EL CASO MATAMBA PODRÍA ENSUCIAR AL GENERAL ZAPATEIRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Desde ayer circula un audio en Twitter en el que el narco-chofer de la UNP (Unidad Nacional de Protección), Manuel Antonio Castañeda señala que  que el general Zapateiro habría entregado armas a alias Matamba, para que se defendiera de quienes buscaban asesinarlo para callarlo, quizás los mismos que participaron de su fuga-extracción de la cárcel. De resultar cierta la connivencia altos oficiales del Ejército y la Policía con actividades criminales adelantadas por miembros del Clan del Golfo, estamos ante la confirmación de lo que en otras oportunidades he señalado: en Colombia opera un “doble” Estado.

O mejor, hay un Estado visible al que se accede cotidianamente a través de las instituciones desplegadas en los territorios a los que llega ese Estado legalmente constituido; y subsiste, de manera paralela, un Estado Invisible, que daría cuenta de actividades ilegales, pero legítimas en zonas del país en las que los procesos civilizatorios devienen mutilados o fallidos. El Clan del Golfo, por ejemplo, opera en territorios en donde la barbarie impera gracias al apoyo de altos oficiales del Ejército y de la Policía, en coordinación con políticos que son socios de negocios como el narcotráfico, la comercialización de armas y la concentración de la tierra arrebatada a campesinos por los narco-paramilitares del Clan del Golfo.

No habrá paz en Colombia mientras que dentro de las instituciones castrenses haya oficiales de alta graduación inmersos en actividades criminales. Desmontar ese “doble” Estado será un imposible mientras haya una Fiscalía permeada por intereses mafiosos y politiqueros. El gobierno del presidente Petro debe convocar cuanto antes la comisión internacional que prometió en campaña, con la que se investigarían los casos más sonados de corrupción público-privada como Reficar, Odebrecht y las relaciones mafiosas entre el Clan del Golfo y políticos y militares.

Hacerlo antes de que se vaya el actual fiscal general bien podría servir para que los magistrados de la Corte Suprema que escogerán el remplazo del inefable y fatuo fiscal general, Francisco Barbosa, entiendan que no pueden volverse a equivocar. El país necesita de un fiscal que conozca el tema penal y que esté alejado de las intrigas del poder político; además, que no sea cercano o cercana al uribismo. Y que tampoco sea un entrañable amigo del actual presidente de la República.

Nadie puede negar que el más grande problema del país es la corrupción público-privada. La narrativa que señala que hay un ethos mafioso que guía las vidas de millones de colombianos se consolida y naturaliza, lo que hace prácticamente imposible acabar con la corrupción.

Los diversos carteles de la corrupción que el país conoce, como los de la Toga, de la Contratación en Bogotá y otras ciudades capitales y el de la hemofilia, entre otros, dan cuenta de la dimensión de lo que estamos hablando. Estamos ante una verdadera descomposición moral y ética, pero quizás la corrupción más preocupante e insultante es que la se viene conociendo a cuentagotas, al interior de las fuerzas armadas. Y es así por dos razones: se compromete la seguridad nacional y se afecta la confianza de los ciudadanos en el Estado.

En su calidad de candidato presidencial, Gustavo Petro señaló que “mientras los soldados son asesinados por el clan del golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales.” El entonces general Eduardo Enrique Zapateiro Altamirano se sintió aludido y contestó: “A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido”, recordando el magro episodio del video en el que aparece Petro recibiendo dinero en una bolsa de papel. Huelga recordar que la Corte Suprema investigó esos hechos y no encontró mérito jurídico para investigar a Gustavo Petro.

De probarse la connivencia de altos oficiales de la policía y el Ejército con el Clan del Golfo, lo primero que debe proscribirse es el grito de ¡Ajúa!, puesto que los conceptos a los que hace referencia la expresión (Arrojo, Justicia, Unión, Abnegación) se habrían vaciado de sentido.

Adenda: hay soles que brillan más por efecto del brilla metal, que por el honor y la gallardía de quien los lleva en las charreteras.

Imagen tomada de las 2 orillas. 

LA GUERRA Y LOS MERCENARIOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La guerra es un gran negocio. Vil, pero, al fin y al cabo, negocio. El pago a mercenarios extranjeros hace parte de las dinámicas de la lucrativa actividad económica, protegida por el orden internacional en el que se validan y aúpan las guerras internacionales y los conflictos armados internos, como el que soporta el país desde hace más de 50 años.  

Colombia “exporta” de tiempo atrás mercenarios que ofrecen su experiencia en las fuerzas armadas, a cambio de pagos en dólares. Se habla de la presencia de mercenarios colombianos en el conflicto bélico Ucrania-Rusia, cuya duración no depende exclusivamente de los juegos tácticos y de los triunfos parciales de las fuerzas que combaten, sino de los mezquinos intereses que rodean a las empresas fabricantes de armas y pertrechos y a las que contratan a los mercenarios. Y claro, al juego político-militar de la OTAN, de Rusia, de los Estados Unidos, de Europa y de la propia China.

Hay que recordar a los mercenarios colombianos que participaron del crimen del presidente de Haití, Jovenel Moise. Aunque la aplicación de dicha categoría resulta problemática porque en ese país, en el momento de los hechos, no existía un conflicto armado interno, llamarlos así puede resultar equivocado. Las circunstancias que rodearon la contratación de los nacionales en los hechos que terminaron con el asesinato del presidente haitiano no son claras, pero comparte con la situación de los colombianos que viajaron a Ucrania o de otros que en el pasado participaron en otras guerras, el pago de una recompensa. Nuevamente, el asqueroso negocio y el sucio dinero que se deriva de la degradante actividad humana.

Quienes deciden viajar en calidad de mercenarios y defender una determinada causa, suelen llamarlos legionarios, categoría que sirve de mascarada para minimizar el rechazo que genera el término mercenario. En una rápida búsqueda en internet, el significado de la palabra mercenario refiere a “soldado que lucha a cambio de dinero o de un favor y sin motivaciones ideológicas”. En las mismas condiciones, busqué en la red y del término legionario se lee esta definición: “Soldado que servía o sirve en una legión militar. "se trataba de una misión solo para especialistas, por lo cual solo se enviaron legionarios y paracaidistas".

No se necesita mayor análisis para comprender que quienes se enlistan para posiblemente morir o desaparecer en guerras y conflictos ajenos a la perspectiva patriótica atada al lugar de origen, lo hacen a cambio de una compensación económica, en mayoría de las veces, por la necesidad de mejorar sus ingresos y la calidad de vida de sus familias.

Maquiavelo, en su obra, El Príncipe, advierte a la Italia de la época que “si un príncipe basa la defensa de su Estado en mercenarios, nunca alcanzará la estabilidad o la seguridad”.

Eso sí, tan equivocados los mercenarios aquellos que van a una guerra solo pensando en recibir un pago, como aquellos guerreros que hacen lo mismo creyendo que están defendiendo una causa política, una ideología, una patria, nación o territorio, cuando todas esas categorías y su aplicación objetiva siempre serán pasadas por el cedazo del capitalismo y de los dueños del capital. O, simplemente, por el interés y la pulsión humana de asesinar al diferente, a quienes no piensan como los demás o, simplemente, a aquel que alguien, de manera caprichosa, elevó a la condición de enemigo, por miedo a darle la razón. Al final, a unos y a otros, la historia política les dará el lugar oscuro que se merecen.

