jueves, 10 de agosto de 2023

PETRO, LOS NIÑOS EXTRAVIADOS Y LA MALA LECHE DE UN SECTOR DE LA PRENSA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El caso de los niños sobrevivientes del siniestro aéreo en las selvas del Guaviare, nuevamente ponen en evidencia la inquina y la “mala leche” con la que periodistas como Néstor Morales, de Blu radio, cubren todo lo que haga o deje de hacer o decir el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego. Este periodista-estafeta del “viejo” régimen, junto con otros, se aprovecharon del “papayazo” que el jefe del Estado les dio al confirmar en su cuenta de Twitter que los menores habían sido rescatados, cuando realmente ese hecho no había ocurrido.

Al ser desmentido por tropas oficiales que buscan a los menores, Petro debió borrar el trino. Esto dijo: “He decidido borrar el trino debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando. En este momento no hay otra prioridad diferente a la de avanzar con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante”.

Sin duda alguna, el presidente cometió un error. El yerro presidencial pudo haber partido de la fuente del ICBF que le informó del hallazgo y del afán del presidente de entregarle al país la buena noticia de los menores, sin haber confirmado con el equipo militar de búsqueda. Para tranquilidad del país e infortunio de los periodistas “mala leche”, los niños, al parecer, están en manos de unos indígenas que salieron en su búsqueda.

Esa prensa que hoy vive pendiente de los costos de los viajes de Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez Mina al África, es la misma  que guardó silencio ante los también costosos viajes del títere Iván Duque a quien, por protocolo, debimos llamar presidente de la República. En sus periplos, Duque llevó a su hermano a acumular millas, sin que se dieran explicaciones de su presencia en las comitivas; esa misma conducta silente de periodistas como Néstor Morales, cuñado del arlequín, les permitió callar frente al enorme engaño de Duque cuando le dijo al país que el criminal Iván Mordisco había sido “dado de baja” y que se había pagado una millonaria suma de dinero (tres mil millones de pesos) a quienes informaron del paradero del facineroso. Pasó el tiempo y el señalado criminal apareció como si nada, hablando de paz, ante la sorpresa de una periodista que le preguntó una y otra vez si efectivamente él estaba vivo. Quedó claro que el jefe del Estado, Iván Duque le mintió al país- no se equivocó como Petro en el caso de los niños. Al final del cuento, apareció el supuesto occiso. Sobre la entrega de la millonaria recompensa, las dudas que aún rondan son del mismo tamaño de las certezas que indican que Iván Duque fue el títere del expresidente y ex presidiario, Álvaro Uribe Vélez.

El país asiste nuevamente al innoble espectáculo de una prensa y de unos periodistas interesados más en descalificar y deslegitimar al presidente y a su gobierno, por el solo hecho de tratarse del primer presidente de izquierda elegido democráticamente. La animadversión que Néstor Morales siente hacia Petro convirtió a Blu Radio en una trinchera ideológica desde la que se “disparan” lecturas amañadas de los hechos; interpretaciones perversas de las decisiones presidenciales y de los discursos del presidente; desde su privilegiado parapeto, todos los días el periodista lanza consignas negativas, que más bien parecen hacer parte de una estrategia con la que de tiempo atrás parece estarse fraguando un Golpe de Estado Blando; o quizás la acción defenestradora con la que sueña el vociferante coronel Jhon Marulanda, ex presidente de Acore. Lo peor de todo es que a Morales le quedan largos tres años para seguir escupiendo su “mala leche” desde su zanja de opinión. El mismo tiempo le queda al presidente Petro para seguir cometiendo errores por no confiar en un equipo de comunicaciones que le ayude a coordinar asuntos como la búsqueda de los niños extraviados en la selva.

Ojalá se confirme que los menores aparecieron y que gozan de buena salud. Lo que bien pudo terminar siendo un episodio positivo por la convergencia de buenos deseos y de esfuerzos humanos y técnicos por arrebatarle los niños a la manigua, se empañó por la “mala leche” de unos periodistas que extraviaron la eticidad que rodea al oficio periodístico.



Imagen tomada de El País de Cali

GENTE DE BIEN Y EL FEMINICIDIO DE LUZ MARY TRISTÁN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Parece haber consenso en torno a que somos una sociedad clasista, machista, homofóbica y racista. Cuando uno o dos de estos factores o características confluyen en un hecho delictivo, llámese atraco, homicidio o feminicidio, el clasismo aflora como determinante para descalificar a quienes participaron de los hechos delictivos o por el contrario, para tratar de proteger a un “hijo ilustre” de la sociedad, cuya responsabilidad en uno o varios de esos hechos punibles siempre se asociará a la comisión de un error, a una equivocación, pero jamás a una acción premeditada o repetida.

Si quien roba o asesina es un afrodescendiente, entonces surge el racismo y las narrativas que lo consolidan: los epítetos, en estos casos, siempre llevarán consigo la frase “negro tenía que ser”. Si se trata de un mestizo pobre, podrá aparecer el siempre deshumanizante adjetivo de “monstruo”, con el que legitimaremos la posibilidad de hacer justicia por nuestra propia mano, pues se trata de una “rata, de una bestia, de un animal”.

Cuando se trata de hechos crueles como el recordado crimen de la niña indígena, pobre y desplazada, Yuliana Samboní, vuelve el clasismo a hacer presencia en la valoración individual y colectiva de los hechos. Recuérdese que el autor material fue un “hombre de bien”, es decir, “blanco, de clase alta, adinerado”. Una parte de la sociedad, incluidos los medios masivos, se cuidaron de descalificar al homicida o feminicida por tratarse, justamente, de un miembro del selecto grupo “gente de bien”. Los feminicidas con dinero suelen ser protegidos por los sectores sociales y económicos desde donde se legitima el machismo y reproduce el régimen patriarcal. De esa cofradía suelen hacer parte jueces y médicos que se prestan para consolidar cuartadas y estratagemas para evitar el “ajusticiamiento” social y la acción de la justicia que sí sufren los que a diario roban en las calles o aquellos que asesinan mujeres. Estos últimos suelen ser sometidos a los ya comunes “masajes o paloterapia” que lo único que confirman es que llevamos el gen paramilitar en nuestro ADN.

Esos sectores de poder económico, social, político y mediático, en los que cobra sentido la manida frase “gente de bien”, necesitan mantener en el tiempo esas características y circunstancias sobre las cuales se construyeron castillos, emporios, sectas o logias; es por eso por lo que el clasismo brota con sus fuerzas centrífuga y centrípeta para insistir en que siempre habrá una clase y cultura dominantes, lo que significa, para el caso colombiano, que de ese exclusivo grupo hacen parte realmente, gente decente. Habría que empezar por revisar qué entendemos hoy en Colombia por decencia.

Frente a los feminicidios hay que reconocer que las reacciones de rechazo crecen, síntoma de una tardía toma de conciencia frente a las reclamadas relaciones de respeto de los hombres frente a las mujeres. Pero aún falta mucho por hacer.

El reciente feminicidio de Luz Mary Tristán constituye un buen ejemplo de lo que aquí estoy exponiendo. Varios medios de comunicación entraron en el juego de cuidar la imagen del presunto homicida, hombre que entra en la peligrosa subcategoría “gente de bien”. Aunque aún la justicia no definió calificar así el crimen de Tristán, todo indica que se trata de un feminicidio. “la conducta consiste en causar la muerte por la condición de ser mujer. Esta expresión introduce un elemento subjetivo del tipo, el cual se fundamenta en la motivación que debe llevar al sujeto activo a privar de la vida a una mujer. El móvil comporta no solo una vulneración al bien jurídico de la vida, sino también la lesión a la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres.” (Ámbito Jurídico).

La manida frase que sirvió en el pasado para encubrir la vida criminal de mafiosos, también es usada para persuadir a las autoridades ante cualquier requerimiento por cuanto son muy pocos los que pueden auto llamarse “gente de bien”. Como diferenciador socio económico funciona a la perfección a quienes siempre estarán dispuestos a excluir a los demás, esto es, los que no tienen los bienes suficientes para ostentar y ubicarse en un siempre inmerecido plano moral superior.

