CONDENAR A URIBE: IMPERATIVO MORAL PARA TRANSFORMAR A COLOMBIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por estos días, el confeso paramilitar Salvatore Mancuso incriminó en sus denuncias ante la JEP, a empresarios, multinacionales, ganaderos y políticos de haber apoyado a las AUC, la organización criminal que le sirvió de parapeto a la derecha colombiana para apropiarse de más de 6 millones de hectáreas que les arrebataron los paramilitares a cientos de campesinos, a punta de masacres y desplazamientos forzados. Y como era de esperarse, el nombre del inefable Álvaro Uribe Vélez  vuelve a sonar. No hay delito en el que ese nombre no aparezca, así sea a manera de simples sospechas, señalamientos e imputaciones. 

Desde la violación de una periodista que describió a su violador como un hombre muy poderoso que aparece todos los días en los medios de comunicación; hasta los señalamientos de periodistas serios de tener vínculos con las estructuras paramilitares. Sobre estos hechos, en la justicia reposan procesos en su contra por las masacres del Aro y la Granja. El propio Mancuso acaba decirle a la JEP, que Uribe estuvo siempre al tanto de lo que sería y fue la masacre del Aro. Y por último, las imputaciones que hoy lo tienen sub judice, por fraude procesal y manipulación de testigos. En este mes de mayo un juez decidirá si acepta la solicitud de preclusión de la Fiscalía de Barbosa o si por el contrario, lo lleva a juicio por los delicados delitos que se le imputan. Es la segunda vez que la Fiscalía solicita la preclusión del proceso en contra del 1087985. Pasó el tiempo, y llegó la tercera solicitud de preclusión, que finalmente negó el Tribunal Superior de Bogotá.

En su momento, el expresidente Andrés Pastrana dijo públicamente que Uribe tenía vínculos con los paramilitares. Mancuso en sus audiencias ante el alto tribunal de paz dijo que apoyó con dinero y camisetas su campaña presidencial en el 2002. También dijo lo mismo el entonces congresista, Germán Vargas Lleras; y el magistrado Rubén Darío Pinilla, del Tribunal Superior de Medellín, pidió que se le investigara por promocionar y apoyar  grupos paramilitares. A lo anterior se suman las investigaciones periodísticas de Gonzalo Guillén y Julián Martínez, entre otros, que le vienen siguiendo la pista a Uribe desde que fue director de la Aerocivil. Los libros publicados comprometen el nombre del político antioqueño.

Culpable o no de todos los delitos que se le acusan, lo cierto es que Uribe Vélez es un negativo faro moral para la sociedad colombiana. Es un mal referente para el ejercicio del poder. Por todo lo anterior, debe ser procesado y ojalá condenado, con todas las garantías procesales a las que haya lugar, pero el país necesita pasar esas páginas que se escribieron en torno al actuar público y privado de este expresidente y ex presidiario.

En adelante, le recordaré a mis lectores otros hechos que nos remontan al año 2015, en particular la condena proferida contra María del Pilar Hurtado, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Sin duda alguna, un hecho jurídico-político importante en su momento y del que se esperaba que la justicia pudiera procesar, juzgar y ojalá condenar a quien muy seguramente dio las órdenes para seguir, interceptar comunicaciones y desprestigiar a periodistas, magistrados,  críticos e intelectuales: Álvaro Uribe Vélez.

Esas mismas orientaciones, órdenes y directrices que la entonces directora del DAS cumplió a cabalidad, y con las que dicha entidad se convirtió en la policía política de un régimen que persiguió a quienes pensaran distinto. Si bien la Corte Suprema de Justicia (CSJ) compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (CACR) para que investigue al ex presidente de la República, la opinión pública sabe que en esa instancia investigativa no pasará nada. De hecho, varias denuncias contra el mismo ex presidente reposan en esa misma comisión, sin que hasta el momento se haya movido un solo folio de las denuncias recibidas.

Será difícil procesar y condenar al ex presidente Uribe. La naturaleza política (clientelista) de la CACR, el miedo que sus miembros sienten al pensar que tienen que investigar a Uribe Vélez y su incapacidad para asumir las tareas investigativas, son suficientes elementos para pensar que el ex mandatario jamás responderá por los señalamientos y denuncias, a pesar de que le cabe toda responsabilidad política por  las violaciones de los derechos humanos, perpetradas durante sus ocho años de Gobierno. Y no solo por lo acaecido con las operaciones ilegales ejecutadas por el entonces DAS, sino por la penetración, cooptación y captura del Estado, por parte de los paramilitares. Grupos estos que contaron, además, con el apoyo de actores sociales, económicos y políticos de la sociedad civil, y por esa vía, dieron vida al paramilitarismo como fenómeno sistémico y empresa criminal.

Si bien jurídicamente los procesos contra Uribe no caminan, el país, social y políticamente, necesita procesar a Uribe Vélez. Hacerlo, podría representar el inicio de un cambio cultural para un país que se acostumbró, entre el 2002 y 2010, al Todo Vale. Es claro que se borraron los límites de la decencia. Hubo excesos. El llamado “Embrujo autoritario”, consolidó las negativas Representaciones Sociales (RS) e imaginarios colectivos, que frente al Estado y la función pública, históricamente exhiben los colombianos. Con Uribe se naturalizó la corrupción. Más de 60 de sus congresistas procesados y condenados por tener vínculos con el paramilitarismo. El caso del general Santoyo, de la policía, es emblemático en eso de que la corrupción se naturalizó en ese periodo. Él mismo decía que su Gobierno no compraba conciencias, que seducía. Y todos sabemos que la Unidad Nacional del Congreso de la época, se conformó sobre la base de contratos y dádivas. Yidis Medina, condenada por cohecho, es el claro ejemplo de esa “seducción política”. Vaya eufemismo para encubrir lo que fue una vulgar compra del voto, con el que no solo se reeligió Uribe, sino con el que el país vivió el periodo más oscuro y tenebroso, en lo que respecta al ejercicio del poder del Estado y de un Presidente. ¿En dónde quedó la legalidad y la legitimidad de esa reelección? Es claro que Uribe fue una invención mediática.

Los daños que Uribe le hizo al país son de múltiple naturaleza: ambientales (entrega de licencias de explotación minera, deforestación), sociales, políticos, jurídicos, culturales, institucionales, éticos y morales. Nunca antes, en la reciente historia del país, un Gobernante en Colombia debilitó tanto las instituciones y transformó la institucionalidad. Uribe sometió las instituciones estatales a su proyecto autárquico, soportado en una sed de venganza contra las Farc porque según él, le asesinaron a su padre. Su versión fue desestimada por las propias Farc en La Habana, en desarrollo de las conversaciones de paz. Transformar a una sociedad como la colombiana, que parece acostumbrada a la corrupción pública y privada, a que el Estado le sirva a unos pocos, requiere de medidas excepcionales, de hechos contundentes y ejemplarizantes, que pongan en crisis las perversas prácticas políticas que han hecho posible el sometimiento de las instituciones estatales a disímiles mafias, que han contado con la anuencia de Gobiernos, de agentes económicos y políticos de la sociedad civil, o por lo menos, con su cómplice silencio. Procesar y condenar a Uribe sería ese hecho contundente y ejemplarizante que necesita la Nación, para cambiar las maneras como sus ciudadanos asumen y entienden el papel del Estado, de la política y las relaciones de este con la sociedad. Procesar a un ex presidente como Uribe podría generar la confianza en la justicia, que una sociedad civilizada necesita para operar en condiciones de normalidad.

La vigencia política y mediática de Uribe Vélez representa la confusión moral y ética de una sociedad que deviene sin referentes éticos capaces de llevarla hacia estadios civilizados y de una moral pública capaz de universalizar el respeto por los derechos y que nos lleve a repensar las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad.

Quienes extrañan el talante dictatorial de Uribe y su complacencia con la corrupción, no solo sirven a los intereses de las empresas encuestadoras y los del noticiero de televisión RCN, que ayudan universalizar las opiniones de unos cuantos, sino que son el mayor obstáculo ético que enfrentan los sectores de opinión que exigen y esperan una profunda transformación cultural. De allí que, insisto, sea urgente procesar a Uribe, para transformar social y políticamente a una sociedad, guiada, históricamente, por un Estado hecho a la medida de unas mezquinas élites políticas y económicas, y de grupos emergentes que le han sometido, para ponerlo al servicio de sus particulares intereses.

