CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: LA VOLVIÓ A HACER

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Sucedió de nuevo: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no eligió a la nueva fiscal general de la nación. En un contexto de presiones sociales y políticas y de denuncias periodísticas que ponen en tela de juicio la honorabilidad de Martha Mancera, las magistradas y magistrados del alto tribunal votaron y al final ninguna de las ternadas logró los votos suficientes para ser designada fiscal general de la nación. El voto en blanco volvió a triunfar.

El mecanismo de votación interna resulta caprichoso y permite que sobre los togados caigan toda suerte de sospechas y lecturas suspicaces. ¿Qué es lo realmente sucede? ¿Las candidatas aún no logran convencer a los y las magistradas o es que hay lobistas furtivos que ejercen presión con el objetivo de dilatar la decisión para favorecer a la pareja Barbosa-Mancera?

Sin duda alguna, el aplazamiento se entiende como un mensaje al presidente Petro y a quienes se movilizaron hoy exigiendo a la CSJ que eligiera a la fiscal general: no se aceptan presiones políticas y mucho menos, exigencias.

Volverán el 22 de febrero a reunirse para tratar de sacar adelante la elección. De no hacerlo, la señalada y cuestionada Martha Mancera quedará al frente de la Fiscalía más desprestigiada que haya existido en el país, desde que fue creada en 1991. Recordemos que Barbosa se va del cargo el 12 de febrero.  Estamos hablando de una fiscalía que bien puede superar a las escandalosas administraciones de Luis Camilo Osorio y Néstor Humberto Martínez Neira.

Lo que llama la atención es que de poco o nada han servido los informes que periodistas serios vienen publicando, en los que exponen hechos pútridos e impúdicos en los que aparece el nombre de Mancera, la actual vicefiscal.

Es de público conocimiento que, a raíz del agrio enfrentamiento institucional y personal entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal saliente, Francisco Barbosa Delgado, el gobierno en pleno presiona a la CSJ para que adopte cuanto antes la elección y evitar que Mancera, mano derecha de Barbosa, siga al frente de una Fiscalía cuestionada y señalada de estar capturada por clanes políticos, mafiosos y por el Clan del Golfo. La politización de la Fiscalía es evidente. Baste con señalar dos casos: las 3 veces que el ente acusador solicitó la preclusión del caso Uribe Vélez por manipulación de testigos y fraude procesal y la no apertura de investigación contra Sarmiento Angulo, después de que reconociera ante las autoridades americanas, haber cometido actos de corrupción en la construcción de la Ruta del Sol 2.

Tanto las denuncias de golpe de Estado hechas por el presidente Petro, que circulan en Estados Unidos y España, entre otros países y los graves señalamientos en contra de Mancera y Barbosa, solo sirven para que la mala imagen del Estado colombiano y la de sus connacionales se extienda y se confirme. Si a la CSJ le importara lo que sucede con una Fiscalía politizada y capturada por mafias de todo tipo, revisarían las denuncias periodísticas de medios como la revista Raya, Daniel Coronell, Yohir Ackerman y Gonzalo Guillén en las que señalan las relaciones mafiosas que, según aquellos, tendrían Mancera y Barbosa con organizaciones al margen de la ley.

En últimas, las marchas y concentraciones masivas de hoy 8 de febrero tienen un valor ético-político importante en la medida en que se está rechazando la corrupción y la captura mafiosa del ente investigador. Ese genuino clamor social debería de ser suficiente para que la CSJ evite dejar a Mancera al frente de la Fiscalía.

Prolongar en el tiempo la elección del remplazo de Barbosa acrecentará el malestar social, las rencillas políticas y el alto nivel de crispación política e ideológica que desde ya convierten a las elecciones de 2026 en un delicado escenario en el que bien pueden aparecer peligrosas circunstancias y hechos políticos: por ejemplo, el de la reelección de Petro, la irrupción de un Bukele de las huestes de la extrema derecha que estaría detrás del golpe blando y por supuesto, los efectos jurídico-políticos que muy seguramente provocarán las actuaciones de la nueva fiscal general de la Nación en contra de los poderosos agentes políticos y económicos que Barbosa y Mancera vienen protegiendo de tiempo atrás. Será que hay temor en aquellos agentes de poder ante la llegada de una fiscal decente?

Adenda: rechazo los actos violentos en contra de la sede de la CSJ. Así no. 

Imagen tomada de Semana.com

VICEFISCAL MARTHA MANCERA Y UN NOMBRAMIENTO QUE NO FUE

 

Por Germán Ayala Osorio

En la Colombia mafiosa y corrupta, los límites entre lo ilegal y lo legal se tornan tan borrosos, que las líneas éticas se van corriendo de tal manera que la sociedad en su conjunto termina confundida ética y moralmente. Y así deviene la sociedad colombiana desde hace ya 200 años, lo que ha impedido consolidar una verdadera y genuina República.

El aguerrido periodista, Gonzalo Guillén, desde su cuenta de X informó que la vicefiscal y próxima fiscal encargada, Martha Mancera, nombró asesora de su despacho a Adriana Martínez Ardila, hermana del narcotraficante Francisco José Martínez Ardila, alias Pacho Malo, quien, de acuerdo con el mismo agudo reportero y otros colegas, este es un protegido de la señora Mancera.

En defensa de la “curiosa” decisión administrativa algunos dirán, con una alta dosis de ingenuidad, que en Colombia no hay delitos de sangre. Aceptar esa realidad jurídica no es óbice para que sobre dicho nombramiento caiga toda la suspicacia del caso.

Darle trabajo a la hermana de un narcotraficante protegido por la vicefiscal suena muy mal en un país en el que se hizo costumbre que mafiosos, políticos y funcionarios públicos actúen de manera coordinada para permitir que los primeros puedan seguir al frente de la producción y distribución de cocaína, y los segundos, amasar poder político soportado en dineros de procedencia ilícita con los que financian sus campañas.

Si bien no existe un código penal o disciplinario que impida que un familiar de un traqueto o mafioso pueda trabajar con el Estado, el caso de los Martínez Ardila resulta, por decir lo menos, vulgar, impúdico, obsceno y asqueante por la relación de compadrazgo que periodistas serios develaron que existe entre Mancera y alias Pacho Malo.  

No se está cuestionando la hoja de vida de la señora Adriana Martínez Ardila, aunque sí debería de hacerse pública para compararla con las exigencias y el perfil del cargo para el que fue nombrada. Lo que resulta ética y moralmente cuestionable es que justamente se nombre en un cargo de semejante responsabilidad a la hermana de un narcotraficante. Eso suena y se ve mal.

De acuerdo con Guillén, la hermana de Pacho Malo “se encarga fundamentalmente de temas de narcotráfico y tiene el encargo de tratar esos temas como intermediaria con la embajada de Estados Unidos”. Aunque ya sabemos que en la Colombia mafiosa y corrupta cualquier cosa puede ocurrir, dicho nombramiento hiede y es en sí mismo un reto ético-político para la Corte Suprema de Justicia pues sobre los hombros de los y las magistradas recae la responsabilidad de elegir este 8 de febrero a la nueva fiscal general con el objetivo de recuperar para el Estado de derecho y la sociedad, a la Fiscalía, ente capturado por mafiosos y clanes políticos corruptos. Qué asco de país.

