RACISMO Y ESO DE SER “BLANCO”

 

Por Germán Ayala Osorio

Antes de que se acabe este 2023, hay un balance por hacer en el país a propósito de estos casi dos años de gobierno de Gustavo Petro Urrego. Y no se trata de un arqueo de lo que se ha hecho mal o bien en materia de acciones gubernamentales. Más bien, se trata de un triste factor étnico-cultural con el que se constata que una buena parte de la sociedad colombiana es racista, machista, goda y proclive a promover la eliminación de todo aquel que resulta disonante para aquellos grupos societales que defienden a dentelladas la cultura hegemónica que deviene atada a eso de “ser blanco”. Ser “blanco” en Colombia es sinónimo de prestigio, de acceso a derechos; es una condición que asegura el respeto de las autoridades. Más claro: nacer “blanco” en Colombia es una “bendición”.

Bastó con la llegada de una mujer negra a la Vicepresidencia de la República para que el racismo estructural brotara como lava incandescente, quemando cualquier posibilidad de aceptar que las hijas e hijos de los pueblos afrodescendientes también tienen derecho a elegir y ser elegidos.

Los ataques étnico-racistas y de género que sufrió Francia Márquez Mina en estos casi dos años del primer gobierno de izquierda en Colombia, dan cuenta efectivamente del racismo estructural del que hablan los académicos. A los negros, una parte importante de la sociedad colombiana los quiere bailando, jugando fútbol, en la indigencia, pidiendo en los semáforos o simplemente ocupando los más bajos niveles de la estratificación social y cultural. Verlos en el poder, a esos millones de compatriotas, hijos de un odiado proceso de mestizaje, les genera urticaria ver a Francia Márquez ocupar la Vicepresidencia de la República, lugar privilegiado al que solo, según esa cofradía de racistas, deben acceder hombres o mujeres blancos, estudiados y ricos.

Con la llegada de Márquez Mina, la animadversión étnica afloró en las redes sociales y en las calles, con la anuencia de los medios masivos y de un periodismo que siempre estará del lado de la hegemonía política “blanca”. No podemos olvidar a la vociferante mestiza, Esperanza Castro o Fabiola Rubiano, condenada por racismo y hostigamiento por gritarle “simio” y otros epítetos a la señora vicepresidenta. Rubiano es una hija insigne del racismo estructural en esta Colombia mestiza que se niega a aceptar su propio proceso de mestizaje.

Pasarán estas fiestas navideñas y vendrán los deseos por un mejor 2024. Ojalá y así sea y que lleguen la paz, el bienestar y el progreso generalizado de todos los colombianos y del país. Eso sí, los racistas, machistas y los godos de pensamiento seguirán vigentes y presentes hasta tanto no revisen de dónde vienen y, sobre todo, de responderse esta pregunta: ¿Quién les enseñó a odiar a los negros, al diferente?

Imagen tomada de Colectiva Mujeres

Felices fiestas para todas y todos.

PELÍCULA MATARIFE Y EL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La polémica que armaron periodistas de La W radio en torno a la exposición privada de la película Matarife, con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) permite mirar elementos propios del proceso de construcción de la memoria en un país “desmemoriado” y que poco lee y el papel de la entidad estatal.

El CNMH tiene el objetivo fundante de construir una narrativa oficial que dé cuenta de la complejidad de las violencias políticas y sociales desatadas en el marco de lo que se conoce como el conflicto armado interno. Una de esas formas de violencias (físicas y culturales) las ejercieron los paramilitares y quienes apoyaron su creación y patrocinaron su operación militar.

El trabajo del CNMH de entregarle al país una narrativa fundada en un ejercicio interpretativo y valorativo (académico) de hechos violentos que la misma prensa registró en años de cubrimiento del accionar militar de paras, ejército y guerrillas, no puede dejar por fuera el trabajo periodístico, histórico y criminológico que Daniel Mendoza Leal hizo con la serie Matarife, en la que presenta al expresidente Álvaro Uribe Vélez como el operador de un “aparato criminal” que el documentalista amarró conceptualmente al vocablo “aparatos organizados de poder” y a la conducta que se deriva de quienes hacen operar organizaciones criminales al interior del Estado, conocida como la “autoría mediata”, que hace parte de la producción académica de Claus Roxin. El jurista dice que “la autoría mediata se basa en la tesis de que, en una organización delictiva, los que están detrás de ella y que ordenan la comisión de delitos, teniendo un poder autónomo de dar órdenes, también podrían ser hechos responsables como autores mediatos aun cuando los ejecutores directos puedan ser penados igualmente como autores plenamente responsables. En el lenguaje coloquial alemán se designa a estos maquinadores como «autores de escritorio». Mi idea consistía en volcar este concepto cotidiano en una categoría precisa de la dogmática jurídica” (p.52).

De esta forma, que el CNMH legitime la película Matarife que recoge el grueso de las interpretaciones que Mendoza Leal hace sobre la responsabilidad penal y política de Uribe, también llamado por el documentalista como “el señor masacre”, obedece a una decisión que está acorde con su trabajo interpretativo  de las múltiples violencias acaecidas en el país, muchas de estas responsabilidad de agentes estatales que, por acción u omisión, permitieron la comisión de masacres, asesinatos selectivos y desplazamientos forzados de millones de campesinos.

La polémica que armaron en La W está ancorada a dos hechos políticos: el primero, a la inquina que les produce todo lo que haga y deje hacer el gobierno de Petro; y la segunda, a la decisión editorial, compartida con otros medios, de defender a dentelladas a Uribe Vélez y su seguridad democrática.

La sociedad necesita elementos de juicio para comprender, desde la complejidad, las dinámicas del conflicto armado interno. Y para ello se necesita de ejercicios pedagógicos y de interpretación histórica y criminológica como los que viene haciendo Mendoza Leal con la serie Matarife. Tanto la serie, como la película Matarife facilitan la comprensión rápida de unas realidades violentas que, miradas desde la teoría de Roxin y las de otros teóricos y categorías como la “Banalidad del Mal”, de Hannah Arendt, no le permitirían al grueso de colombianos sacar conclusiones, justamente, por el pobre capital cultural de mis connacionales dado sus bajos índices de lectura y comprensión lectora.

Lo que se debería de hacer es pasar la película Matarife en todas las salas de cine y dejar que sean los espectadores y las audiencias las que califiquen su producción y las interpretaciones de Mendoza Leal. Además, proponer talleres para analizar lo dicho y acercar la teoría de Roxin a todas las clases sociales, porque hay un hecho social y político claro: Uribe Vélez le hizo mucho daño al país entre 2002 y 2010.

Imagen tomada de la red X. 

CRISIS DIPLOMÁTICA ENTRE COLOMBIA Y GUATEMALA: IVÁN VELÁSQUEZ, EL CHIVO EXPIATORIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La investigación que la Fiscalía de Guatemala abrió en contra de Iván Velásquez, ministro de la Defensa de Colombia, generó, además de la crisis diplomática, una reacción en cadena de apoyo hacia Velásquez de periodistas, tuiteros, políticos e incluso del propio subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols. Y es que la figura del jefe de la cartera de Defensa representa probidad y buen juicio, características que en su momento la ONU tuvo en cuenta para que Velásquez liderara una comisión internacional que investigó la corrupción política en el país centroamericano, asociada a la operación mafiosa de la multinacional Odebrecht. Haber tocado a políticos y miembros de la élite corrupta del país centroamericano hizo que el investigador Velásquez fuera declarado en su momento persona no grata y convertido en enemigo número uno de poderosas familias locales guiadas por el ethos mafioso con el que se acogió a los directivos brasileros de Odebrecht.

