Por Germán Ayala Osorio
Si algo dejó claro Álvaro Uribe
Vélez durante sus ocho aciagos años de gobierno es que le incomodaba que la
prensa le preguntara por hechos del pasado y confrontara sus decisiones, sus
presuntos vínculos con grupos paramilitares
y acciones de gobierno atadas a la aplicación de la seguridad democrática, la
misma política que dejó 6402 crímenes de Estado, mal llamados falsos positivos.
Ya el país sabe que entre 2002 y 2010 los periodistas que se atrevieron a
criticarlo fueron perseguidos, chuzados y llamados por el presidente Uribe como “amigos de los terroristas”.
Para infortunio del ahora expresidente,
en el 2018 nació el medio alternativo digital Cuestión Pública, cuyo equipo de
trabajo se caracteriza por editar serios informes periodísticos que no solo
confrontan la mediocridad y los compromisos políticos e ideológicos de la prensa
hegemónica, sino que incomodan al latifundista y domador de bestias nacido en
Salgar, Antioquia.
Uribe Vélez, por el poder
político que aún ostenta a pesar de estar condenado en primera instancia por
graves políticos y de la pérdida del “teflón” que la prensa hegemónica le
construyó por ser él una invención mediática, envió un derecho de petición a Cuestión
Pública en el que le solicitaba a sus periodistas información financiera y
contractual con figuras públicas con las que Uribe Vélez tiene controversias
políticas y judiciales.
La inusual, irrespetuosa, extraña
e intimidante solicitud del exmandatario, llamado por Juan Manuel Santos “rufián
de esquina”, apuntaba a saber si Cuestión
Pública tenía “…vínculos contractuales, de servicios, consultoría,
colaboraciones editoriales, donaciones o coautoría de proyectos con el
periodista Daniel Coronell, el senador y precandidato presidencial Iván
Cepeda, el abogado penalista Miguel Ángel del Río, el abogado defensor de
derechos humanos Reinaldo Villalba y el exfiscal general y hoy ministro de
Justicia, Eduardo Montealegre”.
La petición del ganadero y
latifundista antioqueño se da por la evidente molestia que le produjo el
cubrimiento periodístico que hizo Cuestión Pública del juicio en el que
finalmente fue condenado por tres graves delitos. Y recientemente se disgustó
el expresidente y expresidiario al momento de ser interrogado por los hechos relacionados
con el caso conocido como el “Parqueadero Padilla”.
La respuesta, digna y consecuente
de Cuestión Pública contrasta con el silencio y la tímida, por no decir
nula solidaridad de los medios masivos, columnistas y reconocidos periodistas
con los colegas por la clara intimidación del exmandatario antioqueño. “Vamos a ser claros: no tenemos ni hemos
tenido ninguna relación contractual o monetaria con las personas que menciona,
salvo las de carácter periodístico realizadas con rigor y bajo todos nuestros
estándares de calidad. Consideramos que su solicitud tiene un tono de
censura, una presión que podría buscar influir en nuestro trabajo periodístico.
En Cuestión Pública no nos vamos a dejar intimidar: seguiremos haciendo
periodismo independiente, riguroso y valiente. Y, ojo, informar no es un
delito”.
Desde La Otra Tribuna me
solidarizo con los colegas de Cuestión Pública por el terror que debieron
sentir una vez recibieron el conminatorio derecho de petición de un
expresidente que usa su intimidante figura y poder para confrontar a los periodistas
que buscan explicaciones y la escurridiza verdad, como si se tratara de un
censor oficial.
Termino con esta frase que muy
seguramente no le gusta al primer expresidente colombiano condenado por
delitos no políticos. “El periodismo no debe ser neutral, sino
comprometido con la verdad y la justicia” (Ryszard Kapuscinski).
Adenda: si por algo se distingue el gremio de periodistas es por la insolidaridad y la división entre quienes buscan la verdad y aquellos que optan por defender primero el salario, antes que apostarle a dar con esa quimera.
Imagen tomada de la red internet.
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