7 PREGUNTAS PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

 

Por Germán Ayala Osorio

Ante la posibilidad de que el fiscal Francisco Barbosa Delgado siga al frente de la Fiscalía, en las “carnitas y huesitos” de Martha Mancera, su vicefiscal, expongo estos interrogantes a los magistrados y magistradas que componen el alto tribunal de justicia.

Barbosa termina su desastrosa gestión el 12 de febrero. Y cuatro días antes, es decir, el 8, el pleno de la corporación judicial se reunirá por segunda vez para votar la elección de la nueva fiscal, de la terna enviada por el presidente Gustavo Petro.

Al parecer, ese mismo 8 de febrero escucharán al saliente fiscal general, quien rendirá el informe sobre su oscura gestión. Imagino que no reconocerá que el 94% de los delitos en Colombia quedan en la impunidad y mucho menos dará explicaciones del porqué en tres ocasiones aprobó que varios de sus subalternos solicitaran la preclusión del proceso penal en contra del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez. Recuérdese que Uribe está imputado – imagino que también emputado- por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.

Así las cosas, no parece que el 8 de febrero los togados y togadas elegirán a la nueva fiscal, para incumplir así con la tarea constitucional de elegir el remplazo del ladino Francisco Barbosa. Les pregunto, señores magistrados y magistradas:

1.      1. ¿Les importa en algo las versiones periodísticas que hablan de las relaciones clientelares entre la Fiscalía, el fiscal Francisco Barbosa y algunos de los togados?

2.      2. ¿Les preocupa la mala imagen que por estos días ustedes mismos están consolidando en la opinión pública por la demora injustificada de elegir a la nueva fiscal general de la nación?

3.      3. ¿Cómo reciben las graves denuncias y señalamientos que periodistas serios como Daniel Coronell, Johir Ackerman y Gonzalo Guillén vienen haciendo del fiscal Barbosa y de su vicefiscal, Martha Mancera?

4.      4. ¿Por qué jamás llamaron la atención a Francisco Barbosa por sus burdas actuaciones y por haber convertido la Fiscalía en su sede de campaña para aspirar a la presidencia en el 2026?

5.     5.  Ante los agrios enfrentamientos entre Barbosa y el presidente de la República, ¿por qué la CSJ guardó silencio?

6.      6. ¿Qué piensan del lobby que Barbosa hizo ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con el objetivo de “validar” lo que ya parece una realidad: que Martha Mancera, señalada de tener vínculos con narco fiscales del Valle del Cauca, se quedará un par de meses al frente de la Fiscalía?

7.      7. ¿Han recibido presiones de poderosos agentes económicos y políticos (de clanes políticos) para dejar en interinidad el cargo de fiscal general?

Como son 7 las preguntas y porque sé que no las van leer y mucho menos a responder,  aspiro a que por lo menos sean recogidas por un admirador de aquel presidente-títere, que en un evento internacional habló de los 7 principios de la espectral economía naranja porque ese número era muy importante para la humanidad por la existencia de los 7 enanitos, las 7 maravillas del mundo y las 7 artes.

Imagen tomada del Canal 1. 

UN FISCAL TORCIDO NO ES FRUTO DEL ENREVESADO MECANISMO DE ELECCIÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Nadie discute el carácter garantista y liberal de la actual constitución política de Colombia. De ahí que las soluciones planteadas a los problemas de la sociedad colombiana no pasan tanto por la eficacia y eficiencia del diseño constitucional, sino por la cultura mafiosa que contaminó todos los ámbitos de la vida social, económica, judicial y política del país. Los efectos de ese ethos mafioso se agrandan porque como sociedad, un importante número de sus miembros son godos, violentos, incivilizados, premodernos, aporofóbicos, clasistas, misóginos, torcidos y racistas.

Ningún diseño constitucional servirá para profundizar la democracia y dar cuenta de lo prescrito en la carta política de 1991 en materia de derechos, mientras el ethos mafioso guíe la vida de políticos, periodistas, empresarios, maestros y jueces, entre otros más.

Por estos días la opinión pública se enfoca en el ya enrevesado proceso de elección del remplazo del saliente fiscal general de la Nación (FGN), Francisco Barbosa Delgado, quien dejará el cargo el 12 de febrero. El mecanismo constitucional reglado para hacer la transición en la dirección del ente acusador deviene “contaminado” por intereses políticos y clientelares, valoraciones jurídicas y presiones de agentes legales e ilegales que están involucrados de muchas maneras en procesos penales por narcotráfico, violencia sexual, paramilitarismo, manipulación de testigos, fraude procesal y corrupción en obras públicas de gran calado. Esas circunstancias, todas juntas, convirtieron a la FGN en una entidad poco técnica y confiable, debido en buena medida a su politización. El ente acusador es hoy un costoso nido clientelar y de transacciones mafiosas entre criminales de cuello blanco y bandidos armados, con fiscales e investigadores inescrupulosos que se dejaron comprar o capturar por clanes políticos corruptos y organizaciones criminales como el clan del Golfo.

Que el presidente de la República presente la terna para que sea la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno la que elija finalmente el nuevo fiscal general, no es garantía de pulcritud, seriedad y mucho menos de probidad en el elegido o elegida. La elección misma de Barbosa constituye una prueba irrefutable de lo señalado. Este ladino personaje llegó al cargo únicamente por ser amigo íntimo de Iván Duque Márquez, quien lo ternó para que sirviera a los intereses del uribismo y de poderosos actores del establecimiento colombiano procesados por graves delitos. Ello explicaría las tres solicitudes de preclusión que Barbosa apoyó con el firme propósito de salvarle el pellejo al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, imputado por la Sala de Instrucción de la CSJ de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.

La historia reciente del país en torno a la elección de los anteriores fiscales generales señala con claridad y perplejidad que esas designaciones estuvieron motivadas en perversos intereses políticos de parte de castas, clanes y familias que necesitaron en su momento de los favores para cerrar casos o evitar investigaciones penales. Es decir, todos los gobiernos anteriores a Petro, los presidentes de la República ternaron amigos cercanos, esto es, fichas fácilmente manipulables. Baste con recordar la cínica respuesta que dio el entonces presidente-títere, Iván Duque Márquez, cuando se le cuestionó su cercanía a Francisco Barbosa Delgado: “Yo no he visto el primer presidente que terne enemigos, salvo que ustedes me digan si hay algún presidente que en su fuero haya ternado enemigos o personas desconocidas”.

A pesar de esa tradición, el presidente de la República, Gustavo Petro presentó a tres mujeres de las que no se conoce cercanía alguna con el mandatario. Por lo menos, no ha trascendido que estudiaron con el jefe del Estado o que las une una entrañable amistad como sucedió en el caso de Duque y Barbosa.

Así las cosas, por primera vez hay una terna de solo mujeres, que, sin tacha alguna sobre sus trayectorias, esperan que los magistrados y magistradas de la CSJ voten y elijan cuanto antes a la nueva fiscal general de la Nación, evitando así la interinidad en manos de la vicefiscal, Martha Mancera, ficha de Barbosa, tal y como la esperan poderosos agentes del establecimiento colombiano.

Cualquiera de las tres abogadas que resulte electa como la nueva fiscal podrá actuar con independencia tanto del presidente que la ternó, como de los togados que finalmente confiaron en sus capacidades profesionales. Otra cosa es que una vez al frente de la entidad, la elegida decida torcerse con el fin de favorecer a nuevos o viejos actores políticos, legales e ilegales, metidos en delicados procesos penales. La nueva fiscal recibirá muy seguramente todo tipo de presiones, tanto de actores legales como de los ilegales.  

Imagen tomada de Colombia Informa. 