Quizás lo sucedido en Cali durante el estallido social, sirvió para que una parte de la sociedad empezara a sospechar de esa “gente de bien” o los “camisas blancas” que salieron a darle bala a los indígenas y marchantes. Bueno, esa “gente de bien” ya existía desde los tiempos de los carteles de la droga.

Recuerde entonces evitar a toda costa auto definirse o auto proclamarse como “gente de bien”, porque a lo mejor lo que usted está tratando de ocultar es un crimen, tomar distancia para parecer mejor persona, o quizás, sin quererlo, reconociendo que pertenece a una casta superior de la que se puede esperar lo peor.

Al final, lo que debemos entender todos es que los riesgos de vivir juntos estarán siempre ahí, por una razón natural y fundamental: de todos nosotros se puede esperar lo peor, seamos pobres, acomodados, o ricos. Y es así, porque la condición humana deviene aviesa y llena de pulsiones.

Adenda: no se alude de manera directa a la identidad del presunto asesino de la deportista por una razón fundamental: exhibirlo, en una sociedad que deviene confundida moralmente como la colombiana, en lugar de exponerlo al escarnio, puede servir de ejemplo a quienes desde el poder económico y el reconocimiento social, se puedan sentir identificados. 



Imagen tomada de Blu radio

miércoles, 9 de agosto de 2023

LOS JUEGOS DEL FISCAL BARBOSA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Amplificado por los medios masivos afectos al “viejo” régimen de poder, el fiscal Francisco Barbosa informa que el ELN diseñó un plan para atentar contra su vida. Incluso, versiones periodísticas indican que estaría pensando en abandonar el país, a pocos meses de terminar su cuestionada administración.

Casi de inmediato, voceros de la agrupación guerrillera desmintieron la versión, lo que puso en duda la veracidad de la información suministrada por el propio fiscal. Y es que hay razones suficientes para no creerle a Francisco Barbosa: el fiscal general de la nación es un declarado enemigo del presidente Petro, contradictor del gobierno y opositor a la Paz Total.

Lo curioso de la alarma que lanzó el ladino personaje es que se da cuando se sabe de una carta que envió alias Otoniel al presidente de la República, en la que indica que desea colaborar con la justicia y entregar detalles de los sectores de poder político, militar y económico que colaboraron denodadamente a la feliz operación criminal del Clan del Golfo cuando el hoy extraditado dirigió dicha organización narco paramilitar. La misiva que envió el criminal de marras se da justo cuando la justicia americana lo acaba de condenar a 45 años de prisión por narcotráfico y otros delitos conexos.

La verdad es que hay suficientes elementos políticos que permiten poner en duda la veracidad y consistencia del posible plan del ELN para atentar contra el fiscal general. La sola insinuación de Barbosa permite pensar en que habría una confluencia de intereses entre esa guerrilla y agentes del gobierno para asesinarlo. Esa podría ser la intención oculta del fiscal para acabar de afectar la imagen del gobierno, golpeada hábilmente por el narcisista funcionario, cuando ordenó la espectacular captura del primogénito del presidente Petro por delitos de corrupción, mientras que guardó excesiva prudencia y cautela con la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el excandidato presidencial uribista, Óscar Iván Zuluaga y su vástago por recibir dineros de Odebrecht; también hay que señalar que la presunta amenaza contra su vida, llega cuando el escándalo que montó con el portal Semana por las actuaciones del hijo mayor del presidente Petro, tiende a disminuir por cuanto en los chat presentados por el fiscal Burgos, aparece la figura de Alex Char, a lo que hay que sumar la insistencia de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez de que Gustavo Petro y el presidente de Ecopetrol jamás supieron de esos aportes, maliciosamente captados por la pareja Petro-Vásquez.

¿A qué juega el fiscal Barbosa? Esa es la pregunta que deben hacerse los organismos de inteligencia y otras instancias que el fiscal general ya no controla, al tiempo que los otros organismos sobre los que aún conserva injerencia directa trabajan en develar los documentos y las pruebas que sustentaría la veracidad del plan criminal del ELN.

Cierto o no lo del plan criminal de la señalada guerrilla, el tiempo que le queda a Barbosa al frente de la Fiscalía lo dedicará a continuar con el plan político que le trazó el uribismo: deslegitimar al gobierno de Petro o quizás, desestabilizarlo. Ya el país sabe de la alianza que tiene la Fiscalía con el portal Semana. La periodista y directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco Tascón calificó así al maridaje Fiscalía y Semana y el banquero Gilinski: es una aterradora bomba de tiempo.


Imagen tomada de El Nacional


ESCÁNDALO BENEDETTI-SARABIA: ¿CUÁN LEJOS ESTÁ DEL PROCESO 8.000?

 

Por Germán Ayala Osorio


Mientras se aclaran los hechos  a los que alude el recién defenestrado embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, es bueno hacer el ejercicio de comparar lo que hasta el momento es un escándalo, con el ya cerrado caso del Proceso 8.000 de Samper. Ya el nieto de Turbay Ayala, el mismo del Estatuto de Seguridad, salió a decir que la legitimidad del gobierno está en duda, así no haya un proceso judicial abierto, de las dimensiones del 8.000. Sin duda, estamos ante una acción política coordinada entre sectores de la derecha más inmoral, y sus empresas mediáticas, con el firme propósito de deslegitimar al gobierno Petro y por esa vía, paralizar todas las iniciativas gubernamentales que cursan  en el Congreso.

Este ejercicio no pretende poner en el mismo nivel de inmoralidad lo dicho por Benedetti y salpica a la campaña electoral que llevó a Petro a la Casa de Nariño. Por el contrario, busca exponer un elemento clave que comparten los dos escándalos político-mediáticos. Eso sí, manipulados o no los audios del nefasto ex embajador, las autoridades deben investigar si entraron dineros calientes a la campaña Petro presidente. Sobre este último asunto, el presidente Petro negó categóricamente que se hubiese presentado esa situación.  

Para hallar ese común denominador hay que aludir a las pretensiones económicas y sociales consignadas en el plan de desarrollo del gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), bautizado con el atractivo nombre del Salto Social. Samper Pizano quiso paliar los efectos negativos que ya dejaban las medidas económicas de corte neoliberal que adoptó su antecesor, el presidente César Gaviria Trujillo (1990-1994). “Cabe señalar que, aunque el nuevo gobierno fue crítico de la velocidad con la que la administración Gaviria había realizado la apertura comercial, la consideraba al mismo tiempo un componente necesario de la reestructuración de la economía colombiana en la era de la globalizaciónSe lograron avances en los programas destinados a mejorar la calidad de la educación y de los servicios de salud. La cobertura de los servicios de agua y alcantarillado también tuvo una expansión rápida. En todos los casos, la expansión de la cobertura ha beneficiado fundamentalmente a la población más pobre” (Ocampo, J.A, 1998).

El régimen comprendió las intenciones del presidente Ernesto Samper (1994-1998) y usó al derrotado Andrés Pastrana para  generar la crisis de gobernabilidad representada en lo que se conoció como el Proceso 8.000. De esa manera, el régimen político limitó la capacidad de maniobra del presidente elegido con los dineros del Cartel de Cali. Por ser considerado un liberal de izquierda, Samper Pizano soportó la andanada de la derecha pre capitalista inquieta por las acciones que pretendió acometer el presidente Samper para beneficiar a los más vulnerables.

Después de más de 20 años de neoliberalismo, la pobreza aumentó considerablemente, lo mismo que la exclusión y la concentración de la tierra y de la riqueza en pocas manos. Los gobiernos de Pastrana (1998-2002), los dos de Uribe Vélez (2002-2010), los de Santos (2010-2018) y el periodo del obediente Iván Duque Márquez (2018-2022) sirvieron para empobrecer a más colombianos, así como para  aplicar a raja tabla un modelo de desarrollo agro extractivo insostenible ecológica y socio ambientalmente. Todos estos gobiernos neoliberales aseguraron un régimen oprobioso, corrupto y violento, así como la captura mafiosa del Estado y su consecuente privatización y operación en beneficio de unos pocos.

