¿QUÉ SIGNIFICA “DEJEMOS QUE LA INSTITUCIONALIDAD OPERE”?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Cada cierto tiempo y por cuenta casi siempre de actos de corrupción pública, aparecen los llamados a confiar y respetar las instituciones de donde se emana eso que se llama institucionalidad, que no es otra cosa que el conjunto de valores y prácticas que definen, para cada entidad o institución, un carácter y una impronta que le sirve al Estado y a los gobiernos de guía moral y ética para legitimarse ante toda la sociedad.

La institucionalidad se hace evidente cuando las instituciones operan en sus ámbitos de acción, legal y procedimental, y en el contexto de una sociedad que moral y éticamente se alimenta de su funcionamiento, especialmente, de aquellas instituciones que se consideran faros determinantes que iluminan tanto la vida institucional interna, como la que trasciende a la vida societal.

La institucionalidad puede ser un concepto ambiguo y difícil de asir porque en su concepción y representación social y política suelen confluir circunstancias contextuales que se alimentan de la ética ciudadana, la moral pública, la tradición, el poder económico, las formas regladas y las maneras como se establecen relaciones y transacciones entre sectores de poder político (partidos políticos y líderes), económico y social (élites).

Por estos días, y en virtud del escándalo político-mediático del que es protagonista el primogénito del presidente de la República, el país escuchó los llamados a la prudencia y que las instituciones operen dentro de los marcos constitucionales que hicieron los expresidentes Cesar Gaviria y Ernesto Samper. El primero, curiosamente, responsable en parte de los problemas de gobernabilidad que tempranamente enfrenta el presidente de la República; y el segundo, procesado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y precluida la investigación por la entrada de dineros del Cartel de Cali a la campaña Samper presidente.

En los sectores económicos hay un apego generalizado a lo planteado por los dos exmandatarios. Sin embargo, dentro de los gremios económicos hay varios que no gustan del presidente Petro, y por ese motivo, guardan la esperanza de que se produzca un rompimiento institucional derivado de la renuncia del presidente y del esperado rechazo que liderarían en contra de la posibilidad de que, ante la falta del presidente de la República, sea su vicepresidenta, Francia Márquez Mina, quien asuma las riendas de la Casa de Nariño.  

En su editorial del 6 de agosto, EL ESPECTADOR hace lo propio y dice que “el presidente Petro cierra así el primer año de su mandato con una profunda crisis política y personal, que no puede sino mermar su gobernabilidad ya de por sí endeble. Empero, la que tiene que salir fortalecida es la institucionalidad colombiana, que se enfrenta de nuevo a un reto complejo que confiamos sabrá sortear de manera transparente, como tantas veces lo ha hecho en el pasado”.

Llama la atención el editorial del diario bogotano porque las empresas mediáticas suelen tomar distancia de la operación de las instituciones y de la institucionalidad, cuando es claro que a través del ejercicio periodístico-noticioso se aporta a la consolidación de esa institucionalidad que se emana de las instituciones que componen el Estado y los poderes públicos, que reciben la influencia de lo que los medios a diario publican. Al juzgar los tratamientos periodístico-noticiosos de medios como Semana, RCN, Caracol, El Espectador y El Colombiano, entre otros más, nos encontramos con medias verdades y tergiversaciones que terminarán alimentando las representaciones y los imaginarios de aquellos que, de manera interesada, pueden aportar para que la instituciones y la institucionalidad terminen por decidir qué hacer con el mandato del presidente de la República, de verse comprometida la presidencia por la entrada de dineros “calientes” a la campaña Petro presidente.

Más que la eficacia de las instituciones y de la institucionalidad para enfrentar complejas coyunturas políticas, lo que en Colombia opera es la fuerza de la inercia, las transacciones y los acuerdos político-jurídicos-burocráticos con los que se superaron escándalos como el proceso 8.000, la parapolítica y la captura mafiosa de entidades del Estado por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

No creo que eso que grandilocuentemente llamamos institucionalidad, o la idea de “dejar que las instituciones operen”, esté por fuera de lo que Revéiz llama el capitalismo político, que no es otra cosa que “la lucha por el control del Estado por parte de las coaliciones entre los grupos económicos y los dirigentes políticos con las altas burocracias estatales para la búsqueda de rentas-privilegios”. Así las cosas, ante un soñado juicio político al presidente Petro por parte de la derecha y la ultraderecha, lo que unos llaman instituciones e institucionalidad, no es otra cosa que la entrada en operación de la maliciosa forma como el “viejo” régimen de poder viene operando de tiempo atrás.

Imagen tomada de El Tiempo. 

DE RUPTURAS Y RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

 

No hay frase más manida que aquella a la que suelen apelar quienes a pesar de las evidencias de la captura privada y mafiosa de las instituciones estatales, insisten en que “hay que respetar la institucionalidad”. Lo acaba de hacer el presidente del Senado, Iván Name, quien además se declaró “sorprendido” por el llamado a la movilización social que hizo el presidente de la República.

El quiebre o la ruptura institucional a la que alude el jefe del Estado debería de convocar tanto al Congreso, como a los agentes económicos y políticos que por largo tiempo han manejado, con criterios politiqueros, el control sobre el Ministerio Público, la Contraloría General de la República con sede en Bogotá y las sucursales departamentales y municipales. Entonces, aparecen los clanes y las familias de políticos tradicionales como los Char, Name y Gnecco, para nombrar solo a los que hoy sostienen un enfrentamiento político con el presidente de la República.

Listaré algunas de las maneras tradicionales con las que suele afectarse eso que llaman la institucionalidad: la entrega de puestos corbatas (lo hacen todos los gobiernos), el clientelismo, la contratación a dedo; la entrega de secretarías y ministerios a partidos políticos o políticos profesionales. En general, el pago de favores electorales con puestos y recursos económicos.

También aparecen los contratos millonarios a particulares que financian las campañas políticas. Esas “inversiones” de los reconocidos mecenas son el foco de corrupción y captura privada del Estado. Y pasa en todos los gobiernos. En todos. ¿Entonces, de qué tipo de respeto a la institucionalidad estamos hablando? ¿De aquel que valida la corrupción público-privada en cabeza de algunas familias poderosas que ven comprometidas sus ganancias por las acciones emprendidas en su contra por el gobierno de Petro?

Julio César Londoño, reconocido escritor y columnista, sostiene que “este gobierno no nos sacará del foso (tiene dos siglos de profundidad) pero los cambios propuestos -las reformas, la descarbonización, el proyecto hídrico, la justicia legal y la justicia social- tienen que ser políticas de Estado si queremos ser un país viable algún día”.

Londoño alude a un asunto que supera en importancia a aquello que llaman la “institucionalidad” y el consabido respeto que debemos tenerle todos. Ese asunto es el Estado. No existe una única concepción de Estado entre la dirigencia política y empresarial, justamente porque históricamente a sus miembros jamás les interesó pensar desde la perspectiva colectiva que acompaña y le da sentido al concepto de Estado y con este, a políticas públicas de Estado. Por el contrario, lo que les gusta es que cada cuatro años se diseñen e implementen políticas de gobierno que sirvan a efímeros intereses o, unas de Estado, que aseguren la compra de votos y la naturalización de la pobreza.

Daré dos ejemplos. 1. Iván Duque Márquez, siendo presidente de la República, diseñó la política pública de gobierno, llamada Paz con Legalidad para atacar la política de paz de Estado que nació de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. En lugar de dar curso a la política de paz estatal, para lograr una efectiva implementación de lo acordado entre el Estado y las Farc-Ep, Duque la atacó usando la institucionalidad presidencial y comprometiendo las de otras entidades públicas.  ¿De qué respeto a la institucionalidad estamos hablando?

