EL RETO ES QUE COLOMBIA DEJE DE SER UN PLATANAL CON BANDERA

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Si el gobierno de Gustavo Petro logra concretar los cambios en los sistemas de pensión y salud, la viabilidad fiscal de ese renovado modelo de aseguramiento para ambos derechos dependerá en buena parte de la urgente necesidad de “industrializar el país y modernizar el campo sobre la base de democratizar la propiedad de la tierra”, tal y como lo viene pregonando Petro desde la campaña electoral.

Lo anterior implica otro reto: transformar el modelo productivo para que los ajustes a los sistemas de salud y pensiones se hagan sostenibles financieramente en el tiempo. Y ello implica apuntarle a generar empleos dignos, brindar verdaderas oportunidades a los jóvenes, bajar tarifas de energía e impuestos a pequeñas y medianas empresas. De igual manera, reducir la base gravable de las corporaciones, para que sean las personas naturales más ricas las que tributen más. Todo lo anterior confluye en un cambio cultural que toca a cada uno de los colombianos, pero en particular a la élite económica y política que se asume capitalista, pero que realmente operan en el mundo económico como rentistas y un inocultable carácter precapitalista; esas dos características brotan de la captura mafiosa que lograron del Estado, proceder que terminó llevando a Colombia a ocupar los primeros lugares en desigualdad, pobreza, miseria e inequidad.

Lejos está Petro de llevar el país al viejo modelo socialista de la antigua URSS. En ese paradigma se quedaron los viejitos anacrónicos del ELN y los de las disidencias farianas. Él está pensando el país en los términos en los que lo pensaron Alfonso López Pumarejo y Jorge Eliécer Gaitán. Hay, entonces, unas transformaciones económicas urgentes que dependen de la buena voluntad de las familias más ricas del país, en particular con aquellas con las que Petro no tiene una buena relación como lo es la de Sarmiento Angulo. La incontrastable avaricia y el espíritu feudal del banquero son quizás los dos más grandes obstáculos para modernizar a Colombia, al Estado y a su sociedad. Los negociazos de las concesiones viales, el cobro de peajes carísimos que afectan la economía y la importación de gas, cuatro veces más caro que el que puede traer de Venezuela, dejan claro que los intereses de Sarmiento Angulo no están puestos en modernizar al país. Por el contrario, sus objetivos están puestos en seguir siendo el rico y reconocido magnate de un platanal llamado Colombia.   

La élite de Colombia exhibe una azarosa relación con la tierra y los ecosistemas naturales históricos, asumidos estos últimos como “serios problemas” en la histórica relación de dominación ecológica y socio ambiental que establecieron los primeros y los actuales empresarios del campo. Azucareros, cafeteros, ganaderos y palmicultores, entre otros, han sido los señorones feudales que implementaron en amplias zonas del territorio nacional el modelo de la gran plantación, paradigma que es urgente desmontar si de verdad están pensando en dar el salto hacia la industrialización del campo.

El minifundio y el latifundio pueden convivir sobre la base de un aprovechamiento racional de los recursos naturales y las oportunidades que ofrece la tecnología y los mercados para convertir al país en una despensa agrícola para el mundo.   

Lo más probable es que Petro termine su periodo en el 2026, dejando trazados los caminos hacia esa anhelada modernización. La derecha uribizada que le viene haciendo oposición a sus reformas sociales tiene el chance de proponerle al país, en las próximas elecciones, profundizar las reformas con miras a darle un viraje al país; pero también podrán optar sus más visibles figuras, por desandar lo caminado, para continuar siendo el inviable platanal al que se acostumbraron a manejar, hasta que el progresismo y la izquierda les arrebataron el poder. Entonces, el reto está en si quieren que Colombia siga siendo un platanal con bandera, o un Estado y una sociedad modernas, civilizadas, pero, sobre todo, ecológica y socio ambientalmente sostenibles. ¿Les interesará hacerlo? No lo creo, pero guardo la esperanza de que logren entender que Petro les está mostrando el camino para que por fin logren legitimarse y de esa forma dejar de gobernar a las malas, a las patadas al país, como lo vienen haciendo desde hace más de 50 años.

Imagen tomada de Canal 1. 

JUEZ ORDENA "DESMONTAR" EL EGO DE BARBOSA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Francisco Roberto Barbosa Delgado será recordado por tres hechos públicos: 1. Haberse prestado para que desde la Fiscalía se solicitara a dos juezas de la República, igual número de vergonzantes preclusiones del proceso penal del expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez. Y todo, por cumplirle la tarea que le dejó su amigo, el también fatuo Iván Duque Márquez, el presidente-títere que lo ternó y que, con la anuencia de la Corte Suprema de Justicia, lo puso en la Fiscalía para servirle al uribismo en todas sus manifestaciones. 2. Convertir el búnker en un partido político y plataforma ideológica para lanzar su precoz candidatura presidencial del 2026, con el respaldo de Fenalco y otros gremios económicos. Hay que recordar que Barbosa Delgado de manera temprana usó escenarios académicos y empresariales para atacar al presidente Petro y dejar sentada su postura de ultraderecha. 3. Por la instalación de placas con las que pretendió lavar la mala imagen de su desastrosa administración y dar rienda suelta a su incontrastable ego.

Dedicaré esta columna a la orden que dio un juez de la República de retirar por lo menos seis placas que Barbosa Delgado mandó a hacer y pegar en paredes y baños con las que pretendió “inmortalizarse”, auto exaltando su labor como fiscal general de la Nación. Fue tan pobre su gestión al frente del ente acusador, que le tocó a él mismo auto alabarse porque sabía que nadie más se atrevería a exaltar su paso por la dirección general del ente acusador, a todas luces infausto y de ingrata recordación. Lo que no queda claro es si la orden del juez de desmontar las placas se pueda extender al desmonte de su ego. Quizás el juez, sin decirlo, lo esté enviando al diván para que un profesional de la psicología le ayude a controlar su egocentrismo. 

Este hombrecillo ya había hecho alarde de su capacidad de auto alabarse cuando en una entrevista con el director de noticias Caracol y en horario prime time, se calificó como el hombre de su edad, más preparado del país. Esto dijo en aquel momento: “soy doctor, tengo dos maestrías, soy historiador, he escrito 10 libros, he sido profesor en más de 10 universidades en el mundo, columnista y escritor”. No, pues, tremendos logros para quien estuvo al frente de la Fiscalía sin tener la más mínima idea del ámbito de lo penal.

Lo cierto es que la megalomanía de este sujeto es inocultable y enfermiza. Vaya uno a saber qué le pasó en su infancia, para haber crecido con esa egolatría que lo lleva a auto concebirse como un ser virtuoso, casi único, cuando, como todos, es un simple mortal. Usted, señor Barbosa, se ha  sobredimensionado. Usted decidió ser un peón de un régimen político que convirtió a Colombia en un oscuro platanal, en una "República bananera". Usted no tiene nada de especial. 

La orden del operario judicial de desmontar esas placas que más bien parecen lápidas con burdos epitafios propios de un ególatra, constituyen un duro golpe al ego de este inefable funcionario que se opuso a la Paz Total, a la política antidrogas del gobierno; que atacó a la JEP; y que se convirtió en el más acérrimo enemigo político del presidente de la República y por ese camino, hizo que el búnker de la Fiscalía fuera la sede política y electoral de los sectores de la derecha inconformes con la llegada de Petro al poder.

