PERIODISTAS LE ESTÁN BUSCANDO EL "QUIEBRE" A AMELIA PÉREZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La elección de la nueva fiscal general de la Nación se convirtió, por cuenta de las sinuosas dilaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en una confrontación ético-política y periodística entre empresas mediáticas hegemónicas y medios alternativos. Al final, el enfrentamiento es entre periodistas amigos del “viejo” régimen de poder y aquellos reporteros que, con un alto grado de independencia y suficiencia ética y moral, le apuntan a develar la verdad de los hechos que son noticia.

Así las cosas, periodistas vedettes (cercanos a lo que se conoce como el uribismo) andan desesperados buscando hasta en los basureros un papel, un contrato, una frase, un comparendo no pagado o cualquier otra cosa, con la que sea posible descalificar a las mujeres que hacen parte de la terna que el presidente Petro envió a la CSJ para que, en sala plena, la corporación judicial elija a quien asumirá la dirección de la fiscalía general de la Nación. Después de mucho hurgar, por fin encontraron en la red X, la trinchera ideológica más rastrera de todas las redes sociales, varios trinos del señor Gregorio Oviedo, esposo de la más votada de las tres candidatas y quien podría convertirse en la próxima fiscal general: Amelia Pérez.

Oviedo, en uso de su derecho a la libre expresión, dejó salir sus opiniones políticas y jurídicas en la red X, frente al caso de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República; igualmente, para confrontar a periodistas de derecha. Usar las opiniones de Oviedo para deslegitimar y dudar de la independencia de criterio de su esposa, la candidata Amelia Pérez, hace parte de la narrativa machista que aún sigue vigente en Colombia, con la que toda mujer casada, está, de manera natural, sometida a las ideas y opiniones de sus maridos. Es decir, Amelia Pérez no puede ser elegida nueva fiscal general de la Nación porque su esposo apoya al presidente Petro y tiene criterios jurídicos contrarios a los que promueven medios afectos al régimen uribista que perdió las elecciones con el progresismo.

Razón le cabe al reconocido penalista, Miguel Ángel del Río, cuando dice que “las posiciones del señor Gregorio Oviedo, esposo de la ternada Amelia Pérez, le pertenecen solo a él y están protegidas constitucionalmente. Extenderlas a su esposa no sólo es caprichoso sino ofensivo con su independencia de criterio”.

Lo llamativo del asunto es que dentro de los periodistas que se dieron a la tarea de buscar en el basurero de la red X hay mujeres de las que se esperaría algo de sororidad con Amelia Pérez. Por el contrario, insisten en fustigar su independencia, autonomía y criterio jurídico porque su esposo, Gregorio Oviedo, usó su cuenta en Twitter para dejar salir sus simpatías y antipatías.

Esa búsqueda desenfrenada por hallar cualquier indicio, comentario o expresión que sirva para desacreditar a cada de las tres mujeres ternadas hace parte de los discursos y prácticas machistas y misóginas que terminaron uniendo a exmagistrados, periodistas, exfiscales generales, abogados, empresarios, políticos y narcotraficantes a los que no les conviene que una mujer, de las calidades de las candidatas, dirija el ente investigador.

El grado de animadversión es tal, que incluso colegas alcanzaron a insinuar que lo dicho por el marido de Amelia Pérez daría para que la CSJ devuelva la terna. Aunque es improbable que ello ocurra, los detractores de las ternadas esperan que los magistrados y magistradas de la CSJ descarten a Pérez por las ideas expresadas por su esposo. Imagino que en breve seguirán con las parejas de las otras dos candidatas, porque para estos “recolectores de desechos” de la sucia trinchera que es X, estar casada es sinónimo de sometimiento de las mujeres a las ideas de los esposos. Por cuenta de estos interesados (as) “sabuesos” regresamos a las décadas de los 40, 50 y 60, en las que las mujeres vivían exclusivamente en función de satisfacer a sus maridos, agachar la cabeza y asentir con obediencia.

Adenda: frente al argumento de los detractores de la terna, que señala que Petro quiere tener a una fiscal de bolsillo para salvar a su hijo, hay que preguntarse por qué el proceso no avanzó con la rapidez con la que lo impulsó el fiscal Francisco Barbosa. Eso sí, si Nicolás Petro es culpable, que pague por sus delitos. Hay que confiar en que el presidente de la República no meta las manos para tratar de sacar en limpio a su vástago.

Imagen tomada de El Colombiano. 

CAYÓ ALIAS “PACHO MALO” Y LA CSJ NO ELIGIÓ A LA NUEVA FISCAL: ¿FELIZ COINCIDENCIA?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por tercera ocasión, aplazó la elección de la nueva fiscal general de la Nación, lo que alarga la interinidad de la cuestionada fiscal encargada, Martha Janeth Mancera, mano derecha del exfiscal, Francisco Barbosa Delgado. Mientras los y las togadas votaban en el marco de su enrevesado mecanismo de elección, el CTI de la Fiscalía informaba de la captura de Francisco Javier Martínez Ardila, alias “Pacho Malo”, quien, según señalamientos institucionales y periodísticos, tendría relaciones con narcotraficantes y estaría siendo protegido, de tiempo atrás, por Martha Janeth Mancera.

La captura de “Pacho Malo”- ¿se trató de una negociación? – genera todo tipo de suspicacias, las mismas que ya despertó la CSJ con sus incomprensibles dilaciones para elegir el remplazo del inefable Francisco Barbosa y extender en el tiempo la interinidad de Mancera. No creo, por lo tanto, que estemos ante una coincidencia, pues justo resulta detenido o se entrega el cuestionado exdirector del CTI en Buenaventura el mismo día y casi a la misma hora en la que los magistrados votaban discrecionalmente por las mujeres ternadas.

Por lo anterior, lanzo la siguiente hipótesis con la que intento explicar el significado de la captura del cuestionado “Pacho Malo” y la conexión que podría existir entre ese hecho judicial y la extensión en el tiempo de la interinidad de Mancera, la misma que fue cuestionada por la oficina de derechos humanos de la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta es la hipótesis: los magistrados y magistradas de la CSJ no eligieron hoy 22 de febrero de 2024 a la nueva fiscal porque, al conocer de la captura de Martínez Ardila, asumieron que ese hecho judicial despeja las dudas y debilita las versiones periodísticas y la del propio presidente de la República con las que se cuestionan la legitimidad y la moral de Mancera, por las relaciones mafiosas que según connotados periodistas y medios alternativos tiene la fiscal encargada con alias “Pacho Malo”.

Sin duda alguna, la CSJ está mandando un mensaje claro y contundente al presidente Petro: no aceptamos presiones sociales y políticas. Y encontraron en la captura de “Pacho Malo” el mejor momento y argumento para dilatar la elección y aumentar las molestias y las suspicacias lanzadas desde la Casa de Nariño.

Con la aprehensión de Martínez Ardila, Martha Mancera golpea a los periodistas y al propio presidente Gustavo Petro, pues con la salida de circulación de alias “Pacho Malo”, ella se libera de los pesados cuestionamientos sobre su moral y ética, a pesar de que varios medios tradicionales venían lavándole la imagen y por ese camino debatiendo y erosionando la idoneidad de las fuentes de los periodistas Daniel Coronell, Gonzalo Guillén y las que soportaron el informe de la Revista Raya, que confirmarían las andanzas de Mancera.

En el plano internacional, la captura de Francisco Javier Martínez puede terminar confundiendo a los voceros de los tres organismos que exhortaron a la CSJ para que cuanto antes eligiera a la nueva fiscal general de la Nación. Y es así, porque no se entendería que una fiscal cuestionada moral y éticamente ordene buscar y someter a quien se le sindica de tener relaciones con criminales, con la protección de la Fiscalía.

