MOVILIZACIONES DEL 6 DE MARZO Y EL NACIMIENTO DE TRES CATEGORÍAS DE MARCHANTES

 Por Germán Ayala Osorio

 

Las concurridas manifestaciones del 6 de marzo de 2024, en Cali, Medellín y Bogotá, no pueden desestimarse. Por el contrario, le corresponde al Gobierno y a sus defensores más fervientes, escuchar los reclamos, miedos y las molestias, para responder, inicialmente, con una estrategia de medios que tenga como objetivo erosionar la fuerza discursiva de esas expresiones ciudadanas.

 En general, las marchas en contra del gobierno de Gustavo Petro y de sus propuestas de reforma al sistema de salud, al modelo de pensiones y a las condiciones laborales, sirven para corroborar que no vivimos en una dictadura como gritaban hace poco agentes políticos del uribismo. Todos y todas regresaron a casa, sin haber sido violentados por el temido de Esmad de hace tres años, que terminó sacándole los ojos a más  de 60 jóvenes, torturando a otros tantos y violentando sexualmente a varias mujeres;  también sirven las movilizaciones para confirmar que en el fondo de todas las marchas realizadas, tanto por la izquierda, como por la  derecha, desde que arrancó la administración Petro, hay dos visiones irreconciliables de lo que debería ser el país, una tensión creciente entre clases sociales y una distancia muy grande entre quienes ya validaron el histórico ethos mafioso y aquellos que a toda costa se oponen a que este siga naturalizando la corrupción público-privada.

Más allá de si la derecha logró llenar o no emblemáticas plazas de Bolívar o parques públicos, vale la pena intentar categorizar a quienes recorrieron varios kilómetros en tres ciudades capitales, para expresar sus molestias y preocupaciones en torno a temas sensibles como las señaladas reformas, a lo que se suman los problemas de inseguridad en urbes y en territorios rurales, asunto que desborda la capacidad del actual gobierno, porque, justamente, expone la debilidad del Estado en su conjunto.

Hay que decir que las marchas de hoy expresan en gran medida el pensamiento de sectores de la derecha tradicional colombiana, sacudida por un gobierno progresista para el que jamás se prepararon, lo que sin duda aumenta su desconcierto, rabia y desazón. Pero dentro de ese amplio espectro, es posible encontrar validez en los reclamos, pero también confusión en quienes, con un bajo capital cultural, consumen lo que a diario cuentan los medios masivos que hacen parte de la Oposición.

En esa circunstancia de consumo informativo nace la primera categoría: los Marchantes Mediatizados (en adelante los MM), que son aquellos que consumen, sin contrastación alguna, lo que a diario informan y comentan medios hegemónicos como los noticieros de televisión Caracol y RCN; los programas radiales, La FM, La W y Blu Radio; y los diarios El Colombiano, Semana, El Tiempo, El Heraldo y El País. De esos MM se suelen escuchar versiones que indican que con la reforma a la salud vamos a regresar a los perversos tiempos del Seguro Social (ISS), que no habrá más atención y que los usuarios morirán por falta de atención en clínicas y hospitales. También se les puede escuchar decir que, con la reforma pensional, los ahorros se perderán. Con esas narrativas se lanzan a las calles sin reconocer que con la plata de los cotizantes a fondos privados se apalancaron negocios privados de los hijos del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y se construyeron vías y puentes, en beneficio del conglomerado de Sarmiento Angulo.

Luego vienen los Marchantes Politizados (en adelante, los MP) de los que hacen parte congresistas, expresidentes, exmilitares, voceros de partidos políticos tradicionales y operadores políticos, concejales y diputados. Llama la atención que quienes hacen parte de los MP, suelen presentarse como demócratas y defensores de las libertades ciudadanas, pero gritan “fuera Petro” y amenazan con evitar que el presidente de la República termine su periodo de gobierno. Los miembros de la Reserva Policial y Militar aducen que su presencia se debe porque están “dispuestos a defender las libertades y al país, porque vamos hacia el abismo”. Es decir, invocan circunstancias inexistentes, para justificar su propia confusión política e ideológica por tantos años de obediencia debida o simplemente, para ocultar que extrañan la operación de unas fuerzas armadas, convertidas por el uribismo en “armas letales que entran a disparar, para luego preguntar”.

Las razones que impulsan a estos MP, o “viudos del poder”, se explican porque sienten que están perdiendo privilegios políticos y de clase, asociados a las sempiternas cuotas burocráticas o a la representación en Juntas Directivas de empresas estatales o de entidades privadas que manejan recursos públicos. Además, se sienten maltratados por quien gobierna, porque a este último no le interesa compartir vanidades en perfumados clubes.

Se suman a los dos anteriores grupos de marchantes, los Marchantes Seducidos por un Pago (los MSP). Es fácil descubrir a quienes se movilizan bajo esa categoría porque normalmente no pueden hilar ideas y razones que expliquen su presencia en las movilizaciones. Sus argumentos, deleznables a la primera confrontación, los esgrimen sin asomo alguno de vergüenza y lo que es peor, con el convencimiento de que lo que están diciendo tiene sentido de veracidad y lógica. En muchas ocasiones, los llevan engañados o aceptan participar a cambio de un kit compuesto por almuerzo, gorra, bandera y 50 mil pesos.

En la sumatoria de los miembros de los MM, MP y los MSP vemos a una parte importante del país. Si la derecha que hoy se movilizó recupera el poder en el 2026, con algunos matices y ajustes, estas categorías podrán servir para categorizar a quienes en ese año o en los próximos, decidan protestar por las contrarreformas que de todas maneras harán para revertir los “daños” que les dejará el gobierno de Gustavo Petro.

• Adenda: contrario a lo que muchos pueden pensar, las recurrentes movilizaciones de ambos espectros ideológicos no fortalecen la democracia en términos institucionales. Lo que sí garantizan es el crecimiento de las diferencias políticas y sociales, lo que podría impedir la construcción de consensos y, por esa vía, el respeto a quien piensa diferente.

Imagen tomada de Cambio.

AMNISTÍA POLÍTICA, LEY DE PUNTO FINAL Y OTRO TRIBUNAL DE CIERRE

Por Germán Ayala Osorio

 

El regreso de Salvatore Mancuso Gómez, después de purgar una larga condena en los Estados Unidos, despertó suspicacias en las huestes uribistas que asocian la llegada del criminal paramilitar a un plan del gobierno para atacar política y jurídicamente al expresidente antioqueño, Álvaro Uribe Vélez. Después de publicada la misiva del Centro Democrático (CD) en la que exponen sus miedos por la existencia de dicho plan, el expresidente Uribe propuso que se abra la posibilidad de otorgar una especie de “amnistía política” para aquellos agentes políticos ya condenados por delitos cometidos en el marco de las dinámicas del conflicto armado interno.

Días antes de que se confirmara la deportación al país de Mancuso, el partido Comunes envió una carta al presidente Petro en la que proponen la conformación de un tribunal de cierre, distinto al de la JEP. Consideran los comparecientes de las antiguas Farc-Ep, que el espíritu con el que fue creada la jurisdicción especial de paz se perdió. En concreto, los miembros del partido Comunes exigen que las sanciones morales y políticas que se les aplicará por haber aceptado ser responsables de delitos de lesa humanidad y de guerra, se las impongan cuanto antes; igualmente, solicitan el cierre de todos aquellos procesos penales que siguen abiertos en la Fiscalía que, al ser amnistiables, como el delito de rebelión, daría tranquilidad jurídica a los excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz de La Habana.

