuación algunas preguntas que habría que hacerse como país amazónico y biodiverso. ¿Qué pasará con la soberanía nacional en cuanto al aprovechamiento racional de los recursos que guarda ese ecosistema boscoso? ¿Qué piensan las comunidades ancestrales que durante años y años han cuidado el Amazonas y las selvas del Chocó Biogeográfico de continuar cumpliendo con esa acción climática, atada a su cosmovisión? ¿Qué derechos se otorgarían a organismos como el FMI y BM y a su principal agente político y económico, los Estados Unidos, cuando se diseñen los mecanismos para cambiar deuda externa con acciones climáticas? ¿De qué tipo de acciones climáticas estamos hablando? ¿Cuidar, conservar o restaurar? Y si los Estados Unidos y otras potencias económicas proponen acciones de aprovechamiento racional de los recursos genéticos que ofrece las selvas colombianas, ¿qué papel jugarían la academia, las multinacionales farmacéuticas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y todos los organismos que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA)? ¿Y si las comunidades ancestrales se oponen, cuál sería la reacción de dichos organismos financieros? ¿A la biopiratería, legal e ilegal, se le pondrán límites?

Como es de público conocimiento, en los territorios amazónicos y del Chocó Biogeográfico hacen presencia narcotraficantes, elenos y disidencias de las Farc. Estas últimas dedicadas recientemente a la ganadería extensiva; de igual manera, empresas nacionales y extranjeras que explotan oro y coltán, así como agentes agroindustriales interesados en instalar monocultivos de caña de azúcar y palma africana. ¿Acaso la ONU estaría dispuesta a intervenir en esas regiones con una fuerza armada (cascos verdes) con capacidad para neutralizar a esos agentes ilegales y de negociar con los actores legales que de todas maneras aportan a la degradación de esos complejos ecosistemas boscosos? La operación criminal de actores armados es un factor que claramente se opone a cambiar deuda externa por acciones climáticas. 

Mientras la propuesta es pensada y madurada a la sazón de los intereses de los países responsables de las crisis climáticas que hoy confluyen en lo que se conoce como Cambio Climático, la sociedad colombiana debe seguir en el proceso de reconocer la importancia de contar con los pueblos indígenas y afros como protectores naturales de la biodiversidad y agentes de acciones climáticas responsables.

Las altas cortes, junto con los aportes de los ambientalistas, deben adelantarse a la discusión de cuáles serán esas acciones climáticas a las que nos vamos a comprometer como Estado, cuando el FMI y el BM acepten la propuesta del presidente Petro y la pongan en marcha. Una pregunta final: si se aprueban los mecanismos de reducción del pago de la deuda externa, ¿qué pasará con esos dineros que juiciosamente se separan para abonar al pago de intereses de dicha deuda? Esta pregunta es clave por los altos niveles de corrupción público-privada en Colombia, uno de los países más corruptos del mundo. 

Adenda: en el pasado multinacionales como Chiquita Brands patrocinaron a los grupos paramilitares para que estos les quitaran las tierras a los campesinos. ¿Aparecerán otras empresas de ese tipo con el objetivo de cooptar a las comunidades ancestrales para aprovecharse de los recursos genéticos que aún se conservan en nuestras selvas?

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PEGASUS, AUTOCENSURA Y CRITERIOS DE NOTICIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El caso Pegasus sirve académica, periodística y políticamente para confirmar tres hechos irrefutables: el primero, que los criterios de noticia no son universales; el segundo, que la autocensura es quizás uno de las peores prácticas de los periodistas y las empresas mediáticas; y el tercero, que el Estado, bajo la administración de Iván Duque Márquez, usó el malicioso software para espiar a la campaña de Petro y a quienes desde sectores sociales y políticos legitimaron las movilizaciones y las protestas en el contexto del estallido social.

Sobre el primer hecho hay que decir que aquello de que los criterios de noticia son universales y que por lo tanto, todos los medios y periodistas están obligados a elevar al estatus de noticia a los hechos noticiables, es falso. Esa elección obedece a intereses corporativos y a decisiones ideologizadas. Es claro que a las empresas mediáticas que hoy le hacen oposición política al gobierno Petro no les interesaba convertir en noticia y mucho menos en un fenómeno noticioso y político la compra ya confirmada del instrumento informático por parte del Gobierno de Duque. Las referencias que han hecho magazines como La FM y Blu Radio sobre el espinoso asunto se explican por una razón natural: es el presidente de la República quien impuso el tema en la agenda noticiosa, circunstancia que los obligó aludir al tema con dos propósitos. El primero, para negar la transacción y por esa vía ridiculizar al jefe del Estado. Lo hicieron mientras el presidente Petro no expusiera un documento que así lo confirmara. Una vez la empresa privada NSO Group confirmó la compra y venta del software y la Revista Raya divulgara los vuelos que dejaron el instrumento informático y recogieron en efectivo la millonaria suma de dinero que costó, esos mismos medios se dieron a la tarea de desmentir los usos que según Petro le habrían dado en el gobierno Duque al software: chuzar a su campaña y a los jóvenes líderes de la Primera Línea. Al socarrón tratamiento se suma que a los periodistas de La FM y Blu radio, de Néstor Morales, poco o no nada les llama la atención que la compra legal de Pegasus se haya pagado en efectivo, dinero que fue fletado en aviones israelíes.