2. Familias en Acción, desde el gobierno de Andrés Pastrana, se convirtió en una política pública de Estado de corte asistencialista y de uso electoral por sucesivos gobiernos. La idea con esa política es garantizar unos votos de la población beneficiada. Además, naturalizan y extienden en el tiempo las condiciones de la pobreza y marginalidad, porque la aplicación de políticas como Familias en Acción termina en lo que se conoce como las “trampas de la pobreza”, que no es más que el aseguramiento de que los pobres y sus descendientes seguirán siendo pobres.

Sería bueno que estos momentos de crispación sirvan para que el gobierno de Petro y quienes quieren sacarlo a sombrerazos de la Casa de Nariño se sienten para acordar qué tipo de Estado necesita este país y qué institucionalidad deberá derivarse de la operación de un Estado responsable y legítimo que cumpla con lo prescrito en la Constitución de 1991. Hasta tanto no se dé lo anterior, hablar de “respeto a la institucionalidad” constituye una bobada y una narrativa insulsa que no deja ver con claridad el gran problema que tenemos como sociedad: somos mafiosos y corruptos.

 Adenda: no es convocando a una masiva movilización social, que bien puede terminar en actos de violencia, como vamos a superar nuestras diferencias y mucho menos, para dejar de ser corruptos y mafiosos.

Imagen tomada de EL TIEMPO.com 

PUEBLO, INSTITUCIONALIDAD Y DEMOCRACIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hay un grupo de categorías o conceptos que a diario resultan manoseados para propósitos político-electorales y defender intereses de clase: pueblo, institucionalidad y democracia. Después del zafarrancho político-mediático que desató Petro con aquello de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es preciso detenerse a pensar alrededor de esos tres conceptos que de inmediato emergieron en la discusión sobre la viabilidad, pertinencia y necesidad de llevar el país hacia una ANC.

El primero de estos es la categoría Pueblo. En innumerables oportunidades el presidente de la República usó el término Pueblo para anclar en este, a pesar de su indeterminación y de su no presencia totalizante, su proyecto político y las reformas sociales que el Congreso no quiere aprobar.

Nadie puede negar que hay una parte importante del pueblo colombiano que acompaña al presidente Petro. A Puerto Resistencia, lugar desde donde Petro sacudió a los momios del Establecimiento, llegaron más de 10 mil personas que representan al pueblo al que el presidente de la República le habló y le dijo que él estaba dispuesto a llegar hasta donde ellos, el pueblo, le dijera. ¿Si 11 millones de colombianos votaron por Petro, ese es el pueblo colombiano al que el jefe del Estado le habla? En el mismo sentido de ese interrogante, hay que preguntarse por los más 10 millones que votaron por el entonces candidato presidencial, Rodolfo Hernández, recién condenado por corrupción. ¿Esa cantidad de compatriotas que votaron por un corrupto (estaba ya imputado), a qué pueblo pertenece? En estricto sentido, habría “dos pueblos”: uno derechizado, uribizado, cómodo, tranquilo y dispuesto a defender a dentelladas su bienestar, asociados a clanes y sectores privilegiados; y el otro, izquierdoso, progresista, insatisfecho y proclive a defender sus derechos y los de los demás, históricamente vulnerados.

En el periodo en el que mandó -no gobernó- Álvaro Uribe Vélez se presentó la misma situación: ¿Quienes no votamos por el político antioqueño, porque sabíamos de sus andanzas del pasado, jamás hicimos parte del pueblo colombiano que votó masivamente para elegir y reelegir al padre de la Seguridad Democrática?

Ahora hablemos de la institucionalidad. Varios de los voceros de la derecha que la prensa tradicional entrevistó a propósito del llamado presidencial a una ANC usaron este vocablo para indicar que Petro irrespeta o desconoce que hay una vigorosa institucionalidad y unas sólidas instituciones, lo que les permite invalidar el llamado a una ANC. En particular, defendieron la institucionalidad que brota de las actuaciones y decisiones de un Congreso alejado de los reclamos de unas mayorías que exigen mejores condiciones de vida. Por cierto, estamos ante una institucionalidad funcional a los intereses de los sectores económicos, sociales y políticos que, al no estar dispuestos a perder privilegios, se niegan a discutir con argumentos las reformas presentadas por el gobierno. Habría, entonces, al igual que en el caso del término Pueblo, dos institucionalidades: una, que brota de la idea de Estado social de derecho que tiene el presidente de la República y la otra, que emerge de la idea que tiene la derecha en torno a lo que debe ser el Estado. Para este sector de poder basta con que opere un Estado de derecho (el imperio de la ley) para cumplir con lo prescrito en la Carta Política de 1991.

Y termino con la categoría democracia. De inmediato, los alborotados momios del Establecimiento colombiano hablaron de que Petro los iba a llevar hacia una “dictadura”, antónimo de democracia. De hecho, creen que ya vivimos bajo un régimen dictatorial, tipo El Salvador de Bukele o el que soportan los venezolanos con Nicolás Maduro Moros. Mientras que Petro quiere “profundizar la democracia” en los términos planteados por Chantal Mouffe, la sempiterna godarria insiste en vivir bajo el cerramiento democrático del Frente Nacional. Dados los niveles de crispación ideológica y política que se viven en el país de tiempo atrás, habría por lo menos dos acepciones de democracia.

Aquellos que consideran que Petro busca perpetuarse en el poder y que ya vivimos bajo una dictadura, están dispuestos a defender con todas sus fuerzas la democracia, la misma en la que fueron asesinados 6402 jóvenes (falsos positivos), se persiguió y se chuzó a los entonces magistrados de la Corte Suprema de Justicia; se cooptó a la prensa y se sometió al Congreso a los caprichos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Esa idea de democracia obligó a la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, frenar la segunda reelección de Uribe por considerar que efectivamente se había debilitado el equilibrio de poderes y los pesos y contra pesos de la democracia.

Así las cosas, el problema de fondo que tenemos los colombianos es que cada uno tiene en mente unas ideas diametralmente distintas de democracia, institucionalidad y pueblo. Y lo más grave es que cada construcción conceptual se aleja de los consensos que la academia ha logrado establecer en torno al sentido de cada una de esas categorías.

Imagen tomada de Youtube.com

MARTHA MANCERA, LA RECOMENDADA DE BARBOSA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El país recordará a Francisco Barbosa como un fiscal de bolsillo del uribismo y la derecha. Sus intervenciones en política y su evidente animadversión hacia la JEP, la paz de La Habana, la paz total y al propio presidente de la República, lo consolidan como un burdo político y precoz candidato presidencial para el 2026.

Recientemente amenazó a los periodistas de RCTV y RAYA por publicar el informe sobre el grupo sicarial y narcotraficante de La Cordillera, basados los periodistas en información institucional, en particular, el organigrama del que hace parte el ya famoso César Giraldo, conocido bajo el mote de “Calzones, patrocinador de las campañas del uribismo y amigo cercano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como si se tratara de un rufián de barriada, Barbosa dijo que “ese chistecito de andar sacando informes no les va a salir bien”. ¿Qué pensará hacerles a los periodistas? ¿Los va a procesar? ¿Bajó qué delitos?

Días atrás, el mismo Barbosa dijo a un medio radial afecto al uribismo y al “viejo” régimen, que “lo mejor que le puede pasar a Colombia es que una mujer como Martha Mancera quede al frente, porque protegerá la institucionalidad, así la ataquen (...) porque así funciona la infamia también en este país”.