Adenda: no faltará quien diga que la hermana está ayudando a la Fiscalía para que capture a su hermano, conocido con el alias de Pacho Malo.

Me permito Rectificar la información. La señora Adriana Martínez Ardila no es hermana de Francisco Martínez Ardila y tampoco trabaja como asesora de la vice fiscal Mancera. Esta rectificación se hace a solicitud de la señora Martínez. Al portal que reprodujo mi columna, le solicité pública y privadamente que rectifique la información en los mismos términos. Gracias. Lamento mucho haber cometido ese error, originado en la información que publicó Gonzalo Guillén. 

Adenda 2: El 7 de febrero

@HELIODOPTERO

denunció que Adriana Martínez Ardila, asesora de

@FiscaliaCol

Martha Mancera, era hermana de Francisco José Martínez Ardila, “Pacho Malo”, funcionario del CTI acusado de narcotráfico. En

@CaracolRadio

la buscamos. No es hermana, ni pariente.

Imagen tomada de la cuenta de Gonzalo Guillén en la red X

NO A LA REELECCIÓN DE GUSTAVO PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Se equivocan quienes proponen revivir la reelección para que el presidente Gustavo Petro se quede cuatro años más en la Casa de Nariño y afianzar así su proyecto político, en particular la aplicación sistémica y sistemática de su plan nacional de desarrollo.

Manosear nuevamente la estructura de los pesos y contra pesos de la democracia y someterla a los caprichos de un presidente constituye un exabrupto político que no se tapa con la posibilidad jurídica que se abre ante la facilidad de cambiar un articulito.

No me imagino lo que pueda pasar en el país si ese escenario reeleccionista llegare a darse (es improbable porque no hay las mayorías en el Congreso) en medio de semejante crispación ideológica y política, atada a la “ruptura institucional” que denuncia el presidente de la República.

Proponer la reelección de Petro es meterle más candela a la encendida hoguera de las vanidades, incertidumbres, miedos y taras que evidenció y despertó en el establecimiento la llegada de Petro a la presidencia. En el 2026 Petro debe dejar el cargo para que, en unas elecciones libres y democráticas, se valide o se castigue en las urnas lo que hizo o dejó de hacer en sus cuatro años.

Lo que si hay que dejar claro es que 4 años es poco tiempo para que un mandatario como Petro logre modificar sustancialmente lo que ha estado mal por doscientos años.  Tratar de cambiar en algo a este maltrecho país es una tarea titánica que amerita por lo menos 12 años continuos de políticas públicas de Estado, diseñadas para favorecer a las mayorías y no a las sempiternas élites que se han servido de la captura mafiosa del Estado. El escritor Julio César Londoño lo explica magistralmente: “este gobierno no nos sacará del foso (tiene dos siglos de profundidad) pero los cambios propuestos -las reformas, la descarbonización, el proyecto hídrico, la justicia legal y la justicia social- tienen que ser políticas de Estado si queremos ser un país viable algún día”.

En lugar de estar pensando en modificar otra vez la constitución para permitir la reelección de Petro, en lo que tienen que concentrarse el presidente y sus seguidores más cercanos es en formar cuadros y líderes políticos que recojan las banderas del progresismo para dar continuidad al proyecto político, revisando eso sí, lo que en estos cuatro años se haga mal o de manera deficiente.

Es deleznable el argumento que señala que como la derecha pudo reelegirse, ahora la izquierda tiene derecho a hacerlo. No. Por el contrario, lo que hay que tratar de hacer es no parecerse a la derecha, pues sus miembros más visibles son los responsables de los graves problemas que el país soporta y exhibe al mundo. 

Propongo más bien que se discuta en el Congreso modificar el periodo presidencial, pensando en un periodo de seis años, eso sí, con cambios profundos en la cultura política y en las maneras como operan hoy la Contraloría, el Ministerio Público y la Fiscalía. Más claro: no puede volverse a dar que la procuraduría esté en manos de una ficha de un clan político como es el caso de la procuradora Cabello Blanco, defensora de los intereses de la familia Char. Eso es vulgar y asquea. Y mucho menos, que un presidente de la República terne a un amigo suyo, para que este ponga el ente investigador al servicio de un expresidente con el firme propósito de no procesarlo por sus cochinas andanzas, como es el caso de Barbosa, que viene promoviendo la preclusión del proceso penal por manipulación de testigos y fraude procesal que se sigue contra Uribe Vélez (está en calidad de imputado).

Hay que insistir en un pacto nacional para sacar adelante al país. Para ello, urge que de cada clan político señalado, investigado y procesado por corrupción, por lo menos uno de sus miembros, pague cárcel en prisiones del Estado. Y lo mismo para las familias ricas cuyos hijos hayan incurrido en delitos graves. Si Usted leyó hasta aquí y esbozó una sonrisa o quizás exclamó “cuánta inocencia en este columnista”, entonces hace parte del grupo de colombianos que ya aceptaron que a Colombia no la cambia nadie. Que seguiremos siendo un platanal con bandera y que continuaremos gobernados por reyezuelos que solo se crían en repúblicas bananeras.

Para que siga Usted riendo, le digo que hay que acabar con las prácticas clientelistas en las altas cortes y esa perniciosa relación entre el fiscal general y los magistrados de aquellas, que deviene atada a la entrega de cargos públicos a familiares de los togados.

Termino con esto: ya el país vivió los perversos efectos sociales, económicos y políticos que dejaron la reelección de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón, dos dañinos neoliberales. En particular, durante los 8 años del caballista y latifundista antioqueño, la institucionalidad democrática sufrió en materia grave, hasta quedar sometida a la insolencia, al patrioterismo y a los caprichos de Uribe Vélez, quien al final quedó convertido en un sátrapa que mandó a chuzar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, convirtió el DAS en su policía política para perseguir a sus críticos y detractores y convirtió al Ejército en una temible fuerza que terminó asesinando civiles para inflar las cifras de la perversa política de seguridad democrática.

Los perversos ejemplos reeleccionistas en Nicaragua, Venezuela y El Salvador deben hacernos pensar en que reelegir a Petro bien podría llevarlo a perder su talante democrático y traicionar así el propio ideario del M-19.

Hasta tanto no logremos como sociedad proscribir el ethos mafioso que guía de tiempo atrás la vida de empresarios, militares, policías, rectores de universidades privadas, decanos, profesores, políticos y clanes políticos, toda reelección presidencial solo servirá para hundirnos en el clientelismo y la corrupción público-privada.

BUKELE, ORTEGA Y MADURO: SÁTRAPAS DE CORTE POPULISTA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con la reelección de Nayib Bukele Ortez, El Salvador entra al grupo de los regímenes autoritarios, junto a la Venezuela de Nicolás Maduro Moros y a la Nicaragua de Daniel Ortega Saavedra.