EL ESTABLECIMIENTO ESTARÍA DETRÁS DE LAS DILACIONES PARA ELEGIR LA NUEVA FISCAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los términos establecimiento y régimen son de uso cotidiano para dar cuenta de grupos de poder tradicional que lograron capturar el Estado y su operación para favorecer intereses particulares y los de miembros de clanes (mafias políticas) cuyas vidas están guiadas por el sempiterno ethos mafioso del que hablo de tiempo atrás en esta tribuna.

No es fácil percibir o visibilizar esas correlaciones de fuerza que, instaladas bajo la lógica de un régimen de poder mafioso y criminal como el colombiano, se oponen a que el Estado opere armónicamente bajo la separación de poderes y las condiciones propias de un orden establecido moderno y democrático.

La intención manifiesta del fiscal saliente, Francisco Barbosa Delgado de dejar como fiscal encargada a su mano derecha, la inefable vicefiscal, Martha Mancera, sirve para verificar la existencia en el país de un régimen de poder que no solo desea impedir la elección de la nueva cabeza del ente acusador, sino la recuperación de la Fiscalía para el Estado de derecho y la sociedad. Se trata de un juego de poderes del que hacen parte el gobierno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en particular los 13 magistrados que votaron en blanco en la sesión del 25 de enero, en la que debían escoger a la nueva fiscal general de la Nación.

La sala plena de la CSJ está en la obligación constitucional de elegir entre las tres, al remplazo del ladino Francisco Barbosa. De acuerdo con lo que trascendió, 13 de los 23 votos posibles, fueron en blanco. Es decir, 13 togados del alto tribunal no aceptan los perfiles de las candidatas, a pesar de que están obligados a estudiar a fondo sus hojas de vida. Quizás ese voto en blanco se dio porque estarían a la espera de instrucciones de agentes políticos y económicos que hacen parte de ese entramado de intereses legales e ilegales en los que siempre opera el régimen de poder. El país sabe que varios de esos poderosos agentes se vieron afectados en materia grave con la llegada de Petro a la jefatura del Estado, pues perdieron el control de importantes entidades oficiales y recursos económicos.

Es posible pensar en varios actores a los que no les conviene la llegada de una nueva fiscal. Por ejemplo, el poderoso Sarmiento Angulo estaría preocupado por la posibilidad de que se reabra el caso de corrupción de Odebrecht en el que está involucrado. Huelga recordar que Sarmiento Angulo reconoció actos de corrupción ante las autoridades americanas. Otro agente político, conexo al banquero, sería el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, en particular en el caso de la muerte de Jorge Enrique Pizano, "controler" de la Ruta del Sol II. Otro interesado en perpetuar a Barbosa, en las "carnitas" de Mancera, sería Álvaro Uribe Vélez, a quien la fiscalía de Barbosa lo favoreció con por lo menos tres solicitudes de preclusión ante los jueces, de su proceso por manipulación de testigos y fraude procesal. Y también, otros poderosos políticos y empresarios que guardan relación con grupos de paramafiosos como el Clan del Golfo. 

Dilatar en el tiempo la elección de la fiscal general solo puede entenderse por la injerencia de poderosos agentes políticos y económicos a los que no les conviene que la Fiscalía caiga en manos de una mujer sobre la que no tienen control alguno, para satisfacer sus siempre mezquinos intereses. Por el contrario, con Mancera un tiempo más como fiscal general encargada, sus negociados se mantendrían bajo una enorme confiabilidad jurídica.

Ya lo había advertido Gustavo Petro en una entrevista a María Jimena Duzán en la que afirmó que él era el presidente de la República, pero que otros tenían el poder. Para el caso que nos ocupa, el mandatario de los colombianos cumplió con el envío de la terna para elegir la nueva cabeza de la Fiscalía. Por primera vez y contra todo pronóstico, Petro conformó la terna de solo mujeres, todas probas y sin manchas en sus trayectorias.

En estos momentos, el régimen de poder tradicional está interesado en evitar a toda costa el cambio de mando en la Fiscalía. Las gestiones de Barbosa y Mancera en los Estados Unidos muestran, con preocupante claridad, que hay incontrastables fuerzas políticas interesadas en mantener los tentáculos del poder mafioso que se tomó la institucionalidad del ente acusador, convertido por Barbosa y Mancera en uno encubridor de delitos, a juzgar por las denuncias hechas por el propio presidente de la República y respetados periodistas.

Poco importa si el 8 de febrero la CSJ elige a la nueva fiscal o si decide mantener la interinidad en la deseada y manoseada institución de justicia. Ya quedó claro que detrás de las dilaciones está el régimen de poder o el viejo establecimiento colombiano que, aunque perdió con Petro el control de una parte del Estado, está dispuesto a dar la pelea por mantener sometida a la Fiscalía.

Imagen tomada de Semana.com

MILEI, PETRO, JANIOT Y EL LLAMADO A CONSULTAS DEL EMBAJADOR ROMERO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con el llamado a consultas al embajador de Colombia, en Argentina, Camilo Romero, es probable que se dé el enfriamiento o quizás la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Argentina y Colombia. Ojalá la calentura política pase rápidamente y ese escenario no se dé.

Como se sabe, en una entrevista concedida a la periodista colombiana, Ángela Patricia Janiot, el presidente de los argentinos se refirió a su homólogo, Gustavo Petro como un “comunista asesino que está hundiendo a Colombia”.

Más allá del cruce de misivas diplomáticas que produzca la arremetida de Milei, resulta interesante reflexionar en torno a los perfiles de los dos mandatarios y al propio de la periodista que lanzó el anzuelo y que Milei picó sabiendo de los efectos políticos y mediáticos que iba a provocar.

Lo primero que hay que decir, antes de ir a mirar el carácter de los dos mandatarios es que la política y el periodismo se parecen mucho. Al fin y al cabo, sus ejercicios son formas del poder.  En lo que toca a las personalidades de Petro y Milei hay que advertir que ambos son unos provocadores profesionales. Los dos son subversivos, en el sentido en el que le apuntan a subvertir, radicalmente, los órdenes establecidos y dominantes en Argentina y Colombia.

El presidente colombiano es considerado por una parte importante del “viejo” establecimiento colombiano, como un político que llegó a perturbar la operación del ethos mafioso que por siglos le funcionó a la clase política y empresarial que lidera eso que se conoce como el régimen de poder tradicional. Después del estallido social y las crisis generadas por la pandemia del Covid19, la pobreza y el malestar social crecieron de tal forma, que el discurso reivindicativo al que apeló Petro en campaña, lo catapultó para llegar al Solio de Bolívar. Petro tiene en su cabeza el modelo de Estado de Bienestar europeo, pero olvida que aún la sociedad colombiana, incluida las élites, deviene premoderna, incivilizada, goda, aporofóbica, misógina, machista, violenta, tramposa, miserable, clasista y racista, circunstancias estas que hacen casi imposible pensar en que funcione el Estado bajo esos parámetros del bienestar colectivo.

Entre tanto, Milei llegó a la Casa Rosada para alterar los planes de una casta política que dice defender ideas peronistas, sin que ello les fuese óbice para consolidar mafias clientelistas responsables en buena medida de la debacle económica que sufren hoy los argentinos. De ese malestar social brotaron los votos que llevaron a Milei a sentarse en el sillón de Rivadavia. Macri (derecha) y la familia Kirchner (izquierda) son responsables de la crisis socio económica que hoy ahoga al pueblo gaucho. Milei, con su discurso neoliberal, expone su clara animadversión contra todo lo que huela a socialismo y comunismo. Para el mandatario argentino, ambos modelos son una “enfermedad del espíritu y quienes los promueven son basura, o excremento humano”. “La verdadera enfermedad argentina se llama socialismo. En la medida que un país abraza esas ideas, lo único que le va a ocurrir es ser cada vez más pobre”.