Con lo dicho, Barbosa envía un mensaje directo a los magistrados de la Corte Suprema, cercanos al uribismo, para que piensen en torpedear la elección de su remplazo. Y es que les puede quedar muy fácil a los togados a los que Barbosa les mandó el recado, devolverle una y otra vez la terna presentada por el presidente de la República, y compuesta por los nombres de tres mujeres. Así las cosas, y de acuerdo con los deseos de Barbosa, la Corte deberá no solo estudiar las tres hojas de vida de las ternadas, sino la de Mancera, su recomendada para salvar la “institucionalidad” que Francisco Barbosa legitimó durante su cuestionada gestión. Claramente no le interesa defender la institucionalidad en los términos republicanos.

Barbosa siente pasos de animal grande con la posibilidad de que llegue a la fiscalía general una de las mujeres ternadas por Gustavo Petro. Barbosa sabe que la apuesta de Petro al proponer a tres juristas serias e independientes es que quien salga elegida, asuma la tarea de recuperar para el Estado y para los colombianos, una entidad politizada que, en lugar de generar confianza, produce miedo y terror en quienes a diario enfrentan una institucionalidad permeada por la corrupción y por estructuras delincuenciales como el Clan del Golfo, según denuncias del periodista Gonzalo Guillén. Así las cosas, Barbosa tiene miedo de que una vez se convierta en exfiscal general, no solo su alfil y recomendada, Martha Mancera- también cuestionada por el mismo Guillén- pueda salir de la institución, sino que afloren hechos que lo puedan más adelante incriminar a él y a los fiscales que él mismo designó, sin vergüenza alguna, para buscar la vergonzante preclusión del proceso que su entidad lleva en contra del expresidiario y expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

Lo cierto es que, desde los tiempos de Luis Camilo Osorio, pasando por las fiscalías de Martínez Neira y Barbosa, el ente investigador y acusador deviene en un consistente desprestigio, circunstancia que aporta negativamente a la operación armónica de un Estado cuyo funcionamiento está asociado a la corrupción y a la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Al buscar en la red el significado de la palabra Mancera, se lee que es una “pieza de madera colocada en la parte trasera del arado, sobre la cual lleva la mano el que ara sirviéndole de guía, para así dirigir la reja y apretarla contra la tierra”. ¿Será que el ladino Barbosa quiere dejar una pieza firme y bien aceitada que le ayude a enterrar bajo tierra hechos oscuros que no quiere que el país conozca?

Imagen tomada de Blu radio. 

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ Y SU RELATIVISMO MORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

Iván Duque Márquez y Martha Lucía Ramírez, así como el comandante de la Policía, el general Jorge Luis Vargas,  no aceptaron el calificativo de masacre que la ONU dio al informe que entregó a Colombia, a propósito de los hechos acaecidos en Bogotá los días 9 y 10 de septiembre de 2020.

Después de la poco creíble solicitud de perdón que hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, las críticas desde otros sectores políticos no se hicieron esperar, en relación con la conclusión a la que llega la ONU en su informe.

La reacción de Iván Duque, en el marco de un evento oficial frente a la tropa, en relación con el epíteto de <<gobierno asesino>> que lanzó Gustavo Petro en referencia a la masacre policial del 9 y 19 de septiembre,  el huésped de la Casa de Nariño dijo lo siguiente:

“quienes asesinaron policías, quienes secuestraron, quienes pretendieron tomarse la sede de la justicia de nuestro país y que dejaron un macabro recuerdo no pueden venir a hablar de honor frente a quienes siempre han obrado del lado de la legalidad…he sido y seré un demócrata y nunca he empuñado un arma para justificar ninguna causa y nunca lo haré. Uno de los grandes errores que se han cometido en Colombia, históricamente, es el relativismo moral que se ha tenido con quienes han tratado de justificar asesinatos, secuestros y reclutamiento, minas antipersonales con ribetes y aromas políticos. Esas conductas son criminales e ilegales. Y no pretendemos ahora modificar la historia, pero que no pretendan también los beneficiarios de la impunidad que nunca respondieron por esos crímenes tratar de sacar un dedo inquisidor cuando se han surtido los debidos procesos sobre todo, frente a quienes protegen a toda la ciudadanía del país”

Sin duda, Duque exhibió su molestia frente a lo dicho por Petro, insistiendo en una parte del relato oficial que señala que el hoy candidato de la Colombia Humana participó de la toma del Palacio de Justicia, cuando no fue así. Lo dicho por Iván Duque amerita un rápido análisis. En varias columnas he hecho referencia a  que Iván Duque Márquez es, además de obsecuente con su Patrón, un político fatuo y retador. A esas características hay que sumarle que es un defensor de oficio de la institucionalidad castrense y policial, ancorada esa defensa en una ciega confianza en  la legalidad de las acciones adelantadas por policías y militares. Lo que más preocupa de Duque es que moralmente descalifica a quienes se levantaron en armas contra el Estado, al tiempo que justifica y minimiza los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, por el simple hecho de estar del lado de la institucionalidad estatal.

Considera Iván Duque que haberse levantado en armas es un acto inmoral y criminal que no tiene ninguna justificación. Hay que recordarle que fue el mismo presidente Belisario Betancur quien reconoció que había unas <<causas objetivas>> que explicarían y legitimarían el levantamiento de las guerrillas en los años 60. Además, el marco contextual de la época de alguna manera abocó a que el malestar social y político impulsara a un grupo de ciudadanos a levantarse en armas contra el Estado. Intenta fortalecer su argumento moral, señalando que él jamás empuñó un arma y que jamás lo haría. Esa opción de vida es respetable y millones de colombianos la hemos adoptado, pero no por ello estamos dispuestos a  justificar y aceptar las acciones oprobiosas, criminales y mezquinas de quienes son miembros de la élite que está detrás del actual régimen de poder.

Que Duque Márquez haya tomado distancia de lo que su padre, Iván Duque Escobar pensaba alrededor de Álvaro Uribe cuando fungía como director de la Aerocivil, e incluso, haya reversado lo que de joven pensaba del mismo que años después sería su mentor, confirma su pusilánime carácter, el mismo con el que hoy defiende a dentelladas la institucionalidad estatal, así esta venga manchada de sangre.

Habla de relativismo moral, pero Duque cae justamente en la trampa en la que, según él, cayó el país. No se trata  de justificar y mucho menos de olvidar los crímenes cometidos por las guerrillas, de lo que se trata es de aceptar que todos los actores armados, incluidos los miembros de la fuerza pública, violaron los derechos humanos y el DIH. Al ubicarse como un terco defensor del establecimiento, Duque Márquez cae en el craso error de creer a pie juntillas en la legalidad, solo por el hecho de que esta viene de una fuente oficial dominante.

Y de contera, Duque, nuevamente, deja ver su molestia con los procesos de paz e incluso, con la decisión política de la que en su momento participó Uribe Vélez, al plantear una política de perdón y olvido para el M-19. Olvida el señor Duque que a la amnistía e indulto que benefició a Petro y a otros guerrilleros, incluidos los que hoy militan en el Centro Democrático, fue ofrecida a los militares que participaron de la retoma del Palacio de Justicia. Que  no hayan querido participar o hacer parte, aduciendo cuestiones de honor, no invalida la decisión de pasar esa página de nuestra violenta historia política.

La historia de este país está manchada de sangre, señor Duque. Su postura moral y política no lo hace mejor ciudadano, pues el haber sido congresista y nominalmente presidente de la República, lo hacen responsable de los crímenes y vejámenes que en nombre de la patria vienen cometiendo los hombres en armas que hoy están bajo su mando.

Lo sucedido en Bogotá fue una masacre y así quedará registrado en la historia política de Colombia. Y por más que desconozca ese informe, el país sabe que sobre su espalda recaen responsabilidades políticas. Su lealtad a la institucionalidad castrense y policial no lo convierte en demócrata. Usted está lejos de serlo. Los crímenes de Estado cometidos entre el 2018 y el 2022 son y serán la prueba de su talante fatuo, retador, inmoral, pero sobre todo, de ser un aprendiz de sátrapa.