Además de haber gastado dinero público en las señaladas placas, se gastó 180 millones de pesos en la publicación de libros en los que da cuenta de su inflada gestión. Otra prueba más de que su ego necesita algún tipo de tratamiento por lo costoso que le sale mantenerlo en lo más alto. Antes de irse del cargo, ya le había dejado claro a los colombianos que es consciente de su prepotencia y de su ego: “Mucha gente me ha criticado y me ha dicho: el fiscal general no baja la cabeza, el fiscal general tiene el ego muy alto, el fiscal general es una persona prepotente, si ser prepotente o tener ego muy alto es no agacharles la cabeza a ciertos sectores de este país, seguiré siendo prepotente y seguiré teniendo el ego muy alto en este país” (Tomado de Infobae).

Claramente, en el 2026 lo veremos en la arena electoral con todas las ganas de parecerse a su amigo Iván Duque Márquez, todo un referente y ejemplo a seguir para este servil exfuncionario. Si siendo Fiscal mandó a hacer placas y publicar 5 libros con un tiraje de 5000 ejemplares, imagino que como presidente de la República fundará un barrio con su nombre o quizás le pida al Banco de la República que imprima un billete de 50 mil pesos con su rostro y su poderosa alopecia. O quizás, mande a acuñar su propia moneda. Pobre tipejo.

Imagen tomada de EL TIEMPO.COM

PAZ TOTAL Y EL ORIGEN DE CLASE DEL PRESIDENTE PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Es poco probable que en lo que queda de este gobierno uno de los grupos armados ilegales con los que dialoga, decida firmar el armisticio y reinsertarse a la vida social, política y económica del país. Por ello, es hora de hacer un balance del proyecto de la Paz Total desde dos perspectivas o factores, en particular, desde uno muy poco tenido en cuenta al momento de evaluar iniciativas de paz.

El primer elemento tiene que ver con el carácter maximalista que el jefe del Estado le dio a esa iniciativa de paz. La verdad es que se trata de una verdadera espada de Damocles que amenaza todos los días el destino de los diálogos sostenidos con el ELN y las disidencias farianas de los “Ivanes” Mordisco y Márquez. No dedicaré más líneas a ese factor.

El segundo elemento, del que poco se habla y que podría tener más peso e importancia que ese maximalismo, tiene que ver con los orígenes políticos y de clase de los presidentes de la República. En varios casos, esa circunstancia sirvió, en doble vía, como fuente legitimadora de la lucha guerrillera y como una manera de reconocer, a nombre del establecimiento colombiano, que efectivamente había razones históricamente objetivas que justificaban el levantamiento armado de las guerrillas en los convulsionados años 60.

Desde Belisario Betancur, pasando por Andrés Pastrana y su fallido proceso de paz del Caguán, hasta llegar a Juan Manuel Santos, todos los procesos de diálogo adelantados estuvieron marcados por ese particular elemento. Sin duda alguna, ese factor coadyuvó a que aquellas búsquedas de la anhelada paz en Colombia estuvieran sobrecargadas de una legitimidad otorgada en función de ese factor de clase. Los que en nombre del establecimiento colombiano mostraron interés en pacificar al país a través del diálogo y la cesión de algo de poder, lo hicieron convencidos de que no les iban a permitir  afectar la viabilidad del proyecto político de la derecha. En este punto hay que señalar que Betancur y Santos mostraron un genuino interés de alcanzar la paz, mientras que Andrés Pastrana usó los diálogos del Caguán como una estratagema con la que buscó exponer internacionalmente a las Farc-Ep, al entregarle sin verificación y sin control alguno los 42 mil kilómetros cuadrados que esa agrupación usó para armarse y traficar con droga. Las Farc-Ep "cayeron" en la trampa que les montó Pastrana, en virtud a su torpeza para leer el contexto internacional y porque estaban convencidos aún de que podrían tomarse el poder a tiros.  

Así entonces, el pasado político y la clase social de los presidentes de la República ha sido un factor clave para los grupos armados ilegales que lo vieron siempre como una fuente inagotable de reconocimiento político de su lucha armada. Al llegar Petro a la Casa de Nariño y al no estar ese elemento sociopolítico, la ya naturalizada legitimidad de las estructuras armadas (ELN y disidencias farianas) empezó a erosionarse. Por venir Petro del M-19 y de hacer parte del único proceso de paz exitoso (el de La Habana sigue siendo un proceso, porque está en la etapa de implementación de lo acordado), esos grupos “guerrilleros” asumieron erróneamente que el presidente Petro había traicionado el proyecto revolucionario que alguna vez cobró vida con la Coordinadora Nacional Guerrillera. Vaya error.

Al ser Petro un outsider, no arrastra la obligación moral de los hijos de la élite, de conversar con los grupos armados ilegales. El actual presidente propuso una agenda de paz, pensando en minimizar el sufrimiento de la población civil, pero alelado de cualquier compromiso atado a un origen de clase que él, por supuesto, no puede exhibir. 

En varias ocasiones el presidente Petro ha deslegitimado las luchas del ELN y las disidencias de las Farc-Ep, reduciendo su operación militar al poder que les da las economías ilegales. Aquel epíteto que Petro lanzó contra alias Iván Mordisco, de “traqueto vestido de revolucionario” da cuenta de la manera como el jefe del Estado asume la lucha armada de unos grupos que, a su juicio, sobreviven por las economías ilícitas (explotación de oro, tráfico de drogas y secuestros extorsivos) que les da con qué comprar armas. Planteadas así las cosas, esas organizaciones criminales dejaron de preocuparse por justificar, hacia adentro y hacia afuera, su confrontación político-militar con el Estado. Lejos está Petro de reconocerles legitimidad alguna a quienes se quedaron viviendo en el pasado y anhelando el viejo socialismo de la Unión Soviética.

Para ponerlo en términos coloquiales hay que decir que Petro no les come cuento, no les cree, porque él mismo es ejemplo vivo de que es posible, desde la institucionalidad y bajo las reglas de la imperfecta democracia colombiana, lograr los objetivos que orientaron su lucha armada y revolucionaria en los años 70.

Lo más probable, entonces, es que, a dos años de culminar su administración, Petro no logre la Paz Total a la que le apostó alejado de cualquier intención ideológica y política de legitimar a unas organizaciones armadas que hace rato perdieron el rumbo y que dejaron de representar al “pueblo” por el que se levantaron en armas contra el Estado. Difícilmente representan a esa vieja izquierda que no creyó necesariamente en la revolución armada y en la combinación de todas las formas de lucha. El ELN y las disidencias farianas se representan a  ellas mismas y al espíritu decadente que poco a poco las redujo a unas simples organizaciones criminales.

Imagen tomada de Prensa Llanera

ALOCUCIÓN PRESIDENCIAL PARA DESMENTIR A LA OPOSICIÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

No recuerdo una alocución presidencial en la que un presidente de la República se haya dirigido a las audiencias para desmentir a sus opositores, detractores y enemigos. La alocución presidencial de la noche del 24 de abril pasará a la historia porque no se pensó para que el jefe del Estado hiciera un balance de su administración o para dar un anuncio importante, sino para desmentir a medios de comunicación tradicionales que usan el espectro electromagnético, propiedad del Estado, para mentir; de igual manera, a políticos de la Oposición y periodistas-activistas que vienen tergiversando el sentido de las reformas, en particular la pensional que acaba el Senado de aprobar en un tenso debate.

Sentado y mirando a los colombianos, el presidente Petro dedicó gran parte de su corta intervención a refutar y contradecir a sus detractores que, apelando a todo tipo de perversas interpretaciones, estratagemas y fake news, vienen desinformando a través de los medios masivos tradicionales y las redes sociales, en particular en la red X, sobre el espíritu y el sentido del proyecto de ley con el que se reforma el inequitativo y perverso sistema pensional colombiano.