Así entonces, la confluencia en el tiempo del regreso de Salvatore Mancuso al país, la propuesta de los comparecientes de las antiguas Farc de crear un tribunal de cierre distinto a la JEP y la propuesta del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez de otorgar una especie de “amnistía política” a los políticos condenados para que recuperen sus derechos políticos, hace pensar que más que un plan macabro del gobierno, lo que se estaría cocinando entre una parte importante del Establecimiento, el actual gobierno e incluso, la misma JEP,  es propiciar un ambiente político y por esa misma vía, un consenso generalizado alrededor de la necesidad de que los sectores sociales y políticos (empresarios, expresidentes de la República, exalcaldes y exgobernadores, entre otros) que quedaron por fuera de la JEP, gracias a que el triunfo del No en el plebiscito por la paz obligó a hacerle ajustes al texto firmado entre el Estado y las Farc en Cuba, comparezcan ante la JEP y asuman responsabilidades políticas, mas no penales. 

A todas luces resulta inconveniente pensar en crear otro tribunal de cierre, por cuanto la JEP fue creada con esa pretensión. Es decir, lo que habría que hacer es ajustar los tiempos del alto tribunal de paz, lo que implica ir cerrando los macro casos y generando las sanciones morales y políticas acordadas para aquellos comparecientes que aportaron verdad, repararon a las víctimas y expresaron su compromiso de volver a delinquir. Darle gusto al partido Comunes es abrir la posibilidad para que sectores de poder, como el uribismo, empiecen a ambientar una “ley de punto final” que beneficie política y jurídicamente al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y a los actores políticos y económicos, cercanos al exmandatario, que patrocinaron el paramilitarismo en Colombia.

Por lo anterior, la llegada de Mancuso Gómez y su aceptación en la JEP como “agente bisagra” por haber actuado como un “General” de facto y mando de tropa constituye un riesgo político y jurídico para Uribe y  los sectores de poder tradicional que el expresidente representa de tiempo atrás. Y es así, por los señalamientos que Mancuso viene haciendo en torno a que el hijo ilustre de Salgar (Antioquia) siempre estuvo al tanto de la ocurrencia de la masacre del Aro. Incluso, por la responsabilidad que según Mancuso y otros, le cabe a Uribe por el crimen de José María Valle. Todo lo anterior, en los tiempos en los que fungió como gobernador de Antioquia.

El gobierno de Petro no puede ambientar la creación de otro tribunal de cierre, por cuanto eso sería ir en contravía de lo acordado en La Habana, documento que no solo hace parte del bloque de constitucionalidad nacional, sino que es reconocido por la ONU como un texto oficial que obliga al Estado a dar cumplimiento al acuerdo de paz firmado en el 2016. De igual manera, tampoco puede prestarse para que en el Congreso se tramite una ley de “amnistía política” en el sentido en el que lo propuso Uribe Vélez.

El jefe del Estado debe esperar a que la Corte Suprema de Justicia elija a la nueva fiscal general, para que sea ella, quien acoja las peticiones del partido Comunes, en el sentido de cerrar todos los procesos penales que aún se mantienen activos en contra de los comparecientes de las Farc-Ep y que sean susceptibles de una amnistía generalizada. De igual manera, la nueva fiscal deberá dar la directriz para que todos los procesos que se llevan en contra del expresidente Uribe Vélez sean desempolvados, para que, si hay lugar a ello, se acuse formalmente al expresidente antioqueño por su aparente complicidad con las actividades criminales desplegadas por las estructuras paramilitares.

No debe permitir el gobierno que sectores de poder y la opinión pública asocien la idea de la Paz Total, con la búsqueda de una “amnistía política” para alcanzar una mayor gobernabilidad, permitiendo el regreso a la política electoral de operadores políticos, en su mayoría uribistas, que cohonestaron con crímenes cometidos por los grupos paramilitares.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.com

LOS MINISTROS O TECNÓCRATAS CORRUPTOS DE AYER

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el engañoso y sofista debate entre tecnócratas y políticos aparece la formación académica como un factor de clase que sirve ideológicamente para descalificar los recientes nombramientos del presidente Petro en el DPS, Planeación Nacional y en la UNGR.

Durante décadas la derecha colombiana, compuesta por tecnócratas y políticos neoliberales, hizo que profesionales de distintas áreas de formación universitaria asumieran ministerios y departamentos administrativos sin tener experiencia alguna, pues bastaba con hacer parte de cofradías políticas y académicas atadas a prestigiosas universidades privadas, como el Externado, Javeriana y los Andes y por supuesto, a los sempiternos partidos políticos convertidos en nidos clientelares y fieros negociadores de cuotas burocráticas en todos los gobiernos.

La entrega de ministerios a cada colectividad se hacía para que los puestos a proveer se entregaran a verdaderas corbatas, esto es, a políticos inescrupulosos, parásitos y corruptos. Eso en la minucia burocrática. Ya en el marco general de las políticas macroeconómicas, todos los gobiernos de derecha le apuntaron a concentrar más la riqueza en pocas manos, así como la tierra; acabar con la agricultura de subsistencia para premiar el modelo de la gran plantación para monocultivos de caña de azúcar y palma africana. Al final, por más de 30 años de gobiernos uribistas, la extrema pobreza y la desigualdad crecieron exponencialmente.

Volvamos al tema de los perfiles de los ministros. Alejandro Gaviria Uribe es ingeniero civil y fue ministro de Salud durante todo el gobierno de Juan Manuel Santos. Además de defender a las EPS y de evitar controlarlas en el manejo de las reservas técnicas, Gaviria es responsable políticamente de los desastres financieros de varias de esas entidades, convertidas en nidos de corrupción.

En ese tiempo la prensa que hoy se sorprende por las designaciones del presidente de la República, jamás se preguntó qué hacía un ingeniero civil en la cartera de salud. Ese hecho, hoy, no cuenta para el grupo de periodistas afectos al “viejo” régimen que critica los nombramientos de Petro, en particular el de Alexander López Maya en Planeación Nacional porque es abogado y no economista. Si fuera egresado de los Andes y de derecha, a lo mejor no generaría tanto rechazo.

Pasar por una universidad privada o pública no es garantía de que sus egresados, una vez metidos en la política electoral, exhiban un ejemplar comportamiento ético y moral. Como tampoco es garantía de que serán excelentes profesionales. Por el contrario, hay abundantes casos de egresados de prestigiosas universidades privadas que resultaron condenados por actos de corrupción. Andrés Felipe Arias es un claro ejemplo: fue condenado a 15 años por el manejo irregular de millonarios recursos del programa Agro Ingreso Seguro es economista egresado de la Universidad de los Andes.

Le cabe razón a El Espectador cuando dice en su editorial que “en últimas, un presidente tiene el derecho de armar sus equipos como considere y es algo que, por cierto, han hecho todos los mandatarios. Que alguien no tenga experiencia en el Estado no implica, de por sí, que no pueda ser un buen ministro o director de entidad pública. Los “técnicos” que llevan mucho tiempo en el poder (y aquí no nos estamos refiriendo puntualmente a los exfuncionarios del gobierno Petro, sino en general) han fallado de muchas maneras, por lo que es engañoso presumir que con una sola palabra se puede desacreditar cada nombramiento”. Llama la atención el cuidado del editorialista al evitar hablar de corrupción en los gobiernos de Uribe, Santos y Duque de la que hicieron parte tecnócratas, por acción u omisión.

Nuevamente la prensa, la Gran Prensa bogotana pone el foco en las maneras, para evitar mirar el fondo. Y el problema de fondo en el país es la corrupción público-privada y el ethos mafioso, el mismo que permitió los sobrecostos en la compra de los carrotanques de parte de la UNGR. Si se examina el asunto, en ese entramado de corrupción hay profesionales universitarios. Ese mismo ethos guió las decisiones de los congresistas que aparecen en la red de corrupción conocida como Las Marionetas. El excongresista Ciro Ramírez, del Centro Democrático, abogado, con estudios de posgrados en prestigiosas universidades privadas, está imputado y en la cárcel por decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Lo que hemos visto por décadas en Colombia es presidentes de la República cómplices de la corrupción; animadores del ethos mafioso y defensores de sus ministros y congresistas, a pesar de estar señalados de cometer delitos graves. Recordemos la frase célebre de Álvaro Uribe Vélez, en el marco de la parapolítica: “les voy a pedir a todos los congresistas que mientras no estén en la cárcel, voten los proyectos”. Y la defensa a rabiar que hizo de su pupilo, Andrés Felipe Arias, a quien el expresidente y expresidiario y los del CD lo consideran una víctima de la justicia.

