IVÁN DUQUE MÁRQUEZ: ENTRE TERCO E IGNORANTE

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social-periodista y politólogo

 

Ya son varias las ocasiones en las que Iván Duque Márquez exige al gobierno de Cuba la extradición de la dirigencia del ELN que se encuentra en la isla. Huelga recordar que hasta allá se trasladó en su momento la mesa de diálogos entre los negociadores de esa  guerrilla y los del gobierno de Juan Manuel Santos, ante el intempestivo retiro del apoyo político y logístico de la administración de Lenín Moreno, presidente del Ecuador.

Después del execrable atentado dinamitero contra la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, perpetrado por ese grupo subversivo, esa parte de la delegación guerrillera se quedó en la isla caribeña en virtud del rompimiento de la negociación que había empezado en territorio ecuatoriano.

La insistencia de Duque al gobierno Díaz-Canel lo hacen ver como un ignorante frente a un imposible jurídico-político: Cuba, como país garante de esos diálogos de paz, no puede desconocer los protocolos firmados entre el Estado colombiano y el ELN, con el respaldo político de Noruega.

La insistencia de Duque Márquez con el espinoso asunto no solo lo hace ver como un ignaro, sino como un político testarudo. Testarudez que se explica, claro está, porque jamás se ha sentido como Jefe del Estado colombiano. Si así fuera, entendería que ningún Estado que sirva como garante de un proceso de paz puede violar o desconocer los protocolos firmados entre las partes que se sentaron a dialogar para poner fin a las hostilidades.

Ser Jefe de Estado y actuar en consecuencia obliga a quien tiene esa investidura, a actuar con mesura, inteligencia y sobre todo, con sentido histórico. Y Duque se ha demostrado así mismo que su paso por la Casa de Nariño o de Nari, obedece más a un capricho del uribismo por poner en el Solio de Bolívar no solo a un intransigente e indocto en temas de relaciones internacionales y derecho internacional, sino a un hombre sumiso al que no le interesa hacer historia como Jefe de Estado, porque solo vive pendiente de cumplir las órdenes de sus dos patrones (Uribe y Sarmiento Angulo), en particular las que a diario le musita al oído el latifundista de Salgar.

Parece ser que los seguidores de Uribe desconocen qué es eso de ser Jefe de Estado. El mismo Uribe jamás se sintió cómodo al ostentar por ocho años esa dignidad, pues mandó en este país como si lo estuviera haciendo dentro de los límites de El Ubérrimo. Lejos estuvo el vulgar caballista de actuar como Jefe de Estado. Por ello no podemos esperar mucho de Iván Duque, quien cada día que pasa deja en claro, por su ignorancia y testarudez, que su intención es parecerse a quien lo puso en la Casa de Nari.

Imagen tomada de la BBC

SOSTENIBILIDAD CULTURAL, PAZ Y GUERRA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por estos días en los medios se registra un cruce de opiniones entre el presidente de la República, Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque Márquez. Las recriminaciones de Petro tienen que ver con la solicitud del segundo de meter al ELN en el listado de países que patrocinan el terrorismo.

La respuesta de quien fungiera como el títere del expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió así al vainazo que le envió Gustavo Petro: “La dictadura de Cuba patrocina terroristas y los ha patrocinado siempre. Así fue con el terrorismo del M-19, FARC, ELN, entre otros. Muchos se presentan como defensores de la vida, pero son serviles ante la opresión y la barbarie de los Castro y sus herederos. Desde Cuba planearon y ejecutaron el atentado de la Escuela General Santander”.

Petro le ripostó así: “Los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación, en cambio tú, Duque, los bombardeaste. Creíste que si morían los niños moría el comunismo, tanta estupidez pensaste. Quizás sea peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes, pensando que así termina el comunismo, que aquella de los Castro. Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos”.

Lo cierto es que Iván Duque exageró en su petición a los americanos de ingresar al ELN en la lista de países patrocinadores del terrorismo y en la posterior solicitud al gobierno cubano de que le entregara a los miembros del comando central del ELN que se quedaron en la isla, una vez se rompió la mesa de diálogo por el atentado dinamitero contra la Escuela de Policía General Santander, perpetrado por esa guerrilla.

Vale la pena recordar lo hecho por Duque en materia de implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, para entender no solo las respuestas que le envía hoy a Petro, sino sus intenciones que no eran otras que las de hacer trizas la paz, cumpliendo las órdenes que recibió desde El Ubérrimo. El mendaz, fatuo e infantil del Iván Duque Márquez hizo con el proceso de implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, prácticamente lo que “le vino en gana”. Se opuso y atacó a la JEP y a las 16 curules de paz; permitió el desvío de millones de pesos que debieron invertirse en los 170 municipios PDET’s y en proyectos productivos de los excombatientes; ralentizó las acciones propias de la implementación de lo acordado en Cuba entre el Estado y las entonces Farc-Ep. Además, se burló en la cara de la comunidad internacional y en particular en la de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, a quienes les habló de su política Paz con legalidad, una suerte de embeleco jurídico y político con el que trató de encubrir su animadversión hacia lo pactado en la isla caribeña y el saqueo programado de los recursos de la paz. Fue su manera de negarse a aceptar el tratado de paz, convertido en política pública de paz de Estado, lo que lo obligaba a cumplir con el contenido de lo allí consignado. Y de contera, elevó a los jóvenes que protestaron durante el estallido social, a la condición de "enemigo interno". Violó la constitución y se extralimitó en sus funciones y poderes. Y todo lo anterior, lo hizo con el beneplácito de su jefe político, prácticamente su dueño, el imputado, Álvaro Uribe Vélez, y de gran parte de la sociedad y de agentes económicos de la sociedad civil.

Duque y sus áulicos convirtieron el proceso de paz en un negocio. Duque pagó favores políticos como lo hizo en su momento Uribe con los millonarios recursos de la política Agro Ingreso Seguro. De esa forma el hijo de Salgar agradeció a familias ricas de la costa Caribe y a los ingenios azucareros del Valle del Cauca el haber apoyado su reelección presidencial. Iván Duque, en su infantil forma de ser, siempre quiso emular a su ídolo, el 1087985.

Mientras que millones de colombianos vieron y asumieron el proceso de paz como una oportunidad para atacar las circunstancias históricas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60, Duque, en representación de la mezquina y corrupta derecha que lo impuso en el solio de Bolívar, lo asumió como un dispensador de recursos económicos, que le sirvieron al propósito estratégico de la derecha de mantener los niveles históricos de la pobreza rural, hacer inviable la vida de los campesinos y las de las comunidades ancestrales, extender en el tiempo la inequidad y continuar concentrando la tierra en pocas manos y especulando con su precio.

De esa manera, para el hoy alicaído uribismo, tanto la paz como la guerra son solo negocios. No son más. A Uribe y a todos sus seguidores con alma de borregos, poco o nada les importan las víctimas, el sufrimiento y la reconciliación. Muy seguramente, con la paz, se beneficiaron solo civiles, mientras que durante los aciagos ocho años de la seguridad democrática fueron los militares corruptos quienes mayor beneficio sacaron de las hostilidades y de las dinámicas de lo que se conoce como el conflicto armado interno. En especial, altos oficiales que tuvieron acceso a contratos y al manejo discrecional de los recursos que el Estado les entrega a las fuerzas armadas. La paz y la guerra para el uribismo son dos caras de una misma moneda, pues con esta siempre ganaron.