En lo que respecta al segundo hecho, la autocensura se configuró desde el primer momento en el que el jefe del Estado en su alocución le advirtió al país y al mundo lo que había hecho el gobierno Duque con la oposición: chuzarlos, espiarlos. El tratamiento periodístico que La FM y Blu Radio, entre otros medios, le dieron al hecho resulta emblemático porque confirma que la autocensura es tan real como la compra de Pegasus. En un primer momento, la inefable “periodista” Darcy Quinn, de La FM, en su sección de bochinches, dijo que Pegasus no existía. Una vez Petro demostró lo contrario, entonces el director de La FM, el ultra uribista Juan Lozano salió a reconocer que efectivamente la compra del malicioso software fue real, sin cuestionar que se usó para espiar a la campaña de Petro y mucho menos para afectar a los líderes de la Primera Línea.  Le cabe razón a la gran periodista Cecilia Orozco, cuando dice que “hay una norma infalible en periodismo de investigación: las tácticas de engaño siempre son derrotadas por los hechos. Y estos, añado por mi parte, conducen a la verdad sin importar el tamaño del operativo de distracción que se active. La adquisición oscura del espía Pegasus (que roba los datos íntimos de cualquiera sin que nadie se dé cuenta), y el fracaso del intento por ocultar su existencia y uso en Colombia, constituyen una prueba de que, pese al escepticismo generalizado, la realidad termina imponiéndose sobre la mentira”.

Eso sí, si se descubriera que el gobierno Petro chuza a sus opositores, los medios que hoy minimizan la importancia y la gravedad de lo ocurrido con Pegasus lo habrían convertido en un colosal escándalo superior al Proceso 8.000. Pero como se trata de agentes de la derecha, empresas mediáticas como La FM y Blu Radio, esta última dirigida por Néstor Morales, cuñado de Iván Duque están obligadas editorial, económica y políticamente a bajarle el tono al hecho noticioso que quisieron ocultar. 

Y en lo concerniente al tercer y último hecho fáctico, se espera que lo divulgado hasta el momento por la presidencia de la República alcance una dimensión penal y política que esos mismos medios uribizados intentarán bajarle el perfil noticioso. Quizás hagan lo contrario, cuando sea la propia fiscalía general de la Nación la que emita noticia criminal contra aquellos funcionarios aforados o no que participaron de la compra del software malicioso.

El caso Pegasus nos regresa a los tiempos de las chuzadas del DAS, perpetradas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. De confirmarse el uso criminal de Pegasus y una vez la fiscalía abra las investigaciones y requiera a exministros y exdirectores de la Policía del gobierno de Duque, podremos hacer el comparativo entre los seguimientos y los procesos de estigmatización, persecución y muertes acaecidas durante la operación criminal del antiguo DAS y las acciones adelantadas con el malicioso software. De igual manera servirá para ratificar que Duque Márquez fue el títere de Uribe Vélez, el padre de la temida política de seguridad democrática.

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CINCO PEONZAS DE URIBE SE LANZARON AL AGUA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La vigencia política del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez es, en sí misma, un fenómeno social, ético-político y moral que da cuenta de la confusión moral y la desviación ética de los sectores societales que tienen al político antioqueño como un referente y un faro a seguir. Su actual condición de acusado en el juicio al que está respondiendo por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos parece haberle devuelto el “teflón” que acompañó a su imagen presidencial durante los dos periodos en los que mandó en Colombia. Ese “polímero sintético” fue expandido por las empresas mediáticas que lo elevaron a la condición de “irremplazable” y asumieron como verdad inobjetable el reconocimiento internacional como el Gran Colombiano.

Dentro del evidente desconcierto moral y la desorientación ética la lealtad política se reconfigura de tal manera que la sumisión y la complicidad aparecen como los más cercanos sinónimos sobre los cuales se soportan las precandidaturas de los congresistas del Centro Democrático (CD), María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay (nieto de Turbay Ayala), Andrés Guerra, Paola Valencia (nieta de Guillermo León Valencia ) y Paola Holguín (hija de Frank Holguín, señalado de ser testaferro del criminal Pablo Emilio Escobar Gaviria), sumisos peones de la causa uribista que tiene como objetivo fundamental usar el Estado para conculcar los derechos de los colombianos a la salud y en general a llevar una vida digna.

En medio de la COP16 las precandidaturas de estos 5 peonzas de Uribe Vélez se deben entender como la consolidación de la narrativa negacionista de las pluricrisis que confluyen en lo que se conoce como el cambio climático. A partir de esa negación, la entrega exprés de licencias mineras, el debilitamiento de las instituciones ambientales, la potrerización de las selvas y la imposición del modelo de la gran plantación y por lo tanto la descampenización en la ruralidad devolverán al país a los tiempos de una sostenibilidad funcional a un sistema político interesado en someter y transformar de la manera más violenta a los ecosistemas naturales- históricos. Sin duda alguna, esos son las consignas del proyecto económico que cualquiera de los cinco precandidatos estará en total disposición de ejecutar para cumplirle a Uribe Vélez, convertido de tiempo atrás en el mayor enemigo de la biodiversidad y de la riqueza étnica de Colombia.