 

Imagen tomada de El Tiempo. 

PETRO, LA MESADA 14 Y URIBE, EL FALSO PATRIOTA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Ahora que el Consejo de Estado revocó la medida con la que se derogó el pago de la mesada 14 para los militares pensionados, el uribismo intenta negar que efectivamente fue el presidente Uribe quien firmó su eliminación en 2005, lo que afectó a cientos de miles de veteranos que recibían dicha mesada.

Los magistrados del alto tribunal escucharon el pedido del gobierno, lo que supone un logro y una acción más del gobierno del presidente Petro que beneficia a miembros de las fuerzas armadas.

Detrás del hecho jurídico-político y mediático hay unas diferencias sustanciales entre el gobierno de Uribe y el actual, en el manejo del bienestar de la tropa y de las relaciones de subordinación que determina la Carta política de 1991.

Gracias a los medios masivos, la figura mesiánica de Álvaro Uribe Vélez siempre estuvo asociada a su inquebrantable carácter patriótico y defensor y admirador de sus subordinados pertenecientes a las FFMM y a la policía. Es decir, un “soldado más capaz de hacerse moler por Colombia”. Mentira. Uribe usó a las fuerzas armadas para, supuestamente, “vengar la muerte” de su padre, cuya responsabilidad, maliciosamente, el entonces presidente atribuyó a las Farc-Ep.

Con el tiempo, esa imagen de patriota consumado se fue cayendo a pedazos cuando el país empezó a conocer la verdad de esa relación que Uribe consolidó con las fuerzas armadas: se trató de una relación propia de un capataz que a diario pedía “más y mejores resultados operacionales y los que no, que vayan pasando la carta de renuncia”; esa circunstancia fue determinante para que oficiales, suboficiales y soldados sintieran enormes presiones, lo que llevó a varios a asesinar civiles (ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos) para dar cuenta de las exigencias del Ejecutivo. Los testimonios de más de una veintena de uniformados ante la JEP respaldan esa verdad. Por supuesto que los “carrotanques de sangre” que exigía a la tropa el general Mario Montoya, estaban atados a la exigencia presidencial.  

Con la llegada de Petro a la Casa de Nariño, muchos pensaron que las relaciones entre este nuevo comandante y la tropa llevarían al país a una situación de generalizada insubordinación o malestar por su pasado en la guerrilla del M-19. Por el contrario, después de un año de gobierno, lo que se evidencia es una genuina preocupación por el bienestar general de la tropa. Por orden presidencial, les mejoró la ración a los soldados y se viene trabajando en programas de vivienda y de profesionalización.

A pesar de las dificultades para consolidar la idea de la Paz Total, la sola intención de pacificar el país aleja al presidente Petro de seguir las pautas trazadas por Uribe, propias de un capataz que en lugar de preocuparse por el bienestar y defender la vida de los uniformados, todo el tiempo les pidió más compromiso, lo que se tradujo en más patrullajes y menos tiempo para compartir con las familias. La petición al Consejo de Estado, de recuperar la mesada 14 para los veteranos, constituye una muestra clara de su intención de beneficiar a la tropa, pero, sobre todo, del respeto hacia los miembros de la institución castrense.

Lo cierto es que Gustavo Petro, el ex guerrillero y sin gritar todo el tiempo que es un Patriota, está haciendo más por el bienestar de militares y policías que lo que hizo en ocho años el guerrerista, el falso patriota y hoy súb judice ciudadano, Álvaro Uribe Vélez. Petro, sin tanta alharaca patriotera, es un comandante en jefe que respeta a la tropa en su integridad. 

Imagen tomada de Youtube.com

DESESCALAR EL LENGUAJE

 

Por Germán Ayala Osorio

La invitación que el presidente Petro le hace a los funcionarios de evitar referirse al ELN como organización narcoterrorista, o con cualquier otro epíteto que desconozca el carácter “revolucionario” o “rebelde” de dicha organización armada ilegal, resulta interesante y necesaria en el complejo contexto en el que se adelantan los diálogos de paz. Pero el desescalamiento del lenguaje debería de ir de la mano de distender las operaciones militares. Hay que decir que el llamado a desescalar el lenguaje no es nuevo. Santos lo hizo en su momento, durante las negociaciones de paz con las entonces Farc-Ep.

La directiva presidencial que invita a “desescalar el lenguaje” confirma la importancia de este factor representacional con el que se alimentan odios y viejas animadversiones entre la derecha democrática y la izquierda armada.  Se trata de la resolución 194 del 8 de julio de 2023, con la que se ratifica al ELN como una organización armada rebelde y se deja en firme su estatus político. Qué bueno sería que el ELN emitiera una “directiva” para que sus frentes de guerra dejen de afectar la vida comunitaria y secuestrar civiles y militares.

Pero resulta paradójico que mientras el gobierno de Petro invita a “respetar” al ELN, esta agrupación subversiva declara un “paro armado” en el Chocó, afectando la vida colectiva de campesinos, afros e indígenas. Con esa acción político-militar, el ELN irrespeta y viola los derechos humanos de las comunidades confinadas por la declaración de guerra emitida por la dirigencia de esa guerrilla.

Los adjetivos con los que se descalifica al ELN hacen parte de las narrativas y las discursividades que circulan y gravitan alrededor de un conflicto armado que, por su duración, termina agobiando y cansando a la población civil afectada. Entonces, de la mano de ese cansancio, el ELN pierde legitimidad social y política, circunstancia esta que de inmediato activa actos de habla que no pueden verse exclusivamente como descalificaciones. Por el contrario, dan cuenta del agotamiento de la paciencia de analistas, funcionarios y comunidades.

Las negativas representaciones sociales que del ELN se construyen alcaldes, gobernadores, ciudadanos del común, analistas y demás colombianos pasan por supuesto por los intereses de cada uno, pero también dan cuenta de los altos niveles de postración e impotencia que se siente ante la terquedad y el anacronismo de la lucha “revolucionaria” de una guerrilla mesiánica que  al saber que no se va a poder tomar el poder a tiros, convirtió su accionar en una tenebrosa bolsa de empleo para centenares de jóvenes confundidos ideológicamente.

En el largo y degradado conflicto armado colombiano los lenguajes castrense y político sirven de tiempo atrás para atizar el fuego fratricida. Igualmente, de la mano de los procesos paz adelantados entre el Estado y las diferentes guerrillas, el lenguaje fue un factor clave para la instalación de mesas de diálogo y la construcción de confianza y respeto entre las partes.

Bien por el llamado del presidente Petro, pero se necesita que el ELN haga el desescalamiento militar, que es la fuente que alimenta el lenguaje hostil con el que los colombianos, “mamados” de la guerra, se refieren a su accionar político-militar.

El respeto no se impone, señores del ELN, se gana. Y todos los negativos adjetivos que recaen sobre el ELN están soportados en errores políticos y sobre todo hoy, por la incapacidad de comprender el momento histórico por el que atraviesa el país, representado en el ejercicio del primer gobierno de izquierda.