Imagen tomada de Colombia.com

BARBOSA EXPELE VENENO ANTES DE IRSE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

A escasos días de dejar sumida en la mayor crisis de credibilidad a la Fiscalía General de la Nación, Francisco Barbosa anda desatado, espetando barbaridades contra el presidente Gustavo Petro, con mentalidad de peligrosa serpiente sinuosa.

En su más reciente arremetida verbal puso en el mismo nivel de perversidad y daño al país, al actual jefe de Estado con las actividades terroristas desarrolladas por el asesino y narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria. Decir que Petro tiene en jaque al país y a la institucionalidad, de la misma manera en la que el asesino serial antioqueño puso a Colombia en los 90, constituye el bufido propio de una mente desquiciada, dispuesto incluso a torcerle el cuello a la historia de Colombia, apoyado exclusivamente en su odio irrefrenable hacia Petro y en la incapacidad de demostrar con hechos que no convirtió a la fiscalía en un nido de corrupción. Y que además terminó defendiendo a bandidos de cuello blanco, protegiendo a bandas criminales y persiguiendo a víctimas, tal y como el mismo Petro y periodistas como Gonzalo Guillén lo han señalado en reiteradas ocasiones.

Barbosa, que tiene un discurso básico y un ego enorme, se atreve a hablar de respeto a la institucionalidad cuando él mismo con su mala gestión logró fue justamente lo que le endilga al presidente de la República: debilitar a la fiscalía y consolidar una peligrosa para-institucionalidad.

Envalentonado por el apoyo que sectores tradicionales de poder le han brindado -lo que tempranamente lo pone en carrera electoral hacia 2026-, Francisco Barbosa está participando en política desde la misma posesión presidencial. En medios serios como Noticias Uno y Cambio se empezaron a mostrar los encubrimientos que desde la fiscalía se han hecho de las actividades del Clan del Golfo y la visible defensa que se asumió del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe. Huelga recordar que desde las alcantarillas la fiscalía de Barbosa se ha solicitado en tres ocasiones la preclusión de ese proceso penal.

Como bufón del viejo régimen de poder, Francisco Barbosa será en el 2026 el candidato de la extrema derecha. Muy seguramente partidos como Cambio Radical, Partido Conservador y Centro Demoníaco apoyarán su candidatura presidencial, así como una parte importante del empresariado”.

Quedarán en entredicho las universidades privadas que decidan abrirle espacios académicos a quien no tiene y no tendrá jamás talante de académico. Barbosa no es connotado jurista y mucho menos un pensador universal. Eso sí, su incontrastable egocentrismo le dirá todo lo contrario, mientras se asoma al espejo y se acicala su patética alopecia.

@germanayalaosor

Imagen tomada de Infobae

SALVATORE MANCUSO: UN GENERAL DE FACTO

 

Por Germán Ayala Osorio

El aterrizaje de Mancuso en la JEP, forzoso jurídicamente para muchos por su condición de paramilitar, tienen a Uribe y a sus áulicos, incluidos los periodistas de La FM, rasgándose las vestiduras y arrastrando a exmilitares y militares al penoso escenario de reclamar respeto por la institucionalidad castrense, comprometida gravemente en los hechos criminales reconocidos por este confeso paramilitar, nacido en Montería (Córdoba).

El locutor, Luis Carlos Vélez, de La FM, en la mañana de hoy 4 de diciembre invitó al presidente de Acore, general (R), Guillermo León León, para que diera cuenta de su molestia con la decisión de la JEP de reconocer a “Mancuso como militar”. Los compañeros de la mesa de trabajo del señalado locutor (uribista hasta los tuétanos) ayudaron a la ambientación del rechazo institucional e individual por la decisión adoptada por el alto tribunal de paz.

Es tal la molestia en los círculos de poder cercanos al uribismo y otros al conservatismo, que sus voceros se atreven a hablar de “triquiñuelas” jurídicas de la JEP, por hacer aparecer a Mancuso como “agente estatal de facto” y como miembro “funcional y material del Ejército”.

La inclusión y aceptación de Mancuso en la Jurisdicción Especial para la Paz constituye un hecho jurídico-político de inocultable valía para el alto tribunal en su tarea de consolidar una verdad jurídica y señalar las responsabilidades penales de los actores armados, guerrillas y militares, comprometidos en la comisión de delitos de lesa humanidad. La presencia de Salvatore Mancuso Gómez en la JEP no se da tanto por su condición de paramilitar, pues para ello está el marco jurídico, Justicia y Paz, sino por haber servido de bisagra entre militares y los miembros de las AUC, en las tareas que empresarios y políticos les encomendaron: amedrentar, desplazar, asesinar y desaparecer campesinos incómodos para quitarles sus tierras; y las otras tareas que brotaron de los incentivos monetarios, bacanales, vacaciones y ascensos, entre otros, propios de la seguridad democrática, el decreto Boina y la Directriz 025 de 2009: asesinar jóvenes inermes para ser pasados como guerrilleros muertos en combate.

Claramente, Mancuso fungió como un comandante militar. Actuó como si tratara de un oficial al mando de tropa. No hay lugar a dudas en que este monteriano operó como un general o un coronel de la República de Colombia. Las actividades de coordinación logística, mando de tropa y entrega de resultados operacionales a los militares que le rendían pleitesía, hacen parte de las labores que realizan oficiales al momento de salir al monte a perseguir bandidos.

El ex comisionado de Paz, el conservador Camilo Gómez, aseguró a EL TIEMPO que “es un insulto a los militares honestos, que son miles más que los que cometieron delitos. Es un insulto también a la justicia ordinaria, bajo la que los tribunales de Justicia y Paz juzgaron a Mancuso y lo condenaron”.

El maridaje y el contubernio entre militares y paramilitares fue de tal dimensión, que los comandantes militares aceptaban pasar como propias tropas a los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Al patrullar juntos y entregar resultados operacionales para legalizar masacres de campesinos inocentes, la fusión entre ilegales y legales hizo desaparecer el honor y la mística militares. En esos momentos los militares dejaron de ser militares, para convertirse en bandidos. Así, no hay lugar a salir a defender el honor de unos hombres en armas, que asesinaron civiles de la mano de los paramilitares.

En la entrevista que el periodista Gonzalo Guillén le hizo al capitán (R) del Ejército, Adolfo Guevara Cantillo, miembro de las AUC, el ex oficial recuerda la conversación con el entonces general, Mario Montoya Uribe, también involucrado con la operación criminal de los paramilitares: “aquí estamos hablando entre bandidos, general. En este momento ni usted es general y yo no soy capitán”.

Los defensores de la institucionalidad castrense deberían de preocuparse más bien por la necesidad de cambiar la doctrina del enemigo interno, sacudir, limpiar y sacar a oficiales y suboficiales que piensen en seguir los pasos de quienes mancillaron en grado máximo el honor militar y el buen nombre del Ejército nacional.

Imagen tomada de Cuestión Pública

¿POR QUÉ NO HA SIDO POSIBLE ACABAR CON EL INPEC?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por la probada y asqueante corrupción al interior de las cárceles estatales en Colombia hace rato debió ordenarse la liquidación del INPEC. De la misma manera como el entonces presidente Juan Manuel Santos acabó con el DAS, por la demostrada penetración de los paramilitares durante el gobierno de Uribe Vélez, de la misma manera Gustavo Petro debería de una vez por todas acabar con esa institución carcelaria, responsable en gran medida de que los criminales presos tengan celulares, call center, armas y dinero para extorsionar desde sus celdas.