Urge, entonces, que la sociedad civil y los sectores de la sociedad que no comulgan con el proyecto político que ejecutó Uribe, presionen a la CACR, a las élites que aún lo apoyan y a la justicia en general, para que Uribe sea juzgado. Procesarlo y juzgarlo es, a todas luces, un insoslayable imperativo moral, para una sociedad confundida en, y por su propia historia de inmoralidades públicas y privadas.

Que el polémico ex presidente y ex presidiario cuente con el apoyo de algunos sectores sociales y políticos y de empresas mediáticas, no significa que sus actuaciones al frente del Estado hayan sido legítimas y legales. Por el contrario, su vigencia mediática debe ser suficiente para dudar de la honorabilidad y pulcritud de sus decisiones político-administrativas. Y es así, porque esa misma prensa que hoy lo mantiene como líder de opinión y como determinador político y electoral de las campañas de candidatos de derecha que buscarán hacerse con el poder en el 2026, para retomar el rumbo, es la misma que él cooptó e irrespetó durante su periodo presidencial. Así las cosas, debemos continuar con la tarea de confrontar la historia oficial-mediática,  que logró  ocultar y minimizar los graves y execrables hechos  ocurridos en Colombia, entre el 2002 y el 2010, en particular, los falsos positivos y sus 6402 víctimas mortales. Igualmente, debemos guiar la transformación cultural del país, develando las mentiras de una prensa y de unos medios masivos que cada vez más actúan como actores políticos.

Blogueros y tuiteros tenemos la responsabilidad de convertir la Red en un espacio de discusión pública de asuntos públicos, en aras de generar estadios de opinión divergentes, que hagan contrapeso a la homogénea y homogeneizante opinión pública que se genera desde la Gran Prensa, que insiste en mantener la vigencia política de lo que simplemente fue una invención mediática y el perverso experimento de una derecha que solo buscaba probar sus propios límites, en lo que respecta a debilitar el propio Estado, y en lo que respecta a la violación de los derechos humanos. El país debe pasar esas páginas y desechar los principios que guiaron el dañino experimento de una Derecha que perdió los límites de la decencia.

Imagen tomada de W radio. 

11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 Y 2001: HITOS PROPIOS DE LA AVIESA CONDICIÓN HUMANA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por motivaciones ideológicas, mediáticas y políticas, la conmemoración de los infaustos hechos ocurridos el martes 11 de septiembre de 1973 en Chile, hace ya 50 años, jamás tuvieron la trascendencia de los que ocurrieron también un martes 11 de septiembre, pero de 2001, en los Estados Unidos.

Quizás a partir de la visita que a Santiago de Chile hará el primer presidente de izquierda que gobierna a Colombia, Gustavo Petro, podamos recordar ese 11 de septiembre como nuestro y ocupe un lugar en la memoria y, por un instante, “compita” en trascendencia e importancia con el 11 de septiembre de 2001 que enlutó la vida de los americanos por los ya conocidos hechos de terrorismo. Petro viaja a Chile para acompañar a su homólogo, Gabriel Boric, en los actos de evocación de ese trágico martes en el que se atacó la casa presidencial en la que estaba el recién elegido presidente, Salvador Guillermo Allende Gossens. En medio del ataque de la aviación chilena, Allende optó por suicidarse, y no por dimitir o entregarse a las fuerzas golpistas dirigidas por el general Pinochet. 

Desde el 2001, cada 11 de septiembre el mundo, de la mano de la prensa hegemónica occidental, vuelve y mira hacia los Estados Unidos para recordar esa aciaga tarde en la que, con actos incontrastables de terrorismo, se sacudieron los cimientos democráticos en la propia tierra del Tío Sam, derrumbando los dos más grandes símbolos del capitalismo y de la ingeniería: las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York.

Mientras que después del ataque militar al Palacio de la Moneda y el derrocamiento de Salvador Allende, primer presidente socialista elegido por voto popular, se desató en Chile la cruel dictadura liderada por el general golpista, Augusto Pinochet Ugarte, con el apoyo irrestricto del gobierno de Richard Nixon, la CIA y la responsabilidad académica, económica y política de la Escuela de Chicago (los Chicago Boys), el 11S o 9/11 de los americanos desató una cruzada contra el mundo musulmán, en un doble juego moral que debería de servir para castigar a  Osama Bin Laden, “monstruo” criado por los propios gringos durante la respuesta militar por la invasión rusa a Afganistán y para despejar las sospechas de que los atentados terroristas fueron obra del propio régimen americano.

La dictadura chilena y sus caravanas de la muerte sirvieron de ejemplo a la derecha colombiana para enfrentar, de manera extendida, a las guerrillas, declaradas el enemigo interno, principio que militares colombianos aplicaron con severidad y violencia a profesores, líderes políticos y sociales, defensores de derechos humanos y simpatizantes de las ideas de izquierda.

Los hechos del 11S o 9/11 ocurridos en los Estados Unidos también le sirvieron a la derecha colombiana, liderada por Álvaro Uribe Vélez, para imponer la tesis negacionista del conflicto armado interno y por esa vía, desconocer los derechos de las víctimas que dejaría la aplicación del Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Turbay Ayala (1974-1978) y la posterior política de defensa y seguridad democrática aplicada a rajatabla por Uribe durante sus dos tenebrosos mandatos (2002-2010). Uribe Vélez en su política de seguridad señaló que en Colombia no había un conflicto armado, sino una "amenaza terrorista". Es decir, de un plumazo, el entonces mandatario borró de la historia política las circunstancias objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60. Bajo esa política de seguridad, fueron asesinados cobardemente 6402 jóvenes, presentados falsamente como guerrilleros caídos en combate. 

Así, este lunes 11 de septiembre debemos mirar hacia Chile y Nueva York para recordar y ojalá jamás olvidar, que tanto la dictadura de Pinochet Ugarte, como los ataques terroristas, confirman la aviesa condición humana, fundada en la mayor pulsión que como especie tenemos: el poder y su expresión, la biopolítica, con la que se decide, en un escritorio, quién merece vivir y quién, no.

Imagen tomada de Agencia Prensa Rural

EL 29 DE OCTUBRE SE PONE EN JUEGO EL PROYECTO POLÍTICO DE PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los resultados electorales del 29 de octubre darán vida a una coyuntura política que afectará, para bien o para mal, los años que le quedan a Gustavo Petro en la presidencia de la República. Si la derecha mantiene alcaldías y gobernaciones, y si extiende su dominio a otras jurisdicciones, la gobernabilidad del jefe del Estado sufrirá bastante por los embates propios de ese sector ideológico que le está apostando a que la vaya mal al gobierno, para en el 2026 enfilar baterías para recuperar el control del Estado, e impulsar las contrarreformas que hagan posible echar para atrás lo decidido por el presidente Petro en materia de tierras, controles socio ambientales y reforma agraria.

Cuando llegue ese momento, veremos a la derecha haciendo lo que en su momento el liberal Ernesto Samper Pizano quiso hacer cuando asumió la jefatura del Estado (1994-1998): reversar las medidas adoptadas por su antecesor, el neoliberal César Gaviria Trujillo (1990-1994). Al percatarse el establecimiento de las intenciones de Samper, de inmediato los sectores más conservadores y neoliberales convirtieron el Proceso 8.000 en el mejor proyecto político anti-reformas.

No se puede negar que el “viejo” establecimiento está incómodo con Petro por los proyectos de reforma a la salud, pensional y laboral y por supuesto, por la apuesta medio ambiental del gobierno actual de proteger las selvas, en particular la amazonia y claro, por su aún incipiente reforma agraria. Pero la molestia y los resquemores hacia el presidente de la República pasan por la animadversión que les produce su pasado revolucionario, pero sobre todo porque la estrategia de develar el ethos mafioso que ha guiado a los sectores de poder económico y político le viene funcionando al presidente Petro, quien funge como un faro moral y civilizatorio que irrita a esas castas políticas y financieras que hasta el 7 de agosto de 2022 hicieron con el Estado lo que se les vino en gana.