Imagen tomada de El Colombiano

PODER Y AUTORIDAD

 

Por German Ayala Osorio

 

Los recurrentes casos de agresión entre conductores y usuarios de aeropuertos y agentes de tránsito y policías son claras expresiones de intolerancia e irrespeto, pero también del desconocimiento de los límites entre dos conceptos que suelen confundirse: poder y autoridad.

Es posible que en la vida cotidiana los ciudadanos comprometidos en las refriegas que se hacen virales en las redes sociales  tengan esa confusión, en especial los uniformados de la policía y del tránsito que son los que finalmente representan objetivamente la autoridad y hacen uso del poder que les confiere la ley.

A propósito de los dos conceptos, Sartori sostiene que “la diferencia entre poder y autoridad puede ser traducida, entonces, en la diferencia entre  modalidad desagradable y modalidad deseable de control. El poder, como tal, es un hecho de fuerza sostenido por sanciones; es una fuerza que se impone desde arriba sobre quien la sufre. En cambio, la autoridad emerge de una investidura espontánea y recaba su fuerza del reconocimiento: es un poder de prestigio que recibe de él su legitimidad y eficacia”.

El agente de tránsito de Bucaramanga que le lanzó un cono a un motociclista que invadió el carril exclusivo del transporte masivo de esa ciudad, no ejerció su autoridad, sino que  usó un instrumento con el que claramente buscaba desestabilizar al motorizado, lo que finalmente ocurrió, con el desenlace fatal jamás esperado por el guarda de tránsito: el muchacho murió, lo que desató la ira de cientos de motociclistas que participaron de los disturbios en los que derivó la acción del agente de tránsito. En este caso, lo que hizo el guarda fue desviar su poder sancionatorio hacia una acción temeraria y violenta que terminó con la muerte del joven infractor.

En ese caso, el agente se equivocó, pues bien pudo apelar a otros recursos y acciones para sancionar al motociclista que violó la norma. Por ejemplo, informar por radio para que más adelante el infractor fuera detenido y multado como corresponde según la norma vigente.  

Queda por examinar y evaluar en este y en otros casos los grados de legitimidad social que la ciudadanía les está reconociendo a los agentes de tránsito y de policía involucrados en las mutuas agresiones.

Le corresponde a las alcaldías y a sus secretarías averiguar cuáles son los problemas de legitimidad y reconocimiento social que hacen que los ciudadanos no estén obedeciendo las normas y opten por agredir a los agentes. Insistir en aplicar las normas sin examinar las circunstancias contextuales y las que subsisten para cada caso, constituye un error.

Quienes están investidos de un uniforme y con este, de autoridad, deben exhibir un comportamiento moral y éticamente superior al de los demás ciudadanos sobre los que puede recaer el poder derivado de la función pública.

Imagen tomada de Pulzo. 

PAGAR POR NO MATAR

Por Germán Ayala Osorio

En medio de las sempiternas crisis humanitarias que soporta el puerto de Buenaventura, el presidente Petro anunció la creación de un programa social que preliminarmente el propio mandatario bautizó con la polémica frase Pagar por no matar.

De inmediato, sus opositores en la prensa entraron a cuestionar la frase y los alcances de la propuesta. Más allá de los onerosos costos económicos de un programa que beneficiaría a más de 1.000 jóvenes que ya hacen parte de estructuras delincuenciales o que están en riesgo de llegar a entrar en estas, hay asuntos que se deben revisar con extremo cuidado.

El primero y quizás el más importante tiene que ver con una tarea pendiente que tiene el Estado: asegurar para sí, el monopolio de las armas, esto es, que las armas estén en manos exclusivamente en las fuerzas armadas y no como sucede en Buenaventura y en otras partes del país, en manos de pandillas, grupos armados organizados y estructuras sicariales y narco-paramilitares.

Si las autoridades no logran romper las cadenas de distribución de las armas y las municiones, ese programa social encaminado a salvar a estos jóvenes de pertenecer a dichas estructuras criminales fracasará con rotundo éxito. Para lograrlo, hay que sacar de las filas a quienes desde la institucionalidad facilitan la compra y venta de armas y pertrechos para las guerras urbanas que se dan en Cali, Medellín, Bogotá y Buenaventura, entre otros territorios. En eso, todos los gobiernos fracasaron.

El segundo asunto tiene que ver con la comprensión del tipo de masculinidades que allí confluyen. No se trata exclusivamente de ofrecerles estudios en el SENA a unos muchachos que, justamente, desertaron del sistema educativo porque estudiar no es una opción de vida atractiva. Quizás lo más conveniente sea ofrecerles trabajo como “policías comunitarios”, figura a crearse en la que estos muchachos, enamorados de las armas y del poder que encarna patrullar las calles con uniformes, encuentren el espacio en donde tramitar las presiones, angustias e ideas que concurren en eso de ser hombre en sectores marginados, empobrecidos y en núcleos familiares disonantes y en evidente crisis éticas y morales por la inexistencia de una formación estructurada en esos ámbitos.

Tener dinero, poder y armas son elementos que seducen a estos jóvenes cargados de testosterona. Hay que encontrar, dentro de la legalidad, qué los seduce, para que este programa y otros que se diseñen, no fracasen por la deserción o el incumplimiento de las expectativas generadas.

Un tercer elemento tiene que ver con los referentes con los que estos jóvenes se identifican, en una ciudad puerto consumida por la corrupción, la desidia estatal y un evidente racismo estructural que ralentiza o impide incluso las esperadas intervenciones que debieron producirse desde los Estados nacional, regional y local. Construir ciudadanía y Estado es la tarea primordial, que irá de la mano de la entrega de los subsidios, ayudas o como se quiera llamar.

En el fondo, lo que se vive en Buenaventura es una crisis civilizatoria que se conecta muy bien con el modelo de desarrollo imperante, ancorado como ningún otro, a un racismo que se manifiesta desde la propia institucionalidad estatal y un desprecio por la vida de los demás, incluido por supuesto, el desprecio por los ecosistemas naturales que rodean al puerto, sometidos de tiempo atrás a una intervención insostenible ecológica, ambiental y cultural.

Pagar por no matar puede sonar mal en un país en el que hay cientos de miles de jóvenes que jamás empuñaron un arma y que siguen esperando una ayuda del Estado. Pero, contextualmente y de acuerdo con la crisis civilizatoria que se expresa en Buenaventura, se trata de una iniciativa bienintencionada que necesita estructurarse bien para que no fracase.  Bastaría que los clanes políticos dejarán de robarse los recursos públicos, para hacer sostenible y legítima la entrega de ayudas en programas sociales como el que puede salir de la propuesta Pagar por no matar.

Imagen tomada de El Colombiano

EL REGRESO DEL CONDENADO ÑOÑO ELÍAS: UNA FIESTA INMORAL, PERO AL FIN FIESTA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El corrupto exsenador Bernardo Miguel 'Ñoño' Elías fue recibido como una celebridad por cientos de habitantes del municipio de Sahagún, Córdoba. Con las cornetas y la gritería de los lugareños, las conductas punibles por las que pagó poco tiempo este político quedaron sirviendo para nada, porque en este caso, como en otros, la sanción social no llegó.

El excongresista condenado por el escándalo de Odebrecht recobró su libertad en virtud de la decisión tomada por un juzgado de Sincelejo, Sucre. Aunque condicionada, el putrefacto político muy seguramente salió a hacer campaña electoral para las venideras elecciones regionales.