El sistema carcelario en Colombia deviene putrefacto y todos los gobiernos enfrentan semejante situación haciendo cambios cosméticos como nombrar nuevos directores y las acostumbradas redadas e  investigaciones disciplinarias y penales que se abren en contra de funcionarios que cumplen tareas al interior de las cárceles. Todas esas acciones en nada tocan el corazón del problema: la corrupción público-privada y la criminalidad organizada y callejera que logró capturar el sistema carcelario y la institucionalidad que se deriva de la operación del INPEC.

En 2023, el mismo instituto entregó estas cifras en su lucha contra la extorsión al interior de las cárceles: “Desde agosto del 2023, el Inpec lanzó este operativo para neutralizar a 30 delincuentes que se conocen como ´dinamizadores´ de la extorsión en Colombia, a pesar de que se encuentran privados de la libertad. El reporte del operativo dio cuenta que se realizaron 161 intervenciones, en las cuales se incautaron 1.240 celulares y 6.360 accesorios para celular en diferentes patios al interior de los establecimientos carcelarios… El informe asegura que durante el año 2023, se han llevado a cabo 5.459 investigaciones vigentes y un total de 3.889 funcionarios investigados a nivel nacional. Esto ha dado como resultado la sanción de 159 funcionarios y se han destituido 50. De igual manera, se han capturado 27 funcionarios durante el 2023”[1].

Desconozco a qué sector político, clan, o partido pertenece políticamente el INPEC y la USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios). Lo cierto es que urge ponerle coto a la corrupción al interior de las prisiones, lo que deriva en la necesidad de acabar con el INPEC y transformar todo el sistema carcelario, garantizando que jamás vuelva a estar sometida la institucionalidad penitenciaria a los intereses de bandas criminales, mafias políticas y paramilitares como viene sucediendo de tiempo atrás. 

En lo que toca a la corrupción de cuello blanco, hay que acabar con los tratos especiales que reciben políticos que son enviados a las prisiones sindicados o condenados por corrupción. Hay que acabar con privilegios. Los congresistas y demás políticos no merecen tratamientos diferenciados y mucho menos, que se les permita continuar manejando sus negociados cómodamente desde sus celdas-oficinas. 

Ojalá el presidente Petro decida meterle la mano al sistema carcelario no solo para dignificar la vida de los y las reclusas como lo viene haciendo hasta el momento a través de diversas acciones, sino para garantizar que los criminales que los jueces envían a las prisiones no sigan manejando sus estructuras delincuenciales y sus negocios desde la comodidad de sus celdas, convertidas en cuarteles generales del mal.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.com 

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[1] Tomado de https://www.radionacional.co/actualidad/cuantos-funcionarios-del-inpec-estan-investigados

 

EL VERGONZOSO LLAMADO A JUICIO A UN EXPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Eran de esperarse las reacciones que en defensa de Álvaro Uribe Vélez exhibieron sus áulicos y compañeros de bancada, incluso, las de la exvicepresidenta, Martha Lucía Ramírez y el expresidente y ex títere, Iván Duque Márquez. El llamado a juicio de su líder político y espiritual los tomó por sorpresa por cuanto creyeron que la práctica inmoral y jurídicamente temeraria de solicitar la preclusión del proceso penal al que está vinculado el expresidente y expresidiario iba a continuar con la nueva fiscal general, por tratarse de Álvaro Uribe Vélez, el “Gran Colombiano”, el “eximio Patriota” y el “presidente eterno”.

En la narrativa uribista, el escrito de acusación con el que será llevado a juicio el político antioqueño aparecen conceptos como “honorabilidad”, “retaliación” y “persecución política”. Los tres vocablos, asociados al ámbito de lo personal y alejados de las implicaciones morales, éticas e institucionales ancoradas a una vergonzosa realidad: el llamado a juicio por delitos penales a un expresidente de la República. Este asunto no es menor, por el contrario, es de lo más grave, por todo lo que atañe a esa figura de poder.

Incapaces de separar el ámbito afectivo, emocional y personal, del institucional, el relato de la derecha uribizada apela a las lealtades políticas para descalificar la actuación de la justicia ordinaria, defendida a dentelladas cuando dos operadores judiciales de la Fiscalía de Barbosa y el Tribunal Superior de Bogotá solicitaron la preclusión del proceso penal por manipulación de testigos y fraude procesal. La gravedad de estos delitos aumenta exponencialmente porque se trata de un expresidente de la República, condición esta que no puede soslayarse porque está de por medio la figura política que encarna Uribe Vélez.

Desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, ese sector de poder político ha insistido en que varias de las decisiones adoptadas por el jefe del Estado debilitan las instituciones y la institucionalidad. La opinión pública tiende a creer que se está ante un genuino llamado a respetar las instituciones, la separación de poderes, la democracia y otros conceptos manoseados por una narrativa uribista que reduce el sentido de dichos vocablos, a la imagen “impoluta” del político nacido en Salgar (Antioquia).

No sorprende que varios periodistas uribistas, directores de medios e informativos, se plieguen al sentido de esa narrativa, con el firme propósito de evitar referirse a lo que realmente importa: que un expresidente de la República sea llamado a juicio por delitos penales. Aquí no importa la disruptiva y cuestionada figura de Uribe Vélez, lo que realmente debería de lamentarse es que un exjefe del Estado será juzgado por delitos alejados de su ejercicio político.

Un presidente o expresidente de la República procesado por delitos penales, deshonra la figura presidencial, hasta ponerla al mismo nivel de cualquier banda de forajidos que a diario cometen los delitos por los cuales está imputado Uribe y deberá responder en juicio, a partir del mes de mayo. Reducir esa nefasta realidad a los intereses individuales y a la polémica figura del político paisa solo sirve para ver la baja temperatura ética y moral de quienes defienden a quien desde la Casa de Nariño y durante 8 años, hizo todo para reducir la institucionalidad estatal a sus innobles propósitos.

El enjuiciamiento del exjefe del Estado por delitos penales también dice mucho de sus electores, en especial de aquellos que, a sabiendas o no de los cuestionamientos morales y éticos que arrastra Uribe desde su paso por la dirección de la Aerocivil, la gobernación de Antioquia y el Congreso de la República, lo acogieron como un líder a seguir.

El editorial del diario El Espectador confronta la narrativa que defiende a Uribe, la misma que intenta arrasar o horadar la majestad de la justicia, por el solo hecho de que sus decisiones no las comparten por el simple hecho de que no favorecen los intereses de su líder espiritual y político.

“Lo único que hemos solicitado es respeto a las instituciones y coherencia en el actuar de las autoridades. Las pruebas del expediente merecen ser evaluadas en un juicio, sea cual fuere su resultado. Esperamos que eso sea lo que sigue en este caso”, señala el editorial del diario bogotano.

Ojalá su defensa no incurra en mañas y artilugios con el fin de dilatar en el tiempo el juicio, buscando que los delitos prescriban. Del mismo exjefe de Estado se espera una actitud propia de la dignidad que ostenta, es decir, que afronte con gallardía y honor. Los tiempos en los que iba lustrarse los zapatos, antes de afrontar el llamado de los jueces, ya pasó. ¿Será Uribe capaz de comportarse en el ocaso de su cuestionada y azarosa vida, como un verdadero exjefe de Estado? Tengo mis dudas.

Imagen tomada de Youtube. com

LA PROCURADURÍA PASARÍA A MANOS DE GERMÁN VARGAS LLERAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Está por terminar el dañino periodo de la actual procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, conocida como la CHARina del Ministerio Público por ser ficha sumisa del clan Char. Durante cuatro años la señora Cabello defendió los intereses de sus patrones, así como los del uribismo e incluso, los del ladino Germán Vargas Lleras, dueño de Cambio Radical, microempresa electoral reconocida porque varios de sus miembros han sido procesados y condenados por actos de corrupción. 