Ya veremos si el malhadado barón electoral le da el guiño a uno de sus 5 serviles peones o decide aliarse con los clanes Gnecco y Gilinski para apoyar la aventura electoral de Vicky Dávila de Gnecco. Eso sí, las candidaturas de la “periodista-periodista” y las aspiraciones de los 5 precandidatos se entenderían como el regreso a las circunstancias que rodearon a la administración de Iván Duque Márquez, convertida en un teatrino en el que Uribe fungió como el titiritero y Duque como su marioneta. Ya el país sabe cómo terminó esa maléfica “obra teatral”. También es posible que Uribe Vélez termine por apoyar al empresario Santiago Botero quien ya dijo que admira al político antioqueño. Como dicen por ahí, “se mueve la cosa política". Desde ya, al Patrón lo pusieron a "deshojar la margarita". 

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COP16, PAZ CON LA NATURALEZA Y LOS REDUCCIONISMOS MEDIÁTICOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El eslogan de la COP16, Paz con la Naturaleza, es una frase, un lema, que sirve para esconder, mimetizar, camuflar y matizar los graves impactos que como especie dominante y tardíamente sentipensante le venimos y seguiremos infringiendo a los ecosistemas naturales. En particular en el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca con el monocultivo de la caña de azúcar con el que se afectaron fuentes hídricas que sirvieron durante años a comunidades ancestrales, en particular a los afros, para gozar del río y de sus aguas a través de las llamadas “comitivas”.

Mientras que en Cali y el Valle del Cauca están “en modo COP16”, el planeta entero hace rato está en “modo” Antropoceno, circunstancia definitiva que le pone límites temporales a esa utopía de hacer la paz con la naturaleza. Para enfrentar las pluricrisis que confluyen en eso que llaman cambio climático se van a necesitar esfuerzos superiores en materia tecnológica y técnica, mismas variables con las que el ser humano viene poniendo en riesgo la supervivencia de cientos de especies, incluyendo por supuesto a la humana.

No se trata de negar la importancia del evento global. De lo que se trata es de evitar los reduccionismos en los que suelen caer el periodismo al momento de cubrir este tipo de reuniones ambientales que deberían de servir para hacer pedagogía en torno a la necesidad de pensar y actuar desde la complejidad. Claro que la responsabilidad es compartida con la academia al momento de seguir los derroteros de una modernidad fragmentadora. Agentes académicos se han atrevido a llamar a los extensos monocultivos de caña de azúcar como “ecosistemas emergentes”, desconociendo todas las rupturas que en términos de conexiones ecológicas produce la agroindustria cañera.

“… el mundo académico ha generado su propia racionalización de la situación para reducir las explicaciones científicas de la realidad a unas pocas causas, a unos pocos factores, a unas pocas variables, todo ello empacado en unas pocas disciplinas. Entre los siglos XVIII y XIX, la economía y las ciencias políticas propusieron e impusieron la mayor simplificación de la realidad: su reducción a dos instrumentos: monedas y armas” (Carrizosa, 2014, p. 240). Ya lo había advertido Morin (1994) cuando dijo que “…la patología moderna del espíritu está en la hiper-simplificación”.

Las notas periodísticas publicadas por Caracol Noticias son la mejor expresión de esa realidad moderna de reducir y fragmentar la realidad, en particular, lo que ha significado e implicado haber tomado distancia de la naturaleza y habernos convertido en una especie depredadora. Presentan la COP16 como una fiesta, restándole importancia a dos elementos que son claves: la evaluación de los viejos compromisos que asumió el país en términos de protección de la biodiversidad y los nuevos que vaya a adquirir; así como los desafíos que enfrenta como Estado en razón a la presencia de la minería ilegal-legal en amplios territorios del país, en particular en la zona alta de Suárez (Cauca) y la llegada de los monocultivos de caña de azúcar y palma africana a la Orinoquia. Y claro, el monocultivo ilegal de la mata de coca y la operación mafiosa de estructuras armadas que se hacen llamar “guerrillas”.

Por estar preocupados por reducir la COP16 a detalles, los periodistas de Caracol Noticias y de otros canales no preguntan por ejemplo quiénes tienen el músculo financiero para importar la maquinaria amarilla que usan las mafias mineras y que las autoridades queman en los lechos de los ríos. Si estas máquinas son importadas, qué seguimientos se hacen de las mismas para evitar que lleguen a las zonas selváticas a modificar los cauces de los ríos y afectar negativamente la calidad de las aguas de los afluentes.

Nadie cuestiona los procesos de potrerización y la instalación de hatos de baja producción, minería y monocultivos legales e ilegales que se emprendieron en los territorios selváticos que las Farc-Ep abandonaron debido al acuerdo de paz de La Habana. Es mejor no preguntar, porque estamos en modo COP16, y las periodistas deben sonreír, mientras que la minería ilegal-legal le gana terreno a los Farallones de Cali; los ingenios azucareros siguen quemando cañaduzales; y las multinacionales mineras siguen extrayendo oro y otros minerales de la “Madre Tierra”.