José Rafael Curruchiche Cacul es el nombre del Fiscal guatemalteco que tomó la decisión jurídico-política con la que busca enlodar el buen nombre de Iván Velásquez y por ese camino, generar una crisis de legitimidad que lleve a que la Oposición en Colombia, de la mano de militares activos y de la reserva, exijan la renuncia del ministro de la Defensa.

¿Qué puede haber detrás de semejante hecho jurídico-político? Lanzo la siguiente hipótesis: el Fiscal de Guatemala no investiga a Iván Velásquez por iniciativa propia. En connivencia con miembros de la derecha colombiana, asociada a lo que se conoce como el uribismo, buscan, unos y otros, deslegitimar al Ministro y generar al interior de las FFAA un cisma, con el apoyo de militares retirados y oficiales en servicio activo, que odian a Gustavo Petro y que de tiempo atrás están ambientando un “ruido de sables” en Colombia. Es decir, Velásquez les sirve de chivo expiatorio y como ejercicio para medir qué tanto respaldo internacional podrían recibir al momento de intentar un golpe de Estado en Colombia o una obligada transición ante una crisis de legitimidad y gobernabilidad generada por la Oposición, con la ayuda de uniformados.

La conexión entre la derecha guatemalteca y colombiana se produce porque comparten el mismo ethos mafioso y la consecuente captura del Estado. Odebrecht fue y es aún la prueba fehaciente de que la corrupción público-privada en los países en donde echaron a andar los proyectos de infraestructura es el común denominador en toda América Latina.

El ruido de sables que vienen ambientando militares activos y retirados, cuenta con el apoyo de medios masivos y periodistas afectos al régimen uribista. Por eso, usan la decisión de Curruchiche para exigir la renuncia de Velásquez, para que enfrente, fuera del cargo, el posible llamado de la justicia guatemalteca.

La reacción del presidente Petro se explica porque la división de poderes en Guatemala no es tan clara como se podría suponer.  Por eso, la respuesta del presidente Alejandro Giammattei constituye una defensa de la decisión tomada por el fiscal Curruchiche, lo que confirma que para el Ejecutivo la decisión de la Fiscalía guatemalteca tiene razones jurídicas, pero especialmente políticas. Y estas, de inmediato permiten hacer conexión con los intereses de sectores de poder en Colombia interesados en deslegitimar al gobierno Petro, enlodando el buen nombre de su ministro de la Defensa.

La crisis diplomática desatada entre Colombia y Guatemala hay que leerla en clave pre electoral, dado que se avecinan elecciones regionales en Colombia y la derecha va con todo para atacar, desde los poderes locales y regionales, los proyectos de cambio  y los ajustes que Petro viene tratando de hacer para hacer menos corrupto el régimen de poder.

La derecha colombiana seguirá apelando a todas las formas de lucha para erosionar el proyecto político continental que Gustavo Petro quiere liderar. Hoy lo intentaron con la ayuda de Guatemala. Pronto sabremos qué otro país se presta para lo mismo.

Imagen tomada de EL COLOMBIANO

FRENTE AL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD, ÁLVARO URIBE PREPARA UNA VERDAD PARALELA

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Molestos o quizás rabiosos con la verdad histórica que encarna  y promueve el informe de la Comisión de la Verdad, el uribismo amenaza con entregarle al país su versión del conflicto armado, de sus dinámicas y los rostros de los responsables de las atrocidades cometidas durante más de 60 años de hostilidades. Desde esta tribuna aplaudo esa reacción que, en el marco de una democracia plural, debe respetarse en tanto que Álvaro Uribe Vélez, responsable político de los crímenes cometidos por militares y policías durante sus ocho años de mandato, tiene todo el derecho a disentir de lo dicho en el señalado informe.

Estaremos prestos en la Academia a contrastar la verdad histórica que hace unos días le entregó al país la Comisión de la Verdad, institución del Estado, creada en el marco del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición que se acordó en La Habana, con lo que pueda llegar a decir el uribismo en sus cartillas.

El diario uribista El Colombiano registró así el hecho político y noticioso: “Luego de los cuestionamientos que ha generado la socialización del Informe Final de la Comisión de la Verdad en los colegios del país, el expresidente Álvaro Uribe confirmó que, por petición de “muchas personas”, el Centro Democrático publicará una cartilla alternativa. El exmandatario señaló que esta cartilla fue elaborada por organizaciones de víctimas, oenegés y personas que hacen parte de otros sectores políticos”.

 

El redactor y el editor de la nota publicada se equivocan al decir que los cuestionamientos de Uribe y de sus áulicos están en la socialización del informe. No, el resquemor nace de las responsabilidades que el informe le endilga al hoy imputado expresidente, por la implementación de la infame política de seguridad democrática, la misma que terminó aupando a cientos de militares para que le pusieran precio a la vida de jóvenes y campesinos, para luego asesinarlos y hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. Asociada a esta política, hay que señalar el Decreto Boina y la directiva ministerial 029 de 2005.

 

La reacción del expresidente y la de sus cortesanos, incluida la senadora Paloma Valencia, se explica por el inicio de actividades pedagógicas que en colegios públicos ordenó el gobierno de Gustavo Petro, con las que se socializará el sentido, las interpretaciones y las cifras del informe de la Comisión de la Verdad. Así entonces, en colegios y ojalá también en universidades públicas y privadas pronto podremos debatir las cartillas del uribismo y los textos que hoy se erigen como la verdad histórica oficial del devenir del conflicto armado, sus víctimas y victimarios. En contraste con esa versión oficial, el uribismo entregará su verdad paralela, esto es, la lectura interesada, sectorial e ideológicamente sesgada con la que no solo buscan contradecir lo publicado, sino tergiversar la verdad de unos hechos tozudos, con el firme propósito de evitar asumir las responsabilidades políticas que les corresponde asumir por haber operado y consolidado un Estado militarista, que terminó asesinando, estigmatizando, desplazando y persiguiendo a sus asociados por cuenta de una lectura maliciosa de la historia. Al final, la tesis negacionista del conflicto armado interno justificó la violencia estatal, y las actividades de “terrorismo de Estado” que se desarrollaron, en particular, en los gobiernos de Turbay Ayala y Uribe Vélez.

 

Las cartillas que el uribismo entregará hacen parte de la narrativa del oprobioso régimen de poder que viene operando en Colombia de tiempo atrás. Narrativa que, por supuesto, defenderá el honor militar, mancillado por oficiales de alto rango y suboficiales que le pusieron precio a la vida de 6402 jóvenes. Imagino que dirá la cartilla uribista que lo de los falsos positivos es una invención de ONG de izquierda, para enlodar y deslegitimar a las fuerzas armadas. O quizás, esa lectura paralela de la verdad oficial recién publicada, estará enfocada en legitimar las atrocidades cometidas por el Estado, siguiendo la también maliciosa y perniciosa lectura que recién hizo Paloma Valencia, quien señaló que se trató de “atrocidades legítimas” porque se produjeron para defender a la ciudadanía. Así, nuevamente le doy la bienvenida a la verdad paralela que el uribismo pronto entregará al país. En los tiempos de la postverdad, esa versión terminará vencida por la ya contundente verdad oficial que entregó la Comisión de la Verdad y porque el unanimismo ideológico, político y mediático promovido entre 2002 y 2010, ya es cosa del pasado. 