Los efectos sociales y económicos dejados por la pandemia del Covid 19 fueron la chispa que dio vida al estallido social. Detrás había un profundo descontento social por las erradas medidas económicas adoptadas por todos los señalados neoliberales, pero en particular por el fatuo de Iván Duque Márquez con su famosa reforma tributaria. Y fruto de ese escenario, emergió la candidatura de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda.  Las propuestas de reforma tributaria, pensional y al sistema de salud tienen incómodo y molesto a específicos agentes políticos y económicos  del “viejo” régimen de poder, poco dispuestos a ceder en algo sus privilegios y el control de las finanzas del Estado. A lo que suma, por supuesto, la insistencia de Petro de hacer una reforma agraria para cumplir con lo acordado en La Habana con las Farc-Ep y de convocar a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue las denuncias hechas por el confeso paramilitar, Salvatore Mancuso, que comprometen a ex agentes estatales y empresarios que patrocinaron a los grupos paramilitares y fueron partícipes de graves violaciones a los DDHH y al DIH.

Por todo lo anterior, esa derecha inmoral está, desde el 7 de agosto, buscando la caída de Petro, para frenar así los cambios prometidos en la campaña presidencial. Esos sectores de poder económico, político y social se la están jugando toda para frenar los cambios institucionales que se vienen adelantando desde hace nueve meses.

Así entonces y hasta tanto no haya procesos judiciales y sentencias condenatorias, el escándalo político-mediático Benedetti-Sarabia no tiene la misma dimensión moral y ética del Proceso 8.000. Eso sí, persiste, desde los tiempos de Samper, la resistencia de unos cuantos a que el Estado opere efectivamente como un Estado social de derecho y como un Estado moderno.

Impedir la consolidación del proyecto político del primer presidente de izquierda es lo que pretende la rancia la élite política y empresarial del país. Sus miembros buscan encerrar, debilitar y deslegitimar al gobierno de Gustavo Petro, para que ceda a sus pretensiones: retirar las propuestas legislativas y presentar una terna para remplazar a Barbosa que le brinde garantías de total impunidad a ciertas familias prestantes que están comprometidas con casos de corrupción como Odebrecht y Reficar, entre otros, y la violación de los DDHH y el DIH, de acuerdo con las denuncias de Mancuso.

Lo que debe saber el presidente Petro es que el país y mucho menos el régimen le va a permitir salidas olímpicas como la de Samper cuando afirmó que cualquier entrada de dineros del Cartel de Cali se habría producido a sus espaldas. Y mucho menos le va a aceptar que diga, “aquí estoy  y aquí me quedo”. De confirmarse la entrada de dineros “calientes” a la campaña Petro presidente, esa derecha premoderna e inmoral buscará defenestrar al presidente Petro.



Imagen tomada de Agencia de Periodismo Investigativo


BARBOSA Y SU VOTO NEGATIVO A LA POLITÍCA NACIONAL DE DROGAS

 

Por Germán Ayala Osorio

La desaprobación o el rechazo que la Fiscalía acaba de hacer de la Política Nacional de Drogas (2022-2023) expresa el desinterés de Francisco Barbosa por las variables socio ambientales y ecológicas que axiológicamente el gobierno del presidente Petro conecta con la fracasada lucha contra el narcotráfico, de la que es amigo cercano el fiscal general de la nación.

Francisco Barbosa, en misiva enviada a la Consejo Nacional de Estupefacientes, no solo expone su voto negativo a dicha política gubernamental, sino que minimiza las intenciones de proteger la vida de los cultivadores, consumidores y al medio ambiente. Es apenas lógico que Barbosa defienda actividades como la aspersión con glifosato, peligroso defoliante potencialmente cancerígeno y la erradicación violenta de los sembrados de coca. Y es así, porque él sigue las instrucciones del uribismo, que son las mismas que promovió su amigo el entonces presidente-títere, Iván Duque Márquez (2018-2022).

Normalmente los caballistas, ganaderos, latifundistas y grandes cultivadores de aguacate Hass, caña de azúcar y palma africana, entre otros monocultivos, poco interés demuestran por el cuidado de cuencas hidrográficos, cuerpos de agua como humedales, el paisaje y en general por el cuidado, preservación y aprovechamiento racional de los ecosistemas naturales. Así, con el voto negativo expuesto públicamente, Barbosa se pone a favor de actividades que ecológica y socio ambientalmente resultan negativas para los ecosistemas naturales-históricos y para la vida de los cultivadores, vistos estos últimos como criminales, cuando realmente son víctimas de los mini carteles y de los mafiosos que insisten con el lucrativo negocio.

El discurso ambiental no llegó aún a la Fiscalía, como tampoco el discurso con el que se busca defender a las mujeres de los acosadores y violadores. Mujeres y naturaleza, para muchas ecofeministas, son dos caras de una misma moneda: la vida y su defensa. Al ver con malos ojos la defensa del ambiente, de los ecosistemas y de los cultivadores, Barbosa se pone del lado de esa visión del desarrollo que a diario exponen los latifundistas, ganaderos y grandes cultivadores de monocultivos, que es la misma de los narcotraficantes: deforestar y sacar el mejor provecho de la tierra, vista esta como mero sustrato.

Al final de su misiva, el fiscal señala: “se desaprueba la política propuesta, en tanto el documento corresponde a un plan social y ambiental, pero que dista de ser un plan nacional…”. Queda claro que el fiscal Barbosa poco conoce del pensamiento sistémico o del enfoque de sistemas, con el que el gobierno de Petro está asumiendo los cambios en la lucha contra las drogas ilícitas. Y deja claro en el texto citado, su desprecio por la vida de las comunidades que cultivan coca porque no tienen otras alternativas de subsistencia o por miedo a las amenazas de los narco-paramilitares y las guerrillas; igualmente, expone su nula conexión con el cuidado de los ecosistemas naturales históricos, afectados ya por la presencia hegemónica del monocultivo ilegal de la coca en varias regiones del país.


Imagen tomada de Wikipedia


PERIODISMO EN LA ERA PETRO: ENTRE VEDETTES Y ESTAFETAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las acciones mediáticas que los colombianos han podidos apreciar desde el 7 de agosto de 2022 ameritan una reflexión en torno al bello oficio del periodismo, hoy contaminado, como nunca antes se hizo visible, de mezquinos intereses de clase, del desprecio por la Verdad y de la sumisión a los mecenas que patrocinan a las empresas periodísticas. Esta especial coyuntura amerita unas disquisiciones. Esta columna comparte las reflexiones de un periodista que ve con preocupación lo que viene sucediendo con el oficio de informar en Colombia.

En la formación de los periodistas y en el ejercicio cotidiano del oficio suelen confluir ideas maximalistas en torno a la verdad, la propia deontología, el tipo de relaciones con las fuentes y la aplicación de los criterios de noticiabilidad. En lo que corresponde a la verdad, hay periodistas que actúan con tal rigor en su búsqueda, que sus cercanías o militancia en la izquierda o en la derecha se desvanecen rápidamente. A los que llegan a tener ese nivel de conciencia poco les importa renunciar a las empresas mediáticas cuyos propietarios o editores les impiden cumplir el objetivo de alcanzar esa Verdad periodística que los guía éticamente. Nacen, entonces, los periodistas independientes que en particulares escenarios, resultan incómodos para figuras de poder político y económico de regímenes tradicionalmente corruptos como el colombiano.  

La comprensión de la deontología del oficio depende de la idea que cada periodista tenga de lo que es el éxito, el reconocimiento y la credibilidad. Hay colegas a los que solo les interesa escalar económica y socialmente, así ello suponga acercarse a las fuentes para intercambiar favores, lo que hace posible que aparezca la figura del periodista-estafeta o el correveidiles con el que suelen contar gremios económicos y fuerzas políticas en precisas coyunturas en las que necesitan afectar la gobernabilidad de un presidente de la República. 