El problema no es de títulos académicos, el asunto de fondo es que el ethos mafioso se naturalizó de tal forma en el país que pasar por una universidad ya no es garantía de profesionalismo, pulcritud, decencia, probidad y capacidad para gerenciar asuntos del Estado. La realidad es que hay una élite mafiosa que se forma en las mejores universidades privadas de Colombia y del mundo, para hacer parte del Estado y dar rienda suelta a sus mezquinos intereses de clase y a sus vanidades.

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

¿ACTIVISTAS O TECNÓCRATAS NEOLIBERALES?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El presidente Gustavo Petro acaba de nombrar en Planeación Nacional, en el DPS y en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre (UNGRD) a tres leales amigos y activistas. En su orden: el congresista del Polo, Alexander López, el exconcejal de Bogotá, Carlos Carrillo y el escritor, Gustavo Bolívar.

Las reacciones de la derecha no se hicieron esperar para descalificar las designaciones por cuanto ninguno reúne los requisitos para asumir dichos cargos, en particular porque esas instituciones deben ser manejadas, según la narrativa, por técnicos o tecnócratas. Es decir, poner políticos profesionales es casi un “crimen” o, por lo menos, una “herejía burocrática o mejor, tecnocrática jamás vista en el país. Haré referencia exclusivamente a la designación de Gustavo Bolívar.

Con el nombramiento del escritor Gustavo Bolívar como director del DPS (Departamento Administrativo para la Prosperidad Social), voceros de la derecha neoliberal salieron a descalificar la elección porque al frente de ese cargo debe estar un “técnico” o preferiblemente un tecnócrata neoliberal, al estilo de los Chicagos Boys en Chile, y no un activista y fiel petrista. Más claro: Petro debió poner, en lugar de Bolívar, a un hijo, nieto, sobrino de expresidente de la República o recomendado político de los jefes de los partidos tradicionales o de aquellas colectividades interesadas en acercarse al gobierno nacional solo para asegurar puestos burocráticos, así reine la corrupción como ocurrió durante la gestión de Pierre García, al frente del DPS, durante el gobierno de Iván Duque Márquez (2018-2022).

Para este caso y de acuerdo con la narrativa de la derecha colombiana, no valen las lealtades ideológicas y políticas y mucho menos la amistad existente entre el presidente Petro y el novelista. Si los anteriores presidentes de la República nombraron en el pasado en ministerios y otras dependencias a eximios tecnócratas o “técnicos”, entonces ¿cómo se explican los altos índices de pobreza, desigualdad y exclusión, si eran tan buenos para ejecutar los presupuestos asignados? Avizoro dos respuestas: 1. Por tratarse de tecnócratas neoliberales, siguieron instrucciones de los gobiernos con el mismo talante: hacer inversiones mínimas, para mantener cautivos electoralmente a millones de pobres. Y 2. Los millonarios recursos se perdieron en entramados de corrupción y en la construcción de elefantes blancos.

 Ante todo, de acuerdo con la misma narrativa, esos cargos deben quedar en manos de gente experta, formada en universidades privadas de élite como la de los Andes, cuyos egresados normalmente hacen parte del círculo cerrado de las castas políticas que por años manejaron departamentos y ministerios con criterios asociados a la doctrina neoliberal y alejados, por supuesto, de cualquier intención de paliar en algo la extrema pobreza, la exclusión y la desigualdad que agobia a millones de colombianos desde hace más de tres décadas.

Claro que se necesitan los técnicos o los tecnócratas, expertos en el diseño de políticas públicas y en la aplicación de los enrevesados protocolos de un Estado del que siempre hubo quejas por ser paquidérmico e incapaz de dar cuenta de derechos consagrados en la Carta política de 1991, como tener vivienda, salud de calidad y un trabajo digno. ¿Cómo suplir, entonces, la falta de experiencia y el desconocimiento de Gustavo Bolívar? Fácil: como él mismo lo dijo, se rodeará de los que más saben, para liderar que los millonarios recursos lleguen a donde tienen que llegar y no se pierdan en dolosas contrataciones y desvío de dineros, como ocurrió con el caso de corrupción conocido como Las Marionetas, liderado por el excongresista, Mario Castaño, entramado criminal del que haría parte el exdirector del DPS, Pierre García, amigo del entonces presidente, Iván Duque Márquez.

Ojalá los tres nuevos funcionarios lideren con transparencia las dependencias asignadas. Por el reciente escándalo de corrupción en la UNGRD, Carlos Carrillo debe trabajar para evitar que hechos dolosos se vuelvan a presentar. De igual manera deberá proceder Gustavo Bolívar en el DPS, entidad que en el gobierno de Duque se presentaron hechos de corrupción. Y para el caso de López en Planeación Nacional, su obligación principal está en asegurar la ejecución eficiente, eficaz y transparente del Plan Nacional de Desarrollo.

Imagen tomada de EL TIEMPO. com

ÁLVARO URIBE VÉLEZ ESTÁ TEMBLANDO POR EL REGRESO DE MANCUSO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Salvatore Mancuso tiene temblando al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez y quizás a otros agentes del Establecimiento señalados por el exjefe paramilitar de haber patrocinado a las AUC y de recibir el apoyo político y electoral de las estructuras paramilitares.

Una vez pisó tierra colombiana Salvatore Mancuso Gómez, el expresidente antioqueño grabó un video en el que de manera apresurada insistió en que jamás se reunió con el entonces comandante paramilitar, versión que contradice lo dicho por el criminal de lesa humanidad. Ahora, su partido, el Centro Democrático (CD) denuncia públicamente que hay un plan en contra de su líder natural, con el que sus derechos estarían en peligro. Y va más allá al pedir medidas cautelares a organismos internacionales, sin precisar uno en particular.

Sugieren en el señalado comunicado que la JEP y el Gobierno de Petro están usando a Mancuso Gómez como instrumento político para atacar a Uribe Vélez a través de los señalamientos que el excomandante paramilitar ha hecho en contra del expresidente, relacionados con su conocimiento sobre la ocurrencia de la masacre del Aro y otros hechos atados a los operativos paramilitares ejecutados durante la seguridad democrática.

El hecho de señalar en el comunicado que Petro, la JEP y Mancuso se aliaron para diseñar un plan político y legal para someter al expresidente Uribe a la justicia, constituye una lectura maliciosa y paranoica con la que el uribismo busca descalificar lo dicho por el criminal paramilitar. A lo mejor, en el fondo, lo que realmente está sucediendo y el propio Uribe Vélez lo intuye, es que una parte del Establecimiento colombiano estaría dispuesto a quitarle el apoyo y por ese camino dejar de protegerlo, quizás a cambio de beneficios jurídicos, económicos y políticos.

Exista o no un plan orquestado desde la presidencia de la República o que agentes poderosos del Establecimiento estén dispuestos a darle la espalda y la estocada final a quien usaron para estirar sus propios límites morales y éticos, lo cierto es que el país necesita procesar a Uribe Vélez, llevarlo a juicio y ojalá, condenarlo.

Nuevamente el CD descalifica a la JEP, al señalar que es un tribunal que fue creado con argucias y diseñado para y por las Farc. Además, cuestiona e invalida la lectura que la JEP hizo de lo expresado por Mancuso ante el alto tribunal de paz, en la que lo reconoce como agente bisagra. Según el CD, esa interpretación de la JEP se explica porque quieren “usarlo contra Uribe”.

Sin duda alguna hay nervios en las huestes uribistas y el propio Uribe Vélez luce descompuesto por el regreso de Mancuso, a quien extraditó, según un documento revelado por la revista Cambio, porque le dio la gana y no porque hubiese pruebas de que estaba delinquiendo desde la prisión en la que estaba recluido cuando Uribe, de manera discrecional, lo extraditó, junto a una docena de paramilitares, hacia los Estados Unidos.