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.com

EL ELN DEJARÁ DE SECUESTRAR EN 2024

 

Por Germán Ayala Osorio

Al cierre del 5to ciclo de conversaciones de paz entre el Estado y el ELN, los plenipotenciarios de las dos delegaciones acordaron decirle al país que el comando central de esa agrupación alzada en armas se compromete dejar de secuestrar a partir del 30 de enero de 2024.

El positivo anuncio llega en medio de las declaraciones del presidente en Petro en reciente ceremonia militar, en la que señaló que los ceses al fuego bilaterales se consideraban útiles siempre y cuando se discuta el desmantelamiento de las economías ilegales que les dan sustento a los grupos alzados en armas que hoy sostienen mesas de diálogo con el Gobierno Petro, de cara a pacificar el país de una vez por todas.

Si bien hay que aplaudir la decisión tardía por parte del Ejército de Liberación Nacional, varias preguntas surgen de la discusión semántica e ideológica que rodea a los vocablos secuestro, retenciones y prisioneros, manejados por los elenos de manera diferenciada. Se suma a lo anterior, que la dirigencia de ese grupo armado ilegal amarró el dejar de secuestrar, al mantenimiento del cese del fuego bilateral.

La primera pregunta es: ¿de aquí al 30 de enero del año venidero, el ELN se arroga el derecho a seguir secuestrando civiles y a privar de la libertad a militares sorprendidos de civil e incluso, a quienes en actos o no del servicio, y portando sus uniformes, caen en manos de las estructuras de los elenos? En la declaración conjunta, leída por Vera Grabe, jefa de la delegación de paz del Gobierno no se alude a los casos de militares y policías que caigan en manos de los elenos, que la opinión pública y sucesivos gobiernos entienden como secuestros y no precisamente bajo la categoría de “prisioneros de guerra”.  

La segunda pregunta alude al número preciso de civiles que el ELN tiene en sus manos en calidad de retenidos o secuestrados. ¿Cuántos tiene en su poder? ¿Hay secuestrados que murieron en cautiverio o que fueron ejecutados? Y, sobre todo, ¿Cuándo los van a liberar? Estos interrogantes minimizan la euforia con la que una parte del país recibió los anuncios de la mesa de diálogo instalada en México.

Para el 2024, si todo marcha bien y lo que en adelante diga el presidente Petro no genera un mal ambiente o crisis como las que ya sufrió este proceso de paz, se entrará en la participación de la sociedad civil, punto neurálgico para el comando central del ELN, pues ellos asumirán el papel de mediadores entre el Estado y los agentes de la sociedad que civil que exigirán al Estado soluciones a problemas históricos, en tiempo récord, elemento este que nuevamente enredará la discusión en la mesa. Aunque en el comunicado no se habla de sociedad civil, se sabe que los elenos buscan la participación de agentes sociales, económicos, ambientales y políticos de eso que se conoce como la sociedad civil. En el comunicado se lee: “5. La reanudación del proceso de participación de la sociedad, la culminación de su fase de diseño en abril del año próximo y la creación de una red nacional de participación”.

Lo cierto es que lo expresado por el presidente de la República en un escenario castrense le mete ruido al proceso y confirma el grado de volatilidad que tiene la delicada negociación entre el gobierno de Petro, en nombre del Estado, y los comandantes de la agrupación ilegal levantada en armas. Ya van dos veces que el mandatario de los colombianos cuestiona política e ideológicamente a las actuales guerrillas. En ambas ocasiones, frente a la cúpula militar y el generalato. Así las cosas, parece que estamos ante un proceso de paz con el ELN que nuevamente se encarriló, a pesar de los reclamos e insinuaciones de Petro en escenarios castrenses desde donde se podrían autorizar hostigamientos que darían al traste con ceses al fuego pactados entre las partes.

Imagen tomada de Noticias Caracol 

SE DILUYE LA PAZ TOTAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En reciente ceremonia de ascensos a varios generales y almirantes, el presidente Petro le dio un giro a su idea de la paz total. El jefe del Estado condicionó el valor y la efectividad de los ceses al fuego a dos condiciones: el desmonte y abandono de las economías ilegales y el respeto a las comunidades.

Esto espetó el mandatario de los colombianos: “El Gobierno Nacional no ve prioritario el cese al fuego si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas. Las economías ilícitas son la cocaína, indudablemente, quizá la principal y aun la más poderosa; también el oro, la extorsión, el secuestro, entre varias”. La respuesta del ELN no se hizo esperar y se dio de esta manera: “la principal economía ilegal en Colombia es la corrupción política. De la cual el actual Gobierno no ha sido el del Cambio”

En la respuesta de la Delegación de Paz del ELN hay un elemento que se suma a las razones y circunstancias que hacen pensar en que no habrá firmas de tratados de paz en lo que le queda a Petro de gobierno. La preocupación de los líderes del Ejército de Liberación Nacional por la corrupción público-privada y la evidente molestia por los hechos de corrupción que se ventilaron mediáticamente sobre la campaña Petro presidente, gracias al escándalo protagonizado por su hijo, Nicolás Petro, emergen como factores irreconciliables que impedirán avanzar en la ya compleja negociación.

Así las cosas, afloran varias razones y circunstancias que diluyen la idea de la paz total y hacen tambalear el proceso de paz con el ELN y los acercamientos con otros grupos que insisten en llamarse guerrilleros. Veamos.

La Paz Total no fue asumida por el actual gobierno como una política pública, sino como mera nomenclatura y deseo para insistir en que unos grupos armados habían quedado por fuera del proceso de paz de La Habana, con el que se logró el desmonte de las Farc-Ep. Es decir, no se consolidó un documento filosófico, político y técnico que diera cuenta del significado de semejante nomenclatura totalizante y maximalista. A pesar del acompañamiento internacional, esa idea maximalista de la Paz Total se tornó inalcanzable y utópica.

Hay que decir que en dos ocasiones el presidente Petro, en escenarios militares, acusó a elenos y "disidencias farianas" de estar más comprometidos con las economías ilegales, que en firmar un tratado de paz y lograr así su desmovilización. Incluso puso en duda si a los viejos comandantes del ELN las nuevas generaciones de guerrilleros les obedecen realmente. En términos prácticos, el presidente de la República cada vez más duda del estatus político de las agrupaciones al margen de la ley que insisten en llamarse guerrillas.

Quienes llegaron a pensar que por su condición de exguerrillero iba a ser más fácil negociar con el ELN y las llamadas disidencias farianas, se equivocaron. Por el contrario, esa circunstancia histórica fue siempre la mayor talanquera ideológica y política que rondó el proceso de paz con los elenos y los acercamientos con la banda de Iván Mordisco e incluso, con la Segunda Marquetalia. La desmovilización del M-19 en los años 90 y el haber aceptado jugar con las reglas de la democracia fue asumida por los viejos líderes guerrilleros como una claudicación a la lucha armada y a la posibilidad de tomarse el poder a tiros.

