ASAMBLEA CONSTITUYENTE, ACUERDO DE PAZ Y LA REELECCIÓN DE PETRO

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La propuesta de usar el Acuerdo de Paz de La Habana como excusa para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) resulta a todas luces inconveniente políticamente. No solo por la actual crispación política e ideológica por la que atraviesa el país, sino porque usar ese documento para ese propósito sería reconocer que el Estado ha incumplido con lo acordado y consignado en ese texto, lo que sería mal visto por los países garantes y acompañantes y por la misma ONU que evalúan de cerca la etapa de implementación en la que está el proceso de paz de La Habana. Es decir, después de tres gobiernos, incluido el de Petro, al Estado le quedó grande cumplir con lo pactado en territorio cubano.

Aunque la propuesta fue lanzada por Álvaro Leyva Durán, esta coincide con el deseo del presidente Petro de ir a la ONU a reconocer que el Estado efectivamente está incumpliendo lo acordado en temas como la reforma agraria, la desconcentración de la tierra, la protección de la vida de los firmantes de paz (más de 400 ya fueron asesinados) y el catastro multipropósito, entre otros temas centrales.

Esto dice el párrafo con el que Leyva Durán cree viable y justificable convocar a una ANC: “…el Gobierno de Colombia y las FARC-EP…convocarán a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social” (p.7).

Otro elemento que se suma a la inconveniencia de lo propuesto por el exministro y excanciller es el resultado negativo de las votaciones del plebiscito por la paz del 2 de octubre 2016. El triunfo del No es un obstáculo social, histórico y político insalvable en la medida en que quienes votaron negativamente al acuerdo de paz hacen parte del constituyente primario. Insistir en dividirlo entre amigos y enemigos del gobierno o de la paz, resulta poco democrático. Las democracias modernas no pueden validarse sobre el poder exclusivo de las mayorías, y por esa vía, atropellar las aspiraciones de quienes resulten derrotados en cualquier escenario electoral. Aunque ese triunfo fue pírrico, sigue siendo una de las causas que ayudan a mantener altos los niveles de crispación ideológica y política que el país soporta desde el 7 de agosto de 2022 cuando se posesionó como presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.  

La interpretación que Álvaro Leyva de una parte del texto firmado por los plenipotenciarios del gobierno de Santos y los de las Farc-Ep sacudió a los expresidentes Gaviria, Uribe, Santos y Duque, todos ellos políticos serviles al viejo Establecimiento colombiano. El primero de aquellos propuso una coalición para llegar a las elecciones de 2026 con un solo candidato. Gaviria estaría buscando revivir el Frente Nacional, lo que abocaría al país a regresar al cerramiento democrático que implicó la alternancia en el poder entre liberales y conservadores.

Más allá de las reacciones temerarias de Gaviria, lo cierto es que el presidente Petro se equivoca al insistir en convocar a una ANC por cuanto no tiene las mayorías en el Congreso, los medios corporativos están en su contra y hay actores económicos que no lo respaldarían en esa aventura, lo que podría dar al traste con su apuesta de reformar la carta política para, como ocurrió en 1991, pacificar el país y llevar al Estado y a la sociedad al esquivo escenario de modernidad.

Nadie niega que hay fuerzas políticas que están usando las bancadas de los partidos políticos para torpedear el trámite de las reformas sociales propuestas por el gobierno y sobre las cuales hay consenso alrededor de su necesidad para allanar los caminos que lleven al país algún día a operar como una verdadera República y no como un orden feudal atado a la voluntad de unos Señores Feudales a los que no les interesa soltar el poder y mucho menos perder privilegios de clase.

Es evidente el desespero del presidente de la República porque sus reformas sociales mueren lentamente en un Congreso cuyos legisladores están cumpliendo órdenes de sus financiadores (EPS, banqueros, industriales y clanes políticos) consistentes en negarse a tramitar y aprobar las reformas a los sistemas pensional y salud y al régimen laboral.

Lo mejor que puede hacer el jefe del Estado es insistir hasta donde se pueda para lograr sacar adelante las reformas. Si el fracaso es inminente, el camino que queda es consolidar la narrativa de la frustración que le permita en las elecciones de 2026 echarle la culpa a la derecha uribizada de lo ocurrido con sus fallidas reformas. Esa narrativa podría resultar más beneficiosa electoralmente para el petrismo y el progresismo, que insistir en una ANC que por ahora la derecha rechaza con vehemencia. Tanta insistencia en esa salida institucional a los eternos problemas del país puede llevar a que agentes poderosos del Establecimiento le “cojan la caña” a Petro, con el riesgo que subsiste de que una vez en ese escenario constituyente, el país puede terminar regresando a los tiempos de la constitución de 1886.

El factor reelección presidencial aparecerá inexorablemente una vez se convoque a la ANC. Una vez ahí, la derecha haría ingentes esfuerzos por hacer posible el regreso del inefable expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque Petro ha dicho varias veces que no está interesado en reelegirse, la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, manifestó lo contrario: “Sí queremos la reelección del presidente Petro y la promovemos”.

Revivir la reelección para el propio beneficio del actual presidente hace recordar la mezquindad y la avaricia de Uribe Vélez cuando hizo comprar su reelección para beneficiarse directamente. Luego de ocho años, se quiso quedar 4 más.  Lo que menos puede hacer Petro es parecerse a Uribe. Presidente Petro: termine su mandato y váyase a descansar un tiempo. Para que su proyecto político se haga realidad, se necesita de un cambio cultural, casi civilizatorio, en el que la derecha no está interesada porque el escenario predilecto de sus más visibles miembros es la violencia, la pobreza extrema y el desarrollo económico soportado en el modelo de la gran plantación  y el extractivismo. 

Imagen tomada de El Colombiano.com

OLMEDO LÓPEZ: LA VEDETTE DEL ETHOS MAFIOSO

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los medios corporativos que le hacen oposición política al actual gobierno convirtieron al corrupto Olmedo López en una vedette del ethos mafioso que se naturalizó en varias entidades del Estado, y en particular en la UNRGD. En esas andan Semana, Caracol y Blu radio. 

El afán de entrevistarlo al aire y en directo no es conocer las razones y las circunstancias personales que lo llevaron a actuar de manera dolosa en el manejo de los recursos públicos, sino en tratar de sacarle con tirabuzón el titular que necesitan: el presidente Petro sí sabía, esto es, estaba al tanto de los torcidos detrás del contrato de los carrotanques de agua para La Guajira y de los convenios interadministrativos firmados, con los que supuestamente usaron millonarios recursos del presupuesto de la UNRGD para comprar congresistas, incluidos los presidentes de Cámara y Senado.

Los periodistas no le preguntan a Olmedo por los contratistas porque a lo mejor se encuentran con desagradables sorpresas. Solo indagan por los nombres de políticos cuestionados de tiempo atrás, que podrían estar envueltos en los actos de corrupción a los que viene aludiendo López, sin pruebas contundentes. El espectáculo mediático que montaron con el corrupto exfuncionario está fundado, por ahora, en la intriga, en el señalamiento y en insinuaciones, a la espera de que la “matriz entregada a la Fiscalía” le haga el milagro de irse para la casa a pagar una pena mínima de restricción a la libertad y sin devolver un solo peso al Estado.