El vedetismo, por ejemplo, es un fenómeno en el que los periodistas que alcanzan ese nivel de exposición, lo hacen porque el objetivo de buscar la verdad lo cambiaron por la comodidad económica alcanzada, sin que importe mucho que esa condición de éxito y reconocimiento esté soportada en la defensa de un régimen corrupto. Los periodistas-vedettes les deben  esa condición privilegiada a políticos y empresarios que en algún momento de sus carreras les sirvieron de fuentes. Estos periodistas-estrellas de los micrófonos y de las cámaras de televisión suelen acomodarse al régimen político que le permitió llegar hasta esa especie de podio del que es muy difícil que decida bajarse de forma voluntaria. Por el contrario, una vez se auto reconoce como vedette, sus compromisos ya no son con la búsqueda de la verdad, sino con quienes coadyuvan a mantenerlos en esa artificiosa cima.

Al jugársela por la defensa del régimen que les permitió llegar a  esa cúspide, cualquier cambio que se proponga a las co-relaciones de fuerza que operan y aseguran la legitimidad de ese régimen de poder, en particular en términos éticos y morales, los periodistas estafetas están obligados a atacar a esas figuras políticas que insisten en hacer ajustes al modelo económico y político vigente. El miedo al cambio no los paraliza, por el contrario, es lo que los impulsa a actuar exclusivamente, para defender la tradición y por esa conservar todo lo que está mal.

Colombia es hoy un buen ejemplo de lo que descrito líneas arriba en la medida en que llegó al poder del Estado un presidente de la República que de manera clara quiere cambiar las co-relaciones de fuerza que por más de 30 años le aseguraron viabilidad al “viejo” régimen político que sufrió derrota en junio de 2022. A pesar de la inmoralidad y de la eticidad acomodaticia con la que operó históricamente ese régimen de poder y con la que insisten aún en actuar desde poderes públicos que aún mantienen bajo su control, los periodistas vedettes están obligados a defender a dentelladas todo lo que les ha dado reconocimiento social y económico. Cualquier parecido con lo que está sucediendo hoy con específicos periodistas que viven el sueño cumplido de ser estafetas de un viejo régimen mafioso.

Las clases de ética recibidas durante su formación universitaria se tornan insulsas y en muchas ocasiones, en obstáculos para adoptar la defensa de las circunstancias contextuales y del modelo de sociedad y de Estado bajo las cuales consiguieron el reconocimiento y su llegada a la cima mediática.

A la utópica búsqueda de la Verdad periodística hay que agregarle una pregunta clave y definitiva: ¿Qué es lo que como periodista te parece legítimo defender?  Si la respuesta es  defender el actual régimen de poder, a pesar de su inmoralidad, entonces el periodista está listo para ser estafeta, mandadero, amanuense y vedette. Si por el contrario, la respuesta está dirigida a intentar, desde el oficio, a develar inmoralidades, entonces ese colega está listo para ser independiente o para ganarse el respeto de las fuentes, del régimen de poder y de sus compañeros.

Los daños que al oficio le producen los periodistas vedettes y estafetas son inconmensurables. Lo cierto es que los regímenes corruptos necesitan de este tipo de personajes para sobrevivir y sobre todo, para resistir los embates de aquel presidente de la República que, de un momento a otro, quiere cambiar lo que siempre les funcionó a unos pocos, en detrimento de los intereses de las grandes mayorías.



Imagen tomada de Notiamérica

FISCALÍA IMPUTARÁ CARGOS A ÓSCAR IVÁN ZULUAGA: ¿PANTOMIMA O FUEGO AMIGO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La imputación de cargos  que la Fiscalía hará al excandidato presidencial del uribismo, Óscar Iván Zuluaga se da en medio de las presiones que recaen sobre el fiscal general, Francisco Barbosa, provenientes del propio presidente de la República, quien por varias semanas le solicitó la entrega de un informe sobre unos crímenes cometidos por el Clan del Golfo. Aunque la entrega se produjo, versiones periodísticas indican que está incompleto. Al asunto del informe se suma la apertura de una oficina de la CPI en Bogotá, para acompañar a la JEP en el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad, en los que la Fiscalía poco o nada avanzó, a pesar de tener los testimonios de varios paramilitares sobre crímenes atroces. Por todo lo anterior, Barbosa parece muy activo, tratando de mostrar eficiencia en la agonía de su oscuro mandato.  El fiscal general sabe que las autoridades americanas están detrás del caso de Odebrecht. Según fuentes periodísticas, esas mismas autoridades estarían interesadas en conocer posibles conductas omisivas de Barbosa.

Zuluaga es el típico caso en el que el régimen, en este caso, el “viejo” régimen que sufrió derrota electoral y política con Petro, debe sacrificar a una de sus fichas para salvar a gente más “prestante y poderosa” en la escala de valores que los regímenes corruptos suelen manejar cuando se presentan dificultades asociadas a escándalos políticos. Justamente, lo que hoy el país conoce son los graves hechos de corrupción de la Ruta del Sol II y el cobro de coimas a la multinacional brasilera comprometida en el pago de sobornos a políticos para poder operar dentro del país y ejecutar los proyectos de infraestructura vial.

Sacrificar a Zuluaga es un imperativo moral y político para las cabezas visibles del “viejo” régimen que buscan a toda costa salir limpias, a pesar de estar todos metidos en el lodazal de la corrupción en el que se convirtió la ejecución de la Ruta del Sol II y la financiación de varias campañas políticas. De acuerdo con El Espectador, “los hechos por los cuales será llamado a imputación el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular; y su hijo, David Zuluaga Martínez, por el delito de fraude procesal; tienen relación con la financiación de su campaña a la presidencia en 2014. De acuerdo con la Fiscalía, Zuluaga se habría reunido en varias oportunidades, en su apartamento del norte de Bogotá, con el ex directivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli. En los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la multinacional brasileña para pagar parte de los servicios que el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, prestaba a la campaña. Por esta razón, entre junio y julio de 2014, Odebrecht giró 1.610.000 dólares a las cuentas de una empresa que el reconocido publicista tenía en Panamá”.

Por supuesto que la aparición de unas grabaciones, en manos de Daniel García Arizabaleta, imputado por la Fiscalía por los hechos de corrupción del caso Odebrecht, da cuenta de una acción propia de fuego amigo al interior del uribismo. Ya el expresidente y ex presidiario, Álvaro Uribe Vélez le dijo a la revista Semana que lamenta la suerte de su amigo y entonces candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga. “Me duele mucho lo que está ocurriendo, ojalá el doctor Óscar Iván Zuluaga pueda superar esta dificultad”. Estamos ante una frase vacía que se corresponde, ética y políticamente con la negativa de la Fiscalía de solicitar medida de aseguramiento en contra del ex candidato presidencial.

Esas lamentaciones hacen parte de las hipocresías del poder. Ya en el pasado, el expresidente antioqueño había defenestrado a García Arizabaleta en el momento en el que la Fiscalía lo llamó a indagatoria por los mismos hechos de corrupción. Que los jueces encuentren culpable o no a Zuluaga podría resultar irrelevante frente a los resultados que estén buscando tanto la Fiscalía, el fiscal Barbosa en particular, el propio Uribe Vélez y los poderosos empresarios que están involucrados en la compleja red de corrupción que lleva por nombre el caso Odebrecht.

Lo anterior confirma que en política “no hay amigos, hay intereses”. O como dijo Rafael Barret, “en política no hay amigos; no hay más que cómplices”. Así las cosas, la política, en tanto ejercicio del poder, es la actividad que mejor devela la perversidad de la condición humana. Para el caso colombiano, el ejercicio de la política deviene sucio, criminal, mafioso y complejo. En su devenir, arrastra a la justicia, a la ética y a la moral a los más oscuros escenarios en los que la naturaleza humana se muestra tal cual es.