Lo dicho por Petro recientemente en la ceremonia militar no es un timonazo como lo presentaron varios medios. No. Simplemente, el presidente de la República está clarificando el asunto ante los Estados Unidos, la ONU y los países que acompañaron los esfuerzos iniciales de paz: en Colombia ya no existe un conflicto armado interno, sino la consolidación de unos grupos armados que viven de las economías ilegales. No está en riesgo la operación y la legitimidad del Estado, pero sí la seguridad alimentaria de cientos de miles de campesinos y por supuesto, valiosos ecosistemas naturales, afectados por el monocultivo de la coca y la minería ilegal. Es decir, Petro le estaría dando mayor importancia a los efectos socio ambientales y ecológicos que deja la “guerra” contra las economías ilícitas y deslegitimando política y socialmente a los grupos armados ilegales que reclaman un estatus político que también se diluyó en el tiempo.

En la señalada ceremonia de ascensos de generales y almirantes en Bogotá, el presidente dio la instrucción a los uniformados de mejorar la inteligencia para golpear a quienes viven hoy de las economías ilegales y se hacen pasar como guerrilleros. Se aleja así toda posibilidad de pacificar el país por las buenas. Le quedan dos años al gobierno de Petro y un único objetivo: golpear las economías ilegales de los elenos y las "disidencias"farianas, recuperar los territorios copados por las estructuras armadas ilegales, cuidar a las comunidades que sobreviven bajo la influencia de esos grupos y golpearlos militarmente a través de operaciones quirúrgicas, basadas en una eficaz inteligencia militar y policial.  

Foto tomada de EL ESPECTADOR.COM

CAEN Y CAEN BANDIDOS DE CUELLO BLANCO Y NO PASA NADA EN LA COLOMBIA MAFIOSA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las capturas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Arturo Char, de Cambio Radical, y Ciro Ramírez, del Centro Democrático (CD), sirven para encender los ánimos en la red X y de comidilla para los asistentes a los clubes sociales en donde se mueven los hilos del poder político y económico. Para nada más.

Banqueros y voceros de los gremios de la producción guardan silencio, al igual que la Academia, los curas y otros agentes de la sociedad civil. Parece que a nadie espanta o preocupa la comisión de los delitos por los que están imputados los dos políticos profesionales. Nadie sale a exigir que “paren la corrupción” y ni siquiera a recordar a Turbay Ayala cuando propuso “reducirla a sus justas proporciones”.

Cuando se supo de la sanción monetaria que recibió el grupo Aval por haber reconocido el pago de coimas en la Ruta del Sol II, el silencio fue el mismo que la sociedad en su conjunto guarda frente al más grave problema que tiene el país: la corrupción público-privada, que se origina en el Congreso de la República, convertido en una cloaca inmunda, una ratonera, una casa de lenocinio.  Nadie propone marchas y movilizaciones para rechazar las andanzas de Ramírez, de Char y de la familia Sarmiento Angulo y de otros confesos y condenados por los mismos delitos.

Escritores, periodistas e intelectuales se suman a la actitud silente del grueso de la sociedad colombiana. Los medios periodísticos registran las capturas de los dos políticos y el mea culpa del grupo Aval, pero no alzan su voz de protesta para llamar la atención de los partidos políticos, de sus dirigentes. La inmoralidad se naturalizó en Colombia y los curas, guardianes de las buenas costumbres, asumen la actitud más cómoda: sentarse a rezar y quizás a aplaudir en silencio la acción de la justicia; o lamentarla, porque seguramente los procesados pagaban jugosos diezmos, que por su reclusión, dejarán de percibir.

Frente a la captura del congresista del Centro Democrático, el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez salió a reconocer que la mermelada es el origen de todo, de ahí que la califique como “maldita”. El expresidiario y dueño del CD no confronta a su pupilo y protegido. Sus compañeros de bancada guardan silencio, a pesar de la vergüenza que debería de producirles tener a un compañero sindicado de corrupción.

Será muy difícil avanzar como sociedad moderna, civilizada y formada en principios republicanos si no empezamos a rechazar a los corruptos y a cuestionar a los partidos que les dieron avales y les taparon sus negociados. Por todo lo anterior, el país seguirá viendo caer y caer bandidos de cuello blanco, pero nada cambiará en la sociedad porque la corrupción es sinónimo de viveza, de inteligencia, de capacidad de gestionar redes y amigos; de sagacidad. Y porque como dijo, con total cinismo Álvaro Uribe, la “culpa la tiene la mermelada”.

 

Imagen tomada de zona cero

INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD: EMPATÍA, MEDIOS MASIVOS Y LA EXPERIENCIA DEL CAGUÁN (I)

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La lectura del Informe Final que la Comisión de la Verdad le entregó al país, de manos del padre Franciscos de Roux, debería de ser obligatoria en colegios y universidades. Paralelo a ello, el gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego debería de diseñar una estrategia pedagógica que haga posible la divulgación masiva de su contenido y la discusión académica y socio política en espacios escolarizados y no escolarizados.

Como bloguero asumo la tarea de leerlo y comentarlo, en la medida de lo posible, a partir de citas extraídas sobre las cuales es posible decir algo. Esta primera columna y lo citado, no agota al extenso documento. Esta es la primera columna.

Con lo dicho en el Informe Final se puede estar en desacuerdo o por el contrario, aceptar sin reparos, la interpretación que allí se hace de lo acontecido en 60 años de conflicto armado interno. Una primera idea que llamó mi atención es esta: “La falta de empatía con ese dolor es parte de lo que Colombia necesita transformar, como una energía para la construcción de la paz” (1. La Colombia herida, p.21). Por ello es urgente desplegar una estrategia pedagógica multimodal que nos lleve como sociedad a revisarnos y a sentir vergüenza por el silencio, el “importanculismo” con el que miramos por televisión los horrendos crímenes cometidos por todos los actores armados que participaron del conflicto armado interno. Construir una sociedad más empática es el derrotero que debería de guiarnos como colectivo.  

Y para cualquier proyecto pedagógico que se quiera emprender, contar con el concurso del periodismo y de las empresas mediáticas resulta clave. Pero antes de cualquier estrategia mediática, urge que periodistas, editores y propietarios de las empresas mediáticas hagan un mea culpa por los errores cometidos, la autocensura y la toma de partido, en el cubrimiento de los hechos relacionados con las perversas dinámicas del conflicto armado.

Sobre el papel de los medios masivos, en el Informe se lee: “El papel de los medios de comunicación ha sido clave en la investigación de las violaciones de derechos humanos y del DIH, pero también lo ha sido en la reproducción de los estereotipos que contribuyen frecuentemente a la polarización social. Las maneras de hacer esto son la representación dominante de unas violencias frente a la minimización de otras, el uso de pánicos morales («es una humillación a las víctimas», «es una traición a la patria»), la estigmatización con categorías de enemigo («no hay diálogo con terroristas») o la tergiversación de las situaciones utilizando elementos emocionales («es un engaño», «se van a tomar el poder»). (1.4.6, p. 84).

El sentido de aquella célebre frase que dice que la primera víctima de las guerras es la verdad, calza perfecto y dice mucho del tipo  de periodismo que se viene haciendo en Colombia: acrítico, oficialista, de declaraciones y con un inconveniente sentido corporativo, a lo que se suma, un ejercicio ideológica y políticamente comprometido con los mezquinos intereses de la élite tradicional.

