Por GERMÁN AYALA OSORIO
Vuelve y juega el tema de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Con los ajustes a su gabinete, el presidente Gustavo Petro giró un tanto a la derecha (otros dirán que al centro), con el claro objetivo de lograr un "acuerdo nacional" que permita el llamado a esa ANC, para ajustar, nuevamente, el contenido de lo prescrito en la carta política.
Hay que recordar que en el primer año de su mandato, Petro creyó posible gobernar con el apoyo de esa parte del establecimiento que representan liberales, conservadores y el uribismo. Después de un año largo de mandato, Petro se radicalizó y la respuesta del "viejo" régimen fue poner a funcionar sus fichas en el Congreso para no aprobar las reformas sociales propuestas por Petro en campaña y someter a su gobierno al más infame acoso y hostigamiento mediático de las empresas periodísticas afines al establecimiento colombiano.
Con la llegada de Juan Fernando Cristo, el presidente vuelve a coquetear a esos sectores de la derecha que pueden haberle entendido y aceptado que el modelo de país que se desprende de la Carta Política necesita ajustes a través de una ANC acotada en los temas a abordarse a través de esa instancia jurídico-política.
La Constitución de 1991, con todo y su espíritu garantista y liberal ha sufrido más de 40 enmiendas en 33 años de vigencia. Esas modificaciones y las que se intentaron hacer y que no se lograron aprobar por diversas razones bien pueden dar cuenta de que su espíritu y carácter liberal no fue del todo asumido dentro del pacto político que permitió la derogación de la carta de 1886 y el nacimiento de la del 1991.
Convocar a una ANC en los momentos de crispación ideológica que vive el país y con unas empresas mediáticas que acordaron deslegitimar al gobierno progresista puede salir muy mal para la izquierda y el progresismo que ve a la ANC como la única alternativa para cambiar todo lo que está mal en el país y que de alguna manera está conectado con las reglas constitucionales vigentes.
En lugar de insistir en ese escenario constituyente, el acuerdo nacional o el pacto político que se logre a dos años de terminar el periodo presidencial debería de apuntarle a proscribir el ethos mafioso que la derecha naturalizó en el país desde hace más de 50 años. Ese es el gran problema del país y de los colombianos. No es otro. Ninguna carta política, por garantista que sea, jamás logrará el bienestar y la concreción de los derechos allí prescritos, mientras lo más importante para empresarios, colombianos de a pie, clase política, jueces y magistrados, rectores de universidades privadas y públicas; militares y policías sea enriquecerse robando el erario, aprovechándose de las políticas públicas y sacando provecho de las relaciones sociales y políticas. Esa matriz cultural oprobiosa, sucia, criminal y mafiosa debe cambiarse y para ello, los marcos jurídicos vigentes deben modificarse, pero primero debe haber la voluntad política de proscribir el ethos mafioso.
Los puntos de ese acuerdo son de una enorme sencillez. No se necesitan expertos constitucionalistas para lograrlo, bastaría la voluntad para cambiar lo que culturalmente viene mal. Y hay varios puntos: el primero, dejar de robar el erario. Y para ello, los partidos políticos, con todo y sus directores, militantes y congresistas, deberán dejar de operar como burdeles burocráticos en donde se negocian cuotas políticas y contratos con los patrocinadores de las campañas, esto es, los contratitas, el eslabón más peligroso, sucio y criminal de la cadena de intereses que se desprende del ethos mafioso.
El segundo punto es que las élites le mermen un poquito a la avaricia, y por ese camino, que por fin se sienten a pensar en sacar adelante el país, siguiendo los ejemplos de países como los llamados "tigres asiáticos". Y para llegar allá, deben de dejar atrás ese espíritu rentista que los hace ver como élites miserables y pobres de visión.
El tercer punto tiene que ver en general con una profunda revolución cultural que toque y convoque a todos los estamentos de la sociedad alrededor de temas como el crecimiento económico bajo criterios de sostenibilidad sistémica, dejando atrás la idea de una sostenibilidad asistémica, funcional al modelo de desarrollo agro extractivo imperante en el país.
Apuntarle a una revolución cultural requerirá de una gran dosis de desprendimiento de intereses, mezquindades y privilegios. ¿Estarán dispuestos los "cacaos" a hacerlo? Esa debería de ser la pregunta que guíe las discusiones para lograr un acuerdo nacional que permita a quienes lo van a liderar, sacar al país de la miserable condición por ser un platanal con bandera.