La gran prensa bogotana intenta, usando a Olmedo López, convertir ese caso de corrupción público-privada de la UNRGD en un escándalo superior a los hechos que dieron vida al proceso 8.000, con el que, en su momento, esa misma prensa respaldó a los sectores de la derecha que quisieron tumbar al presidente de la época, Ernesto Samper Pizano. En varias ocasiones los “acuciosos” periodistas han sembrado la duda a través de la pregunta: ¿Cómo es posible que el presidente no se diera cuenta de lo que sucedía en la UNRGD o de lo que hacían los ministros y asesores que, según López, hicieron parte del matute y de la compra de conciencias? La pregunta se traduce en la célebre frase de Samper: “los dineros de la mafia entraron a mis espaldas”. Y claro que la pregunta tiene sentido y es preciso hacérsela sin olvidar que ese interrogante debieron expresarlo públicamente en otros casos como el de Centros Poblados y los Falsos Positivos durante los gobiernos de Uribe y Santos.

Queda claro que Olmedo usa a los medios para presentarse como un “político que lleva 30 años luchando por Colombia”, que se equivocó, que cometió un error. Es curioso pero tanto Olmedo como sus entrevistadores se cuidan de no usar la palabra delito. Olmedo se presenta arrepentido, pide perdón al país, lo que explica su gran gesto de contar lo que pasó al interior de la UNRGD de la que fue su director. Con su lastimero show, Olmedo presiona a la Fiscalía para que lo acepte como testigo estrella y logre así un tratamiento especial que le permita en el corto plazo disfrutar en libertad de los dineros que muy seguramente se embolsilló porque resulta poco creíble que se haya prestado para ese entramado de corrupción y no haya sacado una millonaria tajada.

Por su parte, las empresas mediáticas usan a Olmedo para deslegitimar al gobierno de Gustavo Petro. Es decir, se trata de una relación política en la que ambas partes ganan: Olmedo visibiliza su acomodaticia ética y su inmoralidad política y los medios ganan rating y de paso afectan la imagen del gobierno al que le hacen la oposición política que jamás le hicieron a Uribe, Santos y al presidente que más “mimaron”: el eterno aprendiz, Iván Duque Márquez, el puppet de Uribe Vélez.

Aunque Petro asumió la responsabilidad política por haber puesto en la UNRGD al torcido del Olmedo López, para los medios no es suficiente, porque lo que están buscando es su caída. Cuando se perdieron los 70 mil millones de pesos en el sonado caso de corrupción de Centros Poblados, el entonces presidente, Iván Duque Márquez, en lugar de pedirle la renuncia a la ministra Karen Abudinen responsable administrativa y políticamente de ese contrato, la respaldó y la mantuvo en su cargo. Aunque Olmedo no ostenta la dignidad ministerial, se le abona al presidente de la República que tomó la decisión de sacarlo de la entidad.

En su perverso juego de contra poder, las empresas mediáticas olvidan o dejan de lado la función educativa que se les reconoce. Al convertir a López en una vedette del ethos mafioso, la lucha contra la corrupción pierde sentido porque a la opinión pública no se le está entregando un análisis de los elementos de la ética individual bajo los que actuó el exdirector de la UNGRD, Olmedo López. Y lo que es peor, los periodistas no están haciendo un llamado a los más reconocidos agentes sociales y económicos de la sociedad civil, y mucho menos a los directores de los partidos políticos para que fustiguen los hechos de corrupción. Ni los presidentes de Fenalco, Andi, Comité Intergremial y Acopi salieron a los medios a gritar ¡basta ya con la robadera!

Convertir un caso de corrupción como el presente en un espectáculo mediático, con fines políticos, habla muy mal de unos medios corporativos poco interesados en informar y analizar unos hechos noticiosos que están dando cuenta de un problema mayúsculo: la naturalización del ethos mafioso, fruto de la avaricia, el hambre de poder, la codicia y la perversidad de la clase política y de los políticos de ese arcoíris de la corrupción al que viene aludiendo Olmedo, la celebridad del ethos mafioso.

Imagen tomada de Blu radio

JUICIO CONTRA URIBE: CUIDADO CON CONSTRUIR UN MÁRTIR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el ocaso de su azarosa vida pública y privada, Álvaro Uribe Vélez enfrenta un juicio por graves delitos penales. Ese vergonzoso escenario debería de servir para que sus áulicos y seguidores entiendan que nadie puede estar por encima de la ley. Aunque se sabe que, si algo guía a los uribistas es la intransigencia, una lealtad amañada a intereses económicos y políticos cercana a la que se produce y reproduce en clanes y mafias y la ceguera que brota de la confusión moral y ética en la que deambulan. Al final, esas circunstancias terminan por afectarles la razón, hasta llevarlos a actuar bajo principios propios de la irracionalidad.

Aunque la prensa corporativa que lo protege de tiempo atrás hace ingentes esfuerzos por minimizar lo escandaloso que suena ser el primer expresidente de la República acusado y llevado a juicio, la solidez del material probatorio les hace casi imposible construir un mártir sobre el supuesto de que es un perseguido político y víctima de sus detractores, todos estos amigos del “terrorismo, apátridas, castrochavistas y comunistas consumados”.

Aunque el propio imputado lo ha intentado presentándose en universidades privadas, la verdad es que parece casi imposible que de ese juicio brote un mártir. Hay que recordar que desde el preciso momento en el que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo vinculó a la comisión de los delitos y ordenó su detención domiciliaria, varias empresas mediáticas afectas a la causa uribista le abrieron los micrófonos para que Uribe pudiera despotricar de la justicia, burlarse de su majestad, así como poner en duda la idoneidad de las juezas que negaron las impúdicas solicitudes de preclusión emanadas desde la Fiscalía de Francisco Barbosa.

Aunque lo sigan intentando, la vejez del hoy acusado y el creciente rechazo social, cultural y político que genera su pasado y decadente presente se erigen como reales obstáculos al temerario objetivo de convertirlo en una víctima del aparato de justicia.  Eso sí, el juicio, sí o sí, debe terminar en una declaratoria de culpabilidad. De suceder lo contrario, y a pesar de su evidente decrepitud, el golpeado uribismo se reencaucharía de tal manera que terminaría por legitimar candidaturas presidenciales de sus gregarios o fichas políticas que hoy se ven lejanas de alcanzar la presidencia en el 2026, justamente por estar atadas a la controvertida figura del expresidente y expresidiario, identificado por el Inpec con el número 1087985.

La posibilidad de que los delitos por los cuales hoy está en condición de acusado prescriban en el 2025 debe ser anulada por la propia jueza 44 o por otra instancia judicial, en la medida en que la prescripción de los delitos se tomaría como un triunfo político, lo que serviría a la construcción de ese controvertido mártir. En ese escenario, para las elecciones de 2026 Uribe recuperaría su papel de gran elector y ayudaría al envalentonamiento de sus seguidores y de quienes resulten favorecidos de sus guiños.

Una virtual condena por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos sería un gran golpe político a esa seudo doctrina llamada uribismo y para quienes insisten en la narrativa de que Uribe ha servido como “muro de contención contra el comunismo”, y que, si se ha equivocado, es por “su inmenso amor de patria”.