Sobre los procesos de paz y sus lógicas, en el documento se lee que “Andrés Pastrana lo intentó y claramente se jugó todo su capital político en El Caguán. Se rodeó de los partidos políticos, los empresarios, la Iglesia, Estados Unidos, la comunidad internacional; es decir, todos esos factores de poder que tradicionalmente toman parte de las decisiones en el país. Pero cada uno de estos actores fue abandonando el barco a medida que observó que era un momento adverso para el Estado y quizás aún favorable para la insurgencia” (P.117).

Es posible que más adelante se amplíe la lectura sobre ese hecho político. Esta primera reacción al sentido del Informe se hace en virtud de que la lectura llegó hasta la página 125 (2.5, La Paz, ¿estable y duradera?). En este punto,  considero que el Informe es benévolo con el entonces presidente Andrés Pastrana. Es posible que haya llegado a los diálogos del Caguán con ese apoyo institucional. Lo cierto es que este hijo de Misael Pastrana Borrero planteó una negociación cuyo final trágico preveían él y las propias Farc, pues ambos llegaron sin la madurez política necesaria para asumir una negociación seria. Se suma a lo anterior, que el Ejército, una histórica rueda suelta en este tipo de escenarios dialógicos, jamás vio con buenos ojos la negociación y mucho menos, la agenda de 12 puntos, en la que se tocaba el tamaño de las fuerzas armadas y el modelo económico. Una agenda inabordable.

El solo hecho de haberle entregado a las entonces Farc 42 mil kilómetros cuadrados sin verificación internacional alguna, constituyó un error político y un factor de alejamiento del Ejército de esa aventura de paz. No creo que Pastrana haya sido tan sagaz de pensar la entrega de semejante territorio, como parte de una “trampa” diseñada para que las Farc cayeran. Trampa o no, se dio un final negativo para esta guerrilla, pues quedaron ante la comunidad internacional como una agrupación dedicada al intercambio de drogas por armas. Trampa o no, lo cierto es que la experiencia del Caguán sirvió para alentar los odios hacia las Farc, los mismos que supo aprovechar Uribe Vélez para imponer su seguridad democrática y erigirse, gracias a la acción mediática, en el Mesías que acabaría con la guerrilla.

LOS MENSAJES QUE MANDA PETRO CON SU GABINETE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Estos son los mensajes que envía el presidente electo, Gustavo Petro, al establecimiento y a los sectores que lo acompañaron en su campaña, con la elección de los miembros de su gabinete. Por ejemplo, con la llegada de José Antonio Ocampo al ministerio de Hacienda, Petro quiere mandar un mensaje de tranquilidad al establecimiento y a los organismos multilaterales de crédito, al tiempo que pone sobre sus hombros la responsabilidad de liderar los cambios o por lo menos lograr hacer algunos ajustes que en materia de política económica prometió cuando fungió como candidato presidencial. En ese mismo sentido se entiende la  designación del ex rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria en el ministerio de Educación. Su pasado como agente neoliberal bien podría determinar cuánto valora Gustavo Petro el apoyo recibido de Fecode.

De igual manera, la elección de Cecilia López Montalvo en la cartera de agricultura también manda un mensaje de tranquilidad a esa parte del establecimiento que no solo reconoce el talante político y profesional de la designada, sino los aprendizajes alcanzados en sus anteriores pasos por las carteras de agricultura y medio ambiente. Aunque los ganaderos y  latifundistas que tienen tierras de “engorde” (improductivas por decisión) pueden mostrarse preocupados por las intenciones del gobierno entrante de gravar a los segundos y se controlar a los primeros, en particular por sus acciones de acaparamiento, especulación inmobiliaria y extensión de sus cercas en zonas de parques nacionales naturales. Por el contrario, la elección de Carolina Corcho, como ministra de Salud, lleva un mensaje directo no solo a los actores del sistema de salud, sino a quienes por acción u omisión lo pervirtieron. Ya veremos a cuántos del establecimiento Corcho podrá tocar con sus propuestas de reforma al sistema de salud. En cuanto a la elección de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, el mensaje que lleva está fuertemente anclado a las preocupaciones de Petro por el cambio climático, la creciente deforestación y la seguridad alimentaria como asunto de Estado.

Es decir, Petro Urrego está mandando mensajes de tranquilidad a un establecimiento renuente a los cambios y acostumbrado a que los ministros de estratégicas carteras, terminen sirviendo a los intereses de sus agentes más poderosos. Baste con examinar el perfil y las actuaciones de los ministros de los gobiernos de Álvaro Uribe e Iván Duque para entender que por encima de los criterios técnicos de cada ministerio, lo que interesa es mantener privilegios y evitar tocar intereses corporativos, empresariales y/o personales.

Entre tanto, las recientes designaciones, aparecen dos lideresas indígenas. De un lado está Leonor Zalabata (indígena Arhuaca), reconocida por su activismo en la defensa de los derechos de las mujeres y la naturaleza, quien será la embajadora ante Naciones Unidas en Nueva York. El mensaje es claro al mundo: en Colombia hay pueblos indígenas que requieren de su protección y reconocimiento, lo que pone al gobierno de Petro ante el mundo en una doble dimensión: la primera, de carácter étnico-territorial, pues reconoce a los pueblos indígenas, sus autonomías territoriales; y la segunda, que expone la sapiencia y las prácticas sostenibles de los pueblos indígenas, como ejemplo para enfrentar los efectos del cambio climático.

Del otro lado, está el llamado que le hizo a Patricia Tobón (Embera), para que se ocupe de la Unidad de Víctimas. Su nombramiento se debe leer en términos de paz y reconciliación y en clave de un reconocimiento étnico que deberá pasar de la retórica con la que el gobierno saliente asumió los derechos de los pueblos indígenas. Se suma a lo anterior, el nombramiento del líder indígena Giovanni Yule (Nasa), en la Unidad de Restitución de Tierras. Este último nombramiento bien puede ser leído por agentes del establecimiento como una provocación de Petro, porque los indígenas son los históricos reclamantes de tierras, por el proceso de despojo que sufrieron y sufren aún por las actividades agro extractivas (minería, agroindustria y ganadería extensiva) y las presiones de narco paramilitares. La primera reacción de la derecha uribista no se hizo esperar. El representante a la Cámara de Representantes, por la cofradía-partido, el Centro Democrático, señaló en un comunicado público que “…Yule tiene un conflicto de intereses para asumir como director de la Unidad de Restitución de Tierras, por pertenecer a una organización que ha promovido la invasión de tierras y la ocupación violenta de tierras en el Cauca”.

El mensaje que acompaña la designación de Yule debe entenderse en dos sentidos: el primero, en virtud de las pretensiones del nuevo gobierno  de cambiar la estructura agraria, en particular en lo concerniente a la propiedad concentrada de la tierra; y el segundo, en la idea de poner al Cauca en la órbita nacional de la paz y ejemplo de la deseada transformación agraria de los municipios PDET.

Ya veremos qué mensajes traen los nombramientos que faltan y las reacciones de la derecha y de los principales agentes económicos y políticos del establecimiento colombiano.

REGIONES DE LA PAZ TOTAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El gobierno de Gustavo Petro radicó ayer el proyecto de ley a través del cual se modificará la ley de Orden Público, para darle sustento jurídico-político y un carácter estatal a la maximalista idea de la Paz Total. De la propuesta se destaca el establecimiento de “Regiones de Paz”, lo que implica la descentralización del poder que recae en el Presidente de la República, como máximo responsable del orden público. Aunque se niega la posibilidad de declarar zonas de distensión o despeje para procesos de desmovilización y desarme de estructuras delincuenciales, con o sin estatus político, en la práctica podría volverse a esa figura al momento en que un grupo armado ilegal lo plantee. Incluso, es posible que tácitamente, ante un pacto de cese bilateral o multilateral al fuego, ciertas  zonas de las regiones de paz puedan operar bajo esa condición, sin que así sea declarada.