Entonces, Petro y Milei se parecen mucho, así ideológicamente estén parados en orillas ideológicas distintas. Eso sí, esta crisis diplomática no se hubiera presentado si la periodista Ángela Patricia Janiot no actuara también como una provocadora profesional. Eso sí, su actuar resulta comprensible cuando se asume el ejercicio periodístico para suscitar enfrentamientos ideológicos y políticos y crisis diplomáticas como la que está en camino de producirse con el llamado a consultas que acaba de hacer Colombia. En una anterior oportunidad, Janiot sacó de casillas al entonces presidente Iván Duque Márquez. Y lo hizo, preguntándole que si él era el títere de Uribe. Janiot, hija de un exfutbolista argentino, molestó al entonces presidente-títere y cumplió así con el principio periodístico de incomodar a quienes ostentan poder. 

Al ver la entrevista con Milei, Janiot la manejó muy a su estilo, esto es, sin confrontar las ideas y las explicaciones económicas que le estaba dando Milei a sus preguntas. Prácticamente, se trató de un monólogo que parecía disfrutar Janiot, periodista que bien podríamos ubicar a la derecha del espectro ideológico y político.

Janiot sabía que no podía dejar que la entrevista-monólogo terminara de esa manera. Por ello, acudió a la “vieja escuela del periodismo farandulero” y le lanzó el anzuelo con el que hoy millones de argentinos y colombianos acudieron a las redes para reproducir el video de la entrevista o por lo menos a escuchar los minutos finales en los que se produjo la arremetida de Milei. El presidente argentino aprovechó la oportunidad que le brindó Janiot para revivir el enfrentamiento político con Petro que se produjo durante la campaña que lo llevó a la Casa Rosada. Recordemos que Petro lo comparó con Hitler, en respuesta a Milei por haber dicho que el socialismo y los socialistas son excremento. Así las cosas, Petro, Milei y Janiot son tres provocadores profesionales. Y ninguno va a cambiar. 

 

Adenda: resulta inconveniente y poco diplomática la reacción del embajador, Camilo Romero, al calificar al presidente Milei de “hipócrita”.

Imagen tomada de Telam

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA LE INCUMPLIÓ AL PAÍS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los togados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no fueron capaces de elegir la nueva fiscal general de la Nación. Enredaron la esperada decisión, de la mano del engorroso mecanismo reglado para hacerlo: se elegirá a quien obtenga 16 votos.

Trascendió que hay división al interior de la corporación entre quienes quieren elegir cuanto antes a la nueva fiscal, y aquellos que quieren darle largas al asunto, así implique dejar en la interinidad la dirección de la Fiscalía, lo que supone que, la actual vicefiscal, Martha Mancera, quede al frente de la cuestionada entidad. En la sesión de hoy 25 de enero, hubo 13 votos en blanco de los 23 posibles. Si no existen cuestionamientos públicos sobre la idoneidad y probidad de las ternadas, ¿qué puede justificar esos votos en blanco? En el 2015 y 2022 circularon versiones de magistrados cuyos familiares tenían contratos en el ente acusador y en la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación. ¿Acaso se trata de intereses personales?

Mientras que los magistrados “deliberaban” a través del siempre sospechoso mecanismo de la votación, el fiscal y la vicefiscal, Francisco Barbosa y Martha Mancera daban un parte de victoria después de reunirse con agentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. En tono triunfalista, Barbosa habló a los medios como queriéndole mandar un mensaje a la CSJ. Dijo el anodino personaje que las autoridades americanas quedarían tranquilas si la Fiscalía queda en manos de Martha Mancera, una vez entregue el cargo el 12 de febrero.

El combativo y certero periodista, Gonzalo Guillén desmintió a los dos cuestionados personajes. “La Vicefiscal adjunta Nicole Argentieri de EE.UU. no ha dicho nada de lo que dice esta noticia falsa y oportunista de @FiscaliaCol” se lee en su cuenta de la red social X.

La reunión de Mancera y Barbosa con la vicefiscal Nicole Argentieri de los Estados Unidos, justo cuando los magistrados de la CSJ se disponían a votar por las candidatas ternadas por el presidente de la República deviene con un pecaminoso tufillo lobista de los funcionarios colombianos, para contrarrestar las versiones e insinuaciones que señalan los riesgos de que la Fiscalía quede en manos de Mancera. Las versiones periodísticas que señalan a la vicefiscal de tener vínculos con mafiosos del Valle del Cauca y los miedos que hay en sectores y agentes políticos y económicos, legales e ilegales, por la llegada de una fiscal proba y alejada de los sempiternos y sucios intereses con los que se eligieron los fiscales anteriores, incluido Barbosa, constituyen una presión muy fuerte sobre los togados.

Con la reunión con el Departamento de Justicia, Mancera y Barbosa quieren convertir la elección de la nueva fiscal en un asunto bilateral. Si es así, y la avanzada diplomática de estos dos funcionarios, debe ser contrarrestada por la acción también diplomática del embajador Murillo ante la DEA y los Departamentos de Estado y de Justicia de los Estados Unidos.

Lo cierto es que la decisión de la CSJ es de carácter político, incluso, podría ser de corte clientelista, de acuerdo con las versiones periodísticas que circulan de tiempo atrás. La no elección de la nueva fiscal también puede obedecer a una correlación de fuerzas que supera y subvierte el interés del gobierno de recuperar la Fiscalía para el Estado de derecho y la sociedad, en particular para las víctimas de diversos delitos, que no encuentran en el ente investigador y acusador la suficiencia moral y técnica para acusar a bandidos de todos los pelambres. De ahí que la impunidad ronde el 94%, lo que claramente permite cuestionar la administración de Barbosa.

La próxima reunión será el 8 de febrero, 4 días antes de que termine el azaroso y cuestionado periodo de Francisco Barbosa al frente del ente acusador (bueno, también defensor de bandidos de cuello blanco). Permitir que Mancera quede al frente de la Fiscalía servirá para confirmar las sospechas que rondan sobre los magistrados y la extensión en el tiempo de la mala fama y el desprestigio del ente acusador.

Adenda: al parecer, el plantón que se convocó para “presionar” a los magistrados de la CSJ fue tímido en términos de la cantidad de gente que llegó.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: EL 25 DE ENERO ES EL DÍA PARA ELEGIR LA NUEVA FISCAL

 

Por Germán Ayala Osorio

El 25 de enero pasará a la historia como el día más esperado por actores políticos y económicos, legales e ilegales. Sectores de la opinión pública guardan la esperanza de que se elija la nueva fiscal de una vez por todas, para que no se dilate en el tiempo semejante decisión. Y es así, porque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunirá para que los magistrados y magistradas voten y elijan a la nueva fiscal general de la Nación.

Estamos ante unas circunstancias inéditas que bien vale la pena recordar, horas antes de que se produzca la trascendental reunión al interior de la corporación judicial. Lo primero que hay que señalar es que la responsabilidad de la elección no recae tanto en los nombres y las relaciones amañadas de las abogadas ternadas en esta oportunidad, como sucedió en ocasiones anteriores en las que los abogados (hombres) ternados, su llegada a esa instancia definitiva venía teñida de politiquería y del sempiterno ethos mafioso asociado a la clase política y a las mafias acostumbradas a imponer fiscal, de la mano de los presidentes de la República.  Por el contrario, la CSJ está ante la imperiosa necesidad de evitar que el saliente fiscal logre dejar encargada a su ladina mano derecha, la vicefiscal, Martha Mancera.

En esta ocasión hay consenso académico, político y periodístico alrededor de la probidad de las tres mujeres que ternó finalmente el presidente Gustavo Petro. Esa particular circunstancia, solo mujeres y sin tacha moral o ética, hace que la decisión de la CSJ suscite toda suerte presiones mediáticas y políticas sobre los togados, pues no hay elementos que les permitan dudar de las condiciones morales y éticas de las ternadas para ser merecedoras de la designación. Ello debe facilitar la decisión.