El Establecimiento que creó a Uribe y que lo usó para ver hasta dónde podría estirar su línea ética debe también entrar en razón y tomar la decisión de abandonarlo políticamente. Ya una parte de este lo hizo, pero aún hay agentes con poder político y económico que lo respaldan; eso sí, ese respaldo está fundado en un profundo agradecimiento por los beneficios económicos recibidos entre 2002 y 2010 y entre el 2018 y el 2022.

Los señores del Establecimiento colombiano deben reconocer que el triunfo de la izquierda y el progresismo en buena parte se produjo por los daños institucionales que dejó la hegemonía uribista en los dos periodos señalados. Los líos judiciales de Uribe aportaron al desprestigio del proyecto político de la derecha. Dejarlo solo es la alternativa que les queda, aunque desearían verlo como un mártir para dar continuidad al proceso de privatización del Estado, objetivo número 1 de Uribe Vélez, la más efectiva ficha que en los últimos años el Establecimiento ha logrado poner en la Casa de Nari.

Imagen tomada de YouTube.com

The human condition in the face of genocidal practice

 People such as Benjamin Netanyahu are necessary for humanity. Yes, this sentence sounds terrible, but it makes sense in reality. 

 Germán Ayala Osorio

 

Let me explain. Being inherently genocidal, Netanyahu has had some judgmental parties remind him, and especially the rest of the world, that, despite the terrible crimes against humanity committed by his obedient Zionist army, his judgement socially, politically, in the media and possibly by the International Criminal Court (ICC), is occurring within a universal moral system that usually serves to punish too late those who act the wrong way to humanity. There are already almost 40,000 dead and months of “war” and nobody has wanted to stop Netanyahu on his infernal path to pain and uncertainty, sowing death across the Gaza Strip.

Upon becoming a media spectacle, live broadcasts of the criminal actions of the State of Israel usually serve to naturalise the massacres and the genocide itself. The universal moral system is designed to make violence seem customary. This moral system operates in almost the same way for the West and the East, because it is founded on this human condition that, being wicked and profoundly religious, from and within it usually come genocides, the dropping of atomic bombs and, in general, international wars and domestic armed conflicts which are usually justified.

Palestinians “are not human beings, they are animals or beasts”, meanwhile the members of the Zionist army are “beings of light, illuminated by a true God”. There is nothing more immoral in the history of humanity than religions and churches.

The world needed Harry Truman to see how the “dream” of many people to hurl the atomic bomb at civilians became reality. In the end, Hiroshima and Nagasaki were the targets in a political and military decision, but also a moral one from a handful of Americans who have always wanted us to accept the United States as a dazzling moral beacon in a world dominated by immoral economic, social and political systems. This same world had needed Adolf Hitler to validate the possibility of hating other nations, considered to be heathens, barbarians, animals or beasts. Nazi genocide was immoral because the economic crisis of ’29 was too.

Now, part of the world jeers and rejects the genocidal actions launched by Israel on the Palestinian people, while the other part silently applauds or simply allows these crimes against humanity.

The latter are forced by economic interests that cross political and diplomatic relations between Powers that see this bloody stage as an opportunity to improve their systems of defence and create weapons that are more lethal and effective.

What is happening in Gaza is like an enormous “war dealer” in which arms manufacturers are delighted and imagining new prototypes of weapons so that violence becomes eternal. Then, they talk of deaths, of war, but not of crimes against humanity. The particular use of language also becomes immoral because it serves to mask facts: what is happening in Palestine is not a war. It is an exercise in genocide. The subsistence and legitimacy of universally accepted moral frameworks needs the immorality of wars and genocidal practices because, almost immediately, humanitarian narratives make us dream that it is possible to live in peace and harmony, at the same time as trying to make us think that the underlying problems are people like Truman, Hitler and Netanyahu, when it is not like that.

The underlying problem is the human condition, from which we can expect the most sublime, but also the most abominable. We are a cursed species and a damned species. Netanyahu, Hitler and Truman, among other world leaders, represent an important part of humanity which professes an overwhelming hatred towards others.

And those others are the ones who have a different culture, another language or simply, by chance, had to endure ethnic persecution from others who, at some point in their life, decided to put themselves on the moral high ground. Today that is Netanyahu. Other genocides will come. The world needs it.

(Translated by Donna Davison – Email: donna_davison@hotmail.com) – Photos: Pixabay

LOS DEMONIOS DE LA CONDICIÓN HUMANA EN LAS ARTES

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En su columna intitulada Picasso era terrible. ¿Y? el columnista Juan Carlos Botero expone un dilema moderno y postmoderno entre arte y moral. En su exposición sostiene que “…hay una confusión esencial: arte y moral son dos cosas distintas. La tarea del artista no radica en desinfectar la condición humana para que luzca ética y placentera, sino expresarla en toda su complejidad para que la persona entienda que esa complejidad es parte de la realidad y que tarde o temprano tendrá que enfrentar dilemas, pruebas y dificultades que vienen con vivir en un mundo desafiante, lleno de grises”. Para consolidar su tesis, aludió a los casos de Picasso, Wagner, Beethoven y hasta Borges.

Lo cierto es que ese dilema entre arte y moral está anclado a una aviesa condición humana que suele minimizarse, justamente, a través del goce estético de la literatura, la música clásica y la pintura y la adoración mediatizada que se genera hacia los escritores, músicos y pintores universalmente reconocidos por sus obras, pero de cuyos demonios poco se habla con el claro propósito de no manchar la “probidad, grandeza y la excelencia” que se les otorga por la calidad de sus obras.

Si bien no está bien demonizar a quienes le han aportado al goce estético de las artes, hay que reconocer que las sociedades humanas insisten en crear estos artificiosos referentes para dar la sensación de una deseada, pero imposible perfección humana, fundada en marcos culturales que, si bien devienen inmorales, el mundo los ha interiorizado como moralmente correctos con el fin de generar tranquilidad, sosiego y esperanza.

Claro que se puede admirar a Picasso a pesar de su violento machismo, sin que el goce de sus obras nos convierta en cómplices de este maltratador de mujeres. Pero lo que no se puede hacer es negarse a ver en este artista y en otros tantos, esa parte de su condición humana que debemos rechazar con vehemencia, sin dejar de incluirnos en esa posibilidad de comportarnos, pensar y actuar como Picasso, Wagner, Beethoven y Borges, de acuerdo con lo dicho por Botero.

Quienes apelan a la “cultura de la cancelación” de la que habla Botero en su columna, caen en un purismo ciego que quizás les sirva para darle manejo a sus propios demonios y por esa vía ocultar alguna práctica inmoral que los impulsa a rechazar a un artista reconocido y talentoso porque encuentran en él un reflejo inesperado, esto es, una similitud inmoral que solo el talento del artista logra separarlos.

Nada de lo que ha creado el ser humano hasta el momento podrá admirarse por fuera de su compleja condición. Somos seres de luces y sombras, de pulsiones cuya dimensión y alcances solo las artes logran medianamente encubrir.

