Por
Germán Ayala Osorio
Hay consenso alrededor de la idea de que el
problema más grave del país es la corrupción público-privada. Y que semejante
problemática está atada al comportamiento de la élite política, social y
económica que históricamente ha actuado guiada por un ethos mafioso, el mismo
que orienta a buena parte de la sociedad colombiana.
Por tratarse de un problema
cultural, las prácticas corruptas contaminaron los ámbitos de operación del Estado,
de la sociedad y del mercado. Así, por tratarse de un asunto naturalizado, la
corrupción y en general la comisión de un sinnúmero de delitos contra la
función pública y toda suerte de crímenes, tienen en común dos elementos que se
complementan: el primero, fundado en el “mal ejemplo” que dan políticos, empresarios,
artistas o deportistas desde sus confundidos ámbitos públicos y privados. Y el
segundo, en los análisis, los cálculos o las valoraciones económicas que hacen
los corruptos, los criminales o las mafias de las que hacen parte, al momento
de cometer un ilícito.
En lo que respecta al primero, en Colombia el “mal ejemplo” cunde de la
mano de gobernadores, alcaldes, presidentes, empresarios, banqueros, rectores
de universidades privadas y congresistas, entre otros, que conocen muy bien los
vacíos de las normas, y, por tanto, saben qué esguinces pueden hacerles al
momento de firmar un contrato o de caducarlo. Por eso será que para los
colombianos el refrán “hecha la ley, hecha la trampa” tiene tanto sentido y
constituye un principio de obligatorio cumplimiento en su retorcida eticidad.
Con el registro diario que los medios masivos hacen de los casos de
corrupción pública y privada, se pensaría que la sociedad terminaría por
rechazarlos con vehemencia y movilizándose en contra de los corruptos. Ha
sucedido todo lo contrario. La experiencia negativa con el referendo contra la
corrupción promovido en 2018 y que no pasó el umbral, expresa con claridad que
informar sobre estos asuntos no garantiza la toma de conciencia en las
audiencias y que la corrupción está tan arraigada, que salir a votar para
proscribirla iría en contravía de los intereses de los votantes que en algún
momento de sus vidas recibieron beneficios de una acción corrupta.
La comisión de un delito o de un crimen supone la comprensión de una
realidad irrefutable: la justicia no opera, porque hay jueces que aceptan
sobornos y por ello dilatan los procesos hasta que prescriben o precluyen, o
son benévolos con los delincuentes, en particular cuando estos son de cuello blanco, porque esos mismos
operadores judiciales se han beneficiado de las relaciones que han establecido con
el poder que tienen los procesados, o porque quizás piensan en que se podrían
beneficiar más adelante si logran absolverlos.
Y para abordar el tema de las valoraciones económicas que suelen hacer
los criminales y los corruptos es preciso hablar de la “economía del crimen” o
la “economía del delito”, para entender sus alcances en casos de políticos
corruptos y de casos famosos de corrupción como el “Carrusel de la contratación”
en Bogotá, el de Odebrecht, el de Hidroituango y recientemente los de Emcali y
el que recién se está descubriendo en la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El economista Gary Becker, citado por Marcos David Silva (2021), dice que las “conductas
criminales tienen racionalidad económica y que cada criminal le asigna un precio
diferenciado a cada crimen. Si un delito es mayor a los costos resulta “caro”…
¡y no lo comete! Un criminal, solamente elige lo que le conviene, o sea,
maximiza su utilidad”.
Pues bien, la Fiscalía imputó hace ya hace un tiempo,
cargos al ya reconocido corrupto Emilio Tapia, por la corrupción que se dio en
varios contratos al interior de las empresas públicas de Cali, Emcali y por el
caso de Centros Poblados. Ya el ladino personaje había sido sancionado
penalmente por lo sucedido con el “carrusel de la contratación” en Bogotá. Las
pérdidas en los casos de Emcali y en el Carrusel de la Contratación fueron
multimillonarias, confirman la teoría de Becker, en particular en lo que tiene
que ver con la racionalidad económica que corruptos y criminales exponen a la
hora de valorar los riesgos al momento de cometer sus fechorías. Esa
constatación es importante, pero lo que más preocupa es que agentes corruptos
como Emilio Tapia se eternicen en sus prácticas, a pesar de las sanciones que
la justicia le ha impuesto.
Tan serio es el asunto, que Emilio Tapia es un
referente ético y moral para cientos de ciudadanos cuyo sentido de la eticidad y
de la moralidad pública coincide con el actuar sucio y doloso del nefasto
personaje. Es casi un “paradigma” para las mafias que se enquistaron en los
partidos políticos, en instituciones del Estado y las que de tiempo atrás
operan entre agentes de la sociedad civil y congresistas. Lo más probable es
que Tapia haya hecho cuentas de los millones de pesos que logró acumular de
manera ilegal, en relación con las penas que la justicia le impuso y le
impondrá de nuevo. Su recurrencia es la prueba fehaciente de que ser corrupto
paga, pues las sanciones penales son poco severas y lo más importante y
preocupante: no hay sanción moral, lo que le permitió a Tapia encontrar en
Emcali los socios para continuar delinquiendo.
En El Espectador se lee que “la Fiscalía acusó
formalmente a Emilio Tapia por, supuestamente, apropiarse de más de $5.000 millones
de dinero público en mayo de este año. Según la investigación, Tapia “habría
contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y
capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal. A
cambio, les pagaría $4.000 millones. De esta manera, Centros Poblados se
constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a
error a los funcionarios de Mintic que le otorgaron el contrato”.
Con todo y lo anterior, Emilio Tapia es un
referente para los corruptos que pululan en Colombia y que hacen negociados con
alcaldes y gobernadores, de la mano de los clanes políticos que a diario son noticia
porque uno o varios de sus miembros, son llamados a juicio, o se libran órdenes
de captura. Así vayan a la cárcel, la economía del delito les funciona de
maravilla.
Imagen tomada de youtube.com
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