Petro refutó a quienes insisten en que con la reforma pensional los “jóvenes no se van a pensionar, o que aumentará la edad para pensionarse o que el gobierno va a expropiar los ahorros de los colombianos”. Con ayudas audiovisuales, la alocución de esta noche cambia radicalmente la manera como el presidente venía usando la herramienta de la alocución presidencial. En anteriores ocasiones, simplemente el equipo de comunicaciones de la Casa de Nariño tomaba apartes de intervenciones del presidente en foros y reuniones, con problemas de sonido, pero, sobre todo, sin saludar y hablarle a las audiencias.

Esta alocución se da tres días después de las movilizaciones del 21 A en las que medios alternativos registraron casos de colombianos que salieron a protestar, dejando ver que están mal informados o que ignoran el sentido de las reformas sociales que aún sobreviven en el Congreso. Otros, por supuesto, simplemente salieron a protestar porque odian a Petro por haber sido guerrillero y otros, porque se dejaron seducir para que “salieran berracos” a decir barbaridades.

Eso sí, debió el presidente señalar con nombres propios a cada uno de los actores políticos, sociales y mediáticos que vienen tergiversando y asustando a la opinión pública con sus mentiras. Incluso, bien pudo el presidente confrontar directamente a David Luna, Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, entre otros políticos de la ultraderecha, que vienen construyendo una narrativa sinuosa con la que intentan ocultar sus intereses corporativos, atados a sus privilegios de clase, atados a los de quienes patrocinaron sus campañas políticas o, simplemente, por la cercanía ideológica que los hace copartidarios y defensores del inequitativo sistema pensional colombiano. Exponerlos ante las audiencias hubiera servido para mandarles un mensaje claro: es con argumentos que se deben discutir los proyectos y no con mentiras o medias verdades.

Eso sí, si bien esta alocución fue importante, debe el gobierno seguir en la tarea pedagógica de confrontar a la Oposición mentirosa, con miras a que en las venideras movilizaciones disminuya el número de marchantes que le comen cuento a medios que todo el tiempo están falseando la realidad y tergiversando los hechos.

Imagen tomada de la cuenta del presidente Petro, en X.

¿A QUIÉNES REPRESENTAN REALMENTE LOS CONGRESISTAS?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La democracia representativa en Colombia deviene en una profunda crisis de credibilidad y legitimidad, provocada, en gran medida, por la financiación de las campañas de los aspirantes a llegar al Congreso de la República; muchos de estos, patrocinados por grupos empresariales o sectores con poder económico y político de la sociedad civil, poco interesados en aportar a la consolidación de un Estado social de derecho y acercar el actual modelo de desarrollo económico, a los estándares propios de una sostenibilidad sistémica que supere los límites de la sostenibilidad económica. Por el contrario, quienes financian a los congresistas, parecen más interesados en extender en el tiempo las condiciones de desigualdad, pobreza estructural, inequidad y otras formas de violencia que de tiempo atrás les ha servido para naturalizar el clientelismo electoral y por esa vía, la compra de votos a cambio de la entrega de migajas a millones de colombianos que sobreviven en condiciones marginalidad y vulnerabilidad.

En las discusiones de las reformas a los sistemas de salud y pensional, quedó en evidencia esa relación perniciosa y pecaminosa recreada por la financiación que recibieron varios congresistas de la Comisión Séptima del Senado de las EPS y de otros de sus colegas que se habrían favorecido electoralmente al recibir dineros de los fondos privados de pensiones. Estos sectores de poder terminaron llevando al Congreso a unos políticos poco interesados en servirle al “pueblo”, constituyente primario o a una comunidad en particular. Por el contrario, sus curules están al servicio de los mezquinos intereses de estos actores de la sociedad civil a los que no les convienen las reformas porque solo piensan en extender en el tiempo sus privilegios, y por esa vía, quitarles a la salud y a la pensión el carácter de derechos, garantizados en condiciones de dignidad, para volverlos una mercancía o un privilegio inalcanzable. 

Esos sinuosos patrocinios son el resultado de la captura de los partidos y movimientos políticos, convertidos en nidos clientelares, en estructuras de poder que operan bajo un ethos corporativo mafioso, lo que los distancia de cualquier interés u obligación de representar al “pueblo” o a específicas comunidades que exigen que se legisle en función del bienestar colectivo.  Por todo lo anterior, cuando el presidente del Senado, el inefable Iván Name le exige al jefe de Estado que "respete la autonomía del Congreso" está ocultando la realidad de muchos congresistas que actúan como peones, mandaderos o sirvientes de poderosos empresarios.

Convertidos entonces en lobistas con fuero, estos congresistas no legislan para sacar adelante al país facilitando y mejorando las relaciones entre el Estado y la sociedad y aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Todo lo contrario. Llegaron a la “cuna de la democracia” para torpedear la consecución del objetivo estratégico y general que inspira a las reformas a la salud y al sistema pensional: lograr que la salud deje de ser lucrativo negocio para unos pocos corruptos y se convierta por fin en un derecho; y pensionarse deje de ser  un lujo a los que muy pocos pueden acceder, para convertirse en un premio al esfuerzo de años y años de trabajo.

Bajo esas circunstancias, las democracias representativa y participativa entran en una profunda crisis de legitimidad y credibilidad en la medida en que actores privados con músculo económico y una enorme avaricia, las convirtieron en un juego de burdos y sucios intereses electorales. Mientras EPS, Fondos privados de pensiones y grandes empresas compran la voluntad de los candidatos de los congresistas, los partidos políticos y los congresistas terminan aportando a la compra de votos a través del ya institucionalizado clientelismo electoral.

Imagen tomada de Colombia Informa. 

LAS EMOCIONES EN UNAS MARCHAS “PACÍFICAS” CARGADAS DE ODIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

 Por Germán Ayala Osorio

 

 Después de las marchas anti-Petro del 6 de marzo del presente año, en una columna advertí que de estas emergían fácilmente tres categorías: Marchantes Mediatizados (MM), Marchantes Politizados (MP) y Marchantes Seducidos por un Pago (MSP). 

Ahora, pasadas las movilizaciones del 21 de abril insisto en que esas tres categorías volvieron a aparecer en las nutridas manifestaciones. La novedad es que en las señaladas marchas apareció una cuarta que he denominado Marchantes Emocionales (en adelante ME). Bajo esa nomenclatura caben todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, llevados por una inocultable Petrofobia, dieron rienda suelta a sus emociones para lanzar todo tipo de improperios en contra del jefe de Estado, hasta el deseo de verlo muerto, fruto de un crimen quizás, y metido en un frío ataúd.

Dentro de todas las entrevistas que hicieron algunos petristas infiltrados en las marchas, apareció el testimonio de una señora que dijo ser víctima del M-19, hecho con el que justificó su animadversión hacia el presidente de la República por haber sido militante de esa agrupación armada ilegal. Las razones para odiar de la ciudadana están perfectamente justificadas por cuanto perdonar es un acto individual y porque desconocemos el nivel de afectación de la que fue víctima de acuerdo con su propio relato. Aunque no se pudieron conocer las circunstancias en las que esa guerrilla pudo haber afectado la vida de la marchante, sí quedó en evidencia es que la señora sigue ahogándose en el remolino de la animadversión en el que ella mismo decidió quedarse por cuenta de su inconmensurable odio. Parece que se trata de un odio selectivo si tenemos en cuenta que dentro del Centro Democrático (CD) hay por lo menos 4 excompañeros de Petro. Habría, entonces, unos exguerrilleros “buenos” por estar militando hoy en la derecha y solo uno “malo”, Gustavo Petro, al que no se le puede perdonar haberse levantado en armas contra el Estado y mucho menos, continuar con sus ideas de izquierda, porque eso constituye una aberración.