La apuesta de la Paz Total de la actual administración es arriesgada por cuanto hay municipios PDET y otros que hacen parte de las Zomac, con presencia narco paramilitar y guerrillera. Dichos grupos cuentan con el control político y financiero de dependencias de las alcaldías o incluso, de toda la administración local. Es decir, podrían esos esfuerzos de pacificación por la vía dialogada, terminar en acuerdos que si bien servirán para mejorar las condiciones de vida de la población civil, estarían fundados en la legitimación de las actividades ilegales. Por lo anterior, es importante que antes de que sean declaradas esas “regiones de paz”, se inicie desde ya un proceso de consolidación estatal, basado no solo en la presencia armada y legítima del Estado, sino en lo que tiene que ver con actividades propias de la administración pública, conducentes a identificar las redes y los mecanismos de captura de las instituciones oficiales. De igual manera, lograr que el Estado se gane la confianza de la población civil y sus miembros comprendan que a la larga es mejor someterse a la autoridad estatal y no a la que ejercen los actores ilegales.

Insisto, no puede caerse en la trampa de pacificar regiones sobre la base de extender en el tiempo viejos procesos de captura del Estado, por parte de grupos armados ilegales, con la anuencia de las élites locales que guardan de tiempo atrás perniciosas relaciones, en particular con estructuras paramilitares.  

De la mano de esos esfuerzos, el Estado, de la mano de la Academia, podrían adelantar procesos de intervención social y económica que permitan reconocer los factores generadores de violencia, cuyas lógicas puedan ser revisadas y revertidas. Hablo en particular de modelos de desarrollo y de los aparatos productivos locales y regionales que alimentan de alguna manera las expresiones de violencia armada, por cuanto no aquellos no responden de manera adecuada a las expectativas de vida de los habitantes.

El carácter transversal con el que se plantea la modificación a la ley de Orden Público exigirá de todas las dependencias del Estado, de los partidos políticos, del aparato judicial y de agentes de la sociedad civil un particular comportamiento, caracterizado no solo por la eficacia y la eficiencia en solucionar problemas urgentes de la vida societal, sino por el convencimiento de los funcionarios públicos de que es el Estado y nadie más, la figura responsable de guiar la vida de sus asociados, en esos territorios asumidos bajo la estrategia PDET y los que hacen parte de las zonas más afectadas por el conflicto (Zomac).

Ya veremos cómo pasa la propuesta en su trámite por el Congreso de la República. Mientras tanto, hay que estar atentos a las acciones que ya están emprendiendo las fuerzas legales e ilegales simpatizantes con el uribismo, cuyo objetivo es desestabilizar las regiones que mañana serán consideradas dentro de las regiones de paz.

 

Adenda: el proyecto de ley contempla la transformación del servicio militar obligatorio en un servicio social- ambiental. Aplausos. Debe ponerse fin a la exigencia y expedición de la libreta militar, documento que en muchas ocasiones impide la contratación de los jóvenes.

¿PAZ TOTAL, PAZ SIN APELLIDOS O DEJAMOS EN PAZ EL CONCEPTO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Nos ha sido tan esquiva la construcción de la paz, que su enunciación genera sospechas en quienes se atreven a pronunciarla, a prometerla o simplemente a anhelarla, pues a pesar de las dinámicas del conflicto armado interno y de las múltiples expresiones y formas de violencia, aún, de acuerdo con los testimonios de propios y extraños, Colombia es un “buen vividero”.

En la ceremonia de posesión el 7 de agosto de 2022,  Gustavo Petro habló de paz a secas, sin apellido y de su compromiso indeclinable de avanzar en la implementación del acuerdo de paz de La Habana. Pasaron los días y en su primera alocución presidencial, ocurrida  el 14 de septiembre, Petro habló de la Paz Total.

Hay que decir que ese concepto de Paz Total no solo deviene con un inconveniente carácter maximalista, sino que ha sido criticado por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, los artífices del proceso de negociación con las Farc-Ep que derivó en la firma del fin del conflicto entre el Estado y esa guerrilla.

La vida, al parecer corta, de esa noción de la paz concita toda suerte de dudas y comentarios alrededor de las lecturas que de las múltiples formas de violencias que se expresan en Colombia, vienen haciendo el Comisionado de Paz, Danilo Rueda y el canciller Álvaro Leyva Durán. Es posible que haya un corto circuito entre las ideas que cada uno de los funcionarios traen en pro de construir la paz en Colombia, y las que el propio Petro arrastra, en virtud de su pasado en el M-19 y las que les surgieron de los debates que como congresista hizo sobre el fenómeno paramilitar y la penetración paramilitar en el Estado y la captura mafiosa que esa organización ilegal hizo del DAS, entre otras entidades estatales.

Este 15 de octubre, en Cali, el presidente Gustavo Petro, al instalar mesas y el diálogo regional en la Universidad del Valle (sede Meléndez) volvió a hablar de paz, pero lo hizo con un cambio de orientación que bien podría confirmar que hay un corto circuito entre él y sus funcionarios en torno al concepto de Paz y los caminos institucionales para alcanzarla; o simplemente se trata de ajustes a un concepto que, en razón del conflicto armado, quedó atrapado en la dimensión del poder político, alejándolo de la dimensión social en la que el concepto se transforma o se expresa en términos de convivencia y  de la resolución pacífica de los conflictos y de las diferencias.

Textualmente el presidente Petro dijo lo siguiente: “Es un diseño que, si nos va bien, podría conducir de la mano del comisionado de Paz, Danilo Rueda, en medio de la movilización popular y haciendo del territorio una conquista de las decisiones de la gente misma, la mal llamada, en mi opinión, ‘paz total’. Lo que queremos es la paz sin apellido”.

No se puede desconocer que se trata de un bandazo presidencial en torno al manoseado concepto, a quien el propio mandatario le puso el apellido Total. Invención o no de Petro o de Leyva Durán, el ajuste conceptual deja entrever la enorme dificultad que como sociedad arrastramos para pensar y lograr vivir en paz, en medio de un conflicto armado interno que terminó eclipsando problemas de convivencia vistos por sucesivos gobiernos que creyeron que para alcanzar la paz solo había dos caminos: insistir en eliminar militarmente a las guerrillas o dialogar con los líderes de esas estructuras armadas para cederles algo de poder (con la entrega de curules y proyectos productivos), sin cambiar de fondo las co-relaciones de fuerza y las circunstancias en las que cómodamente viene operando el régimen de poder de la mano de una élite corrupta, mafiosa y violenta.

Lámase Paz Total o simplemente Paz (sin apellido), en lo único que se mantiene firme Petro es en la estrategia: los diálogos regionales y la participación de la ciudadanía.   Dijo Petro que “estos diálogos regionales que hemos convocado quieren también convocar a quienes, estando armados, puedan participar del diseño colectivo de su territorio; puedan saber que el que mandan en ese territorio no es el fusil, no es la violencia, no es la masacre, sino que es el pueblo”.