Los tres comparten un creciente desprecio por la democracia (representativa), régimen de poder que se deslegitima bajo la imposición de la narrativa de la “democracia popular” o el socialismo del Siglo XXI, espejismos que sobreviven atados a la entrega de subsidios estatales, la captura de millones de ciudadanos beneficiados de costosas políticas asistencialistas y por supuesto, al sometimiento de los otros poderes públicos de parte del poder ejecutivo. Es decir, los pesos y contra pesos de la democracia desaparecen como por arte de magia.

Esa democracia popular o ese socialismo (más bien es una suerte de estatismo) se opone a la democracia liberal. En adelante, quienes asegurarán el cumplimiento de los derechos humanos, los políticos y las prebendas de vivir en democracia son los presidentes, graduados ya como mesías o reyezuelos muy propios de repúblicas bananeras. Les hablarán a unos pueblos sufridos, engañados, pobres y analfabetas. En algo mejorarán sus condiciones de vida, a cambio de lealtad y sumisión.

Hay, por supuesto, otros factores que a diario aportan al debilitamiento de la democracia. Por ejemplo, las disímiles pero insoportables violencias que se viven en las ciudades capitales de naciones como El Salvador y Nicaragua que comparten el mismo fenómeno social y criminal de las Maras. De la mano de la venganza y el cansancio que generan los defensores de los derechos humanos que abogan porque se respeten las garantías procesales de los miembros de las Maras, los admiradores de la mano dura, salen a votar para librarse de ladrones y asesinos.

El garrote que ofrecen Bukele y Ortega los convirtió en una suerte de mesías por haber “salvado” a sus sociedades de las pútridas garras de los bandidos sin linaje, mientras gobiernan de la mano de bandidos de cuello blanco o en el mejor de los casos, gracias al apoyo de familias ricas que respaldan dichos regímenes, a cambio de prebendas tributarias y acciones propias de lo que se conoce como asociaciones público-privadas que solo benefician al cerrado círculo de poder que participa de aquellas cofradías. Al final, a cambio de ese apoyo, Nicaragua y El Salvador empiezan a parecerse en sus modelos de desarrollo (de corte extractivo, esto es, economías de enclave) pues las políticas públicas se tramitan en el Estado, pero se diseñan en los clubes sociales de las familias ricas que sostienen a estos dos sátrapas.

En estos regímenes no hay tiempo para pensar en un modelo de desarrollo diseñado para que estos países alcancen un superlativo bienestar colectivo con el que sea posible superar de una vez por todas la pobreza estructural y el empobrecimiento cultural acumulado por años de guerras civiles y gobiernos miserables. Claro, no se puede dejar de responsabilizar a sus propios pueblos de haber evitado el esfuerzo de leer y comprender mejor sus historias.

Aunque Venezuela comparte las tristezas que produjeron años y años de un establecimiento que internamente consolidó procesos de desprecio étnico sobre millones de mestizos pobres, su riqueza petrolera sirvió para ocultar el clasismo y el racismo que más adelante Hugo Rafael Chávez Frías supo explotar a su favor, por ser él un mestizo pobre, despreciado por una oligarquía blanca.

Maduro recogió las banderas de Chávez y se atornilló en el poder, no porque él tenga el carisma del fallecido coronel golpista, sino porque quienes crecieron a la sombra del chavismo, como Diosdado Cabello, lograron consolidar un régimen de poder, en detrimento del viejo establecimiento y la derecha tradicional venezolana.

Recientemente, Maduro Moros espetó que “por las buenas o por las malas” va a ganar en las próximas elecciones. Buscará su tercer mandato. El cerramiento democrático en Venezuela es evidente y se expresó con la anulación de María Corina Machado como aspirante presidencial.

El Salvador, Nicaragua y Venezuela son responsables de que millones de sus connacionales hayan salido de sus territorios en busca del “sueño americano” en los Estados Unidos.

Bukele, Ortega y Maduro son tres sátrapas que gobiernan cada uno con una idea de democracia. Comparten, eso sí, que bajo sus regímenes “democráticos” no hay competidores legítimos porque ellos son los elegidos.

Imagen tomada de periódico digital El Liberal. 

PERIODISTAS SERIOS EN MEDIO DE LA CRISIS DE CREDIBILIDAD DEL PERIODISMO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hasta antes de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, las casas periodísticas tradicionales gozaban de una generalizada credibilidad, fruto, en muchos casos, de la no existencia de medios alternativos y por supuesto, de la incapacidad de una parte importante de las audiencias de confrontar o entender sus siempre parcializadas narrativas periodísticas, cargadas de intereses políticos.

Con la irrupción de las redes sociales, medios como El Tiempo, El Colombiano, El Espectador, Semana y un número importante de informativos radiales y televisivos perdieron poder de penetración en las audiencias, en particular en los jóvenes universitarios. Aunque no se puede negar que aún imponen sus agendas y ponen al país a hablar de lo mismo cada vez que se ponen de acuerdo para minimizar hechos noticiosos poco favorables a los intereses corporativos que defienden.

La llegada del primer presidente de izquierda obligó a los propietarios de los medios masivos tradicionales a tomar partido y a exhibir sin tapujos sus intereses corporativos y políticos. Ejemplo de ello son El Tiempo, del banquero Sarmiento Angulo y Semana, de los Gilinski, convertidos hoy en agentes de la Oposición política. El Colombiano juega también en la arena política como un agente de poder regional desde donde se hace oposición al actual gobierno. Todos tres, junto con otros, hacen periodismo militante.

En varias ocasiones, las informaciones entregadas por estos medios fueron desmentidas o matizadas por el propio presidente Petro. Hay que decir que han caído en la dolosa práctica de las fake news, y en tratamientos periodísticos sesgados o alejados de los principios éticos de sus propios manuales de redacción y actuación.

Bajo esas circunstancias, varios periodistas considerados como “vedettes” del periodismo nacional terminaron enfrentados políticamente.

Daniel Coronell es un periodista judío que jamás comulgó con las prácticas de Álvaro Uribe Vélez y las que este logró extender a través de lo que se conoce como el uribismo, especie de doctrina política seguida por personajes como Iván Duque Márquez, el fiscal Francisco Barbosa Delgado, empresarios, militares, artistas, políticos y millones de ciudadanos del común que siguen de manera fiel al mesías paisa; se suman a esa congregación,  una docena de periodistas que se mantienen en los grandes medios porque demostraron admiración hacia el caballista y latifundista nacido en Salgar. Otros, simplemente, actúan con una gran dosis de pragmatismo para mantener el trabajo. Unos fungen como directores de noticieros de televisión, otros como conductores de programas radiales. Valga señalar a medios como La FM y Blu radio, en cabeza del infantil de Luis Carlos Vélez y el fatuo de Néstor Morales.

