PEGASUS, GRUPO EGMONT Y EL ESTADO CRIMINAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Después de que el presidente Petro revelara en su alocución la compra subrepticia del software espía Pegasus, vino la sanción contra Colombia de la red global de inteligencia financiera que lidera o coordina el Grupo Egmont. Se trata de la suspensión temporal de la @UIAFColombia  del  @EGFIU.

De inmediato, la prensa que le hace oposición política al gobierno Petro registró la decisión con tres claros propósitos: el primero, desacreditar al presidente de la República por violar un secreto estatal, con aparentes graves consecuencias en materia de cooperación internacional contra el lavado de activos y otras maniobras como la financiación del terrorismo. El segundo, minimizar la gravedad de la compra ilegal de Pegasus y por esa vía banalizar que ese software espía se usó con fines criminales contra jóvenes de la Primera Línea que terminaron asesinados, torturados o estigmatizados, en el contexto del estallido social, de acuerdo con lo denunciado por el propio presidente de la República. Y el tercero y más importante, evitar aludir a las responsabilidades penales y políticas que les correspondería asumir al gobierno de Iván Duque y a quienes se prestaron para comprar el “malicioso” software Pegasus.

De esa manera medios como El Tiempo y Blu radio, para nombrar tan solo a dos de los que le hacen férrea oposición política al presidente Petro, ponen a rodar la narrativa que indica que lo hecho por el presidente de la República es supremamente grave porque hizo que el Grupo Egmont y quizás otras instancias relacionadas con la cooperación internacional, perdieran la confianza en el Estado colombiano y en sus instituciones. Califican como “ilegal” la actuación del jefe del Estado, con la intención clara de soslayar los crímenes que se cometieron o se pudieron cometer con la operación de Pegasus.

A los señalados medios poco les importa la comisión de los delitos asociados a la compra y puesta en operación de Pegasus. Aquí lo importante es desacreditar al gobierno progresista, mientras que a la anterior administración hay que salvarla de toda responsabilidad. El silencio del expresidente Iván Duque Márquez frente a los hechos es una señal inequívoca no solo de la doble moral institucional, sino de la decisión de la derecha de mantener el histórico carácter criminal del Estado.

Baste con recordar el grave episodio de las “chuzadas” del DAS durante la administración de Álvaro Uribe Vélez en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para entender que espiar las comunicaciones de altos dignatarios del Estado fue una política estatal. Después de desmantelado el DAS, la derecha uribizada quiso dar continuidad a esa perversa política durante el gobierno de Duque, a través de la compra irregular e ilegal, con dineros del narcotráfico, de Pegasus.

Al final queda claro que Pegasus existe, que fue pagado en efectivo, que los 11 millones de dólares que costó salieron del país en un avión; se trató de una compra gubernamental ilegal para propósitos ilegales. Si la Fiscalía hace bien su trabajo, el país sabrá quién dio la orden, de dónde salieron los millones de dólares en efectivo y sobre todo, en dónde está hoy operando ese software.

Eso sí, Pegasus sirve para entender que efectivamente la sociedad colombiana deviene en una profunda confusión moral y ética que hace proclive a que quienes llegan al Estado lo hagan para violar los derechos humanos usando la capacidad estatal instalada. Los asuntos y secretos de Estado contribuyen en gran medida extender en el tiempo y profundizar esa difícil e intrincada situación colectiva, pero sobre todo para mantener el carácter criminal de un Estado que se acostumbró a asesinar, a chuzar y a estigmatizar a periodistas, magistrados, jueces, líderes juveniles y políticos, señalados por y desde la Casa de Nari como “enemigos de la Patria”.

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“UNIENDO VOCES” PARA DEFENDER A PETRO Y AL PROGRESISMO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La hegemonía informativa en Colombia le sirvió por mucho tiempo a la derecha para consolidarse como la única opción de poder y para ocultar actos de corrupción público-privada y matizar los impactos negativos de un modelo de desarrollo y de una apuesta cultural enemigos de la biodiversidad y la pluralidad étnica. Y fue así hasta que en el 2022 un poco más de 11 millones de colombianos eligieron al primer presidente progresista en la historia del país.

Después del 7 de agosto de 2022, la prensa hegemónica, siguiendo las instrucciones de sus patrones, convirtieron al presidente Petro, a su familia y a su gobierno en un solo “objetivo periodístico”, lo que significó la implementación de un cubrimiento noticioso cargado de "mala leche" y una inusitada y jamás vista animadversión, resultado del clasismo, el racismo y la aporofobia que desde la prensa tradicional se impulsa desde los orígenes de la República. Nunca la prensa tradicional se volcó para esculcar las decisiones de un gobierno. Por el contrario, los medios tradicionales fueron cómplices de gobiernos como los de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez. Con Uribe naturalizaron lo que se conoció como el unanimismo ideológico y político. Esas empresas mediáticas se hincaron ante el poder intimidante del político antioqueño. Con Santos mantuvieron la misma actitud complaciente. Y con Duque, periodistas de derecha como Néstor Morales (Blu radio) y Luis Carlos Vélez (de La FM) actuaron de forma complaciente y lo trataron como un amigo más, como un “parcero”, lo que significó el abandono de la actividad periodística, en particular de aquel principio de “molestar al poder”. 

Con la llegada de Petro a la Casa de Nariño, todo cambió en esa relación de la prensa hegemónica con el presidente de la República. Jamás imaginaron los periodistas, conductores y editores de medios como Blu radio, La FM, La W, El Colombiano, El Tiempo, Semana y El País y los noticieros de televisión de RCN y Caracol que un presidente de la República los confrontaría de la forma como lo viene haciendo Petro. El presidente los desmiente y confronta sus versiones, lo que relativiza el impacto negativo de las lecturas malintencionadas de unas empresas mediáticas que actúan como actores políticos en oposición. El carácter contestatario del presidente Petro y el uso de su cuenta en la red X como trinchera política e ideológica sacudió las rutinas de los medios masivos tradicionales de Colombia.

La irrupción de medios alternativos y de los influencer petristas ha servido para que los niveles de crispación política e ideológica en las redes sociales aumentaran significativamente en una sociedad altamente intolerante como la colombiana. Así las cosas, la generación de estados de opinión pública ya no es una tarea exclusiva de la prensa hegemónica y tradicional. Y esa inesperada competencia tiene desesperados a los periodistas-vedettes de los señalados medios, acostumbrados a manipular a la opinión pública de acuerdo con sus corporativos intereses.

“Uniendo voces” es la estrategia político-mediática del gobierno Petro para consolidar en Colombia un frente mediático capaz de enfrentarse a los medios hegemónicos de la derecha corporativa. Ya hubo una primera convocatoria de periodistas y medios alternativos en la ciudad de Armenia. Al encuentro llegó el presidente Petro para darle la “bendición” a una estrategia periodística y política jamás vista en la historia del país.

“El presidente Gustavo Petro intervino en el marco de “Uniendo Voces”, un encuentro organizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), donde resaltó la importancia social y política de los medios de comunicación alternativos, comunitarios y digitales en el país. Ante medios comunitarios de todo el país, el presidente Petro afirmó que significan “esa enorme constelación diversa, que es una de nuestras principales riquezas como sociedad, pero que pareciera que quiere ser aplastada por una homogenización de las mentes, un pensamiento único que sale de los grandes medios de comunicación”.

Eso sí, el gran reto de esa cofradía de medios alternativos que acompañan y defienden la causa progresista es no hacer un periodismo mediocre como el que vienen haciendo los medios hegemónicos. Acompañar las ideas de una izquierda democrática moderna y del progresismo exige que se cubran los hechos noticiables con responsabilidad y profesionalismo. “Uniendo voces” no puede convertirse en una trinchera ideológica sectaria que defiende a dentelladas un proyecto sin crítica alguna. Hacerlo de esa manera es igualar lo hecho por las empresas mediáticas de la derecha durante más de 50 años.