El trasfondo de todo está anclado al sistema económico capitalista, esto es, a la consecución de dinero y su concentración en pocas manos. Dicho sistema es un pilar fundamental de los imperativos (In) morales con los que la sociedad pretendidamente cree que es posible acercarse a la consecución de virtudes éticas. Ese mismo sistema y los señalados objetivos, naturalizan su inmoralidad, pero al tiempo generan la posibilidad o quizás la utopía de que algún día se pueda hacer una política distinta,  de la mano de seres humanos capaces de manejar las pulsiones del poder.

Para que sobrevivan los regímenes corruptos que el sistema de poder económico genera se requiere de la economía del crimen. Ni las condenas y mucho menos la cárcel misma, así como la exposición mediática asustan a los bandidos de cuello blanco. Y es así, porque en Colombia no sabemos qué es eso de la “sanción moral”.  Justamente, la vigencia política de los corruptos se garantiza por la confusión moral de la sociedad en la que operan aquellos refinados malhechores, lo que asegura no solo la mala memoria colectiva e individual, sino la incapacidad para juzgar ética y moralmente a quienes violan las leyes. Ser corrupto en Colombia paga y seguirá pagando  porque todo el sistema político está contaminado. Al final, las medidas adoptadas por la Fiscalía hacen parte de una pantomima, pues es claro que resulta imposible investigar, procesar y castigar a todos los bandidos de cuello blanco. Lograrlo solo provocaría el derrumbe del régimen de poder.

Con todos los casos que a diario se destapan en el país, podemos hablar de una sociedad inviable. Justamente, su inviabilidad está soportada en la reproducción del ethos mafioso que hizo posible que Odebrecht operara en Colombia desde principios de los años 90. Quizás cuando ese ethos mafioso se proscriba, entonces, podemos pensar en que el sistema económico y consecuencialmente, la sociedad colombiana y el “viejo” régimen de poder empiecen a actuar de manera distinta. Aunque creo que el ethos mafioso que se naturalizó en Colombia a partir de 2002, jamás lo llegaremos a proscribir.



Imagen tomada de La Silla Vacía. 

ESTADO Y GOBIERNO

 

Por Germán Ayala Osorio

No se necesitaría hacer una investigación académica para constatar que cientos de miles de colombianos confunden los conceptos de Estado y Gobierno, o para probar que esos mismos connacionales son incapaces de reconocer cuándo una acción administrativa o la implementación de una política pública obedecen a una decisión de Estado o de gobierno. Por supuesto que dentro de esos confundidos colombianos hacen parte miembros de la clase política y empresarial (la élite), militares, y lo más asombroso, expresidentes de la República cuyas actuaciones y decisiones como jefes de Estado se quedaron atadas a intereses de gobierno.

El presidente Gustavo Petro, a través de sus balconazos y de los duros cuestionamientos morales al propio Estado colombiano, viene dejando claro no solo las diferencias entre Estado y gobierno, sino su postura frente a esa forma de dominación u orden político, social, cultural y económico que, según el mandatario, deviene criminal.

No se propone aquí hacer una disquisición a partir de las definiciones tipo diccionario que se encuentran en la red internet. No. Lo que se quiere poner de presente es que la discusión que propone Petro gira en torno a valoraciones de tipo moral, ético-político y en clave civilizatoria.  El presidente de la República asume el Estado moderno como una forma de dominación legítima, guiada por la razón pública y la discusión democrática de los asuntos y de las problemáticas propias de la convivencia humana.

Si nos tomásemos el tiempo suficiente para examinar los actos de habla de Petro, comprenderíamos las diferencias entre Estado y Gobierno, pero sobre todo, haríamos conciencia de la confusión conceptual que acompañó a presidentes como Duque, Santos, Uribe y Pastrana, cuyas administraciones sirvieron para confirmar que efectivamente, como presidentes, fueron incapaces de separar los intereses de sus gobiernos, con los que deben guiar la operación del Estado. Uribe Vélez es quizás el mayor exponente de esa situación por cuanto las decisiones que tomó en sus aciagos ocho años, se sustentaron en una nula comprensión de qué es el Estado. Es más, buscaron anular cualquier concepción de Estado. Los falsos positivos y la operación corporativa de agencias estatales confirman no solo la confusión conceptual del exmandatario, sino su propensión a restarle al Estado cualquier responsabilidad política, judicial y moral.

Colombia es un Estado criminal” y “nos han gobernado criminales” son dos sentencias que el presidente Petro soltó públicamente y que sirven para dar cuenta de su claridad conceptual en torno a los dos conceptos. Con la primera frase, el presidente de la República responsabiliza a todos y cada uno de las y los colombianos, así como a los tres poderes públicos por los crímenes cometidos, que son responsabilidad del Estado. Con el segundo juicio de valor, Petro separa momentáneamente la responsabilidad de un Gobierno, de las que el conjunto del Estado debe asumir. Que hayan gobernado criminales es responsabilidad de presidentes y de sus ministros, así como de los colombianos que con su voto eligieron en su momento al presidente y al vicepresidente. Sin embargo, las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante los gobiernos de Pastrana, Uribe, Santos y Duque terminaron en sentencias condenatorias contra el Estado, por la dimensión simbólica de los hechos acaecidos y las valoraciones de jueces, nacionales y extranjeros (la CIDH condenó al Estado por las masacres de la Granja y El Aro), que creyeron profundamente en que ese orden establecido al que llamamos Estado, tiene unos límites morales y civilizatorios que jamás debieron traspasarse o eliminarse.

Otro presidente en ejercicio que jamás entendió las diferencias entre Estado y gobierno fue el fatuo e infantil de Iván Duque Márquez. Este presidente-títere atacó la política de paz de Estado, que nació fruto del Acuerdo de Paz de La Habana, con su política de gobierno, Paz con Legalidad. Además, en varias ocasiones desconoció los protocolos firmados por el Estado con el ELN y ante países garantes, con los que se daban garantías a los plenipotenciarios de esa agrupación guerrillera. Cuando se rompió la mesa de diálogo, Duque pidió a Cuba la expulsión de los líderes del ELN, asunto que no podía el régimen cubano hacer porque estaba comprometido el Estado cubano y otros países garantes.

Convendría que en colegios, universidades, partidos políticos, en el mismo Congreso y en las campañas electorales se insistiera en la comprensión de las diferencias entre Estado y gobierno, pero sobre todo, a comprender que su aplicación dependerán de las concepciones que sobre uno y otro tienen los políticos que aspiran a ser jefes de Estado y de gobierno, al mismo tiempo.


Imagen tomada de Conexión Capital. 


DEL CAGUÁN A LA HABANA: LA GUERRA, ASUNTO DE ESTADO; LA PAZ, ASUNTO DE GOBIERNOS

 

Por Germán Ayala Osorio

La paz en Colombia ha sido esquiva por cuanto en los centros de poder social y político, la guerra  no se entendió jampas de manera consensuada como un asunto político, de allí que específicos gobiernos le hayan dado un tratamiento exclusivamente policivo, debilitando aún más el carácter político que precede y sostiene a esta guerra interna. Lo que ha sucedido en Colombia es que la guerra ha sido un asunto de Estado, pero la búsqueda de la paz, por el contrario, ha sido y lo es aún, un asunto de Gobiernos.

Ha sido difícil que el Estado en su conjunto  y sectores tradicionales de la sociedad civil miren y comprendan que el conflicto armado interno tiene un natural carácter político, que no puede simplemente desconocerse a juicio de sectores interesados en minimizar su impacto y sus características, a través de políticas públicas como la Política de Defensa y Seguridad Democrática en la que el conflicto como tal no existe y en la que se señala y se califica que lo que existe en Colombia son agrupaciones terroristas o una simple amenaza terrorista. O lo que hizo el fatuo e infantil presidente-títere, Iván Duque Márquez al proponer su propia política de paz, llamado Paz con legalidad, con la que buscó deslegitimar la política de paz de Estado que resultó del acuerdo de paz firmado en La Habana, entre el Estado colombiano y las entonces Farc-Ep.