Los nervios de Uribe aumentan ante la posibilidad de que Amelia Pérez Parra sea elegida por la Corte Suprema de Justicia como la nueva fiscal general por un hecho clave: Pérez Parra investigó en el pasado la masacre del Aro y otros hechos relacionados con el paramilitarismo. Es decir, Uribe Vélez tiene razones suficientes para estar asustado pues sus procesos penales en la misma CSJ, en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y los que reposan en la Fiscalía no se han movido en años. En particular, durante la administración de Francisco Barbosa, ficha del uribismo, esos expedientes acumularon más y más polvo.

Imagen tomada de Vorágine

POLÍTICOS “VISAJOSOS Y LÁMPARA”: EL ENVILECIMIENTO DE LA POLÍTICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La política, como actividad pública, se sostiene del ejercicio del poder, sea este legítimo y legal, pero también puede soportarse en acciones y decisiones ilegales, pero legítimas. Y a la política llegan toda clase de individuos que, en el marco de la democracia representativa, contradictoriamente, poco o nada aportan a la consolidación del régimen democrático y mucho menos a la dignificación de la política. Han llegado borrachos y patanes al Concejo de Bogotá, como el concejal Lucho Díaz; al Congreso llegan figuras “simpáticas” como Anatolio Hernández, recordado porque le “soplaron” cómo tenía que votar un proyecto; o el recordado “manguito”. Por estos días caminan por el legislativo nacional, personajes como Jota P Hernández y Polo Polo, ignaros de la cosa pública, pero “reconocidos” en las redes sociales por su lenguaje procaz, racista, fascista y violento.

A lo largo de la historia de Colombia hemos escuchado en el Congreso de la República a congresistas con gran oratoria, asociada a una gran capacidad discursiva. Baste con recordar a Jorge Eliécer Gaitán Ayala, Horacio Serpa Uribe y el hoy presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Sus magistrales intervenciones, en términos argumentativos, dignificaron el debate como función y actividad propia de los congresistas. Hoy, quedan muy pocos, porque varios están interesados en desbaratar el quorum para no tener que escuchar a quienes desprecian, pero, sobre todo, lo hacen por miedo a que los terminen convenciendo por la calidad de los argumentos esgrimidos.

Ahora vemos desfilar por concejos y en el mismo Congreso, pistoleros como el concejal Escobar de Cali, “influenciadores” y “youtubers” que, de la nada, se volvieron virales y por arte de birlibirloque, en políticos “visajosos y lámpara” en busca de likes con los que ocultan su precaria formación académica, pero, sobre todo, su bajo capital cultural.

No pasó mucho tiempo para que aquellos llegaran a la política: nacieron más o menos en el 2004 los llamados “youtuber” o “influenciadores”. Por estos días aparecieron en la vergonzante escena pública los concejales Julián Forero, alias Fuchi, y Ángelo Shiavenato. El primero, lo hizo enfrentando a la policía desde la sempiterna expresión “Usted no sabe quién soy”; y  tomados de la mano, los concejales subieron una moto al edificio legislativo para demostrar que son “visajosos” y “lámpara”. Ambos llegaron al Concejo de la capital del país con el apoyo electoral y político de Rodrigo Lara Restrepo. Hay que recordar la escena en la que Lara Restrepo quiso enfrentarse a golpes con un vigilante.

La posibilidad de ver en el Congreso a personajes como Polo Polo y Jota P Hernández dice mucho de la apertura del cerrado régimen democrático, pero también habla de un ascenso social y político que contrario a lo que se pueda pensar, empobrece el ejercicio de la política y en particular, anula la posibilidad de debatir con argumentos, en una sociedad que se acostumbró a que gane el más macho, el más violento, el más patán.

Dice la escritora y columnista, Piedad Bonnet, que “esta es una época que ama lo chirriante y desmesurado. De ahí que un tipo como Trump seduzca a medio mundo a punta de cinismo, grosería, rudeza, y mal gusto –los tennis dorados que acaba de lanzar para recoger fondos han sido perfectamente calculados por sus asesores-. A su público le divierten sus expresiones machistas, xenófobas, racistas, y lo tiene sin cuidado que haya estafado, engañado al fisco o promovido descaradamente el asalto al capitolio”.

En Estados Unidos deben lidiar con los millones de Donald Trump que aman la patanería, la xenofobia, el machismo y el racismo. Por los lados de Colombia la cosa no es muy diferente. A pesar del debilitamiento de la figura de Uribe Vélez, una parte importante de la sociedad sigue pensando que lo que este país necesita es “mano dura, un Padre violento, un Macho cabrío”.

Es cierto que una parte importante de la sociedad americana se siente cercana a las patanerías y al discurso básico de Trump. Ahora, si comparamos este momento histórico por el que atraviesa los Estados Unidos y su particular ejercicio de la política, con lo sucedido en Colombia en el 2002 con la irrupción de Álvaro Uribe Vélez, podríamos pensar que el país del Sagrado Corazón está superando esas formas azarosas, arcaicas, premodernas, desmesuradas y violentas maneras de entender y asumir la política. En su momento de mayor aceptación, la patanería de Uribe Vélez se legitimó de tal manera, que desde varios sectores de poder económico, mediático y político les pareció razonable que gobernara 12 años. Se sumó a la gran aceptación social, mediática y política, el presentarse como “un macho cabrío, capaz de dar en la cara marica” y el único decidido a acabar militarmente a las guerrillas, sin importar los costos y los daños “colaterales” que al final produjo su política de Seguridad Democrática: 6402 falsos positivos, millones de desplazados, cientos de desaparecidos y la degradación misional del Ejército nacional por aceptar en sus filas a unidades paramilitares.

En las elecciones de 2022 quedó probado que una parte de la sociedad colombiana sigue atada a las malas maneras, a la vulgaridad, al mal gusto, pero, sobre todo, a hombres públicos básicos en sus maneras de expresarse. Recordemos que la derecha le apostó a elegir como presidente de la República a Rodolfo Hernández, un “cucho” mal hablado, grosero, básico, parroquial, machista y con una gran dosis de cinismo. Fue, para muchos, nuestro Donald Trump. Por fortuna, fue derrotado.

Imagen tomada de Pulzo.

GENOCIDIO EN GAZA: EL RIESGO DE VIVIR ENTRE SERES HUMANOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de calificar como “carnicería” y genocidio lo que viene haciendo el ejército de Israel en contra el pueblo palestino en la franja de Gaza, se evidencia la crisis de legitimidad de la ONU y se pone de presente la complicidad política de las potencias mundiales, como los Estados Unidos, con el Estado sionista responsable de la execrable escabechina.

Las acciones criminales de Israel y de Hamás exaltan una realidad asociada a la aviesa condición humana: el riesgo de vivir. Hay suficientes evidencias en el pasado que confirman ese carácter avieso de la especie humana: baste con recordar las dos guerras mundiales, varios conflictos armados internos que se degradaron, como el colombiano, y el Holocausto nazi contra el pueblo judío. Este último, en el pasado fue víctima, hoy funge como un victimario, interesado en demostrarle al resto del mundo que “son el pueblo elegido” y que los palestinos no merecen vivir.  

Somos la única especie sobre la Tierra que “mata más y mejor”. La única que todos los días avanza técnica y científicamente para someter, masacrar o desaparecer a un pueblo X, previa elección o decisión de un presidente o de general de una República militarmente preparada para adelantar esos propósitos que ya no tiene mayor sentido descalificarlos desde una perspectiva moralizante.  No.