Los togados están en la obligación de leer e interpretar muy bien la coyuntura ético-política que enfrentan como institución, ante el evidente deterioro de la imagen y de la institucionalidad derivada de la operación de la fiscalía en manos del anodino Francisco Barbosa, un ególatra que convirtió la entidad en su sede de campaña electoral con miras a las elecciones de 2026. Los magistrados de la CSJ deben comprender que no elegirán al “remplazo” de Barbosa, pues ninguna de las ternadas tendría los defectos, los intereses y las mañas que Barbosa dejó ver al país desde su postulación. Recordemos que su único mérito para ser ternado es haber sido amigo del presidente-títere, Iván Duque Márquez. La elección está prevista para recuperar la Fiscalía para el Estado de derecho y la sociedad, dada su captura y penetración por toda suerte de mafias y carteles políticos, en una mixtura entre lo ilegal e ilegal que logró debilitar la confianza de los ciudadanos y de grupos de víctimas, en el ente acusador e investigador.

Si hay consenso alrededor de la positiva formación académica de las abogadas ternadas, no deben existir mayores discrepancias entre los togados para tomar rápidamente la trascendental decisión. De no hacerlo el 25 de enero, como lo espera una parte importante de la opinión pública, cabría pensar en que sobre los togados recayeron fuertes presiones del fiscal Francisco Barbosa, para dejar en la interinidad a la temida Martha Mancera. 

Esa actitud dilatoria de los magistrados se explicaría por el silencio corporativo que guardaron frente a las actuaciones y decisiones politizadas y clientelizadas que adoptó Barbosa durante su oscura administración. Baste con recordar tres hechos políticos que ameritaban un llamado de atención de la CSJ, que jamás se produjo: 1. La intención institucional de la Fiscalía de lograr la preclusión del proceso penal en el que está en curso el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, en calidad de imputado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. 2. El enfrentamiento político e institucional que Barbosa provocó contra el presidente de la República y la JEP. 3. La ineficacia y el desinterés de la Fiscalía de golpear a estructuras criminales como el Clan del Golfo. 4. El 94% de impunidad en los procesos penales que deja el mequetrefe y homúnculo, llamado Francisco Barbosa. La CSJ está en deuda con el país. Los magistrados se pueden “poner al día” eligiendo cuanto antes a la nueva fiscal general de la Nación.

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM 

¿QUÉ HACER CON EL DECAPITADOR DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La decapitación de una mujer, en La Unión, Valle del Cauca, es el más reciente, macabro y escabroso feminicidio en Colombia. En plena calle y después de ser perseguida por su expareja, la mujer fue decapitada con un machete. El hombre responsable está en manos de las autoridades. El victimario se llama Hernando de Jesús Suárez y la víctima, Diana Carolina Serna. 

Los feminicidios, infortunadamente, se están haciendo cada vez más comunes en este país conservador, machista, misógino y violento. Llegará el momento en el que se volverán paisaje, como ocurrió con la corrupción público-privada, los raponazos callejeros, las masacres, las violaciones y manoseos de mujeres y niñas, y la violencia política.

El aparato de justicia en Colombia opera muy de cerca de las prácticas machistas y del lenguaje sexista de jueces y operadores judiciales que ven a las mujeres víctimas como culpables de “provocar” la ira o los deseos incontrolables de los hombres agresores. Baste con señalar que la ruta para denunciar tocamientos en el transporte público está plagada de lecturas maliciosas e incluso de burlas por parte de quienes intervienen en el proceso de recepción de las quejas y denuncias. Las víctimas sufren múltiples formas de revictimización.

Los gritos de justicia llevan a la eterna petición: pena de muerte o la cadena perpetua. Sabemos que esas penas no están contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. La máxima pena de 60 años parece mínima para las víctimas y esa parte de la sociedad que cree que, con la pena capital o la cadena perpetua, los criminales lo pensarán dos veces antes de violar o asesinar a una mujer o a una menor. Aunque en la realidad no necesariamente sucede así, hay coyunturas violentas que ameritan respuestas contundentes de parte de un Estado y de una sociedad que no protegen a las mujeres y a las niñas.

Con el caso del descabezamiento ocurrido en el Valle del Cauca vuelven entonces las solicitudes de reformar la constitución y el código penal, para encauzar a los feminicidas y violadores, con el firme propósito de hacerlos pagar con la vida por los ultrajes al cuerpo femenino.

Podría pensarse en un ajuste de la carta política en este sentido, a partir del impacto psico social que debería dejar la decapitación de la mujer en La Unión, Valle del Cauca. El ajuste que propongo va en el siguiente sentido: cuando se trate de feminicidios como el mencionado, un comité de mujeres (juezas, profesionales de otras disciplinas, amas de casa y estudiantes universitarias y víctimas que sobrevivieron a ataques similares) asuma la discusión en torno al castigo que merecería el tipo que le cortó la cabeza a su ex, con un machete.

Habría unos atenuantes que justificarían la conformación de dicho comité: 1. Se trata de un feminicidio ocurrido en vía pública, lo que claramente constituye un acto que no solo violenta la identidad y el cuerpo de la mujer asesinada, sino que podría afectar en materia grave la psiquis de la comunidad (municipio). Eso sí, hay que decir que la valoración social y colectiva del hecho criminal no es la misma si el crimen hubiese ocurrido en Bogotá o en Cali. Si así hubiese ocurrido, la misma prensa habría titulado en primera página el hecho y el repudio social y político habría sido distinto. 2. La decapitación podría considerarse como un agravante por ser considerado una acción bárbara, propia de un individuo premoderno y extremadamente violento. 3. El victimario construyó una relación de dominación, apropiación y subvaloración temprana sobre la mujer y su cuerpo, lo que explicaría el descabezamiento, asumido por el asesino como un castigo ejemplarizante por haberse negado a volver con él.

Sé, que el caso pasará rápidamente como uno más de las violencias que sufren las mujeres en Colombia. Como también sé que operadores judiciales y políticos y gente del común esperarán que el asesino, una vez sea trasladado a la cárcel, se active dentro del penal la “venganza” de parte de otros criminales que no aceptan dentro de sus celdas a violadores y decapitadores de mujeres. Entonces, aquellos dirán: merecía morir. Así las cosas, la pena capital sería una realidad en el mundo de la ilegalidad en el que operan las prisiones colombianas.

Imagen tomada de Infobae. 

YA DEJEN DESCANSAR A PIEDAD CÓRDOBA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En los tratamientos periodísticos dados por varios medios masivos al fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba Ruiz confluyen dos tipos de periodistas: de un lado, aquellos que reconocen en la congresista su lucha por los derechos de las mujeres, los negros y los de la comunidad LGTBI y su papel clave en la liberación de civiles secuestrados por las entonces Farc-Ep; y del otro, los que dejan aflorar, sin vergüenza alguna, el racismo y la misoginia, lo que les da licencia para cuestionar que Piedad Córdoba se habría “blanqueado” y operado la nariz. La insinuación o el señalamiento tiene la clara intención de visibilizar en la congresista liberal una crisis identitaria o quizás un problema de "falsa conciencia", atadas ambas a la búsqueda de una aceptación social fruto, en gran parte, del discurso publicitario hegemónico que tiene como único referente de belleza aceptable a la mujer blanca, de sonrisa perfecta, cuerpo esculpido por médicos hombres, pelo liso y nariz respingada.

Néstor Morales, de Blu radio y varios de los miembros de su mesa de trabajo reconocieron a Piedad Córdoba como una política luchadora, contestaria y liberal. La mezquindad, el racismo y la misoginia aparecieron cuando la periodista (mujer) de la mesa (prefiero no mentar su nombre) hizo referencia a un hecho estético que está atado de manera inexorable al racismo estructural en el que sigue instalada más de la mitad de los colombianos, incluida la periodista que emitió su “juicio estético”. De la colega se esperaba algo de sororidad y no semejante comentario.