En ese camino de entender y comprender el conflicto interno como un asunto político, aparecen episodios en los que la política, como conjunto de reglas y como posibilidad de resolver los conflictos y las diferencias, se confunde con apuestas y coyunturas electorales[1] con las que la búsqueda de la paz queda contaminada por los afanes de quienes buscan llegar al poder del Estado. Y ese sentido electoral tiene en las regiones unas dinámicas bien particulares en las que conviven prácticas de economía ilegal (narcotráfico), con habilidades políticas asociadas al clientelismo y al poder de gamonales y familias poderosas, tradicionales y emergentes, con las que el conflicto, la guerra, adquieren dimensiones distintas que hacen compleja su comprensión.

 La paz en el gobierno de Pastrana, la guerra en los dos periodos de Uribe y la paz, con Santos Calderón

En las elecciones de 1998, Pastrana Arango buscaba llegar a la Casa de Nariño precedido de una amarga derrota electoral que le infringió Ernesto Samper Pizano. Acosado por su afán de convertirse en Presidente, Pastrana apostó su futuro político, jugando con la paz. Utilizó la paz, el sueño de millones de colombianos (10 millones de colombianos le dimos el Mandato por la Paz), como recurso electoral para llegar al Solio de Bolívar. Y a fe que lo logró: de la fina maniobra electoral de Pastrana en 1998, nació un nuevo proceso de paz con las Farc. Proceso que resultó fallido por la presión mediática y de sectores de poder económico, político y militar, a los que se sumaron errores políticos y militares tanto de las Farc como de quien fungió como Presidente de Colombia entre 1998 y 2002. De otro lado, las circunstancias generadas por los atentados terroristas en los Estados Unidos (9/11), fueron determinantes y definitivas para que el Gobierno que sucedió a Pastrana, asumiera ese elemento del contexto internacional para desconocer de manera tajante el carácter político del conflicto y el de las agrupaciones guerrilleras. 

Convertida la zona de distensión en tierra de nadie, en donde floreció por poco tiempo un soñado Estado fariano[2], la llamada opinión pública terminó no sólo desengañada del sueño de paz que cobró vida a partir del abrazo histórico entre el entonces Pedro Antonio Marín (alias Manuel Marulanda Vélez) y Andrés Pastrana Arango, sino que terminó convencida de que los diálogos no llevaron a la paz por culpa exclusiva de la cúpula de las Farc. La verdad es que el proceso se rompió en buena medida por el manejo irregular que le dio la agrupación armada ilegal a la zona de distensión, pero también, por el doble juego planteado por Pastrana en torno a que de un lado internacionalizó el conflicto, con el Plan Colombia  y la fuerte presencia de los Estados Unidos, y por el otro, permitió que la agrupación guerrillera usara a discreción una zona que por momentos fue un escenario de diálogo interesante en lo que se llamó en su momento las Audiencias Públicas. Fue el Plan Colombia de Pastrana el que abrió todas las posibilidades para que se fortaleciera la institucionalidad armada de la cual se beneficiaría el gobierno de Uribe Vélez.

Para destacar de ese fallido proceso, la Agenda Común para un Nueva Colombia, con 12 puntos de contenido que dieron muestra de que es posible que las fuerzas enfrentadas, las del Estado y las de las Farc, pueden llegar a coincidir en varios puntos y asuntos que terminan demostrando que el orden social y político establecido ofrece no sólo problemas de legitimidad histórica, sino dificultades en su viabilidad.    Mientras que las fuerzas estatales mejoraban y modernizaban el armamento con la ayuda técnica y militar allegada gracias a los recursos internacionales a través del Plan Colombia, las Farc hicieron lo mismo, usando la zona de distensión para recibir armamento a cambio de droga, hacer mantenimiento a los equipos, recuperar a los enfermos y someter a proceso de reentrenamiento a varios de sus frentes. Nuevamente, se dialogó en medio de la guerra, con la esperada mirada moralizante de los medios masivos y de otros sectores tradicionalmente reacios a que se dialogue con las guerrillas. Con cada ataque y golpe dado por las Farc a la fuerza pública, se generaban climas de opinión desfavorables en torno a la real voluntad de paz de uno de los actores de la guerra.

Roto el proceso de paz, el único camino que se abrió fue el de la confrontación militar. El escenario electoral de 2002 sirvió no para soñar con la paz, sino para delirar con la solución militar al conflicto, por la vía de la eliminación del enemigo. Uribe, ungido como el Mesías, asumió, como nunca lo había hecho un presidente en la historia reciente, el papel de máximo comandante de las fuerzas armadas con el claro propósito de acabar con las Farc, aprovechando las ventajas comparativas que su antecesor le dejó con el Plan Colombia. Uribe mandó – no gobernó- entre 2002 y 2010. Los duros golpes dados a las Farc, magnificados por una prensa hincada a su poder, fueron elementos suficientes para que sectores de la derecha colombiana apoyaran política, social y económicamente la aventura reeleccionista, que apuntaba a asegurar la victoria militar que para muchos estaba cerca. El fin del fin hacía parte de la euforia colectiva que generó un Gobierno de mano dura, que apeló al odio generado por la presencia otoñal de unas guerrillas cada vez más lumpenizadas por la penetración del narcotráfico y por la incapacidad técnica y operativa de sus comandantes para mantener la unidad y el control de los frentes, dado la presión militar de las fuerzas estatales. En una muy fina cirugía constitucional y con una evidente compra de conciencias a varios congresistas, la guerra a muerte contra las Farc se extendería cuatro años más. El resultado, una cúpula fariana golpeada y acosada por constantes bombardeos. Bastó la decisión política y militar de usar grandiosas ventajas militares aseguradas a través del Plan Colombia, para hacer posible que hoy presenciemos unos nuevos diálogos de paz, esta vez, y nuevamente[3], fuera del país. Los 6402 civiles asesinados por parte de miembros de las fuerzas militares son la prueba clara de la degradación moral del ejército nacional por cuenta de las presiones político-militares que salían de la Casa de Nariño.

Retomemos. Mientras que Pastrana jugó electoralmente con el carácter político del conflicto armado interno,  su sucesor, Álvaro Uribe Vélez, desconoció dicho carácter y logró inocular en millones de colombianos la idea de que efectivamente el país enfrentaba una amenaza terrorista. En parte lo logró con la aplicación técnica y política de su Política de seguridad democrática, y por supuesto, lo pudo hacer gracias a las empresas mediáticas que cerraron filas en torno a su política de mano firme y claro está, a las muchas acciones desesperadas de las Farc que merecían y merecieron el calificativo de terroristas.