La elección de su sucesor obedece y da cuenta del perverso diseño constitucional que hace posible que para este caso metan las manos los magistrados del Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. De la elección de la terna que finalmente llegará al Senado para que esta corporación elija al sucesor de Cabello Blanco participa el presidente de la República, quien deberá en pocos días exponer su candidato. Ya el jefe del Estado sabe que por dos años más el Ministerio Público estará en manos de los sectores de poder que le hacen oposición.

Se da por descontado que el Senado escogerá a una de las dos fichas que Germán Vargas Lleras logró poner en las dos cortes. Se trata de los políticos Luis Felipe Henao y Germán Varón Cotrino amigos íntimos del exvicepresidente de Santos. Vargas Lleras gana con cara o con sello. Más claro: el control presupuestal y clientelar de la Procuraduría General de la Nación pasa del control efectivo del clan Char, a las manos también clientelistas de Germán Vargas Lleras, eterno candidato presidencial y vetusto delfín, hijo de la rancia y parásita oligarquía bogotana.

Hechos políticos vergonzantes como el señalado líneas atrás constituyen una burla y una afrenta a los procesos selectivos que, fundados en la meritocracia, hacen pensar en que es posible que a esos cargos lleguen los mejores formados académicamente y no figuritas políticas cuyo único mérito es ser amigos de un político como Vargas Lleras.

La derecha suele rasgarse las vestiduras exigiendo respeto por las instituciones y la institucionalidad derivada. De qué institucionalidad hablan si esta es el resultado de mangualas y matutes clientelistas de los que participan togados y partidos políticos, convertidos estos últimos en bolsas de empleo y contratación pública con los que se pagan favores y apoyos políticos recibidos en las campañas.

Llama la atención los estruendosos silencios de la clase empresarial y de la academia frente a este tipo de elecciones a todas luces contaminadas de intereses politiqueros. Esa realidad institucional hace pensar en que naturalizamos en Colombia el clientelismo y por esa vía, el ethos mafioso que rodea el ejercicio de la política.

La elección amañada del jefe del Ministerio Público constituye una forma de violencia institucional, social y política contra aquellos candidatos que, con méritos académicos suficientes, presentaron sus hojas de vida, con publicaciones y un ejercicio profesional sin tacha. Insisto en que este proceso de elección del remplazo de la inefable Cabello Blanco da asco. Si al final Vargas Lleras logra poner a uno de sus dos muñecos en la Procuraduría, podemos confirmar que se volverá a la lanzar en el 2026, para ver si logra cumplir su sueño de llegar a la Casa de Nariño. Y es así porque podrá usar la estructura del ente de control para devolver favores a quienes decidan acompañarlo en su nueva aventura por conquistar la presidencia de la República.

Adenda: Germán Varón Cotrino dice que “no tiene relaciones con Vargas Lleras”. Miente. De esa manera, Varón Cotrino se burla del país. El entonces presidente Álvaro Uribe lo llamó “manzanillo de cuello perfumado”. En el 2009, La Silla Vacía escribió esto: “Ayer a las siete de la noche se reunieron en Casa de Nariño el presidente Álvaro Uribe y el congresista con más opción de enredar el referendo: Germán Varón Cotrino, presidente de la Cámara y mano derecha de Vargas Lleras”.

vargas lleras y varón cotrino - Búsqueda Imágenes (bing.com)

PAGAR POR NO MATAR

Por Germán Ayala Osorio

En medio de las sempiternas crisis humanitarias que soporta el puerto de Buenaventura, el presidente Petro anunció la creación de un programa social que preliminarmente el propio mandatario bautizó con la polémica frase Pagar por no matar.

De inmediato, sus opositores en la prensa entraron a cuestionar la frase y los alcances de la propuesta. Más allá de los onerosos costos económicos de un programa que beneficiaría a más de 1.000 jóvenes que ya hacen parte de estructuras delincuenciales o que están en riesgo de llegar a entrar en estas, hay asuntos que se deben revisar con extremo cuidado.

El primero y quizás el más importante tiene que ver con una tarea pendiente que tiene el Estado: asegurar para sí, el monopolio de las armas, esto es, que las armas estén en manos exclusivamente en las fuerzas armadas y no como sucede en Buenaventura y en otras partes del país, en manos de pandillas, grupos armados organizados y estructuras sicariales y narco-paramilitares.

Si las autoridades no logran romper las cadenas de distribución de las armas y las municiones, ese programa social encaminado a salvar a estos jóvenes de pertenecer a dichas estructuras criminales fracasará con rotundo éxito. Para lograrlo, hay que sacar de las filas a quienes desde la institucionalidad facilitan la compra y venta de armas y pertrechos para las guerras urbanas que se dan en Cali, Medellín, Bogotá y Buenaventura, entre otros territorios. En eso, todos los gobiernos fracasaron.

El segundo asunto tiene que ver con la comprensión del tipo de masculinidades que allí confluyen. No se trata exclusivamente de ofrecerles estudios en el SENA a unos muchachos que, justamente, desertaron del sistema educativo porque estudiar no es una opción de vida atractiva. Quizás lo más conveniente sea ofrecerles trabajo como “policías comunitarios”, figura a crearse en la que estos muchachos, enamorados de las armas y del poder que encarna patrullar las calles con uniformes, encuentren el espacio en donde tramitar las presiones, angustias e ideas que concurren en eso de ser hombre en sectores marginados, empobrecidos y en núcleos familiares disonantes y en evidente crisis éticas y morales por la inexistencia de una formación estructurada en esos ámbitos.

Tener dinero, poder y armas son elementos que seducen a estos jóvenes cargados de testosterona. Hay que encontrar, dentro de la legalidad, qué los seduce, para que este programa y otros que se diseñen, no fracasen por la deserción o el incumplimiento de las expectativas generadas.

Un tercer elemento tiene que ver con los referentes con los que estos jóvenes se identifican, en una ciudad puerto consumida por la corrupción, la desidia estatal y un evidente racismo estructural que ralentiza o impide incluso las esperadas intervenciones que debieron producirse desde los Estados nacional, regional y local. Construir ciudadanía y Estado es la tarea primordial, que irá de la mano de la entrega de los subsidios, ayudas o como se quiera llamar.

En el fondo, lo que se vive en Buenaventura es una crisis civilizatoria que se conecta muy bien con el modelo de desarrollo imperante, ancorado como ningún otro, a un racismo que se manifiesta desde la propia institucionalidad estatal y un desprecio por la vida de los demás, incluido por supuesto, el desprecio por los ecosistemas naturales que rodean al puerto, sometidos de tiempo atrás a una intervención insostenible ecológica, ambiental y cultural.

Pagar por no matar puede sonar mal en un país en el que hay cientos de miles de jóvenes que jamás empuñaron un arma y que siguen esperando una ayuda del Estado. Pero, contextualmente y de acuerdo con la crisis civilizatoria que se expresa en Buenaventura, se trata de una iniciativa bienintencionada que necesita estructurarse bien para que no fracase.  Bastaría que los clanes políticos dejarán de robarse los recursos públicos, para hacer sostenible y legítima la entrega de ayudas en programas sociales como el que puede salir de la propuesta Pagar por no matar.

Imagen tomada de El Colombiano

ÁLVARO HERNÁN PRADA: LA “JOYITA” QUE INVESTIGA A PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Álvaro Hernán Prada Artunduaga es uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que está al frente de la investigación por la posible violación de topes en la campaña Petro presidente.

Más allá de si el fuero presidencial fue o no tocado, como asegura Petro por el Consejo de Estado al momento de zanjar las dudas acerca de las competencias y alcances del CNE, la presencia de Prada vicia el proceso por dos elementos que jurídica y políticamente deberían de servir para que el consejero de la autoridad electoral abandone dicha tarea de juzgamiento.