La captura de “Pacho Malo” da vida a un contra argumento que mediáticamente servirá para darle algo de legitimidad a la interinidad de Mancera. Es el mismo contra argumento al que apela a cada momento el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, cuando se le cuestiona por sus relaciones con grupos paramilitares. Recuérdese que el exmandatario antioqueño se defiende señalando que él mismo extraditó a 14 de sus comandantes a los Estados Unidos, lo que borraría cualquier relación con los “paracos”. Así las cosas, Mancera dirá en adelante que ella no puede tener vínculos con “Pacho Malo” porque ella misma lo mandó a detener y que bajo su administración jamás se protegió y protegerá a funcionarios que tengan relaciones con estructuras delincuenciales y en particular con narcos del Valle del Cauca.

El 7 de marzo volverá la CSJ a votar. Quizás ese día, por fin decidan cumplir con lo que les ordena la Constitución Política.

Adenda: se cuidó la Fiscalía, en manos de Mancera, de presentar públicamente la captura de "Pacho Malo". Curioso, porque se trata de un golpe que mediáticamente le viene bien a su cuestionada imagen. Y le va a imputar el delito de contrabando, en lugar de narcotráfico. Algo huele muy mal. 

Imagen tomada de La FM. 

ETHOS MAFIOSO, CORRUPCIÓN Y LA COMISIÓN JUDICIAL INDEPENDIENTE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La corrupción público-privada en Colombia deviene ancorada al ejercicio del poder político, lo que la hace prácticamente imposible de acabar o de reducirla “a sus justas proporciones” como lo propuso Julio César Turbay Ayala, siniestro político y presidente de la República entre 1978 y 1982.

Durante su campaña presidencial, Gustavo Petro Urrego prometió convocar a una Comisión Internacional contra la Corrupción, con el acompañamiento de la ONU, para develar las redes con las que se logró la captura mafiosa del Estado desde sectores corporativos y actores privados. En su cuenta de X, en mayo de 2022, dijo: “Como Presidente solicitaré la conformación de una comisión judicial independiente a Naciones Unidas para investigar los principales crímenes de corrupción en el país y acabar la impunidad, como la que dirigió Iván Velásquez en Guatemala”.

Pues bien, dicha promesa de campaña y anhelo de sectores sociales cansados de la sempiterna corrupción, fruto de la captura mafiosa del Estado, volvió a estar en las páginas de los medios masivos, por cuenta del director de la Justicia Penal Militar. En la prensa se lee que “el director de la Justicia Penal Militar, José Reyes Rodríguez, sugirió al ministro de Justicia, Néstor Osuna, poner en funcionamiento una comisión internacional contra la impunidad en el país”.

Llama la atención que la propuesta salga de las huestes de la Justicia Penal Militar, en cabeza de su máximo vocero. Hubiera sido preferible que agentes económicos y políticos de la sociedad civil, como Fenalco, Acopi, Andi y el Comité Intergremial propusieran al gobierno y a las otras ramas del poder público convocar a dicha Comisión Internacional. Pero no. El silencio de estos actores de la sociedad civil hace pensar en que realmente poco o nada les interesa la conformación de un equipo de trabajo de esa magnitud para develar las maneras en las que el Estado deviene capturado por mafias corporativas y clanes políticos (cuatro o cinco familias) que lo han sometido a sus mezquinos intereses, lo que finalmente ha garantizado la inoperancia de la justicia, su sometimiento político y la burla de poderosos agentes económicos y políticos que manosean, presionan y compran magistrados y jueces.

A la propuesta de Reyes Rodríguez se opusieron el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Gerson Chaverra y el director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera. Según trascendió, el magistrado de la CSJ “amenazó” con retirarse del Comité que por estos días opera para discutir reformas a la justicia, tendientes a bajar el índice de impunidad en los casos de corrupción, que rodea el 94% y mejorar las condiciones laborales y operativas de los jueces, entre otros asuntos que hacen que el aparato de justicia en Colombia no funcione de la mejor manera.

Nadie en sus cabales puede negar que en Colombia se naturalizó un ethos mafioso en la operación de la justicia, en el trabajo legislativo y en las acciones y decisiones políticas de todos los gobiernos, incluido el presente, asociadas estas al clientelismo, al pago de favores político-electorales a agentes privados, a políticos profesionales y a los partidos políticos. Igualmente, no se puede negar que ese ethos mafioso circula en las calles de la mano de guardas de tránsito, policías y demás ciudadanos.

Las dilaciones de la actual CSJ para elegir la nueva fiscal general de la Nación generan suspicacias en la opinión pública, justamente, porque la Fiscalía, la Contraloría y el Ministerio Público de tiempo atrás operan como matrices clientelistas con las que se pagan favores político-electorales, a través de cuotas burocráticas y contratos millonarios a familiares de los togados que hoy tienen en sus manos poner fin a la sinuosa interinidad de Martha Mancera, fiscal general encargada. La entrega a dedo de puestos constituye una práctica corrupta que debe exponerse públicamente.

Colombia necesita exponerle al mundo que necesita ayuda para superar lo que ha estado mal por más de 100 años. De la misma manera como el país se dio la pela ante la comunidad internacional con la firma del tratado de paz de La Habana y la entrada en operación de la JEP, lo debe hacer convocando la señalada Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. Con la JEP, el mundo supo del carácter criminal del Estado y de los demás actores armados que participaron de las hostilidades, en el marco del conflicto armado interno: guerrillas y paramilitares. De igual manera, trascendió que grandes empresarios patrocinaron las estructuras de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), lo que les permitió actuar como víctimas y victimarios en precisos momentos históricos del devenir del conflicto armado interno.

Así como el mundo ya sabe que el Estado y específicos agentes económicos de la sociedad civil actuaron como criminales, de la misma manera debemos exponer ante el resto del mundo que nos guía un ethos mafioso que da vida a las prácticas corruptas en los ámbitos estatal y privado.

Imagen tomada de X.com

BALACERAS Y ATRACOS EN BOGOTÁ: ¿LA SOLUCIÓN ES ARMAR A LOS “BUENOS”?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los recientes atracos a mano armada en restaurantes y un par de balaceras en Bogotá vuelven a encender la polémica entre quienes creen que la inseguridad se enfrenta y se acaba entregándole armas a las “personas de bien” para que defiendan su patrimonio y aquellos que, por el contrario, consideran que “armar a los buenos”, para enfrentar a los “malos”, agravaría la situación de violencia que se vive en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, entre otras.

Quienes abogan por la primera opción, guardan silencio alrededor de una circunstancia que parece no preocuparles: el origen de las armas, traumáticas y de fuego, usadas por atracadores y sicarios. Es decir, no se preguntan por ejemplo quiénes permiten la circulación de las armas en las calles de Cali, Bogotá y Medellín. ¿De dónde sale tanto “fierro” es otro interrogante que los “amigos de armar a los buenos” no se hacen y al que las mismas autoridades de policía tampoco pueden dar una respuesta clara?

En Cali, por ejemplo, hay armas que la policía incauta a criminales, y luego, las mismas, aparecen en manos de otros victimarios. ¿Cómo puede suceder eso? La respuesta es clara: corrupción institucional, o la existencia de una red de alquiler y venta de armas de fuego, incluidas las traumáticas que desbordó la capacidad de la inteligencia policial para detectar sus movimientos.

No. La solución no está en “armar a los buenos”, la real solución está en quitarle las armas a los delincuentes, a los sicarios. Y para ello, se requiere el desmonte de las oficinas de cobro que existen en las ciudades capitales, cuyos servicios son contratados, curiosamente, por “gente de bien” que necesita eliminar enemigos, cobrar millonarias sumas, borrar cabos sueltos de torcidos que deben permanecer ocultos, o sacar del camino a personas incómodas.