Imagen tomada de El Español

URIBE VÉLEZ: DE “GRAN COLOMBIANO”, A SEÑOR ACUSADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El llamado a juicio al expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal, manipulación y soborno a testigos es un hecho jurídico-político importante para la opinión pública en la medida en que es el primer expresidente de la República llevado a juicio por graves delitos no asociados a las acciones y decisiones tomadas durante su paso por la jefatura del Estado.

Igualmente, esa etapa procesal constituye un ejercicio de afectación directa a la ego-identidad del “combativo y frentero” político antioqueño, en virtud del lenguaje jurídico usado por la señora Jueza 44, Sandra Liliana Heredia Aldana, para referirse al expresidente de la República.

En un pasaje de la audiencia y después de la intervención de Uribe Vélez, este le agradece a la señora en tono sumiso y cordial: “gracias señora juez”. La jueza Heredia le responde con firmeza, “gracias, señor Imputado”.

Durante la misma audiencia (la segunda), celebrada hoy 24 de mayo, la operadora judicial se había referido a Uribe como “señor procesado, señor imputado; o en otras ocasiones como el procesado o el imputado”. En ningún momento ha hecho uso del vocablo que da cuenta de su condición de expresidente, lo que sin duda transmite seriedad, independencia y autonomía en Heredia Aldana, jueza que deberá decidir si Uribe es culpable o inocente de los delitos que se le imputan.

El uso de esos vocablos no constituye de ninguna manera una afrenta contra la persona, la identidad o el ego del expresidente de la República. Por el contrario, se debe entender como la expresión clara de la limitación del poder social, político y económico y el reconocimiento con el que llega a esta instancia judicial Álvaro Uribe Vélez: como un simple mortal, un ciudadano que, de acuerdo con el material probatorio, cometió delitos por los cuales fue llamado a juicio. Sin privilegio alguno por su condición de expresidente, Uribe es tratado sin condescendencia alguna por parte de la jueza 44.

Estas denominaciones sin duda alguna son fuertes “pinchazos” al enorme ego del sub judice ciudadano y a su encumbrada identidad política asociada a su condición de expresidente de la República que le hizo pensar y creer que podía estar o ponerse por encima de la justicia por su condición de exmandatario y porque contó hasta hace poco con la protección de la fiscalía de Francisco Barbosa; las punzadas provocadas por el uso de esos vocablos que hacen parte de la jerga jurídica se tornan aún más difíciles de asumir para el exgobernador y latifundista antioqueño en la medida en que él mismo pueda creer que aún tiene el poder que alguna vez ostentó como presidente de la República. Los áulicos que insisten llamarlo “presidente”, en una clara y reverencial lagartería, hacen que los efectos de las voces Señor Imputado o Señor Procesado sean mayores en la ego-identidad del propietario del partido-secta, el Centro Democrático.

Los efectos de esos pinchazos a la ego-identidad del expresidente se acrecientan por la condición de mujer de la juez. No debe ser fácil para el reconocido procesado tener que soportar que una juez-mujer le interrumpa, lo regañe y le ponga límites a sus largas y amañadas intervenciones con las que pretende desvirtuar los hechos y señalar que está acusado injustamente. El país sabe que el expresidente es un macho cabrío acostumbrado a gritar, a “dar en la cara marica” y a imponer sus ideas. Las prácticas machistas de Uribe brotan de la subcultura arriera a la que pertenece el también caballista y domador de bestias.

Terminada la audiencia de hoy, la jueza negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del Gran Imputado. Así las cosas, Uribe en adelante será llamado por la jueza 44 como Señor Acusado o simplemente, el Acusado. Los colombianos también podrán usar esa misma denominación. 

Al humillante, pero merecido escenario al que está sometido el Gran Acusado  se suma un hecho que puede resultar siendo una simple curiosidad: el apellido Heredia significa “pureza, sabiduría, amor y que eres un tanto pacifista”. Es decir, todo lo contrario al talante del procesado de marras.

Imagen tomada de EL ESPECTADOR

LAS IDEAS DE PAZ DE PETRO Y URIBE

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las cambiantes dinámicas del conflicto armado interno han permitido el surgimiento de varios significados o nociones en torno a la paz, su consecución y su mantenimiento a través del paso de los años. En adelante hago un ejercicio interpretativo alrededor de las ideas de paz que circulan aún en el país, de la mano de reconocidas figuras políticas y las que ebullen en las transacciones cotidianas de la gente.

En la reciente “invitación” que el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez les hizo a los militares para que desconocieran la autoridad del comandante supremo, el presidente de la República Gustavo Petro, el político antioqueño deja ver su idea de paz. Esa noción del exmandatario está soportada en el concepto y doctrina de la violencia legítima del Estado y por esa vía, en la justificación de los excesos en el uso de esa fuerza y los sempiternos daños colaterales. Esto se traduce, coloquialmente, en bala, bala y más bala, lo que implica la militarización del Estado y la consolidación de un Estado militarista.

Para concretar su idea de paz, poco importa que ese Estado militarista cometa atrocidades, pues lo importante es que se logre mantener el régimen de poder. Recuérdese lo que expresó Paloma Valencia, una de las fichas de Uribe, cuando se discutió la posibilidad de que en colegios se enseñara el contenido del Informe de la Comisión de la Verdad sobre lo acontecido en el marco del conflicto armado interno: “El Estado cometió errores y atrocidades, pero era legítimo y fundamentalmente estuvo en la defensa de los ciudadanos”. Los 6402 jóvenes asesinados por el Ejército, presentados falsamente como "guerrilleros dados de baja en combates" hacen parte de esas atrocidades que se cometieron por la aplicación de la política de seguridad democrática y de los incentivos económicos prometidos en el Decreto Boina y la Directiva Ministerial 029 de 2005.

Uribe Vélez es el típico War Lord que cree a pie juntillas en la victoria militar, por encima de la comprensión de las causas objetivas que los grupos levantados en armas aún exhiben para legitimar su lucha “revolucionaria”. La paz en la que cree Uribe está más cerca de la pacificación a las malas, que a cualquier posibilidad de concertarla a través de una negociación política. Por su talante autoritario, a Uribe no le gusta dialogar y mucho menos desgastarse políticamente en una negociación que implique ceder algo de poder. Está más cerca de la doctrina de contar bajas. La paz de Uribe huele a formol, camina en bolsas negras y se expresa con la exhibición de los cuerpos de los “terroristas muertos en combate”.

Por ser un Señor de la Guerra, Uribe cuenta con el apoyo económico, social y político de todos aquellos actores que de manera directa o indirecta se benefician del desplazamiento forzado que generan los enfrentamientos, así como de la zozobra y el miedo de la población civil rural. Hablo de ganaderos, latifundistas, especuladores inmobiliarios, paramilitares y negociantes de tierras prestos a ofrecer compra a campesinos que, cansados de la guerra, prefieren vender barato para irse a vivir a los cinturones de miseria de urbes como Cali, Medellín y Bogotá, entre otras ciudades receptoras de desplazados o de colombianos en condición de desplazamiento.

Entre tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, exhibe una idea de paz diametralmente distinta a la del exgobernador de Antioquia. Petro cree en la paz negociada sin que ello signifique que acepta aquello de las causas objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60. Petro creyó en aquellas mientras fue guerrillero. Una vez se benefició del indulto y la amnistía, empezó a poner en crisis esa narrativa con la que por años la academia y el mundo de la política legitimó y explicó los orígenes del conflicto armado interno.