Con el gobierno de Petro se espera que la implementación de lo acordado se acelere y que se den las transformaciones que requieren los municipios que más sufrieron las arremetidas de los actores armados, legales e ilegales. La actual estructura agraria en municipios PDET debe tocarse, si se quiere cumplir con el punto de la reforma agraria integral.

Los desafíos del actual gobierno son colosales. Petro y sus ministros de agricultura, ambiente y cultura tienen el reto de poner a hablar al país de Sostenibilidad Cultural como imán al que se conectan de manera asertiva perspectivas de la sostenibilidad como la económica, la política, la ecológica y ambiental. Estos tres funcionarios deben sentarse a dialogar en torno a ese concepto de la Sostenibilidad Cultural, por una razón fundamental: el ethos mafioso que Uribe logró naturalizar en Colombia se hizo transversal y sistémico, lo que claramente significó su penetración en la gestión ambiental y en las dinámicas institucionales creadas para alcanzar la dichosa sostenibilidad. Así, el uribismo, de la mano de Duque, validó la deforestación, la ganadería extensiva de baja productividad, a lo que se suma, los proyectos insostenibles de megaminería, legal e ilegal. En términos socio ambientales, de una ética ecológica y de la sostenibilidad cultural, el uribismo fue, es y será siempre insostenible. Todo un riesgo para la vida, en todas sus manifestaciones.

Adenda: el bloqueo económico de los Estados Unidos a Cuba es infame, pero también es igual de ultrajante el régimen cubano. No basta con que no haya niños en los semáforos mendigando, cuando hay problemas graves de abastecimiento de comida para ellos, las niñas y los adultos.  Es claro que el modelo socialista, a la vieja usanza soviética, fracasó en la preciosa isla. Insistir en ese “modelo de democracia popular” es un colosal error. 

Imagen tomada de W radio. 

MENDOZA LEAL: EL GALLO FINO QUE SE LE PARÓ A URIBE VÉLEZ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En una audiencia de conciliación y en las postrimerías de su cuestionada existencia, al expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez le salió al corte un gallo fino llamado Daniel Mendoza Leal, creador de la exitosa serie Matarife.

En la señalada audiencia, Mendoza Leal, abogado, periodista y criminólogo, le propuso al temido expresidente que reconociera sus crímenes y reparara a sus víctimas vendiendo sus haciendas y este dejaba de producir series y de referirse a él en los términos que tradicionalmente el abogado usa para dar cuenta de sus análisis en los que aparece Uribe Vélez como un genocida, asesino despiadado, paramilitar y violador.

Aunque el país no sabe aún la respuesta que dará Uribe a lo propuesto por su contradictor, al que demandó por injuria y calumnia, resulta apenas lógico que el expresidente seguirá adelante con el proceso penal, lo que significa que habrá, muy seguramente, una imputación de cargos contra Mendoza Leal y un juicio en el que cada parte expondrá sus argumentos. De hecho, el abogado, en la audiencia, le pidió a la fiscal que le imputara de una vez cargos, para irse a juicio.

Este caso resulta interesante porque da cuenta de aspectos que hacen referencia al ejercicio libre de opinar, pensar y de construir representaciones sociales acerca de personajes públicos cuyas decisiones y su vida quedan expuestas al público, lo que legitima la acción de opinar, de acuerdo con la capacidad de análisis de quien desea hacerlo, su aforo argumentativo y en este caso, de la solvencia discursiva de Mendoza Leal para establecer relaciones causales, interpretar hechos y emitir juicios de valor que, por la cantidad de investigaciones que en contra de Uribe Vélez reposan en Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia, le sirven al abogado para sacar conclusiones y hacer inferencias que los jueces ya no podrían medir bajo el rasero de la injuria y la calumnia, pues entraron hace rato en el mundo del análisis criminal.

Esta audiencia tiene como antecedente la tutela que interpuso Uribe Vélez con el propósito de evitar que la serie Matarife saliera y se mantuviera al aire, producción audiovisual en la que Mendoza concluye que el expresidente es un “matarife, paramilitar y responsable de guiar un aparato criminal de poder”. En el Auto 1732/22 se lee: “Las afirmaciones publicadas por el señor Mendoza Leal no se encuentran amparadas por la libertad de expresión porque “constituyen un discurso de odio” en su contra. En criterio del accionante, su etiquetamiento como autor responsable de los delitos de genocidio, concierto para delinquir agravado y acceso carnal “configura un discurso de odio que hace expresa apología a la violencia y al delito, al tiempo que conduce a la polarización política” …No existe ninguna sentencia de tutela que haya autorizado al señor Mendoza Leal a calificarlo de genocida, paramilitar o narcotraficante…”

Sin embargo, en el mismo Auto1732/22, en cuanto a las pretensiones del expresidente Uribe, se lee: “La solicitud no satisface el requisito de subsidiariedad, dado que “el actor cuenta con acciones judiciales ordinarias que no ha ejercido y tampoco invoca la figura del mecanismo transitorio de la acción de tutela”.   La tutela no cumple con el requisito de inmediatez, puesto que “los cuatro capítulos que se conocen de la serie ‘Matarife’, están basados exclusivamente en informes periodísticos de la década de 1980 y 1990, así como en artículos de Gonzalo Guillen y de mi autoría, que tienen más de 2 años de publicados”. Estos artículos “nunca fueron cuestionados por Álvaro Uribe Vélez, a pesar de haber tenido amplia difusión nacional e internacional”. El señor Uribe Vélez “no agotó el requisito previo de solicitud de rectificación”, dado que no respondió al escrito de aclaración que su apoderado envió el 8 de junio de 2020”.

Daniel Mendoza hila delgado y fino en sus deducciones, fruto de un cruce de hechos y circunstancias, análisis político, histórico, sociológico y periodístico de hechos en los que aparece Uribe Vélez involucrado o nombrado. Lo que ha hecho Mendoza Leal es la construcción de un relato periodístico con el que el productor audiovisual erosiona la imagen que los medios tradicionales crearon de Uribe: un Mesías, un Patriota al servicio del país. Mendoza apela a sus conocimientos y experiencia en asuntos propios de la criminalística y usa la técnica del perfil psicológico criminal para hacer inferencias de los aspectos psicosociales que rodean la vida política y el ejercicio del poder de Uribe, considerado por Mendoza como un sociópata.

Que el asesino serial, alias Popeye le haya tenido miedo a Uribe Vélez y lo haya expresado públicamente, constituye, para Mendoza Leal y sus análisis, un hecho que probaría la peligrosidad del expresidente, cuando alguien decide retarlo, o contradecir sus órdenes o deseos.

Ya veremos en qué queda este proceso penal que hasta el momento solo tiene la atención de las redes sociales, pero que debería de ocupar a periodistas, penalistas, criminólogos, comunicadores sociales, psicólogos, lingüistas, filósofos del lenguaje y sociólogos, porque lo dicho y hecho por Mendoza Leal hace rato traspasó los límites de la doxa, para acercarse a los ámbitos de la interpretación, el análisis complejo, sistémico, multifactorial y la de-construcción de unos hechos que, aunque tozudos, solo algunos jueces se atrevieron a conectar con Álvaro Uribe Vélez.

Imagen tomada de Semana.com

MARÍA FERNANDA CABAL SE MONTÓ EN LA TRACTOMULA DEL CAMBIO HACIA ATRÁS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Montada en una tractomula, María Fernanda Cabal anunció su prematura aspiración de llegar a la Casa de Nariño en el 2026. La temprana candidatura presidencial de María Fernanda Cabal se da en medio del desespero de la derecha uribista por recuperar el Estado, para que este siga en manos del régimen de terror que por más 30 años viene operando en Colombia, el mismo que es responsable de los millones de pobres que existen en el país, de la informalidad laboral, de la violencia política en el campo y del desempleo estructural.