Quienes no comparten esta lectura, dirán que no es posible que Petro se convierta en un faro moral por los hechos jurídico-políticos en los que está involucrado su hijo Nicolás Petro y su antigua jefa de gabinete, Laura Sarabia. Hasta el momento lo único claro de estos dos escándalos es que la derecha los intentó convertir en un Proceso 8.000, pero no les alcanzó. Sobrevino luego el tema de la salud mental y física del presidente, con el objetivo de convertir a Petro en un Abdalá Bucaram, para intentar sacarlo de la Casa de Nariño. Tampoco les funcionó la estrategia, a pesar de la ayuda del hermano de Petro, convertido en un bocón y pantallero con aquel asunto del síndrome de asperger.

Hay claras muestras de que esa apuesta moralizante le está funcionando a Petro muy bien: su enfrentamiento personal e institucional con Francisco Barbosa le permitió develar, con la ayuda de periodistas independientes y corajudos como Gonzalo Guillén y Julián Martínez, entre otros más, que la Fiscalía está permeada por el Clan del Golfo. El tiempo- no el periódico- le dio la razón al presidente Petro: en la corrupción público-privada en la construcción de la Ruta del Sol II estaba involucrado el Grupo Aval de Sarmiento Angulo. Luego vinieron los aberrantes casos de descomposición moral e institucional en la SAE y en la UNP; y el robo de Petróleo al interior de Ecopetrol; y recientemente, la caída de Arturo Char le vuelven a dar la razón al presidente de la República y a quienes lo acompañan en su labor moralizante.

En términos políticos, la derecha viene usando la inseguridad en ciudades capitales y los problemas de orden público en los temas de campaña, para insistir en la idea de que el país va mal, porque lo de la paz total está mal planteada. Por supuesto que a la derecha le conviene que fracasen los procesos de diálogo y paz que caminan tanto en Buenaventura, como en el resto del país con las anacrónicas organizaciones guerrilleras que insisten en un conflicto armado que hace rato perdió el carácter revolucionario, en lo social, político y económico, para convertirse en un cuadro anómico de múltiples violencias.

Ahora bien, en un caso hipotético en el que el Pacto Histórico y en particular la Colombia Humana arrasen con alcaldías y gobernaciones el proyecto modernizante de Petro tendrá mayores posibilidades de éxito. De suceder lo contrario, el primer gobierno nacional de izquierda será duramente juzgado por sus propios errores, magnificados por las empresas mediáticas que día a día hacen sus aportes para que el Golpe Blando sea una realidad, o por lo menos, sirva para mantener distraído al presidente pensando en que se hará realidad.

 

Imagen tomada del CNE.

EL TIEMPO Y UN TITULAR ENGAÑOSO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El periódico EL TIEMPO, otrora defensor de ideas liberales, es hoy el medio informativo que mejor viene legitimando la doble moral, el ethos mafioso, la corrupción y las burlas a la justicia, provenientes de sectores y agentes con poder económico y político.

La orden de captura en contra de unos de los vástagos del Clan Char, Arturo Char, sirve para medir la temperatura moral del periódico, hoy en manos del Grupo económico de Sarmiento Angulo, vinculado con actos de corrupción (pago de coimas) en la construcción del carreteable Ruta del Sol II. La defensa de la imagen de su único dueño la viene haciendo a través de titulares engañosos y de tratamientos periodísticos que falsean la realidad de los hechos de corrupción que Corficolombiana y el propio banquero reconocieron ante las autoridades americanas.

En el caso del excongresista y expresidente del Senado, EL TIEMPO dio el paso que le faltaba dar para caer en lo más profundo del lodazal de la inmoralidad que es Colombia. El diario se atrevió a titular de esta manera una nota firmada por Geraldine Bajonero: ‘Con la cabeza en alto’: Arturo Char se pronuncia después de llegar a Colombia. 

Aunque se trata de un titular de cita, con este se ocultan los hechos jurídicos que comprometen al señor Char y lo más importante:  su llegada al país se da por motivo de la orden de captura internacional que libró la Corte Suprema de Justicia, tribunal que lo investiga por compra de votos. Esa es una manera muy sutil de defender las conductas inmorales que, a juzgar por la orden de captura, la Corte Suprema encontró en el actuar del excongresista. 

Quien firma la nota, con la anuencia del editor general de EL TIEMPO y la bendición del gran magnate, le miente al lector puesto que el regreso de Char a Colombia no se da porque así él lo haya decidido, como si se tratara de una colaboración con la justicia. No. Lo hizo para evitarse la vergüenza de ser capturado por la Interpol y expuesto mediáticamente al mundo, con las esposas puestas y montado en un avión. La frase “Con la cabeza en alto” no es más que un lugar común en el que suelen caer todos aquellos que son requeridos por la justicia. Es el último aire que les queda cuando sienten que una condena está cerca.

Vengo insistiendo en que la sociedad colombiana deviene en una profunda e histórica confusión moral, circunstancia que permitió la naturalización de un ethos mafioso en las maneras en las que operan el Estado y el sector privado. En esa confusión entraron los medios masivos de información y los periodistas que siguen a pie juntillas la línea editorial que permite ocultar, validar e incluso exaltar ese desconcierto colectivo, resultado de unas éticas acomodaticias de la “gente de bien”, que se diseminaron por el grueso de la sociedad.

Aunque las empresas mediáticas en Colombia siempre se portaron como actores políticos, hoy lo hacen como apéndices de conglomerados económicos (banqueros) que, curiosamente, subvaloran el ejercicio periodístico como factor que contribuye a la consolidación de la democracia. Así, tanto Sarmiento Angulo, dueño de EL TIEMPO y la familia Gilinski, propietaria del portal Semana, acabaron con el oficio y las buenas prácticas periodísticas que en otrora exhibieron el diario bogotano y la que antes fue la revista Semana. De la misma manera como la revista Semana murió con la llegada de los Gilinski y la dirección de Victoria Eugenia Dávila, EL TIEMPO también pasó a mejor vida. Paz en la tumba para estas dos empresas periodísticas.

La crisis ética y de credibilidad de los medios está atada a decisiones editoriales fundadas estas en intereses políticos y económicos de los dueños de las empresas mediáticas. Así, le hacen un flaco favor al oficio y a la democracia. 

Imagen de Migración Colombia, tomada de EL TIEMPO. 

ESTABA CHAR-LADO

 Ahora que la Corte Suprema de Justicia emite orden de captura internacional en contra de Arturo Char, recuperé de mi anterior Blog, una par de columnas en las que hice referencia a hechos políticos que tocan al hoy imputado excongresista y su poderosa familia. 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social- periodista y politólogo

Esta columna se publica dos días antes de que se dé la elección del presidente del Senado, Arturo Char y se dé, además, el inicio de la nueva legislatura. Su publicación se produce porque dicha elección estaba decidida de tiempo atrás y no se vislumbra qué eventualidad puede impedir que se concrete.

La ya advertida y anunciada elección de Arturo Char como presidente del Senado, se entiende en el marco de lo que significa la Política en Colombia: negocio, negociados, clientelismo, corrupción y botín; relaciones sociales-familiares, componendas y compadrazgos.  Desde los inicios de este turbulento y enrarecido 2020, la Gran Prensa bogotana anunciaba lo que obedece, simplemente, a una transacción política, anclada en el ethos mafioso que guía la vida pública de casi todos los operadores políticos colombianos. Esto es: transar, tolerar, consentir, abrazar, apoyar y hacer todo lo que sea posible a nivel político y legislativo, así no sea ético, para hacerse con el Estado, asumido este como un botín; y para extender en el tiempo el dominio y el poder casi incontrastable de los agentes económicos que hacen parte y sostienen al  Régimen y que son los que financian las campañas de candidatos presidenciales y otros tantos que desean convertirse en congresistas, alcaldes y gobernadores, no para servirle al país, sino para legislar en favor de sus patrocinadores. 

El Clan Char, como otros, es un agente económico que financia campañas políticas de candidatos presidenciales y al Congreso. La elección de Iván Duque Márquez contó con el apoyo económico del conglomerado económico que respalda las actividades políticas de la familia Char. Con su financiera Serfinanza, los miembros del Clan barranquillero, al parecer  financiaron a varios de los congresistas que están comprometidos y obligados a respaldar a Arturo Char Chaljub para que llegue a ocupar el anhelado cargo. Según el Portal Cuestión Pública, “…los que llegaron al Congreso con financiación de Serfinanza, empresa del grupo Char, tendrán serios conflictos de interés para votar este 20 de julio”.