Si los jefes de emisión de Caracol Noticias decidieron editorialmente volcarse para cubrir la COP16 como una fiesta ambiental, les recuerdo que Estanislao Zuleta dijo que la guerra también era una fiesta y que “solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra” está maduro para la paz. Hacer la Paz con la Naturaleza pudo hacer parte de la última utopía de la humanidad, pero el greenwashing siempre estará presente a la hora de examinar las responsabilidades colectivas y corporativas que se deben asumir para poder firmar esa paz con Naturaleza de la que tomamos distancia para poder dominarla y someterla. 

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ASESINATO DE SOFÍA DELGADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El crimen de Sofía Delgado, como era de esperarse, desató el rechazo generalizado de la opinión pública, en razón a su mediatización y porque se trata de una menor de edad (12 años) vilmente asesinada.

Ahora que se cuenta con la confesión de su victimario, Brayan Campo, de 32 años, entonces nuevamente la pena de muerte o la cadena perpetua aparecen como exigencias de máximo castigo para el hombre que la asesinó y abandonó en un cañaduzal. El populismo punitivo reaparece como varita mágica. Proponer la pena de muerte o la cadena perpetua como castigos ejemplarizantes en un país cuyo aparato de justicia es frágil y en varios niveles de su estructura se aprecia la naturalización de un ethos mafioso (corrupción), daría para que se cometieran toda suerte de injusticias condenando a inocentes a morir, bien sea en la horca o por la inyección letal. O quizás se proponga una reforma constitucional en la que los declarados culpables por crímenes execrables como el de Sofía, terminen asesinados a pedradas en la plaza pública. En Colombia somos muy dados a enfrentar la barbarie, con más barbarie. Eso es típico de una sociedad que deviene enferma y con procesos civilizatorios fallidos.

El victimario de Sofía tiene antecedentes de abuso a menores, hecho que pone en el foco de la crítica a los operadores de justicia y al propio sistema por cuenta de procedimientos y decisiones que terminan favoreciendo a los victimarios con órdenes de libertad condicional, prisión domiciliaria o vencimiento de términos. Un exceso de garantías para todo tipo de criminales, lo que incluye a políticos, empresarios y "gente del común" como el asesino de Sofía. Por casos como los de Sofía Delgado, la narrativa punitiva le quita espacio a acciones reparadoras propias de la justicia transicional con la que se apunta, por ejemplo, a darle cierre a las atrocidades cometidas por guerrilleros de las Farc-Ep y militares contra jóvenes y menores de edad abusadas sexualmente. Hay que recordar en este punto los empalamientos que sufrieron decenas de mujeres por cuenta de los paramilitares y las sistemáticas acciones de violencia sexual apuntaladas en la conversión de las mujeres en botines de guerra.

Por supuesto que no estoy sugiriendo que los responsables de crímenes contra niñas y niños reciban sanciones menores bajo el modelo restaurativo. Lo que quiero indicar es que la fuerza punitiva del modelo de justicia imperante en Colombia no evitará que se sigan presentando crímenes execrables como el de la pequeña Sofía. Esto no se resuelve con la pena capital, ni con condenas de 60 años. Las acciones temerarias y violentas de los vecinos que prendieron fuego a la vivienda del feminicida de Sofía resultan contrarias a cualquier posibilidad de poner por encima de la “maldad” del victimario, el “buen corazón” de los vecinos que lloran la desaparición de la menor y que exigen que al asesino “le caiga todo el peso de la ley” en un país en el que operó y quizás opera aún  un cartel de togados dispuestos a vender fallos por cuantiosas sumas de dinero.

Al dejarse llevar por los reflectores cargados del discurso moralizante del periodismo, la sociedad en su conjunto termina por ubicar al victimario de Sofía como un “monstruo”, con el objetivo de despojarlo de toda humanidad, cuando justamente el problema de fondo está en la condición humana y en los riesgos que implica vivir juntos en medio de una sociedad y de un sistema mundo que desprecian la vida en todas sus manifestaciones.

A cientos de miles de kilómetros de Candelaria, en la franja de Gaza, Netanyahu celebra, de la mano del ejército israelí, la muerte de centenares de niñas y niños bombardeados; otros tantos, quedarán a la deriva por la desaparición de sus madres y padres. Las diferencias entre Brayan Campo y Netanyahu son meramente circunstanciales. Eso sí, a ambos los une el desprecio por el otro, en particular por los más vulnerables, inofensivos y pobres. Los dos son dignos exponentes de esa perversa condición humana de la que aquí hablo. 

Mientras que Netanyahu se da un festín asesinando niñas y niños palestinos, en Bogotá, a unos 300 kilómetros de Candelaria, hombres de corbata asedian mujeres y niñas, las violan o les dicen que les pueden pagar con su cuerpo. Por ahí anda una sospecha enorme sobre un expresidente de la República que según dejó entrever una reconocida periodista, siendo presidente en ejercicio, la violó. Hay un trasfondo cultural que amplifica la perversidad humana, hecho que no se mira cuando se cae en lecturas moralizantes sobre hechos dolorosos que deben mirarse desde otras perspectivas. 