Sus ideas y convicciones hacen posible pensar en que un eventual gobierno de la hoy congresista, el país entraría en una sólida dinámica de echar para atrás todo lo decidido por el gobierno de Petro. Se trataría de un gobierno que, montado en una resistente tractomula, atropellaría todos los programas y avances en materia social y ambiental. Por ejemplo, en materia ecológica, cuidar y parar la deforestación de las selvas no sería una prioridad para la señora Cabal, cuya vida está atada a la agroindustria cañera y a la ganadería extensiva, actividades económicas propias de lo que llamo la Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF), factor clave que reproduce la lógica economicista con la que se “valoran” los ecosistemas naturales y se aseguran las condiciones de insostenibilidad socio ambiental, política y ecológica del vigente modelo de desarrollo económico. Huelga recordar que Cabal no cree en el cambio climático, porque considera que es pura charlatanería.

María Fernanda Cabal no gusta de quienes reivindican y luchan porque haya garantías para el cumplimiento de los derechos consagrados en la carta política de 1991. Su cercanía al partido español VOX, la acerca a la extrema derecha, lo que constituye un llamado de alerta para las comunidades LGTBI+, sindicatos, grupos de feministas y todos aquellos que creen en las ideas liberales. En lo económico, Cabal cree a pie juntillas en el modelo neoliberal. Es amiga de la privatización del Estado, lo que significa la entrega de subsidios a los más ricos tal y como sucedió con la política Agro Ingreso Seguro (AIS), de la que recibió millonarios recursos; y la disminución de todos los subsidios y programas encaminados a ayudar a comunidades campesinas. La señora Cabal gusta de la política de importación de alimentos, en detrimento de la seguridad y la autonomía alimentarias.

Es apenas obvio que detrás de la candidatura de María Fernanda Cabal estarán Uribe Vélez, el banquero Sarmiento Angulo, terratenientes, ganaderos y azucareros de todos los pelambres.

Cabal es determinada, terca y con tendencia a imponer sus ideas por encima de las de los demás. Es autoritaria como Uribe, su gran mentor. El expresidente y expresidiario la considera leal, pero preferiría apoyar a un hombre porque el caballista antioqueño sigue pensando que el lugar de las mujeres está en la cocina, atendiendo los hijos y a los maridos. La respaldará hasta cuando el 1087985 consiga a un títere mejor que Iván Duque Márquez.

Su discurso es básico, en el sentido en que no está formada para dar discusiones teórico-conceptuales. En eso se parece mucho a Duque y al propio Uribe. En el video que recién grabó montada en una tractomula, dijo lo siguiente: “Se acuerdan cuando los ‘petristes’ decían que el cambio era en primera, pero era con caja de cambios de aquella que ponía la primera soltado en el clutch y se apagaba el carro o esa primera en subida que terminaba quemando la caja ¿o no’?”.

La señora Cabal insistirá en revivir el fantasma del castrochavismo, invención de su patrón, Álvaro Uribe. Es más, en el señalado video dijo: “El cambio es en automático, el cambio no es con el socialismo de ideas arcaicas, el cambio es a lo moderno. Vamos a hacer la primera vez que tenemos la oportunidad de tener una mujer en la presidencia. Eso sí es el cambio”.

Como se puede apreciar, insiste en que el gobierno de Petro está llevando al país hacia el socialismo, cuando viene respetando la regla fiscal, la propiedad privada y el modelo económico. En su caos conceptual, Cabal confunde la modernidad con lo moderno. Debe saber la senadora que si algo no hemos alcanzado en el país es la modernidad. Quizás nos hemos modernizado (lo moderno, en su vocabulario básico) apoyados en la tecnología, pero aún estamos lejos de alcanzar ese estadio de la modernidad en el que están instaladas democracias europeas de tiempo atrás.  Sin entrar en confrontación con la sociedad patriarcal que ella representa, ya sabemos que María Fernanda Cabal buscará llegarles a las feministas con el deseo y la idea de ser la primera mujer en gobernar al país. De llegar a la Casa de Nariño, su condición de mujer solo serviría para maquillar el patriarcado y el machismo aún vigente en el país.

Cabal seguirá montada en la tractomula, con la que buscará arrollar y pisotear todas las acciones y decisiones que Petro está tomando en aras de alcanzar la esquiva modernidad que la señora Cabal aún no comprende. Serán por lo menos 16 o 20 cambios los que Cabal ejecutará montada en el tractocamión del cambio. Finalmente, hay que decir que la derecha prendió motores para regresarnos a los tiempos de la seguridad democrática. ¡Ajúa!

Imagen tomada de Infobae. 

FERNANDO BOTERO(QEPD): TAN UNIVERSAL COMO GABO, EL HOLOCAUSTO NAZI Y LAS DOS GUERRAS MUNDIALES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Murió el Maestro Fernando Botero Angulo, escultor y pintor tan universal como García Márquez, el Holocausto Nazi, y las dos guerras mundiales que pusieron en crisis el proyecto humano de la modernidad. Pero también, tan local y regional como nuestro conflicto armado interno que, a pesar del premio Nobel de Paz de Juan Manuel Santos, los horrores cometidos en ocasión de sus dinámicas bélicas jamás alcanzaron la universalidad necesaria como para que el mundo posara sus ojos sobre este platanal en el que aún corren ríos de sangre. Ver a sus “gordas” en parques de Medellín y avenidas de Cartagena y Bucaramanga hizo posible que su perspectiva de la vida y de las formas, también alcanzara las dimensiones local y regional.

Fernando Botero le entregó a este país que ama la violencia y aborrece la paz, obras como “El desfile”, “Carro bomba”, “Tristeza”, “Masacre en Colombia” y “Río Cauca”, todas, expresiones de lo que volvimos paisaje y normalizamos: la violencia. También regaló la Paloma de la Paz, hermosa escultura en bronce que Botero le hizo llegar al entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos. Una vez se instaló Iván Duque Márquez en la Casa de Nariño, este mequetrefe y homúnculo ordenó el traslado de la escultura al Museo Nacional. Ese gesto hizo parte del proyecto político que desde El Ubérrimo le ordenaron ejecutar: hacer trizas la paz de La Habana.

Con la partida de Botero, aparece la necesidad de un relato tan universal como el Maestro de las “gordas”, que le cuente al mundo de lo que hemos sido capaces con tal de eliminar, simbólica y físicamente, a todos aquellos que pensaron diferente, o que se atrevieron a exigir el cumplimiento de sus derechos consagrados en un indefenso papel que llaman Constitución Política.

Botero Angulo, nacido en Medellín (Antioquia), comparte con políticos, poetas y deportistas haber brotado de esa hermosa tierra antioqueña, estigmatizada y violenta. Arte, política, deporte y letras, todas juntas como parte de esa condición humana, aviesa y maravillosa, reclaman un lugar en el universo. De ese listado hacen parte la poetisa Piedad Bonnet, el ciclista, Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, y el inefable político, Álvaro Uribe Vélez, nacido en Salgar, quizás el ser humano que más daño le ha hecho al país, de la mano de Pablo Escobar, Luis Alfredo Garavito o cualquier "monstruo" de los Andes.