El solo hecho de militar en la empresa electoral Cambio Radical (CR) convierte al senador Arturo Char en un negociante político, en una ficha más del Régimen. Por ello quizás, Germán Vargas Lleras, propietario y accionista de la micro empresa electoral a la que muchos llaman Partido Político y a quien ya se le puede decir “eterno candidato presidencial”, lo necesita allí para que, a partir de la legislatura que inicia este 20 de julio, tenga el poder de negociar con el Centro Democrático y con el gobierno de Duque, la agenda legislativa y el manejo político-clientelar del escenario preelectoral que se avecina en 2021.

Huelga recordar la cercanía política y la amistad que subsiste entre el patriarca o capataz de Salgar, Álvaro Uribe Vélez y el Clan Char. Ello es garantía de que la presidencia de Char Chaljub funcionará como toda una aplanadora legislativa y como fuente político-electoral para poner en la Casa de Nariño sino a Vargas Lleras, a un miembro del clan barranquillero o al que logren definir en un escritorio Uribe y los miembros de la Familia Char, entre otros muy cercanos agentes políticos que trabajan en contubernio con otros empresarios y conglomerados que hacen parte del Régimen de poder. Ahora, es posible pensar que ante el sostenido desprestigio de Uribe y su condición sub júdice, este quiera negociar con los Char la “transición del uribismo al charismo”; es decir, que el país pase del Clan Uribista al Clan Char, así, de manera Olímpica, como suele suceder políticamente en Colombia.

Con el apoyo de los insepultos partidos Liberal y Conservador y el resto de empresas electorales que hacen parte de la coalición gobiernista, Arturo Char, señalado por la excongresista y prófuga de la justicia, Aída Merlano, por hacer parte de una red de corrupción electoral en la costa Atlántica, fungirá como presidente del Senado a pesar de la investigación preliminar que le abrió la Corte Suprema de Justicia, por las declaraciones dadas por Merlano. Diligencia que deberá afrontar con el ropaje y la dignidad del cargo de Presidente del Senado, lo que sin duda lo pone en ventaja ante su juez natural.  

Así entonces, la elección programada y previamente anunciada de Arturo Char no es el resultado de un debate político argumentado, en el que, por ejemplo, se analicen sus aportes legislativos, el nivel de los debates y la presencia probada en las sesiones. No. De eso muy poco hay y se da al interior de la corporación legislativa porque de tiempo atrás (tiempos históricos), el Congreso de Colombia funge como el lugar en el que la política, con minúscula, opera y se puso al servicio de los intereses corporativos-privados de una élite económica que, además de exhibir una frágil formación ética,  y una incontrastable pobreza cultural, ha logrado hacerse con el Estado hasta lograr que su operación esté concentrada en un gran porcentaje, para satisfacer sus negocios y deseos, así como sus propios apetitos burocráticos y los de todos aquellos que se unen cada cuatro años, buscando un lugar en el selecto grupo de propietarios o beneficiados del Estado colombiano, a través de millonarios contratos.

Realmente la elección de Arturo Char no debe de sorprendernos. Por el contrario, sirve para comprender en manos de quién está el Estado y el manejo de la política, en minúscula, porque aquella con P mayúscula es apenas un raro espectro al que pocos hemos visto. Esa designación-elección ya estaba Char-lada.

La llegada del hijo del Clan barranquillero constituye una prueba más de lo que es Colombia, institucional, ética, política, cultural y socialmente hablando: un sumidero de mezquindades; un escurridero de inmoralidades; una alcantarilla por la que corre sin control el empobrecido liderazgo de una élite que jamás tuvo y podrá desarrollar una idea de Nación en la que quepamos todos.

La reflexión que queda por hacer en adelante, a partir de semejante suceso político, es el lugar que cada colombiano le otorga a la Política y el tipo de relaciones que han venido construyendo con esa otra política. Quizás de esa disquisición broten respuestas y reacciones que conduzcan a poner mayor atención a la hora de dar un voto por un candidato que desea ocupar un cargo de elección popular. Y es posible que más colombianos concluyan que votar un hijo de un Clan político o por un miembro o amigo cercano a un conglomerado económico es aportar un grano más a la privatización del Estado y a la pérdida del sentido de lo público que acompaña a la Política.

Imagen tomada de Pulzo.com

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ORDENA ECHARLE MANO A ARTURO CHAR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La orden de captura internacional proferida por la Corte Suprema de Justicia en contra del exsenador Arturo Char debería de ser el principio del fin del famoso Clan político que, a manera de familia feudal, exhibe el dominio sobre la ciudad de Barranquilla, convertida de tiempo atrás en su feudo de unos 154 km2.

El sistema señorial montado por la familia Char en la capital del Atlántico convierte la democracia política y electoral en una pantomima en la que los sufragantes ejercen el derecho a votar, a sabiendas de que el ganador de la contienda local se conoce con antelación. Recién, la encuesta Invamer da como ganador a Alex Char, actual andidato a la alcaldía de la “arenosa” o también conocida como la “ciudad de los peligrosos arroyos” con un 86 por ciento de la intención de voto de los barranquilleros. Llama la atención que en afiches y pancartas, sus asesores decidieron presentarlo como Alex, así, sin su apellido, muy seguramente porque viene de tiempo atrás asociado a hechos de corrupción. Y ahora con la orden de captura contra su hermano, se confirma ese hecho social y político. 

Sobre varios miembros del poderoso Clan recaen investigaciones engavetadas en organismos de control disciplinario y en la propia Fiscalía.  Señalamientos que van desde narcotráfico (tráfico de marihuana y cocaína en los años 90) y delitos electorales que ya fueron imputados a Arturo Char, quien venía mofándose de la Corte que hoy ordena a la Interpol su captura.  Sobre este último, la Corte Suprema lo requiere porque, según denuncias de la procesada excongresista Aída Merlano, este habría pactado acciones conducentes a comprar votos. Los delitos formales en los que el alto tribunal soporta la orden de captura son concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados.

¿Qué tanto se verá afectada la aspiración de Alex Char Chaljub por el escándalo político y social que supone la captura de su hermano? Es posible que los efectos negativos no alcancen a poner en riesgo su llegada nuevamente a la alcaldía, hoy en manos de un alcalde puesto por el propio Clan. Se trataría, entonces, de una transición en las condiciones feudatarias arriba mencionadas, que impiden la consolidación de un proyecto civilizatorio moderno en el departamento del Atlántico. Alex Char ya fue alcalde de la ciudad en dos oportunidades. 

En términos mediáticos, la orden de captura será minimizada por los periodistas y medios afectos al Clan Char, por motivos de fidelidad política, relaciones de consanguinidad e incluso, por asuntos asociados a la pauta publicitaria proveniente de tiendas Olímpica, cadena de tiendas pertenecientes a la poderosa familia barranquillera.

Noticias Caracol, en su emisión del medio día de hoy 6 de septiembre, día en el que se conoce la expedición de la orden de captura internacional en contra de Arturo Char, apenas si tocó el asunto, pues el noticiero privado decidió, editorial y políticamente, dedicar, desde hace varios días, a hacer un cubrimiento espectacular, tipo publirreportaje, de las obras de infraestructura hechas en la capital del Atlántico, que la opinión pública asocia a la gestión de la familia Char. La dirección del noticiero lo hizo bajo la disculpa de cubrir el primer partido (y contra Venezuela) por la eliminatoria al Mundial de Fútbol (masculino) 2026.

En la radio pasó algo similar con La FM, cuyo director, Luis Carlos Vélez está emparentado con el Clan Char. Ambos medios no van a asumir la tarea de desglosar la investigación de los magistrados de la Corte que investigan al exsenador y mucho menos harán referencia a viejos cuestionamientos que medios internacionales, como El País, hizo en su momento en este titular y en la bajada: Un documento judicial vincula a la familia Char con el narcotráfico en Colombia. “El expediente sostiene que la familia de uno de los candidatos a presidir el país traficaba en los noventa con marihuana y cocaína en Barranquilla, según revela una investigación periodística”. Como tampoco creo que se tomen la molestia de leer y comentar apartes del libro que la editorial Planeta censuró a la periodista Laura Ardila, titulado La Costa Nostra, la historia no autorizada de los Char, el clan político más poderoso de Colombia, publicado por Rey Naranjo Editores.