Quizás sea tiempo de consolidar una narrativa que nos lleve a comprender que los “riesgos de vivir” son connaturales a la condición humana. De esa manera, erosionamos las justificaciones que militares, políticos, presidentes, expresidentes e individuos a lo largo y ancho del mundo expresaron después de que Israel sufriera el cruento ataque de Hamas. Por esa misma vía, marchitamos las ideologías y ponemos en crisis los discursos teológicos con los que se pretenden justificar la pulsión humana de tener o querer asesinar, de manera colectica o individual, a quien se considera enemigo, impío, pecador o simplemente indigno por no hacer parte de la elección caprichosa de una deidad.

Esa narrativa nos debe llevar a evitar aludir a cada Dios presente en las culturas, para justificar masacres, violaciones o genocidios. El problema no está en los dioses: está en nosotros, en nuestra perversidad, estolidez, pues finalmente fueron creados para ese cometido. Las religiones y con estas las figuras deíficas son los sólidos parapetos en los que ocultamos y matizamos la pulsión de asesinar, someter, estigmatizar y masacrar.

También debemos aceptar que no hay forma ni camino alguno que nos lleve a vivir en un paraíso en el que corran ríos de miel y leche, en los que nos sumerjamos para amarnos unos a los otros. No. Ni siquiera en escenarios postnaturaleza o en los asociados al poshumanismo será posible.

A pesar de las multitudinarias marchas en rechazo al genocidio israelí y la consecuente defensa del pueblo palestino, organizadas en ciudades importantes de USA y Europa, la vida continúa, el planeta sigue girando y cada sociedad enfrenta sus propias realidades, las mismas que les impide ocuparse de lo que ocurre en Gaza.

Imagen tomada de The Conversation

LA DICHA DE PALOMA VALENCIA POR ROMPER EL QUORUM

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Ver la dicha de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, por haber roto el quorum de la plenaria en la que se iban a discutir los proyectos de reforma a la salud, pensiones y laboral constituye, sin ambages, una grotesca burla al carácter democrático del Congreso. No creo que se pueda considerar una afrenta a sus electores, porque muy seguramente quienes votaron por su curul piensan y actúan de la misma manera. Y a lo mejor, comparten la misma pobreza discursiva de la senadora caucana.

Firmar la asistencia, abandonar el recinto y evitar que la discusión de las propuestas se dé al interior del Congreso se explica porque la curul de Valencia, como la de los otros congresistas de la derecha, está asociada a los intereses privados de sus patrocinadores y por supuesto, a su pobreza argumentativa que se extiende a compañeros como Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal, que han exhibido una incontrastable pobreza discursiva y argumentativa, solo superada por el excongresista Ernesto Macías, un verdadero homúnculo e ignaro.

Huirle al debate de las ideas políticas y las razones técnicas que rodean la discusión de las reformas presentadas por el gobierno Petro es propio de legisladores pusilánimes, cuya capacidad oratoria es limitada. De esa manera, lo que van consolidando es una clase parásita al interior del Congreso, cuyos miembros ni siquiera son capaces de confrontar, con argumentos sólidos, las apuestas legislativas del Ejecutivo. El camino más fácil es salir corriendo. Prefieren esa vergüenza, a verse derrotados discursivamente.

El congresista vallecaucano, Wilson Arias Castillo criticó con vehemencia la actitud asumida por Paloma Valencia y sus compañeros de bancada. Arias señaló en su cuenta de X: “Ver a los congresistas del @CeDemocratico orgullosos y felices de no cumplir con sus funciones legislativas, ilustra por qué de allí sale tanto corrupto y por qué no debería sorprendernos que los enaltezcan como “héroes”.

Ese comportamiento, validado internamente, tiene un contexto y unas circunstancias que lo explican y lo hacen posible. Y tiene que ver con la privatización del Estado y su operación sectorial e interesada.

La captura del Estado empieza a concretarse con la operación del Congreso. La tarea de continuar con ese proceso de cooptación depende en buena medida de los congresistas, en particular aquellos que llegan a dicha corporación legislativa financiados por grupos económicos y empresas que los necesitan para que torpedeen proyectos de ley que los puedan afectar por su carácter colectivista o conducente a paliar problemas graves como la desigualdad, exclusión y la pobreza, o, por el contrario,  para sacar adelante iniciativas legislativas que los beneficien, ampliando así privilegios de clase.

Los proyectos de reforma laboral, pensional y a la salud que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro al Congreso de la República avanzan a paso de tortuga por cuenta del rechazo que generan dichas iniciativas en empresarios y en los propios fondos de pensiones privados (que poco pensionan). El problema está en que el carácter y el sentido de esas reformas terminarán por afectar los mezquinos intereses de aquellos sectores de poder que están cómodos y felices con las condiciones laborales precarias existentes, las mega pensiones subsidiadas por el Estado a un grupo pequeño de privilegiados y la posibilidad de que congresistas y excongresistas pierdan el control del negocio de la salud, porque son dueños de IPS o hacen parte de las juntas directivas de EPS que vienen manejando los billonarios recursos económicos, que les entrega el Estado, sin auditoría alguna, lo que derivado en corrupción y la quiebra de un centenar de EPS.

Así entonces, la euforia de Paloma Valencia sirve para constatar su pobreza discursiva y el terror que le tiene a escuchar a quien podría tener la razón. Valencia le tiene pavor a reconocer que sus posturas están fundadas en equívocos ideologizados, alimentados por su origen de clase. Su llegada al Congreso no estuvo mediada por el ánimo de servir a la ciudadanía, sino para cumplirle con creces a quienes la pusieron en el Congreso, a pesar de su evidente pobreza discursiva.

Imagen tomada de W radio 

RAZONES PARA CUIDAR LA VIDA DE SALVATORE MANCUSO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El robusto, intimidante y espectacular operativo con el que se recibió a Salvatore Mancuso Gómez, deportado de USA y la decisión de disponer de 64 guardias entrenados por los Estados Unidos, y el diseño de 5 anillos de seguridad en torno a la celda en la que quedó recluido el excomandante paramilitar, tiene a más de uno indignado, en particular a quienes, a pesar de las evidencias, siguen defendiendo a los políticos, empresarios y militares que Mancuso vincula de tiempo atrás con sus actividades criminales.

Mientras se define su situación jurídica y se confirma su rol como Gestor de Paz, Mancuso Gómez vivirá en una celda de 12 metros cuadrados, aislado y sin contacto con otros delincuentes. Mucho menos podrá recibir visitas de aquellos políticos, militares y empresarios con quienes en el pasado compartió cocteles e informes de cómo avanzaba el proyecto paramilitar, en sus perspectivas económica, social y política, que lideró el hoy despreciado y abandonado comandante de las AUC.

Salvaguardar la vida de Mancuso constituye una insoslayable responsabilidad estatal por dos razones fundamentales: 1. Como agente bisagra, actuó como si fuera un General de la República, de facto, pero al fin y al cabo General. Con mando de tropa, Mancuso ordenó operativos militares (con tropas de las AUC) que terminaron en masacres de campesinos, en desplazamientos forzados de cientos de comunidades y en la desaparición de un centenar de hombres señalados de ser colaboradores de las guerrillas o líderes sociales incómodos.

Mancuso es la memoria viva de la degradación misional del Ejército y de la captura paramilitar de esta y de otras tantas instituciones públicas, como el Congreso, el antiguo DAS, entre otras tantas. La presencia de Salvatore Mancuso Gómez en la JEP no se da tanto por su condición de paramilitar, pues para ello está el marco jurídico, Justicia y Paz, sino por haber servido de bisagra entre militares y los miembros de las AUC, en las tareas que empresarios y políticos les encomendaron: amedrentar, desplazar, asesinar y desaparecer campesinos incómodos para quitarles sus tierras; y las otras tareas que brotaron de los incentivos monetarios, bacanales, vacaciones y ascensos, entre otros, propios de la seguridad democrática, el decreto Boina y la Directriz 025 de 2009: asesinar jóvenes inermes para ser pasados como guerrilleros muertos en combate.