Otros que no se identificaron como víctimas del M-19, simplemente expresaron su inquina por el solo hecho de haber pertenecido a esa guerrilla. Y en este punto vale la pena reflexionar en torno a que los procesos de paz arrastran una grave falencia: no se diseñaron estrategias pedagógicas orientadas a que, desde el Estado, una vez firmados los armisticios, se promoviera el perdón colectivo e individual. Muy seguramente de haber existido esas campañas de llamado al perdón, la fatal presencia de esas emociones negativas que cientos de miles de ciudadanos llevan cultivando en sus corazones, se habrían minimizado en estas movilizaciones del 21 de abril.

El triunfo del No en el plebiscito por la paz de 2016 es el mejor ejemplo de los impactos negativos que dejó el no haber diseñado campañas pedagógicas orientadas a seducir los corazones de aquellos que, ubicados en un plano moral superior, se creen con el derecho de decidir quién vive y quién no, de acuerdo con las ideas que defienden. Hay que señalar que la pírrica victoria del No se dio por dos razones fundamentales: la primera, porque la prensa se alió con la derecha y el uribismo a hacer una campaña llena de mentiras como el rayo homosexualizador y la entrega del país a esa guerrilla. Como lo reconocieron sus principales animadores y el gerente, el objetivo era sacar la gente “berraca” a votar. Y la segunda, porque el gobierno de Santos fue incapaz o jamás le interesó diseñar los instrumentos o dispositivos ideológicos y culturales con los que se buscara seducir a los colombianos de la importancia de haber firmado el acuerdo de paz entre el Estado y esa guerrilla y, sobre todo, de la urgente necesidad de perdonarnos.

Así las cosas, los Marchantes Emocionales (ME) le dejaron claro al gobierno y al resto de la sociedad que no están dispuestos a escuchar argumentos y mucho menos a reconocer algo positivo que haga el gobierno de Petro. Petro es, para estos ME, un “maldito, un hijo de puta guerrillero y un bandido que solo merece ser asesinado”. La arenga “fuera Petro” va más allá del deseo de sacarlo de la Casa de Nariño. Lo quieren “fuera de circulación” porque representa la “maldad y lo peor del país”. Recordemos que es peor ser de izquierda, que corrupto.

Lo más preocupante de todo lo anterior es que para las elecciones de 2026, a esos Marchantes Emocionales se irán sumando los Marchantes Mediatizados y los Marchantes Politizados. De continuar las marchas de lado y lado, como se prevé que ocurrirá, los odios seguirán creciendo en quienes no están dispuestos a perdonarle a Petro su pasado guerrillero. Las marchas del 1 de Mayo volverán a meter a petristas y a los anti petristas en la espiral de violencia física y simbólica que no sabemos hasta dónde nos llevará como sociedad fracturada que naturalizó la violencia social y política a través del lenguaje.

Ante la impotencia de no poder ver muerto al presidente, entonces esos deseos reprimidos los llevará a violentar a los petristas o a los periodistas de RTVC, salieron a cubrir las movilizaciones.  O quizás, simplemente, terminen violentando a quienes en el 2022 votaron por Petro porque creyeron en su proyecto político, a pesar de devenir maximalista para una sociedad que se acostumbró a vivir en medio de la mediocridad, la avaricia y la corrupción de todos los gobiernos de derecha.  

Imagen tomada de Infobae

DESPUÉS DE LAS MOVILIZACIONES, PETRO DEBE DIRIGIRSE AL PAÍS QUE MARCHÓ

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Terminada la jornada de protestas en las principales ciudades del país, ¿qué debería de hacer o responder el gobierno? Sugiero al equipo de asesores, a RTVC y al propio presidente de la República elaborar con aplomo y consistencia argumentativa una respuesta a través de una alocución presidencial con la que el jefe del Estado desmienta a aquellos marchantes que justificaron su presencia en las masivas movilizaciones, basados en mentiras o interpretaciones erróneas en torno a los objetivos e impactos de las reformas a los sistemas de salud y pensión. Hay que decir que las incertidumbres de cientos de miles de los que salieron a marchar son el fruto del trabajo desinformativo y la “mala leche” de periodistas y opinadores de medios como El Tiempo, Semana, El Colombiano, La W, La FM y Blu Radio, que acordaron de tiempo atrás deslegitimar al gobierno de Petro.

Temas como el alto costo de la gasolina, el desempleo y la narrativa aquella que dice que “Colombia va muy mal, que va por el despeñadero del comunismo”, ameritan una respuesta contundente del gobierno. Una mentira repetida mil veces, y con la ayuda de los señalados medios de información, se convierte en verdad.

En torno a los políticos que lideraron las marchas, el presidente, en la misma alocución, debe confrontarlos para desnudar sus incoherencias y en especial, sus responsabilidades políticas frente al silencio que guardaron frente a la debacle de las EPS, la corrupción en el manejo de billonarios recursos. Para el caso de las pensiones, ponen en evidencia a aquellos que salieron a caminar las calles por la defensa del sistema privado de pensiones, a pesar de que cotizan o ya tienen pensiones altas fruto del ahorro en Colpensiones, entidad demonizada por personajes como Francisco Santos y David Luna. Sería interesante analizar el caso de la pensión de “Pacho” Santos y saber si Luna, de Cambio Radical, cotiza a un fondo privado o en Colpensiones.

Podría el presidente de la República hacer referencia a casos puntuales para consolidar sus argumentos y las razones por las que el país necesita modificar el inequitativo y deshonroso modelo pensional. Se me ocurre que coja el caso del e exsenador Ernesto Macías quien públicamente dijo que los fondos privados de pensiones lo engañaron, razón que lo llevó a pasarse, en tiempo récord por ser congresista, a Colpensiones. En la alocución, Petro puede exhibir los titulares con los que la prensa registró ese hecho: “Los fondos de pensiones me engañaron: Ernesto Macías” (La W). “Ernesto Macías explica su traslado de fondo de pensiones. "cuando a mí me vendieron el fondo privado lo hicieron a través de una cantidad de engaño y quienes no conocemos bien el 'modus operandi' de esto se cae en engaños" (El Tiempo).

Frente a los cientos que salieron a mojarse por el solo hecho de que odian a Petro por haber pertenecido al M-19, el presidente debe enviarles un saludo de reconciliación, explicando brevemente las razones objetivas, reconocidas así por el entonces presidente Belisario Betancur Cuartas, para haberse levantado en armas. Y dejarles claro que no participó de la toma del Palacio de Justicia. También sería pertinente volver a pedirle perdón al país por la toma del recinto de la justicia por un piquete del M-19.

Y no está demás que el propio presidente de la República, en la misma alocución, le haga una invitación formal a los medios aquí señalados, para que informen respetando el mandato constitucional de hacerlo con veracidad y responsabilidad social.

Adenda: no está bien que el presidente Petro le dé retuit a un video en el que Jaime Garzón, representando al exministro neoliberal, Rudolf Hommes, alude a la clase dominante.

Imagen tomada de Noticias Visión del Tolima

MARCHAS DEL 21 A Y EL LUGAR DEL CENTRO POLÍTICO

 

Por Germán Ayala Osorio

Con las marchas adelantadas por la oposición en contra del gobierno progresista de Gustavo Petro, algunos comentaristas se preguntaron por cuál sería o debería de ser la reacción de quienes se ubican en el medroso centro político. Para infortunio de quienes insisten en ubicarse en esa instancia política e ideológica, figuras públicas como Sergio Fajardo, auto proclamadas como de centro, informaron que participarían de las marchas del 21 de abril, gritando a voz en cuello, “fuera Petro”, “abajo la dictadura” y en defensa de los agentes privados que dominan las pensiones y la salud en Colombia.