La pretendida consagración universal de lo hecho a través del arte, en pistas y carreteras, o a través de poemas y las letras en general, o quizás por el ejercicio ético de la política, solo la lograron, hasta hoy, Botero y Gabo. Ahora que el Maestro no está, la sociedad colombiana debe volver a mirar sus pinturas y esculturas para anclar a estas, ese relato universal que necesitamos como nación para decirle al mundo, en particular a los alemanes, que nosotros también tuvimos nuestro propio holocausto. Y que el gran responsable es un antioqueño: Álvaro Uribe Vélez, con su sombría y tenebrosa política de defensa y seguridad democrática, que dejó 6402 jóvenes asesinados por el Ejército, millones de desplazados, profesores torturados y asesinados por el DAS y largos procesos de estigmatización ideológica. 

Paz en la tumba del Maestro Botero, artista que se atrevió a exponer la pequeñez de un pueblo que aprendió a amar la guerra y la violencia; queda Uribe Vélez, menudo hombrecillo cuyo nombre ojalá se haga tan universal como las dos guerras mundiales, el covid19 y el Holocausto Nazi, del que muy seguramente se inspiró para degradar la lucha armada y la reivindicación de los derechos de quienes fueron hostigados, desplazados y masacrados por paras, guerrillas y militares.

 Imagen tomada de RCN

CUATRO PREGUNTAS PARA EL CASO DE TIERRALTA (CÓRDOBA)

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los hechos ocurridos en Tierralta (Córdoba) aportan a la consolidación de la negativa imagen que arrastran unidades militares que, durante los tiempos de la seguridad democrática, se prestaron para ejecutar civiles (falsos positivos), patrullar junto a unidades paramilitares, hacerlos pasar como tropa oficial y facilitar sus operaciones al momento de perpetrar masacres.

A pesar de la barrida inicial de oficiales de alta y media graduación, el gobierno de Petro aún no logra desmontar el comportamiento anómalo y criminal de aquellos uniformados que naturalizaron el ethos mafioso que entre 2002 y 2022 se volvió paisaje en el mundo castrense.

En los ya conocidos hechos de Tierralta, brotan varias preguntas que la cúpula militar debe contestar de cara al país: 1. ¿Quién firmó y cuál era el propósito de la orden de operaciones que condujo a estos militares hacia la vereda en la que intimidaron a los civiles? 2. ¿O acaso, no hubo orden de operaciones? Sacar material de guerra y de intendencia a la calle no es precisamente una acción sencilla de acometer, salvo que detrás de la salida de los fusiles se haya dado un concierto para delinquir que hizo posible que los uniformados salieran de la unidad militar vestidos de camuflado y armados. Si es así, la investigación penal ordinaria y la que asuma la justicia penal militar deben aclarar ese asunto que no es menor, pero que el escándalo mediático suele soslayar. 3. ¿Qué propósito tenía la acción intimidante? 4. ¿Los militares que participaron del hecho criminal le estaban haciendo un favor a un hacendado, a un empresario, o a un político?

Por tratarse de una acción que no obedece a un acto del servicio, los hechos deben ser investigados por la Fiscalía y la Procuraduría. Ello no es óbice para que la Justicia Penal Militar asuma las pesquisas pertinentes, justamente porque ese uso indebido de las armas y del uniforme militar van en contravía de la dignidad, el decoro y el honor militares. Ojalá el presidente Petro, en su rol de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se ocupe del caso para, si es necesario, sacudir la línea de mando comprometida en los funestos hechos conocidos.

Los militares que participaron de los hechos intimidatorios contra campesinos actuaron bajo la figura de la perfidia o la felonía. Manchar de esa manera el honor militar deriva en una pérdida de la confianza de los civiles en las fuerzas legítimas. Hacerse pasar por un grupo ilegal (disidencias de las Farc o del ELN) obedece a una decisión que compromete no solo a los responsables, sino a la línea de mando bajo la que actuaron estos “facinerosos oficiales”.

Comparto la postura editorial asumida por EL ESPECTADOR, en la que señala que “lo que ocurrió en Tierralta, Córdoba, es una traición del más alto nivel. El actuar descarado de los encapuchados da a entender que se sentían seguros en la impunidad, por eso la justicia tiene que actuar de forma contundente. El Ejército debe tomar las acciones de reestructuración necesarias para garantizar que los uniformados que estén en la zona puedan trabajar en recuperar la confianza perdida. Y, ante todo, debemos proteger a las personas de la comunidad que se atrevieron a denunciar”.

Hay que descartar que dicha acción criminal obedezca a una práctica sistemática de unidades militares acostumbradas a hacerse pasar por tropas paramilitares como sucedió en el pasado o como guerrilleros, para afectar procesos de paz en camino de consolidación, o simplemente, para hacerles mandados a narcos, terratenientes, ganaderos o empresarios del campo. Ojalá aquello de participar en el Teatro de Operaciones no quede en la cruel y criminal actuación de estos uniformados que mancillaron el honor militar de servir al Estado y en particular, de proteger a la población civil.   

Imagen tomada de Caracol radio. 

FABIOLA RUBIANO CONDENADA POR RACISMO: ¿EN DÓNDE APRENDIÓ A ODIAR A LOS PUEBLOS NEGROS?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La condena por racismo proferida por una jueza de la República, contra Fabiola Rubiano, resulta ejemplarizante no tanto por los 17 meses de prisión(recibió el beneficio de libertad condicional), sino por el fallo mismo con el que la operadora judicial y la misma Francia Márquez le envían un mensaje claro a los millones de racistas que viven en Colombia: les tocó dejar para el ámbito de lo privado sus prácticas y discursos racistas, pues en los escenarios públicos deberán guardárselos, salvo que quieran exponerse a la sanción social que recibió la procesada y a una condena parecida o quizás mayor, dependiendo de cada caso.

Más allá del fallo y si es suficiente o no, o exagerada la condena, valdría la pena preguntarse en ¿Dónde aprendió la señora Rubiano a odiar a la población afrodescendiente; ¿Quién le enseñó a odiar tanto a los negros?; ¿Qué pasaba en su casa cuando fue niña?; ¿Qué escuchó decir a sus padres, tíos e incluso, abuelos?; ¿De dónde cree que viene la señora Rubiano?: ¿Acaso tiene rasgos suecos o anglosajones? ¿Escuchó en su colegio a sus profesores y profesoras hablar del proceso de mestizaje del que venimos todos, incluida ella? Y una última, sabrá de la existencia del libro ¿Por qué somos así?, proceso de mestizaje en Colombia, ¿de Emilio Yunis Turbay? ¿O acaso se considera aria?

Quizás la respuesta es más sencilla: su animadversión nace de su militancia en el uribismo y en su notable y enfermiza admiración hacia Álvaro Uribe Vélez, enemigo de negros, indígenas y campesinos.

Desconozco los argumentos del fallo, pero si fuera yo el operador judicial le haría estas preguntas a la procesada y condenada por racismo, no para que se avergonzara, sino para que, en un verdadero acto de contrición, revisara su propia historia de vida. El odio que Fabiola Rubiano expresó públicamente contra Francia Márquez y los pueblos afrocolombianos expuso su ignorancia, acompañada de una evidente ausencia de una mínima empatía y de un exiguo respeto por sus semejantes.

Es más, el fallo debió obligar a la señora Rubiano a escribir y leer en público una carta dirigida a la vicepresidenta, a los pueblos afros de Colombia y al resto de colombianos, dando respuestas a las preguntas aquí expuestas.