Ya en varias ocasiones Petro ha expresado que el conflicto armado interno, sus dinámicas y los propios actores han cambiado. Estamos, de acuerdo con Petro, en una etapa caracterizada por la nula formación política de los combatientes auto llamados “guerrilleros” y la visible traquetización de los grupos al margen de la ley a los que de manera forzada Petro les reconoció estatus político. En sus palabras, se trata de “traquetos vestidos de camuflado”.

El interés del jefe del Estado de proteger a la población civil, en particular a los campesinos que sobreviven en los territorios rurales en los que el conflicto armado se manifiesta con mayor intensidad, está fundado en su genuina búsqueda de la esquiva reforma agraria. En este punto las diferencias con Uribe son irreconciliables, pues mientras que el latifundista y caballista se opone a desconcentrar la propiedad de la tierra, el hijo de Ciénaga de Oro está convencido de que devolverle la tierra a los campesinos que la perdieron por causas de la guerra interna constituye un paso importante hacia la paz.

Las ideas que tanto Uribe y Petro tienen de la paz están conectadas al ejercicio de la política. Es decir, de manera original están alejadas de las nociones de paz que pueden tener millones de colombianos y que bien pueden dar vida a un tipo de paz social o de convivencia entre diversos y diferentes.

Imagen tomada de CNN

LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS Y EL EXPRESIDENTE ÁLVARO URIBE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En las últimas 24 horas el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez hizo presencia en la universidad de la Sabana de Bogotá, con el fin de participar en un evento académico que, al parecer,  se organizó exclusivamente para que el político antiqueño pudiera, desde ese privilegiado entorno, decir lo que a bien quisiera expresar, sin que nadie lo pudiera controvertir. Pues bien, el expresidente y expresidiario aprovechó la oportunidad para incitar a la cúpula militar a que desconociera la autoridad del comandante supremo de las FFAA, el presidente Gustavo Petro. Sin duda alguna, Uribe lo que hizo fue un llamado a los generales y coroneles con mando de tropa, a que cometieran el delito de sedición y por esa vía, dar un golpe militar.

Resulta supremamente grave y preocupante que una universidad privada se preste para que un expresidente de la República incite o inste a los militares a violar la constitución política y de esa forma, desestabilizar al país. No. La academia no está para eso, salvo que de manera decidida y con previo conocimiento supieran y compartieran a plenitud lo que el latifundista, caballista y exdirector de la Aerocivil iba a proponer a un auditorio con presencia de jóvenes. Si fue así, está en mora la universidad de la Sabana para emitir un comunicado en el que toma distancia de la incitación que hizo su invitado a que los militares violen la ley y la constitución política. De lo contrario, la opinión pública podrá pensar que comparte con Uribe la incitación a cometer un grave delito. 

En el inmediato pasado, otras universidades privadas del país le abrieron los auditorios al mismo Uribe Vélez para que explicara, de manera amañada, el caso judicial por el que está en etapa de juicio, por los delitos de fraude procesal, manipulación y soborno a testigos. Estos claustros universitarios se prestaron para que Uribe Vélez retara a la jueza que llevará en adelante el juicio en su contra; hay que recordar que en  tres oportunidades, distintos jueces  negaron las solicitudes de preclusión de los fiscales que, siguiendo órdenes del entonces fiscal general, Francisco Barbosa, elevaron esas ilegítimas y retorcidas peticiones al aparato de justicia.

Nadie niega que la academia es un territorio político en donde se discuten asuntos públicos propios de la política. Además, la universidad no puede abstraerse de los efectos, negativos y positivos que van dejando a su paso específicas coyunturas sociales, económicas y políticas. Por ejemplo, la notable crispación política e ideológica por la que atraviesa el país desde el 7 de agosto de 2022, la misma que deviene anclada a las movilizaciones de 2019 y 2020 y al estallido social debe ser un tema de discusión académica. Pero somos pocos los que hablamos de crispación política e ideológica, en contravía del concepto de polarización política.

Periodistas y políticos hablan de polarización política, narrativa con la que ubican a la izquierda y al progresismo en el sector extremista, y por tanto inconveniente para el país, con el claro objetivo de salvar a la derecha que representa con lujo de detalle el expresidente Uribe Vélez, de las responsabilidades que debe asumir porque en el pasado hicieron ingentes esfuerzos para desmontar las garantías constitucionales y democráticas. Los 30 años de aplicación de la receta neoliberal terminaron concentrando la riqueza en pocas manos, al igual que la propiedad de la tierra; esa misma receta sirvió para negar los derechos de los campesinos y por esa vía, se intentó acabar con la agricultura, sector que hoy repunta en el gobierno de Gustavo Petro. Además de generar las peores condiciones de vida para millones de colombianos, la derecha uribizada se niega a aceptar que el país necesita transformaciones sociales, políticas y económicas para superar la pobreza, la inequidad y la inseguridad alimentaria.

Entre las figuras políticas que insisten en esa narrativa de la polarización política están, además del propio expresidente Uribe, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria y el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, entre otros más.  

En las universidades igualmente esa narrativa ha servido de insumo para debates y propuestas de investigación para analizar sus alcances y realidades, más allá de los juicios de valor que se lanzan a diario desde las empresas mediáticas.

En el periodo 2002-2010, las universidades privadas vivieron momentos de tensión política entre estudiantes y profesores que apoyaban a pie juntillas el gobierno de mano dura de Álvaro Uribe Vélez y aquellos docentes y alumnos que se oponían a la implementación de la política de seguridad democrática.

Cuando el “embrujo autoritario” fue perdiendo terreno en la opinión pública y se hicieron notar los efectos negativos de las políticas neoliberales adoptadas por Uribe, así como la inconmensurable corrupción público-privada y la violencia estatal representada en los 6402 jóvenes asesinados por miembros del Ejército, los uribistas vergonzantes lograron esconderse, mientras el país continuó en manos de Santos, para luego terminar en las del incompetente Iván Duque Márquez, el títere de Uribe Vélez. Entonces, los ambientes en las universidades privadas cambiaron notablemente porque empezaron a llegar y a sacar la cabeza los estudiantes críticos de Uribe y de Duque. Durante el estallido social fue claro que la juventud universitaria, un poco más leída, ya no comulgaba con eso que se conoce como uribismo.

Aparecieron, entonces, los estudiantes que terminaron seducidos por el discurso del cambio que promovió Gustavo Petro durante su campaña. Una vez en el poder, el ambiente en las universidades privadas cambió. Eso sí, la narrativa de la polarización política llegó a las aulas y allí gravitará hasta que la derecha recupere el poder en el 2026.

Con la llegada de la izquierda progresista al poder, la derecha, con el concurso de los medios y periodistas afectos a su causa, viene insistiendo en que el país atraviesa una violenta polarización política, y responsabiliza de esa circunstancia a la izquierda democrática.