Por supuesto que Fajardo no podría ubicarse como alternativa política a las polarizantes sectores de la izquierda y la derecha. El ex gobernador de Antioquia es y será siempre de derecha, así algunos medios masivos, líderes de opinión y el propio profesor insistan en ubicarlo en el espectral sector político.

En un país históricamente dominado por una derecha mafiosa y criminal la respuesta natural a esos procesos ignominiosos que lideraron sus más connotados miembros que terminaron en la captura del Estado, sobrevino de una izquierda mal representada por unas guerrillas que jamás entendieron qué era eso de hacer la “revolución” y mucho menos de ser y comportarse como revolucionarios.

Mientras la derecha se consolidaba como única opción de poder, la izquierda, originalmente fragmentada por el dilema de apoyar o no la lucha armada liderada por los grupos subversivos levantados en armas en los años 60, apenas si lograba ganar un lugar en una sociedad derechizada, goda y poco leída gracias a la manipulación de los hechos por parte de la gran prensa del establecimiento.

La presencia otoñal de esas guerrillas jamás puso en riesgo la hegemonía de esa derecha, pero le sirvió a la élite dominante recrear la narrativa de un riesgo inminente de que llegara al país el “comunismo” en sus versiones modernas: el castrochavismo o ahora, el petrismo. De allí, entonces, que dispusieron llevar a la Casa de Nariño al más cruel y despiadado político que sirviera a sus propósitos económicos y políticos, ajustados a las tesis del neoliberalismo: Álvaro Uribe Vélez.

Bajo esas circunstancias, el centro político jamás sirvió como alternativa al enfrentamiento ideológico en el que ha vivido Colombia en los últimos 60 años. Quienes de manera temprana quisieron ubicarse en ese sector ideológico y político, asociado a los planteamientos de la Tercera Vía, no tuvieron el arrojo y la sagacidad para construir un ideario visible y creíble alrededor de qué es eso de ser de centro. La verdad es que en Colombia no emergieron líderes de centro capaces de tomar distancia ética de los errores y delitos cometidos por quienes siempre estuvieron y están aún atornillados a una derecha inmoral porque su proyecto de país y de desarrollo económico es socio ambiental y ecológicamente insostenible. En estos tiempos de crisis climáticas y civilizatorias a decir de Enrique Leff, el centro y la izquierda deberían de confluir en el propósito de ahondar el proyecto progresista que hoy medianamente manda en Colombia.  Pero no. Aquellos que se auto proclaman de centro o en la centro derecha e incluso, en la centro izquierda, exhiben miedo de perder los privilegios alcanzados o de simplemente ser señalados como traidores por unos, y de tibios, por otros.

La presencia del centro político ha sido más bien espectral por la incapacidad de quienes se auto proclaman militantes de ese espectro ideológico, de consolidar una narrativa diferenciada de las apuestas de la derecha y por esa vía un ideario sólido y creíble. Han sido tibios en sus posturas y han evitado confrontar con firmeza a quienes, desde esa derecha corrupta, criminal y privilegiada, convirtieron a Colombia en un país feudal, desigual, violento y pobre, en medio de una exuberante riqueza ambiental.  

Lo cierto es que el centro político ha servido más bien como estratagema electoral de políticos y ciudadanos del común que a pesar de sentir algo de vergüenza por los hechos de corrupción en los que han estado involucrados congresistas y presidentes de la República y de corporaciones privadas,  optaron por guardar silencio para evitar confrontar, por ejemplo, a aquellos movimientos y partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical, dos de las colectividades con más miembros investigados, procesados y condenados por corrupción, entre otros delitos.

Imagen tomada de Youtube.com

 

EL HUMOR BURLESCO Y DAÑINO DE DANIEL SAMPER OSPINA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Daniel Samper Ospina padece de la inocultable Petrofobia que describió con toda su patología María Jimena Duzán en columna de marras. (Ver columna). En su espacio semanal NotiDanny explicita su radical animosidad contra el presidente de la República. Es tal el repudio que lo anima, que lo que él considera humor es una simple diatriba ideológica.

En sus reiterativos monólogos Samper Ospina no usa los hechos de la realidad para elaborar un discurso político, acompañado de mofas y comentarios inteligentes, como lo hacía Jaime Garzón. No. Por el contrario, apela a hechos noticiosos para tergiversarlos, para mentir o minimizar los logros del actual gobierno. Entre NotiDanny y RCN o Caracol las únicas diferencias son el set, los dos gatos llamados Nicolás (en razón a los hijos de Petro) y claro, las presentadoras.

Imagino que Samper Ospina, hijo del decano del periodismo en Colombia, Daniel Samper Pizano, cree a pie juntillas que su “noticiero” es chistoso. Pero no es así. Por el contrario, su “humor” se torna aburrido y soso porque no hay sorpresas, es repetitivo. No hay elaboraciones inteligentes. El libreto cada ocho días es el mismo: en el centro está la figura de Petro, o Berto, o el Mesías Humano.

Es tan básico su humor que insiste en burlarse de los enanos, de los mochos, incluido Vargas Lleras; o de los que tienen labio leporino; los alias de los criminales le sirven para dar rienda suelta a lo que parece ser una fijación anal. Entonces, ante el alias ‘Diarrea’ y la imagen de un médico proctólogo pregunta: ¿se le sale el popó? Y aparecen repetidamente en sus emisiones otras “micciones” ideológicas.

Además, parece tener una fijación con el aparato reproductor masculino y con aquel con el que a diario la humanidad se “caga” literalmente en el planeta. No hay emisión en la que no repita imágenes alusivas al trasero del presidente de la República.

En el pasado, cuando fungió como director de la revista SOHO, usó el cuerpo de las mujeres que logró que posaran desnudas, para minimizarlas en una sociedad machista, patriarcal y con inocultables visos de misoginia. En internet circulan pantallazos de correos electrónicos enviados por Samper Ospina en los que se refiere de mala manera a los cuerpos de sus modelos. “Ni se te ocurra, por nada del mundo, decir que te las mostré, pilas que me matan”, escribió para email que envió en 2011 a una persona que reconoce como su “mentor”. También usó frases como: “Están muy buenas”, “de resto hay una marimacha” y finalmente “guárdame la espalda, tú no has visto nada”.

Por todo lo anterior, la apuesta humorística de este refinado payaso no cabe dentro de la categoría de humor político. Lo que hace es otra cosa: en lugar de humor, practica una burla dañina con propósito ofensivo.

Imagen tomada de Facebook

ALCALDE DE CALI Y LA NARRATIVA DE UNA CIUDAD VIOLENTA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, solicitó a los medios morigerar o cambiar la narrativa negativa que brota de los problemas de inseguridad que soportan los caleños de tiempo atrás. A diario vemos en las redes videos de robos, riñas callejeras, persecuciones policiales y asesinatos. El mandatario local dijo lo siguiente: “Tal como lo he pedido a los medios nacionales, por favor cambien la narrativa de lo que es Cali. Eso tiene que cambiar. Cali es una ciudad fuerte y es una ciudad capital que va a salir adelante”.

El reclamo de Eder lo hizo mientras Noticias Caracol le hacía un publirreportaje con el que el noticiero trató de destacar lo positivo de una administración que apenas lleva tres meses. Aquí hay una trampa mediática y política en la que caen todos los mandatarios cuando un medio masivo de información insiste en que es posible evaluar una administración en tan poco tiempo al frente de ciudades que arrastran problemas complejos. El alcalde debió decirle al director del medio que es casi imposible evaluar su gestión en tan poco tiempo. Pero no, optó por naturalizar la trampa planteada por el noticiero.