Las indagaciones, denuncias y columnas de Coronell, en contra del expresidente y hoy expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, se explican por una vieja disputa jurídica entre los dos. Desde su salida de Semana, Coronell tomó distancia de Vicky Dávila, periodista de derecha, afín al ideario del expresidente antioqueño y de Barbosa Delgado. Incluso, la vieja amistad entre los dos comunicadores quedó hecha añicos por las notables diferencias éticas en el ejercicio del oficio.

A la par del trabajo de Coronell, de desnudar las andanzas y cochinadas de todo lo que rodea a Uribe Vélez, aparece Yohir Ackerman, quien, a través de sesudas columnas, logra exponer las divagaciones y mentiras del fiscal Barbosa, miembro activo de esa cofradía que se conoce como uribismo.

En otra mesa, pero con el mismo afán de investigar y encontrar la verdad, aparece el periodista Gonzalo Guillén quien conoce la trayectoria criminal, según él mismo, de Uribe Vélez desde cuando este fue director de la Aerocivil. Guillén tiene especial interés en denunciar a criminales de cuello blanco. Y al igual que Coronell y Ackerman, sus investigaciones están al servicio de develar todo lo oscuro que se produce al interior de eso que se llama uribismo.

Así las cosas, y a pesar de los buenos oficios de los periodistas aquí reseñados, el país político, académico y periodístico asiste a la más grave crisis de credibilidad de la gran prensa colombiana. Se constata, por ejemplo, que El Tiempo pasó de ser un periódico liberal e históricamente gobiernista, a ser un medio derechoso, interesado en deslegitimar a diario al actual gobierno, por cuenta de las diferencias ideológicas y ético-políticas que separan a Sarmiento Angulo con el presidente Petro. Entre tanto, Semana pasó de ser una prestigiosa revista de investigación y opinión, a servir a los intereses oscuros del fiscal Francisco Barbosa, quien usa a la revista para filtrar información delicada de procesos penales.

En el 2026, cuando Petro entregue el poder, la crisis de credibilidad de la gran prensa en Colombia no cesará de crecer, pues enfilarán sus baterías para que sus mecenas recuperen el poder que la izquierda les arrebató en franca lid.

Termino recordando un par de frases célebres de Ryszard Kapuscinski que bien sirven para comprender todo lo malo que pasa hoy con el periodismo y los periodistas colombianos: “Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante”. “Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos”.

Adenda: resalto el trabajo de medios como Revista Raya, Cuestión Pública, El Unicornio, La Oreja Roja y el del periodista Julián Martínez y, claro, el de Noticias Uno. 

Imagen tomada de la red internet. 

DE RUPTURAS Y RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

 

No hay frase más manida que aquella a la que suelen apelar quienes a pesar de las evidencias de la captura privada y mafiosa de las instituciones estatales, insisten en que “hay que respetar la institucionalidad”. Lo acaba de hacer el presidente del Senado, Iván Name, quien además se declaró “sorprendido” por el llamado a la movilización social que hizo el presidente de la República.

El quiebre o la ruptura institucional a la que alude el jefe del Estado debería de convocar tanto al Congreso, como a los agentes económicos y políticos que por largo tiempo han manejado, con criterios politiqueros, el control sobre el Ministerio Público, la Contraloría General de la República con sede en Bogotá y las sucursales departamentales y municipales. Entonces, aparecen los clanes y las familias de políticos tradicionales como los Char, Name y Gnecco, para nombrar solo a los que hoy sostienen un enfrentamiento político con el presidente de la República.

Listaré algunas de las maneras tradicionales con las que suele afectarse eso que llaman la institucionalidad: la entrega de puestos corbatas (lo hacen todos los gobiernos), el clientelismo, la contratación a dedo; la entrega de secretarías y ministerios a partidos políticos o políticos profesionales. En general, el pago de favores electorales con puestos y recursos económicos.

También aparecen los contratos millonarios a particulares que financian las campañas políticas. Esas “inversiones” de los reconocidos mecenas son el foco de corrupción y captura privada del Estado. Y pasa en todos los gobiernos. En todos. ¿Entonces, de qué tipo de respeto a la institucionalidad estamos hablando? ¿De aquel que valida la corrupción público-privada en cabeza de algunas familias poderosas que ven comprometidas sus ganancias por las acciones emprendidas en su contra por el gobierno de Petro?

Julio César Londoño, reconocido escritor y columnista, sostiene que “este gobierno no nos sacará del foso (tiene dos siglos de profundidad) pero los cambios propuestos -las reformas, la descarbonización, el proyecto hídrico, la justicia legal y la justicia social- tienen que ser políticas de Estado si queremos ser un país viable algún día”.

Londoño alude a un asunto que supera en importancia a aquello que llaman la “institucionalidad” y el consabido respeto que debemos tenerle todos. Ese asunto es el Estado. No existe una única concepción de Estado entre la dirigencia política y empresarial, justamente porque históricamente a sus miembros jamás les interesó pensar desde la perspectiva colectiva que acompaña y le da sentido al concepto de Estado y con este, a políticas públicas de Estado. Por el contrario, lo que les gusta es que cada cuatro años se diseñen e implementen políticas de gobierno que sirvan a efímeros intereses o, unas de Estado, que aseguren la compra de votos y la naturalización de la pobreza.

Daré dos ejemplos. 1. Iván Duque Márquez, siendo presidente de la República, diseñó la política pública de gobierno, llamada Paz con Legalidad para atacar la política de paz de Estado que nació de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. En lugar de dar curso a la política de paz estatal, para lograr una efectiva implementación de lo acordado entre el Estado y las Farc-Ep, Duque la atacó usando la institucionalidad presidencial y comprometiendo las de otras entidades públicas.  ¿De qué respeto a la institucionalidad estamos hablando?

2. Familias en Acción, desde el gobierno de Andrés Pastrana, se convirtió en una política pública de Estado de corte asistencialista y de uso electoral por sucesivos gobiernos. La idea con esa política es garantizar unos votos de la población beneficiada. Además, naturalizan y extienden en el tiempo las condiciones de la pobreza y marginalidad, porque la aplicación de políticas como Familias en Acción termina en lo que se conoce como las “trampas de la pobreza”, que no es más que el aseguramiento de que los pobres y sus descendientes seguirán siendo pobres.

Sería bueno que estos momentos de crispación sirvan para que el gobierno de Petro y quienes quieren sacarlo a sombrerazos de la Casa de Nariño se sienten para acordar qué tipo de Estado necesita este país y qué institucionalidad deberá derivarse de la operación de un Estado responsable y legítimo que cumpla con lo prescrito en la Constitución de 1991. Hasta tanto no se dé lo anterior, hablar de “respeto a la institucionalidad” constituye una bobada y una narrativa insulsa que no deja ver con claridad el gran problema que tenemos como sociedad: somos mafiosos y corruptos.

 Adenda: no es convocando a una masiva movilización social, que bien puede terminar en actos de violencia, como vamos a superar nuestras diferencias y mucho menos, para dejar de ser corruptos y mafiosos.