Una comunidad que vitorea corruptos se convierte en cómplice de las prácticas mafiosas y sucias que rodean a todos los que hicieron parte del escándalo de Odebrecht en el que estuvo implicado este personaje de ese Caribe tan mágico y folclórico, que es capaz de convertir en fiesta lo que en otros departamentos se condena: la corrupción. Es simplemente vergonzoso. Las imágenes son deprimentes.

En reciente columna hablé del fracaso de la lucha contra la corrupción. Los lugareños que festejaron el regreso del condenado Ñoño Elías confirman que, en Sahagún, como en otras zonas del país, sus habitantes conviven en medio de una evidente confusión moral, de ahí el recibimiento que le dieron al condenado.

Aplaudir a un político corrupto se explica por la enorme complacencia con aquello de “ser vivo”, valor y expresión colombiana atada al individualismo que se conecta muy bien con el ethos mafioso que guía a buena parte de la clase empresarial y política del país.

El político corrupto es un héroe en muchas localidades del país porque él es quien “trae el progreso” ante el fracaso del Estado en su tarea civilizadora y construcción de nación. Hacerse elegir congresista constituye un acto de “rebeldía” contra el centralismo, porque quienes votan por personajes como Ñoño Elías esperan que su elegido gestione recursos para el desarrollo del pueblo. Así sea para construir un acueducto, una escuela, un parque o un puente.

En pueblos como Sahagún (Córdoba) ser ciudadano está alejado de cualquier forma moderna de concebir lo público y la política. A juzgar por la fiesta que armaron para recibir al putrefacto político, ese ejercicio ciudadano está viciado. Estamos ante un ejercicio denigrante de eso de ser ciudadano.

Cuando los ciudadanos aplauden al corrupto, de inmediato se convierten en sus cómplices. Y con esa actitud, a todas luces inmoral, le mandan un mensaje claro al resto del país: no es posible construir una ciudadanía nacional moderna porque las diferencias regionales o la regionalización del país están soportadas en sentimientos de rechazo hacia ese centralismo bogotano que se intenta matizar con la visita de los presidentes cachacos a los festivales vallenatos.

Eso sí, se trata de una “rebeldía” mal concebida por cuanto está ancorada al comportamiento inmoral, corrupto, sucio y criminal que se aúpa desde las entrañas del poder bogotano y el congreso. 

Imagen tomada de las 2 Orillas

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN FRACASÓ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con el paso de los días y las nuevas noticias va quedando ratificado que cualquier forma de lucha contra la corrupción pública o privada en Colombia está condenada al fracaso. No es posible acabar con ese fenómeno cultural porque ahí confluyen los intereses de poderosos agentes económicos y sociales de la sociedad civil que se sirven de políticos y jueces para mantener vigentes y aceitadas las redes de corrupción; también concurren las necesidades de millones de seres humanos dispuestos a vender sus almas con tal de llevar algo de comer a las familias

El caso de Odebrecht como fenómeno multifactorial resulta paradigmático y ejemplarizante: quienes se beneficiaron económica y políticamente de los dineros girados por la multinacional brasilera, buscaron llegar al Estado no solo para naturalizar la corrupción, sino para hacerla legítima mediante la entrega de subsidios y contratos a todos los que los respaldaron en las urnas.

La decisión del excandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, de irse solito al cadalso y proteger así a los demás involucrados en el entramado de corrupción, se explica porque sabe que no puede delatar un régimen de poder con raíces mafiosas, por tanto criminales. Sobre este se apoya la operación, en muchas ocasiones «legal», del doble Estado que tenemos en Colombia.

No hay juez, magistrado o fiscal capaz de compulsar copias para que se investigue a grandes empresarios, miembros de familias prestantes o jefes políticos. Hacerlo generaría una crisis económica y política de impredecibles consecuencias. La sola operación de ese doble Estado impide a los jueces y fiscales más eficientes y probos tocar a las cabezas de cada entramado de corrupción descubierto.

Ni siquiera con la eventual llegada del FBI se lograría desnudar las finas redes de corrupción que se tejieron en el caso de Odebrecht. La competencia extraterritorial de ese organismo americano está limitada por las conveniencias políticas enmarcadas en las relaciones bilaterales USA- Colombia, que no escapan, por supuesto, a las prácticas corruptas. La cooperación internacional no es precisamente una urna impoluta.

Por ser un fenómeno multifactorial complejo, la corrupción hace rato dejó de ser un asunto moral y ético, para convertirse en un asunto económico-político que se resuelve desde los valores transaccionales del capitalismo. Y el capitalismo, como sistema dominante, debe sobrevivir, así su operación en Colombia y en el mundo se considere inmoral, poco ética y oprobiosa.

Incluso, si este gobierno decide convocar a la prometida comisión internacional como la que lideró en Guatemala el hoy ministro de Defensa, Iván Velásquez, para investigar casos ejemplarizantes de corrupción, los resultados de esa investigación siempre serían parciales por el riesgo que supone poner en evidencia al régimen de poder sobre el que opera el doble Estado en Colombia. Es más, desde la misma «comunidad internacional» se prenderían las alarmas en función de evitar el colapso total del sistema cultural dominante en Colombia, que es la fuente de donde brota el ethos mafioso y la corrupción.

Por todo lo anterior, es inútil usar electoralmente la «lucha contra la corrupción”, como hoy lo vuelve a hacer el corrupto e imputado Rodolfo Hernández, porque ya nadie lo cree. Y no se trata de ser cómplices de las redes corruptas. Simplemente, de lo que se trata es de no vender falsas expectativas. Es mejor hablar de eficiencia en el desempeño de la función pública, obviamente, vigilando que no se den prácticas propias del ethos mafioso que se naturalizó en Colombia y en el mundo, de la mano del capitalismo (también de la mano del socialismo).

Al final, todos los problemas y los aciertos de la humanidad se gestan de una misma fuente: la condición humana. Y esta, puede devenir perversa y aviesa, pero también honorable.

 Imagen tomada del DANE

EL ELN VIVE EN UN UNIVERSO PARALELO

 

Por Germán Ayala Osorio

La dirigencia del ELN parece vivir en un universo paralelo. Insisten sus máximos comandantes en hablar de un proyecto revolucionario en defensa de un pueblo que solo existe en sus mentes, pues no se explica cómo pueden decir que luchan por los intereses de aquel pueblo sometido a un régimen, cuando esa misma guerrilla los desplaza, confina y afecta sus ya deplorables condiciones de vida colectiva.

¿De qué pueblo hablan los elenos? ¿De las comunidades rurales que corren despavoridas de los enfrentamientos protagonizados por tropas del ELN o de todos los colombianos que equivocadamente dicen representar?

Esta organización armada ilegal que dialoga con el gobierno del presidente Petro actúa militarmente en los territorios, anclada a un universo simbólico que no tiene cimiento alguno con realidades fácticas. No existe un pueblo o pueblos que hoy se sientan objetivamente representados por una guerrilla que insiste en hacer una “revolución”, a pesar de saber que no tienen la más mínima posibilidad de tomarse el poder.