La presencia de Uribe en los últimos meses en varias universidades privadas no obedece exclusivamente a su interés de defender su cuestionada honorabilidad y de incitar a los militares a que desobedezcan a su comandante supremo, Gustavo Petro. No. Ese periplo por los claustros universitarios es apenas el abrebocas de lo que sucederá en el país si en el 2026 recuperan el Estado que la izquierda les arrebató de forma legítima en 2022. Si la derecha uribizada logra poner en la Casa de Nariño (o de Nari) a cualquiera de los precoces candidatos que ya suenan para servir a la causa uribista (Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, Abelardo  de la Espriella, Paloma Valencia, Fico Gutiérrez, Alejandro Gaviria, Germán Vargas Lleras o Sergio Fajardo), las universidades privadas del país volverán, como sucedió entre 2002 y 2010, a ser los escenarios en los que, nuevamente, se macartizará a todos los que se atrevan a criticar al presidente de la República que salga de ese ramillete de candidatos.

Bajo esas circunstancias, entonces la narrativa de la polarización política se matizará un poco porque nuevamente la derecha tendrá el poder político y el apoyo de las empresas mediáticas que hoy sufren los estragos económicos de un gobierno que optó por disminuirles la pauta oficial, lo que aumentó la ira de los periodistas y directores de medios que, siguiendo órdenes de sus patrones, están actuando como verdaderos actores políticos en oposición.

La universidad debe ser, por excelencia, el espacio para debatir conceptos, posturas, teorías y exponer argumentos sobre asuntos públicos que nos interesan a todos. Es, igualmente, el lugar en el que sus estudiantes se forman para vivir en sociedad, ojalá bajo marcos democráticos lo suficientemente sólidos para soportar y tramitar los sempiternos conflictos que emergen cuando aparecen los intereses individuales y las complejas subjetividades en las aulas y en las instancias de dirección académica de las facultades y las rectorías.

Imagen tomada de Youtube.com

URIBE INCITA A UN GOLPE MILITAR

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Ante estudiantes de la universidad de la Sabana de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe Vélez invitó a los comandantes de las fuerzas armadas a desconocer la autoridad de su comandante en jefe, el presidente de la República, Gustavo Petro. Se trata de la más clara incitación a que desde los cuarteles se dé un golpe militar al actual jefe del Estado. El delito que promueve Uribe es el de la sedición. La peligrosa insinuación del político antioqueño se conecta con el deseo planteado por la congresista María Fernanda Cabal en febrero de 2023: “No hay que dejar que Petro se quede 4 años”, señaló la legisladora en ese momento. Es decir, a dos años de terminar el mandato el presidente Gustavo Petro, el propietario del Centro Democrático y líder de la ultraderecha pretende, con el concurso de los militares, impedir que culmine su mandato y así romper el orden constitucional.

Esto dijo exactamente el exdirector de la Aerocivil y exmandatario antioqueño: “lo peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno, mientras ese gobierno ha estimulado al ELN a que presionen con armas una constituyente”.

Claramente, Uribe les está diciendo a los generales de la República, y en particular a coroneles con mando de tropa, a que asuman a mutuo propio la tarea de atacar a las disidencias de las Farc-Ep que de manera coordinada y temeraria ejecutaron actividades terroristas en los municipios de Jamundí y Dagua en el Valle del Cauca y Morales, en el Cauca.

Además, de manera temeraria y calumniosa, el expresidente señala que Petro tendría acuerdos con el ELN para que este grupo armado ilegal coadyuve a generar las peores condiciones contextuales para que desde la Casa de Nariño se declare turbado el orden público y en crisis las instituciones, y por ese camino se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. De manera hábil, el súb judice ciudadano nacido en Salgar (Antioquia) conecta el deseo-amenaza que Petro hizo público en Puerto Resistencia en Cali, ante las trabas de un Congreso que se opone a las reformas sociales planteadas.

La sinuosa invitación que hace Uribe a los uniformados se explica porque la derecha uribizada, con el apoyo de los medios de comunicación tradicionales, vendieron la idea al país de que Petro “tiene amarrados, debilitados y desmoralizados a los militares”, lo que explica el envalentonamiento de las disidencias de Iván Mordisco y sus ataques dinamiteros y terroristas de las últimas 24 horas. Bajo esa premisa, Uribe conmina e insta a los comandantes militares a avanzar contra las disidencias sin que así lo haya ordenado Petro porque, en apariencia, el presidente no estaría interesado en ordenar la contra ofensiva por su interés en convocar, bajo un orden público turbado, una asamblea nacional constituyente para hacer las reformas que el Congreso y la bancada uribista en particular, no le quieren aprobar.   

Lo cierto es que ya el presidente de la República ordenó arreciar militarmente contra las disidencias. El despliegue de tropas por las zonas rurales de Morales (Cauca) y Jamundí (Valle del Cauca) ya comenzó. Habrá que esperar los resultados operacionales y muy seguramente, la cínica petición de volver a pactar un cese al fuego bilateral de las disidencias.

Lo dicho por el expresidente, latifundista y expresidiario es supremamente grave por su condición de exjefe de Estado y porque como comandante supremo de las FFAA logró instaurar en la doctrina militar el perverso principio de “contar cuerpos” lo que llevó a generales, coroneles, mayores, suboficiales y soldados, a perpetrar crímenes de Estado que el país conoció como “falsos positivos”. Lo que el uribismo llama “debilitamiento” al interior del Ejército, por la salida masiva de oficiales, simplemente es una purga institucional en la que han salido de la institución altos oficiales por actos de corrupción y politización del ambiente castrense.

Hay que recordar que Uribe metió al Ejército en una dinámica de guerra total contra las Farc (pero no contra el ELN), vendiendo la idea a los colombianos que iba a acabar con esa agrupación armada ilegal entre 2002 y 2006. Como no pudo alcanzar ese objetivo, se hizo reelegir de manera fraudulenta por otro periodo presidencial (2006-2010). Al término de los ochos años tampoco pudo alcanzar el objetivo político-militar y quiso quedarse otros cuatro años más, pero la Corte Constitucional lo evitó, con ponencia del entonces magistrado, Humberto Sierra Porto.

Así las cosas, Uribe insiste en continuar siendo el War Lord que millones de colombianos aún admiran. No sería raro que detrás de su peligrosa incitación esté su deseo de regresar al poder así sea de facto y por conducto de un golpe militar.

Imagen tomada de Semana.com

DE LA PAZ TOTAL, A LA GUERRA PROLONGADA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La reciente y coordinada arremetida dinamitera y terrorista de las disidencias de las Farc-Ep (EMC) confirma, una vez más, que las conversaciones de paz y los ceses al fuego le sirvieron a esa organización criminal para fortalecerse militarmente. De igual manera, los ataques contra la población civil y unidades policiales en el sur del Valle y norte del Cauca expresan con claridad la nula voluntad de paz de esa estructura armada ilegal.

La andanada criminal de las disidencias al mando de Iván Mordisco le sirve a la prensa opositora al Gobierno Petro para generar miedo, incertidumbre y zozobra en las audiencias y exigirle una contundente respuesta militar del Ejército. Es apenas evidente que el criminal de marras, Iván Mordisco, está retando al Estado y a la sociedad, lo que supone que la respuesta institucional supere el sentimiento de venganza que se activa horas después de que se producen arremetidas como las que se presentaron en Jamundí y Dagua, en el Valle del Cauca y Morales, en el norte del Cauca. Pasado ese sentimiento vindicativo, lo que se viene es una guerra sin cuartel y prolongada con todo y lo que ello supone en costos económicos, disposición de combatientes, combatientes caídos de lado y lado y daños colaterales.