2. Por ser testigo directo de masacres declaradas como delitos de lesa humanidad, como las del Aro y La Granja, entre otras, Salvatore Mancuso es una fuente creíble para la justicia colombiana, en particular para los modelos de justicia transicional, Justicia y Paz y la JEP, tribunal que aceptó a Mancuso en calidad de compareciente por ser agente bisagra, tal y como lo declaró el alto tribunal de paz. El expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez es señalado por Mancuso y otros actores, incluidos periodistas, de tener conocimiento de la comisión de esa masacre: “Todo el tiempo Uribe- siendo gobernador de Antioquia- estuvo al tanto de la masacre del Aro”, dijo a la JEP el excomandante paramilitar. Así entonces, la declaratoria de las masacres del Aro y de La Granja como delitos de lesa humanidad y la condena de la CIDH proferida contra el Estado, lo obligan  no solo a pedir perdón, sino a hacer ingentes esfuerzos para señalar responsabilidades políticas que escapan a los límites jurídicos de la justicia internacional y nacional.

Las dos razones anteriores son del fuero exclusivamente estatal, pero hay otras que rondan los intereses del actual gobierno. He aquí tres razones ético-políticas que tendría el gobierno de Gustavo Petro para garantizar la vida de Mancuso y contribuir a la construcción de verdad, justicia, reparación y no repetición: 1. En su rol de Senador, fue Petro quien investigó y fustigó a poderosos agentes políticos y económicos por sus relaciones criminales con las AUC y en particular con los jefes Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Por su condición de outsider, Petro siempre quiso exponer y avergonzar a miembros de la clase política y económica que se aliaron con los paramilitares para asesinar campesinos, violar mujeres y adolescentes y desplazar a millones de compatriotas. Es posible que Petro, como presidente de la República, en algo haya matizado ese genuino interés que guió su vida de congresista, en la medida en que, para ganar en gobernanza y gobernabilidad le tocó abrir espacios de diálogo con aquellos en los que en el pasado señaló de ser aliados de los paras.  

2. Al nombrar a Mancuso como Gestor de Paz, el presidente Petro manda un mensaje de reconciliación a esos sectores políticos y económicos que patrocinaron a los grupos paramilitares y qué mejor que invitando a quien fungió como ese actor bisagra entre agentes de la sociedad civil empeñados en “acabar” militarmente con la guerrilla y de militares activos que aceptaron cumplirles los deseos a los reputados civiles, eso sí, dejando la “tarea” sucia de asesinar civiles, a las estructuras paramilitares que en varias ocasiones las hicieron pasar como tropas oficiales.

3. Gustavo Petro respeta profundamente el trabajo que viene adelantando la JEP, como jurisdicción de paz, en la medida en que ese alto tribunal viene coadyuvando a que los deseos ético-políticos del presidente Petro se cumplan. La aceptación de Mancuso como agente bisagra constituye un hecho jurídico, pero también político que termina conectándose con las aspiraciones del jefe del Estado de consolidar la Paz Total no solo sobre la desmovilización del ELN y de los otros grupos armados ilegales, sino sobre una verdad histórica, social, política y jurídica que él cree que el país necesita para pasar las ignominiosas páginas del degradado conflicto armado interno.

Quizás Petro tenga en mente que los aportes de Mancuso a la verdad (histórica, social, económica y política) sirvan para desenmascarar a específicos y poderosos actores políticos y empresariales con los que hoy no tiene las mejores relaciones.

Imagen tomada de Caracol Radio. 

REGRESÓ MANCUSO Y LA VERDAD SEGUIRÁ EMBOLATADA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con el regreso al país de Salvatore Mancuso Gómez, exlíder de las temidas AUC, vuelve a cobrar vigencia el asunto de la Verdad que viene de la mano de las versiones que el excomandante paramilitar entregó en el pasado a Justicia y Paz y las que viene entregando a la JEP, en calidad de agente bisagra.

Mancuso públicamente le ha contado al país de las relaciones criminales que sostuvo con miembros de la cúpula militar, policial y del antiguo DAS, y con grandes, medianos y pequeños empresarios, así como con ganaderos, latifundistas y políticos profesionales. Esas narrativas han sido contrastadas y aceptadas por la justicia restaurativa.  

La JEP viene señalando responsabilidades a militares, de todos los rangos, por los crímenes de lesa humanidad que perpetraron de la mano de paramilitares: los falsos positivos y varias masacres. Pero poco o nada las dos jurisdicciones de justicia transicional, Justicia y Paz y la JEP, se han atrevido a señalar con el dedo índice a renombrados empresarios, latifundistas y expresidentes con los que Mancuso asegura haber sostenido relaciones políticas y sociales para violar los derechos humanos.

Con todo lo dicho por  Salvatore Mancuso, va quedando claro que como sociedad no hemos sabido qué hacer con la Verdad y mucho menos para qué ha de servirnos cuando llegue el momento de reconciliarnos y perdonarnos. Y es así porque jamás como colectivo construimos un ethos en el que aquella tuviera un lugar relevante y dignificante, que nos sirviera para pasar las vergonzosas páginas que todos los actores armados y una sociedad inmóvil, construyeron en el marco de un degradado conflicto armado interno que por más de 50 años martirizó a millones de colombianos y colombianas.

De la misma manera como faltó pedagogía para la paz, en los tiempos del proceso de negociación en La Habana entre el Estado y las entonces Farc-Ep, ha faltado hacer esfuerzos pedagógicos para que la sociedad entienda que la Verdad de lo acontecido la necesitamos para reconocernos en ella. Unos lo harán como victimarios, otros tantos, que son millones, lo harán como actores pasivos a los que poco o nada les importó lo que hacían juntos paramilitares y militares, dizque para “acabar” con las guerrillas: asesinar civiles, violar mujeres y niñas, masacrar comunidades, desplazar y quitarles la tierra a cientos de miles de campesinos. Habrá quienes se reconozcan como víctimas, pero también habrá quienes deberán reconocerse como victimarios-víctimas, en razón a que aportaron millones de pesos a quienes, en su nombre, cobrarían venganza por las afrentas de las guerrillas.

Hoy por hoy, la Verdad sobre la que redundará Mancuso no tiene un lugar en la sociedad y mucho menos es valorada por quienes, desde los privilegios y el poder económico y político, aceitaron esa máquina de guerra sucia, obscena y excremental que echaron a andar militares y paramilitares desde los años 80, teniendo su pico más escabroso y ruin en los tiempos de la Seguridad Democrática (2002-2010) del inefable gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Aquellos miembros de la élite que apoyaron a las tropas de Mancuso y que sus nombres no han sido agregados a expedientes judiciales deberían de tener la gallardía, el honor, sentido de humanidad, la decencia, la altivez, la vergüenza y la dignidad para reconocer que apoyaron política, social y económicamente a los paramilitares. Esos tres elementos escasean en aquellos empresarios, políticos y expresidentes señalados por Mancuso de haber sido los mecenas de su guerra fratricida. Y es así, porque en virtud del pírrico triunfo del NO en el plebiscito por la Paz, Santos se vio obligado a hacerle ajustes al tratado de paz en un punto clave: la comparecencia de los terceros civiles que desde frías y perfumadas oficinas aportaron millones de pesos y logística para que los subalternos de Mancuso y de Carlos Castaño perpetraran masacres y sometieran a cientos de comunidades a incontrastables vejámenes.

La Verdad, para que tenga sentido en una sociedad fracturada y moralmente confundida como la colombiana, necesita de hombres y mujeres capaces de reconocer que su patrocinio a los paramilitares estuvo fundado no tanto en el odio y al miedo al comunismo, sino en razón a que sus actuaciones siempre estuvieron fundadas en un ethos mafioso que, fruto de la mezquindad, el clasismo y el racismo, guía sus sinuosas vidas.