Hay que explorar si existe conexión entre los proveedores de pertrechos, balas y armas para las “guerrillas” y bandas criminales, y funcionarios estatales que facilitan la circulación de los fierros con los que a diario atracan en Cali y Bogotá.

Abrir la posibilidad para que cada ciudadano porte una pistola o un revólver nos podría llevar al aumento de homicidios por la generación de conflictos callejeros que alguien creyó que era mejor resolverlos asesinando al contradictor o en el peor de los casos, a quien le pareció sospechoso y peligroso, solo por la “pinta”. En un potencial escenario en el que todos estemos con un arma en la cintura, es probable que discusiones bobas sobre asuntos políticos, religiosos y de los que conciernen al fútbol colombiano, terminen en homicidios.

Lo que tienen que hacer los gobiernos, en nombre del Estado, es crear las más difíciles condiciones para aquellos a los que hoy les queda relativamente fácil alquilar una pistola o comprarla en las barriadas de Cali, Bogotá y Medellín. Como sociedad civilizada, conseguir un arma debe ser igual o más difícil que obtener uranio enriquecido para crear armas nucleares.

Lo curioso es que, en los cubrimientos periodísticos de los más recientes atracos en restaurantes de la capital del país, ni los periodistas cuestionan a las autoridades sobre la circulación de las armas y mucho menos los policías salen a explicar lo sucedido, dando cuenta de las actividades desarrolladas para desmantelar las redes, legales e ilegales, de distribución de los “fierros” con los que se están cometiendo todo tipo de crímenes.

Imagen tomada de Vanguardia. 

CALI SEDE DE LA COP16: OPORTUNIDAD PARA REPENSARNOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay que celebrar que Cali será sede de la COP16, a realizarse entre el 21 octubre y el 2 noviembre del año en curso. La edición 16 de la convención sobre la biodiversidad debe asumirse no solo como una vitrina para exhibir el potencial biodiverso del Chocó Biogeográfico y la diversidad cultural ancorada a los territorios, sino para revisar los desafíos, amenazas y problemas que se ciernen sobre el Pacífico colombiano y los Farallones de Cali, sometidos sus ecosistemas a los impactos negativos de la minería ilegal y legal, el acecho de las constructoras y los asentamientos ilegales, entre otras actividades que constituyen una grave amenaza para especies animales y vegetales.

El evento internacional debe servir también para poner en cuestión el modelo de la gran plantación que se impuso en el valle geográfico del río Cauca, con el que se priorizó el monocultivo de la caña de azúcar y se afectó en materia grave ecosistemas valiosos como humedales y ríos, así como las aguas subterráneas; el paisaje monótono que ofrece la caña de azúcar debe entrar también en la discusión. Claramente, dicho monocultivo es un enclave que desnaturaliza la vida ecosistémica porque borró conexiones ecológicas y por esa vía, afectó nichos ecológicos de varias especies.

Ojalá no se asuma el evento como una simple vitrina para lavarle la cara (greenwash) a quienes promovieron un desarrollo económico que con el tiempo demostró ser insostenible, en particular para las actuales circunstancias que afronta el país y el mundo con la crisis climática, que está inexorablemente articulada a una crisis civilizatoria y humana.

Para conservar, restaurar y aprovechar con criterio los ecosistemas que anidan en el Chocó Biogeográfico hay que aceptar que desde Cali y Bogotá se alientan procesos y acciones propias de lo que se conoce como racismo estructural. La capital del Valle, por ejemplo, es una urbe que segregó a los negros que se asentaron en su suelo, huyendo de la violencia política y social de guerrilleros y paramilitares y atraídos por el espejismo del desarrollo urbano.

Nadie puede negar que ser sede de la COP16 constituye un logro importante del actual gobierno, comprometido con la transición energética y en detener la deforestación de las selvas, en particular la amazónica. También es una oportunidad para revisar el estado del bosque seco y de la selva húmeda del Pacífico; preguntarse cómo está hoy en día la Serranía de Los Paraguas, así como los manglares en zonas costeras como Buenaventura, enriquecerá, sin duda, las discusiones académicas.

El discurso ambientalista que de todas maneras ronda la COP16 no puede quedarse en hacer un inventario de las especies que habitan en nuestros variados ecosistemas naturales-históricos. Saber qué especies endémicas tenemos es de gran valor, pero lo es más si comprendemos los riesgos de continuar sometiendo a la naturaleza a las lógicas económicas de actores legales e ilegales que operan a lo largo y ancho del Chocó Biogeográfico.

Huelga recordar lo dicho por Antonio Guterres: “es el momento de decir basta. Basta de brutalizar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con carbono, basta de tratar a la naturaleza como una letrina (...) y de cavar nuestra propia tumba". A pesar de la fuerza semántica, lo dicho por el funcionario de la ONU solo quedará en los registros periodísticos. Y es así, por cuanto hay una inercia civilizatoria que el ser humano ya no maneja y no puede controlar. De esa inercia civilizatoria hacen parte el mercado, el consumo, la reproducción humana y el sistema capitalista. A esos tres factores o elementos hay que sumarle dos más: de un lado, la ciega confianza en que la tecnología servirá para mitigar y enfrentar los problemas generados por las crisis climáticas. Del otro lado, la aspiración de vivir en escenarios tan artificiales, que ya pueda hablarse y situarse en un mundo postnaturaleza. Y para ello, necesitará avanzar en la consolidación de un poshumanismo, lo que nos conducirá, muy seguramente, al nacimiento de un nuevo ser (poshumano) no solo capaz de sobrevivir en medio de difíciles condiciones atmosféricas, sino alejado de cualquier preocupación o angustia ética y moral, por aquellos que no alcanzaron a crear aquellos escenarios alta y tecnológicamente artificiales que les garanticen vivir en condiciones de seguridad y dignidad. Mientras se toma consciencia, la especie humana seguirá convirtiendo el planeta en una maloliente letrina, en un basurero de carros, motos, celulares, llantas, lavadoras e impresoras, entre otras tantas mercancías, sin asumir que se convirtió en una peligrosa plaga.

Imagen tomada de la Alcaldía de Cali 

FÚTBOL: EL ESPEJO EN EL QUE NOS MIRAMOS COMO SOCIEDAD CORRUPTA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el fútbol, como deporte espectáculo y actividad económica, confluyen todos los males que la sociedad colombiana arrastra de tiempo atrás: el ya naturalizado ethos mafioso, el clasismo, el sempiterno machismo y el racismo estructural, para tocar a los cuatro más sobresalientes. Hace dos días estalló un escándalo en el fútbol colombiano. El diario Marca de España registró así el hecho: "Situación escabrosa": confirman amaños por apuestas en el fútbol de Colombia y ya hay responsables. En la bajada o sumario se lee: “El propio presidente de Patriotas reveló que sacó a un jugador del equipo por denuncias de arreglo de resultados”.

La verdad es que esa situación no debería de aterrar a nadie. Lo que sí llama la atención es el silencio de los fanáticos a los que poco les importa este tipo de situaciones, pues para ellos es “normal”. Como consecuencia de esa aceptada realidad, no se puede esperar que salgan a protestar para exigir transparencia en el fútbol. Hacerlo puede resultar afectándolos quizás en el único espectáculo que los llena de satisfacciones o les permite expresar frustraciones y "botar" el estrés acumulado en las rutinas laborales diarias. La violencia discursiva y física que a diario vemos en los estadios son el resultado de los problemas, miedos e incertidumbres de una buena parte de la sociedad, sin distingos de clase.