A pesar de que su discurso se torna cada vez más anacrónico, este es recogido por la ultraderecha colombiana para mantener su vigencia. Y lo peor de todo es que consolida su arraigo en las comunidades afectadas por las operaciones militares de los elenos y los enfrentamientos con otros grupos al margen de la ley. La derecha y la ultraderecha se sirven y benefician de la torpeza de los miembros del Coce para leer la actual coyuntura cultural y política del país.

Mantener una guerra de más de 50 años los erosiona como grupo guerrillero y revolucionario y los convierte en una agrupación que actúa sin norte y confundida entre doctrinas políticas que los miembros del pueblo que dicen representar, no entienden o no están interesados en comprender.

Su dirigencia se envejeció y envileció. Se les fue la vida echando plomo y no transformaron nada en el país. Nada cambió. Por estos tiempos, señores comandantes del ELN, la gente en Colombia está “mamada” del conflicto armado interno. Las realidades cotidianas, expuestas por los medios masivos, tienen agobiado al pueblo colombiano. Y no precisamente al que ustedes tienen en mente.

El pueblo que los comandantes del ELN tienen en mente, no existe. El pueblo de los años 60 y 70 ya no existe, así las condiciones de pobreza, indignidad y exclusión se mantengan. Dejen de jugar a la “revolución” y a la paz. No se burlen más del país y del gobierno que creen a pie juntillas en aquello de la Paz Total.

 

Imagen tomada de Blu radio. 

LAS LECCIONES QUE DEJA EL SECUESTRO DE LA SARGENTO RAMÍREZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El secuestro de la sargento Karina Ramírez, sus dos hijos y el perro dejó al descubierto dos asuntos: el primero, la práctica infantil y estúpida del ELN de secuestrar uniformados y civiles para demostrarle al país que tiene dominio territorial. Insiste esa guerrilla en retener por horas, días, semanas y meses a miembros de la fuerza pública, para luego montar el espectáculo, con organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo a bordo, para la entrega de sus víctimas. Creerán que ganan mucho los elenos con estas demostraciones, pero la verdad es que lo que generan es repudio.

La liberación de la suboficial y sus familiares después de cinco días de haberse producido el plagio, no se puede ver con un gesto humanitario. El mejor gesto de paz que pueden expresar los elenos es dejar de burlarse del gobierno y de los colombianos, parando los secuestros y los atentados a la infraestructura económica.

Este tipo de acciones temerarias parecen obedecer a retos que se lanzan al interior de algún frente de guerra. Así, los guerrilleros que ejecutan los secuestros ganan puntos o cumplen con el reto que aceptaron de sus comandantes. Sin duda, se trata de un juego de guerrilleros que siguen jugando a ser “revolucionarios”. Y claro, también se divierten hablando de paz.

El segundo asunto que se puso al descubierto tiene que ver con los traslados y desplazamientos de los militares en zonas de orden público. A juzgar por el “papayazo” que dio la unidad militar que permitió que la sargento Ramírez saliera en su vehículo particular y con su familia, sin ningún tipo de protección, estamos ante un error táctico que no se puede volver a presentar, pero que es más normal de lo que se cree.

Aunque desafortunado el comentario del ministro Velásquez al calificar como “imprudente” la salida de la suboficial, con sus hijos y el perro, por una zona “roja”, el jefe de la cartera de Defensa tiene la razón. Si viven en zonas como Arauca, Putumayo, Cauca o el Catatumbo, todos los movimientos de las unidades militares deben darse tomando todas las medidas de seguridad.

Olvidó el ministro Velásquez que los medios de comunicación están a la espera del más mínimo error o comentario para echar a correr la narrativa que sirva a los intereses de la Oposición. Y así pasó. Bien pudo el minDefensa expresar su opinión en un consejo de seguridad o exponérselo a los comandantes directos de la sargento Ramírez.  

Hay soldados que viajan en buses de servicio público sin mayor protección y monitoreo por parte de sus superiores.  De igual manera, hay oficiales y suboficiales que salen en sus vehículos particulares, lo que los expone a este tipo de riesgos. Justamente, esos movimientos de los militares son la expresión clara de que los grados, las jerarquías, definen las condiciones en las que se producen los traslados o el disfrute de días de permiso. Es eso lo que debe atacar el ministro de la Defensa, para evitar que uniformados como la sargento Ramírez cojan carretera como si vivieran en Dinamarca.

Nuevamente el ELN deja claro que es una estructura armada ilegal cuyos líderes no están interesados en firmar ningún armisticio con el gobierno actual. Lo de ellos es jugar con la paz y la paciencia de los colombianos. Al fin y al cabo, ya entendieron que jamás se tomarán el poder a tiros, lo que los obliga a sobrevivir y a mantener, forzadamente, un estatus político que hace rato perdió el ELN, por estar en la tercera etapa de las violencias en Colombia. Es decir, dedicados a la economía ilegal, tal y como se los dijo el presidente Petro a generales y almirantes.

 

 

Imagen tomada de El Espectador.com 

LA CARTA DE RENUNCIA DE ZULUAGA AL CENTRO DEMOCRÁTICO: LACÓNICA, PERO DICIENTE

 

Por Germán Ayala Osorio

El Dinosaurio, de Augusto Monterroso, es el cuento más corto del mundo. Y por estos días, en medio del escándalo de los audios de Oscar Iván Zuluaga, en Colombia se cree que el entonces noble, preparado y probo candidato presidencial del uribismo escribió la carta más corta y lacónica de este hemisferio: su renuncia a la secta-partido en donde militó y desde donde hizo política electoral y buscó gobernar a Colombia con absoluta pulcritud. La misiva en referencia dice así: “Por medio de la presente me permito informarle de mi retiro del Partido Centro Democrático”.

Con la escueta carta de renuncia a su partido, Zuluaga vuelve a guardar silencio, pues evita referirse a los hechos públicos que lo obligaron a renunciar. Lacónica misiva que también da cuenta de su soledad y ostracismo.

Las cartas, como los cuentos, suelen definir o dar cuenta de un contexto. El cuento de Monterroso es profundo por las dimensiones y perspectivas que sus lectores pueden atribuirle. Por el contrario, la epístola de Zuluaga niega a sus electores la posibilidad de comprender la decisión tomada. Creerá el político que es suficiente con lo publicado y comentado en los medios de comunicación. Vuelve a equivocarse el exministro de Hacienda. En su renuncia bien pudo exponer los hechos que provocaron su renuncia, y sobre todo, pudo dejar claro que no engañó a la colectividad al haber recibido o conocido de la entrada de dineros de Odebrecht. El excandidato presidencial del uribismo en 2014 deja ver en su sucinta comunicación que sigue firme en su decisión de inmolarse y de ir al cadalso en solitario porque su único interés es salvar a su hijo David de las consecuencias penales que se le vendrían encima por ser Representante Legal de la campaña Zuluaga presidente.

Zuluaga prefirió escribir la concisa carta, en lugar de un oficio o memorial en el que le aclarara al país los niveles de responsabilidad que hay en su caso, porque el país sabe que él no pudo actuar solo.

Quizás el cuento de Monterroso les sirva a los colombianos para entender que después de los casos de Santoyo, las chuzadas del DAS, los falsos positivos, Agro Ingreso Seguro y Odebrecht, el más grande y depredador Dinosaurio sigue saliendo incólume y limpio a pesar de su cercanía a los hechos de corrupción arriba expuestos.