El primer elemento es la evidente animadversión hacia el presidente Petro del exrepresentante y mandadero de Uribe, quien hace rato debió declararse impedido; y el segundo, su condición sub judice, por cuanta de su llamado a juicio que ya le hizo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el caso de manipulación y soborno a testigos de los que también hacen parte el aboganster Diego Cadena y el expresidente antioqueño, estos últimos en etapa de preparación de juicio.

Claramente Prada no actúa con el interés genuino de encontrar la verdad en torno a los recursos allegados a la campaña presidencial. Su único interés es golpear al gobierno, mancillar la dignidad presidencial y debilitar el fuero que protege al presidente de la República.

Justamente, la presencia de Prada bajo esas circunstancias ético-políticas y jurídicas le restan credibilidad a lo actuado hasta el momento por el CNE, entidad que responde a las lógicas siempre enrarecidas de los partidos políticos. Por ser una entidad política y no técnica, agentes como Álvaro Hernán Prada terminan por ensuciar la ya guarrada historia del ente electoral.

Tanto que el uribismo habla de respetar la institucionalidad, y lo primero que hizo Uribe cuando cobardemente Prada renunció a su curul en la Cámara de Representante fue regalarle a Prada un asiento en el CNE, para frenar la acción de la Sala de Instrucción de la CSJ que ya lo investigaba y que luego lo llamó a juicio. La llegada del exrepresentante a la máxima autoridad electoral constituye una burla a la justicia y la confirmación de que en Colombia todo proceso legal se puede torcer, dilatar y ralentizar hasta que se venzan los términos.

Actuaciones como las de Prada y los partidos políticos que apoyan su iniciativa de afectar al gobierno Petro confirman que el sistema político e incluso los propios pesos y contrapesos de la democracia, amparados por la Constitución de 1991, devienen ajustados a las lógicas partidistas, lo que permite abrir espacio a arreglos y transacciones subrepticias que terminan siendo una guasa a la justicia y a la institucionalidad.

El presidente Petro en lugar de insistir en la narrativa del "golpe de Estado" que según él se estaría fraguando desde el CNE, debería de insistir en la condición judicial que arrastra Prada y su filiación al uribismo. 

CARLOS HERNAN PRADA A JUICIO - Búsqueda Imágenes (bing.com)

DOS “VAGABUNDOS” DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL QUIEREN “PROCESAR” A PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En tono celebrativo, los medios y periodistas que le hacen oposición política al gobierno de Gustavo Petro informaron de la decisión tomada por dos consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) consistente en presentar ponencia positiva con la que se abriría investigación en contra de la campaña Petro presidente y el propio presidente de la República por la violación de los topes establecidos para recibir aportes a la pasada campaña electoral de 2022. Se trata del político uribista, Álvaro Hernán Prada, reconocido por ser enemigo del presidente Petro y ficha del expresidente Álvaro Uribe Vélez, también declarado enemigo del jefe del Estado. El otro consejero que firma la ponencia es Benjamín Ortiz.

Del CNE hay que señalar que es una entidad eminentemente política y que los consejeros emiten conceptos políticos cargados de lecturas amañadas y no jurídicos, basados en la ley penal. Aunque la ponencia deberá discutirse al interior de la cuestionada entidad, el sentido del fallo molestó al jefe del Estado, a pesar de saber el presidente que el CNE no tiene la competencia legal para investigarlo y mucho menos para solicitar sanciones de tipo penal o administrativo.  

Petro los llamó “vagabundos”, reconociéndoles de alguna manera, competencia para investigarlo e incluso, para sacarlo de la Casa de Nariño, cuando no es así. “El presidente tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos de la politiquería así lo quieren”, dijo el jefe del Estado. De inmediato, el mandatario calificó la decisión de los consejeros como parte del golpe blando que el régimen uribizado le quiere dar desde el 7 de agostos de 2022.

La emoción del hecho político embargó de felicidad a los periodistas que dijeron que la investigación que se ordenaría, de aprobarse dicha ponencia en la plenaria del CNE, era contra el presidente de la República, cuando esa institución, como ya se dijo, no es competente para investigar al jefe del Estado. Para esos menesteres está la inocua Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a donde finalmente deberá ir la cuestionada decisión de los dos consejeros, de llegarse a aprobar.

Más allá de la sinuosa la decisión política es importante visibilizar un hecho jurídico-político, moral y ético que le restaría legitimidad social y política a la decisión y proposición de uno de los consejeros- no son magistrados- el anodino uribista, Álvaro Hernán Prada: el excongresista está en una condición sub júdice, porque está vinculado a un proceso penal por soborno a testigos y el 15 de mayo afrontará la primera sesión del juicio al que lo llamó la Corte Suprema de Justicia. Es decir, antes de que se inicie el juicio, Prada firma una ponencia viciada, impúdica y a todas luces ilegítima por venir de un consejero que, de acuerdo con el material probatorio que circula en las redes y medios de comunicación, participó, junto a Uribe y Cadena, de la comisión de los graves delitos de soborno a testigos. 

Entonces, en este punto salen los defensores a ultranza de la "presunción de inocencia" para intentar quitarle al nombramiento de Prada en el CNE ese carácter burlesco con el cual el uribismo siempre miró a la justicia que los investiga y procesa.  

La condición sub júdice que pesa sobre el excongresista vicia política, moral y éticamente cualquier actuación que en el marco de su ejercicio como consejero pueda tomar. Y en particular cuando el país sabe que Prada es un simple mandadero del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El lío judicial en el que está Prada es el mismo en el que están el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez y el aboganster de este último, Diego Cadena, quien ya está afrontando un juicio por fraude procesal y soborno a testigos. Como el país sabe, el juicio contra el caballista y latifundista antioqueño empezará el 17 de mayo.

En el ejercicio de la democracia y más dentro de un sistema presidencialista como el nuestro, opera un sistema de pesos y contrapesos que, con la máxima legitimidad social y política de sus instituciones, controla al jefe del Estado para que este no termine, con sus decisiones y actuaciones, sometiendo a los otros dos poderes públicos.  Lo curioso es que el CNE viene operando como una perversa entidad de contrapeso al poder político y administrativo de los presidentes de la República, cuando un sector poderoso siente afectados sus intereses clientelistas o reducidas las cuotas burocráticas que solía recibir en el marco de los siempre cuestionados “acuerdos programáticos y políticos” entre quienes ganan las elecciones y los perdedores.

La derecha uribizada sostiene de tiempo atrás que defiende a dentelladas las instituciones y la institucionalidad derivada de la operación diaria de aquellas. Con el caso de Prada convendría tener algo de coherencia política al momento de poner en instituciones como el CNE a excongresistas que han violado la ley y están adportas de enfrentar un juicio. Eso es vergonzoso y le resta legitimidad a la entidad electoral, que no es más que un reducto burocrático con el que se pagan favores políticos. Prada fue premiado por Uribe Vélez entregándole un puesto en el CNE, por haberlo acompañado en las actividades aquellas por las que ambos están llamados a juicio. 

Ahora se entiende qué significa cuando la derecha uribizada dice "defender la institucionalidad". Lo que realmente defienden sus militantes es el derecho a burlarse de los jueces y a reducir la operación de las instituciones a sus siempre mezquinos intereses políticos y económicos. 

Adenda: la reacción del presidente Petro en contra de la decisión de los dos consejeros se comprende por el asedio del que es víctima su gobierno y él mismo como persona, de parte del régimen uribizado. Lo están acorralando para hacerlo aparecer como un déspota que desconoce los pesos y contra pesos de la democracia, así estos devengan contaminados de intereses politiqueros como es el caso de la operación del CNE. El jefe del Estado debe calmarse. De ser acogida la ponencia liderada por el inefable Álvaro Hernán Prada, esta irá a la también cuestionada e inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. 