Jamás escuché que se fustigara en los medios a mestizos o “blancos” (hombres o mujeres públicas) por haberse operado la nariz. En cambio, cuando una mujer afro, como Piedad Córdoba, se hizo la rinoplastia, entonces emerge la lectura que señala que esa decisión sobre su cuerpo está asociada necesariamente a una “crisis identitaria” o a un problema de "falsa conciencia", que dejó ver la intención de la congresista de borrar estéticamente ese rasgo afro, al igual que el blanqueamiento al que habría sido sometido su piel negra.

Cuando no es el pelo, la nariz o la boca, es el tono de voz lo que les molesta a quienes desde la “hegemonía blanca” insisten en ver a los miembros de los pueblos afrodescendientes destacarse, exclusivamente, en el fútbol, atletismo y boxeo (lo llaman el deporte de las narices chatas) y por supuesto, bailando salsa en ciudades como Cali, reconocida como la “capital mundial de la salsa” y como una urbe segregadora de la población afro. Y es así, porque les resulta inadmisible verlos como abogados, congresistas contestatarios y liberales, médicos, científicos o generales de la policía, del ejército, la fuerza aérea o la armada nacional. Y mucho menos, aceptan, como en el caso de Francia Márquez Mina, exempleada doméstica, como vicepresidenta de la República.  Eso sí, los prefieren ver pidiendo en los semáforos o en las notas judiciales que suelen comentar con frases como “negros tenían que ser”, al referirse a los ladrones aprendidos por policías rasos que también son afros.

Es muy duro ser negro en este país. Si se mantienen fieles a sus prácticas culturales y las expresiones identitarias asociadas a los territorios, entonces los asumimos como una curiosidad folclórica; pero si osan vestirse de manera distinta y más aún, alisarse el cabello, “blanquearse” y operarse la nariz, entonces ya toca descalificarlos por no conservarse tal y como los cánones estéticos hegemónicos “blancos” lo señalan.

Ya dejen descansar en paz a la negra Piedad Córdoba Ruiz. Cuando le toque el turno de partir a la periodista que desde Blu radio lanzó el “juicio estético” contra Piedad Córdoba, muy seguramente una parte del país la despedirá advirtiendo las luces y las sombras de su vida, tal y como lo hicieron con la congresista liberal.

Adenda 1: el congresista Polo Polo, también afrodescendiente, se operó la nariz y al parecer viene sometiéndose a un proceso de “blanqueamiento” en su piel oscura. Por estar al servicio de la derecha y ser la “mascota” de María Fernanda Cabal, entonces la periodista en cuestión guarda silencio ante la crisis identitaria del ciudadano de Tolú, quien en el pasado también se auto reconoció como indígena.

Adenda 2: el partido Alianza Verde está en la obligación ético-política de expulsar al patán, vulgar, anacrónico, ignaro, misógino y racista, conocido como Jota Pe o Jota P. No se sabe si la sigla JP alude a Jumento Político o si oculta que el congresista no soporta que lo llamen por su nombre de pila: Jota P Hernández o Jota Pe Pulido. Llamar bandida a la congresista fallecida, en un discurso de odio en el que celebró su muerte, es propio de aquellos que claramente jamás conocieron la urbanidad de Carreño. Por el contrario, fueron formados bajo los principios (también bajos) de la urbanidad de Carroña.

Imagen tomada de internet. 

PIEDAD CÓRDOBA RUIZ Y LOS TITULARES SOBRE SU MUERTE

 

Por Germán Ayala Osorio

Con la muerte de la senadora Piedad Córdoba Ruiz nuevamente el país de las redes sociales y la política deja ver los miedosos niveles de crispación ideológica y animadversión de una sociedad que no encuentra el camino para convivir en medio de las diferencias. En los titulares de la prensa tradicional se puede observar el fenómeno socio cultural y político que nos confirma a nosotros mismos y al mundo, que somos una sociedad intolerante, racista, misógina y clasista.

Los titulares en la prensa cumplen la función de recoger el sentido y la importancia de los hechos noticiosos de los que dan cuenta. Y con enorme claridad dejan ver la postura política del medio e incluso, su nivel de animosidad frente a personajes públicos o a los hechos en los que están involucrados.

Veamos varios titulares para ejemplificar el asunto. EL TIEMPO, periódico del banquero Sarmiento Angulo, expuso en primera página de su versión impresa el siguiente titular: Ataque cardíaco puso fin a la vida de Piedad Córdoba (21 de enero). El día del fallecimiento fue el 20 de enero y así título EL TIEMPO en su versión digital: Atención: fallece en Medellín la senadora Piedad Córdoba. El cambio de tono es evidente.

Desde la ubicación y el diseño, el suceso político es minimizado por el editor general, quien decidió exponer el hecho noticioso en una sola columna y al lado derecho del lector. Es claro que el fallecimiento de la congresista no daba para reseñarlo a dos o tres columnas. Podrán argumentar que ya habían reseñado la muerte y que no valía la pena dedicarle más espacio a reseñar lo que en vida hizo o dejó de hacer la senadora liberal. Para acabar de expresar y registrar la animadversión de EL TIEMPO como medio informativo, en el lead de la noticia se lee lo siguiente: "la combativa y polémica senadora Piedad Córdoba, muy cercana a Hugo Chávez y a las Farc, y sobre quien pesaba una investigación de la Corte Suprema de Justicia por Farcpolítica y por enriquecimiento ilícito, murió ayer en Medellín a los 68 años de edad". 

Decir que era cercana a Chávez Frías y a las Farc, conlleva una carga ideológica con la que claramente se busca ahondar en las negativas narrativas con las que se macartiza y se persigue a todo lo que huela a izquierda. Y sobre la investigación por "Farcpolítica" hay que señalar que al romperse la cadena de custodia de las USB halladas en el campamento de Raúl Reyes en el Ecuador, todos los señalamientos sobre su cercanía a las Farc quedaron sin sustento legal. En cuanto al proceso de enriquecimiento ilícito, desconozco los detalles del mismo y del material probatorio. 

Sobre el titular hay que decir que deviene con un tono celebrativo en la medida en que se desprecia, de entrada, las luchas políticas que libró la congresista, que le valieron el desprecio de una parte de la sociedad, en especial de la derecha que ella tanto confontó por las responsabilidades que jamás asumieron sus máximos exponentes, frente a la pobreza extrema, la sempiterna corrupción política, la violencia en los campos, el paramilitarismo y el racismo estructural que produjeron en tantos años al frente del Estado.

Cuando EL TIEMPO dice que la falla cardíaca “puso fin a la vida de Piedad Córdoba” quiere dejar claro que el sentimiento de rechazo o desprecio que en las directivas de EL TIEMPO se siente hacia la figura de la congresista liberal. No hay lugar para lamentar la muerte de Córdoba Ruiz, justamente, porque el hasta hace poco periódico liberal, es hoy la trinchera ideológica de la derecha y la ultraderecha.

Entre tanto, EL ESPECTADOR tituló el 20 de enero, día del fallecimiento de Córdoba: Falleció la senadora Piedad Córdoba en Medellín. El diario de los Cano se preocupó por registrar el hecho destacando el rol en la sociedad política de la fallecida y el lugar en el que se produjo su deceso. Y lo hizo con varias notas con titulares distintos, en su versión digital. En su versión del 21 de enero, EL ESPECTADOR rotula de esta manera: Así serán las exequias de Piedad Córdoba: estará en cámara ardiente en el Congreso. Aunque la ubicación de la nota se mantiene en primera página, su relevancia disminuyó pues se ubicó casi en la mitad de la tapa.