Para consolidar la tan anhelada y esquiva paz territorial en el país hay dos caminos: el primero, a través de procesos de paz y diálogos entre plenipotenciarios de ambas partes. El gobierno de Petro lo intentó a través de su idea maximalista de la Paz Total, proyecto que salió mal porque el proceso de implementación del acuerdo de paz de La Habana no resulta atractivo para una camada de “guerrilleros” cuya nula formación política los fue llevando a convertirse en narco combatientes o en traquetos que andan de camuflado; y el segundo camino, es a través del enfrentamiento armado, lo que supone que las fuerzas militares ataquen de manera frontal y constante a las disidencias, hasta reducirlas y obligarlas a regresar a la mesa de diálogo. Lo anterior supone una guerra total que le exigirá al gobierno Petro liderar la respuesta institucional lo que lo llevará, inexorablemente, a parecerse a sus antecesores que se la jugaron por la salida militar.

Es poco probable a que dos años de terminar su mandato, Petro crea que pueda lograr firmar la paz con estas disidencias. Al poco tiempo se suma la nula voluntad de paz de este grupo ilegal a cuyos miembros poco o nada les llama la atención dejar las armas para ir a sobrevivir cultivando café, aguacates o cacao, cuando tienen en la economía ilegal del narcotráfico una fuente inagotable de recursos.

Se entiende el cambio de doctrina político-militar del actual gobierno, consistente en cuidar a la población civil, en particular la que en las zonas rurales convive con la presencia de las disidencias y suele quedar en medio del fuego cruzado entre tropas oficiales y los irregulares. Lo curioso es que, con los ataques a los municipios de Morales, Dagua y Jamundí, las disidencias le están demostrando al gobierno y al resto de la sociedad que el Estado no está en capacidad de garantizar la vida y la honra de sus asociados que viven en municipios como los atacados recientemente. 

Como también se comprende la decisión de no bombardear los campamentos de los ilegales como lo hiciera el gobierno anterior, para evitar que caigan en estos menores de edad reclutados forzadamente por las disidencias de Iván Mordisco. Y por supuesto, para cuidar los ecosistemas naturales impactados ecológicamente cuando sobre estos se dejan bombas con gran capacidad destructiva.

La coordinada arremetida dinamitera y terrorista de las disidencias ponen al presidente en una encrucijada: insistir en hablar de paz o intentar doblegarlos apelando al aparato militar y a la violencia legítima de un Estado históricamente débil e incapaz para copar el territorio y ganarse el respeto de las comunidades. Sobre este último aspecto debe trabajar y ser más efectivo el gobierno del presidente Petro.

Adenda: peligroso el llamado que hizo el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez al Ejército a desobedecer al presidente de la República. No es propio de un exjefe de Estado hacer ese tipo de llamados a que los soldados desconozcan a su jefe supremo. El vulgar caballista y exdirector de la Aerocivil dijo que “lo peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno, mientras ese gobierno ha estimulado al ELN a que presionen con armas una constituyente”. Lo dicho por el súb judice ciudadano (afronta un juicio por graves delitos) bien puede asumirse como un llamado a que los militares den un golpe de Estado. Estamos ante una invitación directa a quebrar el orden constitucional.  

Imagen tomada de EL TIEMPO

JAVIER MILEI Y ÁLVARO URIBE: ¿MUROS DE CONTENCIÓN CONTRA EL SOCIALISMO?

 

Por Germán Ayala Osorio

El presidente de la Argentina, Javier Milei es un bocón cuyo deseo no es sacar a su país de la crisis económica, social y política a la que lo llevaron los Kirchner, los Fernández, Sergio Massa y Mauricio Macri. No. Este neoliberal vestido de anarquista lo que busca es que el mundo lo reconozca como el político suramericano que se le plantó al socialismo o al comunismo.

En esa lucha contra el socialismo, Milei considera que “las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo (...). Milei va por el mundo despotricando del socialismo, en medio de una evidente confusión conceptual. En esa bolsa llamada socialismo, este fanfarrón mete al progresismo, a la izquierda moderada, a los liberales y a los agentes del Estado de Bienestar. No reconoce los positivos indicadores de la economía española, hoy en manos de la izquierda representada en Pedro Sánchez; como tampoco los avances que en materia de mejoramiento de los índices de pobreza y desigualdad viene logrando el gobierno de Colombia, en manos de Gustavo Petro, después de 30 años de aplicación de recetas neoliberales que terminaron con la privatización del Estado por parte de una élite corrupta y consecuencialmente, con el aumento de la pobreza multidimensional.

Milei quiere pasar a la historia como el macho que se le paró duro al socialismo. De esa manera, este liliputiense guarda parecido con el también diminuto expresidente y expresidiario colombiano, Álvaro Uribe Vélez.  Al “Gran Colombiano” cientos de miles de colombianos lo extrañan porque aún creen que fue el “muro de contención” del comunismo. Esos connacionales asumen que el rol que jugó Uribe durante sus 12 años de mandato (2002-2010 y 2018-2022) fue, en lo interno, el mismo que hoy Milei está jugando en el plano internacional.

Tanto Uribe como Milei apelan a la patanería y al irrespeto de los adversarios para ganar adeptos y sacar rabiosos aplausos de los sectores conservadores (godos) de ambas naciones y de otras en las que la ultraderecha lucha por imponerse. Recordemos que el presidente gaucho arremetió en el pasado contra Petro a quien llamó “asesino, comunista y terrorista”. Además, señaló que Petro estaba hundiendo a los colombianos en la miseria; en su reciente visita a España, en donde participó de un encuentro de la ultraderecha representada en el partido Vox, se fue lanza en ristre contra la esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien señaló de corrupta. Esto dijo el lenguaraz homúnculo: “Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo (...), aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia, y se tome cinco días para pensarlo”. El resultado de semejante bravuconada es una crisis diplomática innecesaria y el llamado a consultas del cuerpo diplomático español apostado en Buenos Aires.

Cuando Uribe fue presidente, y jugó a ser un inexpugnable muro anticomunista, a sus críticos no los bajaba de ser “amigos del terrorismo, de sicarios morales o enemigos de la patria”. Así entonces, tanto Milei como Uribe son dos bravucones que creen que, vociferando, maltratando y amenazando con dar en la cara marica constituyen ejemplo de civilidad y moderación.

Eso sí, no podemos ocultar que existen diferencias entre los dos políticos. A Uribe Vélez jamás le interesó jugar un papel protagónico a nivel internacional. Su capacidad discursiva y talante no le dieron nunca para buscar ese protagonismo que Milei sí está buscando y logrando. Uribe fue y será parroquial hasta el último minuto de su azarosa vida. Un montañero que, con habladito de cura de pueblo, enredó a millones de colombianos con el cuento de la Seguridad Democrática.