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COMUNICACIÓN, VERDAD, PETRO Y LA ORDEN DE ASESINARLO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Volvió el presidente de la República a dirigirse al país, sin mirar a los colombianos. Otra vez la oficina de comunicaciones pasa como alocución una “conversación” del jefe del Estado con Pedro Vaca, exdirector de la FLIP y relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que terminó siendo una especie de “soliloquio” o quizás un circunloquio. Como fuere, lo dicho y lo no dicho por Gustavo Petro en su particular alocución de la noche de hoy hacen pensar en que al presidente lo están acosando varios hechos o circunstancias, a saber.

Dijo el mandatario que “lo quieren matar” y que la orden ya fue dada por un poder económico que cuenta con el apoyo de la mafia y la anuencia de las mismas empresas mediáticas que desde el 7 de agosto de 2022 vienen atacando al presidente de forma sistemática. Con la misma determinación con la que informó al país lo del software espía (Pegasus), el jefe del Estado debió y debe señalar con nombres propios quiénes son los que están detrás del golpe de Estado que le quieren dar o del plan para asesinarlo.

Al no entregar los nombres, Petro les facilita el camino a sus detractores y a los propios periodistas que lo declararon como su “objetivo periodístico” para que señalen que está paranoico o que por lo menos afronta graves problemas emocionales que intenta ocultar o minimizar su impacto, inventando que lo quieren asesinar o sacarlo de la Casa de Nariño.

Si lo del plan criminal es cierto, Petro puede estar sintiendo miedo de morir, pero, sobre todo, de pensar que todo lo que desea hacer por el país, pueda quedar truncado de un momento a otro. Petro es mesiánico y eso no lo puede ocultar. También es posible que lo acose algo de rabia por no ver mayor preocupación en las huestes que lo respaldan y claro, al pensar en la satisfacción que deben estar sintiendo sus enemigos, críticos y detractores. Petro también puede estar experimentado la soledad que siempre acompaña a todos aquellos que ostentan poder, así el presidente reconozca que el poder del capital está por encima del presidencial.

Lo cierto es que la alocución de esta noche deja dudas sobre lo que realmente está pasando en la Casa de Nariño y con el propio jefe del Estado. Es claro que Petro no se siente cómodo por todo lo que representa ese Palacio para quien no soporta a la vieja oligarquía y en particular los lujos extravagantes propios de un palacete, en uno de los países más desiguales del mundo.

Cambiemos de tercio. Las disquisiciones que hizo Petro en torno a la Verdad y a la verdad periodística y a la comunicación resultan interesantes, a pesar de que en este país las grandes mayorías, incluidos los comunicadores sociales-periodistas, poco o nada han leído a Habermas o estudiado los aportes de la Escuela Crítica o de Frankfurt.

Y claro que le cabe razón al presidente cuando recoge lo dicho por Habermas en el sentido en que la violencia es la expresión del fracaso de la comunicación. Como proceso humano, la comunicación, esto es, el reconocimiento del Otro como un igual con el que es posible dialogar y contemplar, tenderá al fracaso cuando los agentes que hacen parte de la situación de comunicación no comparten las mismas actitudes y aptitudes para mantener un diálogo horizontal, equilibrado o la simple intención de reconocer.

El lenguaje es un elemento clave para Habermas en su Teoría de la Acción Comunicativa. Hay unos usos particulares de la lengua que impiden que la comunicación fructifique. El lenguaje periodístico, cuando se usa para exaltar los conflictos societales, se convierte en el mayor obstáculo para la comunicación. De hecho, llamar a las empresas mediáticas medios de comunicación constituye un error. Los medios masivos no comunican. Ni siquiera informan. De ahí la constante pelea de Petro con los periodistas afectos al viejo régimen, en la red X.

Igualmente, cuando el lenguaje técnico y el científico se usan para engañar, burlarse o discriminar a quienes apenas exhiben los niveles más básicos en su capacidad de hablar, el fracaso de la comunicación está garantizado.

Señor presidente, comunicar también es poner en común una verdad, una postura, una decisión. Y al no dar los nombres de aquellos que según Usted lo quieren asesinar, aporta para que la comunicación fracase.

El que seamos una sociedad clasista, machista, aporofóbica y racista es la más clara muestra del fracaso de la comunicación. Insistimos en ese fracaso porque no nos hemos reconocido como pueblo diverso. La prensa hegemónica es responsable en gran parte de esa realidad. Y si fracasa la comunicación, lo más probable es que pase lo mismo con los procesos civilizatorios en los que estamos inmersos. 

FUJIMORI Y URIBE: PARECIDOS RAZONABLES

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Murió Alberto Kenya Fujimori Inomoto, expresidente del Perú, a los 86 años. Se fue el dictador, el violador de derechos humanos. Fue condenado a 25 años de prisión por los homicidios perpetrados por la fuerza pública en Barrios Altos y la Cantuta. Fue indultado.  Fujimori fue un populista de derecha que le prometió al pueblo peruano que acabaría con las prácticas terroristas del grupo armado ilegal Sendero Luminoso, liderado por el criminal Abimael Guzmán. Y cumplió.

Estuvo 10 años en el poder (1990-2000), cerró el Congreso y gobernó con mano de hierro, junto a Vladimiro Montesinos, ladino y oscuro personaje que lo secundó en su proceso de “disciplinamiento” social, que lo llevó a esterilizar a 314 mil mujeres pobres, sin consentimiento alguno. Una muestra clara de su incontrastable aporofobia.

Su lucha contra el terrorismo del grupo Sendero Luminoso lo convirtió en un hombre de mano firme. Al final, logró apresar a Abimael Guzmán y exponerlo enjaulado ante el mundo, como un perro rabioso, vestido de rayas.

Hay circunstancias contextuales y personales que hacen posible comparar a Fujimori con Álvaro Uribe Vélez. Hay, sin duda alguna, parecidos razonables entre estos dos políticos latinoamericanos, que marcaron y ensuciaron la historia del Perú y de Colombia.

Aunque sus periodos presidenciales no coinciden en el tiempo, compartieron la consolidación de las ideas neoliberales, lo que les sirvió a ambos para convertirse en agentes radicales en la aplicación de los elementos claves de esa doctrina económica. Ambos le apostaron a vender empresas del Estado, esto es, privatizarlas y por esa vía, concentrar la riqueza en pocas manos; también, a liberalizar el mercado y desregular todo lo que pudieran para favorecer la iniciativa privada. Al final, ambos generaron desempleo y aumentaron la desigualdad y la pobreza. Generaron miedo, para vender seguridad.

Uribe Vélez, un populista de derecha, llegó a la presidencia con la propuesta de acabar con la guerrilla de las Farc-Ep, acompañada de la cuestionada narrativa de que ese grupo armado ilegal había asesinado a su padre. Esa versión fue desmentida por miembros del Secretariado de ese grupo armado ilegal durante las conversaciones de paz de La Habana. Otras versiones indican que su progenitor fue asesinado por líos de tierras. 

Uribe se plegó a la doctrina anti terrorista que surgió de los (auto) atentados contra las Torres Gemelas en NY y de esa manera, declaró públicamente que en Colombia no había un conflicto armado interno, sino una amenaza terrorista. El entonces presidente colombiano prometió acabar con “laFar” en cuatro años. Antes de que llegara al fin de lo que luego sería su primer mandato (2002-2006), entonces dijo que necesitaba otros cuatro y se hizo reelegir cambiando la Constitución (2006-2010). Al final el país supo que su reelección fue comprada en el Congreso, gracias a que los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño vendieron sus votos para que se aprobara la ley que daría vida a la reelección presidencial inmediata. Ambos “hicieron Patria”.

Mientras que Fujimori cerró el Congreso, Uribe Vélez, por el contrario, sometió a su voluntad a los congresistas. Decía el presidente antioqueño que su “gobierno no compraba conciencias, que, por el contrario, seducía”. Y así fue. “Sedujo” a empresarios, políticos, periodistas y militares. Uribe quiso someter a las altas Cortes. En particular a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuyos magistrados fueron espiados (chuzados) por el DAS, entidad que Uribe convirtió en su policía política para perseguir contradictores y críticos. Ese alto tribunal procesó y condenó a 60 congresistas por tener vínculos con los grupos paramilitares, hecho que despertó la ira de Uribe Vélez. “A los congresistas les voy a pedir al favor de que mientras los meten a la cárcel, voten los proyectos”, es la frase que mejor describe ese momento histórico.