Bien por la Corte Suprema de Justicia que adopta la decisión no solo por las contundentes pruebas que Aída Merlano, condenada por delitos electorales, les entregó a los magistrados, sino por la actitud burlona que asumió el exsenador Char. Al eCHARle mano al excongresista, el mito de que los miembros de esa familia feudal son intocables, empieza a minarse, lo que sin duda es un triunfo para la justicia y para quienes esperamos que el país avance en sus procesos civilizatorios, se instale por fin en la modernidad y supere la confusión moral en la que deviene el conjunto de la sociedad colombiana.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR. 

ELECCIONES: ¿ES VERDAD QUE LA ALCALDÍA DE CALI TIENE PRECIO?

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El candidato a la alcaldía de Cali, Deninson Mendoza dijo a un medio radial que las elecciones en la capital del Valle del Cauca “es una pelea de quién tiene más plata”. La sentencia de Mendoza hace creíble la idea de que las alcaldías, gobernaciones e incluso, la presidencia de la República en Colombia, tienen un precio establecido. Lo dicho por Mendoza aporta a la entrega de un mal diagnóstico a propósito de la salud del régimen democrático. En referencia directa al candidato Roberto Ortiz, conocido como “el Chontico”, Mendoza dijo que el Chontico “quiere comprar la Alcaldía de Cali, ha gastado más de 50 mil millones de pesos, y Cali ya le ha dicho que no. Esta es la tercera vez que se lo dirá nuevamente, porque Cali va a elegir a un alcalde popular” (Tomado de Infobae).

Por todo lo anterior y de resultar cierta la idea que circula en Cali y en otros municipios del país y la sentencia del candidato mencionado, hay que decir que el régimen democrático local goza de una muy mala salud. La enfermedad es, además de grave, incurable. Se trataría de una “enfermedad huérfana” para la que no existe tratamiento conocido o medicamento aprobado que venza el mal encarnado. De un régimen democrático que opere bajo esas condiciones solo se puede esperar que haga metástasis. Y al parecer, a juzgar por las negativas representaciones sociales que descalifican a la saliente administración local, Cali aún no entra en ese estado metastásico, aunque ya se nota el colapso moral en las maneras como se administra lo público y se gestiona lo privado desde instancias oficiales. Las jornadas electorales son termómetros que permiten examinar y determinar las condiciones de salud del régimen democrático en el que los comicios ocurren de manera permanente, de acuerdo con el calendario electoral.

La financiación privada de las campañas políticas es un factor negativo que afecta la salud del régimen democrático en tanto poco importan las ideas y los proyectos políticos de los aspirantes a ocupar los cargos públicos; la importancia radica en el dinero que cada campaña maneje para posicionar la imagen de un candidato que, además de pasajera, devendrá artificiosa, pero efectiva al momento de ocultar lo que realmente pasa: los triunfos electorales no son del todo políticos, sino económicos.

El cubrimiento de las campañas políticas y de lo prometido por los distintos candidatos a ocupar cargos públicos de elección popular, por parte de las empresas mediáticas, hace parte de la evaluación del sistema democrático. De igual manera, los costos de las campañas y el millonario gasto en posicionar a los y las candidatas permiten pensar que el trabajo no está tanto en discutir ideas y conceptos para convencer a un electorado que se mueve entre la apatía y los intereses individuales y colectivos se sectores que buscan sacar tajada. Así las cosas, poco interesa la discusión de las ideas y la viabilidad de las propuestas de campaña. Lo que prevalece es el objetivo de descrestar votantes por los costosos recursos publicitarios y la aparición en medios masivos. La visibilidad de los candidatos en vallas publicitarias, afiches y en apariciones en los medios masivos y redes sociales serían la mascarada perfecta para ocultar que llegar a una alcaldía o gobernación obedece más a una transacción económica, que a la real voluntad del electorado. Cuando coinciden la voluntad del electorado con el resultado esperado, no se puede hablar con total certeza de un triunfo político limpio.

Para el caso de las elecciones en Colombia ha hecho carrera la idea que señala que conquistar alcaldías, gobernaciones e incluso, la presidencia de la República depende del precio que a cada institución se le pone, de acuerdo con la circulación de efectivo y las millonarias inversiones que se hacen a las campañas.

En el caso de Cali, la idea que circula es que hacerse con la alcaldía de Cali tiene un costo determinado, lo que haría que la puja por conquistar la administración local deja de ser un trabajo exclusivamente político, para convertirse en una subasta con matices electorales. Trátase de una realidad objetiva, de un rumor o de un “secreto a voces”, lo cierto es que esta elección, como otras, devienen cubiertas por la macabra idea que circula en municipios, vistos estos como objetivos económicos y ya no como objetivos políticos para transformar realidades sociales y culturales.  ¿Es verdad que la Alcaldía de Cali tiene precio? Si es así, no solo está enfermo el régimen democrático, sino una buena parte del pueblo caleño.

Imagen tomada de La Silla Vacía

LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA DE URIBE: NUESTRO PROPIO HOLOCAUSTO

 

Por Germán Ayala Osorio

Con la firma del tratado de paz de La Habana (2016), Colombia entró en un complejo proceso de construcción de una verdad jurídica, política y periodística que supera la que de manera natural brota de los límites de las hostilidades en ocasión del conflicto armado interno, para adentrarse en prácticas societales arropadas ideológicamente, de las que también surgen la lucha de clases, las animadversiones propias de una sociedad premoderna, violenta, racista, homofóbica y clasista.

Lo que viene haciendo el presidente de la República, Gustavo Petro, en materia de señalamientos al Grupo Argos por despojo de tierras, pero previamente al banquero Sarmiento Angulo, por la corrupción reconocida en el pago de sobornos (coimas) en la Ruta del Sol II, hace parte de las tensiones propias que aparecen cuando una sociedad se enfrenta al dilema de construir paz, sobre la base de que haya verdad, así ello implique enlodar a quienes de manera engañosa se auto proclamaron desde siempre como “gente de bien”.

Como símbolo de unidad, Petro le está proponiendo a Colombia una nueva manera de construir consenso y unidad nacional, dejando de aplaudir las actividades propias del ethos mafioso que naturalizamos de tiempo atrás. Dicen los opositores que a Petro lo que le interesa es dividir al país y extender el odio entre las clases sociales. La verdad es que el sobre el clasismo y el racismo se edificaron las distintas violencias que el país viene conociendo: la paramilitar, usada para desplazar campesinos pobres (afros, indígenas y mestizos) e incómodos para quienes agenciaron actividades agro extractivas y de ganadería extensiva, ambiental, ecológica y culturalmente insostenibles; la guerrillera, pensada para atacar a la vieja oligarquía “blanca”, pero que terminó afectando al pueblo por el que supuestamente estaban luchando para “liberarlo del yugo capitalista”; la estatal, puesta al servicio de una élite que se avergüenza de su propio proceso de mestizaje, lo que hace posible privatizar el Estado para ponerlo al servicio de unos pocos privilegiados, blancos con todo y linajes. Y la violencia mediática (discursiva) que ha estado al servicio de los conglomerados económicos, responsables en gran parte de la debacle moral y ética de las audiencias, cuyo objetivo final es mantenerlas engañadas y entretenidas con reinados, fútbol masculino y escándalos amorosos.

De esa manera, el presidente de la República funge como un faro moral cuya luz debe servir para iluminar los caminos que nos lleven a la verdad, que reposa en las más oscuras y profundas cuevas que edificaron todos los que han participado, directa o indirectamente, del conflicto armado interno y de la naturalización de la corrupción, marca cultural que llevamos en la frente los colombianos.  

Eso sí, no toda la verdad histórica saldrá de las imputaciones que la JEP está haciendo a los comparecientes. Hay una parte que circula en las redes sociales, en los pocos espacios de análisis crítico que quedan en la academia, en los medios alternativos que están haciendo el periodismo al que renunciaron hacer los medios tradicionales por estar defendiendo los intereses corporativos y por ese camino, oponerse a que esa otra verdad genere una narrativa que necesita anclarse a la institucionalidad estatal y a los imaginarios societales, individuales y colectivos, para convertirse en un relato nacional.