El punto es que las circunstancias en las que fue desaparecida, muy seguramente violada y asesinada Sofía Delgado hacen parte de nuestra naturaleza humana, cuyo espíritu avieso se potencia en una sociedad insolidaria, clasista, racista, machista, misógina y patriarcal como la colombiana que cada cierto tiempo se asombra de lo que son capaces de hacer sus hijos, incluidos los más “honorables”: su clase política y empresarial, así como el clero. Allí se esconden pedófilos, pederastas y violadores de mujeres y niñas.

Paz en la tumba de la pequeña Sofía Delgado y algo de sosiego para su mamá. Ojalá la prensa asuma con mayor responsabilidad el tratamiento de este hecho luctuoso y delictivo, que pone de presente que vivir en sociedad implica riesgos y que estos están profundamente atados a nuestros procesos civilizatorios y de socialización, que devienen fallidos o truncos. Años atrás, la opinión pública y los medios masivos se conmovieron con el cruel asesinato de Yuliana Samboní a manos de un "hombre blanco y rico" de la capital del país. ¿Algo cambió de aquel momento, al que hoy nuevamente nos confronta como seres humanos? Nada cambió. Los riesgos siguen latentes y se mantendrán en el tiempo. 

Juez legalizó captura del presunto asesino de Sofía Delgado, la menor hallada muerta en Candelaria (vanguardia.com)

DISIDENCIAS DE LAS DISIDENCIAS Y LA CONDICIÓN PERENNE DEL CONFLICTO ARMADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Sin saber cómo terminará el proceso de implementación del acuerdo de paz de La Habana firmado en el teatro Colón de Bogotá, dicho armisticio se asume como un antes y un después del conflicto armado interno, por varias razones: por la naturaleza de lo acordado, el número considerable de combatientes que hicieron dejación de armas, las peticiones de perdón y la legitimidad alcanzada por la JEP y el principio de la reparación en el marco de la justicia restaurativa; así como la conversión del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en una política de paz de Estado.

En el después de la firma, la permanencia en armas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) perdió toda legitimidad social y política, asegurándole a su lucha armada un carácter anacrónico, propio de una guerrilla que al saber que no podrá jamás tomarse el poder a tiros, sus viejos comandantes y líderes políticos entran en la fase de la negación de una realidad inobjetable: dedicaron años de sus vidas a la guerra, a la “revolución” y no consiguieron absolutamente nada. Es decir, perdieron el tiempo. Surtida esa etapa de la negación de la derrota política, entran a la fase de la anarquía y la división de sus estructuras por cuenta de la efectiva narcotización de sus operaciones, la pérdida del sentido político de su lucha y el desprecio generalizado de una sociedad cansada de la guerra.

La aparición de las disidencias de las extintas Farc-Ep arrastra la misma condición que exhiben los elenos, con un agravante: la aparición de las disidencias de las primeras disidencias en lugar de encontrar explicaciones exclusivamente en los incumplimientos por parte del Estado a lo acordado en La Habana, su operación está cada vez más atada a las actividades del narcotráfico y a la traquetización de la lucha armada. Así las cosas, la lucha armada y el espíritu revolucionario que en el pasado guió las operaciones militares de esas guerrillas van dando paso al irreversible proceso de lumpenización armada.

Las disidencias reconocidas por los medios, la inteligencia militar, el CICR y agentes sociales (fundaciones nacionales e internacionales) que le siguen la pista a esa realidad político-militar, reconocen por lo menos tres disidencias de las extintas Farc-Ep: la que lidera ‘Iván Mordisco’, estructura que desconoció lo acordado en Cuba y por lo tanto no se acogió al tratado de paz; la Segunda Marquetalia, al mando del reincidente, Iván Márquez y el Comando de la Frontera en Putumayo. Sin embargo, se habla de por lo menos 30 estructuras armadas derivadas de las desaparecidas Farc-Ep. Por ejemplo, la estructura al mando de alias Calarcá habría nacido de las de las orientadas por Iván Mordisco.

Hace poco, Pablo Catatumbo, firmante de paz y senador de la República reconoció que la “guerra es un desastre”. Lo hizo en el marco del Diplomado Construcción de Paz Territorial organizado por la universidad del Valle y Cobsepaz. Catatumbo, además, contó al auditorio, conformado por firmantes de paz (excombatientes) y estudiantes universitarios, que alguna vez conversando con Fidel Castro, el entonces líder de la revolución cubana les preguntó cómo se iban a tomar el poder, si no contaban con aviación, tanques o material de guerra que permitiera derrotar a las fuerzas armadas del establecimiento colombiano.