Nos va a quedar muy difícil como sociedad superar el racismo, el clasismo y la homofobia, tres grandes obstáculos que tenemos para vivir en armonía, si medios como EL TIEMPO se atreven a registrar lo sucedido usando el término insulto, en lugar de racismo. El titular dice: "Condenaron a año y medio a Luz Fabiola Rubiano por insultos a la vicepresidenta Francia Márquez". Después de las críticas recibidas, el medio agregó al palabra racistas, seguido del término insultos. A nadie se condena en este país por proferir insultos: se condena por exponer un discurso claramente racista como el que expuso Fabiola Rubiano. Ya veremos quién será el o la próxima “Fabiola Rubiano” condenada por racismo. Bueno, ya hay varios que están capilla, por usar las redes para dar a conocer su auto proclamada supremacía étnica.

Imagen tomada de EL TIEMPO

EL RELATO CON EL QUE URIBE CONFRONTA AL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD (I)

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Circula ya la narrativa del Centro Democrático, o mejor, la versión de Álvaro Uribe Vélez, con la que responden al relato que la Comisión de la Verdad le entregó al país, como resultado de su tarea de aportar al esclarecimiento de lo sucedido en Colombia durante los más de 50 años de conflicto armado interno. Se trata, sin duda, de un relato construido desde la resistencia al proceso de paz de La Habana, con la intención de deslegitimar el trabajo que orientó el padre Francisco de Roux.

Citaré apartes del documento con el que el uribismo insiste en su pretensión de imponer su visión amañada de la historia política del país, instalados en la negación del conflicto armado, lo que de muchas maneras explica el sentido del texto al que titularon ¿Cuál Verdad?

En la presentación, a cargo del expresidente Álvaro Uribe Vélez,  justifican la aparición del documento por la “osadía de la Comisión de la Verdad de faltar a la verdad en muchos casos”. Juzgar a la Comisión de la Verdad como temeraria solo se explica por quien durante sus años como presidente de la República actuó siempre en función de desconocer la institucionalidad oficial, en arreglo a sus formas tradicionales (informales) de ejercer el poder: por debajo de la mesa, y haciendo acuerdos muy propio de acuerdos entre amigos, capos o líderes de organizaciones al margen de la ley. Que un expresidente trate de deslegitimar a una entidad estatal no deja de ser paradójico, pero explicable por el talante informal de quien manejó los asuntos del Estado durante ocho años, como si se tratara de la compra y venta de ganado o de caballos de paso fino.

“Debe recordarse que la Comisión de la Verdad nació del anti democrático procedimiento de enmendar un plebiscito con una proposición del Congreso. Esto es, el pronunciamiento popular que dijo No al Plebiscito sobre el acuerdo de La Habana fue desconocido por el Gobierno de la época…”

Insiste el 1087985 en que les “robaron el resultado del plebiscito”. Y al hacerlo, guarda silencio sobre dos aspectos claves: el primero, que el jefe de Estado, en este caso, Juan Manuel Santos Calderón, tenía la responsabilidad social y política, así como el respaldo institucional y constitucional para sacar adelante el proceso de paz y la consabida legitimación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y la insurgencia de las Farc-Ep.

Hay que decir que Santos pretendió enterrar al uribismo con el plebiscito, apuesta que le salió mal y afectó la legitimidad del acuerdo de paz alcanzado en Cuba. El segundo aspecto sobre el que guarda silencio Uribe Vélez es la engañosa y mentirosa campaña del No, con la que buscaron “sacar verraca a la gente a votar”, lo que claramente constituyó un juego sucio y poco democrático. Él mismo, apenas se hicieron públicas las confesiones de Juan Carlos Vélez, gerente de la campaña del No, salió a decir: “hay que cuidar las comunicaciones”. Es decir, la campaña sucia fue una decisión del partido (bueno, realmente es una secta-partido).

Miente el expresidente antioqueño al decir que el texto firmado en La Habana sufrió cambios “superficiales”. No. En materia del comparecimiento  ante la JEP, de terceros civiles que hubiesen patrocinado estructuras paramilitares, después del resultado del plebiscito, el gobierno y las Farc-Ep aceptaron quitar la obligatoriedad, y dejar la presentación voluntaria de esos particulares o terceros civiles que auparon y apoyaron económica y políticamente la operación de las AUC. Eso es un cambio sustancial a lo acordado inicialmente.

Otra de las molestias que no supera el latifundista y caballista - Santos lo llamó rufián de esquina- tiene que ver con la elegibilidad política. Si bien Santos negó ante los medios de comunicación que se fuera a dar esa posibilidad, al final la entrega de las 10 curules se dio. Y ello se explica por el origen político de la confrontación armada, lo que supone una solución que tocara en algo las co-relaciones de fuerza al interior del régimen de poder y ello medio se logró con la llegada al Congreso de los excombatientes.

En su diatriba contra el texto de la Comisión de la Verdad, el Gran Imputado recuerda que hay disidencias de las antiguas Farc-Ep. Al respecto, dice:  “Continúan delinquiendo estructuras que se hacen llamar disidencias, varios jefes guerrilleros, que firmaron el Acuerdo de Paz, retornaron a la lucha armada en nombre de una segunda Marquetalia alegando un supuesto incumplimiento cuando en realidad huían de acusaciones de complots de narcotráfico”.

En este pasaje, Uribe desestima lo ocurrido con el entrampamiento que la DEA y la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez le pusieron a Jesús Santrich, para llevarlo en extradición hacia los Estados Unidos. En declaraciones públicas, alias Iván Márquez se escondió en la selva porque temía por acciones similares que se estarían preparando en su contra. De igual manera, calla sobre las acciones adelantadas por Iván Duque Márquez, para ralentizar y hacer trizas la paz, lo que justificó la aparición de las disidencias.

 En el documento, el Gran Capataz de Colombia expone la ojeriza ideológica que profesa hacia todos los que no piensen como él. Dice el vulgar caballista que “sin faltar al respeto de sus integrantes, es notoria la inclinación ideológica de los miembros de la Comisión de la Verdad con excepción del exmilitar, Mayor Carlos Ospina, persona ecuánime cuyas apreciaciones fueron desconocidas”

Con esta velada descalificación, Uribe Vélez insiste en reconocer a los demás bajo la relación Amigo-Enemigo, con la que se proscribe cualquier posibilidad de encuentro dialógico, en el que triunfe el mejor argumento. Por el contrario, al no existir argumentos válidos para erosionar la consistencia de ese otro que lo interpela, es preferible atacarlo y la mejor forma de hacerlo es decir que es de “izquierda”, es decir,  amigo de los terroristas y enemigo del país. Uribe sigo atado a esa perversa relación, que se explica con la frase, “el que no está conmigo, está contra mí”. Ya Estanislao Zuleta había hecho referencia al asunto.

Termino con esta cita: “lo que no analiza la Comisión de la Verdad es que el Acuerdo de La Habana puso a nuestras Fuerzas Armadas democráticas de igual a igual con quienes cometían actos terroristas, pero finalmente quedaron en desventaja. Digo lo anterior porque a ambos se les exige reconocer delitos para estar en libertad o para tener sanciones alternativas y simbólicas. Sin embargo, para el integrante de las Farc reconocer un delito es aceptar lo que era su deber ser, para el miembro de las Fuerzas Armadas aceptar un delito es confesar que violó la ley, que actuó en contra de su deber ser”. Y esto es muy grave para nuestra democracia porque al miembro de las Fuerzas Armadas le duele perder su libertad y su familia lo quiere en casa, para lo cual un posible ignominioso camino es aceptar el delito así no lo hubiera cometido”.

 Vuelve al exmandatario a insistir en la idea de que el Estado no operó como un actor armado y político dentro del conflicto armado interno. Se equivoca Uribe: el Estado, a través de sus fuerzas armadas, participó de las hostilidades y violó los derechos humanos y el DIH. Es comprensible la postura del 1087985 por cuanto él es responsable, políticamente, de las 6402 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por los militares que estuvieron bajo su mando. Es claro que violaron la ley. En su lastimera lectura, olvida reconocer que cientos de militares condenados a 30 o más años por delitos de lesa humanidad, hoy gozan de libertad y están con sus familias, gracias a los beneficios que les otorga la JEP en su condición de comparecientes.