La estrategia no deja de ser interesante, retadora, exigente y al final, desgastante, porque implica la aparición de líderes y lideresas capaces de pensarse sus territorios, bajo la amenaza de grupos armados envilecidos por variadas actividades ilegales (narcotráfico, secuestros extorsivos, sicariato y contrabando).

Creo que necesario diferenciar en esos diálogos regionales, aquellos territorios en los que la institucionalidad estatal históricamente ha sido débil, lo que dio oportunidad para que irrumpieran toda suerte de actores para institucionales que terminaron regulando las relaciones sociales, económicas y políticas. Al final, remplazaron el Estado. Allí pueden brotar interesantes ideas de Paz Territorial con enfoques comunitarios gracias a la presencia de comunidades campesinas, indígenas y afros. Pero hay espacios urbanos, en ciudades como Cali y Medellín, en los que la paz como anhelo está circunscrito a la superación de conflictos y problemas entre vecinos, prácticas y  expresiones racistas o clasistas, así como la ocupación y el goce del espacio público, entre otros. En esos espacios, la noción de paz debe presentarse en forma de convivencia social.

Quizás cuando aprendamos a resolver nuestras diferencias y tramitar los “conflictos menores”, llamados así desde las lógicas del poder político central, entonces estemos preparados para conectar la paz política que se asocia a las negociaciones del Estado con los grupos guerrilleros, con el diario vivir de millones de colombianos que no pueden vivir en paz porque no existen las condiciones ambientales y económicas para hacerlo.

Quizás Gustavo Petro se dio cuenta de que al hablar de Paz Total generaba enormes expectativas que no podrá cumplir en cuatro años. Es posible que también le hayan dicho que ponerle apellidos a la paz, como lo hizo Iván Duque Márquez, cuando habló de Paz con Legalidad, lo iba a llevar por caminos contradictorios y confusos.

Lo cierto es que pacificar el país, a través del sometimiento de todas las estructuras armadas, con o sin estatus político, es una apuesta ambiciosa que no se agota en las buenas intenciones de unos y otros. Por el contrario, necesitará de esfuerzos mayúsculos por superar lo que es hoy la realidad social, política y económica que genera violencia: en Colombia, el Estado, con todo y su sistema político, de tiempo atrás viene siendo operado por una élite criminal, mafiosa y corrupta a la que no le conviene que se hable de Paz, porque, justamente, han sabido conectarse y apropiarse inclusive, de las oportunidades de negocio que los conflictos armados abren: venta y comercialización de armas, control de rutas del narcotráfico y el mantenimiento de la onerosa y fracasada  guerra contra las drogas.

Mientras Petro intenta re-orientar la operación del Estado, quizás es tiempo de dejar de manosear el concepto de paz, pues de tanto hacerlo, se va vaciando de sentido por el cansancio que produce estar hablando cada cierto tiempo de la instalación de mesas de diálogo con quienes poco o nada han aportado al mejoramiento de la calidad de vida de millones de colombianos. 

Imagen de Youtube

LA PAZ CON EL ELN: ÚLTIMA OPORTUNIDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El gobierno de Gustavo Petro anuncia que en pocos días se retomarán las conversaciones de paz con el ELN, suspendidas durante la administración de Iván Duque Márquez. La reinstalación de la mesa se da en el marco de la búsqueda quimérica de la “Paz Total” y deberá entenderse como la última oportunidad para la agrupación guerrillera, cuyos comandantes, concentrados en el Comando Central (Coce), se caracterizan por asumir férreas posturas políticas que terminan entorpeciendo la posibilidad de poner fin al conflicto armado que sostienen con el Estado desde hace más de 50 años.

En particular, el comandante Antonio García figura como uno de los más difíciles negociadores. Recientemente, en su cuenta de twitter dijo lo siguiente: “El ELN hemos señalado varios temas críticos que no compartimos y los hemos interrogado: 1) La "paz total", 2) el Cese el fuego multilateral", 3) sigue el mismo esquema de desmovilización y todo siga lo mismo, 4) la participación de la sociedad no puede ser en "modo exprés". Los cambios que aporten a la justicia social y a democratizar el país, son el camino hacia la paz. Jamás al revés. Todos estos interrogantes siguen en las mentes de los elenos”.

La dirigencia del ELN exhibe un discurso maximalista en torno a la paz, que implica encontrar soluciones inmediatas a estructurales e históricos problemas como la pobreza y el cerramiento democrático. En la metodología planteada dentro de la negociación adelantada con el gobierno de Juan Manuel Santos,  la condición de mediador del ELN estaba al servicio de encontrar soluciones inmediatas a los problemas que llevaran a la mesa los representantes de la sociedad civil.

Insisto en que los del ELN parecen ubicarse en un plano moral superior que hace compleja cualquier intento de negociación. En lugar de pensar en la posibilidad de aportar a la democratización del país y la anhelada justicia social haciendo parte del Estado, a los elenos les parece más lógico insistir en la guerra, que reinsertarse y luchar dentro de la institucionalidad. La llegada al poder político del compañero de aventura revolucionaria, Gustavo Petro, bien debería de animarlos a abandonar las armas y construir el país que sueñan desde la legalidad. Quizás en lo expuesto por Antonio García esté el mayor obstáculo a vencer en este nuevo intento de ponerle fin al conflicto armado.

Mientras se afinan los detalles para la reinstalación de la mesa, hay que destacar la participación de José Félix Lafaurie como miembro negociador. El ganadero y latifundista llega en nombre de Fedegan, uno de los agentes de la sociedad civil comprometido con las dinámicas del conflicto armado interno. De acuerdo con el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, Lafaurie apoyó a grupos paramilitares. Estos señalamientos, sin embargo, no impidieron al presidente Petro invitarlo a hacer parte de la nueva mesa de diálogo. Esperemos que para los comandantes del Coce no sea una razón para detener el reinicio de las conversaciones de paz. La participación en los diálogos de paz del líder gremial y esposo de la congresista de derecha, María Fernanda Cabal tiene un especial significado político por cuanto expresa la apertura política e ideológica del presidente Gustavo Petro, en el entendido de que la paz total se construye con todos los actores que participan de manera directa o indirecta del conflicto armado.

Veremos en qué queda este nuevo intento de consolidar la paz en Colombia. Por lo menos, el gobierno de Petro no desprecia al ELN como actor armado, como sí lo hizo el entonces presidente Santos, al minimizar los alcances de esta agrupación guerrillera, al comparar su estructura armada con la que exhibían las Farc-Ep, al momento de la firma del fin del conflicto que se produjo en La Habana (Cuba).

Si se fracasa por culpa de la postura maximalista de los elenos, el país deberá entender que la dirigencia del ELN se quedó anclada en la  aventura revolucionaria de los años 60, lo que los convierte en una guerrilla anacrónica e incapaz de leer en perspectiva de cambio, lo que significa que hoy un exguerrillero esté sentado en la Casa de Nariño, tomando decisiones dirigidas, justamente, a garantizar la justicia social y ampliar la democracia.

Imagen de Fundación Ideas para la Paz

UNA SEGUNDA MARQUETALIA A LA PAZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La Segunda Marquetalia existe hoy gracias al gobierno de Iván Duque Márquez, quien al fungir como el principal enemigo del acuerdo de paz firmado en La Habana, acompañó las actividades de entrampamiento que desde la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN) se emprendieron en contra de Santrich y del propio Iván Márquez, líder de ese grupo disidente.