Caracol Noticias y otros medios insisten en esa trampa por un interés periodístico, pero también económico. De allí que la apuesta informativa es destacar las buenas acciones y deseos de los alcaldes, y minimizar los problemas estructurales de la ciudad de Cali con sondeos y encuestas que de poco o nada sirven para enfrentar las graves problemáticas que afrontan ciudades como Cali, Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.

Insistir en que disminuyeron los homicidios y que “53 personas se salvaron de morir” gracias a esa reducción, no es suficiente para calmar los reclamos de una ciudadanía cansada de la incapacidad del Estado y de la corrupción público-privada que impide, entre otras cosas, atacar la raíz del problema de violencia armada en la capital del Valle del Cauca: la connivencia de agentes estatales con las mafias que permiten la compra, venta y el alquiler de armas en la ciudad. La importación de armas traumáticas amerita controles efectivos, así como su compra y porte. Hay que trabajar más en la inteligencia policial y militar, al tiempo que hay que mejorar en esos mismos sectores, la contra inteligencia.

Eder aprovechó la oportunidad para insistir en frases de campaña como “vamos a recuperar a Cali, a devolverle la dignidad a los caleños y a reconciliarnos”. Esas frases caen en el vacío porque lo que necesita Cali y el país entero es un revolcón del modelo social, económico y político con el que agentes tradicionales de la sociedad orientan los ejercicios del poder.

La idea de reconciliar que plantea Eder está pensada entre grupos sociales enfrentados, resultado de una lucha de clases que emergió con fuerza durante el estallido social de 2021. No. Se equivoca. Aquí el que tiene que reconciliarse con los caleños es el Estado local y las esferas de poder que lo han operado para hacerle miserable la vida a millones de caleños.   Y para lograr esa reconciliación, el alcalde no puede pretender que los medios cambien la narrativa por el solo hecho de que afecta la imagen de la ciudad.

Los problemas de convivencia en las calles de la ciudad, el irrespeto a las autoridades de tránsito y policía, los atracos callejeros y los homicidios son el resultado, justamente, de la ausencia del Estado o de una presencia selectiva que solo favorece a unos sectores privilegiados.

Hay otras formas de violencia que pocos ven. Por ejemplo, la mala atención de los funcionarios públicos al momento de atender a los usuarios ante un trámite y reclamo. También la suciedad en calles y avenidas. El feo ornato en sectores populares y deprimidos da cuenta de una visión clasista del Estado, es un factor generador de malestar social y violencia. Igualmente, transitar por calles rotas y llenas de huecos, y semáforos que duran dañados varios días, van sumando al malestar de la ciudadanía. Así, los problemas no se solucionan con el cambio de narrativa, sino con el cambio de realidades. Y para ello, hay que tener visión de Estado.

Imagen tomada de RCN

¿NOS ODIAMOS?

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Bajo la "amenaza" de una gran marcha desestabilizadora este 21 de abril en contra del gobierno de Gustavo Petro y en medio de una confusa declaratoria presidencial de día cívico dos días antes, es decir, el 19 de abril, bien vale la pena tomarnos un tiempo para pensar de dónde viene tanto repudio entre la izquierda y la derecha, entre colombianos. O de dónde proviene tanto desprecio hacia ese exguerrillero pobre que dejó las armas y que, jugando con las reglas de la democracia institucional, le arrebató el poder a una clase política y económica que por años se acostumbró a poner en la Casa de Nariño a presidentes de su misma estirpe.  

Los niveles de crispación social, ideológica y política agudizados en el país desde el triunfo electoral de Gustavo Petro en 2022 han ido llevando la discusión privada y pública de asuntos públicos, a unos niveles de violencia verbal y física que, además de estar atados a un inocultable clasismo y racismo, son el resultado de una realidad que se ha mantenido oculta: nos odiamos entre los colombianos y aborrecemos el país en el que nos tocó vivir.

Los privilegiados, porque les toca irse de vacaciones a Miami o a Europa, porque acá no pueden ostentar lo que tienen; y los poco favorecidos, porque a pesar de esforzarse, al final saben que la única forma de alcanzar una anhelada vida de lujos y vanidades es “coronando un viaje de droga” o prestarse para otro tipo de torcidos. Y cuando los privilegiados les toca quedarse a vivir, lo hacen construyendo verdaderos búnkeres que sirven de fronteras invisibles entre los que tienen mucho y los que no tienen nada.

Miembros de comunidades pobres o empobrecidas en los últimos años debido a la consolidación del modelo neoliberal sienten una inocultable animadversión hacia todo aquel que exhibe posesiones como un vehículo de media o alta gama, una finca, así sea pequeña, o el uso de joyas o cualquier otra muestra de poder adquisitivo. Del otro lado, el sentimiento es el mismo: “el pobre es pobre porque quiere” o “usted no sabe quién soy yo” suelen ser las frases que con mayor claridad dejan ver los resquemores de aquellos “privilegiados”, frente a aquellos individuos minimizados por un modelo de sociedad fundado en un burdo y violento clasismo.

Una parte de la clase política y empresarial odia a todo aquel que agite banderas reivindicativas en asuntos laborales y más aún, a aquellos interesados en exponer los matutes que suelen consolidar congresistas, alcaldes, presidentes de la República y gobernadores, con empresarios, en particular con los contratistas del Estado. Así entonces, la única salida para superar las diferencias entre unos y otros no pasa por escucharse, sino por dejar de denunciar y exigir mejoras laborales, en un sistema mundo capitalista que tiende cada vez más a la precarización laboral, en particular en actividades económicas soportadas en el modelo de las maquilas. El regreso al viejo régimen de la esclavitud se abre paso en una sociedad clasista y racista como la colombiana.

La perspectiva ambientalista también es un factor de división y generador de odios entre grupos de poder y aquellos que, desde una genuina preocupación por las crisis climáticas que confluyen en lo que se conoce como el Cambio Climático, exigen controles a las empresas que contaminan el aire y los ríos, o ajustes al modelo de la gran plantación sobre el que se sostienen los sempiternos monocultivos de caña de azúcar y palma africana o aceitera; o límites a una ganadería extensiva de baja productividad, usada como mecanismo de especulación inmobiliaria en zonas periféricas con ecosistemas frágiles y valiosos como selvas. También, claro está, como avanzada para que los narcos puedan cultivar la coca y construir sus laboratorios para el procesamiento de la pasta de coca, para finalmente entregarle al mercado la cocaína, fortalecido por el propio sistema financiero.

Creo que llegó el momento de reconocer que nos odiamos. Que odiamos los controles a nuestras pulsiones y deseos, salidos de esa perspectiva de vida moderna llamada por Macpherson individualismo posesivo. Odiamos las reglas cuando estas se oponen a nuestros deseos de acumular más y más o, simplemente, en un ataque de superioridad moral y de clase cuando aquellas me impiden llegar a tiempo a una cita.

No hemos podido construir una nación en la que nos aceptemos todos en las diferencias étnico-culturales que algunos preferirían ocultar o de las que se avergüenza dentro y fuera del país. Y es así, porque nos encanta la uniformidad, fruto de la hegemonía de una clase que se cree blanca, que a pesar de que desdice de sus procesos de mestizaje, no puede ocultar que en el ADN de sus miembros hay genes de gente negra e indígena.   Hablamos, entonces, de que somos un “país de regiones” con ánimo auto comprensivo y la falsa idea de que nos aceptamos en las diferencias regionales, cuando no es así.