Imagen tomada de EL TIEMPO.com 

A SOMBRERAZOS QUIEREN SACAR A PETRO DE LA CASA DE NARIÑO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La denuncia de una “ruptura institucional” que el presidente Gustavo Petro hizo en su cuenta de X se da por un cúmulo de hechos políticos y de narrativas que bien vale la pena recopilar, para dimensionar la gravedad de lo expresado por el jefe del Estado.

Con el triunfo político, social y electoral de la izquierda en 2022, el Establecimiento colombiano se resintió en sus estructuras más godas, anacrónicas, mafiosas y violentas. De las grietas que dejó el remezón en las correlaciones de fuerza, brotaron serias incertidumbres y malestares en agentes económicos y políticos que, acostumbrados a tomar decisiones y a presionar otras, desde sus mezquinos intereses, asumieron a Gustavo Petro como el enemigo a vencer, de la única manera que les queda: defenestrarlo.

En todo este entramado de golpe blando, la “ruptura institucional” de la que habla Petro, los medios de comunicación tradicional vienen jugando un papel clave: desinforman, generan pánico económico, ocultan logros del Gobierno y exageran errores, haciéndole creer a las audiencias que el país va hacia un abismo. Otra manera de colaborar es abrir los micrófonos y las páginas de opinión para que, desde esas tribunas, leídas en exclusivos clubes, opinen los enemigos del presidente y de todo lo que huela a izquierda y progresismo.

En su momento, Luigi Echeverry y Alberto Carrasquilla dejaron ver su animadversión. En el diario económico La República, Echeverry escribió lo siguiente: “¡un presidente puede estar enfermo de la cabeza, pero más enfermo está el país que a sabiendas, lo elige! La problemática de Colombia se agravó con la conducta mafiosa que caracteriza al populismo aliado al narcoterrorismo, ese es un grave problema. Pero cuando un líder revolucionario destructor de valor llega al poder, es porque la que está enferma y narcotizada es nuestra sociedad y al que tenemos que curar de las consecuencias de conductas de insensibilidad, indiferencia y corrupción, es al país”.

Si se mira con atención, el discurso del perfumado oligarca se parece mucho al del fiscal Barbosa, quien pregona por el mundo que “él no es opositor de Petro, sino que se opone al narcotráfico y a las mafias”. En esa misma dirección habló el expresidente Pastrana, marginal agente político que la ultraderecha usa para consolidar lo que Petro llama la “ruptura institucional”.

Entre tanto, Carrasquilla dijo en La W de Julio Sánchez Cristo, que “el gobierno está pasando aceite, porque ya se acabó”. Es decir, de manera temprana el economista neoliberal y uribista dio por terminado el periodo presidencial, por la incapacidad del presidente de guiar los destinos de Colombia, de acuerdo con su interesado parecer.

Sacar del cargo a Petro deviene en un objetivo estratégico de ese grupo poderoso de agentes económicos y políticos que no acepta que un “guerrillero comunista” los gobierne. Acostumbrados a dar órdenes desde un escritorio, la consecución de ese objetivo debe darse aparentemente dentro de la constitución y la ley.

Cuando Petro habla de una “ruptura institucional” alude a las maniobras y acciones de persecución política emprendidas desde la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de la ficha del clan Char en el Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco. Las sanciones al canciller Leyva Durán y al director de la SAE, Daniel Rojas dan cuenta de las pretensiones desestabilizadoras de Cabello Blanco. Las decisiones administrativas de la funcionaria parecen ir en defensa de los intereses de actores políticos y económicos asociados al negocio de los pasaportes y al manejo irregular y mafioso que se venía dando de los bienes administrados por la SAE, históricamente manejados con criterios politiqueros, clientelistas y mafiosos. Así las cosas, las actuaciones disciplinantes de la jefa del Ministerio Público estarían motivadas por presiones aceptadas de grupos de poder, legales e ilegales.

Mientras que Cabello Blanco actúa, al compás lo viene haciendo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa quien convirtió a la Fiscalía en un partido político y en plataforma electoral, lo que le permitió erigirse como un precoz candidato de la ultraderecha para las elecciones de 2026. Gremios económicos como Fenalco y Andi apoyan al vocinglero funcionario que este 12 de febrero deja el cargo de fiscal general con una gestión negativa en materia de investigaciones y procesos penales concluidos. Con un 94% de impunidad en los casos de corrupción público-privada, Barbosa bien podría ser el “tigre” que Uribe presentará totalmente amaestrado a las elecciones de 2026.

Al respecto, Petro señaló en su trino que “la respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana. La fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó”

Entre tanto, a la fuerza desestabilizadora y desinstitucionalizante de Cabello y Barbosa se sumó el silencio cómplice de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia que nunca llamaron la atención del fiscal Barbosa, por sus intervenciones en política, en particular por los agrios enfrentamientos públicos con el jefe del Estado.

Mientras desde la Procuraduría y la Fiscalía se ataca al jefe del Estado, desde la Corte Constitucional se frenan decisiones de política pública encaminadas a resolver de una vez por todas los ECI (Estados de Cosas Inconstitucionales) que se expresan de tiempo atrás en La Guajira. El 8 de febrero la Corte Suprema de Justicia en pleno podrá deslindarse de la Ruptura Institucional de la que habla el presidente en relación con la elección de la nueva fiscal general, de una terna de lujo. Al respecto, Petro señala en su denuncia que “esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes”.

Lo expresado por Petro mete más presión a los togados y togadas del alto tribunal, en particular a los 13 que votaron en blanco, cuando votar en esa dirección se lee como un tardío rechazo a las calidades de las ternadas, cuyas hojas de vida ya han sido estudiadas por los magistrados y magistradas.

El proyecto político de la ultraderecha, consistente en sacar a Petro del poder, termina con el juicio político que ya anunció el exguerrillero del M-19 y excompañero de Petro, Carlos Alonso Lucio. Esta veleta ideológica fijó para el 12 de junio el juicio político contra Petro, orquestado desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. En plenaria del Senado se fijaría la salida del cargo del jefe del Estado.

Lo mejor que puede hacer el presidente de la República es cumplir con la promesa de campaña, consistente en convocar una comisión internacional contra la corrupción, con el apoyo de la ONU. La misma que actuó en Guatemala, liderada por el hoy ministro de la Defensa, Iván Velásquez Gómez.  

Ni siquiera en los tiempos de Samper Pizano se buscó un quiebre o una ruptura institucional por la probada financiación de su campaña electoral con dineros del Cartel de Cali. En esta ocasión el quiebre institucional que se propone desde las entrañas del Estado está motivado por los resquemores hacia el primer presidente de izquierda que gobierna un país manejado por una derecha que no quiere soltar privilegios y mucho menos entregar el Estado para que desde sus instituciones se dé cumplimiento a los mandatos de la Carta Política de 1991. Por el contrario, esa misma derecha sueña con regresarnos a los principios de la Constitución de 1886, la misma que les facilitó la captura mafiosa del Estado. 