En la búsqueda de la gaseosa Paz Total, el gobierno de Gustavo Petro tiene en sus manos el problema jurídico de reconocer políticamente a la Segunda Marquetalia, esto es, otorgarle el estatus político que perdieron desde el preciso momento en el que abandonaron el acuerdo y las dinámicas que los debieron haber llevado a estar hoy en el Congreso de la República y a hacer parte del partido Comunes.

La discusión no es menor. No será fácil zanjar la discusión entre quienes consideran un imposible jurídico reconocerles ese estatus en virtud a que abandonaron el proceso de paz y aquellos que, por el contrario, ven viable hacerlo bajo la premisa de que el entrampamiento en contra de Santrich y Márquez fue un hecho político y jurídico, aunque este último cargado de la mala fe de funcionarios estatales y de la DEA que trabajaron en contubernio con la firme intención de hacer colapsar el acuerdo de La Habana.

En diálogo con El Espectador, el ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que “no es un tema fácil, tenemos limitaciones de carácter legal, todas las limitaciones que encontremos legalmente vamos a tener que superarlas en el escenario natural para ellos, que es el Congreso de la República”.

Más allá de los límites legales, los argumentos que deberá consolidar el gobierno tienen un carácter político que deberá imponerse sobre los jurídicos si de verdad se quiere reversar el carácter de “desertores” que se les otorgó a quienes decidieron incumplir lo acordado volviendo a empuñar las armas.

Un primer elemento que deberá hacer parte de la argumentación es que quien incumplió primero lo acordado fue el Estado colombiano. Bajo esa premisa se debe indicar que la negociación entre los plenipotenciarios del gobierno de Santos y el Secretariado de las Farc estaba, supuestamente, respaldada por el Estado. Esa circunstancia obligaba al Fiscal y al propio gobierno de Iván Duque a respetar lo firmado en Cuba. Lo que hicieron NHMN y Duque, por el contrario, fue entorpecer y tratar de descarrilar el tren que llevaba las firmas de Santos y Timochenko y el acuerdo de las 300 páginas.

Lo hecho por Duque y NHMN fue demencial, arbitrario e infame en contra de un proceso de paz complejo que a pesar de haber servido para desmantelar a la guerrilla más grande y con esta a las perversas dinámicas de un conflicto armado degradado, no sirvió para que la sociedad en su conjunto  emprendiera sus propios procesos de reconciliación y comprensión de los términos en los que se firmó el Acuerdo Final de paz.

Otorgarle el estatus político a la Segunda Marquetalia es también darle una segunda oportunidad a la paz que el uribismo, en cabeza del entonces fiscal general de la Nación y el títere del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez. Lo hecho por NHMN y Duque no fue un acto político, sino prepolítico, en la medida en que atacaron el corazón del Acuerdo de Paz y lo hicieron, apelando a la mentira y al fraude. No se puede hacer la paz en Colombia mientras haya dudas sobre la transparencia de aquellos que hacen operar y mover  las oscuras estructuras de poder que dan vida al doble Estado que opera en Colombia de tiempo atrás.  

 

Imagen tomada de EL ESPECTADOR

DOCTRINA MILITAR EN LOS POZOS (CAQUETÁ)

 

Por Germán Ayala Osorio

Con la política de seguridad democrática el país cayó en una espiral de violencia gracias en buena medida a dos circunstancias: la primera, soportada en la tesis negacionista que del conflicto armado interno propuso Álvaro Uribe Vélez como comandante supremo de las FFAA y presidente de la República.  Y la segunda, atada a la aplicación del principio del enemigo interno a campesinos, afros, indígenas, sindicalistas, profesores y periodistas críticos del régimen de poder.

Con el triunfo político y electoral de Gustavo Petro se reconoce la existencia del conflicto armado al retomar las negociaciones con el ELN y al examinar el caso de la Segunda Marquetalia.  Además, se pretende borrar de la lógica policial y castrense esa perversa extensión del enemigo interno a comunidades tradicionalmente violentadas por los actores armados, incluido,  por supuesto, el Estado y la condición militarista que naturalizó el uribismo durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez.

Lo sucedido en las instalaciones de la petrolera china, Emerald Energy, ubicada en Los Pozos (Caquetá) es la expresión genuina del cambio de doctrina que impulsa el actual gobierno. El propio presidente Gustavo Petro confirmó que le dio la orden a las fuerzas militares de no intervenir en la refriega dada entre la guardia campesina y los policías del Esmad. Estos últimos fueron retenidos o secuestrados por los campesinos.

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez invitó a sus detractores a reflexionar: “A todos aquellos que dicen mano dura, represión, tenía que haberse defendido el honor de la Policía cuando estos uniformados salían insultados y no se reaccionó. A todos ellos yo les hago el llamado para que piensen frente al valor de la vida, frente a las graves dificultades que se vivían en ese momento”.

Las muertes del policía y de los dos campesinos son lamentables, pero bien vale la pena examinar el sentido de los reclamos y en particular, en los incumplimientos del anterior gobierno, por ejemplo, en la pavimentación de una importante vía en el sector y el manejo mafioso de las regalías del sector petrolero. El abandono estatal en estos territorios es histórico, de ahí que los violentos reclamos de los campesinos sean producto de las burlas consecutivas de las que han sido víctimas las comunidades asentadas en esa zona.

Eso sí, los voceros del gobierno no pueden caer en prácticas eufemísticas como las del ministro Alfonso Prada, quien calificó la acción de los campesinos como un “cerco humanitario”. No. Una cosa es reorientar la acción policial y militar hacia la defensa de la vida, por encima de la lógica uribista de producir más y mejores resultados operacionales (contar muertos), y otra muy distinta enmascarar las acciones populares bajo acciones humanitarias que jamás ocurrieron.

El duro y violento enfrentamiento entre los miembros de la guardia campesina y los policiales se explica por todos los años en los que la fuerza pública miró a los civiles como sus enemigos, siguiendo las orientaciones de presidentes, como Uribe y Duque, empeñados en consolidar un Estado militarista, capaz de perseguir, someter y asesinar a quienes levanten su voz para reivindicar derechos. Eso sí, no pueden caer los reclamantes en la misma dinámica, asumiendo a los policías, en particular, como sus enemigos. Todo trato inhumano al adversario, aumentan los odios y facilita las cosas a quienes desde la derecha weberiana exigen litros de sangre, amparados en la legitimidad del Estado para violentar a sus asociados.

No será fácil el cambio de doctrina en unas fuerzas armadas envilecidas y degradadas por un conflicto armado interno que solo ha servido para enriquecer a los Señores de la Guerra. En el fondo, el gran enemigo es el neoliberalismo y con este, un Estado que viene operando, desde los años 90, al servicio de una élite mafiosa, criminal y parásita. No podrá en cuatro años el actual gobierno enterrar en los pozos de nuestra historia, eso de considerar como enemigos de la sociedad, a los campesinos, a los indígenas, a los afros y a todo el que se atreva a reclamar sus derechos.

 

Imagen tomada de https://www.google.com/search?q=militares+en+los+pozos&sca_esv=81be24a89c2bd647&rlz=1C1UUXU_esCO975CO975&tbm=isch&sxsrf=AM9HkKmdhyujhfbtdaviMxa11TRwiT4wew:1702780391129&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjI1d-it5WDAxWdTTABHRe2BYwQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=641&dpr=1