De la misma manera como en Chile, durante y después de la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte, se consolidó un relato en torno a la violación sistemática de los derechos humanos por parte de los militares en las famosas “caravanas de la muerte”, Colombia debe caminar hacia la construcción de un relato nacional parecido, pero sustentado en los crímenes de guerra cometidos durante los tiempos de la Seguridad Democrática, en particular, en el periodo 2002-2010. Ese periodo del “Embrujo Autoritario” debe asumirse como nuestro propio holocausto, superando con creces los actos ignominiosos ocurridos durante la retoma del Palacio de Justicia. La imputación de delitos de lesa humanidad que la JEP le hizo recientemente al general Mario Montoya Uribe, defendido por el expresidiario y expresidente Álvaro Uribe como un “héroe de la patria”, debe erigirse como el símbolo sobre el que ese relato nacional debe empezar a escribirse y a circular. Así como el holocausto nazi sirvió para concebir el vergonzoso relato que los alemanes asumieron como pauta para construir una nueva civilidad y proscribir esos hechos deshumanizantes, los colombianos debemos hacer lo mismo. La Comisión de la Verdad le entregó al país un relato, pero los colombianos de a pie, necesitan de uno más fácil de digerir.

Lo sucedido entre 2002 y 2010 tiene todo para ser considerado como un holocausto: el Estado se convirtió en un orden criminal. Se asesinaron civiles (6402) para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate; se asesinaron profesores y académicos; se desplazaron a más 7 millones de colombianos; se le robaron las tierras, más 6 millones de hectáreas arrebatadas; cientos de masacres, especialmente las cometidas por fuerzas combinadas de paras y militares; se privatizó el Estado y se puso al servicio de una élite mafiosa. Todos los que pensaran distinto al inefable uribismo, fueron elevados a la condición de "enemigo interno". También los ecosistemas fueron sometidos a los más oprobiosos crímenes ambientales. 

Ese relato nacional, civilista y fundado en el respeto a la diferencia, debe llevarnos a proscribir para siempre la nomenclatura Seguridad Democrática y todo lo que está históricamente conectado a ella: Uribe, el uribismo; oficiales troperos; la doctrina del enemigo interno, los falsos positivos, entrampamientos a la paz y toda la suerte de malas prácticas asociadas a ese concepto que jamás estuvo fundado en el respeto a la vida y a las diferencias.

 

Imagen tomada de El Tiempo. 

COLOMBIA: UN ESTADO MILITARISTA VIOLADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

 

Por Germán Ayala Osorio

Desde la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia se habla de Golpe de Estado Blando, como etapa inicial de lo que sería el objetivo de la derecha mafiosa: tumbar al gobierno de Gustavo Petro. Mientras aterrizan la alocada idea los sectores godos que se oponen a los cambios que la actual administración quiere hacer en las dinámicas laborales, pensionales y de salud, apuestas estas que no implican ajustes sustanciales al modelo económico, es importante revisar cuál ha sido el papel que han jugado históricamente los militares en la consolidación del régimen democrático colombiano y el talante de un Estado militarista al servicio de una élite parásita, mafiosa y corrupta. Y en este punto hay que decir que la democracia colombiana deviene formal y procedimental, circunstancias estas que claramente son contrarias a las que se esperaría de un régimen democrático moderno que garantice la vida de las grandes mayorías en condiciones de dignidad, seguridad y bienestar tal y como está prescrito en la Constitución Política de 1991.

Hay que señalar que son varias los fallos internacionales que condenan al Estado a pedir perdón por asesinar a sus propios ciudadanos. Recientemente, le correspondió al ministro de la Defensa, Iván Velásquez, pedir perdón a la familia de Diego Felipe Becerra, asesinado y manipulada la escena del crimen por agentes y oficiales de la Policía Nacional; por la masacre de Trujillo (Valle del Cauca) y 11 casos más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado responsable. El mismo presidente Petro reconoció que el Estado colombiano es un orden político asesino.

A las fuerzas militares, en particular al Ejército, les correspondió el complejo papel de enfrentar a un “enemigo interno” que surgió en gran medida por la mezquindad de una clase política envilecida por el poder económico. También hay que decir que ese enemigo interno surgió por la incapacidad o quizás el desinterés de esa misma élite, de construir un proyecto de nación. Así entonces se fue consolidando un Estado militarista, esto es, un régimen violento que usó la mascarada de la democracia para ocultar las graves violaciones a los derechos humanos. El Ejército nacional fue por mucho tiempo el instrumento del que se sirvió la sempiterna élite parásita y corrupta para defender sus intereses de clase y por esa vía, evitar que los vientos libertarios que soplaron en los años 60, en medio de la Guerra Fría, pusieran en entre dicho la democracia y la operación misma del Estado, a pesar de los negativos indicadores de bienestar colectivo, participación política, desarrollo económico y generación de progreso.

Mientras que entre los años 70 y 80 varios países de América Latina afrontaron la irrupción de sangrientas dictaduras militares, el Ejército colombiano enfrentaba en solitario los desafíos de unas guerrillas que le apostaron a derrotar al régimen oligárquico que se había apoderado del Estado, pero cayeron en el sinsentido de un conflicto que se degradó y las convirtió en mafias igual o peores que las que estaban combatiendo.  En medio de las hostilidades de lo que se empezó a conocer como el conflicto armado interno, la democracia colombiana se fue convirtiendo en una <<democracia armada>> en buena medida por la militarización de la política de la que habla Gonzalo Sánchez en Guerra y política en la sociedad colombiana.  Las acciones armadas de las guerrillas fueron respondidas por un Estado con una capacidad militar reducida que duraría muchísimos años, hasta los tiempos del Plan Colombia (1998), en los que se logró un verdadero mejoramiento en equipamiento (pertrechos, helicópteros, visores nocturnos y el avión fantasma).

Con guerrillas de 20 años de creadas, los años 80, fueron especialmente complejos y convulsionados, después del fallido proceso de paz con las Farc-Ep que adelantó el gobierno de Betancur Cuartas, a lo que se sumó el experimento malogrado de la UP como brazo político de la izquierda y de otros sectores. Gonzalo Sánchez  caracteriza aquella época de esta forma: “cuando se inauguró  el  período  de  Betancur,  ni  el  conjunto  del movimiento  guerrillero,  ni  el  conjunto  de  las clases  dominantes  habían  madurado  para  una paz  negociada...  y  sin  embargo  ya  era  tarde. Colombia había  entrado  en  lo  que  el  sociólogo mexicano   Sergio   Zermeño   ha   llamado   una“ dinámica de desorden” que en nuestro caso convirtió  la  confrontación  social  y  política  en una  cadena  de  retaliaciones  sin  fin  que  sólo pueden  capitalizar  los  más  fuertes.  Así, a los frentes guerrilleros se respondió con “ autodefensas” ;  a  la  movilización  popular  de  los paros cívicos y las marchas campesinas,  asimilada   a   la   subversión,   se   respondió   con   la“ guerra sucia” ; al  secuestro, con las desapariciones;  al  asalto,  con  la  masacre.  Se produjo, en suma, una verdadera clandestinización no sólo de la extrema  derecha  sino  en  términos más generales de la guerra,  o  de  las  múltiples guerras,  para  ser  más  precisos.  Frente a ellas la   unidad   del   Estado   parece   simplemente deshacerse ya que éste es en algunos aspectos víctima; en otros es testigo tolerante o complaciente, y en otros   es parte   de los  poderes  ‘clandestinizados’”. Mientras se fortalecía el fenómeno paramilitar, el establecimiento lograba consolidarse en medio de su discutible legitimidad. La mano dura de los militares, instrumentalizados por la derecha, le hacía el juego a la democracia que, en medio de precariedades, se mantiene a flote en un marco regional complejo en el que las dictaduras militares de Argentina y Chile, por ejemplo, enfrentaban con fiereza a los vientos revolucionarios que aún soplaban en la ya adolorida Colombia.