El fútbol, como espectáculo, no puede detenerse por las sospechas o los casos de corrupción. Eso es impensable para una sociedad que fácilmente se refugia en el fútbol para olvidar los problemas del país, de allí que los medios masivos, todos los días, en sus secciones de “Deportes”, prioricen los goles y los partidos, por encima de las otras disciplinas deportivas.

Así entonces, la complacencia de las autoridades constituye el paso a seguir, con el objetivo de proteger el espectáculo, así este tenga visos de inmoralidad. El titular de la revista Cambio lo dice todo: “Las investigaciones que archivó la Fiscalía de Francisco Barbosa contra los dirigentes del fútbol colombiano”. En el texto periodístico se lee: “se trata de por lo menos dos indagaciones, una por lavado de activo y por venta de boletas, contra Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y Álvaro González, presidente de la Difútbol (División Aficionada del Fútbol Colombiano) y vicepresidente del comité ejecutivo”.

En el ethos mafioso aparecen por supuesto la corrupción, el lavado de dinero de narcotraficantes y las apuestas. Por culpa de esas circunstancias que hacen parte de ese ethos, el fútbol debió de perder millones de fanáticos, pero no hay tal.  El asesinato en Colombia del árbitro como Álvaro Ortega en 1989, a manos del Cartel de Medellín, el arreglo previo de partidos y presiones de todo tipo para que un equipo se deje ganar o, por el contrario, salga a reventarse para evitar el triunfo del que se da por descontado que saldrá campeón, son situaciones que hemos normalizado en el país. 

En Latinoamérica hay un ejemplo histórico del arreglo de un partido en un Mundial: el 6 a 0 que la Selección Argentina le propinó a la muy buena Selección Peruana en el Mundial de 1978. La narrativa internacional señala que ese partido fue arreglado y los que jugadores peruanos se vendieron, lo que aseguró la clasificación de los argentinos a la gran final del torneo, 

Aunque es posible encontrar hinchas que no regresaron más a los estadios por razones asociadas a la violencia de las llamadas barras bravas, el fútbol sigue siendo por antonomasia un atrayente espectáculo que mueve las fibras de hinchas y fanáticos y un escenario virtuoso para las actividades ilegales, en el marco de una sociedad que hace rato borró los límites entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legal y lo ilegal. Por más que las autoridades o un gobierno quieran “meterle” la mano al fútbol para tratar de limpiarlo por dentro, el espectáculo debe continuar porque en él, el colombiano promedio ve reflejada su realidad cotidiana, la misma en la que parece vivir a gusto.

Adenda: la corrupción en el fútbol es a nivel planetario. 

Imagen tomada de Eje21 

ELN Y LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En medio de un paro armado, las delegaciones del gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) avanzan en la discusión de los puntos de la agenda. En particular, hay uno de vital importancia para los elenos: la participación de la sociedad civil para lograr las transformaciones por las que, según ellos mismos, han luchado militarmente por más de 50 años.

Según el senador Cepeda, ya están trabajando en el diseño de los mecanismos que permitirán, a partir de mayo de este año, la participación de agentes de la sociedad civil. Ojalá los mecanismos diseñados, con alcance nacional, pero territorialmente ancorados, terminen con el fin del conflicto entre el Estado y esa agrupación armada ilegal. Eso sí, la participación ciudadana organizada expone una situación suigéneris: el ELN termina convertido en un mediador entre lo que propongan los agentes de la sociedad civil y la delegación de paz del gobierno que, en nombre del Estado, deberá dar cuenta en tiempos muy precisos, de las transformaciones sociales, políticas y económicas que hacen parte del ideario del grupo armado y que aspiran a que sean las mismas de los agentes sociales, económicos y políticos que participarán a partir de mayo en las mesas de trabajo. Es decir, la negociación política adquiere un carácter indirecto que complejiza aún más el proceso de diálogo: los plenipotenciarios del Gobierno, en nombre del Estado, no negociarán directamente con sus similares del ELN, como ocurrió durante el proceso de paz y negociación de La Habana, entre el Estado y las entonces Farc-Ep.

Imagino que la intervención y participación de agentes sociales, económicos y políticos de la sociedad civil tendrá un enfoque territorial diferenciado, lo que de inmediato pondrá en evidencia los avances en su aplicación de los planes de desarrollo local y regional que a la fecha el Estado esté ejecutando y priorizando. Ese podría ser un primer obstáculo en los avances de las transformaciones que el ELN espera, en consonancia con lo expresado por los actores de la sociedad civil que participen de los encuentros. A esto se suma que varias regiones y municipios quedaron en manos de actores políticos que hoy le hacen oposición al gobierno de Petro en el Congreso, a los que no necesariamente les interesará ayudar a que se concrete lo de la paz total.

En esa misma línea, bajo qué criterios técnicos y presupuestales se ejecutarán las exigencias y las propuestas, locales y regionales, expuestas por esos actores de la sociedad civil y cómo estos dialogarán con el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Habrá dinero suficiente y capacidad operativa de un Estado históricamente paquidérmico para ejecutar obras y responder a exigencias de la ciudadanía?

¿Qué pasará en y con los municipios PDET? Hasta el momento, la estructura agraria y la concentración de la tierra en pocas manos no ha cambiado en esos territorios. ¿Los agentes sociales, económicos y políticos de la sociedad civil de varios de esos municipios querrán participar de las discusiones que se darán en el marco de la dinámica planteada por el ELN?

Las dinámicas y los encuentros entre esos agentes de la sociedad civil y el Estado, con la mediación de los elenos, podrían convertirse en fuente de nuevos conflictos por los intereses encontrados y diferenciados que de todas maneras van a quedar expuestos cuando aparezcan agentes económicos de la sociedad civil que no compartan lo dicho o exigido por actores sociales e incluso, por los agentes políticos en una misma región.

Como la participación tendrá un carácter nacional, surge de inmediato la pregunta: ¿De estos encuentros harán parte los agentes económicos de la sociedad civil que a diario aparecen en los medios masivos tradicionales? ¿Es decir, veremos a la ANDI, Acopi y Fenalco, entre otros, discutiendo las propuestas y exigencias de actores sociales y políticos que históricamente jamás fueron escuchados?

Son muchos los detalles que deberán tener en cuenta quienes en la mesa de diálogo se sentarán a diseñar los mecanismos y los protocolos de participación. Nadie niega que garantizar la participación de la sociedad civil resulta novedoso, pero también hay enormes riesgos de que semejante apuesta termine generando expectativas en las comunidades que llevan años esperando a que la cara civil del Estado, con todo y su carácter civilizatorio, llegue a territorios a los que jamás llegó, porque solo hubo el interés de que el Estado hiciera presencia con la bota militar. 

¿Estarán comprometidos todos los frentes de guerra del ELN en esa apuesta? ¿O tempranamente aparecerán disidencias que, en lugares específicos, torpedearán los procesos participativos?

 Imagen tomada de La Patria. 

OEA, CIDH Y ONU: ¿INTROMISIÓN EN ASUNTOS INTERNOS DE COLOMBIA?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las exhortaciones que hicieron la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de DDHH de la ONU en Colombia para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) elija cuanto antes a la nueva fiscal general de la Nación no constituyen necesariamente una intromisión en los asuntos internos de Colombia, por dos razones fundamentales, a saber:

La primera, es que Colombia hace parte de los sistemas de las Naciones Unidas y el interamericano, lo que legitima estas recomendaciones y otras que en adelante estos organismos decidan hacerle al país. Esa, digamos, es una razón y una circunstancia jurídico-política que no es posible desconocer, por más molestias que genere en quienes insisten en desestimar las graves denuncias periodísticas que ensucian los nombres de la fiscal encargada, Martha Mancera y el de su exjefe, Francisco Barbosa. Justamente, los tres organismos ven en la interinidad un problema de legitimidad que la Oposición no quiere ver, porque no les conviene a sus más connotados miembros, que se elija, por primera vez en el país, a una fiscal recta, proba y que no sea amiga del presidente de la República.