El cuento de Monterroso dice que “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Quizás sea tiempo de superar lo hecho por el escritor guatemalteco, diciendo: “Cuando los colombianos despertaron, los corruptos, seguían ahí”.

Imagen tomada de twitter.com

EL CASO DE ODEBRECHT: ¿LLEGARÁ EL FBI A HACER LA TAREA QUE LA FISCALÍA NO HIZO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En la agenda bilateral entre los Estados Unidos y Colombia el tema de la sempiterna corrupción público-privada en el país, jamás tuvo un lugar preponderante debido a la “narcotización” de dicha agenda. Si bien en los tiempos del Proceso 8.000 la injerencia del entonces embajador de USA en Bogotá, Myles Frechette fue evidente, el ethos mafioso y las prácticas corruptas derivadas, jamás llamó la atención de los americanos, mientras dichas actividades mafiosas y putrefactas no afectaran la viabilidad institucional y la relación de dominación ejercida desde el norte.

El caso de Odebrecht llamó la atención del departamento de Justicia de los Estados Unidos y en particular del FBI, agencia que llegará pronto a Colombia a examinar cómo van las investigaciones internas en este entramado internacional de corrupción, que tocó a países como Brasil, Perú y Panamá, entre otros, con efectos políticos y jurídicos trascendentales.

Lo cierto es que en Colombia poco ha pasado en materia de establecer responsabilidades políticas, económicas y judiciales de todos los actores comprometidos en el pago de coimas y en la contratación misma de las obras civiles ejecutadas en el país como la Ruta del Sol II.

Tanto la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa poco o nada hicieron para avanzar en el esclarecimiento del armazón corrupto que diseñaron los directivos de Odebrecht con congresistas y contratistas, y que salpicó a filiales del conglomerado económico de Sarmiento Angulo.  

Con la imputación de cargos por parte de la Fiscalía al inefable y sumiso excandidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga, se confirman las presiones y los intereses de los americanos en el más grande entramado corrupto jamás visto y operado por una compañía constructora. De ahí que es posible que el interés de los gringos en que se resuelvan los casos de corrupción en el continente tenga que ver, justamente, con tomarse ese sector, sacando de taquito a Odebrecht, multinacional cuyo nombre quedó desprestigiado.

Así las cosas, la llegada del FBI a Colombia cuenta, por supuesto, con el aval del actual gobierno, comprometido en una lucha frontal contra la corrupción interna que viene carcomiendo las finanzas públicas y naturalizando el ethos mafioso que guía la vida y las actuaciones de políticos, empresarios y partidos políticos, como el Centro Democrático, entre otros, comprometidos en el recibo, a gusto, de millonarias sumas de dinero para la campaña Zuluaga Presidente, girados por la multinacional brasilera, Odebrecht.

De esa manera, Petro y su gobierno logra poner en la agenda bilateral el tema de la corrupción público-privada y por esa vía, desnarcotizar en algo las complejas relaciones con el país del norte. Ese “logro” del presidente Gustavo Petro resulta positivo en lo político, porque a pocos meses de las elecciones regionales, hace que los reflectores de los medios se posen sobre el Centro Democrático y el uribismo, sector de poder que se opone a sus reformas. La parte negativa aparece en el preciso momento en que, al histórico tutelaje americano sobre nuestra vida institucional, se suma ese comportamiento mafioso y corrupto que nos hace ver como una sociedad premoderna y como un Estado que en cualquier momento entra en un proceso de inviabilidad política y económica debido a una corrupción público-privada, orquestada desde los partidos políticos y validada por agentes sociales y económicos de la sociedad civil.  

No sobra decir que la agenda bilateral entre los Estados Unidos y Colombia deviene, de tiempo atrás, atada a la fracasada lucha contra el tráfico de drogas. Gobiernos anteriores aceptaron con una alta dosis de sumisión, la aplicación de medidas socio ambientalmente insostenibles como la aspersión de glifosato, un poderoso defoliante que no discrimina cultivo y termina matando todo cultivo que toca, con riesgos para la salud de animales no humanos y humanos. Se suma a lo anterior, la erradicación manual, la quema de laboratorios y la interdicción aérea y marítima. El gobierno de Petro insiste en “desnarcotizar” esa agenda, poniendo sobre la mesa puntos que a los anteriores gobiernos no les interesó ni siquiera discutir con las autoridades norteamericanas. Esos puntos son: la lucha contra el cambio climático, cambiar deuda externa por acciones climáticas como reforestar, frenar la deforestación, cuidar, conservar y restaurar ecosistemas selváticos sometidos a largos y feroces procesos de intervención humana. Y al parecer, la lucha contra la corrupción. ¿Estará cambiando el gobierno de Petro la intervención directa del FBI en el caso de Odebrecht por la conformación de la Comisión Internacional que investigaría otros escándalos de corrupción ocurridos en Colombia desde 2002 en adelante?

Antes de irse de la Casa de Nariño, Iván Duque dejó amarrado todo lo concerniente a la erradicación forzada asociada a la aspersión del glifosato, a pesar de las recomendaciones hechas por la Corte Constitucional. El nombre de Duque está conectado con el caso Odebrecht. Según denuncias periodísticas, el hoy expresidente habría comprado un apartamento en Washington con dineros de Odebrecht. Según el medio independiente Cuestión Pública, “tras conocerse que la compra del apartamento en Washington tuvo lugar días después de la reunión en Brasil, el candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, salió al paso y negó que lo haya pagado con dineros de Odebrecht. “Ese apartamento lo compré cuando me retiré del Banco Interamericano de Desarrollo, con parte de mis cesantías y además, con un crédito que tomé”, aseguró Duque en Canal Capital. También dijo que era un ahorro para sus hijos y que el inmueble está reportado en sus declaraciones de renta y activos en el exterior, ante la DIAN”.

Ya veremos en qué queda la inspección del FBI en el país. Lo cierto es que por cuenta del ethos mafioso y la clase política y empresarial corrupta, en los Estados Unidos nos miran como una sociedad que necesita de manera permanente el tutelaje americano. Quizás por ello jamás alcanzaremos la “mayoría de edad” suficiente que nos permita construir una agenda bilateral diferente.

Imagen tomada de Youtube.com

ZULUAGA SE FUE SOLITO AL CADALSO: ¿POR MIEDO O ES UN ASUNTO DE CLASE?

Por German Ayala Osorio

Oscar Iván Zuluaga decidió inmolarse. Esto significa que no señalará a nadie del Centro Democrático, y menos al dueño del letrero de ese partido, Álvaro Uribe. Él asumirá toda la responsabilidad de lo acontecido, pese a que una parte del país espera con ansiedad que señale al expresidente, quien, como en otros hechos y escándalos, siempre sale limpio. Baste con recordar las chuzadas del DAS y los ‘falsos positivos’ para suponer que al interior de esa secta-partido existe una especie de pacto ‘de sangre’ consistente en evitar que su máximo líder sea señalado como copartícipe de actos corruptos, crímenes o hechos innobles (como la violación carnal a una periodista, por ejemplo).