Entre tanto, EL TIEMPO, en su versión online del 21 de enero, sella la nota sobre el mismo hecho de esta manera: Cuerpo de Piedad Córdoba estará en cámara ardiente en el Congreso, dice la familia. En su tapa digital, EL TIEMPO apenas si registró la actividad protocolaria que normalmente se da cuando fallece un político, sea presidente o congresista. Nuevamente el periódico del banquero insiste en borrar el carácter político de la vida pública de la senadora. El uso del término “cuerpo” tiene la intención de despojar la dignidad congresional de Piedad Córdoba, quien murió siendo senadora de la República por el Pacto Histórico. Al añadir “dice su familia”, EL TIEMPO le quita el carácter simbólico e institucional que tiene exponer los despojos mortales en cámara ardiente. No es que lo diga su familia, es que corresponde por la dignidad que ostentó en vida la congresista.

Las negativas narrativas que la prensa construyó durante más de 20 años sobre Piedad Córdoba permiten que hoy, en las redes sociales, congresistas del Partido Verde y del Centro Democrático celebren la muerte de la senadora. Ahí aparecen de fiesta los anodinos y momios congresistas Polo Polo, JP Hernández y María Fernanda Cabal. En esos discursos, la gran prensa colombiana dio cuenta y azuzó el racismo, la misoginia y el clasismo desde donde fue lapidada y sigue siendo atacada, Piedad Córdoba Ruiz.

Foto tomada de EL ESPECTADOR. Foto de Gustavo Torrijos Zuluaga. 

MURIÓ PIEDAD CÓRDOBA: POLO POLO Y JOTA P HERNÁNDEZ, DE FIESTA

 

Por Germán Ayala Osorio

Murió Piedad Córdoba. Amada y odiada en el siempre lóbrego y tenebroso mundo de la política colombiana, su partida permite ver en las redes sociales los niveles de pugnacidad y odio que se respira en el país desde el 7 de agosto de 2022.

Aunque la cantidad de mensajes de solidaridad en las redes sociales por la muerte de la congresista superan a las maldiciones y reclamos de sus enemigos y detractores, llama la atención lo expresado por los congresistas Polo Polo y Jota P Hernández, quienes muy seguramente están celebrando la muerte de la liberal y luchadora por la paz. Estos advenedizos e ignaros legisladores expresaron su animadversión hacia la fallecida congresista. Y lo hicieron, apelando a un discurso propio de “sicarios morales” que, sobre el féretro de Córdoba, estarían dispuestos a derramar su viscoso veneno.

En sus expresiones de animosidad incontrastable, los congresistas confluyen en la idea de que será la justicia divina la que se encargue de cobrarle a Piedad Córdoba, lo que hizo en la tierra. Frase manida de ciudadanos creyentes que van a misa todos los domingos para buscar sosiego en la figura de Dios, pero que al otro día siguen destilando veneno con sus procaces discursos. Según este par de insustanciales políticos, Córdoba le hizo daño al país. En particular el ladino Jota P Hernández la calificó de bandida. Si hablamos de políticos dañinos, tendríamos que hablar de Álvaro Uribe Vélez, Alberto Santofimio Botero y más recientemente, Iván Duque Márquez.

Las curules accidentales de Miguel Abraham Polo Polo y Jhonathan Ferney Hernández, conocido bajo el alias de JP, dan cuenta de varios fenómenos, a saber: la banalización de la política, el oportunismo político y mediático circunscrito al estallido social de 2021 y la pobreza cultural.

El primero de esos fenómenos está atado a la baja cultura política de quienes, en el ejercicio del derecho a elegir, votaron con la bilis o simplemente se dejaron seducir por discursos vacíos de quienes se presentaron a elecciones para el Congreso de la República en una particular coyuntura. El resultado de esa baja cultura política está representado en las dos curules que ostentan este par de descriteriados políticos.  

En cuanto al segundo fenómeno, hay que decir que está ligado también al engaño de quien, como alias Jota P, fungió como un “Youtuber”, figura ridícula muy propia de una sociedad que prefiere los discursos básicos, la vulgaridad, la patanería y las calenturas pasajeras de una serie de bocones que se creen en la capacidad de liderar procesos de cambio social, cuando apenas si pueden ordenar sus precarias vidas. Y en lo que respecta al tercer fenómeno, este deviene ancorado a los perfiles de los señalados congresistas, convertidos en bufones de la derecha por cuenta, justamente, del mínimo capital social y cultural con el que cuentan.

Las luchas que libró en vida Piedad Córdoba en torno a la paz jamás podrán comprenderlas Polo y Jota P Hernández porque ambos asumen el conflicto armado interno como un asunto lejano, en el que no hay víctimas civiles, sino solo victimarios. Córdoba quizás cruzó una línea ética y política muy delgada cuando se acercó al entonces presidente Chávez y a las Farc-Ep, para que el primero ayudara con la liberación de los secuestrados que estaban en manos de esa guerrilla. Justamente, los balances que hay que hacer de lo hecho por Piedad Córdoba exigen de parte de los interesados unos mínimos conceptuales que Polo Polo y Hernández no tienen.

Cuando les llegue la hora de partir a estos dos políticos, muy seguramente, al examinar sus luchas, discursos y actuaciones, no habrá de dónde agarrarse para destacar algo positivo. Ojalá no volvamos a ver congresistas del talante de estos dos ridículos e infantiles personajes. En una recordada sesión en el Congreso, Piedad Córdoba dijo que "al fin de cuentas, JP sí era un HP". 

Imagen tomada de CMI

LA SERIE GRISELDA BLANCO: VUELVE Y JUEGA LA “MALA” IMAGEN DEL PAÍS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La innecesaria polémica entre Gustavo Bolívar y Roy Barreras, a propósito del lanzamiento de la serie Griselda, en Netflix, invita a reflexionar sobre los responsables de la mala imagen que hay de Colombia en el extranjero, asociada esta a la existencia de sicarios, prostitutas, políticos mafiosos y narcotraficantes.

Pablo Escobar Gaviria y las novelas y series como la que pronto se estrenará de la narcotraficante Griselda Blanco, protagonizada por la actriz Sofía Vergara, en las que se alude al narcotráfico, representan sin duda alguna a una parte del país y de la sociedad colombiana. Eso no se puede negar. Avergonzarse o sentirse maravillado por las disímiles formas de violencia que rodean ese mundo de mafiosos, lavaperros y mujeres sumisas y sometidas al poder de los traquetos es también propio de una sociedad variopinta que, en su conjunto, históricamente, deviene confundida moralmente por haber permitido difuminar los límites entre lo correcto y lo incorrecto.

Entre los que se maravillan por las historias que rodean la vida del Gran Capo o ahora con la vida de Griselda Blanco están, por supuesto, extranjeros y connacionales que se sienten atraídos por los relatos que dan cuenta del poder político, social y económico que alcanzó el asesino antioqueño y mecenas de una extensa lista de políticos paisas que naturalizaron el ethos mafioso que guió la miserable vida de Pablo Escobar. Ya veremos en la señalada serie cuál fue la “relevancia” de Griselda Blanco en el mundo de la mafia y cuántas niñas y mujeres querrán emularla. En Cali también se vivió el mismo fenómeno con los señores Rodríguez Orejuela. Y claro, en otras ciudades y pueblos, como Pacho (Cundinamarca) con Gonzalo Rodríguez Gacha.

Que las novelas y series se hayan universalizado no son responsabilidad de los libretistas y mucho menos de los actores que encarnaron al gran asesino y a la inquietante Griselda Blanco. Esa discusión es irrelevante y no tiene sentido darla. Y mucho menos pueden ser culpados por la “mala” imagen del país. Quizás el problema está en que nos preocupamos demasiado por esa perversa idea que tienen en el extranjero de nosotros, pero poco hacemos dentro y fuera del país para superar el ethos mafioso que entronizamos y naturalizamos a diario.