Esa misma pregunta hay que trasladárselas a los elenos y a todos los grupos disidentes que hoy delinquen en territorios en donde el monocultivo de coca les financia sus operaciones militares. Si es claro que jamás podrán tomarse el poder a tiros, es fácil concluir que su lucha armada perdió todo carácter político, para convertirse en una disputa territorial por el control de las economías ilegales. Al final, todos esos grupos son “ejércitos narcotizados” que a pesar de usar brazaletes y de insistir en adelantar procesos de diálogos de paz con el gobierno Petro, cada uno de sus miembros parece estar pensando en “hacerse su plante” y retirarse. Bajo ese principio, y mientras el negocio de la droga siga siendo rentable, habrá disidencias de las primeras disidencias y otras disidencias de las segundas disidencias y así sucesivamente. De esa manera, continuará la violencia en la Colombia rural, mientras la academia y los políticos seguirán hablando de la existencia de un conflicto armado interno que hace rato se transformó en un escenario de múltiples violencias, en donde priman la irracionalidad, el interés por enriquecerse, la decisión de afectar la biodiversidad y la lumpenización de la “lucha armada”.

 

 

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“PUEDES PAGARME CON TU CUERPO”

 

Por Germán Ayala Osorio

 

A pesar de que la frase resulta intimidante, desafiante y vulgar, está perfectamente “naturalizada” en una sociedad patriarcal, machista y misógina como la colombiana.

El cuerpo de la mujer históricamente en Colombia se asumió y se asume aún como un botín. Los combatientes legales e ilegales entendieron que la mejor forma de golpear al enemigo era violando a sus mujeres. Entonces, hubo empalamientos y violaciones como formas de dañar la moral del enemigo.

También es visto el cuerpo femenino como un objeto de conquista como si se tratase de un territorio. El “discurso del amor” impulsó acciones, hechos, actitudes y narrativas que retan a los machos a tener que “asediarlas, enamorarlas, conquistarlas y endulzarles el oído”, mientras se alcanza el objetivo final: penetrarlas y exhibirlas como trofeos, en medio de un competido mercado. Y todo para reducir su capacidad de discernir, asumiéndolas como menores de edad, en un proceso sistemático de infantilización.

La publicidad sexista hace parte de esas discursividades que, atadas a la cultura machista y patriarcal, facilitan la producción y reproducción de la idea de que el cuerpo de la mujer, en sí mismo, deviene con un valor transaccional como el que acompaña a la frase que, según la Representante a la Cámara, Ingrid Aguirre, le expresó César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ahora que la denuncia alcanza notoriedad mediática se espera que la Fiscalía, orientada hoy por una mujer, adelante las actividades pertinentes para esclarecer los hechos y los señalamientos de acoso sexual que arrastra Lorduy, el mismo consejero del CNE que ordenó investigar al presidente Petro, lo que constituye una clara violación a su fuero presidencial.

Llama la atención las pocas muestras de solidaridad por parte de hombres públicos frente a la asquerosa insinuación del señalado político. El presidente Petro pidió su renuncia, pero el silencio de Vargas Lleras, jefe político de Lorduy, resulta grotesco y escandaloso. David Luna, agente político de Cambio Radical y quien está jugando a convertirse en un faro moral y ético, también aguarda en silencio la evolución de la denuncia, cuando bien podría rechazar la ramplona propuesta de Lorduy.

Al dejar solas a las mujeres para que entre ellas expresen sororidad, los hombres terminamos por validar el sentido mercantil que la sociedad colombiana le reconoce al cuerpo femenino.

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DE LA “CHUSMA LIBERAL”, A “ZURDOS SARNOSOS”

 

Por Germán Ayala Osorio

Con la absurda investigación que ordenó contra el presidente de la República el Consejo Nacional Electoral (CNE), esta entidad administrativa entró de frente en el juego político e ideológico de la derecha que tiene por lo menos dos objetivos: el primero, equiparar a Petro con Uribe, tratando de ponerlo en la misma condición sub judice que ostenta el expresidente y expresidiario antioqueño. Al ponerlo en el mismo plano inmoral, la derecha tiene la esperanza de anular la pretensión de Petro de convertirse en el gran elector de la izquierda democrática en las elecciones de 2026.

A quienes militan en la derecha poco les importan los cuestionamientos éticos y morales, la compulsa de copias y los procesos penales a los que está vinculado Uribe Vélez. La naturalización del ethos mafioso por parte de la derecha, el espejo retrovisor que activó el presidente Petro y su lucha contra los agentes económicos y políticos cercanos a la causa paramilitar hacen posible pensar que ese tipo de preocupaciones morales y éticas son más propias del discurso de la izquierda.

El segundo objetivo de ese juego de la derecha apunta a consolidar una narrativa tan estigmatizante y peligrosa contra todo lo que huela a izquierda y progresismo, como la que en los tiempos de la hegemonía conservadora (de 44 años) y la Violencia política bipartidista lograron naturalizar contra las ideas liberales los agentes oligárquicos defensores de las ideas conservadoras.

Así las cosas, los alfiles más visibles de la derecha conservadora, premoderna y violenta usan hoy las redes sociales y sus empresas mediáticas (radio y televisión) para reinstalar en el país el odio a la izquierda democrática, como cuando el Ejército nacional y otras instituciones de la sociedad, bajo la conservadora constitución de 1886, elevaron al partido comunista y a los comunistas a la condición de “enemigo interno”, que también les habían dado a las guerrillas.