Uribe Vélez quiso quedarse cuatro años más, es decir, mandar por 12 años.  Con la gracia del Congreso, la bancada uribista hizo aprobar el proyecto de ley. Luego, la Corte Constitucional, con ponencia de Humberto Sierra Porto, lo declaró inexequible porque, entre otras razones, debilitaba los pesos y contrapesos de la democracia.

Con su política de seguridad democrática Uribe Vélez consolidó un régimen de mano dura, tan disciplinante como la “dictadura civil” que montó Fujimori en territorio inca. Al igual que el presidente peruano, el gobierno de Uribe violó los derechos humanos de periodistas, políticos detractores y críticos de sus iniciativas y acciones. Con la aplicación sin control de la Seguridad Democrática, militares bajo su mando asesinaron a sangre fría a 6402 jóvenes vulnerables. Aunque se cree que la cifra puede llegar a los 10 mil.

Fujimori y Uribe fueron experimentos de los sectores más conservadores de sus países. El experimento consistía en estirar al máximo sus líneas éticas y marcos morales.

Alberto Fujimori fue condenado ejemplarmente. Mientras que Uribe Vélez acumula más de 200 procesos en Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por delitos relacionados con el fenómeno paramilitar, como las masacres del Aro y La Granja. Hoy enfrenta un juicio por fraude procesal y soborno a testigos.

Sectores societales del Perú y de Colombia llegaron a considerar que tanto Fujimori como Uribe fueron “males necesarios”. Para el caso del entonces mandatario colombiano, el académico Malcom Deas dijo en su momento que “… Uribe era un presidente que necesitaba Colombia. Después de él hay un antes y un después…sí, yo creo que hay momentos para la guerra y para la paz. En 2002 el momento era para una política como la seguridad democrática, ahora el país vive otro momento”.

Para el caso del Perú, en el 2018, un medio registraba así la irrupción de Fujimori: “Para muchos peruanos, el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) constituyó algo así como un mal necesario. Hasta inicios de los noventa, el país padecía una inflación fuera de control, un aparato productivo agónico y un levantamiento armado que anunciaba la “libanización peruana”. Durante su gobierno se abandonó aquella deriva”.

Lo cierto es que sus mandatos y sus formas de entender y asumir la política no sirvieron para mejorar las relaciones entre el Estado y la sociedad en ambos territorios. No dejaron las bases para superar viejas y compartidas taras civilizatorias. Por el contrario, coadyuvaron a extender en el tiempo las circunstancias propias de pueblos premodernos, atrasados, incivilizados y violentos como lo son los peruanos y los colombianos.

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Imagen tomada de La Oreja Roja. 

PERIODISMO Y LA CONSULTA COTIDIANA DE BANDIDOS DE CUELLO BLANCO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El periodismo, como forma de poder, está atado a una lógica noticiosa y a unas rutinas de producción y reproducción de unos hechos elevados a la condición de noticia. Muchos de esos hechos noticiables terminan en exageraciones, tergiversados en su naturaleza o usados como cortinas de humo para tapar escándalos políticos o decisiones judiciales.

Dentro de esas dinámicas, los periodistas y las empresas mediáticas caen una y otra vez en la práctica inmoral, aunque periodísticamente valida de entrevistar o darles la vocería a políticos en condición sub judice, condenados o señalados de ser ladrones de cuello blanco, clientelistas, asesinos y politiqueros por sectores de la opinión pública. Incluso, con procesos judiciales en curso y otros con fallos negativos. Aparecen a diario en la prensa políticos tradicionales, miembros de clanes que la gente asocia con corrupción público-privada, clientelismo, paramilitarismo e incluso, homicidios.

Los defensores de esa práctica inmoral, pero legítima desde la perspectiva periodística, argumentan que ellos, los periodistas, no fungen como “jueces” y que la constitución garantiza la presunción de inocencia.  Aunque el argumento es válido, no alcanza a quitarle lo inmoral que resulta ver y escuchar en noticieros, a políticos (también empresarios) sobre los que hay serios cuestionamientos e incluso verdades socialmente aceptadas, pero no validadas con sentencias de los jueces, justamente porque tienen el poder económico y político para someter a los operadores judiciales, incluidos magistrados de altas cortes.

En una sociedad que deviene en una profunda confusión moral como la colombiana, haría bien que las empresas mediáticas adoptaran como criterio minimizar al máximo la apertura de los micrófonos y otros espacios a esos políticos social, política y jurídicamente cuestionados.

Un ciudadano del común se puede sentir fatigado e incluso molesto al ver a diario a los políticos sobre los que recaen toda suerte de cuestionamientos y sobre toco, procesos judiciales que, por su investidura, la ciudadanía esperaría que no estuvieran inmersos en la comisión de delitos graves como manipulación de testigos, fraude procesal, homicidios y actos de corrupción.

Las rutinas periodísticas pueden ajustarse, si el objetivo es proscribir el ethos mafioso que acompaña a esos operadores políticos que, aunque famosos, resultan ser una vergüenza para sectores modernos de la sociedad que creen en que es posible cambiar a Colombia, exhibiendo en los medios otro tipo de referentes políticos. Lo curioso y lo más doloroso de todo es que hay periodistas que están convencidos de que sus entrevistados son bandidos de cuello blanco, pero aún así, los convierten en noticia o buscan sus opiniones porque despiertan polémica y eso es garantía de rating.

Eso sí, hay que decir que hay periodistas que admiran y se sienten atraídos por esos politicastros. Esos colegas son cómplices de la inmoralidad que se volvió paisaje en Colombia, pero jamás lo reconocerán porque lo que en el fondo defienden es la ideología dominante. Quizá cuando sientan asco al ver a esos politiqueros o criminales de cuello blanco, entonces entiendan que hay asuntos del oficio que deben ser ajustados. En ese momento,  esos colegas sabrán qué es aquello de la ética de máximos. 

ÁLVARO HERNÁN PRADA: LA “JOYITA” QUE INVESTIGA A PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Álvaro Hernán Prada Artunduaga es uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que está al frente de la investigación por la posible violación de topes en la campaña Petro presidente.

Más allá de si el fuero presidencial fue o no tocado, como asegura Petro por el Consejo de Estado al momento de zanjar las dudas acerca de las competencias y alcances del CNE, la presencia de Prada vicia el proceso por dos elementos que jurídica y políticamente deberían de servir para que el consejero de la autoridad electoral abandone dicha tarea de juzgamiento.

El primer elemento es la evidente animadversión hacia el presidente Petro del exrepresentante y mandadero de Uribe, quien hace rato debió declararse impedido; y el segundo, su condición sub judice, por cuanta de su llamado a juicio que ya le hizo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el caso de manipulación y soborno a testigos de los que también hacen parte el aboganster Diego Cadena y el expresidente antioqueño, estos últimos en etapa de preparación de juicio.

Claramente Prada no actúa con el interés genuino de encontrar la verdad en torno a los recursos allegados a la campaña presidencial. Su único interés es golpear al gobierno, mancillar la dignidad presidencial y debilitar el fuero que protege al presidente de la República.

Justamente, la presencia de Prada bajo esas circunstancias ético-políticas y jurídicas le restan credibilidad a lo actuado hasta el momento por el CNE, entidad que responde a las lógicas siempre enrarecidas de los partidos políticos. Por ser una entidad política y no técnica, agentes como Álvaro Hernán Prada terminan por ensuciar la ya guarrada historia del ente electoral.

