PETRO Y LAS "MUÑECAS DE LA MAFIA"

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Que “Colombia es la democracia más antigua de América Latina” es quizás el imaginario colectivo que más daño le ha hecho a los colombianos, cuando se trata de evaluar críticamente los violentos gobiernos de Turbay Ayala (1978-1982), Uribe Vélez (2002-2010) e Iván Duque Márquez (2018-2022). Sumando las dos últimas administraciones, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que fueron 12 años de un régimen que violó sistemáticamente los derechos humanos de campesinos, comunidades ancestrales, defensores del ambiente y los DDHH y los jóvenes que salieron a protestar durante el estallido social de 2021.  Durante el gobierno de Turbay Ayala se aplicó el temido Estatuto de Seguridad. En los tiempos de Uribe, la también temida Seguridad Democrática. Ambas políticas de represión, persecución, estigmatización y muerte.

La manida frase deviene respaldada en el hecho de que no hubo en el país rupturas constitucionales por la toma del poder por parte de los militares, como las que soportaron países como Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, para nombrar solo las del cono sur. Salvo la “dictadura” de Rojas Pinilla, la democracia colombiana ha gozado de buena salud, eso sí, de la salud que conservadores y liberales le permitieron tener. Ha sido una democracia restringida, procedimental y reglada, pero incapaz de garantizar derechos colectivos e individuales de millones de colombianos que viven en la pobreza y en la miseria.

El uso cotidiano de esa frase sirvió para ocultar una realidad: hemos sido, por largos años, una narcodemocracia, un narco Estado, esto es, un régimen democrático capturado por mafias asociadas al contrabando de todo tipo de mercancías, incluidas las armas y al narcotráfico. Eso en cuanto a la ilegalidad. En lo que respecta a la legalidad, operan en Colombia mafias de tipo político, expresadas en la compra de votos, el clientelismo, la financiación de campañas políticas y la captura de instituciones del Estado de parte de corporaciones, clanes o familias políticas que prácticamente privatizaron la operación estatal, evitando así que cumpliera con lo prescrito en la Carta política de 1991.

Es en ese marco en el que debe entenderse la frase expresada por el presidente Petro, que causó revuelo en las redes sociales y los ámbitos mediático y político. El jefe del Estado dijo que “las periodistas del poder, las muñecas de la mafia construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta”.

Tratemos de desmenuzar el sentido de lo dicho y lo no dicho por el mandatario de los colombianos. Como es evidente, Petro hace referencia exclusivamente a mujeres periodistas. Curiosamente, algunas de las periodistas que “brincaron” por aquello de “muñecas de la mafia” están atadas a clanes políticos cuyos miembros han sido investigados y condenados por actos de corrupción electoral; otros afrontan investigaciones por paramilitarismo y homicidios.

Aunque el presidente de la República evita dar nombres, él sabía muy bien que el guante se lo iban a calzar o a chantar específicas periodistas que vienen confrontándolo política y mediáticamente. Ha sido tal el hostigamiento que ha sufrido Petro y su familia, que las relaciones prensa tradicional vs presidente de la República devienen marcadas por una fuerte, visible y mutua animadversión. Estamos ante un tipo de violencia discursiva jamás vista en el país recientemente entre un presidente de la República y el sector de la prensa que defiende adentelladas eso que se conoce como la derecha uribizada.

La recién posesionada Defensora del Pueblo, Iris Marín, refutó la expresión del presidente Petro. Dijo la funcionaria- investida por el propio presidente de la República, que "No esperen de mí como defensora del pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatiza a las mujeres. “No somos muñecas, ni instrumentos de nadie”.

Lo curioso del debate que desató lo dicho por Petro es que nadie recoge la segunda parte de la frase. Es decir, a nadie parece importarle que, durante el gobierno de Duque, siguiendo las directrices de Uribe Vélez, se calificara la protesta social como “terrorismo urbano”. De esa manera, Duque y su gobierno tomaron distancia de las más mínimas garantías constitucionales y democráticas para consolidar un gobierno de mano dura, que fue capaz de desaparecer muchachos, de sacarles los ojos a por lo menos 60 jóvenes, de asesinar a otros tantos y violar mujeres durante el estallido social. Videla y Galtieri, en Argentina, hicieron lo mismo. Pinochet en Chile, con las “caravanas de la muerte”, hicieron lo propio. De igual manera, Stroessner en Paraguay.

La expresión presidencial resulta estigmatizante y profundamente machista. Hay allí una salida en falso del mandatario que contribuye aún más a la crispación ideológica y política que vive el país desde el 7 de agosto de 2022. Otra cosa es que Petro falte a la verdad histórica que cientos de miles de colombianos quieren ocultar o no desean ver: que somos un narco Estado, una narco democracia, y que la gran prensa, con o sin muñecas, defiende de tiempo atrás a un viejo régimen de poder que se ha portado de manera dictatorial, criminal, corrupta y mafiosa.

La reacción de Petro bien puede obedecer a que pasa por un momento de inestabilidad emocional a raíz de la salida intempestiva de su hija menor Antonella, por cuenta del matoneo y el hostigamiento contra la menor que lideraron periodistas y artistas mujeres. 

Quizás va siendo hora de mirarnos en el espejo de nuestra propia historia y reconocer que eso es lo que hemos construido por acción o por omisión. Somos un país de bandidos: unos de cuello blanco, otros vestidos de camuflado; otros con micrófono en mano. Sobre esto último baste con recordar el listado de periodistas que hacían parte de la nómina del Cartel de Cali. Dejémonos de sensiblerías y aceptemos que como sociedad venimos confundidos moralmente y arrastrando taras civilizatorias y democráticas.

Imagen tomada de petro - Búsqueda Imágenes (bing.com)