En lugar de protestar por las misivas enviadas por los tres organismos, en las que también exhortaron al presidente Petro a brindar garantías y a evitar presiones sociales que de manera violenta impidan a la CSJ cumplir cabalmente con lo que le ordena la Carta Política, deberían los miembros de la Oposición entender que lo que está en juego es la legitimidad del ente acusador, el mismo que deviene capturado por mafias políticas y organizaciones criminales, de acuerdo con las mismas fuentes periodísticas y las propias actuaciones de la Fiscalía consistentes en favorecer intereses de poderosos agentes económicos y políticos que debieron ser acusados por corrupción y otros que ostentan la calidad de procesados e imputados. Pero no. Hablan de defender la institucionalidad, mirando de soslayo la impunidad del 94% en los casos de corrupción público-privada que dejó el nefasto periodo de Francisco Barbosa.

Y la segunda razón nace de la credibilidad que le reconocen al presidente Gustavo Petro los organismos mencionados en virtud de que sus denuncias de un quiebre institucional o golpe blando son del resorte de la ONU, la OEA y la CIDH. Así entonces, no se trata de una intromisión maliciosa en los asuntos internos de Colombia como lo aseguran miembros visibles de la Oposición, entre estos el también nefasto exfiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, sino de la observación de una delicada situación política que, de darse en Colombia, obligaría a los tres organismos a actuar en consecuencia.

Lo que hizo el gobierno de Petro fue internacionalizar la situación anómala que según él se estaría fraguando al interior del país: el quiebre institucional azuzado por Francisco Barbosa, desde su cargo de Fiscal general de la Nación, siguiendo instrucciones de agentes del establecimiento.  Guardando las proporciones, lo que hizo el actual gobierno se parece en algo a lo que hizo Pastrana cuando internacionalizó el conflicto armado interno, expuso a las Farc-Ep ante el mundo, entregándole la zona de distensión sin verificación de la ONU y naturalizó la injerencia militar de los Estados Unidos. Todo lo anterior, en el marco del Plan Colombia, política pública de corte transnacional que se aprobó en el Congreso americano, sin el visto bueno de la corporación legislativa de Colombia.

La gran diferencia entre las dos situaciones está en que Petro prendió las alarmas en la ONU y la OEA por los riesgos de un quiebre democrático en el país, lo que supondría además el abandono de todo esfuerzo por pacificar al país; mientras que en el caso de Pastrana (1998-2002), lo que hizo fue generar las condiciones internas y externas que terminaron escalando el conflicto armado interno de tal manera, que la propia ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminaron, la primera, validando el acuerdo de paz de La Habana firmado durante el gobierno de Santos;  y la segunda, declarando como culpable  al Estado colombiano por la violación sistemática de los derechos humanos cometida durante las administraciones de Pastrana y Uribe, con la aplicación del Plan Colombia.  

Es decir, Pastrana, Uribe y Duque lo que hicieron fue naturalizar las condiciones de una democracia de mano dura, mientras que Petro lo que hizo al llamar la atención de los tres organismos fue evitar un quiebre institucional que regrese a Colombia a las sistemáticas violaciones de los DDHH, reeditando las circunstancias de la guerra perpetua a la que le apostaron Pastrana, Uribe y Duque.   

Imagen tomada de Youtube.com 

CLASISMO JUDICIAL Y LA CASA POR CÁRCEL PARA DELINCUENTES DE CUELLO BLANCO

 

Por Germán Ayala Osorio

La sempiterna corrupción público-privada en Colombia, más una impunidad del 94% de los procesos penales por corrupción y la maliciosa figura de la casa por cárcel para delincuentes de cuello blanco, son factores generadores de violencia e incertidumbre en una sociedad que deviene de tiempo atrás confundida moral y éticamente.

El primero de esos factores es el resultado de la captura mafiosa del Estado que lograron hacer congresistas, clanes políticos y familias con poder económico y político. Una vez cooptadas las instituciones estatales, la distribución abusiva y discrecional de los presupuestos les garantizará el poder suficiente para, cada cuatro años, desangrar las finanzas públicas y comprar jueces, magistrados y fiscales que les harán la tarea de desaparecer expedientes, torcer decisiones de jueces que fallaron en derecho, o simplemente, lograr el vencimiento de términos y el cierre de los casos por prescripción. Es tal su poder, que se hacen partícipes en la elección del fiscal general de la Nación para que este se encargue de cerrar procesos o desvíe las investigaciones. Son estos los mismos que hoy tienen pavor ante la eventual elección de una mujer fiscal, sin tacha.

En todo lo anterior se dibuja la ruta de la impunidad cuyos efectos sociales son claros: la desconfianza en la justicia de los ciudadanos de a pie, las acciones de justicia por propia mano y la confirmación de que esta es, para los de ruana, es decir, para los más pendejos o para los que no tienen con qué comprar un juez o un magistrado.

El guarismo del 94% es la más clara expresión de la corrupción de la justicia en todos los niveles: desde encopetados magistrados y magistradas (¿Recuerdan el Cartel de la Toga?), pasando por jueces de tribunales y fiscales delegados, hasta llegar a jueces municipales.

Y cuando no hay forma de torcer fallos, entonces viene la valoración de las condenas a pagar y el lugar de reclusión. Aparece la figura de la casa por cárcel, amparada en artificios judiciales o lecturas amañadas de realidades que tocan el sistema penitenciario: en las prisiones estatales corren peligro las vidas de los ladrones de cuello blanco o no hay cupo en los pabellones especiales, exclaman sus abogados; esos pabellones especiales  confirman lo que aquí llamaré el clasismo judicial, que no es otra cosa que la extrapolación del clasismo de una sociedad como la colombiana en la que conviven ciudadanos de primera, segunda, tercera, cuarta y hasta de quinta categoría, en escenarios de exclusión e inclusión.  

Ese clasismo judicial impide ver que reconocidos exministros de Estado sean recluidos en prisiones sin comodidad alguna y sin privilegios. Huelga recordar el caso del penado uribista, Andrés Felipe Arias, condenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a 15 años por delitos como la celebración de contratos sin cumplimento de requisitos legales y peculado por apropiación. Arias jamás pisó una cárcel en Colombia. Se la pasó “recluido” en cómodas casas fiscales de unidades militares. Recientemente se conoció el fallo condenatorio contra Luis Alberto Monsalve Gnecco. Aunque el tiempo de la condena se conocerá hasta marzo, su abogado pidió que sea recluido en su casa. Muy seguramente, por hacer parte del poderoso clan Gnecco (es hijo de la matrona, Cielo Gnecco Cerchar), la CSJ le dará la casa por cárcel a este bandido perfumado.

Los delincuentes de cuello blanco reciben un tratamiento preferencial porque no “representan un peligro para la sociedad”, o porque simplemente, al no poderse evitar la investigación, el proceso y la condena, lo que queda es garantizarles a estos perfumados criminales que paguen la pena “recluidos” en sus mansiones o en su defecto en unidades militares o de la policía. Una sinvergüencería que deslegitima el orden establecido, mancilla el nombre de la justicia y genera violencia y desazón en quienes deben someterse al imperio de la ley, por casos de los que pudieron salir libres si tuvieran acceso a costosos abogados o cómo corromper a un juez o a un fiscal.