Es cierto que las violentas corrientes dictatoriales del Cono Sur no tocaron el territorio colombiano. Sin embargo, el país sí tuvo gobiernos civiles violadores de los derechos humanos. Los de Julio César Turbay Ayala y Álvaro Uribe Vélez se acercaron al terror que vivieron los argentinos, chilenos, uruguayos y paraguayos con sus respectivas dictaduras. Y lo hicieron, amparados en sus políticas de seguridad: el Estatuto de Seguridad para el caso de Turbay y la Seguridad Democrática para el caso de Uribe. No faltará quien recuerde la “dictadura” del general Rojas Pinilla, con la idea de señalar que en ese momento histórico hubo una ruptura constitucional con efectos graves para las garantías ciudadanas. Los 6402 asesinatos de civiles son apenas una muestra de la violencia estatal que desplegó Uribe Vélez, bajo su falsa narrativa de acabar “conlafar”.

Al respecto hay que decir que lo vivido durante ese corto periodo no fue precisamente una dictadura, si la comparamos con lo ocurrido en Argentina con los generales Masera y Galtieri, verdaderos genocidas. Bajo esas circunstancias, el establecimiento colombiano creó la narrativa que señala al país como “la democracia más antigua del hemisferio”,  por el solo hecho de que jamás sufrió los dolorosos quiebres constitucionales e institucionales que sobrellevaron los argentinos, chilenos, uruguayos y paraguayos. Esa misma narrativa sirvió para insistir en la  idea de que los militares colombianos siempre estuvieron sometidos al poder civil, lo que históricamente alejó cualquier posibilidad de ver a militares golpistas manejar los destinos del país. Hubo y habrá ruidos de sables, pero no más. A pesar de esa tradición democrática, esos gobiernos civiles de “mano dura” violaron de manera sistemática los derechos humanos.

No hemos necesitado vivir bajo una dictadura militar para que desde el Estado se violen de forma sistemática los derechos humanos. Ha sido suficiente para lograr ese escabroso objetivo, las condiciones que imponen las dinámicas del conflicto armado interno y la operación de un Estado militarista que, siguiendo las directrices de una élite parásita, enemiga de campesinos, afros e indígenas, persiguió a profesores, sindicalistas, periodistas, intelectuales e investigadores sociales, entre otros, como resultado de la extensión del principio del enemigo interno. Esa misma élite usó a su favor la operación mafiosa, ambivalente y anacrónica de las guerrillas para crear grupos paramilitares que le ayudaran a despojarle a campesinos, millones de hectáreas de tierras para consolidar proyectos agroextractivos (minería ilegal-legal) propios de una economía de enclave. Quienes están detrás de las acciones propias de un Golpe de Estado Blando lo hacen no porque piensen en la instauración de una dictadura militar. No. En lo que realmente están pensando es en regresarnos a los tiempos de la Seguridad Democrática, mascarada que le sirvió al régimen de poder esconderse para ocultar el carácter criminal de un Estado militarista. 

Imagen tomada de Semana.com

ELECCIONES LOCALES EN CALI: VOTAR EN BLANCO, UNA OPCIÓN VÁLIDA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Votar en blanco constituye una opción y una acción ético-política cuando los ciudadanos no encuentran o identifican en las y los candidatos a ocupar cargos públicos de elección popular, un proyecto político serio, consistente y en particulares circunstancias, que ofrezca posibilidades de cambio y ejercicios administrativos de lo público, alejados de la sempiterna corrupción público-privada (ethos mafioso) y de los escándalos que en la administración de Jorge Iván Ospina se hicieron costumbre.

Para el caso de las elecciones locales de la ciudad de Cali, votar en blanco es una opción ético-política que cientos de miles de ciudadanos tomaremos este 29 de octubre, porque justamente, quienes aparecen en contienda, están de una u otra manera imbuidos en la política tradicional.

En mi caso particular, votaré en blanco para la alcaldía y la gobernación del Valle del Cauca. En adelante expongo circunstancias que me llevan a tomar dicha decisión. Para la alcaldía de la capital del departamento, los candidatos más opcionados, Alejandro Eder y Roberto Ortiz, conocido como “el Chontico”, representan la vieja política, el continuismo, así en sus discursos hablen de cambio, independencia y de lucha contra la corrupción. A sus campañas llegó gente de los partidos Liberal, Conservador, Mira, Colombia Justa y Libres, La U, Cambio Radical y el Centro Democrático. Bajo esas circunstancias, ninguno podrá ser garantía de cambio en las maneras como opera el Estado local, de tiempo atrás capturado por mafias de todo pelambre.

Eder y Ortiz aglutinan fuerzas políticas que le apuntan a desvanecer el movimiento social que surgió en medio del estallido social de 2021: ambos ofreciendo lo de siempre: pie de fuerza y en particular Ortiz, exponiendo su carácter asistencialista, enmarcado en un populismo que no garantiza el cumplimiento de derechos. Pasar esas páginas es también el propósito de los demás candidatos que la derecha tradicional mantiene hoy en el juego electoral. Infortunadamente, no aparecen liderazgos salidos de lo vivido en Cali durante el estallido social.

Entre tanto, las candidaturas de Diana Rojas y Miyerlandy Torres cumplen la función de ser los comodines electorales y políticos que siempre aparecen en las contiendas electorales. Ejemplo claro de una candidatura comodín fue la del exministro de Justicia del gobierno del presidente-títere, Iván Duque, Wilson Ruiz, quien al reconocer su nula acogida y por no contar con la maquinaria con la que sí cuentan Eder y “el Chontico”, adhirió a la campaña de Alejandro Eder. Detrás de Diana Rojas está el empresario y exalcalde Maurice Armitage y de Torres, Dilian Francisca Toro y su poderoso clan político. Ellas dos tampoco son garantía de independencia.

En cuanto a opciones de poder cercanas al ideario de la izquierda y el progresismo, la candidatura del exmilitar Danis Rentería emerge y da cuenta de la crisis de liderazgo de la izquierda en la ciudad. Su candidatura es el fruto de la falta de consenso entre los movimientos y las fuerzas que confluyen en lo que se conoce como el Pacto Histórico. El partido Comunes, el PTC, UP, Colombia Humana y sectores cercanos a la vicepresidenta Francia Márquez apoyan a Rentería, a pesar de que en el pasado militó en el movimiento de derecha, Colombia Justa y Libre. Igualmente, lo acompañan figuras de las Reservas activas del Ejército, que simpatizan con el proyecto político del presidente Gustavo Petro.

Es decir, Rentería podría dar cuenta de una inocultable confusión ideológica, de un inusitado pragmatismo de quienes lo acompañan o quizás de una inocultable crisis en la formación de cuadros en los sectores de la izquierda, que hace posible plegarse a cualquier candidatura. En el portal La Silla Vacía se lee lo siguiente sobre el candidato: “…lleva una cruz que algunos de sus copartidarios no quieren cargar: la de su paso por partidos de derecha, como Colombia Justa Libres y el antiguo MIO, que lideró el parapolítico Juan Carlos Martínez. También hizo parte del gabinete del alcalde, Jorge Iván Ospina…”.

Lo cierto es que la lucha por el control de la alcaldía de Cali dejó de ser política e ideológica, para convertirse en una guerra económica: el que más plata ponga, terminará haciéndose con el poder local. Por todo lo anterior, la mejor opción para Cali este 29 de octubre es votar en blanco. Ello no quiere decir, que no existan buenas opciones en candidatos al Concejo y a la Asamblea.

Imagen tomada de El Espectador.com

LA POLÍTICA COMO ARTE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Bastaría con mirar la historia política de Colombia y algo de la actual coyuntura judicial en manos de la JEP, para concluir que este país ha sido gobernado con una enorme escasez de virtudes éticas y morales de sus gobernantes, en particular de los presidentes de la República, convertidos en simples mandaderos y títeres de los grupos económicos. Al final de sus mandatos, “el Estado se convirtió en el asegurador de amplios sectores que lograron la institucionalización de los riesgos, la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias” (Revéiz, É, 1989, p. 13).

Dirán algunos que es muy complicado gobernar con virtudes éticas y morales a un país con un largo y degradado conflicto armado interno. A quienes así logren pensar, hay que decirles que, por el contrario, ese escenario de confrontación bélica es consecuencia de la inmoralidad de los grupos de poder económico y político, cuyos dirigentes y voceros optaron por guiar sus vidas bajo un ethos mafioso y criminal.