Tanto que el uribismo habla de respetar la institucionalidad, y lo primero que hizo Uribe cuando cobardemente Prada renunció a su curul en la Cámara de Representante fue regalarle a Prada un asiento en el CNE, para frenar la acción de la Sala de Instrucción de la CSJ que ya lo investigaba y que luego lo llamó a juicio. La llegada del exrepresentante a la máxima autoridad electoral constituye una burla a la justicia y la confirmación de que en Colombia todo proceso legal se puede torcer, dilatar y ralentizar hasta que se venzan los términos.

Actuaciones como las de Prada y los partidos políticos que apoyan su iniciativa de afectar al gobierno Petro confirman que el sistema político e incluso los propios pesos y contrapesos de la democracia, amparados por la Constitución de 1991, devienen ajustados a las lógicas partidistas, lo que permite abrir espacio a arreglos y transacciones subrepticias que terminan siendo una guasa a la justicia y a la institucionalidad.

El presidente Petro en lugar de insistir en la narrativa del "golpe de Estado" que según él se estaría fraguando desde el CNE, debería de insistir en la condición judicial que arrastra Prada y su filiación al uribismo. 

CARLOS HERNAN PRADA A JUICIO - Búsqueda Imágenes (bing.com)

ELECCIÓN DEL REMPLAZO DE MARGARITA CABELLO: UNA COMPLETA VAGABUNDERÍA CLIENTELISTA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La elección del Procurador General de la Nación obedece a un proceso político- administrativo cargado de intereses clientelistas que ensucian el buen criterio que debería de existir en quienes participan de la elección. Es de tal perversidad el mecanismo, que los senadores terminan eligiendo a quien podría investigarlos, de acuerdo con el numeral 6 del artículo 277 de la Carta Política. Los senadores finalmente eligen de la terna enviada por el presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.

Ya el Consejo de Estado eligió a Luis Felipe Henao, controvertido político, cercano a Vargas Lleras, enemigo del presidente Petro y eterno candidato presidencial. Claramente, el envejecido delfín sigue moviendo los hilos clientelistas que existen dentro de la Procuraduría, una entidad convertida en el mayor nido clientelar del que se sirven congresistas y magistrados.  

Falta que la Corte Suprema de Justicia elija a su candidato. Dentro de la lista de 10 aspirantes aparecen nombres de políticos profesionales cercanos a la clase política tradicional. Son ellos Germán Varón Cotrino, fiel amigo de Vargas Lleras y el eterno secretario del senado, Gregorio Eljach Pacheco, amigo de todos los congresistas de la derecha. Es decir, el exvicepresidente de Juan Manuel Santos gana con cara y con sello. Ya logró meter a su amigo Luis Felipe Henao. Se trata, entonces, de un pulso político entre el gobierno y la Oposición. Lo más probable es que el triunfo se lo lleven los detractores y enemigos que tiene Petro tanto en el Consejo de Estado, como en el Senado.

El actual proceso de elección de quien será el remplazo de la nefasta Procuradora, Margarita Cabello Blanco, deviene turbio por la injerencia del clan Char y de Germán Vargas Lleras y su microempresa electoral Cambio Radical. El Espectador en reciente editorial llama la atención sobre lo que está ocurriendo con ese proceso de selección, previo al “trabajo” final que hará el Senado, en donde el gobierno de Petro no tiene las mayorías, lo que significa que el nuevo procurador general de la Nación saldrá de los candidatos presentados por la CSJ y el Consejo de Estado.

Dice el diario bogotano que “vemos con preocupación que los cálculos para la elección de nuevo procurador o procuradora general de la Nación están cayendo en las trampas políticas de siempre. En vísperas de que la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República elijan candidatos para completar la terna que ya arrancó el Consejo de Estado, la información que llega a El Espectador es que en el Senado se frotan las manos quienes ven en este proceso la oportunidad de salir a cobrar réditos políticos. Si las consideraciones de los nominadores se reducen a quién tiene más opción de ser elegido por un Senado seducido por el clientelismo, ocurrirá un grave error: tendremos un procurador, otro más, enamorado de la política, cerca de los partidos y de sus dinámicas amiguistas, y lejos de las necesidades del país”.

Para dimensionar los riesgos de los que habla el editorialista basta con examinar las más recientes actuaciones de Margarita Cabello Blanco, conocida como la CHARina del Ministerio Público. La actual Procuradora le insistió a la Corte Constitucional que revisara una tutela que beneficiaría al aboganster Diego Cadena, íntimo amigo del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, ambos en etapa de juicio por los delitos como soborno de testigos y fraude procesal. La Corte de cierre negó el recurso de Cabello Blanco. Se suma a lo anterior el visto bueno que dio la entidad a la solicitud de libertad para Arturo Char bajo la figura del habeas corpus. Esas actuaciones hacen pensar que existe una evidente intención de favorecer los intereses del uribismo y de los Char. Es claro que Cabello Blanco es ficha del clan barranquillero.

En el mismo editorial de El Espectador se concluye que “tal vez el peor legado de la procuradora Cabello y del expresidente Duque sea la reforma que impulsaron. Supuestamente creada para responder a la condena de la Corte IDH, hizo todo lo contrario. No solo no solucionó el conflicto de competencias judiciales que señaló el tribunal internacional, sino que aprovechó para expandir la planta de trabajadores del Ministerio Público, abriendo una oportunidad para la corrupción. Los resultados, unos años después, son evidentes: seguimos con un choque de trenes entre los tribunales, con demandas en curso contra el Estado en la Corte IDH, y con un rol deslegitimado de la procuradora”.

Al final, no es exagerado señalar que el proceso selectivo y la elección final del nuevo Procurador General de la Nación (será un hombre) es una completa vagabundería clientelista. Por diseño constitucional, el sistema político colombiano es un pozo séptico, una cloaca inmunda y el "criadero" del ethos mafioso. 

¿GOLPE DE ESTADO O BLOQUEO INSTITUCIONAL?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Francamente no creo que al presidente Petro le vayan a dar un golpe de Estado, en el entendido de que los militares de repente se tomen la casa de gobierno o que lo pongan preso y se instale un régimen de facto. Lo que sí se viene dando es un bloqueo (saboteo) institucional orquestado desde la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la propia Junta Directiva del Banco de la República. Las dos primeras altas cortes con fallos discutibles y adversos a los intereses del gobierno que van más allá del sentido propio de los pesos y contra pesos de la democracia. Y desde el emisor, por el proceso a cuentagotas en la reducción de la tasa de interés. El Consejo de Estado, de la mano del Consejo Nacional Electoral, se está extralimitando en sus funciones y alcances. Este último no puede investigar y mucho menos juzgar al mandatario. 

Al interior del Congreso ocurre algo similar, en la medida en que congresistas declarados en oposición e independencia vienen cumpliendo muy bien la tarea de ser los mandaderos de los conglomerados económicos y los clanes políticos tradicionales, como el de los Char, los Vargas Lleras y el uribismo. El mismo papel cumplió el anterior presidente del senado y el actual, quien ya prometió a la Andi tratar de hundir la reforma tributaria que aún no presenta el gobierno Petro.

Desde instancias privadas también le apuestan al bloqueo y a que le vaya mal al país y por supuesto a Gustavo Petro. La ANDI, por ejemplo, funge hoy más como un partido político en oposición, que como un gremio con el que sea posible dialogar y discutir la política económica.

A esa intención de bloquear al gobierno, se suman las acciones desarrolladas por las empresas mediáticas cuyas líneas editoriales le apuestan a ocultar la existencia del bloqueo institucional. Optan, eso sí, por registrar la alusión presidencial al “golpe de Estado” para consolidar la imagen de un presidente “desequilibrado, que ve fantasmas”. Los medios masivos cumplen el rol de ser las bisagras de una derecha uribizada que está desesperada por recuperar la Casa de Nari (así la llamó alias Job, durante el gobierno de Uribe) en el 2026, para reversar todo lo hecho por Petro en materia de reforma agraria y los cambios sustanciales en las doctrinas militar y policial.