Lo que sí hicimos bien fue la tarea de consolidar narrativas que dan cuenta de regiones diferenciadas y que terminan naturalizando formas de dominación o discursos desarrollistas e insostenibles ecológica y socio ambientalmente, porque devienen atados a expresiones heroizantes como “pueblo berraco que venció los obstáculos de una naturaleza hostil”. Entonces, la Antioquia Federal y el discurso que reivindica al arriero y la colonización antioqueña emergen como paradigma para “sacar adelante a Colombia”, a pesar de la pobreza, el clasismo y el racismo que devienen estructurales.

Más allá de la crispación ideológica que soportamos desde el 7 de agosto de 2022, lo que deberíamos de revisar y aceptar es que nos odiamos entre nosotros y nos avergonzamos de nuestros orígenes étnico-culturales.

 

Adenda: Felipe Zuleta Lleras, un opinador privilegiado, llamó “plaga” a la congresista María José Pizarro, hija del asesinado comandante del M-19, Carlos Pizarro León-Gómez.  Las plagas, sean roedores o zancudos, entre otros, suelen eliminarse con dolorosas trampas o mortales venenos. ¿De acuerdo con el apelativo usado por el nieto del expresidente de la República, Alberto Lleras Camargo, la señora Pizarro y toda su familia debe ser exterminada? Resulta apenas lógico el silencio del programa radial y sus directivas frente al claro desprecio, el odio que profesa este opinador, de otro ser humano. ¿Será así, porque nos odiamos?

Imagen tomada de Diario del Sur

LAS MARCHAS DEL 21 DE ABRIL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La verdad es que ya perdí la cuenta de las marchas acaecidas en los últimos dos años en Colombia. Es en lo único que nos parecemos a la Venezuela del descriteriado del Nicolás Maduro Moros. En el hermano país, se han dado innumerables movilizaciones de la Oposición e iguales respuestas del oficialismo.

La derecha uribizada y hay que decir, un grupo de inconformes con la gestión del actual gobierno, anuncian, cuatro días antes, los motivos que los llevará a participar de la movilización. Y lo hacen en las redes sociales, en particular en la red X, la más grande caldera ideológica en la que con mayor frecuencia se sube la temperatura de las disputas y rencillas que terminan en bloqueos, perfilamientos y amenazas de muerte. Ya una tuitera le tocó salir del país porque sus datos personales fueron ventilados, después de que un tuitero famoso ofreciera recompensa económica a quien le entregara esa información privada. Así de grave está la cosa.  

Gritan, a voz en cuello, que saldrán a marchar para que “vuelva la democracia”, para “recuperar la felicidad”, para hacer “respetar la institucionalidad” y claro, para rechazar el “desmonte del mejor sistema de salud del mundo”, y la reforma pensional “que impide que los jóvenes algún día logren pensionarse”. Todas, lecturas amañadas y sesgadas de realidades que ameritan un juicioso análisis, en particular, los hechos históricos y las prácticas institucionales que llevaron a los insostenibles y graves problemas del sistema de aseguramiento en salud, sometido por congresistas, políticos profesionales, juntas directivas y presidentes de EPS al más evidente y burdo saqueo de las finanzas del Estado. Bueno, andan embolatados cerca de 13 billones de pesos.

La práctica social y política de hacer un uso parcializado y amañado de los conceptos, lleva a cientos de miles de marchantes a decir que “vivimos en una dictadura, que perdieron la libertad y que el comunismo está llevando al país al abismo”. Aunque no se conoce experiencia alguna de comunismo en el mundo, cientos de ciudadanos, orientados por reconocidas modelos uribistas, insisten en que ese sistema económico y político ya funciona en Colombia desde el 7 de agosto de 2022. Lo curioso de todo es que a nadie han expropiado y mucho menos, el Estado se ha desmontado como forma de dominación. Es más, el FMI respalda las medidas macroeconómicas tomadas por el actual gobierno.

Por supuesto que tienen todo el derecho a salir a protestar y a movilizarse. Lo único que mínimamente se les pide es que hagan un uso medianamente correcto de los conceptos, pues las exageraciones y su aplicación amañada a específicas realidades y hechos, para lo único que sirven es para que los defensores del gobierno los conviertan en memes que circulan sin control en la red X. No se presten para que se burlen de su ignorancia, pero, sobre todo, de la expresa manipulación o incomprensión real de los conceptos.

Lo curioso es que ni esta movilización del 21 de abril y mucho menos las anteriores, el gobierno del dictador que ven los uribistas en la Casa de Nariño ha sido declarada ilegal. Es más, los marchantes de las anteriores regresaron a sus casas sanos y salvos. No se reportaron jóvenes afectados en sus ojos con tiros de armas traumáticas disparadas por el Esmad y mucho menos se informó de desaparecidos o torturados. No. No estamos en los tiempos del Estatuto de Seguridad del mafioso gobierno de Julio César Turbay Ayala, cuyas relaciones con mafias desclasificó recientemente el departamento de Estado de los Estados Unidos; o en los de la Seguridad Democrática de Uribe Vélez y sus 6402 falsos positivos y las persecuciones a periodistas, magistrados y académicos; o en los de la “Paz con Legalidad” del único títere al que volvieron presidente de la República: Iván Duque Márquez, quien usó la fuerza letal de las fuerzas estatales para enfrentar el estallido social. Duque violó los derechos humanos, como lo hicieron Uribe y Turbay Ayala. Fueron regímenes violentos, pero no podemos hablar, en estricto sentido, de dictaduras como las que soportaron uruguayos, paraguayos, argentinos y chilenos, países del Cono Sur.

Como imagino que no serán capaces de mirar esos hechos del pasado reciente de su propio país porque los compromete en su (des) juicio electoral y político, entonces por lo menos acérquense a las realidades vividas en países del Cono Sur, con las dictaduras militares que se instauraron en Chile, con el criminal Pinochet Ugarte; o en Argentina, con los asesinos de Videla y Galtieri; o en Paraguay, con Stroessner… Quizás así aprendan qué es eso de vivir en dictadura.

Todas esas “serias motivaciones” se dan en medio de la auto defensa que el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez emprendió en la misma caldera y algunas universidades, con motivo del llamado a juicio por los graves delitos de manipulación de testigos y fraude procesal. Entonces, el político antioqueño habla de “persecución política en su contra” por haber defendido con “amor a la Patria y evitado la llegada del comunismo”.

Imagino que saldrán a marchar sus defensores de oficio, para quienes siempre será el “presidente eterno” y el Gran Colombiano”. Que los miembros del Centro Democrático defiendan al dueño de esa empresa electoral, vaya y venga. Pero que lo hagan ciudadanos asalariados, solo se puede explicar por lo que vengo señalando en esta columna: porque arrastran graves problemas en la comprensión de los conceptos, pero, sobre todo, porque ignoran la historia política del país. Les bastaría con revisar las actuaciones de Uribe cuando fungió como director de la Aerocivil, puesto allí por el entonces presidente, Julio César Turbay Ayala. Esa es quizás la génesis de los problemas judiciales que afronta hoy Uribe y los que como sociedad venimos afrontando con la naturalización del ethos mafioso. Ahora, si van a salir con la disculpa de hacer ejercicio, procuren no contestar preguntas o gritar arengas como “abajo la dictadura, queremos vivir en democracia; por la defensa las instituciones, fuera Petro”.

 Adenda: todas esas movilizaciones terminarán agotando el sentido social y político de la democracia, porque para lo único que sirven es para alimentar el clasismo y el racismo que en Colombia, devienen estructurales. 