Imagen tomada de Semana.com 

PRESIDENTE GUSTAVO PETRO DENUNCIA “RUPTURA INSTITUCIONAL” PARA SACARLO DEL PODER

 

Por Germán Ayala Osorio

Por considerar de extrema gravedad lo que el presidente de la República, Gustavo Petro denuncia en su cuenta de X, se reproduce entre comillas la totalidad de lo dicho por el jefe del Estado, hoy 2 febrero de 2024. Las negrillas y el subrayado son míos:

 

“Le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia: He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la república, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de EEUU y el Consejo de seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan. No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la fiscalía investiga al presidente de la República.

Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la fiscalía buscan la salida del Presidente del cargo elegido por el pueblo.

Incluso hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero.

No es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias "el ñeñe" que la del sindicato de maestros; a la contribución de alias "el ñeñe" la calificaron como legal, a la del sindicato de profesores la califican de ilegal porque somos progresistas.

Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes.

La respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana. La.fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó.

Como hicieron físicamente con la UP, ahora piensan usando las instituciones, hacer lo mismo para que aparezca como la gran obra de despedida del fiscal general. Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la república debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llego el momento de la expresión popular”.

Imagen tomada de EL TIEMPO 

MIGRANTES EN LA FRONTERA ENTRE MÉXICO Y USA: OBSCENO ESPECTÁCULO

 

Por Germán Ayala Osorio

Las imágenes que dejan las prácticas genocidas perpetradas por Israel en Gaza son impúdicas y producen asco hacia el Estado sionista e invasor; quizás no en la misma dimensión, pero las imágenes de cientos de miles de inmigrantes latinoamericanos y africanos apostados en la frontera entre México y Estados Unidos también son obscenas y generan repudio no solo hacia los gobiernos de los países de origen de estos migrantes, sino hacia el norte opulento y la globalización misma, mirada esta como una variable económica importante, que refleja las sempiternas relaciones de dominación entre Norte y Sur.

Mientras los migrantes esperan a que se abran las compuertas que les impide dejar atrás el infierno de las caminatas y sus sufridas vidas en sus países de origen, al interior de los Estados Unidos, la tierra prometida del capitalismo, republicanos y demócratas hacen todo para que semejante crisis humanitaria se extienda en el tiempo.

En el actual contexto electoral, la penosa situación de los inmigrantes en lugar de atenuarse tiende a volverse más gravosa. Si Trump resulta electo, lo más probable es que endurezca las medidas anti migratorias, que lo lleven a poner un inexpugnable tapón en la frontera con México. Además de cerrar la frontera con el país azteca, Trump iniciaría una persecución étnico-racial de todos aquellos latinoamericanos y africanos cuyo estatus migratorio no esté resuelto. Los sentimientos nacionalistas y xenofóbicos pondrían a los migrantes en situación de riesgo ante la intemperancia de la “migra” y de los americanos “puros” que odian a todos aquellos que les hablan con acento o que tienen un color de piel diferente.

Biden podría intentar morigerar sus medidas migratorias, pensando no solo en minimizar el impacto electoral de la actual crisis humanitaria que se vive en la frontera mexicana, sino en responder a los empresarios del campo afectados por el impedimento de contratar mano de obra barata e ilegal (mexicanos, colombianos, hondureños) para recolectar frutas y dar cuenta de otras actividades agrícolas.

Lo cierto es que la suerte de cientos de miles de andrajosos está en manos de los siempre interesados discursos de republicanos y demócratas. Sus militantes y seguidores juegan el rol de jueces, pues ellos terminan decidiendo quién entra, es decir, quién vive, o quién no. Así, de esa manera, se erigen como Dioses, hijos del capitalismo y de una malograda globalización. Mientras ello sucede, los gobiernos de los Estados expulsores siguen como si nada, porque lo de ellos es mantener la pobreza doméstica, la misma que les asegura su legitimidad y el tutelaje del gran país del norte.

Mientras que Israel asesina palestinos pobres, pensando muy seguramente en favorecer los procesos de gentrificación que se pondrán en marcha en las zonas devastadas y ocupadas, los pobres de esta parte del mundo mueren lentamente, mirando cómo se desvanece el llamado “sueño americano”. Las prácticas genocidas de Israel y el juego electoral y político con los inmigrantes, al interior de los Estados Unidos, hacen parte de un mundo deshumanizado y violento.

Imagen tomada del NYT

FINANCIACIÓN DE CAMPAÑAS POLÍTICAS: ENTRE EL CLIENTELISMO Y LA MEZQUINDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La financiación privada de las campañas electorales en Colombia es una forma de clientelismo y de corrupción público-privada que suele usarse, cada cuatro años, para deslegitimar a los ganadores, llámense presidentes, alcaldes o gobernadores. Mientras ello sucede, los mecenas, pequeños, medianos y grandes, exigen devuelta lo invertido, bien sea en contratos millonarios, puestos corbata para hijos y familiares o contraticos en oficinas  públicas. 

Entonces, viene el asunto de los topes, mecanismo falaz y artificioso con el que se justifica el trabajo siempre amañado de las autoridades electorales, conformadas previamente con criterios politiqueros. Como siempre ocurre, se abren y se celebran a rabiar investigaciones contra los gerentes, fiscales y contadores, para luego irlas cerrando en completo silencio.

Mientras se señala e investiga a quienes manejaron la campaña Petro presidente, la derecha, con denodado ahínco, exige la caída de Petro por ser beneficiario directo de la financiación irregular de las actividades proselitistas, por los dineros que su hijo se apropió de polémicos políticos de la costa Caribe que desembolsaron grandes cantidades de dinero en efectivo y por haber violado los topes, de acuerdo con las versiones periodísticas que circulan en los medios tradicionales. Los topes máximos constituyen una ridícula invención porque todos saben, incluidas las autoridades, cuáles son las triquiñuelas que existen para producir el engaño y el auto engaño a la hora de justificar gastos y desviar los recursos recibidos.

En todo este asunto sobresale la hipocresía de unos agentes políticos que en el pasado se opusieron a que, en proyectos de reforma política y electoral se aprobara que fuera el Estado el responsable de la financiación total de los costos de las campañas, en particular de las presidenciales. La reposición de votos es ya una forma de financiación estatal. La idea es que los costos en publicidad también los asuma el Estado, para evitar así la hiperinflación que sufren cada cuatro años los precios de las piezas publicitarias.

La participación interesada de poderosos agentes privados en la financiación de las aventuras electorales está asociada a las ideas que estos tienen sobre el país, cuál debe ser el papel del Estado y cuál el tipo de desarrollo económico que necesita Colombia. Porque hay una realidad inocultable: el actual modelo de desarrollo, insostenible sistémicamente, sale de las imposiciones de los mecenas que por décadas financiaron las campañas de candidatos presidenciales de corte neoliberal, ignaros de lo que significa ser un país biodiverso y enemigos de consolidar un Estado y una sociedad modernas y civilizadas.