El paro empresarial camionero fue la constatación de ese interés genuino de los sectores de poder económico y político de afectar al campesinado que el gobierno de Petro viene defendiendo y por esa vía, generar desabastecimiento en productos básicos de la canasta familiar. Aunque no lo lograron como lo imaginaron, quedó claro que esa será la línea de acción de la derecha si en el 2026 recuperan el poder. De esa forma le darían continuidad al proyecto uribista que consiste en acabar con el campesinado para consolidar en todo el territorio colombiano el modelo de la gran plantación, con monocultivos de caña de azúcar, palma africana y ganadería extensiva de baja producción, en detrimento del minifundio, la sostenibilidad ambiental y ecológica y la seguridad y la soberanía alimentarias.

 

Adenda: el fracaso electoral de Vicky Dávila en Medellín está haciendo pensar seriamente a los Gilinski en si vale la pena insistir con la candidatura presidencial de la periodista, figura que despierta dudas y resquemores, y es fuente de fracturas políticas. Por estos días, Blu radio y ahora la revista Cambio le vienen dando vitrina a Sergio Fajardo. La derecha uribizada parece interesada en revivir a Fajardo, político que se vende como conciliador y de centro, pero que realmente es un neoliberal consumado, interesado exclusivamente en mantener los altos niveles de privatización del Estado, y por esa vía, beneficiar a los mecenas que lo vienen patrocinando. Eso sí, el desespero de la derecha es evidente porque saben que no tienen una o un candidato presidencial descollante. La señora Cabal parece contar desde ya con el apoyo de Sarmiento Angulo. Al banquero parece gustarle el talante de la congresista, quien querrá parecerse a su patrón, el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez.

PENALIZAR EL ABORTO, PROGRESISMO Y MARY ANNE PERDOMO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En una sociedad patriarcal, religiosa, ultraconservadora, insolidaria y misógina como la colombiana la eutanasia, el matrimonio igualitario y el aborto chocaron fuertemente contra las férreas convicciones de aquellos sectores societales que defienden a dentelladas el patriarcalismo y el papel moralizante de las iglesias, las mismas que guardan silencio frente a los curas violadores, pedófilos y pederastas.

Varios partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil consideradas “provida” presentarán un proyecto de ley que busca volver a penalizar el aborto. Que en la construcción de esa iniciativa participen los conservadores, los del Mira y Colombia Justa y Libres resulta apenas lógico y normal por estar alineados con ideas premodernas y por defender el violento sistema patriarcal que obliga a la mujer a cumplir el rol reproductivo sin importar si el embarazo fue producto de una violación, de un error,  por una noche de copas;  si la criatura viene con malformaciones genéticas o si pone en riesgo la vida de la gestante.

Pero que dentro de esa godarria haga parte un miembro de la Colombia Humana y el Pacto Histórico resulta inconcebible y contradictorio. Pues bien, en Noticias Uno apareció la Representante a la Cámara por Santander y miembro de la Comisión Segunda, Mary Anne Perdomo, señalando que está trabajando de la mano de los conservadores, los del Mira y Colombia Justa y Libres en el señalado proyecto con el que buscan volver a penalizar el aborto.

Al asumir esa postura, Perdomo no puede seguir haciendo parte de las ideas progresistas que guían el trabajo legislativo y político de los miembros del Pacto Histórico. La congresista debe salir de la colectividad y aterrizar en cualquiera de los mencionados movimientos que buscan hacernos retroceder en el tiempo y por esa vía, seguir sometiendo a las mujeres a un sistema patriarcal violento que las infantiliza y convierte el cuerpo femenino en un objeto moral de cristianos y católicos que se quedaron anclados en el pasado.

Las mujeres tienen el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Y en particular, a tomar la decisión libre de presiones, de abortar de acuerdo con las circunstancias que la Corte Constitucional en su momento expuso para despenalizar la interrupción del embarazo.

En qué le puede afectar a los "provida" el que una o varias mujeres estén dispuestas a abortar? En nada, realmente. Lo único que las motiva a las mujeres y hombres "provida" es mantener la vigencia del sistema cultural y por tanto la preponderancia del machismo. Con la despenalización del aborto en Colombia no se está obligando a las mujeres gestantes a abortar. Si usted, señora Perdomo, conoce o tiene una familiar cercana que fue abusada y quedó embarazada, nada ni nadie la conmina a interrumpir el embarazo. Si la joven desea tener el hijo concebido violentamente, esa decisión se respeta. Quienes apoyamos el aborto esperamos la misma comprensión sobre la decisión contraria. Si una mujer fue embarazada por un violador, ella tiene todo el derecho a no tener ese hijo. 

Y para  el caso de malformaciones genéticas del feto, usted señora Perdomo estaría dispuesta a colaborar para hacer más llevadera la vida de la madre y del niño o niña que llevará una vida llena de limitaciones y problemas de salud? No. Usted y sus compañeros de la godarria colombiana disfrutan viendo a las otras mujeres sufrir y lamentándose por la vida que les "tocó, por voluntad divina". 

Insisto señora Perdomo: usted y sus amigotes del Mira, Conservadores y Colombia Justa y Libres no son "provida". Lo que realmente defienden es el machismo, el papel siempre moralizantemente perverso de las iglesias.

Sin duda alguna, Perdomo está en el lugar equivocado. En el partido equivocado. Sería bueno que las directivas del Pacto Histórico revisaran su caso, pues a todas luces contradice los postulados del progresismo, en particular aquellos que invocan la igualdad y el derecho que le asiste a las mujeres de hacer con sus cuerpos lo que les venga en gana.

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CONSEJO DE ESTADO, VARGAS LLERAS Y GUSTAVO PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El Consejo de Estado le ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, retractarse y ofrecer públicas disculpas a la familia Vargas Lleras, por haber señalado que Enrique Vargas Lleras tenía que ver con el desangre económico de la Nueva EPS. Vargas Lleras hizo parte de su Junta Directiva. El alto tribunal de lo contencioso administrativo ampara así el derecho al buen nombre y a la honra de los miembros del clan de los Vargas Lleras.

El alto tribunal considera que “el señor presidente no se limitó a expresar opiniones en el contexto de un debate político ni a informar a la opinión pública que se estaba adelantando una investigación por presuntas irregularidades en la citada entidad. En estas comunicaciones se imputó concretamente la existencia de un desfalco millonario, por el que debía responder la familia Vargas Lleras”.

En cuenta de X, el mandatario de los colombianos dijo meses atrás que “la familia Vargas Lleras debería de responder por esa inmensa pérdida de recursos públicos y clínicas y hospitales sin pago. Hoy encontramos que ocultaron en la Nueva EPS deudas de cerca de 5 billones de pesos en el año 2023”.

El fallo y la orden perentoria se da apenas horas después de que se levantara el paro empresarial camionero que duró cuatro días, y que fue orquestado por sectores de poder económico y político cercanos al uribismo y a familias como la de los Vargas Lleras que pertenecen al viejo establecimiento y que le hacen oposición al actual gobierno.

Se puede pensar que el sentido del fallo va más allá de la intención manifiesta de proteger los derechos del mencionado clan, conculcados por el señor presidente de la República, de acuerdo con lo señalado por el alto tribunal. ¿Realmente los Vargas Lleras necesitan de una tutela para recuperar su buen nombre? No lo creo. La orden del Consejo de Estado bien puede hacer parte de las estrategias a las que viene apelando la derecha colombiana con las que buscan minar la legitimidad y la gobernabilidad del gobierno y graduar a Petro de “dictador”. Sobre esto último, parece que los magistrados y los miembros del clan Vargas Lleras suponen que Gustavo Petro hará caso omiso al acto de habla conminatorio expresado en el ya mencionado fallo de tutela, pues conocen muy bien su carácter combativo contra la corrupción público-privada. Petro está respaldado por informes de la Contraloría General de la República que indican que efectivamente hubo malos manejos de recursos públicos en esa entidad prestadora de salud.

Lo ordenado por el Consejo de Estado de inmediato servirá a la prensa que le hace oposición a Petro para armar un caso de “choque de trenes” por la demora en retractarse, por no hacerlo o por hacerlo a medias. Habrá que esperar qué actitud asume Petro en este caso.