EL RELATO CON EL QUE URIBE CONFRONTA AL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD (I)

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Circula ya la narrativa del Centro Democrático, o mejor, la versión de Álvaro Uribe Vélez, con la que responden al relato que la Comisión de la Verdad le entregó al país, como resultado de su tarea de aportar al esclarecimiento de lo sucedido en Colombia durante los más de 50 años de conflicto armado interno. Se trata, sin duda, de un relato construido desde la resistencia al proceso de paz de La Habana, con la intención de deslegitimar el trabajo que orientó el padre Francisco de Roux.

Citaré apartes del documento con el que el uribismo insiste en su pretensión de imponer su visión amañada de la historia política del país, instalados en la negación del conflicto armado, lo que de muchas maneras explica el sentido del texto al que titularon ¿Cuál Verdad?

En la presentación, a cargo del expresidente Álvaro Uribe Vélez,  justifican la aparición del documento por la “osadía de la Comisión de la Verdad de faltar a la verdad en muchos casos”. Juzgar a la Comisión de la Verdad como temeraria solo se explica por quien durante sus años como presidente de la República actuó siempre en función de desconocer la institucionalidad oficial, en arreglo a sus formas tradicionales (informales) de ejercer el poder: por debajo de la mesa, y haciendo acuerdos muy propio de acuerdos entre amigos, capos o líderes de organizaciones al margen de la ley. Que un expresidente trate de deslegitimar a una entidad estatal no deja de ser paradójico, pero explicable por el talante informal de quien manejó los asuntos del Estado durante ocho años, como si se tratara de la compra y venta de ganado o de caballos de paso fino.

“Debe recordarse que la Comisión de la Verdad nació del anti democrático procedimiento de enmendar un plebiscito con una proposición del Congreso. Esto es, el pronunciamiento popular que dijo No al Plebiscito sobre el acuerdo de La Habana fue desconocido por el Gobierno de la época…”

Insiste el 1087985 en que les “robaron el resultado del plebiscito”. Y al hacerlo, guarda silencio sobre dos aspectos claves: el primero, que el jefe de Estado, en este caso, Juan Manuel Santos Calderón, tenía la responsabilidad social y política, así como el respaldo institucional y constitucional para sacar adelante el proceso de paz y la consabida legitimación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la insurgencia de las Farc-Ep.

Hay que decir que Santos pretendió enterrar al uribismo con el plebiscito, apuesta que le salió mal y afectó la legitimidad del acuerdo de paz alcanzado en Cuba. El segundo aspecto sobre el que guarda silencio Uribe Vélez es la engañosa y mentirosa campaña del No, con la que buscaron “sacar verraca a la gente a votar”, lo que claramente constituyó un juego sucio y poco democrático. Él mismo, apenas se hicieron públicas las confesiones de Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del No, salió a decir: “hay que cuidar las comunicaciones”. Es decir, la campaña sucia fue una decisión del partido (bueno, realmente es una secta-partido).

Miente el expresidente antioqueño al decir que el texto firmado en La Habana sufrió cambios “superficiales”. No. En materia del comparecimiento  ante la JEP, de terceros civiles que hubiesen patrocinado estructuras paramilitares, después del resultado del plebiscito, el gobierno y las Farc-Ep aceptaron quitar la obligatoriedad, y dejar la presentación voluntaria de esos particulares o terceros civiles que auparon y apoyaron económica y políticamente la operación de las AUC. Eso es un cambio sustancial a lo acordado inicialmente.

Otra de las molestias que no supera el latifundista y caballista - Santos lo llamó rufián de esquina- tiene que ver con la elegibilidad política. Si bien Santos negó ante los medios de comunicación que se fuera a dar esa posibilidad, al final la entrega de las 10 curules se dio. Y ello se explica por el origen político de la confrontación armada, lo que supone una solución que tocara en algo las co-relaciones de fuerza al interior del régimen de poder y ello medio se logró con la llegada al Congreso de los excombatientes.

En su diatriba contra el texto de la Comisión de la Verdad, el Gran Imputado recuerda que hay disidencias de las antiguas Farc-Ep. Al respecto, dice:  “Continúan delinquiendo estructuras que se hacen llamar disidencias, varios jefes guerrilleros, que firmaron el Acuerdo de Paz, retornaron a la lucha armada en nombre de una segunda Marquetalia alegando un supuesto incumplimiento cuando en realidad huían de acusaciones de complots de narcotráfico”.

En este pasaje, Uribe desestima lo ocurrido con el entrampamiento que la DEA y la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez le pusieron a Jesús Santrich, para llevarlo en extradición hacia los Estados Unidos. En declaraciones públicas, alias Iván Márquez se escondió en la selva porque temía por acciones similares que se estarían preparando en su contra. De igual manera, calla sobre las acciones adelantadas por Iván Duque Márquez, para ralentizar y hacer trizas la paz, lo que justificó la aparición de las disidencias.

 En el documento, el Gran Capataz de Colombia expone la ojeriza ideológica que profesa hacia todos los que no piensen como él. Dice el vulgar caballista que “sin faltar al respeto de sus integrantes, es notoria la inclinación ideológica de los miembros de la Comisión de la Verdad con excepción del exmilitar, Mayor Carlos Ospina, persona ecuánime cuyas apreciaciones fueron desconocidas”

Con esta velada descalificación, Uribe Vélez insiste en reconocer a los demás bajo la relación Amigo-Enemigo, con la que se proscribe cualquier posibilidad de encuentro dialógico, en el que triunfe el mejor argumento. Por el contrario, al no existir argumentos válidos para erosionar la consistencia de ese otro que lo interpela, es preferible atacarlo y la mejor forma de hacerlo es decir que es de “izquierda”, es decir,  amigo de los terroristas y enemigo del país. Uribe sigo atado a esa perversa relación, que se explica con la frase, “el que no está conmigo, está contra mí”. Ya Estanislao Zuleta había hecho referencia al asunto.

Termino con esta cita: “lo que no analiza la Comisión de la Verdad es que el Acuerdo de La Habana puso a nuestras Fuerzas Armadas democráticas de igual a igual con quienes cometían actos terroristas, pero finalmente quedaron en desventaja. Digo lo anterior porque a ambos se les exige reconocer delitos para estar en libertad o para tener sanciones alternativas y simbólicas. Sin embargo, para el integrante de las Farc reconocer un delito es aceptar lo que era su deber ser, para el miembro de las Fuerzas Armadas aceptar un delito es confesar que violó la ley, que actuó en contra de su deber ser”. Y esto es muy grave para nuestra democracia porque al miembro de las Fuerzas Armadas le duele perder su libertad y su familia lo quiere en casa, para lo cual un posible ignominioso camino es aceptar el delito así no lo hubiera cometido”.

 Vuelve al exmandatario a insistir en la idea de que el Estado no operó como un actor armado y político dentro del conflicto armado interno. Se equivoca Uribe: el Estado, a través de sus fuerzas armadas, participó de las hostilidades y violó los derechos humanos y el DIH. Es comprensible la postura del 1087985 por cuanto él es responsable, políticamente, de las 6402 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los militares que estuvieron bajo su mando. Es claro que violaron la ley. En su lastimera lectura, olvida reconocer que cientos de militares condenados a 30 o más años por delitos de lesa humanidad, hoy gozan de libertad y están con sus familias, gracias a los beneficios que les otorga la JEP en su condición de comparecientes.

El texto en cuestión tiene 272 páginas. Seguiré en este ejercicio de confrontación de lo  expuesto por Uribe Vélez, pues su verdad está llena de mentiras y de verdades a medias que deben ser cotejadas con hechos  y circunstancias que el uribismo quiere desconocer y ocultar.

Imagen tomada de Semana.com