Agentes económicos como Sarmiento Angulo y otras familias de terratenientes y clanes políticos que viven de la captura mafiosa del Estado regional en varios departamentos y que claramente son enemigos de las selvas, son responsables de costear los sueños presidenciales de candidatos como César Gaviria Trujillo, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana e Iván Duque Márquez, politicastros que jamás entendieron qué es eso de ser un país biodiverso y pluricultural.

Por el contrario, todos a pie juntillas creyeron en el desarrollo agroindustrial soportado en el modelo de la gran plantación (monocultivos de caña de azúcar y palma africana) considerados por ambientalistas como “ecosistemas emergentes”, mirados así con el objetivo de legitimar su existencia, subvalorando o negando sus impactos socio ambientales, paisajísticos y ecológicos. Fueron también cómplices de la potrerización de selvas y praderas y por supuesto de la expansión de títulos mineros que terminaron en manos de guerrillas y narco paramilitares. La minería ha devastado ríos y selvas bajo la mirada serena de gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez, quizás el peor de todos en materia de debilitamiento de las instituciones ambientales, deforestación, potrerización y expansión de la minería legal e ilegal en territorios biodiversos y diversos culturalmente hablando.

Así entonces, en la financiación de las campañas electorales confluyen lo que somos como individuos y como sociedad: mezquinos, estúpidos, hipócritas, cercanos y admiradores del ethos mafioso; así como temerosos y alejados de complejas discusiones en torno a lo que significa vivir en medio de selvas húmedas, meandros y otros ecosistemas estratégicos, asumidos por millones de colombianos, incluidos los políticos, como obstáculos para alcanzar el siempre fantasioso desarrollo sostenible.

Imagen tomada de Caracol

NO HUBO CONCILIACIÓN ENTRE PETRO Y PASTRANA: ¿QUÉ HACER CON LOS EXPRESIDENTES?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

No hubo conciliación entre Pastrana y el presidente Gustavo Petro en el marco de la demanda que por injuria y calumnia el jefe del Estado interpuso contra el expresidente conservador. Mientras Pastrana señaló que no se retractaría de lo dicho, Petro exigió una indemnización de 130 millones de pesos por los daños morales que le produjo los señalamientos de Pastrana en los que dijo que el gobierno tiene vínculos con narcotraficantes, razón por la que los estaría favoreciendo; afirmó también que Petro se benefició de dineros calientes que entraron a la campaña Petro presidente.

Un sector de la prensa afecta al establecimiento del que hace parte marginal el hijo de Misael Pastrana Borrero, insiste en que se trata de una persecución política del gobierno contra un agente de la Oposición. Sin duda alguna, una exageración si se tiene en cuenta que la vigencia política del politicastro conservador obedece más a la pleitesía mediática y a la tarea que asumieron varios periodistas de deslegitimar al gobierno. Pastrana no tiene el reconocimiento social y político suficiente para asumir su figura como la de un intelectual o la de un líder de opinión, valorado por sus sólidos e iluminantes discursos.   

En ese mismo sentido, Pastrana Arango se preguntó en su cuenta de X si ya estaba operando la “Policía Política” en Colombia porque una agencia estatal retuiteó el comunicado de la Casa de Nariño en el que se habla del valor tasado para la indemnización y el destino de ese dinero en caso de ganar la demanda.

Aunque Pastrana no aportó pruebas, sustenta sus declaraciones en versiones periodísticas que han circulado ampliamente y sobre las cuales se ha intentado deslegitimar al gobierno Petro.

Los golpes contundentes que la Fuerza Pública viene dando a los narcotraficantes hacen pensar en que no es posible que Petro tenga vínculos directos con las estructuras mafiosas. Sus luchas contra la corrupción libradas por varios años como Congresista y las denuncias de los nexos entre clase política con narco paramilitares permiten desestimar los temerarios señalamientos de su enemigo, Andrés Pastrana.  Si Pastrana tuviera razón, cómo explicar que el gobierno de los Estados Unidos apoye su política de golpear exclusivamente las finanzas de los narcos, en lugar de perseguir a los campesinos que sobreviven de cultivar la hoja de coca.

La campaña de Petro no podría estar alejada de escándalos similares por tratarse del primer presidente de izquierda que conquista el poder presidencial. En esta oportunidad no se habla de narcos en ejercicio, sino de ex narcos que habrían donado fuertes cantidades de dinero a Nicolás Petro, hijo del jefe del Estado, quien colaboraba en la campaña de su padre. Eso sí, los daños que su primogénito le hizo a la imagen del presidente y en general a la izquierda son incalculables. A ello hay que sumar denuncias de gastos excesivos de su esposa, la primera dama, Verónica Alcocer.

Más allá de la situación judicial, vale la pena recordar algunos históricos y sonados señalamientos que no terminaron en querellas, entre presidentes en ejercicio y los siempre incómodos expresidentes que no saben qué hacer ante la viudez del poder.

Recordemos cuando Andrés Pastrana señaló de paramilitar al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, investigado por la Corte Suprema de Justicia por vínculos con los paramilitares y con procesos abiertos en Fiscalía y en la inservible Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por las masacres del Aro y la Granja y el crimen del defensor de derechos humanos, José María Valle, perpetrados por estructuras paramilitares.

En entrevista que concedió al periodista mexicano, Jorge Ramos, y ante la pregunta “¿Uribe está vinculado con los paramilitares?”, Pastrana respondió: “yo lo he denunciado, yo fui de los primeros, tanto que Uribe cuando fue el señor Mancuso al Congreso dijo que 60% del Congreso estaba comprado”. La pregunta es: ¿Por qué Uribe no lo demandó? Son muchas las elucubraciones que se pueden hacer para explicar la no actuación judicial del ladino caballista y latifundista antioqueño.

En otro momento de la reciente historia de señalamientos y peleas entre los expresidentes, y con el mismo tema de la financiación mafiosa de las campañas políticas, el expresidente Uribe Vélez dijo que a la campaña Santos presidente de 2010 entraron dineros de los narcotraficantes. Para ese entonces, el expresidente iliberal, César Gaviria Trujillo, que acompañó a Santos en su aventura presidencial, gritó, muy a su estilo vocinglero, “Uribe mentiroso, Uribe mentiroso…Uribe tiene que presentar las pruebas, o si no, este pueblo de Colombia va a estar gritando, Uribe mentiroso, Uribe mentiroso”.

Tanto los señalamientos del infantil Andrés Pastrana, como las sospechas que Uribe puso a circular sobre los dineros sucios que entraron, según él, a la campaña de Santos, dan cuenta del eterno problema de la financiación de los políticos que buscan llegar a la Casa de Nariño. Huelga recordar que lo mismo sucedió con la empresa electoral de Iván Duque Márquez, con las fotografías que circularon masivamente, en las que se ve su cercanía con el empresario y narcotraficante, Ñeñe Hernández, quien habría aportado millones de pesos para sufragar gastos de la campaña electoral que llevó a Duque a la presidencia en calidad de presidente-títere.