Lo curioso de todo es que ese mismo Consejo de Estado acaba de nominar a Luis Felipe Henao y hará parte del grupo de candidatos a remplazar a la inefable procuradora, Margarita Leonor Cabello Blanco, ficha del clan Char. Henao es cuestionado por haber tenido relaciones políticas con el Ñeñe Hernández, señalado por la Policía de ser narcotraficante. Henao, además, es cercano a Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Santos y añejo delfín político de la ultraderecha colombiana. Es decir, políticamente los magistrados del alto tribunal son cercanos a la derecha colombiana, lo que convierte el fallo en una clara acción jurídico-política que varios sectores de poder político y mediático sabrán explotar a su favor y siempre con la intención de desprestigiar al mandatario progresista.

Nota: el 13 de septiembre el presidente Petro se retractó: "Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Hemos encontrado hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS donde Enrique Vargas era miembro de la junta directiva. Esta es la corresponsabilidad de ser investigado penalmente como hoy se hace. Esperemos los resultados de las investigaciones". Mientras tanto, casi al tiempo su ministro de Salud demandó penalmente a Enrique Vargas y a otros miembros de la Junta Directiva. Petro también impugnó el fallo de tutela. 

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EL URIBISMO ESTÁ DETRÁS DEL PARO EMPRESARIAL CAMIONERO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El paro empresarial camionero hace parte del proyecto y las acciones políticas desplegadas por el uribismo para desestabilizar al gobierno de Petro. Como no han podido desestabilizarlo, entonces no les queda otro camino que generar miedo, zozobra y “hacer invivible la República”, bloqueando vías y generando una oleada alcista en los precios de la canasta familiar por el evidente desabastecimiento de productos. Afectar a la mayoría de los colombianos y a la clase media les conviene a candidatas presidenciales como María Fernanda Cabal y Vicky Dávila que ya se venden como las nuevas “mesías”, esto es, las pupilas aventajadas del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, el más grande Mesías contemporáneo de Colombia.

El Centro Democrático, como partido político, está detrás del paro empresarial camionero. La participación del CD en la organización y la permanencia de las acciones de sabotaje y extorsión consolida a los políticos uribistas como enemigos del bien general y en particular del campesinado que no tiene cómo recuperarse de las pérdidas de sus cosechas. Lo curioso es que otros sectores empresariales que también sufren las consecuencias negativas que generan los bloqueos parecen continuar simpatizando con Uribe y su séquito de congresistas. Y es así porque unos y otros comparten el objetivo de evitar que el gobierno progresista termine su mandato con buenos indicadores macroeconómicos. La derecha uribizada le apuesta a que le vaya mal al país en estos dos últimos años, para poder salir en el 2026 a venderse como la única opción de poder capaz de “recuperar el país”, que ellos mismos ayudaron a desbaratar.

Todo el tiempo han estado encima del gobierno y del ministro de Hacienda para que respete la regla fiscal. Petro toma la decisión de parar el déficit fiscal que dejó el irresponsable del Iván Duque Márquez en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, desmontando los subsidios a la gasolina y al ACPM. Esa medida, aplaudida por expertos de Fedesarrollo, centro de pensamiento económico de la derecha, dan cuenta de la ruindad de los congresistas del CD y de otras colectividades como Cambio Radical. Pero como prima la mezquindad y el clasismo en el Centro Democrático y en general en lo que se conoce como el uribismo, entonces se organiza el paro empresarial de camioneros con la firme intención de afectar la economía nacional.

En el 2026 a los candidatos presidenciales de la derecha uribizada hay que enrostrarles su mezquino apoyo al paro empresarial camionero. La estrategia de los progresistas debe ser esa: desenmascarar a los uribistas, mostrando sus incoherencias políticas y económicas, fruto de la insondable animadversión hacia Petro por haber sido guerrillero, por haber desenmascarado a Uribe y a los parapolíticos y por haberles arrebatado la Casa de Nari, llamada así por el mismo alias Job, cercano a la élite uribista.

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ESCÁNDALO POR COMPRA DE "PEGASUS" Y EL FUTURO DEL PARO CAMIONERO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La “bomba” que soltó Petro en su alocución de esta noche, en pleno Paro Nacional Camionero, hace pensar en que el presidente de la República tiene información de inteligencia que comprometería a los agentes políticos que están detrás de las movilizaciones de los camioneros o que están instrumentalizando a las empresas transportadoras responsables de los bloqueos.  

Es probable pensar también que con lo dicho sobre el caso del millonario software Pegasus, comprado durante el gobierno de Iván Duque por 11 millones de dólares, Gustavo Petro está dispuesto a jugar duro, muy duro, con aquellos sectores de poder que, según él mismo, lo quieren tumbar o que le están apostando a “hacer invivible la República” con un paro camionero muy bien planeado, orquestado y apoyado por el uribismo.

La alocución presidencial confirma lo que ya varios medios alternativos habían informado: que el gobierno del inefable Iván Duque Márquez compró un sistema informático para espiar a los opositores, incluido el propio Petro, durante el estallido social. Estamos ante un hecho de suma gravedad pues se habría dispuesto de agentes estatales y recursos públicos para espiar sin orden judicial a quienes se atrevieron a criticar al gobierno de Duque, apoyaron social y políticamente las movilizaciones y los bloqueos durante el llamado estallido social que tuvo a las ciudades Bogotá y Cali como los epicentros de las masivas y violentas protestas. La adquisición de Pegasus se habría hecho con la anuencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía (DIPOL).

Petro debe estar convencido de que detrás del paro camionero están las manos del uribismo.  Basta con examinar los cubrimientos periodísticos hechos por Blu radio, La FM y Caracol Noticias para entender que el Paro Nacional Camionero hace parte de la estrategia político-mediática de la derecha uribizada de generar miedo, desazón e incertidumbre y llevar al país a una crisis social parecida o igual a la vivida durante la pandemia y el estallido social.

Después de escuchar al presidente, surgen varias preguntas: ¿de dónde salieron los 11 millones de dólares en efectivo que pagó el gobierno de Duque para comprar el sistema Pegasus? ¿Estamos ante un caso de lavado de dinero desde la presidencia de la República? ¿Supieron los gringos de esa compra y la apoyaron? ¿En dónde está ese software Pegasus? ¿Petro cree que con el escándalo de Pegasus, podrá "matar" el paro camionero?

Quienes califican lo dicho por Petro en su alocución como una “cortina de humo” para ocultar la gravedad de las protestas del sector camionero desestiman las reuniones que se adelantan entre el gobierno y los representantes de los transportadores que tienen paralizado a medio país, así como la voluntad de las partes para llegar a un consenso que permita levantar los bloqueos y superar la crisis. Y lo que es peor, minimizan lo denunciado por Petro, porque a los críticos del presidente les interesa seguir defendiendo la nefasta administración de Duque, el títere de Uribe y directo responsable, de acuerdo con lo señalado por el jefe del Estado, de la adquisición del software con el que ese gobierno chuzó y espió a agentes políticos, líderes sociales, congresistas y periodistas que legitimaron los hechos ocurridos durante el estallido social.

Las próximas 48 horas serán claves para el gobierno de Petro y para los sectores de poder que están detrás del paro de los transportadores. O se agudiza la crisis y Petro declara la Conmoción Interior, o la derecha le baja a las presiones y retrocede en su intención de “hacer invivible la República”. Cualquiera sea el escenario, lo cierto es que la derecha quiere poner contra las cuerdas a Petro, para obligarlo a tomar decisiones que lo acerquen a un gobierno de mano dura, como los que vivió el país entre el 2002-2010 y entre 2018-2022. 

 

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SELECTIVA SOLIDARIDAD PERIODÍSTICA

 

Por Germán Ayala Osorio 

La violenta y estigmatizante frase que lanzó el presidente Petro contra las periodistas “amigas del poder”, a las que llamó las “muñecas de la mafia”, despertó en colegas hombres y mujeres una lógica y esperada solidaridad por ser los indignados e indignadas, trabajadores y trabajadoras de empresas mediáticas que hacen parte de conglomerados económicos.