También juega en todo este asunto que nos sentimos inferiores y quizás minimizados porque jamás encontramos la senda de un desarrollo económico que garantizara procesos civilizatorios y por ese camino, la consecución de una esquiva modernidad. Por eso quizás, el periodismo busca a diario destacar a los deportistas colombianos, en particular a los futbolistas que ganan títulos internacionales, para borrar la mala imagen que nos dejaron Pablo Escobar y que nos dejará en adelante la serie de Griselda Blanco. Afanosamente los periodistas buscan a los colombianos que “dejan en alto” al país. Se trata de una carrera infinita, de nunca acabar, por borrar nuestras propias vergüenzas.

Cambiar esa mala imagen tampoco se logra proscribiendo el turismo que alrededor de Escobar Gaviria existe en Medellín, con la ruta que lleva a extranjeros y nacionales a conocer los relatos que dan cuenta de la perversidad y también del “buen corazón” del criminal con su programa “Medellín sin tugurios”. En Cali, que se sepa no existe práctica turística semejante. Imagino que en la capital antioqueña su existencia está asociada a eso de ser “emprendedor y vivo” para aprovecharse de la curiosidad y la admiración que propios y extraños sienten hacia el más grande criminal del país.

Quizás para mejorar nuestra propia percepción del país lo que debemos hacer es conocer muy bien nuestra historia política y en particular los hechos que hicieron posible la fusión entre política y crimen, gracias al narcotráfico. La ñeñepolítica es la más reciente demostración de esa mixtura. Pero ello implica leer, estudiar y analizar. Y de eso, muy poco en nuestra sociedad, aunque los índices de lectura de libros al parecer han mejorado en los últimos años. Luego, actuar en consecuencia, esto es, negarse a votar por los políticos que Escobar patrocinó y enriqueció, que son los mismos que se oponen hoy a la legalización o al control estatal de la producción de marihuana y cocaína. Esa clase política es la responsable en gran medida del atraso económico, social y cultural del país y el de los colombianos. Y es así, porque son políticos violentos, básicos, machistas y poco leídos. Y las mujeres que también hacen política al lado de esos, son sumisas y gustan de los “machos cabríos” que, como Pablo Escobar, manoseó y violó menores de edad. Esas mismas mujeres, guardan silencio frente a poderosos hombres señalados de violar mujeres adultas.

Baste con recordar al narco paramilitar, Hernán Giraldo, convertido en un “depredador sexual” para entender que la figura del gran macho sigue vigente en nuestra cultura. O el caso del poderoso político que violó a la periodista Claudia Morales. Según ella, fue ultrajada sexualmente por un “hombre poderoso al que lo oyen y lo ven todos los días, a quien ningún escándalo lo afecta… Es capaz de muchas cosas… Ha demostrado que nada de lo que ocurra a su alrededor le puede hacer daño, ya que tiene todo el poder para salirse con la suya”.

Las novelas de narcos dan cuenta de hombres como Giraldo y del agresor de Morales, que exhiben grandes fortunas mal habidas, así como los ímpetus de machos acostumbrados a ver a las mujeres como objetos sexuales de libre adquisición y mercadeo. Cuando dejemos de admirar  a esos mafiosos y de votar por esa clase de políticos, entonces tendremos todo el derecho a criticar las narconovelas que venden muy bien la imagen de lo que somos, por nuestra propia culpa.

Imagen tomada de Daily Mail. 

PERIODISMO INCISIVO SOLO CON EL GOBIERNO DE IZQUIERDA

 

Aunque se advierte un descenso considerable en el consumo de los hechos noticiosos creados por los medios masivos, en especial en la gente más joven, los efectos psico sociales de las empresas mediáticas sigue siendo alto en quienes aún consumen la información sin mayor capacidad crítica.

También es cierto que las redes sociales le hacen un fuerte contrapeso a la información noticiosa, en particular cuando esta deviene contaminada por los sempiternos intereses de los propietarios de los medios, sus editores y los de los anunciantes que pautan a diario.

Con la llegada del primer presidente de izquierda, la gran prensa capitalina, de la mano de los medios regionales, asumió la tarea de deslegitimar al gobierno de Gustavo Petro, como nunca se intentó hacer con gobiernos anteriores. Reconocidas empresas mediáticas como RCN, Caracol, Semana, El Colombiano, El País, Blu Radio, La W y La FM asumieron dicha tarea creando una agenda política compartida que tiene como objetivo debilitar al gobierno de Gustavo Petro e incluso, si posible, desestabilizarlo a través de fake news y tratamientos periodísticos-noticiosos amañados ideológicamente.

Los efectos psicosociales generados por las intrigas, análisis sesgados y las maliciosas interpretaciones de hechos y decisiones de gobierno, que a diario hacen los periodistas de esas casas periodísticas, serían mayores de no contar con las respuestas que el presidente Petro a diario hace de las notas que publican sobre sus actos de gobierno. De ahí la molestia de los comunicadores, que nunca encontraron en un presidente de la República que confrontara sus versiones e interpretaciones a través de la red X.

Lo cierto es que no hay día en el que dichas empresas informativas ataquen al gobierno, con o sin razón. Confrontar y molestar al poder es, sin duda alguna, una tarea clave e irrenunciable en el ejercicio periodístico. El problema radica cuando en el cumplimiento de esa tarea, se apela a la mentira y a sesgadas interpretaciones de los hechos que llaman la atención de la prensa. Ese comportamiento confrontacional de la prensa bogotana no se dio jamás con anteriores gobiernos, lo que permite concluir que efectivamente esas empresas mediáticas comparten un mismo objetivo: deslegitimar al gobierno de Petro y si es posible, desestabilizarlo.

Asistimos, entonces, a un ejercicio periodístico violento. Generar una opinión pública negativa y adversa constituye una forma de violencia discursiva que bien podría matizarse haciendo un ejercicio periodístico equilibrado, sensato y evitando las fake news.

Esos medios y periodistas que hoy hurgan en los gastos del gobierno en sus traslados y promociones de Colombia como el “país de la belleza”, guardaron silencio y aún mantienen el mutismo frente a casos de corrupción política en los que estuvieron comprometidos los nombres de varios políticos y banqueros. Por ejemplo,  el entonces presidente-títere Iván Duque y su señora madre, conocida en algunos medios como “la madrina”, en referencia a un caso de corrupción con los bienes de la SAE. Así mismo, con la escandalosa fortuna alcanzada por los hijos de Uribe en tan poco tiempo y las propias andanzas del expresidente y expresidiario antioqueño, con el que se cuidaron de confrontarlo directamente por asuntos como los falsos positivos, la apropiación irregular de un baldío, el mismo que devolvió no presiones de la prensa bogotana, sino por las del senador Wilson Arias Castillo; también, por el recibo de una millonaria suma de dinero de la política  Agro Ingreso Seguro; de igual manera, esas empresas mediáticas guardaron silencio frente a la corrupción del grupo AVAL, reconocida ante las autoridades americanas. Fue evidente la intención de los periodistas de esas empresas mediáticas de evitar el escándalo que supone debe darse ante el pago de coimas en la construcción de la Ruta del Sol 2 que se pagaron con la aprobación de directivos de ese grupo financiero y empresarial.  

Por estos días, varios medios radiales se dedicaron al tema de los costos del alquiler de la “casa Colombia” en Davos, Suiza y a la conmemoración del robo de la espada de Bolívar por parte del M-19.  En los tratamientos periodísticos de ambos casos, cayeron en exageraciones y lecturas amañadas. Periodistas como Néstor Morales, de Blu radio, cuñado del expresidente Iván Duque Márquez, todos los días deja ver su animadversión hacia todo lo que le huele a izquierda y progresismo. En la mesa de trabajo de Blu radio varios de sus compañeros hacen ingentes esfuerzos por generar un mal ambiente social y político en sus oyentes. Es decir, generar una opinión pública no solo adversa al gobierno de Petro, sino una que provoque desazón, rabia e incertidumbre en las audiencias.