Bajo esas circunstancias, la política, como arte, ha sido un fracaso moral y ético en manos de políticos profesionales que llegaron al ejercicio del poder para enriquecerse y servir a los intereses de sus patrocinadores. El presidente Juan Manuel Santos intentó devolverle a la política algo de la majestad perdida. Eso sí, Santos no asumió esa tarea porque él estuviera cargado de virtudes éticas y morales. No. Lo hizo porque su antecesor, Álvaro Uribe Vélez había hecho añicos la dignidad presidencial, fruto de un ejercicio mafioso del poder y de la política. Los 6402 jóvenes asesinados durante la aplicación de la tenebrosa política de defensa y seguridad democrática son la marca indeleble que le dejó al país el más sombrío y lóbrego periodo presidencial de la historia reciente de Colombia.

La historia política de Colombia, esto es, las luchas por el control del Estado y la consolidación de micropoderes consolidaron una democracia imperfecta, formal, procedimental, un remedo que aún ocultamos detrás de la sentencia más ambigua y mendaz: “somos la democracia más antigua del hemisferio”. Vaya eufemismo con el que aprendimos a esconder nuestras miserias como sociedad, debajo de alfombras rojas por donde desfilaron políticos sin mayores virtudes y llenos de inmorales prácticas.

Hablo, en particular, de Belisario Betancur Cuartas, un incapaz que cedió el poder a los militares que creyeron que, recuperando un edificio, estaban defendiendo la democracia; Julio César Turbay Ayala, un ignaro animal político, desprovisto de cualquier asomo de empatía y respeto por el otro, impuso con extrema violencia, física y simbólica, su Estatuto de Seguridad; Ernesto Samper Pizano, un político cargado de buenas intenciones y buen humor. Andrés Pastrana Arango, un pueril oligarca que tuvo el descaro de denunciar a la campaña Samper presidente, por haber recibido dineros del Cartel de Cali, cuando voceros de la familia Rodríguez Orejuela aseguraron que el hijo del inefable Misael también recibió los sucios dineros de la mafia. Pastrana y Samper son la constatación de que el ethos mafioso es una realidad política en Colombia. Álvaro Uribe Vélez, un macho violento, premoderno; un levantado que jamás comprendió la majestad presidencial, porque se portó como un “rufián de esquina”. Juan Manuel Santos, la más efectiva veleta ideológica de los tiempos presentes. Un perfumado y elegante mandadero. Y terminamos con Iván Duque Márquez, el presidente-títere que pernoctó durante cuatro años en la Casa de Nariño. Será recordado por ser un mequetrefe que hablaba en inglés.

En estos tiempos de las redes sociales es mucho más fácil enterarse de que los señalados presidentes de la República fueron, simplemente, el reflejo de las tenebrosas vidas de sus mecenas: banqueros y empresarios corruptos, vulgares coimeros que solo temen a la justicia americana.

La confusión moral que como sociedad exhibimos, en parte se explica por eticidades acomodaticias, pero también por las lógicas de poder que se desprenden del sistema capitalista y de la propia condición humana. Bajo el sistema socialista, la situación sería igual o peor.

No es que le esté apostando a una sociedad impoluta. Eso es un imposible. Solo expongo la necesidad de llevar a la Casa de Nariño a quienes con mínimas virtudes éticas y con menos hechos inmorales, lleguen a gobernar para todos y todas; y no a servirles a los mecenas que lo único que saben es “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas”.

Imagen tomada de Pulzo.com

PACTO POLÍTICO Y CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En su paso por el Congreso, Gustavo Petro fue un faro moral que llevó algo de luz a esa oscura corporación legislativa, que representa la corrupción y los más abominables vicios de la política colombiana. Su lucha contra los corruptos en buena medida le sirvió para que millones de colombianos confiaran en su proyecto político y, a través del voto, llegara a la Casa de Nariño a intentar cambiar lo que por décadas ha estado mal en Colombia. 

Una vez en la presidencia, Petro sigue con la firme intención de exponer públicamente a quienes él considera son los verdaderos enemigos del país: los empresarios y banqueros que patrocinaron a los paramilitares o aquellos que, a través de millonarios recursos, convirtieron a congresistas en lobistas o lo que es peor, en sus mandaderos. Así, Petro sigue empeñado en consolidarse como un faro moral para una sociedad confundida moralmente como la colombiana.

El presidente Petro funge como un agente moralizador y moralizante, mientras que la élite tradicional se atrinchera y se defiende de los constantes ataques e insinuaciones del jefe del Estado. En la “alocución” de ayer 31 de agosto, el presidente de la República puso en evidencia a la empresa Argos, a la que calificó como una organización despojadora. Casi de inmediato, salió el expresidiario y expresidente Álvaro Uribe Vélez a defender la empresa antioqueña. Horas antes, la presidencia de la cementera había enviado una misiva al jefe del Estado, en la que señala que “no buscan polemizar, pero rechazan cualquier señalamiento de despojo o desplazamiento”. Lo cierto es que hay sentencias en contra de Argos sobre asuntos de tierras. 

Las ya conocidas actuaciones corruptas del Grupo Aval, la animadversión que desde gremios como la ANDI se alimenta en contra del presidente de la República, al tiempo que promueven la candidatura presidencial del inefable fiscal general, Francisco Barbosa;  los desfalcos millonarios en Reficar y Ecopetrol, entre otros casos y la captura de la fiscalía general de la Nación a manos de grupos delincuenciales como el Clan del Golfo, ameritan la concreción de un pacto político nacional soportado en un profundo cambio cultural, más que en ajustes en las correlaciones de fuerza entre los sectores de izquierda y la derecha.

Dicho pacto deberá contar con la participación de los partidos políticos, a pesar de que, al igual que los congresistas, estos vienen operando como goznes entre una élite empresarial que está dispuesta a hacer lo que sea, con tal de extender en el tiempo sus privilegios de clase y el control sobre los mercados. Esto último consolida el carácter feudal y precapitalista de esa élite que cree en la mano invisible del mercado, mientras que hace todo para controlar los mercados.

La élite tradicional que fundó el “viejo” régimen colombiano tiene la oportunidad histórica de acordar con el gobierno de Gustavo Petro unas nuevas reglas de juego político y económico que lleven a proscribir el ethos mafioso que orienta la vida de millones de colombianos, así como las decisiones políticas y las que atañan al mercado y las actividades económicas y financieras.

Hay consenso en que el país necesita cambios profundos en las maneras como se genera riqueza y se socializa. Es claro que en este país la riqueza está concentrada en pocas manos y en ocasiones, esos logros económicos y financieros están atados a prácticas mafiosas como el pago de sobornos a funcionarios públicos y congresistas, convertidos estos en bisagras de la corrupción público-privada. Fue en el periodo presidencial 2002-2010 que ese ethos mafioso se naturalizó de tal forma, que la corrupción se volvió paisaje.

A ese gran pacto nacional (político y cultural) hay que invitar a las altas cortes, comprometidas también en actos de corrupción y favorecimiento a poderosos sectores. Baste con recordar los hechos del cartel de la Toga y la extraña decisión del Consejo de Estado con la que se tumbó una sanción millonaria a Odebrecht y sus socios por el pago de sobornos en la construcción de la Ruta del Sol II.

Así las cosas, de continuar los ataques de lado y lado, el país entrará en una espiral de violencia discursiva y política que hará que las elecciones de 2026 sean, además de violentas, el escenario en el que la derecha irá con todo para vengarse de lo hecho y dicho por el primer presidente de izquierda de Colombia. Y la mejor forma de hacerlo será reversar lo actuado en materia de entrega, devolución y titulación de tierras; los proyectos para activar el ferrocarril y todas aquellas que estuvieron encaminadas a preservar las selvas y garantizar la soberanía alimentaria. Y frente al ethos mafioso, se ordenará a los medios masivos corporativos, guardar silencio sepulcral.

¿Serán capaces el presidente de la República, el banquero Sarmiento Angulo, el GEA, y la Andi, así como las altas Cortes, de sentarse a dialogar  y firmar un pacto político y cultural que saque a Colombia del lodazal inmoral en el que el uribismo metió al país por cuenta del Embrujo Autoritario y el Todo Vale?