Aquello de que no “representan un peligro para la sociedad” no es más que un eufemismo con el que se realmente se oculta la peligrosidad de individuos estudiados, formados en la función pública, y que conocen muy bien cómo dilatar procesos judiciales y que mantienen el control político de las entidades estatales de las que se robaron billones de pesos. Por el contrario, su actuar criminal debe ser castigado de manera ejemplar por su visibilidad y por las simpatías que generan sus nombres; además, por haber alcanzado mayores estudios y por la responsabilidad que asumieron al llegar al Estado. 

Entre un ladrón callejero y un político corrupto, la justicia y la sociedad creen que el primero es más peligroso que el segundo, lo que hace posible que sobre la randa callejera caiga todo el peso de la ley o en el peor de los casos, reciba el castigo de ciudadanos hastiados de sus andanzas; mientras que la justicia y gran parte de la sociedad tratan con finas pinzas y aplauden a las sabandijas encorbatadas que roen con rapidez el presupuesto nacional.

Así las cosas, resulta improbable que reduzcamos la corrupción a sus justas proporciones como lo propuso el violador de derechos humanos, el entonces presidente Julio César Turbay Ayala. El ethos mafioso que guía la vida de los bandidos de cuello blanco se naturalizó de tal forma que no robar o no desviar recursos públicos es propio de tontos.

Está lejos el día aquel en el que hayamos construido un país decente, una verdadera República. Seguiremos viviendo en este muladar de ambiciosos, criminales y mafiosos de cuello blanco. Porque en una sociedad decente, “las élites políticas y económicas no extraen los recursos de sus ciudadanos mediante la corrupción, tampoco evaden impuestos. Ni exponen a sus ciudadanos a la pobreza, a falta de educación, a muerte por desnutrición de los niños en familias muy pobres. Y mucho menos permiten que grupos armados ataquen y abusen de las minorías, los campesinos, los líderes sociales. A pesar del gran avance que se ha hecho en las negociaciones para alcanzar la paz, Colombia no clasifica tampoco en el ranquin de sociedad decente, porque la corrupción la mata”.

Imagen tomada de Caracol radio. 

MEDIOS HEGEMÓNICOS VS MEDIOS ALTERNATIVOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Sin que exista una declaración pública que así lo confirme, se advierte un claro enfrentamiento  entre periodistas que trabajan para medios hegemónicos y los colegas que lo hacen para medios alternativos. Se trata, por supuesto, de un contrapunteo sutil, casi imperceptible, pero que con el correr de los días puede volverse más serio. Esa situación se presenta por las preguntas y las dudas que periodistas afectos al régimen de poder hicieron recaer sobre la Revista Raya, medio alternativo que irrumpió con revelaciones de documentos oficiales que darían cuenta de prácticas dolosas de la vicefiscal Martha Mancera, hoy encargada de la Fiscalía, gracias a los magistrados de la CSJ que insisten en dilatar la elección de la nueva fiscal general de la Nación.

El hecho noticioso que daría vida a las dudas, al inadvertido enfrentamiento entre alternativos y hegemónicos y a los interrogantes sobre el origen de la financiación de un medio como la Revista Raya tiene que ver con los informes periodísticos con los que los reporteros de varios medios independientes y alternativos, como Raya, cuestionan a Martha Mancera, por cubrirle las espaldas a alias “Pacho Malo” y por sus presuntas relaciones con mafiosos del norte del Valle del Cauca, de acuerdo con los informes publicados.

Las preguntas las hicieron públicas La W y la periodista María Camila Díaz de Mañanas Blu, quienes confrontaron a los periodistas de la Revista Raya sobre quiénes los financian, si reciben aportes estatales o del gobierno de Petro; su cercanía con RTVC (medio estatal) y en general, por sus investigaciones sobre las andanzas de Mancera.

Mientras que La W invitó al director de Raya, Edinson Bolaños y a Sonia Cifuentes, productora,  para que despejaran las dudas sobre “quiénes están detrás de la revista”, María Camila Díaz lanzó las dudas al aire sin darle la oportunidad a sus colegas de contar de dónde surgió el proyecto periodístico y la creación de la fundación que lo sostiene. Cifuentes fue categórica al decir que no hay nadie detrás de la Raya y que son ellos, un puñado de profesionales, que decidieron apostarle a un periodismo distinto, alejado claro está, de las dinámicas y los intereses corporativos y políticos de los medios y los periodistas tradicionales.

La pérdida de legitimidad y credibilidad de los medios hegemónicos, como RCN, Caracol, Semana, El Colombiano, El País y El Tiempo, entre otros más, viene generando la irrupción de proyectos periodísticos quijotescos como Raya, Cuestión Pública, Vorágine y La Nueva Prensa, entre otros, con el objetivo claro de hacer el periodismo que sus colegas de los medios tradicionales no pueden hacer porque las políticas editoriales están sujetas a los intereses políticos y económicos de los conglomerados económicos que los patrocinan y sostienen.

Mientras que La Nueva Prensa, Cuestión Pública y la Revista Raya se han puesto a la tarea de develar las andanzas de Mancera, medios del establecimiento colombiano, como La FM, y El Colombiano, hacen ingentes esfuerzos por lavarle la cara a la fiscal general (e), poniendo en duda las versiones de los funcionarios de la propia fiscalía que señalan y cuestionan a Mancera.

Sin duda alguna, la irrupción de medios alternativos constituye un hecho periodístico de gran valía por cuanto estamos ante la democratización de la información, pero lo más importante quizás sea que dichos medios están haciendo la tarea que sus colegas no pueden hacer. El periodismo puede ser uno solo deontológicamente hablando, pero en su praxis diaria emergen dos tipos de periodistas: los que se paran en la raya hasta que la verdad de los hechos la conozcan las audiencias y otros que están para ser estafetas y servirle al viejo establecimiento, con el firme propósito de ocultarle a sus audiencias las maneras como viene operando el régimen de poder en Colombia, desde tiempos inmemoriales. Es claro que hay medios tradicionales que le están apostando a que la interinidad de Mancera se extienda en el tiempo en beneficio de poderosos agentes económicos y políticos que hacen parte de eso que se llama el establecimiento colombiano.

Imagen tomada de Internet. 

LA INTERINIDAD MANCERA ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD… DE LA FISCALÍA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional (CC) entró a terciar en el ya agrio enfrentamiento entre el Ejecutivo, en cabeza de Gustavo Petro y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la demora en la escogencia de la nueva fiscal general de la Nación. Y lo hizo de la peor manera posible: recomendando a los togados de la CSJ que, de volverse a presentar presiones violentas, se aplace la ya enrarecida elección. Sin duda alguna, una lectura equivocada de parte de Reyes, a quien poco le importan los cuestionamientos morales y éticos que recaen de tiempo atrás sobre Francisco Barbosa y su vicefiscal, Martha Mancera.

Un simple acto administrativo, que no debería de concitar tamaño enfrentamiento institucional, los magistrados de la CSJ lo convirtieron en un asunto de una inexistente complejidad. ¿Si ya hace meses aceptaron las hojas de vida de las ternadas, cuál es la demora en elegir a la mejor?

Horas después de lo expresado por Reyes, entró a terciar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. El organismo internacional exhortó a la CSJ para que “a la mayor brevedad posible" elija a la nueva titular del ente investigador, hoy en manos de la cuestionada Martha Mancera. “La ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía. Por lo tanto, la CIDH alienta al Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la Nación, a la mayor brevedad posible".

Estamos ante dos posturas diametralmente distintas que hacen pensar en que el simple acto administrativo constituye realmente una decisión trascendental contaminada muy seguramente por intereses personales y corporativos de poderosos agentes económicos y políticos del establecimiento colombiano a los que no les conviene que se elija a una nueva fiscal que de pronto ordene reabrir procesos penales en los que están involucrados. Prefieren, claro está, la interinidad de Mancera, porque saben que ella es la continuidad de Barbosa, en el cuerpito y en las carnitas de la cuestionada fiscal encargada (o encartada).