No es posible que logremos en Colombia la reconciliación que se exige desde los micrófonos de Blu radio. En este punto, en la mesa de trabajo de Blu radio plantearon la necesidad de que el presidente Petro pidiera perdón por haberse levantado en armas en los años 70, en el marco del conflicto armado interno. De igual manera, por los hechos del Palacio de Justicia, toma de la que no participó el actual mandatario y el robo de la espada de Bolívar.  Morales, por ejemplo, solo ve los problemas en la izquierda. De manera maliciosa oculta la operación de la derecha como orilla ideológica y los daños culturales que dejaron en el país quienes militan en ese espectro ideológico: neoliberales como César Gaviria, Santos, Duque y Uribe Vélez. En particular, sobre la incontrastable corrupción política en los gobiernos de Uribe y Duque, la gran prensa bogotana y periodistas como Morales fueron cautelosos y nada incisivos.

La violencia discursiva en la que incurren a diario los señalados medios y periodistas es el mayor obstáculo para construir un mejor país y la anhelada reconciliación. La prensa afecta a los intereses del “viejo” régimen de poder en Colombia en buena medida es responsable de los niveles de violencia discursiva que se registran a diario en el país.

No se trata de que oculten lo que este gobierno viene haciendo mal y mucho menos, evitar exponer los casos de corrupción de los funcionarios. Lo que se les pide es rigor y sobre todo que la acción de confrontar a los poderosos se haga con todos, incluyendo a los Cacaos y propietarios de las empresas mediáticas. Comprar empresas mediáticas para poner a sus periodistas a taparles la corrupción y los pérfidos intereses de sus propietarios recrea el escenario propicio para que en Colombia opere la auto censura mediática y se logre así el empobrecimiento de la opinión pública y el ejercicio amañado- corporativo- del periodismo.

Imagen tomada de Semana.com

JESÚS ARMANDO ARIAS CABRALES, UN GENERAL SIN CONDECORACIONES Y GLORIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con un decreto ministerial, al general Jesús Armando Arias Cabrales le acaban de retirar cinco de las más altas condecoraciones que recibió durante su larga carrera militar, la misma que el alto oficial manchó con sus actuaciones durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Sin duda alguna, se trata de una decisión con una enorme carga simbólica con la que se acaba de hundir en el mayor descrédito y deshonra a la que se puede someter a un militar como Arias Cabrales que, en algún momento de la historia del país, sectores de la opinión y del establecimiento colombiano consideraron como un “héroe de la Patria”. Condenado a 35 años de prisión y expulsado de la JEP por negarse a reconocer sus responsabilidades durante el operativo con el que el Ejército retomó el control del Palacio de Justicia a sangre y fuego, acción temeraria que terminó con la vida de magistrados. Entre las víctimas del operativo militar se cuenta el magistrado Carlos Urán Rojas, quien fue asesinado por tropas oficiales.

La decisión político-administrativa con la que se despoja a Arias Cabrales de cinco condecoraciones constituye una acción ética ejemplarizante justamente por su condición de general de la República. Por lo anterior, la decisión alcanza una especial notoriedad. Aunque se trata de un acto político, ya otros oficiales de manera voluntaria habrían devuelto las condecoraciones que en otros tiempos lucieron con orgullo.

Jesús Armando Arias Cabrales morirá en la deshonra por haber creído, como otros altos oficiales que al recuperar el edificio del Palacio de Justicia “estaba defendiendo la democracia”. El coronel Plazas Vega, autor de la tristemente célebre frase, “aquí, defendiendo la democracia, maestro”, debería de devolver sus condecoraciones y medallas por el vergonzoso y ultrajante operativo de retoma del Palacio de Justicia del que hizo parte, aunque la justicia señala las mayores responsabilidades en generales troperos como Arias Cabrales.

Ojalá que en las escuelas de formación de oficiales y suboficiales se estudie con rigor histórico, militar, humanístico y ético-político lo ocurrido con la toma y retoma del Palacio de Justicia. Es preciso también que el concepto de democracia no se vuelva a reducir a la defensa de un edificio, tomado por un grupo armado ilegal. Primero está la vida de los civiles, lo demás, es secundario. Tan secundario,  como las medallas y condecoraciones que, manchadas de sangre de inocentes, brillaron en los pechos de generales y coroneles.

Imagen tomada de Semana.com

LA ESPADA DE BOLÍVAR Y EL ATENTADO CRIMINAL CONTRA LA ESCUELA DE POLICÍA: DOS HECHOS, UNA SOLA HISTORIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El robo de la espada de Bolívar, hoy hace 50 años, fue un hecho político-mediático muy propio del M-19, grupo guerrillero que acostumbró al país y a la opinión pública a mirar con asombro, rabia y admiración golpes de opinión como la extracción del sable (no se trata propiamente una espada) de la Quinta de Bolívar en donde reposaba, así como hurtar carros de leche para regalarla a los más pobres en barrios populares de Cali y claro, la inolvidable sustracción de 5000 armas del Cantón norte de Bogotá.

La conmemoración de ese evento fue asumida por los periodistas de Mañanas Blu como un hecho repudiable, por tratarse de un delito. Nuevamente los colegas se quedan en las maneras, para evitar asumir críticamente el fondo, o mejor, el trasfondo sociopolítico en el que hay que ubicar y comprender el levantamiento armado de los años 60 y en particular el robo de la espada del Libertador.

Como animales simbólicos que somos, recordar ese tipo de hechos políticos no tiene la pretensión malévola que la prensa derechizada ve en la celebración. Por el contrario, el actual gobierno entiende la devolución al Estado del sable y su presencia durante la posesión presidencial como un gesto de paz y reconciliación.

En lugar de hacer pedagogía para la paz con el señalado símbolo, gran parte de la prensa bogotana fustiga las actividades de recordación del robo de la espada de Bolívar, insistiendo en la narrativa con la que se descalifica moralmente al presidente de la República por haber militado en el M-19. Olvidan los reporteros que la violencia guerrillera se dio en respuesta al terror y a las acciones criminales cometidas por el establecimiento colombiano desde la constitución de la República.

En su perversa lectura, conectaron la evocación de la histórica fecha, con una idea que la prensa afecta al “viejo” régimen insiste en posicionar: en el gobierno de Petro se prioriza la defensa de los victimarios y se niegan los derechos de las víctimas. Así entonces, recordaron el cobarde atentado dinamitero que el ELN perpetró contra la Escuela de oficiales de la Policía, General Santander, el 17 de enero de 2019. Y lo hicieron para decir que la actual administración prefiere honrar el robo de la espada, que la memoria de los jóvenes cadetes que cayeron por la explosión del carro bomba que el ELN ingresó sin mayor problema a las instalaciones policiales.

Eso sí, la conexión establecida obliga al gobierno y a los ministerios comprometidos en la conmemoración de los dos hechos a realizar las actividades correspondientes: de un lado, recordar el robo de la espada de Bolívar y su posterior devolución como parte de nuestra memoria política y el valor de la paz, en particular para el grupo guerrillero que firmó un armisticio con el Estado, palabra que hasta el momento sus principales figuras vienen cumpliendo; y del otro, el asesinato colectivo de los oficiales en formación caídos en el atentado del ELN, como parte también de la violencia política, pero también como parte de los sacrificios que como sociedad y Estado se deben hacer para alcanzar el anhelo de la paz, en un país que soporta un ominoso conflicto armado interno.

 

Imagen tomada de Publimetro.