Así, entonces, el carácter político de la guerra colombiana ha sido manoseado, desconocido, bien por coyunturas electorales o por apuestas político-militares, siempre en beneficio de someter a una fuerza ilegal que históricamente ha sido la única capaz de develar, confrontar y proponer cambios al injusto orden social, económico y político vigente en Colombia, dada la precariedad discursiva, operativa y política de los partidos políticos, los sindicatos y la academia. Terminado el aciago periodo de Uribe Vélez, en medio de escándalos de corrupción y violación sistemática de los derechos humanos (‘falsos positivos’ y las ‘chuzadas’ del DAS[4]) y en medio del triunfalismo militar, el poder del Estado lo asumiría en 2010 quien fungió como Ministro de la Defensa de Uribe Vélez: Juan Manuel Santos Calderón. Hijo de la rancia élite bogotana, Santos Calderón daría un giro importante, devolviéndole el carácter político al conflicto armado. Lo hizo en dos momentos: el primero, reconociendo que efectivamente en Colombia había un conflicto armado, lo que le permitió crear, junto con el Congreso de la República lo que se conoce como la ley Marco para la Paz; y el segundo momento, cuando con la misma ayuda del Legislativo, se dio vida a la ley de víctimas y restitución de tierras. Con estos dos elementos jurídico-políticos se dio vida a un nuevo proceso de paz que, sin el consenso social y político del proceso de paz liderado por Pastrana, camina a pesar de los embates mediáticos y los de una férrea oposición de ganaderos y terratenientes, liderados por el hoy ex presidente Uribe, que en 2014 aspira a convertirse en senador y/o llevar en su lista cerrada a una buena cantidad de Congresistas, con el firme propósito de evitar que lo acordado en La Habana, se refrende en el Congreso. Devolverle el carácter político a la guerra, al conflicto y al principal actor ilegal, le permitió a Santos hablar de paz, sin que el país esté sintonizado completamente con el asunto. Es claro que en el plano interno el proceso de paz no cuenta con un amplio consenso. Por el contrario, hay un ambiente de incertidumbre, de duda y de un muy moderado optimismo alrededor de lo que pueda suceder en la mesa de diálogo instalada en La Habana. Contrasta lo anterior con el apoyo brindado por varios países y el buen recibo que del proceso de paz manifestó la ONU. Contrario a lo que hizo Pastrana[5], Santos no sujetó su plan de gobierno a la paz, al proceso mismo. Es decir, la agenda de paz, su abordaje y discusión la entregó a sus negociadores, con el firme propósito de tratar de no amarrar la agenda pública de su Gobierno, a un proceso incierto del que no se sabe a dónde llegará. La complejidad de los seis (6) puntos acordados en la agenda y la propia dinámica dada por los equipos negociadores de la cúpula de las Farc y del Gobierno de Santos, ha llevado a que los diálogos de paz queden sujetos, nuevamente, a la coyuntura electoral, esta vez con un significado especial: se trata de la reelección de Santos. Eso sí, con un agravante: existen sectores de poder que vienen haciendo oposición directa y soterrada a la gestión del presidente Santos, juego político en el que aparecen fuerzas uribistas que desean recuperar el poder para, nuevamente, desmontar el perfil político de la guerra colombiana.

Dada la debilidad manifiesta de los partidos políticos, de los sindicatos, de la Academia y la imposibilidad de los medios de comunicación de mediar a favor de la superación del conflicto, los temas de la agenda de paz y los asuntos propios de la forma como opera el actual orden político en Colombia, no se discuten de manera amplia entre sectores de la sociedad civil y en amplios escenarios públicos. Ese es quizás el mayor obstáculo que han enfrentado quienes de tiempo atrás agencian escenarios de paz en Colombia, de cara no sólo a la superación del conflicto, sino a la comprensión de su carácter político, que conlleve a aceptar que la solución debe tener ese mismo perfil. A lo anterior se suma la débil institucionalidad estatal, producida por grupos de poder interesados en mantener dicha labilidad hasta límites sostenibles del orden establecido. Esa histórica circunstancia impide que el conflicto armado sea asumido por el Estado en su conjunto, como un asunto político, y por ese camino, se piensen y se diseñen salidas políticas negociadas que lo superen.




Imagen tomada de Semana.com


[1] Elemento y factor que hace parte de la política y que para el caso colombiano resulta nefasto en la medida en que con lo electoral, las fuerzas políticas enfrentadas y ganadoras en los escenarios electorales, terminan legitimando una democracia formal y excluyente y por ese camino, intentan desestimar la lucha política armada de las guerrillas e insistiendo en que es posible cambiar el injusto orden social y político, a través de las urnas, a pesar de la presencia del clientelismo y de la posibilidad de que grupos de poder alimenten episodios de violencia política. [2] Que sirvió para probar que en el proyecto revolucionario de las Farc subsisten elementos propios de la ideología conservadora, en especial en lo que tiene que ver con el derecho de las personas al libre desarrollo de la personalidad y a la clara separación entre las esferas privada y pública. Las Farc ejercieron labores policivas de control cultural e ideológico que los hizo aparecer como una agrupación con unos ideales cercanos a los del partido conservador y de una cultura machista. Se convirtieron en una suerte de policía revolucionaria, que controlaba, vigilaba y castigaba prácticas sociales consideradas como negativas, como por ejemplo, episodios de violencia intrafamiliar, señalamientos y castigos a los hombres que golpearan a sus compañeras y a jóvenes que usaran aretes, pelo largo y exhibieran su homosexualidad. En lo económico, las Farc emitió la Ley 002 mediante la cual impusieron gravámenes a empresas y empresarios. [3] En el periodo de Belisario Betancur Cuartas se dialogó en Tlaxcala, México y en otros países. Resultado de esos diálogos de paz fue la creación de la Unión Patriótica, brazo político de las Farc, con el que dicha agrupación armada ilegal pudo participar en política y en escenarios electorales. Una combinación de fuerzas del Estado, de grupos paramilitares y narcotraficantes, eliminó a más de 3.000 militantes de esa naciente colectividad. [4] Departamento Administrativo de Seguridad. Esta entidad, que dependía directamente de la Presidencia, fue cooptada por el Paramilitarismo, cumplió el papel de policía política, para vigilar, perseguir y afectar la vida de quienes fueran señalados como enemigos del régimen o detractores del gobierno de Uribe. Entre las víctimas aparecen magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, académicos e intelectuales. El gobierno de Santos la liquidó. Hoy existe la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. [5] Sin retomar en forma directa los puntos de la Agenda lograda en el proceso de paz de Pastrana, tanto la cúpula de las Farc, como los negociadores del Gobierno de Santos, convinieron una agenda de cinco puntos: 1. Política de desarrollo agrario integral. 2. Participación política. 3. Fin del conflicto. 4. Solución al problema de las drogas ilícitas. 5. Víctimas y verdad.

martes, 8 de agosto de 2023

FALSOS POSITIVOS: LOS MILITARES DEJARON DE PENSAR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Guardando las proporciones, Colombia vivió, con las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos), su propio holocausto. Después de escuchar suboficiales y oficiales de alto rango aceptar su participación en el asesinato de civiles (falsos positivos), es inevitable preguntarse qué les pudo pasar por la cabeza a estos hombres en armas al momento de falsificar documentos y órdenes de operaciones, para legalizar crímenes de Estado, también llamados falsos positivos. El reconocimiento de responsabilidades se dio en el marco de la audiencia pública que organizó la JEP, a propósito del macro caso dedicado a esclarecer lo sucedido en la convulsionada región del Catatumbo.

A la luz de la categoría planteada por Hannah Arendt, en el marco del juicio contra el criminal de guerra, el antisemita, Adolf Eichmann, bien se puede concluir que estos oficiales, suboficiales y soldados participaron de esa política estatal de producir bajas o contar cuerpos (body count), porque dejaron de pensar. Y fue así, porque cumplían órdenes superiores. Por eso, quizás, les pareció ética, moral e institucionalmente correcto participar de la empresa criminal que cada batallón creó para responder a las presiones de la cúpula militar y del entonces comandante supremo, Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que Uribe pedía “más y mejores resultados operacionales y que aquel que no los diera, que fuera pidiendo la baja”.

Desconozco si estos exmilitares leyeron el libro Eichmann en Jerusalén o si vieron la película de Hannah Arendt en la que se expone el perfil del criminal nazi y se explican los elementos a los que apeló la filósofa judía para proponer la categoría la Banalidad del mal. Sin duda, estos oficiales, en particular un mayor y un teniente coronel, actuaron para alimentar el sistema y para cumplir con las metas de la seguridad democrática, la política pública que desató la idea de ponerle precio a la vida de campesinos y de jóvenes pobres. Esa monetización se confirmaría con el decreto Boina y la directiva ministerial 029 de 2005.

Bajo esos marcos legales actuaron estos dos obedientes y sumisos oficiales, siguiendo la lógica castrense de cumplir con las órdenes emanadas de sus superiores. “Las órdenes se cumplen, o se acaba la milicia” es una frase de uso común en batallones y bases militares. Dicha frase es la antesala para dejar de pensar, pues primero, dicen los uniformados, está la obediencia debida y luego, la reflexión de lo que ya se hizo. El espíritu de cuerpo, en estos casos, se suma a la perversidad de una lógica que, en muchos casos, opera para humillar al subalterno y a los civiles. Las responsabilidades asumidas por estos dos militares no solo confirman la degradación moral y ética de cientos de uniformados, sino la perversidad de las órdenes impartidas de las que son responsables penal y políticamente quienes las emitieron, junto a los que ejercieron presión, para que estas se cumplieran. Pero, así como estos dos oficiales y otros tantos soldados y suboficiales dejaron de pensar, los superiores que les dieron las órdenes y quien en particular los presionó para “obtener más y mejores resultados operacionales”, jamás dejaron de hacerlo, porque sabían perfectamente lo que estaban haciendo: vendiéndole al país la idea de que estaban ganando la guerra contra la guerrilla.