Imagen tomada de EL PAÍS. 

 

AUTORIDADES AMERICANAS DESCLASIFICAN ARCHIVOS DE INTELIGENCIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Hace pocas horas se conoció que los Estados Unidos desclasificó informes de inteligencia del gobierno de Jimmy Carter, con las anotaciones del entonces presidente de la Unión Americana, en los que se registran relaciones de políticos y militares colombianos de la época de los años 70, con el narcotráfico. En la lista aparece Julio César Turbay Ayala, expresidente y abuelo del congresista Miguel Uribe Turbay, uno de los “tigrillos” que viene siendo amaestrado en El Ubérrimo para gobernar a Colombia.

Dice EL ESPECTADOR que “dentro de los nombres mencionados en los documentos están los de del exministro de Defensa, el general Abraham Varón Valencia; el exministro de Trabajo, Óscar Montoya Montoya; y el coronel Humberto Cardona Orozco, entonces jefe de la Industria Militar Colombiana (INDUMIL). Además, dentro de los presuntos personajes relacionados con el narcotráfico aparece el nombre del expresidente Julio César Turbay”. El personaje más influyente reseñado en los papeles de la inteligencia estadounidense fue Julio César Turbay, quien posteriormente ganaría las elecciones presidenciales y fue mandatario entre 1978 y 1982. Sobre él, los papeles dicen que, a través de su sobrino Aníbal Turbay Bernal, habrían tenido vínculos con narcos que tenían el poder para “elegir a los jefes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Colombia si Julio César Turbay asumía la Presidencia”.

Los 70 y 80 fueron los años en los que las mafias de contrabandistas dieron el paso para involucrarse de lleno en el negocio del narcotráfico. La Guajira se convirtió en el territorio preferido para sacar avionetas fletadas de marihuana, monocultivo que le fue ganando terreno a las selvas del país, con todo y los negativos efectos ecológicos, paisajísticos y socio ambientales que suelen dejar los monocultivos, sean estos legales o ilegales.

Durante el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) se consolidó la narrativa que daba cuenta del contubernio de todo tipo de autoridades con la exportación de la entonces apetecida maracachafa colombiana hacia los Estados Unidos. La bonanza marimbera duró hasta que los gringos lograron cultivar la matica en sus pisos térmicos. Mientras lo lograron, las relaciones entre mafiosos y políticos se naturalizó de tal manera, que Colombia ya era visto como un narco Estado. Quizás pase lo mismo cuando logren cultivar la coca en los Estados en los que es legal la venta de la marihuana.

Para hacerse una idea del poder económico de las mafias marimberas del norte del país, se me viene a la memoria el siguiente hecho. Recuerdo un incidente en el Batallón de Caballería Juan José Rondón, en La Guajira, cuando prestaba el servicio militar por allá en 1983 (4to contingente). A la madrugada se escucharon unos tiros de fusil. Resulta que un camión, fletado de marihuana, fue interceptado por soldados apostados a las afueras de la instalación militar. Dentro del vehículo se encontró instalado un radio Yaesu que, para la época, de acuerdo con el relato del Oficial del Servicio (OS), el Ejército de Colombia no tenía dentro de sus equipos de comunicaciones.

Si los gringos tomaran la decisión de desclasificar todos los archivos de inteligencia que acumulan de todos los gobiernos colombianos, entonces se confirmaría lo que sabemos de tiempo atrás: que Colombia siempre fue y será un Estado mafioso, manejado por una élite igualmente mafiosa y criminal; en cuanto a la sociedad, los mismos gringos saben que somos tolerantes con la corrupción público-privada, con el contrabando y el narcotráfico.

Así las cosas, un listado más que solo sirve para darle sentido de verosimilitud a los imaginarios colectivos y a las narrativas que de tiempo atrás hacen referencia de lo que hemos construido, por acción o por omisión.

Imagen tomada de Guajira Gráfica

LA IMPÚDICA PROPUESTA DEL PERDÓN PRESIDENCIAL A LOS CORRUPTOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Colombia es el país de los leguleyos, las leguleyadas y uno de los más corruptos del mundo. Es en ese marco cultural en el que hay que entender la propuesta, insólita y cínica de Luis Fernando Rosas, exsecretario de cultura y condenado por corrupción, consistente en darle poderes especiales al presidente de la República para que otorgue “perdón judicial” a políticos sancionados por corrupción y a aquellos agentes que participaron en las dinámicas del conflicto armado interno y que no estén compareciendo a las jurisdicciones especiales como Justicia y Paz y la JEP.

Lo que se busca con la propuesta que ya está en manos de congresistas que se encargarían de darle forma jurídica es devolverle los derechos políticos a los sancionados por haber cometido delitos contra la administración pública. Es decir, corruptos como el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias resultarían beneficiados con el “perdón presidencial”, lo que significa que podría volver a ocupar cargos públicos. La propuesta se hace, según Rosas, con el objetivo de “reconciliar al país y unirlo”.

De inmediato, el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez salió a respaldar la iniciativa de Rosas. El político antioqueño aprovechó para recordar que amigos suyos y exfuncionarios de su administración que no se robaron un peso, perdieron sus derechos a ser elegidos por las sanciones penales recibidas. Ese mismo falaz argumento lo esgrimen Uribe y otros políticos del Centro Democrático para el caso de Arias, alias “Uribito”. Es posible que Arias no se haya enriquecido con los dineros de la política pública, Agro Ingreso Seguro, como lo asegura Uribe Vélez, pero, de acuerdo con la condena proferida por la Corte Suprema de Justicia, Arias fue procesado y condenado por la “celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”. Con esa política pública, el gobierno de Uribe le devolvió favores a los empresarios que aportaron millonarias sumas de dinero a su campaña reeleccionista.

A son de qué habla el señor Rosas de reconciliación en una sociedad como la colombiana que deviene clasista y racista. El plebiscito por la paz de 2016 claramente demostró que, a políticos del Centro Democrático, al propio Uribe y a varios medios de comunicación los movió el genuino interés de fracturar aún más a la sociedad, señalando que esa paz entre el Estado y las entonces Farc-Ep serviría para que se instalara en el país el comunismo o el castrochavismo. ¿Qué le hace pensar a Rosas que correrán ríos de miel y leche y que nos abrazaremos como hermanitos al otro día de que Petro perdone a los corruptos?

La iniciativa de Rosas resulta grotesca, impúdica, desfachatada, inconveniente e insultante. Hablar de segundas oportunidades a quienes robaron, malversaron millonarios recursos o diseñaron pliegos tipo sastre constituye una burla a los jueces y a los colombianos que rechazan el ethos mafioso que los políticos condenados naturalizaron en sus prácticas.

Dice Rosas que el presidente Petro ya sabe de su cínica proposición. Ojalá el jefe del Estado haga caso omiso y no respalde políticamente semejante esperpento social, jurídico y político. No merecen segundas oportunidades quienes cometieron delitos a sabiendas de que los estaban cometiendo y, sobre todo, que usaron sus investiduras para diseñar empresas criminales. Por el contrario, lo que hay que proponerle al Congreso es que legisle para aumentar las penas a los funcionarios corruptos. Debemos unirnos para proscribir el ethos mafioso que en su momento guiaron las actuaciones y decisiones que tomaron Juan Fernando Rosas y Andrés Felipe Arias. Justamente, la propuesta del “perdón presidencial a los corruptos” va en el sentido de dividirnos más entre quienes minimizan la corrupción y aquellos que creemos que como sociedad estamos llamados a proscribir las prácticas mafiosas.

Imagen tomada de la red X