Imagen tomada de Impacto News

REGRESÓ MANCUSO, 16 AÑOS DESPUÉS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Regresó al país Salvatore Mancuso Gómez, el otrora temido jefe paramilitar, amigo de altos oficiales del Ejército, de políticos y empresarios; el mismo que llegó al Congreso de la República (2004), acompañado de sus compañeros de fechorías, Ramón Isaza y Ernesto Báez. Llegaron vestidos de saco y corbata, vestuario tradicionalmente asociado a la “gente de bien”, como congresistas y políticos a los que llaman “doctores”. Imagino también que los tres asesinos llegaron embadurnados de costosas lociones con las que el efecto Lady Macbeth cobraba vigencia en la psiquis de estos criminales.

Eran los tiempos de la Seguridad Democrática, política que terminó consolidando a Mancuso como agente bisagra entre sus estructuras paramilitares y agentes estatales. La presencia de los tres comandantes paramilitares se dio como abrebocas para legitimar los marcos legales con los que se lograría someter la justicia colombiana, a las necesidades y exigencias de los líderes de las AUC.

Entonces, vendría el “proceso de paz” entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). No hubo tal proceso de paz porque los paramilitares jamás fueron el enemigo del Estado. Y la paz se hace con el enemigo. Al final, todo fue un engaño, una mentira: de los 14 mil hombres en armas que reconoció tener bajo su mando Carlos Castaño (1998), se “desmovilizaron” 32 mil paramilitares. Sin duda alguna se vendieron “franquicias” a narcos y traquetos para hacerlos pasar como combatientes. Baste con recordar la falsa desmovilización de la estructura Cacique Nutibara en 2003 para entender lo que pasó en Santafé de Ralito. 

Vuelve Mancuso Gómez 16 años después de haber sido extraditado por quien según el mismo exparamilitar, recibió apoyo económico, político y electoral de las estructuras paramilitares: Uribe Vélez. Sobre su extradición circularon dos narrativas: la oficial, del gobierno de la época, que indicaba que su extradición se produjo porque estaban delinquiendo desde el lugar en el que estaban pernoctando mientras transcurría el fallido proceso de paz; y la otra, la no oficial, que explica que el envío a los Estados Unidos de por lo menos 14 comandantes de las AUC se produjo para callar la verdad que Justicia y Paz y ahora la JEP han corroborado: la connivencia entre agentes del Estado y los paramilitares, para cometer delitos de lesa humanidad, como masacres, desplazamiento forzado y tortura, entre otras conductas.

Vuelve al país con 59 años y con el ánimo de continuar aportando verdad a la JEP, como agente bisagra que esa misma jurisdicción de paz le reconoció para aceptar su sometimiento. Sus aportes ensucian no solo al expresidente y expresidiario antioqueño, sino a políticos, empresarios y militares que trabajaron de la mano para arrebatarles, a sangre y fuego, las tierras a campesinos: por lo menos 6 millones de hectáreas de tierra, entregadas a ganaderos y latifundistas. A lo que hay que sumar los 7 millones de desplazados que dejaron sus incursiones armadas, las masacres y un centenar de desaparecidos, muchos de estos cremados en sus ya famosos hornos crematorios.

Sin la arrogancia del pasado, Mancuso pisa nuevamente el suelo de su patria para terminar sus días con la zozobra de que en cualquier momento puede sufrir un atentado. O los miembros de su familia. Triste final para quien creyó que estaba salvando a Colombia del fantasma del comunismo.

Volvió Mancuso, escoltado por quienes representan las instituciones que en el pasado estuvieron sometidas a sus órdenes y caprichos. Mancuso, como agente bisagra, puso en operación la “violencia legítima del Estado” en el marco de su pérfido y mentiroso proyecto contrainsurgente con el que se presentaron ante la sociedad. Al final, una parte importante de esa sociedad, con el concurso de los medios masivos, lo elevó a la condición de Héroe, junto a sus compañeros de andanzas.

Mancuso desperdició su vida echando bala y creyendo en la amistad de los políticos, militares y empresarios que niegan hoy haberlo conocido. Despilfarró su juventud al igual que Marulanda Vélez (Tirofijo), Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y los vejestorios del ELN. No lograron nada positivo para el país. Como tampoco dejaron nada positivo para los colombianos los oficiales y suboficiales que se sometieron a la JEP para reconocer que se convirtieron en victimarios de por lo menos 6402 jóvenes asesinados y presentados como guerrilleros caídos en combates (falsos positivos).

Muy seguramente envejecerá con una pesada carga sobre su conciencia de guerrero arrepentido y obsoleto. Mancuso fue una ficha más del engranaje de un establecimiento que se sirvió de él, para consolidar el régimen criminal que operó en Colombia hasta el 2022. Recordemos que el fenómeno paramilitar se originó en los años 80.  

Eso sí, lo único que le podemos reconocer a Salvatore Mancuso Gómez es que, gracias a él, supimos y aprendimos que entre nosotros existieron y quizás existen aún, militares, empresarios y políticos bandidos, verdaderos criminales perfumados, que nos avergüenzan como compatriotas. Los mismos que deben en estos momentos estarse lavando sus sucias manos, impregnadas de sangre de campesinos inocentes. Estos "honorables" ciudadanos deben lavarse las manos compulsivamente, para tratar de quitarse de encima sus culpas. Sin duda, sobreviven bajo el efecto Macbeth. 

Imagen tomada de Cambio

COP16 EN CALI: ¿TURISMO ACADÉMICO Y POLÍTICO, O COMPROMISOS SERIOS PARA PROTEGER LA BIODIVERSIDAD?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las cumbres ambientales, desde Río 92, poco o nada han servido para detener el deterioro ambiental y las transformaciones ecológicas que vienen sufriendo estratégicos, frágiles y valiosos ecosistemas alrededor del mundo y en particular en países catalogados como biodiversos como Colombia, Costa Rica y Brasil, entre otros. Las potencias económicas y militares, China y Estados Unidos, firman compromisos para reducir emisiones de dióxido de carbono y metano, pero el mundo sigue depredando bosques y sometiendo otros ecosistemas a las lógicas del desarrollo económico.

Ahora que Cali será sede de la COP16 sobre biodiversidad, vuelven a confluir en un mismo evento académicos, científicos, funcionarios públicos y gobernantes para examinar estrategias y apuestas para frenar el deterioro de selvas como las de la Amazonia y las que circundan todo el Chocó Biogeográfico (desde el Ecuador, hasta el Tapón del Darién). Como correlato aparecen el turismo y las rutas ecológicas con las que se piensa sorprender a las 12 mil personas que llegarán a la capital del Valle del Cauca. Pero también, los académicos que defienden a dentelladas el actual modelo de desarrollo económico, en particular, la gran plantación de monocultivos como la palma africana y la caña de azúcar, asumidos interesadamente como “ecosistemas emergentes”, cuando lo que realmente son enclaves artificiales desnaturalizantes.

Volvamos al tema del turismo. Nadie niega la importancia de las actividades turísticas y los beneficios de hospedar en la ciudad a esa cantidad de gente. Pero no se puede perder de vista la gravedad de lo que está sucediendo en el Pacífico colombiano con la minería legal e ilegal y el consecuente deterioro ecológico y ambiental de ríos y selvas, ecosistemas sometidos a la fuerza de retroexcavadoras y toneladas de cianuro que se vierten en sus aguas. Ponerle freno a esos procesos de intervención humana implica el sometimiento de las fuerzas ilegales y de los actores legales que trabajan de la mano para sacar oro, carbón, litio y coltán. De este último, se sabe que hay presencia en la Orinoquía, Vichada, Vaupés y Guainía.

Manuel Rodríguez Becerra, el primer ministro del medio ambiente que tuvo Colombia, considera de gran valor para el país que se realice en su territorio la cumbre de la biodiversidad de la COP16. “En la convención de biodiversidad se han obtenido algunos logros siendo, quizá, el principal la creación y ampliación de las áreas protegidas en el mundo. En Colombia las políticas de parques nacionales, de resguardos indígenas, y de propiedades colectivas de las comunidades negras, que en su conjunto representan el 42 % del territorio nacional, han sido, en balance, exitosas en la protección de la biodiversidad y de los bosques. Sin embargo, el tercer informe de Parques Cómo Vamos (2023) ha puesto la alarma de que hoy el 60 % de los parques nacionales son víctimas de algún tipo de amenaza”.