En sintonía con esa pretensión, el abogado uribista, Abelardo De la Espriella llamó “zurdos sarnosos” a quienes acompañan el proyecto político de Gustavo Petro. En el pasado, la “chusma liberal”, “comunistas” y “liberales” fueron los epítetos con los que se legitimaron los hechos violentos y estigmatizantes perpetrados por la doctrina conservadora durante la época de la Violencia desatada por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán Ayala, líder liberal demonizado por la horda conservadora que temía la llegada del “comunismo”. Recordemos que despectivamente lo llamaban “el negro”.

Baste con recordar lo sucedido en la más reciente campaña electoral de 2022 para saber que existe esa pretensión de reinstalar en la nación el enfrentamiento ideológico entre una élite conservadora y fascista y sectores progresistas y de izquierda que defienden con ahínco las ideas liberales, en virtud de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

Si la derecha recupera el poder en el 2026 buscarán echar para atrás todas las medidas y decisiones adoptadas por el presidente Petro y por esa vía apuntarle a “regenerar” a la nación, acercando a la izquierda y al progresismo al mismo nivel de malignidad que en su momento los conservadores les dieron a los liberales. En aquellos tiempos, asesinar liberales no era pecado. No vaya a ser que a partir de 2026 asesinar “zurdos sarnosos” sea considerada una medida “sanitaria” legítima y por lo tanto libre de cualquier signo de culpabilidad moral y religiosa.

De seguir los altos niveles de crispación ideológica en el país, en el 2026 la derecha conservadora que defiende el latifundio, la fe católica y la propiedad privada sin reconocer alguna responsabilidad social y ambiental, activará nuevamente la patente de corso que en el pasado le sirvió para asesinar comunistas por el miedo que les produjo en aquella época la espectral presencia del comunismo.

 

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COP16, GLADIADORES Y BIODIVERSIDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las amenazas proferidas por el grupo de “Iván Mordisco” contra la realización de la COP16 terminaron por adoptar la decisión de militarizar la ciudad con carros blindados conocidos como “gladiadores”. A pesar de que, en su cuenta de X, esa estructura armada ilegal informó que cesarían cualquier ataque, las autoridades civiles y militares optaron por “blindar” la ciudad. Esto dijeron los ilegales: “Informamos que desde el 11 de octubre hasta el 6 de noviembre se suspenden las operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública en la ciudad de Cali por la realización de la COP16. Nos reservamos el derecho a la defensa”.

El gobierno local sacó pecho por el apoyo militar recibido, sin quizás evaluar las sensaciones que puedan generar la presencia del personal militar y de los blindados en puntos neurálgicos de la capital del Valle e incluso por fuera de su jurisdicción.

Para cientos de miles de ciudadanos ver a los “gladiadores” aparcados les puede generar una sensación de seguridad y de tranquilidad por el efecto persuasivo que acompaña a los escuadrones blindados. Pero también es posible que otros cientos de miles de caleños e incluso de visitantes y participantes del evento ambiental sientan lo contrario. Es decir, que imaginen que de verdad hay un enemigo poderoso que en cualquier momento puede atacar a los uniformados o de manera directa objetivos civiles.

En particular, ver a los vehículos blindados estacionados o patrullando la ciudad y vías externas a la ciudad me genera intranquilidad por la posibilidad de que los criminales al mando de “Iván Mordisco”, en un acto temerario, ataquen las unidades militares dispuestas para garantizar la seguridad de Cali y de la realización de la COP16. ¿Era necesario exponer al público esos equipos militares? Eso sí, ojalá el evento transcurra sin sobresaltos y que las discusiones académicas realmente terminen en compromisos y acuerdos que detengan el ya alarmante proceso, local, regional y mundial, que afecta la vida y la consistencia de ecosistemas valiosos y por ese camino se ponen en riesgo las interacciones biológicas y las conexiones entre especies de flora y fauna que cumplen funciones claves no solo para continuar siendo un país biodiverso, sino para que su oferta ambiental sirva para mitigar los efectos del cambio climático.  

No hay duda de que el certamen de la COP16 resulta clave de cara a que los países participantes asuman compromisos para proteger la biodiversidad. Como país biodiverso, Colombia está aún en camino de consolidar una institucionalidad ambiental que realmente esté alineada con la defensa y el aprovechamiento racional de la oferta o los servicios ambientales que prestan estratégicos y frágiles ecosistemas naturales que hacen parte del inventario de esa aclamada riqueza biológica. La historia de las instituciones ambientales, en particular las que fungen como autoridades, da cuenta de su debilidad, de haber si capturadas por el clientelismo y los intereses de poderosos agentes económicos poco interesados en conservar, pero si dispuestos a sacar el mayor provecho y a bajo costo de la riqueza hídrica, esto es, aguas superficiales y subterráneas.