La solidaridad en una sociedad escindida y clasista como la colombiana suele devenir selectiva, en particular en un gremio como el de la prensa en el que abundan las divisiones justamente entre aquellos colegas que son derecha y defienden a dentelladas al viejo establecimiento y al uribismo; y otros que, sin ser de izquierda, le apuestan a incomodar a agentes del poder económico y político, en especial aquellos señalados de actos de corrupción.  Los amigos del viejo régimen de poder medianamente informan y tergiversan los hechos. Mientras que las y los otros se dedican a investigar los torcidos de gente poderosa.

Mientras la indignación por la infortunada frase lanzada por Petro crecía, la periodista Laura Ardila, autora del libro La Costa Nostra salía del país rumbo al exilio por las amenazas de muerte que recibió. Hay que recordar que Ardila sacudió a la opinión pública denunciando en su libro el poder corruptor del clan Char de Barranquilla. Lo curioso es que las y los colegas que salieron a defender a las periodistas que se sintieron aludidas por lo dicho por Petro, guardan silencio frente al exilio de la colega Laura Ardila.

Que una mujer periodista, corajuda y profesional, se vea obligada a abandonar su país por amenazas de muerte, debería de sacudir a la sociedad y al periodismo. Pero no. Por tratarse de una periodista incómoda al régimen de poder, los medios corporativos deben guardar silencio porque registrar el hecho noticioso, implicaría nombrar a los Char, y ello podría poner en riesgo las relaciones sociales y políticas, como también los millones en pauta que los supermercados Olímpica entregan a los medios masivos. 

Hay, entonces, una solidaridad gremial selectiva frente a hechos de violencia contra los periodistas. La frase “muñecas de la mafia” que lanzó el presidente Petro generó la solidaridad de colegas periodistas que trabajan para medios corporativos a los que poco les interesa incomodar a agentes de poder económico y político.

Si por algo se caracteriza el ejercicio del periodismo en Colombia es por la inexistencia de un gremio que represente con probada legitimidad los intereses individuales de los periodistas, incluidos, por supuesto, el bienestar laboral y las condiciones de inseguridad que soportan los comunicadores en territorios alejados de las dinámicas del poder económico y político bogotano.

Más bien, las agremiaciones de periodistas suelen ser clubes de amigos en los que el clasismo y las diferencias ideológicas impiden la consolidación de un gremio fuerte capaz de enfrentarse a los conglomerados económicos y los clanes políticos que fungen como empleadores y, por lo tanto, como órganos de control de la información.

Bajo esas circunstancias, la insolidaridad es el factor común entre los periodistas, fruto de la defensa que unos hacen del establecimiento y las distancias que otros intentan mantener de esas fuentes de poder que obligan a los primeros a autocensurarse y a los segundos, a buscar información que comprometa ética y jurídicamente a los agentes de poder más representativos de ese régimen de poder.

LAS MUÑECAS DE LA MAFIA DE PETRO - Búsqueda Imágenes (bing.com)

HINCHADA DEL CALI, PRENSA Y SER FELICES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La invasión a la cancha de parte de hinchas del deportivo Cali, como forma de protesta por la derrota que sufría y sufrió finalmente con el deportivo Pasto, es un hecho extradeportivo que tiene un fuerte anclaje en las erróneas maneras como en general los hinchas del fútbol manejan la derrota e incluso, los triunfos.  Al final, la actitud asumida por el grupo de hinchas y los comentarios que la prensa recogió a la salida del estadio Palmaseca están inexorablemente atados a un problema cultural-civilizatorio del que deberían ocuparse los aficionados, las directivas de los equipos de fútbol y la prensa deportiva.

Inicio con las responsabilidades que aún no asumen los periodistas deportivos que reducen su trabajo a cubrir los resultados y transmitir los comentarios de los futbolistas y los técnicos. Cuando se presentan desmanes e invasiones a las canchas, los periodistas lamentan los hechos, sin advertir que tienen obligaciones que deben asumir como informadores. Lo primero que deberían de hacer es usar los espacios periodísticos y las transmisiones en directo de los partidos para decirles a los hinchas lo inconveniente que resulta que ellos les entreguen a 11 jugadores la responsabilidad de hacerlos felices. Craso error que cometen los aficionados que asisten asiduamente a los estadios. Ese es un problema cultural-civilizatorio que termina en actos de violencia física, verbal y simbólica como ir a protestar a la sede en donde entrenan, amenazar a los jugadores y atacar a piedra el bus que los transporta.

Al hincha furibundo o dolido por la derrota hay que confrontarlo. En lugar de abrirle los micrófonos para que desahogue su frustración por la derrota, diciendo barbaridades y madrazos, a ese aficionado hay que llamarle la atención y decirle que el del problema es él y no los jugadores. Se trata de un simple juego en el que se puede perder, ganar o empatar. Es así de sencillo.

Escuché a un hincha del deportivo Cali decir que “uno se mata trabajando para venir al estadio a verlos y no juegan ni mierda…”. Este hincha tiene un grave problema: está convencido de que el equipo y los jugadores están en la obligación de hacerlo feliz, de sacarlo de su desdichada vida como trabajador. Es en este punto en el que los periodistas deportivos deben aparecer para mostrarle a ese hincha que está equivocado. Decirle con sinceridad que su vida resulta insignificante para los jugadores y para las directivas del club.

Por ser un deporte de masas, el periodismo deportivo y los clubes han terminado por evitar cualquier confrontación al aficionado que depositó la obligación en terceros, de ser feliz. Claro, los clubes y los periodistas lo hacen por razones económicas y de rating. Los primeros necesitan que los hinchas compren las boletas y llenen los estadios; y los segundos, que escuchen las transmisiones radiales y televisivas con las que evitan al máximo enfrentar a unos hinchas que arrastran el ya señalado  problema, muy seguramente inoculado por la misma prensa deportiva.

Entiendo que la prensa deportiva jamás asumirá esa tarea que calza muy bien con aquello de la "responsabilidad social de los medios", porque justamente la violencia en los estadios les permite ganar rating.  El "negocio" es redondo: alimentar a diario las pasiones de la hinchada y por esa vía la ignorancia y la incapacidad para llegar a concluir que están equivocados en la manera como se relacionan con los equipos y con la Selección de Mayores (masculina, por supuesto). Una vez se presentan los desmanes, tienen los periodistas con qué rellenar sus espacios informativos y de "análisis". 

Y para colmo de males, la mayoría de los actos de violencia los protagonizan hombres, machos cuyas masculinidades devienen en una crisis aún no detectada por ellos mismos, justamente porque están atrapados en el círculo vicioso en el que los clubes y los periodistas deportivos los metieron. 

En cuanto a los clubes, qué interesante sería que las relaciones con las barras bravas no se redujeran a la entrega de boletas y quizás al patrocinio de viajes y la confección de pancartas, entre otros menesteres. Por el contrario, que haya un proceso de formación de hinchas responsables que, si bien “aman” al equipo, entiendan que ser felices no está atado exclusivamente a lo que hagan en la cancha los atletas.  

Adenda: fui un hincha furibundo del Deportivo Cali. Con mi padre y mi hermano  Walter compartimos tardes en el Pascual Guerrero. Unas amargas y otras llenas de felicidad. Eso sí, muy temprano comprendí que estaba en el error en el que hoy están cientos de miles de hinchas del Glorioso Deportivo Cali. Sobre la crisis institucional y deportiva del club, quizás obedece a que a las últimas directivas jamás les interesó consolidar un proyecto deportivo de largo plazo.  Caer a la B parece una salida a la crisis financiera y deportiva. 