Al parecer, en la CIDH tienen claro que existen poderosos actores políticos y económicos que no quieren que por primera vez en Colombia haya una terna de mujeres preparadas y no recomendadas por amistad con aquellos poderosos o lo que es peor, amiguitas del presidente de la República. En este punto recordemos que el fiscal Barbosa fue ternado por su amigo entrañable, el entonces presidente-títere, Iván Duque Márquez. Al final, la CSJ de la época cometió el gravísimo e imperdonable error de elegirlo como fiscal general.

No se entiende que con una terna de mujeres probas, sin tacha alguna y alejadas de las históricas mañas clientelares que en el pasado sirvieron para que se ternaren y eligieran anteriores fiscales, la CSJ no haya cumplido con la tarea y por esa vía dilatado la elección de la nueva fiscal. ¿Habrá algo de misoginia en los togados y envidia en las togadas?

El espaldarazo de la CIDH al gobierno Petro constituye un hecho político que bien podría tener efectos políticos en los mismos Estados Unidos. Con la misiva de la CIDH, la elección de la nueva fiscal en Colombia se volvió un asunto internacional, lo que bien podría tener efectos que bien pueden asumirse como positivos o negativos, dependiendo de la perspectiva política desde la que se asuma la lectura de la situación. Podría ser positivo para el gobierno Petro que los togados de la CSJ por fin este 22 de febrero voten y elijan a la mujer que remplazará al egocéntrico de Francisco Barbosa y se recupere, para la sociedad y el Estado de derecho, la maltrecha institucionalidad de la Fiscalía, fruto de la pésima, oscura y maliciosa gestión de Barbosa.

También podría producirse la intervención directa de la DEA y los Departamentos de Justicia y Estado de los Estados Unidos a raíz de las versiones periodísticas que señalan que Barbosa y Mancera habrían protegido a mafiosos y a fiscales con vínculos con traquetos del norte del Valle del Cauca. De darse esa situación, la narrativa que señala que Colombia es un Estado mafioso se confirmaría, lo que obviamente afectaría los esfuerzos del actual gobierno de enfrentar no solo a los narcotraficantes, sino a sus amigos y compinches de cuello blanco. Esa misma reacción de los entes americanos serviría para consolidar las buenas relaciones y la confianza entre los gobiernos de Biden y Petro, lo que redundaría en beneficio de Colombia.

Imagen tomada de Youtube.com

CRIMEN DE DON GUILLERMO CANO: TARDÍA PETICIÓN DE PERDÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

En plena conmemoración del Día del Periodista y de manera tardía, el Estado colombiano pidió perdón al país, a los periodistas de El Espectador y a la familia de la víctima por el magnicidio de don Guillermo Cano Izasa, director del prestigioso y combativo periódico liberal.

La petición de perdón que hizo el ministro de Justicia, Néstor Osuna, llegó casi 38 años después de perpetrado el atroz crimen contra el periodismo independiente, la ética periodística y la vida digna de un agudo reportero comprometido, como pocos, con la búsqueda de la verdad. El verdugo: Pablo Emilio Escobar Gaviria, el más sanguinario asesino serial de la historia de Colombia. Sus cómplices: agentes estatales, una parte de la sociedad, empresarios corruptos y Luis Carlos Molina y la empresa Confirmesa. De esa empresa, aparece Álvaro Uribe Vélez como miembro principal de la Junta Directiva. Resulta macabramente curioso y llamativo que la empresa de donde salió el cheque con el que se pagó a los sicarios de don Guillermo Cano aluda a la postura firme, sólida y consistente del gran reportero. De vaina, dicha sociedad no se registró bajo el nombre de Confirmeza.

El ruego de perdón de Osuna sonó sincero y sentido, hecho que hace pensar que no se trató de una simple ceremonia en cumplimiento de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por el contrario, el país entendió que el encuentro constituye un compromiso para que la justicia siga ahondando en el esclarecimiento del crimen, hasta llegar a quienes desde el poder político coadyuvaron a que se perpetrara el magnicidio contra el único medio de la época que se le “paró a Pablo Escobar” y a varios bandidos de cuello blanco.

Así como hubo periodistas como don Guillermo Cano que no se dejaron amedrentar del cruel asesino antioqueño, otros hicieron parte de las nóminas de los carteles de Medellín y Cali: locutores, periodistas deportivos y judiciales se dejaron cooptar por las mafias de la época. Quizás desde allí viene la crisis de credibilidad del periodismo en Colombia.

Es tiempo de empezar a erosionar las narrativas heroizantes que pusieron a Pablo Escobar a caminar, después de muerto, en gorras, camisetas, llaveros y series de televisión. Y la mejor forma de hacerlo es construir un relato lo suficientemente universal que ponga en el centro de la admiración social a periodistas con el talante de don Guillermo Cano.

Resulta excremental que haya una ruta turística para conocer de las fechorías y crímenes de Pablo Escobar, y no una que lleve a propios y extraños a conocer la férrea formación ética y moral de la familia periodística que se enfrentó a poderosos agentes económicos que, con la amenaza del retiro de la pauta publicitaria, quisieron evitar que se publicaran sus cochinas maniobras financieras.

Imagen tomada de Infobae

FISCALÍA DE BARBOSA: UNA FORMA DE CONTRAPODER PRESIDENCIAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Si para algo ha de servir la nefasta gestión de Francisco Barbosa Delgado al frente de la fiscalía general de la Nación es para poner en evidencia varias dimensiones y comprender que el enfrentamiento con el presidente de la República va más allá de rencillas personales y que, por el contrario, hay asuntos de fondo cuya visibilidad se pierde por el registro noticioso de las disputas entre Barbosa y Petro:

1. Con la llegada del primer gobierno de izquierda, la figura del fiscal general se erige como una forma oposición política institucionalizada, esto es, un contrapoder que impide el trabajo armónico entre las tres ramas del poder público, por cuanto el fiscal general se torna tan intocable como el propio presidente de la República. Esa actitud de contrapoder se acrecentó con el silencio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), alto tribunal que jamás llamó la atención al fiscal durante los agrios enfrentamientos que sostuvo con el presidente Gustavo Petro. De igual manera, aporta su granito de arena la Procuraduría por estar en manos de Margarita Cabello Blanco, ficha del clan Char en el ministerio público. 

Bajo esas circunstancias, el poder presidencial se conecta exclusivamente para resolver asuntos institucionales muy propios del sistema presidencialista, esto es, política económica, monetaria y relaciones con agentes políticos y económicos de la sociedad civil y por supuesto, las relaciones internacionales; mientras que el rol del fiscal general de la Nación estaría al servicio de asuntos nocivos y nefastos para las institucionalidades aquí comprometidas: la entrega de cargos públicos y contratos a familiares de los togados de la CSJ, lo que explicaría el no llamado de atención a Barbosa por su mala gestión y su evidente participación en política y por supuesto, la demora para elegir a la nueva fiscal de la terna enviada por el presidente Petro. 

Se suma a lo anterior, la imposibilidad de que las fuerzas militares y de policía puedan trabajar de manera armónica con el ente investigador por decisión del fiscal general, interesado en hacer fracasar la política criminal.