Aunque sin duda alguna los falsos positivos son la más clara expresión de la degradación ética y moral en la que cayeron miembros activos del Ejército nacional, hay que decir que de la mano de ese largo proceso de envilecimiento del honor y la mística militares está la política, y en particular, una clase política y un político, Álvaro Uribe Vélez; todos juntos convirtieron a los militares en instrumentos para saciar la sed de venganza de quien le vendió al país la narrativa de que su padre había sido asesinado por las Farc. Y por cuenta de esa mentira, el Ares criollo metió a la institucionalidad castrense y al país entero en una espiral de venganza, que terminó en la monetización de la vida de más de 6402 ciudadanos pobres y en la consolidación de la relación amigo-enemigo, con la que se subvaloró la vida de sindicalistas, académicos, profesores y de todo aquel que oliera a izquierda.

Ojalá estos testimonios, en un posterior gobierno no uribista, sea usado en las escuelas de formación de oficiales y suboficiales. Este mayor y el teniente coronel que aceptaron los cargos que les imputó el alto tribunal de paz y pidieron públicas disculpas a los familiares de sus víctimas, deben ser expuestos como ejemplos negativos de la obediencia debida. Dejar de pensar no puede ser la actitud que asuman quienes decidieron portar el uniforme y aceptar la lógica castrense.

Una vez finalizada estas audiencias públicas de reconocimiento de responsabilidades por crímenes de guerra perpetrados por militares colombianos, los imputados podrán volver a abrazar a sus hijos y esposas, pues, a pesar de que dejaron de pensar, a pesar de sus medallas y grados, siempre fueron hombres comunes y corriente de los que podemos esperar lo más sublime, pero también lo más execrable. Ya el país supo de lo que fueron capaces. Les queda el resto de sus vidas para arrepentirse no solo por haber participado de semejante atrocidad, sino por haber dejado de pensar. Qué bueno sería que estos mismos oficiales, con voz castrense, recordaran la frase célebre del exguerrillero Carlos Pizarro Leóngomez, “que la vida no sea asesinada en primavera”. Otra forma de reparar a las  víctimas y pedirle perdón al país, sería poner de moda en los batallones, esa frase, para animar el trote.

Adenda: no quise llamar por sus nombres a estos oficiales, porque en su condición de victimarios, poco o nada les importó las identidades de los jóvenes que, de manera directa o indirecta, o por acción u omisión, fueron asesinados con las armas que la República les confió.


Imagen tomada de El Espectador


lunes, 7 de agosto de 2023

PETRO NUEVAMENTE INVITA A UN ACUERDO NACIONAL

 

Por Germán Ayala Osorio

En la conmemoración de la batalla de Boyacá, hoy 7 de agosto de 2023, nuevamente el presidente Petro insiste en la idea de hacer un gran acuerdo nacional. Por lo menos, en tres oportunidades lo hizo y las fuerzas políticas y económicas, enemigas de su gobierno, guardan sospechoso silencio. El mismo silencio que se evidenció cuando Juan Manuel Santos y las Farc-Ep consignaron en el tratado de paz de La Habana, la necesidad de establecer un pacto político nacional. ¿A quién le habla el presidente y quiénes son los que no lo quieren escuchar?

Al llegar a su primer año, jamás en la historia reciente del país un gobierno enfrentó a la descomunal fuerza desestabilizadora en la que confluyen agentes económicos de la sociedad civil, con sus medios masivos como puntas de lanza, partidos políticos y políticos profesionales.

Expongo la siguiente tesis con la que pretendo explicar las razones políticas que esos sectores de poder tienen, pero que no exponen abiertamente para negarse a pactar un acuerdo nacional para hacer las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales que necesita el país, para ver si algún día, como Estado y sociedad, arañamos estadios de modernidad.

Gustavo Petro lidera un proyecto de país que no le conviene al “viejo” establecimiento que sufrió derrota electoral. Tratar de recuperar el Estado para que actúe con el carácter colectivo y cumpla con lo consignado en la carta política de 1991 constituye la mayor afrenta política para quienes capturaron el Estado, justamente, para hacerlo funcional exclusivamente a sus intereses de clase. Les resulta inaceptable que se intente desmontar el “doble Estado” que opera en el país desde hace décadas. Igualmente, desaprueban cualquier acción institucional orientada a frenar los procesos de defaunación y deforestación que, asociados a la idea de acabar con el campo, el campesinado y la seguridad alimentaria, promueven quienes, desde esas instancias de poder, insisten en acaparar y concentrar más y más la tierra para especular con ella y sembrar agrocombustibles.

A lo anterior se suma, el carácter contestatario e insumiso del presidente de la República, en particular con aquellos “Cacaos” acostumbrados a que los mandatarios se sienten a manteles para que estos les cumplan la directriz de seguir privatizando el Estado.

Petro, sin duda, está en una encrucijada. Y no por cuenta de los escándalos político-mediáticos que le está armando la Fiscalía de Barbosa, su archienemigo y mandadero de ese viejo establecimiento, de la mano de su primogénito. No, el asunto es estructural y compromete, por supuesto, asuntos ideológicos, políticos, económicos y culturales.

Algunos gremios económicos y las fuerzas políticas asociadas a los insepultos partidos políticos, el Liberal y el Conservador, así como otras microempresas electorales como Cambio Radical y la U, no aguantan más y están entrando en la peligrosa etapa de la resistencia activa que bien puede estar ancorada a la idea de tumbar a Petro o por lo menos, a la acción temeraria de “hacer invivible la República”. Si es así, le quedan tres años al presidente para seguir insistiendo en un acuerdo nacional que jamás llegará.

A sus voceros les molesta que el gobierno de Petro haya ayudado a frenar la deforestación de la selva amazónica; o que garantice el agua para la gente de La Guajira; o que entregue subsidios a madres cabeza de familia en condiciones de vulnerabilidad; también les incomoda que disponga de los ingenieros militares, para recuperar vías terciarias y secundarias en mal estado desde hace décadas; pero quizás lo que más les fastidia es que esté tratando de recuperar la Fiscalía y otras instituciones, para el Estado y la sociedad.

Mientras el presidente de la República siga golpeando a las redes del narcotráfico, los Estados Unidos no lo dejarán solo en esta coyuntura. Llama la atención de los opositores del gobierno, el silencio frente a las incautaciones de drogas, dinero y las acciones de interdicción marítima. Los imagino cruzando los dedos para que la Paz Total fracase, en beneficio de quienes están prestos a acaparar más tierra por desposesión.

Justamente, sobre ese mutismo opera el “doble Estado” del que vengo hablando aquí en esta tribuna. Por eso, quizás, las resistencias de algunos gremios y fuerzas políticas para apostarle a un proceso de reindustrialización: las economías ilegales son las grandes aliadas del sistema financiero nacional, circunstancia que no se quiere cambiar desde las huestes de ese viejo y anacrónico establecimiento.

Petro debería de hablarles más claro cuando hace el llamado a un “acuerdo nacional”. Si se trata de abandonar la idea de recuperar el Estado para todos o de permitirles seguir manejando algunos de los hilos de ese entramado de intereses que hacen posible la operación mafiosa de ese “doble Estado”.

 

Imagen tomada de Youtube.com

“VAMOS A RECUPERAR EL PAÍS”

  Por Germán Ayala Osorio   En el ejercicio de la política suelen aparecer frases que bien pueden servir como eslogan de futuras campañ...