Autoridad Territorial Económica y Ambiental- ATEA- y los imponderables culturales

 

Por GERMÀN AYALA OSORIO 

Con el decreto-ley 1094 del 28 de agosto de 2024 el Estado colombiano salda una deuda histórica con los indígenas del Cauca y en particular con el CRIC, al reconocer a sus pueblos como autoridades ambientales dentro de sus territorios. El artículo primero de dicho instrumento legal tiene como objeto "reconocer el Mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental - ATEA como un instrumento de derecho propio de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas que conforman el Consejo Regional Indígena - CRIC, así como las competencias de sus autoridades y establecer mecanismos de coordinación y operativización entre y las entidades en armonía con la política indígena integral de la autoridad territorial y ambiental, como de la Constitución, y demás instrumentos normativos que económicos y ambientales los pueblos indígenas". 

Sin duda alguna se trata de un avance importante en materia de conservación ambiental y ecológica de los ecosistemas presentes dentro de los resguardos. Eso sí, la aplicación del decreto-ley enfrenta varios imponderables que superan el sentido del instrumento legal y que ameritaría la inclusión de una ruta interna para enfrentarlos. Uno de esas contingencias está asociada a la presencia de colonos o comunidades afros en las inmediaciones de los resguardos o zonas de amortiguación de ecosistemas, en especial los boscosos en los que están asentados los indígenas. Esa puede ser en adelante una fuente de conflicto en razón a las diferencias existentes entre la cosmovisión ancestral y las ideas que los colonos arrastran en materia de goce y relacionamiento con el territorio y la naturaleza.

Otro de esos inconmensurables tienen que ver con los procesos de "erosión" cultural (aculturación) que se puedan presentar con el paso del tiempo dentro de las comunidades indígenas y que representen cambios en las maneras históricas como se fijaron las relaciones con la naturaleza. El monocultivo de la marihuana por ejemplo es ya un problema cultural, ecológico, socioambiental y estético para los indígenas en Jambalò (Cauca). Así lo han reconocido los mayores. 

A partir de la experiencia acumulada con la siembra de la marihuana dentro de los resguardos es importante que los mismos dirigentes del CRIC y sus mayores  generen los mecanismos internos que les permitan controlar los impactos psicosociales y culturales que pueda estar generando en los jóvenes indígenas el proceso de siembra, control y cosecha del cultivo de la cannabis. 

Por lo anterior, en el Decreto-ley bien se pudo incluir un mecanismo de diálogo interétnico e interinstitucional que permita enfrentar procesos culturales erosivos que terminen cambiando la cosmogonía de los Nasa y otros pueblos asentados en el Cauca y las maneras de relacionarse con los ecosistemas. 

Imagen tomada de la red. 

PETRO Y LAS "MUÑECAS DE LA MAFIA"

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Que “Colombia es la democracia más antigua de América Latina” es quizás el imaginario colectivo que más daño le ha hecho a los colombianos, cuando se trata de evaluar críticamente los violentos gobiernos de Turbay Ayala (1978-1982), Uribe Vélez (2002-2010) e Iván Duque Márquez (2018-2022). Sumando las dos últimas administraciones, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que fueron 12 años de un régimen que violó sistemáticamente los derechos humanos de campesinos, comunidades ancestrales, defensores del ambiente y los DDHH y los jóvenes que salieron a protestar durante el estallido social de 2021.  Durante el gobierno de Turbay Ayala se aplicó el temido Estatuto de Seguridad. En los tiempos de Uribe, la también temida Seguridad Democrática. Ambas políticas de represión, persecución, estigmatización y muerte.

La manida frase deviene respaldada en el hecho de que no hubo en el país rupturas constitucionales por la toma del poder por parte de los militares, como las que soportaron países como Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, para nombrar solo las del cono sur. Salvo la “dictadura” de Rojas Pinilla, la democracia colombiana ha gozado de buena salud, eso sí, de la salud que conservadores y liberales le permitieron tener. Ha sido una democracia restringida, procedimental y reglada, pero incapaz de garantizar derechos colectivos e individuales de millones de colombianos que viven en la pobreza y en la miseria.

El uso cotidiano de esa frase sirvió para ocultar una realidad: hemos sido, por largos años, una narcodemocracia, un narco Estado, esto es, un régimen democrático capturado por mafias asociadas al contrabando de todo tipo de mercancías, incluidas las armas y al narcotráfico. Eso en cuanto a la ilegalidad. En lo que respecta a la legalidad, operan en Colombia mafias de tipo político, expresadas en la compra de votos, el clientelismo, la financiación de campañas políticas y la captura de instituciones del Estado de parte de corporaciones, clanes o familias políticas que prácticamente privatizaron la operación estatal, evitando así que cumpliera con lo prescrito en la Carta política de 1991.

Es en ese marco en el que debe entenderse la frase expresada por el presidente Petro, que causó revuelo en las redes sociales y los ámbitos mediático y político. El jefe del Estado dijo que “las periodistas del poder, las muñecas de la mafia construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta”.

Tratemos de desmenuzar el sentido de lo dicho y lo no dicho por el mandatario de los colombianos. Como es evidente, Petro hace referencia exclusivamente a mujeres periodistas. Curiosamente, algunas de las periodistas que “brincaron” por aquello de “muñecas de la mafia” están atadas a clanes políticos cuyos miembros han sido investigados y condenados por actos de corrupción electoral; otros afrontan investigaciones por paramilitarismo y homicidios.

Aunque el presidente de la República evita dar nombres, él sabía muy bien que el guante se lo iban a calzar o a chantar específicas periodistas que vienen confrontándolo política y mediáticamente. Ha sido tal el hostigamiento que ha sufrido Petro y su familia, que las relaciones prensa tradicional vs presidente de la República devienen marcadas por una fuerte, visible y mutua animadversión. Estamos ante un tipo de violencia discursiva jamás vista en el país recientemente entre un presidente de la República y el sector de la prensa que defiende adentelladas eso que se conoce como la derecha uribizada.

La recién posesionada Defensora del Pueblo, Iris Marín, refutó la expresión del presidente Petro. Dijo la funcionaria- investida por el propio presidente de la República, que "No esperen de mí como defensora del pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatiza a las mujeres. “No somos muñecas, ni instrumentos de nadie”.

Lo curioso del debate que desató lo dicho por Petro es que nadie recoge la segunda parte de la frase. Es decir, a nadie parece importarle que, durante el gobierno de Duque, siguiendo las directrices de Uribe Vélez, se calificara la protesta social como “terrorismo urbano”. De esa manera, Duque y su gobierno tomaron distancia de las más mínimas garantías constitucionales y democráticas para consolidar un gobierno de mano dura, que fue capaz de desaparecer muchachos, de sacarles los ojos a por lo menos 60 jóvenes, de asesinar a otros tantos y violar mujeres durante el estallido social. Videla y Galtieri, en Argentina, hicieron lo mismo. Pinochet en Chile, con las “caravanas de la muerte”, hicieron lo propio. De igual manera, Stroessner en Paraguay.

La expresión presidencial resulta estigmatizante y profundamente machista. Hay allí una salida en falso del mandatario que contribuye aún más a la crispación ideológica y política que vive el país desde el 7 de agosto de 2022. Otra cosa es que Petro falte a la verdad histórica que cientos de miles de colombianos quieren ocultar o no desean ver: que somos un narco Estado, una narco democracia, y que la gran prensa, con o sin muñecas, defiende de tiempo atrás a un viejo régimen de poder que se ha portado de manera dictatorial, criminal, corrupta y mafiosa.

La reacción de Petro bien puede obedecer a que pasa por un momento de inestabilidad emocional a raíz de la salida intempestiva de su hija menor Antonella, por cuenta del matoneo y el hostigamiento contra la menor que lideraron periodistas y artistas mujeres. 

Quizás va siendo hora de mirarnos en el espejo de nuestra propia historia y reconocer que eso es lo que hemos construido por acción o por omisión. Somos un país de bandidos: unos de cuello blanco, otros vestidos de camuflado; otros con micrófono en mano. Sobre esto último baste con recordar el listado de periodistas que hacían parte de la nómina del Cartel de Cali. Dejémonos de sensiblerías y aceptemos que como sociedad venimos confundidos moralmente y arrastrando taras civilizatorias y democráticas.

Imagen tomada de petro - Búsqueda Imágenes (bing.com)