Así entonces, Francisco Barbosa Delgado inauguró en el país la figura del contrapoder al Ejecutivo, apoyado por una parte importante del Establecimiento colombiano que detesta a Petro y sus políticas sociales y ambientales, así como su disposición de golpear exclusivamente las finanzas de los narcotraficantes y de querer recuperar a la Fiscalía, para el Estado de derecho, lo que implica arrebatársela a clanes políticos y empresariales. Todo indica que hay sectores de la economía formal que no les gusta la estrategia de Petro de golpear las finanzas de los mafiosos y narcotraficantes por cuanto se estaría afectando la cadena institucionalizada de lavado de activos. 

2. De acuerdo con las denuncias de connotados periodistas, existirían relaciones mafiosas con el Clan del Golfo, lo que convierte al fiscal general en un actor político que actúa en contravía de cualquier política criminal y antidrogas que desde el Ejecutivo se quiera ejecutar.

Si las denuncias de los periodistas Daniel Coronell, Yohir Ackerman y Gonzalo Guillén, entre otros más,  acerca de las relaciones mafiosas de la vicefiscal y mano derecha de Barbosa, Martha Mancera, con narcotraficantes del Valle del Cauca son ciertas,  la fiscalía general de la Nación estaría fungiendo dentro del Estado como un agente en oposición a la política antidrogas del gobierno de Petro, fundada en golpear las finanzas de los mafiosos a través de la interdicción de los envíos de cocaína, la destrucción de los laboratorios y la incautación de sus bienes, lo que supone dejar de criminalizar a los campesinos que se ven obligados cultivar la coca.

Hay que recordar que Francisco Barbosa, en misiva enviada al Consejo Nacional de Estupefacientes rechazó la política antidrogas de Petro. En la carta no solo expone su voto negativo a dicha política gubernamental, sino que minimiza las intenciones de proteger la vida de los cultivadores, consumidores y al medio ambiente. Es apenas lógico que Barbosa defienda actividades como la aspersión con glifosato, peligroso defoliante potencialmente cancerígeno y la erradicación violenta de los sembrados de coca. Y es así porque él sigue las instrucciones del uribismo, que son las mismas que promovió su amigo, el entonces presidente-títere, Iván Duque Márquez (2018-2022), quien en su momento lo ternó para que la entonces Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo eligiera fiscal general de la Nación hasta el 12 de febrero, día en el que termina el oscuro periodo de Barbosa.

La desaprobación o el rechazo que la Fiscalía hizo de la Política Nacional de Drogas (2022-2023) expresa el desinterés de Francisco Barbosa por las variables socio ambientales y ecológicas que axiológicamente el gobierno del presidente Petro conecta con la fracasada lucha contra el narcotráfico, de la que es amigo cercano el fiscal general de la Nación.

3. La politización del ente investigador, lo que supone dejar de investigar y procesar a miembros de clanes políticos y de familias poderosas (élite económica). Baste con señalar el favorecimiento judicial que desde la dirección general de la fiscalía se promueve hacia tres poderosos agentes económicos y políticos: la familia Sarmiento Angulo, Álvaro Uribe Vélez y el Clan Char. Y no podemos olvidar que por orden de Barbosa, se cerró la investigación por la "Ñeñe política" para proteger a su amigo el presidente Iván Duque Márquez y a quienes hicieron posible que a la campaña Duque presidente entraran dineros del señalado narcotraficante. 

Si Sarmiento Angulo reconoció ante las autoridades americanas que cometió actos de corrupción en la construcción de la ruta del Sol 2, esos delitos los cometió en Colombia, lo que supondría que la Fiscalía debe reabrir el proceso para procesar a los implicados. Para el caso de Uribe Vélez, la intención de Barbosa es clara: insistir en la preclusión del caso en el que está involucrado el vulgar caballista antioqueño, en calidad de imputado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. El objetivo final de Barbosa es lograr la prescripción de los delitos. Y, por último, la Fiscalía ha actuado con evidente complacencia con varios miembros del clan Char investigados por varios delitos, entre estos, de tipo electoral. Igual comportamiento ha tenido con miembros de otros clanes como los Gnecco y Name.

Imagen tomada de Vanguardia. 

DÍA DEL PERIODISTA: ¿ALGO PARA CELEBRAR?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el Día del Periodista bien vale la pena hacer un ejercicio analítico alrededor de la realidad de un oficio que siempre fue y será el espejo en el cual el poder político y económico hegemónico se mira a diario, para saber hasta dónde puede estirar la siempre elástica y acomodaticia ética periodística.

Si se hace un corte diacrónico en 1998, cuando nacen los canales privados de televisión, entonces podemos decir que ahí se afianzaron los problemas de credibilidad en los medios tradicionales. De ahí en adelante, la compra de periódicos como El Tiempo y El Espectador por parte de conglomerados económicos naturalizó la mercantilización de la información y la manipulación de los hechos noticiosos, incluida su invisibilización.   

Aunque las condiciones en las que operan hoy esas dos casas periodísticas son distintas, lo cierto es que su condición de actores políticos la comparten plenamente, aunque siga siendo imperceptible para una parte importante de la opinión pública.

El Tiempo en manos de Sarmiento Angulo no es ni la sombra de lo que fue en los años 70 y 80 con su Unidad Investigativa. A través de sus páginas, hoy se miente, tergiversa y se minimizan hechos noticiosos. Recuérdese cómo El Tiempo ocultó la responsabilidad de Coviandes en la caída del puente Chirajara. El titular fue este: Desplome de puente deja 9 muertos en vía al Llano. Lo contrario hizo El Espectador al apelar a este titular de cita: Coviandes debe responder por caída de puente: Mintransporte. Las diferencias son tan evidentes que no es necesario decir nada más. Coviandes hace parte del conglomerado económico de Sarmiento Angulo. 

En cuanto a los periodistas es bueno también decir que, si bien el oficio es uno solo, hay muchos tipos de periodistas. Están los y las vedettes del periodismo nacional, especie de mercaderes y estafetas del régimen de poder o de manera directa de sus patronos. Normalmente ocupan cargos de dirección dentro de los medios masivos desde donde se auto censuran.

Hay quienes conducen programas de opinión en la radio y televisión que los presentan hábilmente como espacios de información, pero que realmente operan como trincheras ideológicas y políticas. La FM, Blu Radio y la W son buenos ejemplos de cuarteles generales desde donde hoy se promueven procesos de desestabilización del actual gobierno, a través de la entrega de información sesgada, la consulta de fuentes tendenciosas o simplemente, evitando reconocerle algo positivo a la actual administración. Muchos de estos colegas actúan más como activistas políticos y agitadores, que como reporteros responsables con el mandato constitucional de informar con veracidad y responsabilidad social con las audiencias.

Están los independientes que desarrollan una labor titánica en sus medios alternativos. En estos momentos de crispación ideológica y política son los únicos en los que se puede confiar. Eso sí, la lista no es muy larga, pero hay que decir que la calidad periodística los desborda: todos los periodistas de los equipos de Cuestión Pública, Revista Raya, Vorágine, La Nueva Prensa y Noticias Uno son ejemplo de profesionalismo. Aparecen también esfuerzos editoriales como El Unicornio y La Oreja Roja que tienen como objetivo generar estados de opinión divergentes.

Así las cosas, cada 9 de febrero se conmemora el Día del Periodista, pero poco se advierte sobre las precarias condiciones laborales, las presiones a las que están sometidos y a la falta de garantías de seguridad en las que trabajan los periodistas de las “provincias”.

El oficio va perdiendo su belleza cada que un reportero tergiversa los hechos tal cual como sucedieron. Se “afea” el bello oficio cuando los propietarios ordenan a los editores y directores no cubrir un hecho en específico o minimizar su trascendencia. A pesar de todo lo anterior, siempre habrá quienes se destaquen informando con veracidad y buscando la verdad de los hechos. Feliz día para aquellas y aquellos.

Imagen tomada del Concejo de Pereira.