Baste con recordar varios puntos de su Manifiesto Democrático, conocido como los 100 puntos, para reconocer en estos el talante del monumental engaño. Las frases en negrilla y subrayadas deben ser miradas a la luz de hechos que dan cuenta de todo lo contrario a lo buscado o prometido: Punto 24. El padre de familia que da mal ejemplo, esparce la autoridad sobre sus hijos en un desierto estéril. Para controlar a los violentos, el Estado tiene que dar ejemplo, derrotar la politiquería y la corrupción. 63. Necesitamos a los campesinos y a los empresarios. Fraternidad en la tenencia de tierras, sin feudalismo ni lucha de clases. Adelantaremos una política de tierras encaminada a mejorar las condiciones sociales y productivas de nuestros campesinos pobres. 90. La reforma pensional debe eliminar privilegios. Reducir la pensión del presidente, congresistas, magistrados de las altas cortes. Poner topes o gravar excedentes. En las pensiones de base respetará derechos adquiridos, expectativas próximas y procederá con responsabilidad fiscal y corazón para introducir los cambios necesarios. Y el punto 100: Aspiro a ser presidente sin vanidad de poder. La vida sabiamente la marchita con las dificultades y atentados. Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político…”

Mientras que Milei, un poco más leído y con una visión más universal, cree que es posible eliminar el Estado por considerarlo innecesario. Esto dice Milei: "Yo considero al Estado como un enemigo; los impuestos son una rémora de la esclavitud. El liberalismo fue creado para liberar a las personas de la opresión de los monarcas; en este caso sería del Estado”. Por el contrario, para Uribe el Estado es y será siempre mirado como un botín y una forma de dominación que funciona bien cuando es capturado para que unos pocos lo operen en favor de sus mezquinos intereses.

En conclusión, Uribe Vélez es un godo para asuntos que tienen que ver con las libertades ciudadanas y en particular con temas como el aborto, y en particular, con el “gustico”, el que debe aplazarse hasta el matrimonio; es un neoliberal consumado, enemigo del campesinado y de la clase obrera. Entre tanto, Milei es un neoliberal que se oculta detrás de los principios del libertarismo para vender la idea de que es posible sacar a la Argentina de la crisis social, económica y política sin el Estado, pero de la mano del presidente de la República. Vaya confusión la de este pibe. 

Imagen tomada de Infobae

CIRO RAMÍREZ Y PIERRE GARCÍA SE CONOCIERON EN LA PICOTA

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Sorprendió a propios y extraños, pero no pasó desapercibida la confesión del excongresista uribista, Ciro Ramírez Cortez, de cómo conoció a Pierre García Jacquier, exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y de acuerdo con las autoridades judiciales, su compinche en un caso de corrupción o entramado criminal, de acuerdo con la misma Corte Suprema de Justicia. Ramírez le contó al magistrado de la Sala de Instrucción de ese alto tribunal de justicia, que conoció Pierre García en la cárcel La Picota porque ambos estaban visitando a sus padres, que también habían sido congresistas, y que estaban recluidos en esa penitenciaría por “unos problemas jurídicos”.

De la curiosa revelación de Ciro Ramírez se burlaron en la Tele Letal y Tola y Maruja. Eso sí, ella misma debe servirnos para reflexionar en torno al significado social y ético-político de semejante testimonio. Hay que empezar por destacar la actitud sumisa y asustadiza del arrogante Ciro Ramírez ante el magistrado que varias veces lo instó a que contestara sin rodeos las preguntas formuladas en torno a su participación en la firma de un millonario convenio interadministrativo y una empresa particular. La Corte acusó formalmente a Ramírez de haber participado en hechos punibles, propios de una “empresa criminal”.

La actitud vergonzante de Ramírez Cortez se explica no solo por el miedo que generan los magistrados de la Sala de Instrucción de la CSJ, sino porque al excongresista sus compañeros de bancada lo dejaron solo. Incluso, el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez lo abandonó a pesar de haber sido su fiel escudero. La reacción de Uribe a la captura del entonces congresista se entendió como una toma de distancia y una artera estocada política. Esto dijo el expresidente y expresidiario: “Me duele la captura del joven senador Ciro Ramírez. Ojalá pueda salir adelante. Este tipo de problemas es lo único que deja la maldita mermelada”. Sin importar cómo termine el juicio que enfrenta Ciro Ramírez, lo cierto es que Uribe lo condenó.

Antes de ser llamado a juicio, el miembro del Centro Democrático, escudero y amigo del expresidente Uribe Vélez siempre se mostró ante los medios masivos arrogante, vociferante y sobrador y con una incontrastable altivez que hacía pensar que estaba limpio y alejado de prácticas corruptas. Ahora, al verse perdido por el material probatorio y la actitud inquisidora del togado que lo confrontó varias veces durante la diligencia de indagatoria, agacha la cabeza y asume con inocultable mansedumbre los requerimientos del togado, como esperando algo de piedad del operador judicial.

Ya en la confesión, miremos un detalle: Ciro Ramírez no solo omite decir el nombre de su padre y el de Pierre García, sino los delitos por los cuales fueron procesados: paramilitarismo. Ciro Ramírez Pinzón, padre, fue condenado en el marco de lo que se conoció como la parapolítica, esto es, congresistas que tuvieron vínculos con los grupos paramilitares. En cuanto a Carlos García Orjuela, padre del exdirector del DPS, al final de un proceso judicial fue absuelto por la misma Corte Suprema de Justicia.

En el tenso diálogo entre el magistrado y Ciro Ramírez Cortez, publicado por Noticias Caracol, el excongresista uribista dice que es “normal que los congresistas desfilen por entidades del Estado para destrabar proyectos”. Justo ahí está la nuez de la corrupción: los congresistas, de acuerdo con lo dicho por Ramírez Cortez sirven de bisagra entre particulares y contratistas que normalmente aportan millonarias sumas de dinero a sus campañas para llegar al Congreso y el diseño y la entrega de contratos y convenios interadministrativos de entidades como el DPS o la UNGRD, con el firme propósito de recuperar la inversión y embolsillarse millones de pesos más.

La curiosa confesión del excongresista del Centro Democrático hace pensar en que el ejercicio de la política en Colombia es un negocio tan lucrativo, que poco importan los procesos judiciales o los “problemas jurídicos” e incluso, las condenas, porque prima el interés de enriquecerse, siguiendo la lógica de la economía del crimen. No les basta ganarse más de 40 millones de pesos mensuales. Quieren más y más. En caso de perder la curul, esta se intentará recuperar con un hijo, hermano, tío o esposa, pues, gracias a las millonarias coimas recibidas, se pueden dar el lujo de patrocinar la campaña electoral del familiar que desea hacerse con la deseada curul.

Los contratistas son el otro eslabón de la corrupción público-privada en Colombia. Estos patrocinan congresistas, alcaldes, gobernadores y presidentes de la República, para luego recuperar la inversión, ganando más que los propios bancos. Ese es el ethos mafioso que ya naturalizamos en Colombia. Lo peor del asunto es que no hay forma de proscribirlo porque los sistemas político y económico operan bajo ese mismo ethos.  De allí que toda lucha contra la corrupción que se proponga como lema de campaña devendrá ridícula y se entenderá como una burla del candidato o candidata que la acoja como bandera electoral.

Imagen tomada de Facebook