A pesar de la recomendación que le hizo el sacerdote Arturo Uría, Zuluaga se irá solito al cadalso y se pondrá la soga al cuello, sin señalar a nadie más en el entramado de corrupción que hay detrás de la entrada de dineros de la multinacional Odebrecht a su campaña.

La decisión del exministro de Hacienda y alfil del uribismo puede asociarse a sentimientos de miedo e incluso de desespero para salvar a su hijo, también comprometido penalmente en el escándalo político-judicial. Pero igual puede estar relacionada su actitud sumisa con un asunto de clase. Y en este punto viene a mi mente lo sucedido con el entonces ministro de Defensa de Ernesto Samper Pizano, involucrado en el escándalo derivado del proceso 8.000.

Perteneciente a una de las familias más prestantes de la élite bogotana, Fernando Botero Zea reconoció su responsabilidad política y ética en la entrada de dineros del Cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper, y además lo señaló, al afirmar que él sabía de esos ingresos. Cierto o no que Samper haya sabido, las aspiraciones políticas de Botero eran evidentes: estaba buscando ser presidente de la República. Por esa razón hay quienes aún piensan que lo hecho por Botero se llama traición. Deslealtad o no, Botero lo hizo amparado en su condición de clase.

No se puede esperar lo mismo de Zuluaga, pues su carácter gregario, medroso y pusilánime constituye el mayor impedimento para que prenda el ventilador contra su jefe político, como sí lo hizo en su momento Fernando Botero. Así las cosas, esa parte del país que espera que Zuluaga abra la boca para sindicar al expresidente Uribe Vélez se quedara con los crespos hechos. No creo, entonces, que Oscar Iván Zuluaga tenga los “cojones” suficientes para prender el ventilador. Su silencio – y él lo sabe- es la garantía de que el círculo de poder mediático, político y jurídico hará lo que esté a su alcance para sacar limpio a su hijo.

Queda claro que no es lo mismo llevar el apellido Botero que el apellido Zuluaga. Aquí juegan la tradición y el linaje. Fernando Botero manchó en materia grave el nombre de su padre y el de todos los miembros de su prestante familia. Zuluaga se inmolará a pesar de la recomendación de su cura confesor, porque asume que su origen de clase no le da para enlodar a un expresidente de la República.

Imagen tomada de Infobae

PACTO CULTURAL, ETHOS MAFIOSO Y URIBISMO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los escándalos mediáticos y jurídico-políticos constituyen hechos culturales que nos avergüenzan por unos días, de pronto por algunos meses, para luego quedar a merced de la siempre frágil memoria colectiva.

Desde los hechos bochornosos acaecidos durante la construcción de la represa de El Guavio, pasando por el proceso 8.000, Reficar, los carteles de la hemofilia, de la Toga, los falsos positivos y el caso Odebrecht y la Ruta del Sol II, el país sigue sumido en la desvergüenza. Y qué curioso que las confesiones de Óscar Iván Zuluaga nuevamente enlodan al círculo más cercano del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez.

Todos los anteriores y otros tantos hechos delictivos que no puedo registrar aquí porque harían interminable esta columna, comparten un naturalizado ethos mafioso que se conecta inexorablemente con el ejercicio del poder político, de la política menuda y el pragmatismo de los políticos profesionales y los partidos políticos, convertidos estos últimos en oficinas de transacciones burocráticas; esos partidos son sostenidos por magnates que instrumentalizan a sus políticos, patrocinando sus campañas, convirtiendo a presidentes de la República en sus sirvientes, aunque de carácter fatuo frente al pueblo.

También se conecta ese ethos mafioso con el sistema capitalista y la inmoralidad que se desprende de su operación. Enriquecerse es el objetivo primordial de todos aquellos que, amparados en el ethos mafioso, se aventuran a participar de todo tipo de ilícitos porque saben que, por más mal que les vaya, siempre podrán conservar sus grandes fortunas ilícitamente conseguidas. El caso Emilio Tapia resulta paradigmático: varias veces procesado y condenado por casos de corrupción y sigue moviendo los hilos de la corrupción público-privada.  O el caso de corrupción del congresista Mario Castaño y sus marionetas, en el que también estaría comprometido el congresista del Centro Democrático, Ciro Ramírez, imputado por varios delitos por la Corte Suprema de Justicia.

A todo lo anterior se suma la debilidad del aparato de justicia que toma decisiones de la mano de los códigos, pero también de lo que les dice a los jueces la economía del crimen, paradigma moral desde donde actúan los políticos corruptos.

Ese comportamiento mafioso de los políticos y empresarios obedece a un problema cultural de fondo: somos mafiosos o por lo menos, proclives a torcer la ley, a saltarnos las filas y procedimientos reglados. Colombia exhibe un grave problema cultural.

En varios momentos de la vida política de este país se habló de la necesidad de hacer un Pacto Político, en función de alcanzar una anhelada paz. La constitución del 91 se asumió y se entendió como un Pacto de Paz, como un nuevo contrato social. Pero la verdad es que el país poco cambió en materia de corrupción público-privada. Eso sí, se hizo más sofisticada.

La negociación política entre el Estado y las Farc-Ep en La Habana se asumió de la misma manera: otro pacto con el objetivo de pacificar al país, pero tampoco se logró. Es más, en el Tratado de Paz de 300 páginas que millones de colombianos jamás leyeron se propone hacer un Pacto Político. El presidente Petro recogió esa propuesta, pero ya sabemos qué pasó.

Es tiempo de dejar de llamar Pacto Político a ese deseo de ponerle punto final a todo lo que está mal en el país, para empezar a hablar de un Pacto Cultural que proscriba el ethos mafioso que todos hemos validado por acción u omisión. Un Pacto Cultural que destierre, por ejemplo, los vericuetos morales que decidió recorrer el más reciente protagonista de la corrupción política: el excandidato presidencial por el uribismo y ex ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga. Su confesión ante el sacerdote Uría no deja de ser una tramoya moral para encontrar sosiego y comprensión en los millones de creyentes colombianos que quizás en el pasado también perdonaron a otros políticos piadosos que optaron por comportarse como mafiosos.

Necesitamos un Pacto Cultural. El problema es que hoy no hay quién lidere desde la sociedad civil ese impostergable proyecto. Como tampoco lo hay desde las fuerzas armadas. Tampoco aparece un liderazgo en la academia. Mucho menos en Iglesias y congregaciones. Como tampoco en los clubes de fútbol aparecen dirigentes o deportistas con el interés de poner a hablar al país de dicho pacto. Es comprensible que ese Pacto Cultural del que aquí hablo necesita de un cambio actitudinal de la dirigencia empresarial y política, actores en donde el ethos mafioso nace y se reproduce., 

Eso sí, antes de pensar en que broten de los sectores señalados cualquier iniciativa que lleve por nombre Pacto Cultural, el país y la sociedad entera necesita proscribir todas las prácticas que identifican al uribismo con la corrupción público-privada. Para confinar ese particular ethos debería de ser suficiente con los 6402 crímenes de Estado cometidos entre 2002 y 2010. Pero no fue así. La confesión del inefable Oscar Iván Zuluaga tampoco será suficiente para desterrar esa forma de asumir la política, lo público, la ética y la moral. Será difícil un Pacto Cultural en Colombia mientras siga vigente ese paradigma moral, ético, político y económico que se naturalizó desde el 7 de agosto de 2002.