El texto en cuestión tiene 272 páginas. Seguiré en este ejercicio de confrontación de lo  expuesto por Uribe Vélez, pues su verdad está llena de mentiras y de verdades a medias que deben ser cotejadas con hechos  y circunstancias que el uribismo quiere desconocer y ocultar.

Imagen tomada de Semana.com

EL RELATO CON EL QUE URIBE CONFRONTA AL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD (III)

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En la documento del uribismo, ¿Cuál verdad?, con el que buscan controvertir el informe de la Comisión de la Verdad, aparece la particular noción que tiene Álvaro Uribe Vélez de lo que es el Estado. En el ya referido texto se lee lo siguiente: “La Comisión de la Verdad ha producido como titular de su obra la frase <<El Estado es el responsable>>. Eso es nada más y nada menos que la justificación de la violencia, el terrorismo, el asesinato, el secuestro, las violaciones, el reclutamiento de menores, las destrucciones, el atraso y la pobreza de todos los años por actuación de grupos violentos. Algunos pensamos todo lo contrario, creemos que el Estado ha transcurrido fundamentalmente en la búsqueda generosa de la paz, que aparece como elemento común del recorrido gubernamental. Por supuesto con variaciones en algunos cortos períodos y durante los años de la Seguridad Democrática, cuyo cometido era alcanzar la paz a través de la seguridad como valor democrático y fuente de recursos”.

La lectura que hace el expresidente está atada al paradigma desinstitucionalizante en el que él está instalado de tiempo atrás. Uribe no cree en las instituciones y mucho menos en las formas regladas y protocolos que de manera natural provoquen o den vida a procesos de revisión, control e indagación sobre las decisiones tomadas. En sus actuaciones como presidente de la República dejó ver su tendencia a pactar acuerdos en los que ponía por encima de la institucionalidad no solo el sentido de lo acordado, sino su carácter de negociante, de vendedor de bestias y por supuesto, su autoritarismo.

Su formación política está sostenida en buena medida en las acciones prácticas de su pasado como administrador público. Por ejemplo, cuando estuvo al frente de la Aerocivil, en su fugaz paso por la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia. Su ejercicio del poder está fundado en la toma de decisiones en las que las dinámicas y los intereses del establecimiento se ponen por encima de las obligaciones morales del Estado. Por ello, cuando alude al Estado en el párrafo citado, lo hace más desde la retórica, que desde su real convencimiento de qué es eso del Estado y para qué sirve y a quién le debe servir.

Al hacer referencia al Plan Colombia como “un logro sobresaliente del Presidente Andrés Pastrana y del Embajador Luis Alberto Moreno”, el 1087985 deja ver su real noción del Estado, en particular en términos de la soberanía estatal, pulverizada, justamente por esa política pública de origen transnacional, aprobada en el Congreso americano, gracias en buena parte al lobby desarrollado por las empresas fabricantes de armas y de los helicópteros Black Hawk que llegaron al país en el marco del Plan Colombia. Guarda silencio el ladino político sobre el nulo control político del Congreso de la época alrededor de dicha política contra la insurgencia y el narcotráfico. En su relato, un tanto deshilvanado de hechos históricos, alude a la administración de su ungido, Iván Duque Márquez. Y lo hace, en virtud de los diálogos de paz con el ELN. Dice el exmandatario que “el presidente Duque recibió una bofetada a su interés en continuar negociaciones con el ELN cuando esta guerrilla realizó el criminal ataque terrorista contra la Escuela de Cadetes de la Policía en enero de 2019, con lo que ese proceso se interrumpió. Sin embargo, toda la presión de las fuerzas opositoras y de las ONGs sesgadas, atribuían la culpa de ese fracaso, no al terrorismo del ELN sino a la supuesta intransigencia del presidente Duque”.

Le cabe razón a Uribe en que se trató de una acción criminal y torpe del ELN. Guarda conveniente silencio el caballista y latifundista frente al desconocimiento que Duque hizo de los protocolos firmados por el Estado, durante la administración de Santos, con los que se garantizaba el regreso al país de los plenipotenciarios del ELN. Siguiendo su idea de no aludir a compromisos de Estado, Duque negó la legitimidad y la legalidad de los protocolos, a pesar de fungir como jefe de Estado.

En su diatriba contra la Comisión de la Verdad, Uribe Vélez, el Gran Imputado, señala que “la Comisión presenta el Estado Comunitario como una sustitución del Estado Social de Derecho, a sabiendas que dicha participación ciudadana permitía el reclamo de fundamentos sociales de este último. Todo lo reducen a la burla del Líder Carismático o del Embrujo Autoritario, admisible en la sátira política mas no en una Comisión de la Verdad, de la cual predicaron tanto rigor”.

Sus ideas de Estado Comunitario y Estado de Opinión se conectan a partir de su carácter megalómano y de la búsqueda de un Estado que operara de acuerdo con las demandas y exigencias de una comunidad imaginada, que debía defender los principios y los valores de la seguridad democrática. Una comunidad imaginada resultante de una opinión pública construida desde el unanimismo mediático que los grandes medios de comunicación le impusieron al país. Así, un Estado comunitario solo fue un intento fallido de anular los procesos organizativos de las comunidades afro, campesinas e indígenas y de imponer dos nomenclaturas alejadas de lo que consignado en la Carta política sobre el Estado Social de Derecho. Al respecto, Montoya Brand (2010) sostiene que “…la referencia caprichosa al ESD como EC y EO pareciera una expresión de la arbitrariedad presidencial y, como consecuencia, una manifestación de personalismo que desde luego rompe con la literalidad y los contenidos de la Carta”. Insiste Montoya: “en todo lo anterior se sigue que la redefinición discursiva del tipo estatal mediante una denominación que no figura en la Constitución Política de 1991 sugiere prácticas personalizadas de mutación constitucional, tales como si, por decisión de quien gobierna, se hablase en adelante de primer ministro o de monarca en lugar de presidente”.

En cuanto al registro del Embrujo Autoritario, de manera maliciosa el 1087985 desestima el trabajo académico de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, justamente porque asumieron el rol vigilante y crítico que la gran prensa abandonó, para plegarse, por miedo o convicción, al unanimismo ideológico que Uribe Vélez orientó, basado en la relación amigo-enemigo que tantos réditos político-militares le dieron a él y a su política de seguridad democrática.

Alude también al tema de la reelección presidencial inmediata. Dice Uribe Vélez que “la Comisión engaña a las nuevas generaciones con el tema de la reelección. Antes de la Constitución de 1991 se permitía la reelección presidencial con período de por medio. Cuando asumí avanzaba un proyecto para revivirla y finalmente se aprobó el que permitió mi reelección”. Nuevamente calla sobre hechos que le restaron legitimidad al proyecto reeleccionista. Por ejemplo, a la compra de los votos de los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Además, de las malas prácticas en el trámite al interior del Congreso del proyecto reeleccionista que buscaba su tercer mandato. Anomalías que el magistrado Humberto Sierra Porto supo detallar en su ponencia negativa.