Ojalá que las discusiones y llamados de alerta que se darán al interior de la COP16 sirvan para que ganaderos, constructoras, palmicultores y cañicultores, entre otros, revisen sus prácticas. En particular, los sectores agroindustriales por las maneras en que vienen explotando las aguas subterráneas y afectando ríos y quebradas. Qué bueno será que los azucareros asumieran la responsabilidad por los graves daños socioambientales, paisajísticos, ecológicos y étnico-culturales que vienen dejando desde hace un siglo en el valle geográfico del río Cauca y emprendieran acciones de reparación sistémica. Su presencia en la Orinoquia constituye un mal síntoma para un país biodiverso cuyas instituciones ambientales en lugar de vigilar sus actividades, han terminado por favorecer sus intereses. Qué bueno sería que dentro de la COP16 se discutiera la posibilidad de exigirles licencias ambientales a los azucareros y palmicultores. Eso sí, haciendo ajustes administrativos, ético-estéticos, técnicos y científicos a las actuales autoridades ambientales. Quizás lo que falta en el país es que instituciones como la CVC y Ministerio de ambiente actúen en adelante como verdaderos “gladiadores por la biodiversidad” y no como testigos mudos de la deforestación, defaunación y la instalación de monocultivos de caña y palma en la Orinoquia y aguacate Hass en el norte del Valle y en la zona del Quindío.

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EL CNE QUIERE IGUALAR A PETRO CON URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Detrás de la inconstitucional decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) estarían los intereses políticos y electorales del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y del ya malogrado delfín y eterno candidato presidencial, Germán Vargas Lleras.  La intención de juzgar al presidente Petro tiene la pretensión de ponerlo en la misma condición sub judice que exhibe Uribe Vélez por el caso de manipulación de testigos y fraude procesal en el que está inmerso en calidad de acusado.

Aunque no se puede descartar que les encantaría defenestrarlo de la Casa de Nariño, los tiempos y otras circunstancias políticas no les da para ese innoble propósito político de aquellos sectores de poder empecinados en desacreditar el proyecto político de la izquierda. Así las cosas, la derecha parece contentarse con exponer a Petro en un escenario que, si bien no es judicial, le sirve a la prensa hegemónica para insistir en su proceso de deslegitimación del primer gobierno progresista en Colombia. Y la mejor forma de hacerlo es insistir en poner un manto de duda sobre el origen y los topes de los dineros de la campaña, acercando la campaña Petro presidente a los oscuros casos de Odebrecht y el Ñeñe Hernández, que judicialmente no terminaron bien desde la perspectiva de conocer la verdad de lo ocurrido con la ilegalidad de esas dos fuentes de financiación de las campañas de Santos, Zuluaga y Duque.

Poner a Petro en el mismo nivel de indignidad que arrastra Uribe Vélez buscaría arruinar la imagen positiva que viene consolidando con acciones y decisiones progresistas que terminan exponiendo a la derecha como un sector ideológico y político retardatario y premoderno. La reforma agraria, aunque tímida, y la construcción de una relación respetuosa entre el presidente Petro y las fuerzas armadas son asuntos que ponen en evidencia al proyecto neoliberal uribista con el que se pretendió acabar, de un lado con el campesinado y del otro, afectar la dignidad de policías y militares por cuenta de 20 años de uribismo en los que su carácter público y patriótico se debilitó por cuenta de su “privatización” y la naturalización de un ethos mafioso que permeó a oficiales, suboficiales, soldados, policías y patrulleros. Las sistemáticas purgas del actual gobierno darían cuenta de una degradación moral al interior de la tropa, ocurrida durante los ocho años de Uribe y los cuatro de Duque, especialmente.

De igual manera, las acciones conducentes a proteger los ecosistemas naturales a través de la transición energética y el freno de la deforestación son asumidas por el uribismo como inconvenientes porque sus agentes políticos más visibles y sus patrocinadores le apuestan a explotar sin consideraciones socioambientales y ecológicas los recursos naturales. Recientemente, el empresario uribista Santiago Botero señaló que de llegar a ser presidente de la República extraerá todos los recursos naturales que Dios le dio a Colombia. No se descarta que el uribismo termine apostándole a la candidatura de un empresario no político, dado el desprestigio de la clase política, por cuenta del espejo retrovisor que Petro decidió poner a funcionar como respuesta a una derecha interesada en hacer fracasar a su administración.

Así las cosas, lo del CNE no tiene tanto de “golpe de Estado” o de “golpe blando” como señala el jefe del Estado, pero si tiene, y mucho, de estrategia política, mediática y moral de manchar la imagen de Petro para ponerlo al mismo nivel de indignidad de Uribe. De cara a las elecciones de 2026, la derecha buscará incansablemente poner esa mácula sobre el primer presidente progresista en la Colombia mafiosa, premoderna e incivilizada que hará todo para evitar que Petro se convierta una vez deje la Casa de Nariño en un gran elector como lo fue Uribe en su momento y así darle continuidad a su proyecto ético-político, socioambiental, ecológico y civilizatorio, diametralmente distinto al que defiende la derecha uribizada.

La mejor forma de remplazar las mentiras con las que asustaron a millones de colombianos con aquello de que con Petro “llegaría el comunismo, el castrochavismo, la expropiación o nos volveríamos como Venezuela” es apostarle a desacreditar a Petro interna  y externamente como figura representativa en asuntos como la defensa de los derechos humanos, enfrentar las crisis que confluyen en lo que se conoce como el cambio climático y su pretensión de  transformar a Colombia, llevándola a estadios de modernidad a los que jamás le interesó a la derecha llevarla.

PETRO CONTRA EL CNE - Búsqueda Imágenes (bing.com)