Hay que aplaudir las decisiones de ampliar las zonas de parques nacionales naturales, pero igualmente hay que rechazar y llamar la atención sobre los actores, legales e ilegales que están interviniendo esas zonas protegidas: ganaderos, narcotraficantes, terratenientes, grupos armados ilegales que viven del negocio de la coca y la minería ilegal. Se suman colonos que van abriendo trochas y haciendo “mejoras” hasta que logran “tumbar el monte”, expresión que con enorme claridad da cuenta de la nula conciencia y valoración que se tiene de la existencia de indicadores de una biodiversidad que resiste las arremetidas de unos procesos civilizatorios alejados de cualquier posibilidad de construir relaciones armónicas entre los seres humanos y los ecosistemas naturales.

Si no se detienen esos procesos altamente disruptivos, eso de “que somos uno de los países más biodiversos del mundo” quedará como un simple recuerdo, recogido en libros, informes científicos, inventarios de especies, enciclopedias y en la mente de un reducido número de colombianos que sí entendieron el real significado que trae esa condición natural. Las comunidades negras, indígenas y campesinas que viven dentro de las zonas biodiversas deben ser la prioridad para el Estado colombiano si de verdad se quiere proteger el Chocó Biogeográfico. No será fácil ganarle la batalla a los narcos (incluye guerrillas, bandas y paracos) que viven de la economía ilegal (explotación de oro y tráfico de cocaína). Por lo pronto, hay que dignificar la vida de las comunidades que históricamente establecieron una relación consustancial con la naturaleza. Ellos, mejor que nadie, sabían qué es eso de ser biodiversos, antes de que se realizara la cumbre de la tierra en 1992.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM 

VICKY DÁVILA, CANDIDATA PRESIDENCIAL: ¿OTRA TIGRESA DEL URIBISMO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Claudia López Hernández, ex alcaldesa de Bogotá y el director del diario La República, Fernando Quijano Velasco elevaron a Vicky Dávila a la condición de candidata presidencial para el 2026. No es un chiste.

Mientras que López lo hizo en el marco de un rifirrafe en la red X con la directora de Semana, Quijano se aventuró a hacerlo junto a otras mujeres que el periodista económico juntó en su exclusivo listado del que además de la señora Dávila, aparecen Francia Márquez Mina, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y la misma exalcaldesa, López Hernández.

La posibilidad de que la periodista Dávila sea candidata presidencial, con el apoyo económico y político de los Gilinski y el Clan Gnecco y otros sectores de la ultraderecha, confirmaría que a esos sectores de poder no les interesa llevar a la Casa de Nariño a una mujer conocedora de la operación del Estado y con un proyecto político soportado en el dominio de conceptos políticos y filosóficos asociados a la idea de que algún día Colombia sea una verdadera República, sino a una simple mandadera que se preste, como lo hizo Iván Duque Márquez, a hacerle los mandados a quienes desde poderosas corporaciones privadas le indiquen qué de lo que deje Petro funcionando, debe echarse para atrás. O simplemente, ejecutar un plan nacional de desarrollo que beneficie a la sempiterna oligarquía “blanca” con obras de infraestructura o contratos millonarios.

La verdad es que después de Duque cualquiera puede ser presidente de Colombia. Y aunque a la derecha uribizada le salió muy mal el experimento y la experiencia de haber puesto en el Solio de Bolívar al sinuoso, fatuo, obsecuente e incompetente personaje, una posible candidatura de Dávila terminaría por llevarlos a una nueva derrota, sin importar la calidad y la preparación del candidato o candidata del progresismo que eventualmente se enfrente a la directora de Semana.

Recordemos que la misma ultraderecha intentó en el 2022 llevar a la presidencia a Rodolfo Hernández, un ignorante al que solo le interesó en la vida conseguir plata. Con un capital cultural casi nulo y con señalamientos de corrupto por el caso de Vitalogic, hubiese sido un total desastre para el país porque no habría sido más que el otro muñeco del uribismo, es decir, un Duque 2.  

No me imagino a la señora Dávila sosteniendo una discusión conceptual en un debate entre candidatos a la presidencia. Creo que Quijano y López exageraron en su lectura del futuro electoral. Lo mejor es que Dávila siga siendo la vocera de los Gilinski y defendiendo a Uribe desde las páginas de ese pasquín que llaman Semana.

El país podrá contar, eso sí, con las precandidaturas de Paloma Valencia, congresista que propuso en el 2015 una especie de apartheid en el Cauca, dividiendo el departamento entre indígenas y mestizos. Valencia, al igual que Duque, es obsecuente con las directrices e ideas de su patrón, el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez. A pesar de su lealtad, Valencia sabe que el político antioqueño la prefiere como agitadora, porque en el fondo no confía en ella. En general, Uribe Vélez prefiere entenderse con hombres a los que pueda tratar a las patadas y a madrazos como es su estilo. Recordarán los colombianos cuando dijo “donde lo vea le voy a dar en la cara marica”.

De igual manera, el país verá a María Fernanda Cabal, otra fiel defensora de Uribe Vélez. Más radical que Valencia, la senadora Cabal exhibe un talante autoritario que la hace proclive a desconocer conquistas laborales y en general, a limitar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Carta de 1991. En el 2021 desconoció derechos fundamentales. En la Silla Vacía se lee lo siguiente: “Cuando hablo de derechos fundamentales es a lo que todos, por encima de cualquier cosa, tenemos o debemos tener acceso. Cuando yo hablo de derechos no fundamentales no es porque quiera excluir a la educación o salud, es que, si fueran fundamentales, nadie los pagaría. Mi derecho a la libertad y a la movilidad no lo estoy pagando. La educación y la salud tienen el contenido de quienes pueden acceder y pagar y quienes no lo tienen. No está establecido como derecho fundamental sino como uno colectivo”.

Y finalmente está la posibilidad de que Francia Márquez Mina se lance como candidata presidencial en el 2026, para dar continuidad a los procesos que dejará andando el gobierno de Petro. Una eventual candidatura de Márquez pondría, nuevamente de presente en el país, el racismo estructural que sobrevive en Colombia. Como víctima de discursos racistas, como el de Luz Fabiola Rubiano, quien fue condenada por hostigamiento y racismo por llamar “simio” a la vicepresidenta, Márquez se expondría a que, electoral y políticamente le cobren lo que viene haciendo bien, mal o regular desde su rol como vicepresidenta y ministra de Equidad e Igualdad.

Ya veremos qué pasa en el 2026. Lo que si se advierte desde ya es que será una campaña electoral mucho más caliente y quizás violenta que la que vivimos en el 2022. Y será así porque la derecha está desesperada por recuperar el control del Estado que Petro les arrebató. Suma al desespero el hecho de que a dos años largos de las elecciones presidenciales no tienen un candidato carismático y formado, capaz de enfrentar a los que saldrán al ruedo a defender lo hecho por el actual gobierno. Aunque Uribe dijo que para el 2026 tiene ya un “tigre” (¿será Francisco Barbosa?), por ahora son otros los que deshojan las margaritas. Mientras llega el momento de exhibir a su feroz mascota, “tigresas” como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Claudia López y Vicky Dávila no permiten que el vulgar y violento caballista y latifundista antioqueño duerma plácidamente.

Imagen tomada de internet: https://www.google.com/search?sca_esv=23bfc37b28131238&rlz=1C1UUXU_esCO975CO975&sxsrf=ACQVn0-XQdJF3DxV9HTNXysDVBDrl5t2eA:1708831254771&q=vicky+davila+presidenta&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjgvq-_xMWEAxXcSTABHQCTAOcQ0pQJegQIERAB&biw=1350&bih=631&dpr=1#imgrc=-KBqEBsPyTlBhM