Y en cuanto a los paramilitares, en su versión, Uribe señala que “la Corte Suprema eliminó la sedición para los paramilitares. Expresé mi desacuerdo con el delito político, atenuante de responsabilidad penal, que no debería existir en países libres como el nuestro. Lo incluimos en la ley de Justicia, Paz y Reparación para aprovechar que su presencia en el Ordenamiento Jurídico facilitara la desmovilización de miles de integrantes de los grupos criminales. La Corte Suprema, en una sentencia lo aceptó para la guerrilla y lo negó para los paramilitares. Adujo que estos últimos carecían del propósito de cambio del sistema económico. Alegué, inútilmente, que unos y otros expresaban motivaciones ideológicas, y que ambos tenían el elemento común de la gravedad de los hechos y de la capacidad de interferir al Estado de Derecho”.

Su molestia por el no reconocimiento político a los paramilitares, a partir del reconocimiento del delito de sedición, está fundada en las simpatías que su proyecto político neoliberal y autoritario originó en las huestes paramilitares de donde salieron los apoyos electorales que finalmente lo llevaron a la presidencia, por conducto de los políticos que firmaron los pactos de Ralito, Chivolo y Santafé de Ralito.

Imagen tomada de Semana.com

EL RELATO CON EL QUE URIBE CONFRONTA AL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD (IV)

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La defensa indeclinable que de las fuerzas armadas hace Álvaro Uribe Vélez se explica no solo por haberse desempeñado como su comandante supremo entre 2002 y 2010, sino por el carácter militarista, recio, violento y autoritario con el que conquistó a millones de colombianos. En su respuesta al informe de la Comisión de la Verdad, dice lo siguiente: “los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas no han sido beneficiarios de mantos de impunidad, al contrario, han sido condenados por hechos delictivos”. ¿Cómo entender el sentido de dicha frase? Podría pensarse que el 1087985 aspira, en el fondo de su alma, a que sus defendidos reciban el manto de impunidad que, según él, recibieron ya los miembros de la extinta guerrilla de las Farc-Ep. El asunto aquí  es que Uribe asume la impunidad como un tipo de beneficio que solo podrían recibir quienes han servido a la patria. Nuevamente miente el expresidente antioqueño, pues hay cientos de oficiales de alta graduación que al comparecer ante la JEP, están de vuelta en sus hogares, a pesar de haber sido condenados a largas penas de prisión.

Insiste el expresidente y sub judice ciudadano que las fuerzas armadas “también han sido víctimas de acusaciones, muchas veces injustas, provenientes de organizaciones ideológicas, y del sesgo contra la institución. Entre 2002 y 2010 hicimos todo el esfuerzo para que existiera afecto y respeto por nuestros militares y policías, en una nación que ha sufrido tantos golpes de innumerables grupos violentos y que requiere consolidar el monopolio institucional de las armas”. Estamos, sin duda, ante un fanático defensor de las tropas oficiales y un particular weberiano, pues su objetivo de garantizar el “monopolio legítimo de la fuerza o de la violencia” llevó a las propias tropas a operar de la mano de las estructuras paramilitares, no como parte de un proyecto contrainsurgente, sino como parte del proyecto político, económico y social con el que se buscó afectar y violar los derechos civiles y territoriales de comunidades campesinas, negras e indígenas, asumidas como indeseables, por ganaderos, latifundistas, palmicultores y azucareros, entre otros.

Volvamos al asunto del carácter recio, violento, militarista y autoritario de Uribe Vélez. Hay que decir en este punto que en el 2002 millones de colombianos votaron por un “padre violento, pero amoroso” y por un “patriota capaz de hacerse moler por Colombia” (punto 98 del Manifiesto Democrático), de ahí que la irrupción en la vida política del país, después del fracaso de los diálogos de paz del Caguán de este patriota, la asumieron esos connacionales como si se tratara de la llegada del Mesías.

En el Manifiesto Democrático, también conocido como los 100 puntos de Uribe, dejó registrada su idea moralizante del Estado, pero también su inclinación a operar para todos como un padre de familia, asociando esa pretensión a la operación del Estado. En el punto 24 de dicho Manifiesto Democrático se lee que “el padre de familia que da mal ejemplo, esparce la autoridad sobre sus hijos en un desierto estéril. Para controlar a los violentos, el Estado tiene que dar ejemplo, derrotar la politiquería y la corrupción”. Y en el punto 100 del mismo texto se lee: “aspiro a ser Presidente sin vanidad de poder. La vida sabiamente la marchita con las dificultades y atentados. Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político. Aspiro a ser Presidente para jugarme los años que Dios me depare en la tarea de ayudar a entregar una Nación mejor a quienes vienen detrás. No quiero morir con la vergüenza de no dar hasta la última lucha para que mi generación pueda tranquilamente esperar el juicio de la historia”. Al buscar ser un padre para todos los colombianos, traspasó los límites que existen entre las esferas de lo público- estatal y de lo privado, cuando les dijo a los jóvenes, “aguántense el gustico” en alusión directa a las relaciones sexuales antes del matrimonio.

Así entonces, con el contra discurso que Uribe y su secta-partido, el Centro Democrático le proponen al país, no solo buscan deslegitimar el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (Comisión de la Verdad), sino insistir en una idea de Estado Papá que, con rejo en mano, corrija a quienes de manera caprichosa desviaron el camino del bien y por lo tanto, deberán someterse al castigo previsto. En algunos aspectos, esa inclinación de Uribe a que lo miren como un Padre deviene con un carácter totémico del que habla Freud en su libro Tótem y tabú.  Finalmente, Uribe termina exhibiendo el doble rasero moral con el que siempre examinó las situaciones y los hechos en los que estuvieron involucrados los militares y él mismo, como comandante supremo. El Gran Capataz sigue atado al discurso moralizante y maniqueo que divide a los seres humanos entre Buenos y Malos. En donde los primeros son todos aquellos que defienden el régimen de poder, así este devenga criminal y sucio como el colombiano; y los segundos,  pues la Izquierda y todos aquellos que busquen el desmonte del ilegítimo régimen de poder. Esa visión maniquea le permite, entre otras cosas, ponerse en un plano moral superior para criticar y desconocer las circunstancias objetivas y subjetivas que legitimaron el levantamiento armado en los convulsos años 60.

Imagen tomada de Semana.com

EL RELATO CON EL QUE URIBE CONFRONTA AL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD (II)

 

Por Germán Ayala Osorio

En la verdad que el expresidente Álvaro Uribe quiere imponer, insiste en hablar de las Farc, a pesar de que desaparecieron como grupo armado ilegal. Aunque por un tiempo mantuvieron la sigla, el significado era otro: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, al final aceptaron que la abreviatura tenía mala recordación y generaba odio y resistencias y “rebautizaron” al movimiento político como Comunes. Dice el sub judice ciudadano que “hasta hoy las Farc llevan casi cinco años en el Congreso, no han recibido la sanción alternativa”.

Guarda silencio el 1087985 alrededor de dos circunstancias que el país conoce: la primera, que ya la JEP les imputó delitos de lesa humanidad y está a la espera de exponer las sanciones en el marco de la justicia restaurativa que se acordó en La Habana. Y la segunda, que fue su propio títere, Iván Duque Márquez, quien impidió la entrada en operación de la Jurisdicción Especial para la Paz. El retraso de un año lo produjo cuando objetó la ley estatutaria que el Congreso había aprobado para darle viabilidad al tribunal transicional.

Al llegar al tema de los “falsos positivos”, el Gran Imputado nuevamente reduce la comisión de esas ejecuciones extrajudiciales a unas “manzanas podridas” y no a la existencia de una política institucional, de acuerdo con los patrones que la justicia encontró en los análisis de cientos de casos en los que militares asesinaron civiles para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Evita decir el señor Uribe que él mismo ejerció presiones a los comandantes, a quienes les exigió “más y mejores resultados operacionales”.

