JUICIO CONTRA URIBE Y CONSEJOS DE MINISTROS DE PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El juicio que enfrenta el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez y las transmisiones de los Consejos de ministros que viene haciendo el gobierno de Gustavo Petro son ejercicios dialécticos diferenciados ética, moral y políticamente que dicen mucho de lo que somos como sociedad.

En las audiencias, el país ha escuchado a exmiembros de las estructuras paramilitares defender la honorabilidad de Uribe, la misma que quedó expuesta al escrutinio público cuando el mismo político antioqueño le dijo a su abogado “proceda doctor Cadena que usted hace las cosas bien hechas”. Esa autorización, a juzgar por los hechos jurídicamente relevantes que dieron lugar a su llamado a juicio, deviene inmoral y dañina para la dignidad presidencial: se le procesa por manipulación de testigos y fraude procesal. Es decir, delitos no políticos. Ese mismo permiso que dio Uribe ética y políticamente exhibe problemas porque supone una fétida comprensión de lo que es el poder.

En el caso judicial más importante del siglo en Colombia, las prácticas argumentativas y contra argumentativas devienen contaminadas por mentiras, medias verdades, versiones acomodadas, el olvido de detalles y las abismales diferencias culturales (discursivas) entre los testigos que han ofrecido sus versiones y los agentes políticos enfrentados en el juicio: el senador Cepeda Castro y el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. El primero, un político aplomado que suele controvertir muy bien los ataques de los que ha sido víctima, así como construir textos bien logrados desde el punto de vista argumental; el segundo, también político, el país lo reconoce como un hombre poco aplomado, vulgar y más cercano a resolver las diferencias políticas a través del uso de la violencia discursiva.

La instalación de una valla publicitaria en Medellín en la que se declara que “Uribe es inocente” y la defensa que hacen del expresidente las bodegas y sus alfiles del Centro Democrático confirman que, por fuera del juicio, esos ejercicios dialécticos no se compadecen con las características reconocidas universalmente a la dialéctica como método de razonamiento. Por encima del propósito de resolver las contradicciones a través del uso de la palabra, tesis explicativas y argumentos, se ponen las emociones de quienes creen en la inocencia de Uribe más por intereses personales y los propios del poder partidista.

Entre tanto, los Consejos de ministros, incluido el primero que resultó polémico, cumplen con los elementos propios de las disertaciones políticas que vienen recubiertas de una naturalizada legitimidad porque quien habla y conduce es el presidente de la República. Como país presidencialista, lo que diga el jefe del Estado suele asumirse como una verdad inobjetable. En el pasado inmediato, y a pesar de narrativas contrarias, presidentes de la República se aprovecharon de esa condición para engañar a las grandes mayorías.

En el caso de los Consejos de ministros que se vienen transmitiendo en horario prime time y a pesar las molestias de las empresas mediáticas y los partidos de oposición, la validez de los señalamientos e interpretaciones del presidente Gustavo Petro, en particular en los dos últimos episodios, son el resultado de dos circunstancias sociopolíticas complementarias: de un lado, el desprestigio de la clase política y empresarial que el mismo jefe del Estado usa a su favor y del otro, la decisión de Petro de usar la dignidad presidencial y su figura para destapar las finas relaciones políticas y los intereses corporativos, de clase e individuales que explican, por ejemplo, la crisis del sistema de aseguramiento en salud, así como las decisiones políticas y no tan solo técnicas que viene tomando la Junta del Banco de la República en torno a las tasas de interés.

Con la transmisión de los Consejos de ministros, Petro rompe el molde y desecha los protocolos que los anteriores presidentes en ejercicio juraron respetar y mantener por el bien del régimen de poder. Gaviria, Pastrana, Samper (con todo y el proceso 8.000), Uribe, Santos y Duque jamás hicieron lo que el actual presidente ha hecho: usar el poder presidencial y sobre todo información privilegiada a la que tiene acceso para confrontar a las fuerzas políticas y económicas que le apostaron a que le vaya mal al país para evitar que el proyecto progresista se afiance como alternativa de poder.

A pesar de las controversias del pasado, generadas por ejemplo con la permanencia de Benedetti en el gobierno, el presidente Petro está desnudando la hoguera de las vanidades de una clase política tradicional empeñada en extender en el tiempo la operación privatizada del Estado, esto es, el Estado al servicio de conglomerados económicos, siguiendo así el carácter inmoral de la doctrina neoliberal aplicada en Colombia desde finales de los años 80.

Por ese camino, Petro instaló en el país un tipo de pedagogía política inversa: en lugar de usarla para mantener las hipócritas y mafiosas relaciones del poder político tradicional, las está desnudando de tal manera que puede terminar invitando al electorado y quizás al pueblo a que vote masivamente la consulta popular y por esa vía intentar cambiar la conciencia colectiva de millones de colombianos históricamente engañados y sometidos a las falsas premisas de los discursos de una derecha empresarial y política que usa a sus medios de comunicación para evitar que las audiencias hagan ejercicios críticos, identifiquen falacias y reconozcan manipulaciones y tergiversaciones.

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