Por Germán Ayala Osorio
Al uribismo le parece exagerado e incluso irresponsable la decisión del presidente de la República de expulsar a los pocos funcionarios de la delegación diplomática israelita que quedaban en Colombia por el secuestro de dos colombianas por parte del Ejército sionista de Netanyahu. Manuela Bedoya y Luna Barreto son las connacionales arrestadas por tropas de Israel que interceptaron la embarcación con la que se acercaron a la franja de Gaza con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a los palestinos que mueren de hambre y sed.
Detrás de la decisión de Petro se advierte una concepción del Estado que supera la noción que de este tiene el uribismo y que deviene atada ética, política y moralmente al servilismo y a la subordinación a potencias como Israel y Estados Unidos con las que hay históricas relaciones diplomáticas y de cooperación en ámbitos de la seguridad nacional y el negocio de las armas. Durante los 20 años de gobiernos uribistas la indignidad y la obsecuencia caracterizaron a los presidentes Uribe, Santos y Duque, incapaces de asumir posturas en nombre de la humanidad, el respeto a la autonomía de los pueblos y el reconocimiento del derecho internacional humanitario. El desprecio por sus connacionales es una característica de todos aquellos que hacen parte de las mesnadas uribizadas.
Salir en defensa de Bedoya y Luna tal y como lo hizo el presidente Petro constituye una acción política coherente con los principios y las maneras como el jefe del Estado colombiano asume las relaciones entre las naciones, pero en particular con su vehemente rechazo a las prácticas genocidas que vienen ejecutando Trump y Netanyahu en contra del pueblo palestino al que quieren borrar de la faz de la tierra para iniciar un ya bien pensado proceso de gentrificación urbana en la franja de Gaza.
Al operar Israel como un Estado terrorista y genocida, la decisión política y diplomática de Petro es legítima y ejemplarizante para los gobernantes de países del sur global que asumen la indignidad y la condescendencia con potencias que violan el DIH y los Derechos Humanos como una especie de estado natural.
Negarse a recibir encadenados a los inmigrantes colombianos expulsados por Trump, el haber exigido a Maduro la liberación de por lo menos 38 connacionales y defender los derechos de todos los civiles que hacen parte de la flotilla humanitaria que viaja hacia Gaza y rechazar los asedios y las capturas de las dos colombianas hacen parte del reportorio ético del primer presidente colombiano que de manera decidida le viene hablando a la ONU y al mundo de cambio climático y de la necesidad de revisar las relaciones de dominación de un Norte opulento, sanguinario y violento, sobre un Sur global que le apuesta a cuidar las selvas a pesar de un desarrollo económico insostenible desde una perspectiva sistémica.
Para los uribistas resulta irresponsable y exagerado que el presidente de Colombia salga a defender a dos mujeres que nadie conoce y que no tendrían razón alguna de estar llevando ayuda humanitaria a los palestinos. Si durante 20 años desde esas huestes jamás se defendieron los derechos de los connacionales que viven en Colombia, qué les va a importar la vida de dos jovencitas que se atrevieron a desafiar los crueles miembros del ejército de Israel.
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