 

Imagen tomada de El Heraldo.

ÓSCAR IVÁN ZULUAGA, ODEBRECHT Y EL CURA SALVADOR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En los audios que publica Semana de Oscar Iván Zuluaga hay un elemento de índole religioso-moral que llama la atención: el excandidato presidencial del uribismo buscó al sacerdote Arturo Uría para confesarle que él sí sabía de la entrada de dineros de Odebrecht a la campaña y del pago de coimas.

En su desespero por lo que se le venía encima con la imputación de cargos por parte de la fiscalía general de la Nación, Zuluaga busca apoyo espiritual en el cura, en un acto tardío de contrición con el cual el excandidato presidencial del uribismo minimiza su responsabilidad política con el país, las instituciones y con sus votantes. Al encontrar refugio moral en el sacerdote Uría, Zuluaga se auto confirma como un hombre religioso y profundamente creyente, al tiempo que parece dejar en su Dios el castigo divino al que haya lugar por haber guardado silencio ante el entramado de corrupción.

En los audios se le escucha decir a Zuluaga, en conversación con el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez “si tengo que aceptar y decir que hice cosas que no hice, lo voy a hacer para salvar a mi hijo. Quiero que lo tenga muy claro. Para mí no hay ninguna prioridad más grande que salvar a mi hijo y quiero que usted lo tenga presente. Lo que tenga que hacer y lo que tenga que decir. Esa es mi prioridad”.

Ese nivel de lealtad (¿o complicidad?), abnegación, abyección y sumisión de Zuluaga tiene como único objetivo evitar que el nombre de Uribe Vélez sea relacionado con el entramado de corrupción de Odebrecht. Curiosamente, sobre los escabrosos hechos las autoridades americanas han expresado mayor interés que el que deberían exponer la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. Al final, lo que cuenta para Zuluaga es salvar a su hijo de toda responsabilidad penal y de contera, contribuir a la narrativa moralizante que indica que, como en los casos de los falsos positivos, Álvaro Uribe Vélez nuevamente fue engañado y asaltado en su buena fe antioqueña. En las ejecuciones extrajudiciales, los soldados lo engañaron y en el de Odebrecht, Zuluaga, Arizabaleta (quien entregó a Zuluaga a la fiscalía) y Duque, entre otros, le ocultaron información sensible.

En Zuluaga confluyen esa moral religiosa acomodaticia muy propia de la élite colombiana, en particular de sus miembros más godos. Todo lo dejan en manos de los curas y de Dios. Y como saben muy bien moverse en los límites y ventajas de lo que se conoce como la “economía del crimen”, entonces todas las fechorías y crímenes cometidos, al pasarlos por el cedazo moral de un cura, terminan reducidos a simples pecados. Con tres penitencias y unos mil jesuses quedan nuevamente listos para continuar en el ejercicio del poder. Para el caso de Zuluaga, él está dispuesto, como lo dejó en evidencia, a aceptar el ostracismo político, con tal de salvar a su hijo.

En su diálogo con el sacerdote, el ministro de Dios en la tierra le tira a Zuluaga el salvavidas moral que él esperaba que el cura le lanzara. Esto se lee en el artículo: “uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás. A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’. Incluso me lo dijo: ‘Eso está en la fe, habla de la restricción mental, usted no tiene por qué inmolarse’”.

Al final, toda la responsabilidad ética, moral y política que debería asumir el ex ministro de Hacienda se reduce a un problema de maldad de los demás. Lo más probable es que Zuluaga acepte toda la responsabilidad para salvar a quienes debe salvar, pero ante los ojos de la sociedad colombiana sus graves faltas ya quedaron perdonadas.

Imagen tomada de Semana.com

MACHISMO, “MAMABURRAS” Y MASCULINIDADES EN CUESTIÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Dicen que la Costa Atlántica es otro mundo. Es posible que así sea, porque allá ocurren cosas raras, maravillosas, ejemplarizantes y claro, otras que podrían avergonzar a quienes comparten lo que confluye o no en eso que conocemos como el “realismo mágico” de nuestro nobel de literatura, Gabriel García Márquez.

Pues bien, el diario El Espectador registró un hecho curioso y hasta jocoso (ver nota): “La escultura dedicada al hombre mamaburra que genera polémica en Sincelejo”. La “obra” lleva por título Mi primer amor y da cuenta del fuerte arraigo de la zoofilia, bien como práctica normalizada en algunas partes de la Costa Atlántica o como mito. La inscripción que acompaña a la “obra” dice: se “rinde homenaje al hombre costeño ‘mamaburra’ del Sincelejo de antaño”. Y es en este preciso momento en el que recuerdo mi paso por el Ejército y la estadía de un año entre La Guajira y Barranquilla.

Mis compañeros costeños del contingente 4to del 83 aludían de manera jocosa a lo que ellos mismos llamaban “María casquitos”, es decir, a la burra convertida en el “primer amor”. Parecía, según sus propios relatos, una práctica zoofílica cierta y no un mito como creen otros que es esa relación íntima con las burras que la escultura busca representar. Es más, en una base militar en Uribia (frontera con Venezuela), el entonces comandante contó que encontró varios portafusiles abandonados al lado de un árbol al que sujetaron a una burra para accederla sexualmente.

Más allá de si es cierto o no, o si lo fue, lo que hay que apreciar en el fondo es el poder con el que nos lanzamos al mundo, respaldados por la cultura dominante. Mientras que al salir a la calle nuestro peor miedo es que nos roben el reloj, las zapatillas o el celular, las mujeres temen ser tocadas, manoseadas, violadas o secuestradas para convertirlas en esclavas sexuales.  Esa es una realidad fáctica que, asociada a eso de ser Hombre o Macho o ser capaz de “estar” con una burra, facilita las expresiones del machismo y consecuencialmente las disímiles formas de violencia de las que participamos: riñas, discusiones acaloradas, castigos a ladrones que eufemísticamente llaman “masajes” o simplemente, hablar duro.

Ojalá la polémica que desató la curiosa escultura en Sincelejo sirva no para enaltecer la zoofilia, sino para revisar las masculinidades que, asociadas al poder del miembro viril, convierten a los hombres en bestias hambrientas capaces de saciar sus “necesidades sexuales” así sea sometiendo a las nobles burras. Si la práctica zoofílica hizo parte del pasado y ya no lo es, entonces en algo hemos avanzado. En todo caso siempre será preferible recordar al “hombre caimán” y no a los “hombres mamaburras”.

El mundo, en perspectiva universal deviene masculino y masculinizante. Prueba de ello son el fútbol, las guerras y el ejercicio tradicional de la política en un orden internacional dominado por hombres.

En Colombia, esa circunstancia terminó naturalizando el machismo y disímiles formas de violencia asociadas a la obligación de portarnos como Hombres. Ser hombre, macho o varonil constituye una enorme presión sobre adolescentes que deben dar cuenta de ese “mandato natural”. De lo contrario, terminarán señalados como “flojos, mariquitas o poco hombre”. Sobre ese marco general hay que comprender, más no aceptar, lo que hay detrás de ese hecho noticioso que registró El Espectador con el ya citado titular.

Imagen tomada de El Espectador.com