Con lo sucedido vuelve a ponerse en cuestión el papel de los expresidentes de la República. Y es que el país no sabe qué hacer con estos “muebles viejos” que siguen opinando y dando cátedra sobre los errores cometidos por los presidentes en ejercicio, cuando durante sus periodos presidenciales cometieron los mismos errores y otros más graves. La verdad es que está en mora el Estado en construirles una casa de reposo para que pasen en esta sus últimos días, porque son más los daños que hacen, que los aportes que le entregan a la construcción de un mejor país. Eso sí, sin acceso a internet, y mucho menos podrán tener acceso a mujeres o niñas. 

Imagen tomada de la FM

 

ELECCIÓN DEL REMPLAZO DE FRANCISCO BARBOSA: DOS NARRATIVAS, UNA SOLA VERDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La ya sospechosa dilatación de la elección de la nueva fiscal general de la Nación por parte de los 23 magistrados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene enfrentado ideológica y políticamente al país. Se ven dos bandos claramente diferenciados: de un lado, están quienes sospechan que hay togados interesados en pagarle favores clientelares al fiscal saliente, Francisco Barbosa, asegurando que la controvertida vicefiscal Martha Mancera asuma la encargatura del ente acusador por lo menos por dos meses o más. También, que hay poderosos agentes económicos y políticos, legales e ilegales, interesados en que la administración de Barbosa se extienda en el tiempo en los “huesitos y las carnitas” de Mancera. En ese bando aparecen los petristas, algunos juristas serios, periodistas independientes y el gobierno de Gustavo Petro.

El otro bando, en el que están uribistas y fervorosos anti petristas, creen que la presión que desde las redes sociales se viene haciendo a los magistrados de la CSJ obedece al interés del presidente Petro de que rápidamente se elija a la fiscal para salvaguardar la suerte de su hijo Nicolás Petro, procesado por enriquecimiento ilícito. La nueva fiscal, de acuerdo con esa narrativa, por el hecho de haber sido ternada por el jefe del Estado estaría en la obligación de defender los intereses, políticos y personales del presidente de la República. Es decir, que cualquiera de las tres mujeres ternadas que resulte elegida como fiscal general de la Nación será ficha de Petro y en consecuencia actuará desde uno de los bolsillos de la camisa del presidente de los colombianos.

De ambos bandos surgen narrativas diametralmente opuestas, defendidas con ardentía por Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro. El primero, acusa al presidente Petro de proteger y beneficiar a las estructuras criminales (narcos, en particular), de ahí su interés de poner en el búnker de la Fiscalía a quien daría continuidad a esa apuesta presidencial. Por supuesto que ese discurso de Barbosa no tiene asidero por ser fruto de la animadversión que le produce la figura presidencial y porque, contrario a su propio caso, las ternadas por Gustavo Petro no son sus amigas entrañables. En este punto hay que recordar que el entonces presidente-títere, Iván Duque Márquez ternó a Francisco Barbosa y fue la CSJ que lo eligió Fiscal general de la Nación, hasta el 12 de febrero de 2024.

Recientemente, periodistas afectos a Barbosa recogieron la insinuación del saliente fiscal en la que señaló que Petro estaría preocupado por la suerte de su hijo, Nicolás Petro, quien está procesado por enriquecimiento ilícito, por haber recibido millonarios recursos económicos durante la campaña Petro presidente. Lo mejor que puede pasar es que el juez que lleva el caso del hijo de Petro falle cuanto antes, para evitar que caiga mancha alguna sobre las mujeres ternadas, y en particular sobre quien resulte elegida. Si hay pruebas contundentes, que lo condene. Y si, por el contrario, no hay pruebas suficientes que demuestren la comisión del delito, entonces que falle en consecuencia.

Entre tanto, Gustavo Petro descalifica la gestión de Barbosa, apoyado en investigaciones de periodistas muy serios como Gonzalo Guillén, Daniel Coronell y Jahir Ackerman, que señalan, entre otras cosas, que Mancera tendría vínculos con fiscales mafiosos de Cali que a su vez tendrían relaciones con narcos del norte del Valle del Cauca. De igual manera, las mismas investigaciones periodísticas aluden a que Barbosa y Mancera estuvieron comprometidos en defender las actuaciones oscuras de políticos de los clanes Char, Gnecco y Name; y en la decisión institucional de no someter a la justicia a los miembros del clan del Golfo.

El tamaño de la corrupción público-privada en Colombia es colosal. Y lo peor de todo es que no se vislumbra solución alguna, pues en las prácticas corruptas están involucradas, políticamente, la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, jueces, congresistas y magistrados de las altas cortes.

Los carteles de la Toga, la Hemofilia, y el caso de las Marionetas dan cuenta de verdaderas empresas criminales cuya operaciones giraron, de un lado, en torno a magistrados que vendían fallos amañados y, del otro, alrededor de congresistas corruptos con capacidad para desviar millonarios recursos de dependencias estatales a las que tuvieron acceso gracias a funcionarios conectados directamente con dependencias estatales como el Departamento para la Prosperidad (DPS) o a programas de inversión para la paz o aquellos asociados a políticas públicas de corte social.

En medio de esos entramados de corrupción aparece la Fiscalía general de la Nación no como una entidad diseñada para perseguir, investigar y acusar a los corruptos, sino como una convertida para evitar, justamente, que se investiguen esas conductas punibles. De tiempo atrás la Fiscalía opera como una bolsa de empleo a la que se accede a través de componendas entre togados de la Corte Suprema de Justicia y los fiscales generales que han dirigido el ente acusador para tapar, minimizar, ocultar  y evitar calificar las conductas de altos funcionarios del Estado y las de particulares con poder económico y político,  con acceso a las más altas esferas de la dirección de la Fiscalía general de la Nación e incluso, de la presidente de la República.

Por todo lo anterior, la elección del Fiscal general de la Nación se asume, desde un deber ser, como una oportunidad para frenar y castigar los crímenes, incluidos los actos de corrupción; por el contrario, desde la tradición y el ya naturalizado ethos mafioso, para perpetuarlo, así como las relaciones clientelares y el crimen. No es gratuito que la impunidad en el país ronde el 94%.

Los mecanismos para elegir a las cabezas visibles de la Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía general de la Nación devienen enrevesados desde el diseño constitucional mismo. Es así porque están contaminados por los sempiternos intereses políticos asociados al pago de favores cuando quien gana las elecciones comprende que está en la obligación de entregar dichas entidades a los partidos políticos para su administración, saqueo o direccionamiento para tapar o destapar, de acuerdo con los acuerdos mafiosos logrados entre las colectividades que resultaron ganadoras en las elecciones. Petro está lidiando con los acuerdos clientelares y políticos que Iván Duque Márquez consolidó y legitimó durante sus pérfidos cuatro años. Lo cierto es que hay dos narrativas contrarias en la ya enrevesada elección del remplazo de Barbosa y una sola verdad: la corrupción en Colombia no se acabará jamás.

Imagen tomada de Canal 1.