En sus palabras, se lee: “en el caso de los Falsos Positivos la Comisión de la Verdad asigna la responsabilidad institucional al Ejército cuando muchos de sus integrantes fueron puestos presos por tales delitos antes del Acuerdo de La Habana. El mismo Ejército adelantó investigaciones e hizo denuncias. No se puede confundir la institución con conductas de personas vinculadas”. Insiste el hacendado y caballista en que el señalamiento institucional, en este caso,  deslegitima al Ejército. No, la pérdidade legitimidad no se explica por el señalamiento que hace la Comisión de la Verdad, sino que se produce por el accionar criminal de los uniformados, conducta que acoge a quienes guardaron silencio frente a los hechos y a quienes usaron la cadena de mando para perseguir e incluso asesinar a quienes se atrevieran a denunciar la práctica criminal que se hizo hábito en varias unidades militares. En un inciso, el expresidente antioqueño pone en duda los 6402 crímenes de civiles: “El número de la JEP, 6402, es más del doble de los casos registrados por la Fiscalía y el Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica”. Lo que no precisa el latifundista y expresidente de la República es que Iván Duque nombró como director del Centro Nacional de Memoria Histórica al negacionista del conflicto y reconocido uribista, Darío Acevedo. Si las cifras las dio Acevedo, lo más seguro es que haya manipulado la información para minimizar el impacto social y político de los  llamados falsos positivos. Y en cuanto a la Fiscalía,  lo más seguro es que al estar al frente del ente investigador personajes como Luis Camilo Osorio, Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa, se haya ocultado información o hecho mal los análisis contextuales. Y pudo ser así porque todos son declarados seguidores de las ideas que dan vida a eso que se conoce como el uribismo. Es más, Osorio está señalado de tener vínculos con estructuras paramilitares.

Uribe Vélez sostiene que “los falsos positivos parecieron una estrategia para deshonrar la Seguridad Democrática y afectar a un Gobierno que había conquistado cariño popular. Incluso el nombre daría la impresión de haber sido concebido por las mentes maliciosas de quienes debieron gozar con la tragedia que desacreditaba a nuestro Gobierno y a nuestras Fuerzas Armadas”.

El ladino expresidente invierte los hechos y los factores con la clara intención de torcer la lógica de los hechos acaecidos. No. El problema original está en la concepción de la política de seguridad democrática, pensada más para perseguir a detractores, críticos del gobierno, libre pensadores, profesores, defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, entre otros. Se trató de una política de defensa que replicó las actuaciones y las dinámicas que desató la aplicación del Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). Con un agravante: la política de seguridad democrática de Uribe desconoció la existencia del conflicto armado interno y por esa vía, la existencia de víctimas y sus derechos. En dicha política pública Uribe insistió en que lo había en Colombia era una amenaza terrorista. De esa manera, el rufián de esquina – así lo llamó Juan Manuel Santos- se plegó a la doctrina contra el terrorismo que los Estados Unidos diseñó para castigar a los responsables de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Su tesis negacionista la confirma en su texto Cuál Verdad. “Se me acusa de no haber reconocido el conflicto con las Farc. En verdad siempre sostuve que el tema no se podía abordar como un conflicto sino como una acción de grupos terroristas o que cometían acciones terroristas y la respuesta del Estado, que en el ejercicio presidencial que me correspondió fue la Seguridad Democrática”.

Negar la existencia del conflicto armado interno no fue más que la estratagema ético-política a la que apeló Uribe Vélez para emprender la naturalización del fenómeno paramilitar, evitar que el Estado asumiera sus responsabilidades y en particular él, como jefe de Estado, por ejemplo, frente a la comisión de las ejecuciones extrajudiciales. Al desconocer la existencia del conflicto armado, se evitó la angustia institucional de reconocerles estatus  político a las guerrillas. También le sirvió, discursivamente,  para negar que en Colombia opera un régimen mafioso, violento y oprobioso, operado por una élite a la que Uribe le sirvió y de la que él se sirvió para conseguir sus objetivos de llegar al Estado para vengar la muerte de su padre a manos de las Farc. Ese hecho fue desmentido por el mismo Secretariado de las Farc-Ep, pero hizo parte del relato con el que aportó a los sentimientos de venganza que le impiden aceptar los principios de la justicia restaurativa que se acordó en La Habana.

Imagen tomada de El País. 

ELECCIONES REGIONALES: DOS NARRATIVAS, DOS PAÍSES DISTINTOS

 

Por Germán Ayala Osorio

A menos de dos meses de las elecciones regionales, la opinión pública gravita en torno a dos narrativas políticas que dan cuenta de dos bandos perfectamente diferenciados y enfrentados. De un lado aparece el gobierno de Gustavo Petro y del otro, el uribismo, sector de poder que intenta deslegitimar a la actual administración.

La narrativa gubernamental apunta a consolidar el imaginario colectivo que asocia al uribismo con actos de corrupción. Esa circunstancia tendría que hacer posible que los votantes castiguen a ese sector de poder, y en particular a la secta-partido, el Centro Democrático, microempresa electoral que arrastra la ya desgastada imagen del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez.

Con su lucha contra la corrupción, el presidente Petro y su equipo apelan al espejo retrovisor para exponer las prácticas corruptas que se naturalizaron durante el nefasto gobierno de Iván Duque Márquez. Los recientes hechos de corrupción al interior de Ecopetrol son apenas la punta del iceberg de lo que ocurrió durante ese cuatrienio en el que el ethos mafioso se consolidó y se volvió paisaje. Se suma a la millonaria corruptela dentro de la estatal petrolera, la captura de la Dirección Nacional de Protección (DNP) por parte de redes de narcotraficantes y por supuesto, los manejos irregulares de los bienes incautados a las mafias que se destaparon dentro de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), entregados a políticos a los que les pagaron favores electorales, con la administraron y aprovechamiento económico de tierras, hoteles y fincas.  

Entre tanto, la narrativa uribista apela al tema de la inseguridad ciudadana y a los problemas de orden público para deslegitimar al actual gobierno. Los atracos cotidianos en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali que se transmiten en las redes sociales y los medios masivos anti-Petro, aportan a la generación de miedo e incertidumbre en amplias capas de la sociedad, sentimientos estos que pretenden contrarrestar insistiendo en el regreso de la seguridad democrática.

La idea de los uribistas es meter miedo para vender seguridad y para ello cuentan con los medios masivos afectos al “viejo” régimen para señalar que el actual gobierno nacional le entregó el país al terrorismo y a la delincuencia común y organizada.

Se trata de dos estrategias distintas que están ancladas al mismo número de visiones de país que se enfrentan: mientras que el gobierno insiste en luchar contra la corrupción y evitar el desangre de las finanzas públicas, al uribismo, sector de poder altamente comprometido con ethos mafioso que alimenta las prácticas corruptas, solo le interesa generar desazón y miedo en el electorado, afectado tempranamente por la idea de que el “país va mal”, cuando, de acuerdo con expertos economistas, el presidente Petro viene respetando la regla fiscal y actuando de acuerdo con la doctrina económica del FMI y el BM.

Veremos, entonces, a candidatos a gobernaciones y alcaldías enfocados en el tema de la inseguridad ciudadana. Muy seguramente, estos harán parte del uribismo, así nieguen su cercanía con el expresidente Uribe Vélez. Como también veremos a otros aspirantes interesados en dar cuenta de los logros del actual gobierno, empañados por la propaganda negra y gris de los medios masivos.

Imagen tomada de Caracol radio